Tema 24 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1

La Unión Europea la constituyen entre sí las Altas Partes Contratantes, y los Estados miembros le atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. Se fundamenta en el TUE y en el TFUE («los Tratados»), que tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituye y sucede a la Comunidad Europea. Las decisiones se tomarán de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible.

Artículo 2

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías. Son valores comunes a los Estados miembros, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 3

La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Ofrece un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores; establece un mercado interior y obra por un desarrollo sostenible basado en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social; establece una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro; y persigue sus objetivos por los medios apropiados, según las competencias atribuidas en los Tratados.

Artículo 4

Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. La Unión respeta la igualdad de los Estados ante los Tratados, su identidad nacional (también la autonomía local y regional) y sus funciones esenciales; la seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado. Por el principio de cooperación leal, Unión y Estados se respetan y asisten mutuamente, y los Estados adoptan las medidas para cumplir las obligaciones de los Tratados y se abstienen de poner en peligro los objetivos de la Unión.

Artículo 5

La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución; su ejercicio, por los de subsidiariedad y proporcionalidad. Por atribución, la Unión actúa dentro de las competencias que le atribuyen los Estados en los Tratados. Por subsidiariedad, fuera de su competencia exclusiva solo interviene si los objetivos no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados y sí mejor a escala de la Unión. Por proporcionalidad, su acción no excede de lo necesario. Los Parlamentos nacionales velan por la subsidiariedad.

Artículo 6

La Unión reconoce los derechos, libertades y principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, sin ampliar las competencias de la Unión. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, sin modificar sus competencias. Esos derechos y los de las tradiciones constitucionales comunes forman parte del Derecho de la Unión como principios generales.

Artículo 7

A propuesta motivada de un tercio de los Estados, del Parlamento o de la Comisión, el Consejo, por cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento, puede constatar un riesgo claro de violación grave de los valores del artículo 2, oyendo antes al Estado. El Consejo Europeo, por unanimidad, a propuesta de un tercio de los Estados o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento, puede constatar una violación grave y persistente. Después, el Consejo, por mayoría cualificada, puede suspender derechos, incluido el voto; las obligaciones del Estado siguen vinculándole.

Artículo 8

La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes para establecer un espacio de prosperidad y buena vecindad basado en sus valores y caracterizado por relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. Para ello podrá celebrar con ellos acuerdos específicos, que pueden incluir derechos y obligaciones recíprocos y acciones en común; su aplicación será objeto de una concertación periódica.

Artículo 9

La Unión respetará en todas sus actividades el principio de igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Es ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la nacional sin sustituirla.

Artículo 10

El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. Los ciudadanos están directamente representados a través del Parlamento Europeo; los Estados miembros, en el Consejo Europeo por su Jefe de Estado o de Gobierno y en el Consejo por sus Gobiernos, democráticamente responsables ante sus Parlamentos nacionales o ante sus ciudadanos. Todo ciudadano puede participar en la vida democrática de la Unión, y los partidos políticos europeos contribuyen a formar la conciencia política europea.

Artículo 11

Las instituciones darán a ciudadanos y asociaciones representativas la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones, y mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con ellas y con la sociedad civil. La Comisión mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, nacionales de un número significativo de Estados miembros, puede invitar a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico.

Artículo 12

Los Parlamentos nacionales contribuyen al buen funcionamiento de la Unión: son informados por las instituciones y reciben los proyectos de actos legislativos; velan por la subsidiariedad; participan en la evaluación de las políticas del espacio de libertad, seguridad y justicia y se asocian al control político de Europol y a la evaluación de Eurojust; participan en la revisión de los Tratados; son informados de las solicitudes de adhesión; y participan en la cooperación interparlamentaria.

Artículo 13

La Unión dispone de un marco institucional para promover sus valores, perseguir sus objetivos y defender sus intereses. Sus instituciones son siete: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. Cada una actúa dentro de sus atribuciones y mantienen entre sí una cooperación leal. Parlamento, Consejo y Comisión están asistidos por el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, con funciones consultivas.

Artículo 14

El Parlamento Europeo ejerce con el Consejo la función legislativa y la presupuestaria, además de control político y consultivas, y elige al Presidente de la Comisión. Lo componen representantes de los ciudadanos: no más de setecientos cincuenta, más el Presidente, con representación decrecientemente proporcional, mínimo seis y máximo noventa y seis escaños por Estado. Su composición la fija el Consejo Europeo por unanimidad, a iniciativa del Parlamento y con su aprobación. Mandato de cinco años por sufragio universal directo, libre y secreto.

Artículo 15

El Consejo Europeo da a la Unión los impulsos necesarios y define sus orientaciones y prioridades políticas generales; no ejerce función legislativa. Lo componen los Jefes de Estado o de Gobierno, su Presidente y el Presidente de la Comisión; participa el Alto Representante. Se reúne dos veces por semestre, convocado por su Presidente, y decide por consenso salvo otra previsión de los Tratados. Elige a su Presidente por mayoría cualificada para dos años y medio, renovable una sola vez; el Presidente no puede ejercer mandato nacional.

Artículo 16

El Consejo ejerce con el Parlamento la función legislativa y la presupuestaria, y define políticas y coordina. Lo compone un representante de rango ministerial de cada Estado. Decide por mayoría cualificada salvo otra previsión. Desde el 1 de noviembre de 2014, esa mayoría es al menos el 55 % de los miembros del Consejo, con un mínimo de quince, que representen al menos el 65 % de la población; la minoría de bloqueo exige al menos cuatro miembros. Se reúne en formaciones; en público cuando delibera y vota proyectos legislativos; el COREPER prepara sus trabajos.

Artículo 17

La Comisión promueve el interés general, vela por la aplicación de los Tratados, ejecuta el presupuesto y, salvo la PESC y otros casos, representa exteriormente a la Unión. Los actos legislativos solo se adoptan a propuesta suya, salvo otra previsión. Su mandato es de cinco años y actúa con plena independencia. Desde el 1 de noviembre de 2014 tiene un número de miembros igual a los dos tercios del de Estados, salvo que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificarlo. El Parlamento elige al Presidente y aprueba el colegio, que nombra el Consejo Europeo por mayoría cualificada.

Artículo 18

El Consejo Europeo nombra por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión, al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y puede cesarlo por el mismo procedimiento. El Alto Representante dirige la PESC y la ejecuta como mandatario del Consejo, preside el Consejo de Asuntos Exteriores y es uno de los Vicepresidentes de la Comisión, encargado en ella de las relaciones exteriores.

Artículo 19

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados, y garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. El Tribunal de Justicia tiene un juez por Estado, asistido por abogados generales; el Tribunal General, al menos un juez por Estado. Jueces y abogados generales son nombrados de común acuerdo por los Gobiernos para seis años, renovables. Resuelve recursos, cuestiones prejudiciales y los demás casos previstos.

Artículo 20

Los Estados que quieran instaurar entre sí una cooperación reforzada en competencias no exclusivas de la Unión pueden usar sus instituciones. Estas cooperaciones están abiertas permanentemente a todos los Estados. El Consejo la autoriza como último recurso, si los objetivos no pueden alcanzarse en un plazo razonable por la Unión en su conjunto y participan al menos nueve Estados. Deliberan todos los miembros del Consejo, pero votan solo los participantes. Sus actos vinculan únicamente a los participantes y no son acervo para los candidatos a la adhesión.

Artículo 21

La acción exterior de la Unión se basa en la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad y solidaridad y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional, y propicia soluciones multilaterales. Persigue, entre otros fines, defender sus valores y seguridad, mantener la paz, apoyar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo para erradicar la pobreza, integrar a todos los países en la economía mundial y ayudar ante catástrofes. El Consejo y la Comisión, asistidos por el Alto Representante, garantizan su coherencia.

Artículo 22

Basándose en los principios y objetivos del artículo 21, el Consejo Europeo determina los intereses y objetivos estratégicos de la Unión, en la PESC y en otros ámbitos de la acción exterior; sus decisiones pueden referirse a un país, a una región o a un tema, y definen su duración y medios. Se pronuncia por unanimidad, sobre una recomendación del Consejo. El Alto Representante (en la PESC) y la Comisión (en los demás ámbitos) pueden presentar propuestas conjuntas al Consejo.

Artículo 23

La acción de la Unión en la escena internacional prevista en este capítulo (política exterior y de seguridad común) se basará en los principios, perseguirá los objetivos y se realizará de conformidad con las disposiciones generales del capítulo 1. Es decir, la PESC queda sometida a los mismos principios y objetivos generales de toda la acción exterior.

Artículo 24

La competencia de la Unión en la PESC abarca toda la política exterior y la seguridad, incluida la definición progresiva de una política común de defensa que podrá conducir a una defensa común. La PESC tiene reglas propias: la definen y aplican el Consejo Europeo y el Consejo por unanimidad, salvo otra previsión; se excluyen los actos legislativos; la ejecutan el Alto Representante y los Estados; y el Tribunal de Justicia no tiene competencia salvo para el artículo 40 y ciertas decisiones. Los Estados apoyan la PESC con lealtad y solidaridad; el Consejo y el Alto Representante velan por ello.

Artículo 25

La Unión dirige la política exterior y de seguridad común de tres modos: definiendo sus orientaciones generales; adoptando decisiones que establezcan las acciones que va a realizar, las posiciones que va a adoptar y las modalidades de ejecución de esas decisiones; y fortaleciendo la cooperación sistemática entre los Estados miembros para llevar a cabo sus políticas.

Artículo 26

El Consejo Europeo determina los intereses estratégicos, fija los objetivos y define las orientaciones generales de la PESC, también en defensa, y adopta las decisiones necesarias. Si un acontecimiento internacional lo exige, su Presidente convoca una reunión extraordinaria para definir las líneas estratégicas. El Consejo elabora la PESC y adopta las decisiones para definirla y aplicarla. El Consejo y el Alto Representante velan por su unidad, coherencia y eficacia, y la ejecutan el Alto Representante y los Estados miembros.

Artículo 27

El Alto Representante preside el Consejo de Asuntos Exteriores, hace propuestas de PESC y ejecuta las decisiones del Consejo Europeo y del Consejo. Representa a la Unión en la PESC y dirige el diálogo político con terceros. Se apoya en un servicio europeo de acción exterior, formado por funcionarios de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión y por personal de los servicios diplomáticos nacionales; su organización la fija una decisión del Consejo, a propuesta del Alto Representante, previa consulta al Parlamento y previa aprobación de la Comisión.

Artículo 28

Cuando una situación internacional exija una acción operativa, el Consejo adopta las decisiones necesarias (objetivos, alcance, medios, condiciones y, si procede, duración) y las revisa si cambian las circunstancias. Son vinculantes para los Estados. Un Estado que planee actuar en aplicación de ellas informará a tiempo para una concertación previa, salvo mera transposición. En caso de imperiosa necesidad los Estados pueden adoptar medidas urgentes e informar inmediatamente al Consejo. Si un Estado tiene dificultades importantes, pedirá al Consejo que delibere y busque soluciones.

Artículo 29

El Consejo adopta decisiones que definen el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático. Los Estados miembros deben velar por que sus políticas nacionales sean conformes con esas posiciones de la Unión.

Artículo 30

Cualquier Estado miembro, el Alto Representante o el Alto Representante con apoyo de la Comisión puede plantear al Consejo cuestiones de PESC y presentar, respectivamente, iniciativas o propuestas. Si se requiere una decisión rápida, el Alto Representante convoca, de oficio o a petición de un Estado, una reunión extraordinaria del Consejo en cuarenta y ocho horas o, en caso de necesidad absoluta, en un plazo más breve.

Artículo 31

En la PESC, el Consejo Europeo y el Consejo deciden por unanimidad, sin actos legislativos. Quien se abstiene con declaración formal no aplica la decisión, pero admite que vincula a la Unión; si los abstencionistas representan al menos un tercio de los Estados con un tercio de la población, no se adopta. Por excepción, el Consejo decide por mayoría cualificada en los casos del apartado 2, salvo oposición por motivos vitales de política nacional; el Consejo Europeo puede ampliarlos por unanimidad, nunca en lo militar o de defensa. Las cuestiones de procedimiento, por mayoría de miembros.

Artículo 32

Los Estados se consultan en el Consejo Europeo y en el Consejo sobre cuestiones de PESC de interés general para definir un enfoque común, y antes de actuar en la escena internacional o asumir compromisos que afecten a la Unión consultan a los demás. Establecido un enfoque común, el Alto Representante y los Ministros de Asuntos Exteriores coordinan su actuación en el Consejo. Las misiones diplomáticas de los Estados y las delegaciones de la Unión cooperan y contribuyen a formular y aplicar ese enfoque común.

Artículo 33

El Consejo puede designar, a propuesta del Alto Representante, un representante especial con mandato sobre cuestiones políticas concretas. Ese representante especial ejerce su mandato bajo la autoridad del Alto Representante.

Artículo 34

Los Estados coordinan su acción en organizaciones y conferencias internacionales y defienden allí las posiciones de la Unión; el Alto Representante organiza esa coordinación. Los que participen donde no estén todos mantienen informados a los demás y al Alto Representante. Los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se conciertan, informan a los demás y al Alto Representante y defienden las posiciones de la Unión; si la Unión tiene posición sobre un tema del orden del día, pedirán que se invite al Alto Representante a presentarla.

Artículo 35

Las misiones diplomáticas y consulares de los Estados, las delegaciones de la Unión en terceros países y conferencias internacionales, y sus representaciones ante organizaciones internacionales cooperan para garantizar el respeto y la ejecución de las decisiones PESC. Intensifican su cooperación intercambiando información y haciendo valoraciones comunes, y contribuyen a aplicar el derecho de los ciudadanos de la Unión a la protección en terceros países.

Artículo 36

El Alto Representante consulta periódicamente al Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y opciones fundamentales de la PESC y de la política común de seguridad y defensa, le informa de su evolución y vela por que se tengan en cuenta sus opiniones. El Parlamento puede dirigir preguntas o recomendaciones al Consejo y al Alto Representante, y dos veces al año debate los progresos de la PESC, incluida la política común de seguridad y defensa.

Artículo 37

Artículo 38

El Comité Político y de Seguridad sigue la situación internacional en la PESC y contribuye a definirla con dictámenes dirigidos al Consejo, a instancia del Consejo, del Alto Representante o por propia iniciativa; supervisa la ejecución de las políticas acordadas, sin perjuicio de las competencias del Alto Representante. Bajo la responsabilidad del Consejo y del Alto Representante, ejerce el control político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis del artículo 43, y el Consejo puede autorizarle a adoptar decisiones sobre ellas mientras dure la operación.

Artículo 39

De conformidad con el artículo 16 del TFUE, y no obstante lo dispuesto en su apartado 2, el Consejo adopta una decisión que fija las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos personales por los Estados miembros en las actividades del ámbito de la PESC, y sobre la libre circulación de esos datos. El respeto de esas normas queda sometido al control de autoridades independientes.

Artículo 40

Cláusula de no afectación recíproca. La ejecución de la PESC no afecta a la aplicación de los procedimientos ni al alcance de las atribuciones de las instituciones previstos en los Tratados para las competencias de la Unión de los artículos 3 a 6 del TFUE. Y, a la inversa, la ejecución de esas políticas no afecta a los procedimientos ni a las atribuciones previstos para las competencias de la Unión en virtud del capítulo de la PESC.

Artículo 41

Los gastos administrativos de la PESC van al presupuesto de la Unión; los operativos también, salvo los de operaciones con repercusiones militares o de defensa y lo que el Consejo decida por unanimidad. Si no van al presupuesto, los pagan los Estados según una clave basada en el PNB, salvo decisión unánime del Consejo; en lo militar, no están obligados quienes hicieron la declaración formal del artículo 31.1, párrafo segundo. Los preparativos no imputados al presupuesto se pagan con un fondo inicial, cuyas reglas fija el Consejo por mayoría cualificada a propuesta del Alto Representante.

Artículo 42

La PCSD forma parte de la PESC y da a la Unión capacidad operativa civil y militar para misiones fuera de la Unión, apoyada en capacidades de los Estados. Conducirá a una defensa común cuando el Consejo Europeo lo decida por unanimidad. Respeta la OTAN y la especificidad de algunos Estados. La Agencia Europea de Defensa determina necesidades operativas. El Consejo decide por unanimidad, a propuesta del Alto Representante o de un Estado miembro. Prevé misiones de grupos de Estados, la cooperación estructurada permanente y la ayuda a un Estado objeto de agresión armada.

Artículo 43

Las misiones del artículo 42.1, con medios civiles y militares, abarcan: desarme, misiones humanitarias y de rescate, asesoramiento y asistencia militar, prevención de conflictos y mantenimiento de la paz, y fuerzas de combate para gestión de crisis (incluido el restablecimiento de la paz y la estabilización tras conflictos). Todas pueden contribuir a la lucha contra el terrorismo. El Consejo decide sobre ellas y el Alto Representante, bajo su autoridad y en contacto con el Comité Político y de Seguridad, coordina sus aspectos civiles y militares.

Artículo 44

En el marco de las decisiones del artículo 43, el Consejo puede encomendar una misión a un grupo de Estados miembros que lo deseen y tengan las capacidades necesarias. Esos Estados acuerdan entre ellos la gestión de la misión, en asociación con el Alto Representante. Informan periódicamente al Consejo, por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro, y le comunican de inmediato si la misión acarrea consecuencias importantes o exige modificar su objetivo, alcance o condiciones; entonces el Consejo adopta las decisiones necesarias.

Artículo 45

La Agencia Europea de Defensa está bajo la autoridad del Consejo. Su misión: contribuir a definir los objetivos de capacidades militares y evaluar los compromisos; armonizar necesidades operativas y métodos de adquisición; proponer proyectos multilaterales y coordinar programas; apoyar la investigación en tecnología de defensa; y reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa. Pueden participar todos los Estados que lo deseen. El Consejo fija por mayoría cualificada su estatuto, sede y funcionamiento. Dentro hay grupos específicos de Estados con proyectos conjuntos.

Artículo 46

Los Estados que quieran entrar en la cooperación estructurada permanente y cumplan el Protocolo lo notifican al Consejo y al Alto Representante. En tres meses desde la notificación, el Consejo la establece y fija la lista de participantes por mayoría cualificada, tras consultar al Alto Representante. Las incorporaciones posteriores y la suspensión se deciden también por mayoría cualificada, votando solo los participantes (en la suspensión, sin el afectado). Quien sale lo notifica al Consejo, que toma nota. Lo demás, por unanimidad de los participantes.

Artículo 47

Artículo 48

En el procedimiento ordinario, un Gobierno, el Parlamento Europeo o la Comisión presentan proyectos al Consejo; el Consejo Europeo decide por mayoría simple examinarlos y convoca una Convención (puede no hacerlo, con aprobación del Parlamento). Una Conferencia intergubernamental aprueba los cambios, que ratifican todos los Estados; si a los dos años de la firma han ratificado cuatro quintos y otros tienen dificultades, el Consejo Europeo examina la cuestión. En los simplificados decide el Consejo Europeo por unanimidad; la pasarela no se adopta si un Parlamento nacional se opone en seis meses.

Artículo 49

Cualquier Estado europeo que respete los valores del artículo 2 y se comprometa a promoverlos puede pedir el ingreso. Se informa al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. La solicitud va al Consejo, que decide por unanimidad tras consultar a la Comisión y con aprobación previa del Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad del Consejo Europeo. Las condiciones de admisión se fijan en un acuerdo entre los Estados miembros y el solicitante, ratificado por todos los Estados contratantes.

Artículo 50

Todo Estado miembro puede retirarse de la Unión conforme a sus normas constitucionales. Notifica su intención al Consejo Europeo; la Unión negocia con él un acuerdo de retirada, que el Consejo celebra por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. Los Tratados dejan de aplicarse desde la entrada en vigor del acuerdo o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo prórroga unánime del Consejo Europeo de acuerdo con ese Estado. Si quiere volver, sigue el procedimiento del artículo 49.

Artículo 51

Artículo 52

El apartado 1 enumera, con su denominación oficial, los Estados a los que se aplican los Tratados: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, República Helénica, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. El apartado 2 remite al artículo 355 del TFUE para el ámbito de aplicación territorial.

Artículo 53

Artículo 54

Las Altas Partes Contratantes ratifican el Tratado según sus normas constitucionales y depositan los instrumentos de ratificación ante el Gobierno de la República Italiana. El Tratado entra en vigor el 1 de enero de 1993 si para entonces se han depositado todos los instrumentos; si no, el primer día del mes siguiente al depósito del instrumento del último Estado signatario que lo haga.

Artículo 55

El Tratado se redacta en un ejemplar único en 24 lenguas (alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca), todas igualmente auténticas, y se deposita en los archivos del Gobierno de la República Italiana, que envía copia autenticada a los demás Gobiernos. Puede traducirse a otras lenguas oficiales en todo o parte del territorio de un Estado; ese Estado facilita copia certificada, que se deposita en los archivos del Consejo.

Los primeros Tratados: la CECA y los Tratados de Roma

El llamamiento de Robert Schuman (9 de mayo de 1950) es el punto de partida de la Europa comunitaria. El Tratado de París (firmado el 18-4-1951, en vigor el 23-7-1952) creó la CECA entre seis países, con Alta Autoridad, Asamblea Parlamentaria, Consejo de Ministros, Tribunal de Justicia y Comité Consultivo; duraba 50 años y expiró el 23-7-2002. La CED de René Pleven fracasó en 1954 y la Conferencia de Mesina (1955) relanzó el proceso. Los Tratados de Roma (25-3-1957, en vigor el 1-1-1958) crearon la CEE y el Euratom por tiempo indefinido.

Del Tratado de Fusión al Acta Única Europea

Primeras modificaciones: Tratado de Fusión (8-4-1965, en vigor en 1967), Consejo y Comisión únicos y unidad presupuestaria; Decisión de 21-4-1970, recursos propios; Tratado de Luxemburgo (22-4-1970), competencias presupuestarias al Parlamento; Tratado de Bruselas (22-7-1975), derecho a rechazar el presupuesto, aprobar la gestión de la Comisión y Tribunal de Cuentas; Acto de 1976, sufragio universal directo. Ampliaciones de 1973, 1981 y 1986. El Acta Única (firmada en febrero de 1986, en vigor el 1-7-1987) previó el mercado interior para el 1-1-1993.

Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam

El TUE, firmado en Maastricht el 7-2-1992 y en vigor el 1-11-1993, fundó la Unión sobre las Comunidades, con marco institucional único, creó el Comité de las Regiones y dio paso al SEBC y al BCE. Tres pilares: Comunidades Europeas (1.º), PESC (2.º, título V) y JAI (3.º, título VI); el 2.º y el 3.º eran intergubernamentales. El Tratado de Ámsterdam (firmado el 2-10-1997, en vigor el 1-5-1999) coordinó el empleo, comunitarizó materias del tercer pilar e integró Schengen, amplió la codecisión, previó la cooperación reforzada y limitó el Parlamento a 700 diputados.

El Tratado de Niza y el Tratado constitucional

El Tratado de Niza (firmado el 26-2-2001, en vigor el 1-2-2003) resolvió los «restos de Ámsterdam» para preparar la ampliación: nueva ponderación de votos con «red de seguridad» del 62 % de la población, un comisario por Estado desde 2005, máximo de 732 diputados, Tribunal en Salas, Gran Sala o Pleno, cooperación reforzada en los tres pilares, «riesgo claro» del art. 7 TUE (cuatro quintos del Consejo) y Carta no vinculante. La Convención de Laeken (Giscard d'Estaing, 105 miembros) elaboró la Constitución, aprobada el 18-6-2004 y abandonada tras los «no» de Francia y Países Bajos en 2005.

El Tratado de Lisboa: estructura, competencias y naturaleza de la Unión

El Tratado de Lisboa (13-12-2007, en vigor el 1-12-2009) tiene 37 protocolos y 65 declaraciones y da lugar al TUE y al TFUE. Codifica tres tipos de competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento. Novedades: personalidad jurídica de la Unión, retirada (art. 50 TUE, dos años prorrogables), primacía en la Declaración 17, Carta vinculante, iniciativa ciudadana (un millón de ciudadanos de al menos siete Estados), Consejo Europeo como institución con presidente elegido por treinta meses renovable una vez y procedimiento legislativo ordinario ampliado de 40 a 85 ámbitos.

El proceso de ampliación y las ampliaciones sucesivas

Cualquier Estado europeo que respete los valores de la Unión puede pedir el ingreso. Criterios de Copenhague (1993): instituciones estables democráticas, economía de mercado viable y capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. El Consejo Europeo da el estatuto de candidato por unanimidad; el tratado exige aprobación del Parlamento, unanimidad del Consejo y ratificación. Adhesiones: 1958 (seis fundadores), 1973 (Dinamarca, Irlanda, Reino Unido), 1981 (Grecia), 1986 (España, Portugal), 1995 (Austria, Finlandia, Suecia), 2004 (diez), 2007 (Bulgaria, Rumanía) y 2013 (Croacia).

El Comité Europeo de las Regiones

El Comité Europeo de las Regiones (1994) es un órgano consultivo de las entidades regionales y locales; sus miembros actúan sin mandato imperativo. Tiene 329 miembros y otros tantos suplentes (21 de España), nombrados por el Consejo por unanimidad, a propuesta de cada Estado, por cinco años renovables, con mandato electoral o responsabilidad ante una asamblea elegida. Presidente y Mesa por dos años y medio; seis comisiones. Consulta obligatoria o facultativa y dictámenes de iniciativa, no vinculantes; puede recurrir ante el Tribunal de Justicia. España: 17 miembros autonómicos y 4 locales.

La cooperación territorial europea y las AECT

La cooperación territorial europea es uno de los dos objetivos de la política de cohesión desde 1990 (art. 178 TFUE), regulada en 2021-2027 por el Reglamento Interreg y financiada por el FEDER. Capítulos: A transfronteriza (regiones NUTS 3 fronterizas), B transnacional, C interregional (paneuropea, buenas prácticas) y D regiones ultraperiféricas; unos 8 000 millones EUR. Las AECT reúnen miembros de al menos dos Estados, tienen personalidad jurídica, convenio unánime y al menos asamblea y director; no reciben competencias reguladoras. Andalucía forma la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

La nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)

La NUTS (Reglamento 1059/2003) es el marco de las estadísticas regionales de la Unión, elaborado con Eurostat. Es jerárquica, con tres niveles: NUTS 1 (entre 3 y 7 millones de habitantes), NUTS 2 (entre 800 000 y 3 millones) y NUTS 3 (entre 150 000 y 800 000). El primer criterio son las unidades administrativas existentes (en España, las comunidades y ciudades autónomas son NUTS 2); si no las hay del tamaño adecuado se agregan «unidades no administrativas». La NUTS 2021 tiene 92 regiones NUTS 1, 242 NUTS 2 y 1 166 NUTS 3, y solo puede modificarse una vez cada tres años.

Las comunidades autónomas y las instituciones europeas

Las comunidades autónomas participan en los asuntos europeos sobre todo a través de la CARUE (primera reunión en 1989; antes CARCE, nombre cambiado el 15-4-2010). El Acuerdo de 1994 abrió la «fase ascendente» (formación de la voluntad estatal), pues hasta entonces solo intervenían en la «fase descendente» (ejecución). La Ley 2/1997 dio rango de ley a la Conferencia. Los Acuerdos de 9-12-2004 abrieron cuatro formaciones del Consejo y una Consejería autonómica en la REPER. Un consejero autonómico se integra en la delegación española y representa a todas, por un semestre como mínimo.

La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea

El artículo 236 del Estatuto prevé una Delegación Permanente de la Junta en la Unión Europea; la de Bruselas se creó por el Decreto 164/1995. La Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea impulsa la Estrategia 2025-2030 y la participación en el Comité de las Regiones; de ella dependen la Dirección General de Unión Europea y la de Andalucía Global. La Delegación se adscribe a través de la Secretaría General de la Presidencia, y la agencia TRADE le provee medios personales y materiales.

El mercado interior y la política de competencia

El Acta Única definió el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores con libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; el mercado único se creó en 1993. Hitos: sentencias Dassonville (concepto amplio de medida restrictiva) y Cassis de Dijon (reconocimiento mutuo), Libro Blanco de 1985 y Espacio Económico Europeo (1994). Competencia: art. 101 (acuerdos y cárteles), art. 102 (abuso de posición dominante, que no es ilícita en sí), control de concentraciones y art. 107 (ayudas estatales). La aplica sobre todo la Comisión.

Otras políticas comunes: comercial, transportes, medio ambiente y social

La política comercial es competencia exclusiva, con el Parlamento como colegislador. La de transportes es compartida; su legislación común no se abrió hasta la sentencia de 22-5-1985. La medioambiental obtuvo su primera base jurídica con el Acta Única (1987), fue ámbito oficial con Maastricht, se integró en todas las políticas con Ámsterdam y Lisboa priorizó el clima; principios: precaución, prevención, corrección en la fuente y «quien contamina paga». La social: Roma (igualdad retributiva, FSE), Ámsterdam (Estrategia de Empleo) y pilar europeo de derechos sociales (2017).

El Sistema Monetario Europeo y las fases de la unión económica y monetaria

La Cumbre de La Haya (1969) fijó como objetivo la UEM; el plan Werner fracasó por el colapso de Bretton Woods y en 1972 se creó la «serpiente en el túnel». El SME (1978) usó tipos fijos pero ajustables. El informe Delors (1989) propuso tres etapas, que Maastricht fijó: fase 1 (1-7-1990 a 31-12-1993), libre circulación de capitales; fase 2 (1-1-1994 a 31-12-1998), convergencia e Instituto Monetario Europeo; fase 3 (desde 1-1-1999), política monetaria común y euro. Veintiuno de los veintisiete Estados usan el euro; Dinamarca tiene cláusula de excepción propia. El MEDE se creó en 2012.

El euro: criterios de convergencia e instituciones

Para adoptar el euro hay que adaptar la legislación y cumplir cuatro criterios (Maastricht, 1991): inflación no superior en más de 1,5 puntos a la de los tres mejores; no estar en procedimiento de déficit excesivo; tipo de interés a largo plazo no superior en más de dos puntos; y al menos dos años en el MTC II sin devaluación. El BCE (1-6-1998, Fráncfort) tiene Consejo de Gobierno (órgano supremo, formula la política monetaria), Comité Ejecutivo (seis miembros, ocho años no renovables, la ejecuta) y Consejo General. Objetivo principal: estabilidad de precios (2 % a medio plazo).

La política de cohesión y los fondos estructurales

La política de cohesión (arts. 174 a 178 TFUE) busca la cohesión económica, social y territorial y absorbe cerca de un tercio del presupuesto. Cronología: 1957, FSE y FEOGA (Tratado de Roma); 1975, FEDER; 1986, cohesión económica y social con el Acta Única; 1994, Fondo de Cohesión; Lisboa añade la cohesión territorial; 2020, Fondo de Transición Justa. Cuatro principios de asignación y dos objetivos. En 2021-2027 hay cinco objetivos estratégicos (más inteligente, más verde, más conectada, más social y más próxima) y 322 300 millones para crecimiento y empleo.

El FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE+ en 2021-2027

El FEDER (art. 176 TFUE, 1975; Reglamento 2021/1058) clasifica las regiones por PIB per cápita: más desarrolladas (más del 100 %, cofinanciación hasta el 50 %), en transición (75-100 %, hasta el 60 %) y menos desarrolladas (menos del 75 %, hasta el 85 %). Concentración: al menos 30 % al objetivo verde y 8 % al desarrollo urbano sostenible; no financia nucleares, aeropuertos (salvo ultraperiferia), vertederos ni tabaco. El Fondo de Cohesión (1994) es para países con RNB per cápita no superior al 90 % y cofinancia hasta el 85 %. Rige la adicionalidad.

El marco financiero plurianual

El MFP (art. 312 TFUE) es el plan de gasto a largo plazo: dura al menos cinco años y fija los límites anuales de créditos de compromiso por rúbricas y de créditos de pago. Nació con las perspectivas financieras de 1988 («paquete Delors I»). Desde Lisboa es un Reglamento del Consejo adoptado por unanimidad previa aprobación del Parlamento. Ha habido seis. El MFP 2021-2027 (Reglamento 2020/2093, revisado en 2024) tiene 1 074 300 millones y siete rúbricas, y lo complementa NextGenerationEU con 750 000 millones. Límite de recursos propios: 1,4 % de la RNB.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: origen y vertiente preventiva

El PEC nació en la tercera fase de la UEM (1997) y se reforzó en 2011-2012. Tras la reforma de 2024 lo forman el Reglamento 2024/1263 (preventiva), el 1467/97 (correctora), el 1173/2011 y la Directiva 2011/85/UE. Cada Estado presenta un plan fiscal-estructural a medio plazo (ajuste de cuatro o cinco años, ampliable a siete) que aprueba el Consejo. Si supera el 60 % de deuda o el 3 % de déficit, la deuda debe bajar de media un punto al año si supera el 90 % y medio punto entre el 60 % y el 90 %; margen de resiliencia del 1,5 %. Indicador único: el gasto neto.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: vertiente correctora y pacto presupuestario

El procedimiento de déficit excesivo (art. 126 TFUE) se activa si el déficit supera el 3 % del PIB, salvo que sea excepcional y temporal. Tras el informe de la Comisión y el dictamen del Comité Económico y Financiero, el Consejo decide si hay déficit excesivo y recomienda corregirlo en un máximo de seis meses. Sanciones: multa de hasta el 0,05 % del PIB cada seis meses, depósitos y multas del 0,2 %. El Tratado de 2012 impone la «regla de oro»: déficit estructural máximo del 0,5 % (1 % si la deuda es inferior al 60 %).