LFA
Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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Crear cuenta gratis- Art. 1Objeto de la Ley y ámbito de aplicaciónLa Ley regula las fundaciones de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía (art. 13.25 del Estatuto). Fundaciones: organizaciones sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a fines de interés general. Se aplica a las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, siempre que así lo dispongan sus Estatutos, y a las delegaciones de fundaciones extranjeras que actúen principalmente en Andalucía.
- Art. 55ConceptoSon fundaciones del sector público andaluz: 1) las constituidas con aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Junta, sus organismos públicos o demás entidades o empresas; 2) aquellas cuyo patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por esas entidades; 3) aquellas en que la Junta tenga representación mayoritaria: más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia nombrados por la Junta.
- Art. 56Creación y extinciónLa creación y extinción de fundaciones del sector público andaluz, la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria y la modificación de sus fines deben autorizarse por Acuerdo del Consejo de Gobierno, que fija las condiciones generales y designa a quien actúa en la constitución y, en su caso, a sus representantes en el Patronato. Se exige una memoria justificativa, informada por la Consejería competente en materia de organización, y una memoria económica sobre la suficiencia de la dotación inicial, con informe de la Consejería de hacienda.
- Art. 57Régimen jurídicoLas fundaciones del sector público andaluz no pueden ejercer potestades públicas ni establecer servicios públicos, y solo realizan actividades del ámbito competencial de sus fundadoras. Su Protectorado lo ejerce la Consejería competente en materia de fundaciones. En presupuestos, contabilidad y auditoría se rigen por la Ley 5/1983; remiten sus cuentas anuales aprobadas a la Intervención General, a la que corresponde la auditoría externa obligatoria. Selección de personal: igualdad, mérito, capacidad y publicidad.