Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía
Artículo 18. Expropiación
En pocas palabras
Si propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre bienes catalogados incumplen sus obligaciones legales, la Administración puede expropiar el bien, total o parcialmente, por interés social. Son de interés social las obras y adquisiciones necesarias para permitir contemplar los bienes catalogados, facilitar su conservación o eliminar usos incompatibles u otras circunstancias que atenten contra sus valores o seguridad. Las entidades locales también pueden expropiar, notificándolo antes a la Junta, que tiene prioridad.
Explicación sencilla
Es la respuesta más intensa al incumplimiento de las obligaciones legales: la expropiación por interés social. El artículo concreta qué obras y adquisiciones tienen ese interés y ordena la concurrencia entre la Junta y las entidades locales, con prioridad de la Junta.
Regla mnemotécnica
Interés social para C-C-E: Contemplar, Conservar y Eliminar usos incompatibles. Junta antes que entidad local.
Trampa típica de examen
Creer que la expropiación por incumplimiento solo puede ser total: el texto permite la expropiación total o parcial del bien.
Texto del artículo 18 de la Ley 14/2007 (LPHA)
1. La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley para las personas propietarias, poseedoras o titulares de derechos sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico facultará a la Administración para la expropiación total o parcial del bien por causa de interés social. 2. En aplicación del artículo 82 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se consideran de interés social las obras y adquisiciones necesarias para posibilitar la contemplación de bienes catalogados, facilitar la conservación de los mismos o eliminar los usos incompatibles u otras circunstancias que atenten contra los valores o seguridad de dichos bienes. 3. Las entidades locales podrán acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la Administración de la Junta de Andalucía, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.
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