Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Artículo 24. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social

En pocas palabras

Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceder a tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social son exigibles en los plazos y términos reglamentarios y, en todo caso, para todos ellos, conforme a las condiciones y plazos máximos de la disposición adicional tercera.1. El Gobierno debía realizar, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, estudios integrales sobre la accesibilidad a los bienes o servicios más relevantes.

Explicación sencilla

Fija la exigibilidad de la accesibilidad en la sociedad de la información y los medios de comunicación social, remitiendo a reglamento y a los plazos máximos de la disposición adicional tercera.1, y encarga al Gobierno estudios integrales en un plazo concreto.

Regla mnemotécnica

Estudios integrales del Gobierno: dos años desde la entrada en vigor de la ley.

Trampa típica de examen

Atribuir los estudios integrales a las comunidades autónomas o a otro órgano: el artículo se los encarga al Gobierno.

Texto del artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/2013 (LGDPD)

1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente. No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todas estas tecnologías, productos y servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la disposición adicional tercera.1. 2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal.

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