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Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

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Art. 1Objeto de esta leyLa ley tiene dos objetos. Primero, garantizar la igualdad de oportunidades y de trato y el ejercicio real y efectivo de derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la autonomía personal, la accesibilidad universal, el acceso al empleo, la inclusión en la comunidad y la vida independiente, y erradicando toda discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Segundo, establecer el régimen de infracciones y sanciones.
Art. 2DefinicionesDiscapacidad: interacción entre deficiencias previsiblemente permanentes y barreras. Discriminación directa: trato menos favorable que otra persona en situación análoga por razón de discapacidad; indirecta: criterio, práctica o entorno aparentemente neutros que puedan causar una desventaja particular, siempre que no respondan a una finalidad legítima y los medios no sean adecuados y necesarios; por asociación: trato discriminatorio por la relación con otra persona. Define además acoso, acción positiva, accesibilidad y ajustes razonables (no realizarlos discrimina).
Art. 3PrincipiosEnumera trece principios de la ley: dignidad inherente, autonomía individual (incluida la libertad de tomar las propias decisiones) e independencia; vida independiente; no discriminación; respeto por la diferencia; igualdad de oportunidades; igualdad entre mujeres y hombres; normalización; accesibilidad universal; diseño universal; participación e inclusión plenas; diálogo civil; respeto al desarrollo de la personalidad, en especial de niñas y niños con discapacidad y su derecho a preservar su identidad; y transversalidad de las políticas.
Art. 4Titulares de los derechosSon personas con discapacidad quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, con las barreras, pueden impedir su participación plena; y, a efectos de la ley, quienes tengan reconocido un grado igual o superior al 33 %. La dependencia en grado I equivale al 33 % y en grados II y III al 65 %, salvo en el ámbito tributario. A ciertos efectos, los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez se asimilan al 33 %. La acreditación vale en todo el territorio nacional.
Art. 5Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universalLas medidas específicas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal se aplican, además de a los derechos del título I, en nueve ámbitos: telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; transportes; bienes y servicios a disposición del público; relaciones con las administraciones públicas (incluido el acceso a prestaciones y resoluciones); Administración de justicia; participación en la vida pública y procesos electorales; patrimonio cultural; y empleo.
Art. 6Respeto a la autonomía de las personas con discapacidadLos derechos se ejercen respetando la libertad en la toma de decisiones, con medios y apoyos que garanticen un consentimiento informado. Las personas con discapacidad tienen derecho a la vida independiente y a elegir residencia, con quién y cómo vivir, sin un sistema de vida específico. Las Administraciones promoverán servicios de asistencia domiciliaria, residencial y comunitaria, incluida la asistencia personal y, en su caso, la animal. Los poderes públicos impulsarán planes de desinstitucionalización y las Administraciones elaborarán planes de accesibilidad e inclusión.
Art. 7Derecho a la igualdadLas personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Las Administraciones promoverán su ejercicio real y efectivo y los protegerán de forma especialmente intensa en igualdad de género, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial, movilidad, comunicación, cultura, deporte, ocio y participación, y singularmente ante la discriminación múltiple e interseccional. Pueden usar productos de apoyo y no se les puede obligar a prescindir de ellos, sin perjuicio de acreditar su necesidad en procesos selectivos.
Art. 7 bisRespeto al derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad en su senoLas personas con discapacidad gozan de plenitud de derechos en el matrimonio u otras formas de afectividad, la familia, el hogar, la paternidad y maternidad y las relaciones interpersonales. Tienen derecho a casarse o formar pareja de hecho con consentimiento libre y pleno, a fundar una familia, decidir el número de hijos, mantener su fertilidad y a la intimidad. Las familias con personas con discapacidad tienen la máxima consideración en las políticas familiares, y todas estarán protegidas contra la soledad forzosa o no deseada.
Art. 7 terPromoción y protección reforzadas de los derechos de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidadMujeres, niñas y niños con discapacidad son titulares plenos de todos los derechos, con garantías reforzadas frente a la discriminación múltiple o interseccional. Las políticas tienen un doble enfoque de inclusión y género. Los menores participan en lo que les afecta con apoyos. Se protege la salud sexual y reproductiva y la atención temprana es derecho subjetivo. A las víctimas de violencia contra las mujeres se les garantiza asistencia personal prioritaria, servicios accesibles, coordinación con la dependencia y prevención en entornos institucionalizados.
Art. 8Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidadEl sistema especial de prestaciones sociales y económicas protege a las personas con discapacidad que, por no desarrollar actividad laboral, no están incluidas en la Seguridad Social. Comprende cuatro prestaciones: asistencia sanitaria y prestación farmacéutica; subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte; recuperación profesional; y rehabilitación y habilitación profesionales. Los beneficiarios de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda de tercera persona los siguen percibiendo según la disposición transitoria única.
Art. 9Prestación farmacéutica del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidadQuienes sean beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas para las personas con discapacidad no pagan aportación alguna por el consumo de especialidades farmacéuticas: están exentos. Es la regla especial de la prestación farmacéutica dentro de ese sistema.
Art. 10Derecho a la protección de la saludLas personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud (prevención, protección, promoción y recuperación) sin discriminación, con especial atención a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva. Administraciones y sujetos privados atenderán sus necesidades y la accesibilidad sanitaria, eliminando barreras lingüísticas o culturales. Las administraciones coordinarán la atención social y sanitaria para quienes necesiten ambos sistemas, y los poderes públicos asegurarán la accesibilidad universal en el Sistema Nacional de Salud.
Art. 11Prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidadesLa prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades es derecho y deber de la ciudadanía y de la sociedad y obligación prioritaria del Estado en salud pública y servicios sociales, con tratamiento diferenciado y basado en la evidencia científica. Las Administraciones públicas competentes promoverán planes de prevención, con especial importancia para la atención temprana, el consejo genético, la atención prenatal y perinatal, el diagnóstico precoz, la asistencia pediátrica y geriátrica, la salud laboral o la seguridad vial, y acciones para zonas rurales.
Art. 12Equipos multiprofesionales de atención a la discapacidadLos equipos multiprofesionales de atención prestan atención interdisciplinaria en su ámbito. Los de calificación y reconocimiento del grado valoran y califican la discapacidad para su reconocimiento por el órgano administrativo competente: emiten dictamen técnico normalizado, orientan la rehabilitación y determinan tipo y grado. La valoración es revisable; la definitiva, solo con la máxima rehabilitación o una deficiencia presumiblemente definitiva. Sus calificaciones siguen criterios técnicos unificados y valen ante cualquier organismo público en todo el Estado.
Art. 13Atención integralLa atención integral son los procesos o medidas de intervención para que la persona con discapacidad alcance su máximo desarrollo, autonomía e independencia, su inclusión plena y un empleo adecuado. Sus programas pueden comprender habilitación o rehabilitación; atención, tratamiento y orientación psicológica; educación; y apoyo para la actividad profesional. Deben comenzar en la etapa más temprana posible y basarse en una evaluación multidisciplinar. Las administraciones coordinarán los recursos para ofrecer servicios próximos, en zonas rurales y urbanas.
Art. 13 bisAtención integral y comunitaria en materia de salud mentalLa atención integral y comunitaria en salud mental reúne servicios sanitarios, educativos, familiares y sociales, con enfoque comunitario y centrado en la persona. Toda intervención exige consentimiento libre e informado; si la persona no puede decidir, se consulta su voluntad anticipada; las sujeciones son excepcionales y se documentan. Se prohíben el internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo urgencia vital, las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual, las injustificadas, las punitivas y los procedimientos regimentales.
Art. 14Habilitación y rehabilitaciónLos poderes públicos impulsarán medidas efectivas para que las personas con discapacidad logren y mantengan la máxima autonomía, inclusión y participación plena mediante la habilitación y la rehabilitación. Las Administraciones competentes promoverán programas para conseguir la máxima funcionalidad de las capacidades físicas, sensoriales, mentales e intelectuales y para detectar e identificar las deficiencias y necesidades psicosociales, hasta asegurar el máximo desarrollo y autonomía personal posible.
Art. 15Atención, tratamiento y orientación psicológicaLa atención, el tratamiento y la orientación psicológica acompañan todas las fases del proceso habilitador o rehabilitador y buscan el bienestar, la máxima autonomía y el desarrollo de la personalidad, apoyando también al entorno familiar. Se basan en las características, motivaciones e intereses de la persona y en sus factores familiares y sociales. Forman parte de los apoyos a la autonomía de la persona y de sus familiares y se facilitan desde la detección de la deficiencia o desde que se inicie un proceso patológico o una circunstancia sobrevenida.
Art. 16EducaciónLa educación inclusiva es parte del proceso de atención integral de las personas con discapacidad. Se imparte mediante los apoyos y ajustes que reconocen el capítulo IV del título I de esta ley (derecho a la educación) y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Art. 17Apoyo para la actividad profesionalLas personas con discapacidad en edad laboral tienen derecho a programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación. El apoyo comprende, entre otras, la habilitación o rehabilitación médico-funcional, la orientación profesional (según las capacidades reales fijadas por los informes de los equipos multiprofesionales) y la formación, readaptación o recualificación profesional. La formación puede darse en centros de formación o en empresas; en este caso es necesario un contrato de formación en alternancia.
Art. 18Contenido del derechoLas personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, universalmente accesible, de calidad y gratuita, en los mismos espacios y con apoyos. Las Administraciones educativas aseguran un sistema inclusivo con ajustes razonables individualizados. La escolarización en centros de educación especial es excepcional: solo si las necesidades no pueden atenderse con las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios, oyendo a familias y alumnado, y la Administración educativa debe motivarla y acreditarla.
Art. 19Gratuidad de la enseñanzaDurante su etapa educativa, las personas con discapacidad tienen derecho a la gratuidad de la enseñanza tanto en los centros ordinarios como en los centros especiales, conforme a lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan.
Art. 20Garantías adicionalesSe fijan cuatro garantías adicionales: los centros de educación especial facilitarán la conexión con los ordinarios; los hospitales infantiles, de rehabilitación y con servicios pediátricos permanentes que ocupen regularmente al menos la mitad de sus camas con pacientes financiados con recursos públicos tendrán una sección pedagógica; las universidades ampliarán las convocatorias a quienes su discapacidad dificulte gravemente adaptarse, sin mengua del nivel exigido, y adaptarán las pruebas; y habrá formación continua del profesorado.
Art. 21Valoración de las necesidades educativasLos servicios de orientación educativa tienen como funciones específicas apoyar a los centros docentes en el proceso hacia la inclusión, especialmente en orientación, evaluación e intervención educativa, explorando la inclusión en centros ordinarios, identificando barreras y proponiendo medidas. Contribuyen a la dinamización pedagógica, la calidad y la innovación, y deben garantizar que las familias sean escuchadas en la valoración de necesidades. En el control y gestión de los centros se tiene en cuenta la especialidad de esta ley sobre estos servicios.
Art. 22Derecho a la Accesibilidad UniversalLas personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar en todos los aspectos de la vida. La accesibilidad universal es un derecho; los poderes públicos adoptarán medidas para garantizarla en entornos, procesos, bienes, productos, servicios, transporte, cultura, información y comunicaciones, medios de comunicación y servicios abiertos al público, en zonas urbanas y rurales. En el empleo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se aplican con carácter supletorio de la legislación laboral.
Art. 23Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminaciónEl Gobierno, sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales, regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Toda referencia a accesibilidad incluye la cognitiva. La regulación será gradual en el tiempo, alcance y contenido y abarcará todos los ámbitos del artículo 5, con disposiciones al menos sobre: exigencias de accesibilidad, condiciones más favorables, apoyos complementarios, normas internas en empresas, planes y calendario, y recursos humanos y materiales, según los tipos y grados de discapacidad.
Art. 24Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación socialLas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceder a tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social son exigibles en los plazos y términos reglamentarios y, en todo caso, para todos ellos, conforme a las condiciones y plazos máximos de la disposición adicional tercera.1. El Gobierno debía realizar, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, estudios integrales sobre la accesibilidad a los bienes o servicios más relevantes.
Art. 25Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificaciónLas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceder y utilizar los espacios públicos urbanizados y las edificaciones son exigibles en los plazos y términos reglamentarios y, en todo caso, para todos ellos, conforme a las condiciones y plazos máximos de la disposición adicional tercera.1. El Gobierno debía realizar, en dos años desde la entrada en vigor de la ley, estudios integrales sobre la accesibilidad a esos espacios y edificaciones.
Art. 26Normativa técnica de edificaciónLas normas técnicas sobre edificación incluirán las condiciones mínimas de accesibilidad que deben reunir los edificios de cualquier tipo para las personas con discapacidad. Estas normas deben recogerse al redactar los proyectos básicos, de ejecución y parciales, y se denegarán los visados oficiales, de colegios profesionales o de oficinas de supervisión de las administraciones competentes, a los proyectos que no las cumplan.
Art. 27Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los medios de transporte e infraestructurasLas condiciones básicas de accesibilidad en los medios de transporte son exigibles en los plazos y términos reglamentarios y, en todo caso, para todas las infraestructuras y material de transporte, conforme a la disposición adicional tercera.1. El Gobierno debía hacer estudios integrales en dos años. Las instituciones públicas garantizarán que estaciones, aeropuertos, puertos y demás instalaciones de transporte de uso público tengan baños adaptados para personas con ostomía, en obras de nueva construcción, reforma o rehabilitación de especial entidad.
Art. 28Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de las relaciones con las administraciones públicasLas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y de participación en los asuntos públicos, incluidos los de la Administración de Justicia y de la participación en la vida política y los procesos electorales, son exigibles en los plazos y términos reglamentarios y, en todo caso, conforme a la disposición adicional tercera.1. El Gobierno debía realizar estudios integrales en dos años desde la entrada en vigor de la ley.
Art. 29Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del públicoQuienes, en el sector público o privado, suministren bienes o servicios al público, fuera de la vida privada y familiar, deben respetar la igualdad de oportunidades y evitar discriminaciones por discapacidad. No se afecta la libertad de contratación, salvo que la elección de la otra parte venga determinada por su discapacidad. Se admiten diferencias de trato justificadas por un propósito legítimo con medios adecuados, proporcionados y necesarios. La exigibilidad remite al reglamento y a la disposición adicional tercera.2.
Art. 29 bisCondiciones básicas de accesibilidad cognitivaLas condiciones básicas de accesibilidad cognitiva son el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas necesarios para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, procesos y procedimientos. Tendrán desarrollo normativo específico, se extenderán a todos los ámbitos del artículo 5, serán exigibles en los plazos y términos reglamentarios y se encuadran en la accesibilidad universal.
Art. 30Medidas para facilitar el estacionamiento de vehículosLos ayuntamientos son quienes deben adoptar las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles que pertenezcan a personas con problemas graves de movilidad por razón de su discapacidad. No basta cualquier discapacidad: la medida se vincula a los problemas graves de movilidad derivados de ella.
Art. 31Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporteTienen derecho a un subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte las personas con discapacidad con dificultades para utilizar transportes colectivos que reúnan los requisitos fijados reglamentariamente. La cuantía de este subsidio no la fija el propio artículo: se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Art. 32Reserva de viviendas para personas con discapacidad y condiciones de accesibilidadEn los proyectos de viviendas protegidas debe programarse un mínimo del 4 % de viviendas accesibles para personas con discapacidad; las Administraciones competentes pueden aumentar ese porcentaje según las necesidades territoriales. Las de alquiler pueden adjudicarse a personas con discapacidad, a unidades familiares con alguna de ellas o a entidades sin ánimo de lucro del sector si las destinan a inclusión y vida autónoma. La obligación alcanza también a viviendas de cualquier carácter construidas, promovidas o subvencionadas por el sector público.
Art. 33Concepto de rehabilitación de la viviendaA efectos de obtener subvenciones y préstamos con subvención de intereses, se considera rehabilitación de la vivienda la reforma que las personas con discapacidad, o las unidades familiares o de convivencia con algún miembro con discapacidad, tengan que hacer en su vivienda habitual y permanente para que resulte accesible.
Art. 34Otras medidas públicas de accesibilidadLas administraciones públicas consignarán en sus presupuestos lo necesario para adaptar los inmuebles que dependan de ellas y fomentarán la adaptación de los inmuebles privados con ayudas, exenciones y subvenciones. Las competentes en urbanismo deben considerar y, en su caso, incluir esas adaptaciones en los planes municipales de ordenación urbana. Los ayuntamientos deben prever planes municipales de actuación para adaptar vías públicas, parques y jardines, y destinar a ello un porcentaje de su presupuesto.
Art. 35Garantías del derecho al trabajoLas personas con discapacidad tienen derecho al trabajo con igualdad de trato y no discriminación. A efectos del capítulo VI se consideran personas con discapacidad los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los de clases pasivas con jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Define discriminación directa e indirecta; son nulas las cláusulas y decisiones discriminatorias, y el acoso por discapacidad y la orden de discriminar son discriminación.
Art. 36Igualdad de tratoLa igualdad de trato se define como la ausencia de toda discriminación directa, indirecta o por asociación por motivo o por razón de discapacidad. Se proyecta sobre tres ámbitos: el empleo, la formación y la promoción profesionales, y las condiciones de trabajo.
Art. 37Tipos de empleo de las personas con discapacidadLa política de empleo de las personas trabajadoras con discapacidad busca eliminar la brecha en tasas de actividad, ocupación e inserción laboral con un mercado abierto, inclusivo y accesible. Hay tres tipos de empleo: ordinario (en empresas y Administraciones públicas, incluido el empleo con apoyo y el personalizado), protegido (en empresas para la inclusión laboral y en enclaves laborales) y autónomo. El acceso al empleo público se rige por su normativa propia.
Art. 38Orientación, colocación y registro de trabajadores con discapacidad para su inclusión laboralLa orientación y colocación de las personas con discapacidad que buscan empleo corresponde a los servicios públicos de empleo, directamente o mediante entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación autorizadas. Con consentimiento previo del trabajador, se anota su tipo y grado de discapacidad en el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo. El reglamento coordinará servicios públicos de empleo, agencias de colocación y equipos multiprofesionales.
Art. 39Ayudas a la generación de empleo de las personas con discapacidadEl empleo de las personas con discapacidad se fomentará con ayudas para su inclusión laboral. Pueden ser subvenciones o préstamos para la contratación, para adaptar puestos, para eliminar barreras de acceso, movilidad, comunicación o comprensión en los centros de producción, para establecerse como autónomos, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y otras adecuadas, especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social.
Art. 40Adopción de medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajoEl principio de igualdad de trato no impide mantener o adoptar medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas por discapacidad. Las empresas deben adaptar el puesto y hacer accesible la empresa para las personas con discapacidad y para sus cónyuges o parejas de hecho y familiares hasta el segundo grado por consanguinidad que realicen labores de cuidado, salvo carga excesiva. Para valorarla se tiene en cuenta si la paliarían ayudas públicas, los costes y el tamaño y volumen de negocio de la empresa.
Art. 41Servicios de empleo con apoyo y empleo personalizadoLos servicios de empleo con apoyo son acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo para facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión, en empresas del mercado ordinario y en condiciones similares a las del resto. Para quienes tengan mayores dificultades de acceso al empleo se valorará la metodología de empleo personalizado. Ambos se regulan por reglamento.
Art. 42Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidadLas empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores deben tener al menos un 2 % de trabajadores con discapacidad, computado sobre la plantilla total, con independencia del número de centros y de la forma de contratación, e incluyendo a los cedidos por empresas de trabajo temporal. Excepcionalmente pueden quedar exentas, total o parcialmente, por negociación colectiva sectorial o por opción voluntaria comunicada a la autoridad laboral, aplicando medidas alternativas. En la oferta de empleo público se reserva un cupo.
Art. 43Empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidadLas empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (EIDIS) realizan una actividad productiva en el mercado para asegurar empleo remunerado y digno y servir de puente al empleo ordinario. Prestan servicios de ajuste personal y social mediante unidades de apoyo. Su plantilla tendrá el mayor número posible de trabajadores con discapacidad y, en todo caso, el 70 %, sin contar el personal sin discapacidad de ajuste personal y social. Son de iniciativa social si entidades no lucrativas participan en más del 50 % y reinvierten íntegramente los beneficios.
Art. 44Compensación económica para las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidadPor las especiales características de las empresas para la inclusión laboral y para que cumplan su función social, las Administraciones públicas pueden establecer, en la forma que determine el reglamento, compensaciones económicas para ayudar a su viabilidad, con mecanismos de control. Los criterios son que reúnan condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.
Art. 45Creación de empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidadLas empresas para la inclusión laboral pueden crearlas organismos públicos y privados y también las empresas, siempre sujetas a las normas legales, reglamentarias y convencionales sobre condiciones de trabajo. Las Administraciones públicas promoverán su creación, mediante el estudio de necesidades sectoriales, directamente o en colaboración, y vigilarán de forma periódica y rigurosa las condiciones de trabajo. Para constituirlas se exigen servicios de apoyo personal y social y planes personalizados de apoyo.
Art. 46Enclaves laboralesPueden constituirse enclaves laborales para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad que tengan especiales dificultades para acceder a él. Sus características y condiciones se establecen por reglamento.
Art. 47Empleo autónomoLos poderes públicos, cada uno en su ámbito de competencias, adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo de las personas con discapacidad, dirigidas a que establezcan y desarrollen iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia o a través de entidades de la economía social, conforme a la normativa reguladora de la materia.
Art. 48Derecho a la protección socialLas personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a servicios y prestaciones sociales que atiendan sus necesidades con garantías de suficiencia y sostenibilidad. Esos servicios se dirigen al desarrollo de su personalidad y a su inclusión en la comunidad, para incrementar su calidad de vida y su bienestar social.
Art. 49Criterios de aplicación de la protección socialLos servicios sociales para personas con discapacidad y sus familias pueden prestarlos las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro. Las administraciones deben coordinar la atención social y la sanitaria de forma efectiva y eficiente. La prestación respetará al máximo la permanencia de la persona en su medio familiar y entorno geográfico, considerando las barreras de quienes viven en zonas rurales, y se promoverá su participación en la convivencia, dirección y control de los servicios.
Art. 50Contenido del derecho a la protección socialLas personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a servicios sociales de apoyo familiar, prevención de deficiencias e intensificación de discapacidades, promoción de la autonomía personal, información y orientación, atención domiciliaria, residencias, apoyo en su entorno, servicios residenciales y actividades culturales, deportivas y de ocio. Además, la legislación autonómica puede prever servicios y prestaciones económicas para quienes estén en situación de necesidad y carezcan de recursos indispensables.
Art. 51Clases de servicios socialesDescribe los servicios sociales: apoyo familiar; orientación e información; prevención y promoción de la autonomía; atención domiciliaria solo cuando la situación lo requiera; vivienda (residencias, viviendas tuteladas y otros alojamientos); centros de día y de noche; actividades deportivas, culturales y de ocio, preferentemente con medios ordinarios; y apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Si residencias, centros de día y viviendas tuteladas los promueven las propias personas con discapacidad, sus familias u organizaciones, gozan de protección prioritaria.
Art. 52Centros ocupacionalesLos centros ocupacionales prestan terapia ocupacional y ajuste personal y social a las personas con discapacidad para lograr su máximo desarrollo personal y, cuando sea posible, prepararlas para el empleo; también a trabajadores con discapacidad que no se adaptaron a una actividad laboral o empeoraron. Las administraciones públicas dictan las normas y condiciones para autorizar su creación y funcionamiento. Su creación y sostenimiento compete a las administraciones y a instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, que deben cumplir esas normas.
Art. 53Derecho de participación en la vida políticaLas personas con discapacidad pueden ejercer el derecho de participación en la vida política y en los procesos electorales en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, conforme a la normativa en vigor. Para hacerlo posible, las administraciones públicas pondrán a su disposición los medios y recursos que precisen.
Art. 54Derecho de participación en la vida públicaLas personas con discapacidad pueden participar plena y efectivamente en las decisiones públicas que les afecten; las administraciones les pondrán los medios y recursos. A través de sus organizaciones representativas, ellas (incluidas mujeres, niños y niñas) y sus familias participan en la preparación, elaboración y adopción de decisiones, normas y estrategias que les conciernen, y se promoverá su presencia permanente en órganos participativos y consultivos. Las administraciones promoverán sus asociaciones, les darán apoyo financiero y técnico y podrán firmar convenios.
Art. 55Consejo Nacional de la DiscapacidadEl Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial y de carácter consultivo en el que se institucionaliza la colaboración entre el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para definir y coordinar las políticas públicas que garanticen sus derechos. Su composición y funciones se fijan por reglamento. En particular, le corresponde promover la igualdad de oportunidades y no discriminación.
Art. 56Oficina de Atención a la DiscapacidadLa Oficina de Atención a la Discapacidad es el órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad, de carácter permanente y especializado, encargado de promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Con ella colaboran las organizaciones, entidades y asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.
Art. 57Prestación de serviciosLos poderes públicos garantizarán la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, los apoyos adecuados, la educación, la orientación, la inclusión social y laboral, el acceso a la cultura y al ocio, unos derechos económicos, sociales y de protección jurídica mínimos y la Seguridad Social. Para lograrlo participan, en sus ámbitos competenciales, las administraciones públicas, los interlocutores sociales y las asociaciones y personas jurídico-privadas.
Art. 58FinanciaciónLas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios de la ley se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a los de las comunidades autónomas y entidades locales, según las competencias de cada uno. En esos presupuestos deben consignarse las dotaciones correspondientes conforme a la legislación vigente.
Art. 59Toma de conciencia socialLos poderes públicos desarrollarán y promoverán actividades de información, campañas de toma de conciencia y acciones formativas para la igualdad de oportunidades y la no discriminación, en colaboración con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, con especial atención a incluir modelos positivos de mujeres o niñas con discapacidad. Promoverán una imagen social positiva, desde un enfoque de derechos humanos, con medidas contra sesgos, estereotipos, discursos de odio y prejuicios capacitistas.
Art. 60Personal especializadoLa atención y los servicios que requieran las personas con discapacidad en su desarrollo personal e inclusión deben estar orientados, dirigidos y realizados por personal especializado. Por la variedad, amplitud y complejidad de sus funciones, este proceso exige especialistas de distintos ámbitos que actúen conjuntamente como equipo multiprofesional.
Art. 61Formación del personalLas Administraciones públicas podrán promover la formación de los profesionales y del personal que trabaja con personas con discapacidad (sanitario, laboral, educativo, social y otros de contacto habitual), desde la detección, diagnóstico y valoración hasta el apoyo y la atención especializada. Además, establecerán programas permanentes de especialización y actualización, generales y específicos para cada discapacidad, con formación sobre trastornos del espectro autista y otras condiciones.
Art. 62VoluntariadoLas administraciones públicas promoverán y fomentarán la colaboración del voluntariado en la atención de las personas con discapacidad y sus familias, impulsando la constitución y funcionamiento de entidades sin ánimo de lucro para que colaboren con los profesionales. También promoverán el voluntariado entre las propias personas con discapacidad. El régimen del personal voluntario se regula en su normativa específica.
Art. 63Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidadesHay vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (las definidas en el artículo 4.1) cuando, por motivo o por razón de discapacidad, se producen: discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, o incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.
Art. 64Garantías del derecho a la igualdad de oportunidadesPara garantizar la igualdad de oportunidades, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva. Las medidas de defensa, arbitraje y judiciales de la ley se aplican a las situaciones del artículo 63 aunque no exista reconocimiento oficial de la discapacidad o esta sea transitoria, y las administraciones públicas velarán por evitar cualquier discriminación. Estas garantías tienen carácter supletorio respecto de la legislación laboral.
Art. 65Medidas contra la discriminaciónSon medidas contra la discriminación las que tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona sea tratada, de manera directa o indirecta, de forma menos favorable que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable, por motivo o por razón de discapacidad.
Art. 66Contenido de las medidas contra la discriminaciónLas medidas contra la discriminación pueden consistir en prohibir conductas discriminatorias y de acoso, en exigencias de accesibilidad y en exigencias de eliminar obstáculos y realizar ajustes razonables. Para saber si un ajuste es razonable se valoran sus costes, los efectos discriminatorios de no adoptarlo, la estructura de quien debe aplicarlo y su posibilidad de obtener financiación o ayuda. Puede haber ayudas públicas para esos costes, y las discrepancias pueden resolverse por el arbitraje del artículo 74.
Art. 67Medidas de acción positivaLos poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva para las personas con discapacidad más expuestas a discriminación (incluida la múltiple e interseccional) o con menos igualdad de oportunidades: mujeres, niños y niñas, quienes precisan más apoyo, quienes sufren más exclusión social y quienes viven en el medio rural. Las Administraciones compensarán desventajas cuando concurren otras circunstancias, como el género, y en especial combatirán la brecha digital. Habrá también acción positiva para familias con algún miembro con discapacidad.
Art. 68Contenido de las medidas de acción positiva y medidas de igualdad de oportunidadesLas medidas de acción positiva pueden consistir en apoyos complementarios y en normas, criterios y prácticas más favorables. Las de igualdad de oportunidades pueden ser ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación. Todas tienen naturaleza de mínimos, sin perjuicio de lo que establezcan las comunidades autónomas. Las administraciones garantizarán que ayudas y subvenciones promuevan la igualdad de oportunidades, también de quienes viven en el ámbito rural.
Art. 69Medidas de fomento y defensaLas administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y facilitarán medidas de fomento e instrumentos y mecanismos de protección jurídica para una política de igualdad de oportunidades: suprimir las disposiciones normativas y las prácticas contrarias a ella y establecer medidas que eviten cualquier discriminación por motivo o por razón de discapacidad.
Art. 70Medidas para fomentar la calidadLas administraciones públicas adecuarán sus planes de calidad para asegurar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos con discapacidad. Para ello incluirán en esos planes normas mínimas de no discriminación y de accesibilidad, y desarrollarán indicadores de calidad y guías de buenas prácticas.
Art. 71Medidas de innovación y desarrollo de normas técnicasLas administraciones públicas fomentarán la innovación e investigación aplicada a entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen inclusión, accesibilidad universal, diseño para todas las personas y vida independiente, y promoverán la investigación sobre discapacidad en los planes de I+D+i. También facilitarán y apoyarán el desarrollo de normativa técnica, y la revisión de la existente, que asegure la no discriminación, en colaboración con las entidades de normalización y certificación y todos los agentes implicados.
Art. 72Iniciativa privadaEl Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro con asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico, con especial atención a las entidades promovidas por las propias personas con discapacidad, sus familiares o representantes legales. Para recibir esa ayuda es requisito indispensable adecuarse a la planificación sectorial de las administraciones. En los centros financiados total o parcialmente con fondos públicos se controlará el origen y aplicación de los recursos.
Art. 73Observatorio Estatal de la DiscapacidadEl Observatorio Estatal de la Discapacidad recopila, sistematiza, actualiza, genera y difunde conocimiento e información sobre discapacidad y apoya técnicamente el seguimiento de estrategias y planes de discapacidad y accesibilidad universal. Es centro asesor del Organismo Autónomo Real Patronato sobre Discapacidad. Cada año elabora un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, con especial atención al género, que se eleva al Consejo Nacional de la Discapacidad. Sus funciones no suponen incremento del gasto público.
Art. 74ArbitrajeLas reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias con discapacidad sobre igualdad de oportunidades y no discriminación en consumo pueden someterse voluntariamente al Sistema Arbitral de Consumo. Se garantizará la accesibilidad universal de sus procedimientos, trámites, oficinas y servicios de información y atención, y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias podrán asesorar a los órganos arbitrales de consumo a petición de estos.
Art. 75Tutela judicial y protección contra las represaliasLa tutela judicial comprende todas las medidas necesarias para poner fin a la violación del derecho, prevenir violaciones posteriores y restablecer al perjudicado en su pleno ejercicio. La indemnización no tiene un tope máximo fijado «a priori»; la de daño moral procede aunque no haya perjuicios económicos y se valora según las circunstancias de la infracción y la gravedad de la lesión. Se protegerá a las personas físicas o jurídicas frente a represalias por una reclamación o un procedimiento para exigir la igualdad de oportunidades.
Art. 76LegitimaciónSin perjuicio de la legitimación individual de los afectados, las personas jurídicas legalmente habilitadas para defender derechos e intereses legítimos colectivos pueden actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que lo autoricen, para hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, defendiendo sus derechos individuales. Los efectos de esa actuación recaen en dichas personas.
Art. 77Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantesSi en un proceso jurisdiccional las alegaciones del actor aportan indicios fundados de discriminación por discapacidad, corresponde al demandado aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de su conducta, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. El Juez o Tribunal, a instancia de parte, puede recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Esta regla no se aplica a los procesos penales ni a los contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras.