Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Artículo 32. Reserva de viviendas para personas con discapacidad y condiciones de accesibilidad

En pocas palabras

En los proyectos de viviendas protegidas debe programarse un mínimo del 4 % de viviendas accesibles para personas con discapacidad; las Administraciones competentes pueden aumentar ese porcentaje según las necesidades territoriales. Las de alquiler pueden adjudicarse a personas con discapacidad, a unidades familiares con alguna de ellas o a entidades sin ánimo de lucro del sector si las destinan a inclusión y vida autónoma. La obligación alcanza también a viviendas de cualquier carácter construidas, promovidas o subvencionadas por el sector público.

Explicación sencilla

Concreta la accesibilidad en la vivienda con una cifra de reserva mínima y con reglas de adjudicación, y extiende la obligación más allá de la vivienda protegida a la promovida o subvencionada por el sector público. En los complejos arquitectónicos exige accesibilidad a todos los inmuebles e instalaciones complementarias.

Regla mnemotécnica

Reserva de vivienda: 4 % como suelo, nunca como techo (las Administraciones pueden incrementarlo).

Trampa típica de examen

Creer que el 4 % es un máximo o una cifra cerrada: es un mínimo que las Administraciones públicas competentes pueden incrementar según las necesidades territoriales.

Texto del artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2013 (LGDPD)

1. En los proyectos de viviendas protegidas, se programará un mínimo de un cuatro por ciento de viviendas con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el respeto al criterio de accesibilidad universal y el acceso y desarrollo cómodo y seguro de las personas con discapacidad con el objetivo de facilitar la desinstitucionalización y la vida independiente. Las Administraciones públicas competentes podrán incrementar este porcentaje en función de las necesidades territoriales. Las viviendas objeto de la reserva prevista en este artículo destinadas al alquiler, podrán adjudicarse a personas con discapacidad individualmente consideradas, unidades familiares con alguna persona con discapacidad o a entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen por esas entidades a la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad y de la vida autónoma, como viviendas asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o a proyectos de vida independiente de personas con discapacidad. 2. La obligación establecida en el apartado anterior alcanzará, igualmente, a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público. Las Administraciones públicas competentes dictarán las disposiciones reglamentarias para garantizar la accesibilidad universal de las viviendas. 3. Las administraciones públicas, dictarán las normas técnicas básicas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los dos apartados anteriores. 4. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico, éste se proyectará y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad de las personas con discapacidad a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias.

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