Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Artículo 75. Tutela judicial y protección contra las represalias

En pocas palabras

La tutela judicial comprende todas las medidas necesarias para poner fin a la violación del derecho, prevenir violaciones posteriores y restablecer al perjudicado en su pleno ejercicio. La indemnización no tiene un tope máximo fijado «a priori»; la de daño moral procede aunque no haya perjuicios económicos y se valora según las circunstancias de la infracción y la gravedad de la lesión. Se protegerá a las personas físicas o jurídicas frente a represalias por una reclamación o un procedimiento para exigir la igualdad de oportunidades.

Explicación sencilla

Define el alcance de la tutela judicial (cese, prevención y restablecimiento), fija cómo se indemniza, sin tope previo y con daño moral aunque no haya perjuicio económico, y protege frente a represalias a quien reclama o promueve un procedimiento por igualdad de oportunidades.

Regla mnemotécnica

Tutela «PPR»: Poner fin, Prevenir y Restablecer; indemnización sin techo y daño moral aunque no haya perjuicio económico.

Trampa típica de examen

Creer que la indemnización por daño moral exige que existan perjuicios económicos: procede aun cuando no existan.

Texto del artículo 75 del Real Decreto Legislativo 1/2013 (LGDPD)

1. La tutela judicial del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias para poner fin a la violación del derecho y prevenir violaciones ulteriores, así como para restablecer al perjudicado en el ejercicio pleno de su derecho. 2. La indemnización o reparación a que pueda dar lugar la reclamación correspondiente no estará limitada por un tope máximo fijado «a priori». La indemnización por daño moral procederá aun cuando no existan perjuicios de carácter económico y se valorará atendiendo a las circunstancias de la infracción y a la gravedad de la lesión. 3. Se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger a las personas físicas o jurídicas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades.

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