Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Artículo 66. Contenido de las medidas contra la discriminación

En pocas palabras

Las medidas contra la discriminación pueden consistir en prohibir conductas discriminatorias y de acoso, en exigencias de accesibilidad y en exigencias de eliminar obstáculos y realizar ajustes razonables. Para saber si un ajuste es razonable se valoran sus costes, los efectos discriminatorios de no adoptarlo, la estructura de quien debe aplicarlo y su posibilidad de obtener financiación o ayuda. Puede haber ayudas públicas para esos costes, y las discrepancias pueden resolverse por el arbitraje del artículo 74.

Explicación sencilla

Concreta en qué pueden consistir las medidas contra la discriminación y da los criterios para valorar si un ajuste es razonable. Permite además que las administraciones ayuden a sufragar sus costes y que las discrepancias se resuelvan por arbitraje, sin perjuicio de la protección administrativa o judicial.

Regla mnemotécnica

Ajuste razonable, «CEEF»: Costes de la medida, Efectos discriminatorios de no adoptarla, Estructura y características de quien la aplica y Financiación oficial o ayuda que pueda obtener.

Trampa típica de examen

Creer que las discrepancias sobre el ajuste razonable deben resolverse necesariamente por arbitraje: el texto dice que podrán resolverse así, sin perjuicio de la protección administrativa o judicial.

Texto del artículo 66 del Real Decreto Legislativo 1/2013 (LGDPD)

1. Las medidas contra la discriminación podrán consistir en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables. A estos efectos, se entiende por exigencias de accesibilidad los requisitos que deben cumplir los entornos, productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo a los principios de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas. 2. A efectos de determinar si un ajuste es razonable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.m), se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. A este fin, las administraciones públicas competentes podrán establecer un régimen de ayudas públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de la obligación de realizar ajustes razonables. Las discrepancias entre el solicitante del ajuste razonable y el sujeto obligado podrán ser resueltas a través del sistema de arbitraje previsto en el artículo 74, sin perjuicio de la protección administrativa o judicial que en cada caso proceda.

En qué tema del programa entra

1 pregunta de test sobre este artículo

Con tu plan, Opositasuite te dice qué artículos estudiar cada día y te los pregunta hasta que los dominas.

← Ver el artículo en Real Decreto Legislativo 1/2013 (LGDPD)