Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Artículo 49. Criterios de aplicación de la protección social

En pocas palabras

Los servicios sociales para personas con discapacidad y sus familias pueden prestarlos las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro. Las administraciones deben coordinar la atención social y la sanitaria de forma efectiva y eficiente. La prestación respetará al máximo la permanencia de la persona en su medio familiar y entorno geográfico, considerando las barreras de quienes viven en zonas rurales, y se promoverá su participación en la convivencia, dirección y control de los servicios.

Explicación sencilla

Fija quién puede prestar los servicios sociales y los criterios con que se prestan: coordinación sociosanitaria, permanencia en el entorno (con atención al medio rural) y participación de las propias personas con discapacidad.

Regla mnemotécnica

Prestan: Administración + entidades sin ánimo de lucro. Criterio: quedarse en casa y en su tierra.

Trampa típica de examen

Pensar que pueden prestarlos empresas con ánimo de lucro: el artículo menciona a las administraciones públicas y a las entidades sin ánimo de lucro.

Texto del artículo 49 del Real Decreto Legislativo 1/2013 (LGDPD)

1. Los servicios sociales para personas con discapacidad y sus familias podrán ser prestados tanto por las administraciones públicas como por entidades sin ánimo de lucro a través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios. En todo caso, las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para la coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario, de forma efectiva y eficiente, conforme a lo establecido en el artículo 10. 2. La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la permanencia de las personas con discapacidad en su medio familiar y en su entorno geográfico, teniendo en cuenta las barreras específicas de quienes habiten en zonas rurales. 3. Se promoverá la participación de las propias personas con discapacidad en las tareas comunes de convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales.

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