Artículo 42. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad
En pocas palabras
Las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores deben tener al menos un 2 % de trabajadores con discapacidad, computado sobre la plantilla total, con independencia del número de centros y de la forma de contratación, e incluyendo a los cedidos por empresas de trabajo temporal. Excepcionalmente pueden quedar exentas, total o parcialmente, por negociación colectiva sectorial o por opción voluntaria comunicada a la autoridad laboral, aplicando medidas alternativas. En la oferta de empleo público se reserva un cupo.
Explicación sencilla
Es la cuota de reserva de puestos de trabajo: fija el umbral de plantilla, el porcentaje mínimo, cómo se computa y las dos vías excepcionales para quedar exento, siempre con medidas alternativas; y añade el cupo en las ofertas de empleo público.
Regla mnemotécnica
50 → 2: con 50 o más trabajadores, al menos el 2 % con discapacidad.
Trampa típica de examen
Computar por centro de trabajo: el cómputo se hace sobre la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el número de centros de trabajo.
Texto del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013 (LGDPD)
1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal. De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente. 2. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la materia.
En qué tema del programa entra
- Auxiliar Administrativo del Estado · Tema 16Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.
- Administrativo del Estado · Tema 22Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.
- Administrativo del Estado · Tema 24Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su conexión con la Oferta de Empleo Público. Principios constitucionales. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
- Gestión de la Administración Civil del Estado · Tema 26Políticas de igualdad y contra la violencia de género: régimen jurídico. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.
- Gestión de la Administración Civil del Estado · Tema 50Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
1 pregunta de test sobre este artículo
Con tu plan, Opositasuite te dice qué artículos estudiar cada día y te los pregunta hasta que los dominas.
← Ver el artículo en Real Decreto Legislativo 1/2013 (LGDPD)