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A2 · Bloque V · Administración de recursos humanos

Tema 50 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

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Real Decreto Legislativo 5/2015, Estatuto Básico del Empleado Público

En este tema: art. 59. Ver la norma

  1. Artículo 59. Personas con discapacidad

    En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con las tareas, hasta alcanzar progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración. Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas es para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otro tipo. Cada Administración adopta adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso y, superado este, en el puesto.

Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

En este tema: arts. 35–47. Ver la norma

  1. Artículo 35. Garantías del derecho al trabajo

    Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo con igualdad de trato y no discriminación. A efectos del capítulo VI se consideran personas con discapacidad los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los de clases pasivas con jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Define discriminación directa e indirecta; son nulas las cláusulas y decisiones discriminatorias, y el acoso por discapacidad y la orden de discriminar son discriminación.

  2. Artículo 36. Igualdad de trato

    La igualdad de trato se define como la ausencia de toda discriminación directa, indirecta o por asociación por motivo o por razón de discapacidad. Se proyecta sobre tres ámbitos: el empleo, la formación y la promoción profesionales, y las condiciones de trabajo.

  3. Artículo 37. Tipos de empleo de las personas con discapacidad

    La política de empleo de las personas trabajadoras con discapacidad busca eliminar la brecha en tasas de actividad, ocupación e inserción laboral con un mercado abierto, inclusivo y accesible. Hay tres tipos de empleo: ordinario (en empresas y Administraciones públicas, incluido el empleo con apoyo y el personalizado), protegido (en empresas para la inclusión laboral y en enclaves laborales) y autónomo. El acceso al empleo público se rige por su normativa propia.

  4. Artículo 38. Orientación, colocación y registro de trabajadores con discapacidad para su inclusión laboral

    La orientación y colocación de las personas con discapacidad que buscan empleo corresponde a los servicios públicos de empleo, directamente o mediante entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación autorizadas. Con consentimiento previo del trabajador, se anota su tipo y grado de discapacidad en el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo. El reglamento coordinará servicios públicos de empleo, agencias de colocación y equipos multiprofesionales.

  5. Artículo 39. Ayudas a la generación de empleo de las personas con discapacidad

    El empleo de las personas con discapacidad se fomentará con ayudas para su inclusión laboral. Pueden ser subvenciones o préstamos para la contratación, para adaptar puestos, para eliminar barreras de acceso, movilidad, comunicación o comprensión en los centros de producción, para establecerse como autónomos, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y otras adecuadas, especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social.

  6. Artículo 40. Adopción de medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo

    El principio de igualdad de trato no impide mantener o adoptar medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas por discapacidad. Las empresas deben adaptar el puesto y hacer accesible la empresa para las personas con discapacidad y para sus cónyuges o parejas de hecho y familiares hasta el segundo grado por consanguinidad que realicen labores de cuidado, salvo carga excesiva. Para valorarla se tiene en cuenta si la paliarían ayudas públicas, los costes y el tamaño y volumen de negocio de la empresa.

  7. Artículo 41. Servicios de empleo con apoyo y empleo personalizado

    Los servicios de empleo con apoyo son acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo para facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión, en empresas del mercado ordinario y en condiciones similares a las del resto. Para quienes tengan mayores dificultades de acceso al empleo se valorará la metodología de empleo personalizado. Ambos se regulan por reglamento.

  8. Artículo 42. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad

    Las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores deben tener al menos un 2 % de trabajadores con discapacidad, computado sobre la plantilla total, con independencia del número de centros y de la forma de contratación, e incluyendo a los cedidos por empresas de trabajo temporal. Excepcionalmente pueden quedar exentas, total o parcialmente, por negociación colectiva sectorial o por opción voluntaria comunicada a la autoridad laboral, aplicando medidas alternativas. En la oferta de empleo público se reserva un cupo.

  9. Artículo 43. Empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

    Las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (EIDIS) realizan una actividad productiva en el mercado para asegurar empleo remunerado y digno y servir de puente al empleo ordinario. Prestan servicios de ajuste personal y social mediante unidades de apoyo. Su plantilla tendrá el mayor número posible de trabajadores con discapacidad y, en todo caso, el 70 %, sin contar el personal sin discapacidad de ajuste personal y social. Son de iniciativa social si entidades no lucrativas participan en más del 50 % y reinvierten íntegramente los beneficios.

  10. Artículo 44. Compensación económica para las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

    Por las especiales características de las empresas para la inclusión laboral y para que cumplan su función social, las Administraciones públicas pueden establecer, en la forma que determine el reglamento, compensaciones económicas para ayudar a su viabilidad, con mecanismos de control. Los criterios son que reúnan condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.

  11. Artículo 45. Creación de empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

    Las empresas para la inclusión laboral pueden crearlas organismos públicos y privados y también las empresas, siempre sujetas a las normas legales, reglamentarias y convencionales sobre condiciones de trabajo. Las Administraciones públicas promoverán su creación, mediante el estudio de necesidades sectoriales, directamente o en colaboración, y vigilarán de forma periódica y rigurosa las condiciones de trabajo. Para constituirlas se exigen servicios de apoyo personal y social y planes personalizados de apoyo.

  12. Artículo 46. Enclaves laborales

    Pueden constituirse enclaves laborales para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad que tengan especiales dificultades para acceder a él. Sus características y condiciones se establecen por reglamento.

  13. Artículo 47. Empleo autónomo

    Los poderes públicos, cada uno en su ámbito de competencias, adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo de las personas con discapacidad, dirigidas a que establezcan y desarrollen iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia o a través de entidades de la economía social, conforme a la normativa reguladora de la materia.

Real Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios inspiradores

    Las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a acceder al empleo público en las condiciones de este real decreto. Persona con discapacidad es aquella a la que se le ha reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. Se aplica al acceso y a la provisión de puestos del personal de la Ley 30/1984. Principios inspiradores: igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas.

  2. Artículo 2. Reserva de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público

    Las ofertas de empleo público reservan un cupo para personas con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. La opción se formula en la solicitud de participación, declarando expresamente reunir el grado, acreditado con certificado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la comunidad autónoma. Las plazas reservadas van en la convocatoria ordinaria o en turno independiente; en la AGE, el tipo lo determina el Ministerio de Administraciones Públicas. Vigencia: el artículo 59 del TREBEP eleva hoy ese cupo a no inferior al siete por ciento (al menos un dos por ciento para discapacidad intelectual).

  3. Artículo 3. Convocatorias ordinarias con reserva de plazas para personas con discapacidad

    El Ministerio de Administraciones Públicas reparte la reserva dando preferencia a cuerpos, escalas o categorías con actividades más compatibles con una minusvalía. Quien aprueba por el cupo sin plaza y supera en puntuación a otros del acceso general se incluye por su orden en el acceso general. Pruebas idénticas para todos, salvo adaptaciones del artículo 8; turnos separados en admitidos, llamamientos y aprobados, y al final relación única por puntuación total, que rige los destinos salvo el artículo 9. Vigencia: el cupo del cinco por ciento al que se acumulan las plazas no cubiertas es hoy del siete (artículo 59 del TREBEP).

  4. Artículo 4. Convocatorias en turno independiente para personas con discapacidad

    En la AGE, el órgano convocante puede pedir al Ministerio de Administraciones Públicas convocatorias independientes, no supeditadas a las ordinarias, con plazas reservadas a personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento. Las pruebas tienen el mismo contenido y grado de exigencia que las ordinarias, salvo las adaptaciones del artículo 8. Los aspirantes han de acreditar la discapacidad y el grado. Estas plazas se computan siempre en el cupo reservado de la oferta de empleo público.

  5. Artículo 5. Reserva de plazas en promoción interna

    Las convocatorias de promoción interna de la AGE previstas en el real decreto de oferta de empleo público reservan un cupo para personas con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. El Ministerio de Administraciones Públicas lo distribuye entre cuerpos, escalas o categorías y lo refleja en las convocatorias. Las plazas reservadas desiertas se acumulan a las del turno ordinario de promoción interna. Se aplica el artículo 3.3. Vigencia: el artículo 59 del TREBEP eleva hoy ese cupo a no inferior al siete por ciento (al menos un dos por ciento para discapacidad intelectual).

  6. Artículo 6. Reserva de plazas en las convocatorias de personal temporal

    En las convocatorias de personal temporal con fase de oposición en las que se convoquen 20 plazas o más en un mismo ámbito de participación se reserva un cupo no inferior al cinco por ciento para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento. Las plazas del cupo que queden vacantes se acumulan a las libres. Las adaptaciones de medios no deben perjudicar la urgencia y celeridad de estos procesos. Se aplica el artículo 3.3.

  7. Artículo 7. Admisión de los aspirantes con discapacidad

    En los procesos selectivos para ingresar en cuerpos, escalas o categorías de la Administración General del Estado, las personas con discapacidad son admitidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Es la única regla del artículo: la admisión a las pruebas se rige por las mismas condiciones para todos.

  8. Artículo 8. Adaptaciones y ajustes razonables

    En las pruebas selectivas, incluidos cursos de formación y prácticas, quienes tengan grado igual o superior al 33 por ciento y lo soliciten tendrán adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios. La petición concreta va en la solicitud de participación; los órganos de selección pueden pedir informe a órganos técnicos. Adaptar tiempos es dar tiempo adicional (criterios por resolución conjunta ministerial); adaptar medios, dar medios materiales y humanos, apoyos, ayudas técnicas y accesibilidad. No es automática: solo si la discapacidad guarda relación directa con la prueba.

  9. Artículo 9. Adjudicación de puestos de trabajo

    Superado el proceso selectivo, quienes ingresen en cuerpos, escalas o categorías laborales de la AGE habiendo sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas pueden pedir al órgano convocante que altere el orden de prelación para elegir plaza dentro del ámbito territorial fijado en la convocatoria, por dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, debidamente acreditadas. El órgano convocante decide si está justificado y debe limitarse a la mínima modificación necesaria.

  10. Artículo 10. Adaptación de puestos

    Al pedir destino tras pruebas de nuevo ingreso o promoción interna, o al participar en procesos de provisión, los empleados públicos con discapacidad pueden solicitar la adaptación del puesto o puestos. La solicitud debe ir acompañada de un informe del órgano competente en la materia que acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con las funciones del puesto; esa compatibilidad se valora teniendo en cuenta las adaptaciones posibles. Valora, realiza y financia las adaptaciones el ministerio u organismo al que esté adscrito el puesto, sin perjuicio de otras ayudas.

  11. Artículo 11. Formación

    En los cursos de formación de empleados públicos del sector público estatal, uno de los criterios de valoración para participar será tener una discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento. En los cursos se harán las adaptaciones y ajustes razonables necesarios; el participante debe pedirlos en su solicitud y la Administración solo puede denegarlos si suponen una carga desproporcionada. La Administración puede organizar cursos solo para personas con discapacidad, accesibles, para mejorar el desempeño del puesto o apoyar la promoción desde puestos reservados.

  12. Artículo 12. Colaboración y cooperación con otras entidades

    La Administración fomentará convenios o contratos con personas físicas o jurídicas, incluidas las asociaciones representativas de los distintos tipos de discapacidad, orientados a proyectos de empleo con apoyo o de cualquier otro tipo. Requisito: que su finalidad sea facilitar la integración en el sector público estatal de las personas con discapacidad que presentan especiales dificultades para la plena incorporación al puesto de trabajo.

  13. Artículo 13. Sistema de indicadores e informe balance anual

    El Ministerio de Administraciones Públicas establecerá un sistema de indicadores y registros que dé información estadística exacta, actualizada y global del acceso e ingreso de personas con discapacidad al empleo público. Cada año elaborará un informe balance con toda la información y estadísticas relevantes del período sobre ese acceso, que se elevará, para su conocimiento, a la Comisión Superior de Personal y al Consejo Nacional de la Discapacidad.

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