Tema 24 del temario de Administrativo del Estado 2026

Artículo 23. Participación política y acceso a cargos públicos

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 103. Principios de actuación de la Administración pública

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a cinco principios —eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación— con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Y la ley regulará el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad.

Artículo 55. Principios rectores

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Las Administraciones, entidades y organismos del artículo 2 seleccionan a su personal funcionario y laboral garantizando esos principios y estos: publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en su actuación; adecuación entre el contenido de los procesos y las funciones o tareas; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

Artículo 56. Requisitos generales

Para participar en procesos selectivos hay que reunir cinco requisitos: nacionalidad española (sin perjuicio del artículo siguiente), capacidad funcional, dieciséis años cumplidos sin exceder la edad máxima de jubilación forzosa (otra edad máxima, solo por ley), no estar separado por expediente disciplinario ni inhabilitado por resolución judicial, y la titulación exigida. Caben otros requisitos específicos con relación objetiva y proporcionada con funciones y tareas, establecidos de manera abstracta y general.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados

Los nacionales de Estados miembros de la UE acceden como funcionarios en igualdad con los españoles, salvo a empleos que impliquen participar en el ejercicio del poder público o salvaguardar intereses del Estado o de las Administraciones. Se aplica al cónyuge no separado de derecho y a descendientes menores de veintiún años o mayores dependientes, y a personas incluidas en Tratados de la UE ratificados por España con libre circulación de trabajadores. Los extranjeros con residencia legal acceden como personal laboral. Eximir de la nacionalidad: solo por ley.

Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para que accedan a ellas los funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de las pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para su puesto en el organismo internacional.

Artículo 59. Personas con discapacidad

En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con las tareas, hasta alcanzar progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración. Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas es para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otro tipo. Cada Administración adopta adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso y, superado este, en el puesto.

Artículo 60. Órganos de selección

Los órganos de selección son colegiados; su composición se ajusta a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tiende a la paridad entre mujer y hombre. No pueden formar parte de ellos el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia es siempre a título individual: no cabe ostentarla en representación o por cuenta de nadie.

Artículo 61. Sistemas selectivos

Procesos abiertos y de libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y la discriminación positiva. Si se valoran méritos, su puntuación será proporcionada y no determinará por sí misma el resultado. Funcionarios de carrera: oposición y concurso-oposición; concurso solo por ley y con carácter excepcional. Laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso. No pueden proponerse más aprobados que plazas, salvo que lo prevea la convocatoria; ante renuncias, el órgano convocante puede pedir al de selección una relación complementaria.

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera

La condición de funcionario de carrera se adquiere cumpliendo sucesivamente cuatro requisitos: superar el proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Quien, superado el proceso, no acredite reunir los requisitos de la convocatoria no podrá ser funcionario y sus actuaciones quedarán sin efecto.

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación

La planificación de recursos humanos busca la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos económicos, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Las Administraciones podrán aprobar Planes de ordenación con medidas como: análisis de disponibilidades y necesidades de personal, previsiones sobre organización del trabajo y estructuras de puestos, movilidad, promoción interna, formación y movilidad forzosa, e incorporaciones por Oferta de empleo público.

Artículo 70. Oferta de empleo público

Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban cubrirse con personal de nuevo ingreso son objeto de la Oferta de empleo público o instrumento similar. Ello obliga a convocar los procesos selectivos de las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo de convocatoria. La ejecución debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años. Se aprueba anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, debe publicarse en el Diario oficial correspondiente y puede contener medidas de planificación.

Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos

Cada Administración Pública constituirá un Registro con los datos del personal de los artículos 2 y 5 del Estatuto, atendiendo a las peculiaridades de determinados colectivos. Los Registros podrán disponer también de información agregada sobre los restantes recursos humanos de su sector público. Por convenio de Conferencia Sectorial se fijan los contenidos mínimos comunes y los criterios de intercambio homogéneo de información, con respeto a la protección de datos. Si una Entidad Local carece de capacidad financiera o técnica, cooperan el Estado y las Comunidades Autónomas.

Artículo 18. La oferta de empleo público

Las Administraciones Públicas pueden elaborar Planes de Empleo, para personal funcionario y laboral. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan cubrirse con los efectivos existentes son objeto de Oferta de Empleo Público. Tribunales y Comisiones de Selección no pueden declarar que han superado el proceso más aspirantes que plazas convocadas: la propuesta contraria es nula de pleno derecho. En la Administración General del Estado, la Oferta la aprueba el Gobierno a propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas.

Artículo 19. Selección del personal

Las Administraciones seleccionan su personal, funcionario o laboral, según su oferta de empleo público, con convocatoria pública, por concurso, oposición o concurso-oposición libre, con igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El Gobierno regula los órganos de selección, que no pueden formarse mayoritariamente con funcionarios del Cuerpo que se selecciona, salvo las peculiaridades del personal docente e investigador. El Instituto Nacional de Administración Pública coordina, controla y, en su caso, realiza los cursos de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios estatales.

Artículo 35. Garantías del derecho al trabajo

Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo con igualdad de trato y no discriminación. A efectos del capítulo VI se consideran personas con discapacidad los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los de clases pasivas con jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Define discriminación directa e indirecta; son nulas las cláusulas y decisiones discriminatorias, y el acoso por discapacidad y la orden de discriminar son discriminación.

Artículo 36. Igualdad de trato

La igualdad de trato se define como la ausencia de toda discriminación directa, indirecta o por asociación por motivo o por razón de discapacidad. Se proyecta sobre tres ámbitos: el empleo, la formación y la promoción profesionales, y las condiciones de trabajo.

Artículo 37. Tipos de empleo de las personas con discapacidad

La política de empleo de las personas trabajadoras con discapacidad busca eliminar la brecha en tasas de actividad, ocupación e inserción laboral con un mercado abierto, inclusivo y accesible. Hay tres tipos de empleo: ordinario (en empresas y Administraciones públicas, incluido el empleo con apoyo y el personalizado), protegido (en empresas para la inclusión laboral y en enclaves laborales) y autónomo. El acceso al empleo público se rige por su normativa propia.

Artículo 38. Orientación, colocación y registro de trabajadores con discapacidad para su inclusión laboral

La orientación y colocación de las personas con discapacidad que buscan empleo corresponde a los servicios públicos de empleo, directamente o mediante entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación autorizadas. Con consentimiento previo del trabajador, se anota su tipo y grado de discapacidad en el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo. El reglamento coordinará servicios públicos de empleo, agencias de colocación y equipos multiprofesionales.

Artículo 39. Ayudas a la generación de empleo de las personas con discapacidad

El empleo de las personas con discapacidad se fomentará con ayudas para su inclusión laboral. Pueden ser subvenciones o préstamos para la contratación, para adaptar puestos, para eliminar barreras de acceso, movilidad, comunicación o comprensión en los centros de producción, para establecerse como autónomos, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y otras adecuadas, especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social.

Artículo 40. Adopción de medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo

El principio de igualdad de trato no impide mantener o adoptar medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas por discapacidad. Las empresas deben adaptar el puesto y hacer accesible la empresa para las personas con discapacidad y para sus cónyuges o parejas de hecho y familiares hasta el segundo grado por consanguinidad que realicen labores de cuidado, salvo carga excesiva. Para valorarla se tiene en cuenta si la paliarían ayudas públicas, los costes y el tamaño y volumen de negocio de la empresa.

Artículo 41. Servicios de empleo con apoyo y empleo personalizado

Los servicios de empleo con apoyo son acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo para facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión, en empresas del mercado ordinario y en condiciones similares a las del resto. Para quienes tengan mayores dificultades de acceso al empleo se valorará la metodología de empleo personalizado. Ambos se regulan por reglamento.

Artículo 42. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad

Las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores deben tener al menos un 2 % de trabajadores con discapacidad, computado sobre la plantilla total, con independencia del número de centros y de la forma de contratación, e incluyendo a los cedidos por empresas de trabajo temporal. Excepcionalmente pueden quedar exentas, total o parcialmente, por negociación colectiva sectorial o por opción voluntaria comunicada a la autoridad laboral, aplicando medidas alternativas. En la oferta de empleo público se reserva un cupo.

Artículo 43. Empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (EIDIS) realizan una actividad productiva en el mercado para asegurar empleo remunerado y digno y servir de puente al empleo ordinario. Prestan servicios de ajuste personal y social mediante unidades de apoyo. Su plantilla tendrá el mayor número posible de trabajadores con discapacidad y, en todo caso, el 70 %, sin contar el personal sin discapacidad de ajuste personal y social. Son de iniciativa social si entidades no lucrativas participan en más del 50 % y reinvierten íntegramente los beneficios.

Artículo 44. Compensación económica para las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Por las especiales características de las empresas para la inclusión laboral y para que cumplan su función social, las Administraciones públicas pueden establecer, en la forma que determine el reglamento, compensaciones económicas para ayudar a su viabilidad, con mecanismos de control. Los criterios son que reúnan condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.

Artículo 45. Creación de empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Las empresas para la inclusión laboral pueden crearlas organismos públicos y privados y también las empresas, siempre sujetas a las normas legales, reglamentarias y convencionales sobre condiciones de trabajo. Las Administraciones públicas promoverán su creación, mediante el estudio de necesidades sectoriales, directamente o en colaboración, y vigilarán de forma periódica y rigurosa las condiciones de trabajo. Para constituirlas se exigen servicios de apoyo personal y social y planes personalizados de apoyo.

Artículo 46. Enclaves laborales

Pueden constituirse enclaves laborales para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad que tengan especiales dificultades para acceder a él. Sus características y condiciones se establecen por reglamento.

Artículo 47. Empleo autónomo

Los poderes públicos, cada uno en su ámbito de competencias, adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo de las personas con discapacidad, dirigidas a que establezcan y desarrollen iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia o a través de entidades de la economía social, conforme a la normativa reguladora de la materia.

Artículo 1. Ambito de aplicación

Se aplica al ingreso del personal de la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos, y a la provisión, promoción interna y carrera de sus funcionarios incluidos en la Ley 30/1984. El personal docente, investigador, sanitario, postal y de telecomunicación se rige por él en lo no previsto por sus normas específicas; los puestos en el extranjero, por su regulación; los de Defensa y de Justicia e Interior ligados a la Seguridad y Defensa Nacional, por normas especiales. Es supletorio para los demás funcionarios civiles del Estado y los de otras Administraciones públicas.

Artículo 2. Planificación de Recursos Humanos

Los Planes de Empleo, departamentales o interdepartamentales, pueden ser Integrales (instrumento básico de planificación global) u Operativos (movilidad, redistribución de efectivos y asignación de puestos). Las necesidades de personal se cubren por selección externa, promoción interna o provisión. Los aprueba el Secretario de Estado para la Administración Pública con informe favorable de Economía y Hacienda, previa negociación sindical. La iniciativa es del Ministerio u Organismo afectado o, conjuntamente, de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.

Artículo 3. Régimen aplicable

El ingreso en los Cuerpos y Escalas de funcionarios se hace siempre mediante convocatoria pública y se rige por las bases de la convocatoria respectiva. Esas bases deben ajustarse en todo caso a lo que dispone este Reglamento y a las normas específicas de aplicación a cada Cuerpo o Escala.

Artículo 4. Sistemas selectivos

El ingreso de funcionarios se hace por oposición, concurso-oposición o concurso libres, garantizando igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La oposición es el sistema ordinario; el concurso-oposición se usa cuando la naturaleza de las funciones lo haga más adecuado y el concurso, excepcionalmente. Oposición: una o más pruebas de capacidad y aptitud que fijan el orden de prelación. Concurso: comprobación y calificación de méritos. Concurso-oposición: sucesión de ambos.

Artículo 5. Características de las pruebas selectivas

Los procedimientos de selección deben ser adecuados al conjunto de puestos que pueden desempeñar los funcionarios del Cuerpo o Escala. Han de consistir en pruebas de conocimientos generales o específicos y pueden incluir «test» psicotécnicos, entrevistas y otros sistemas que aseguren objetividad y racionalidad. Si el procedimiento tiene varios ejercicios, al menos uno debe ser práctico, salvo excepciones debidamente justificadas.

Artículo 6. Descentralización de las pruebas

Son las convocatorias las que pueden disponer que, en los procesos selectivos en que concurran circunstancias especiales, se celebren de forma descentralizada todas las pruebas o solo parte de ellas. Es una posibilidad, no una obligación.

Artículo 7. Objeto

Van a la oferta de empleo público las necesidades de recursos humanos que no puedan cubrirse con los efectivos de personal ya existentes, con dos condiciones: que haya crédito presupuestario y que se considere conveniente cubrirlas durante el ejercicio.

Artículo 8. Aprobación

La oferta de empleo público la aprueba, en su caso, el Gobierno, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y con informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, en el primer trimestre de cada año. Excepcionalmente, si hay necesidades urgentes de incorporación de personal, el Gobierno puede aprobar ofertas para ámbitos administrativos específicos.

Artículo 9. Competencia para convocar

Una vez aprobada la oferta de empleo público, convocan los procedimientos selectivos para las vacantes previstas los Departamentos a los que estén adscritos los Cuerpos y Escalas correspondientes. Antes de convocar necesitan el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 10. Clases

Artículo 11. Tribunales

Los Tribunales se nombran en cada orden de convocatoria, salvo excepción justificada, y les corresponde desarrollar y calificar las pruebas. Se componen de un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, con igual número de suplentes, velando por el principio de especialidad. Todos los miembros deben tener titulación igual o superior a la exigida para ingresar en el Cuerpo o Escala.

Artículo 12. Comisiones Permanentes de Selección

Las Comisiones Permanentes de Selección desarrollan y califican las pruebas de acceso a Cuerpos y Escalas en que lo aconsejen el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación o especialización exigidos. Se establecen por Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas, previo acuerdo, en su caso, con el Departamento de adscripción. Tienen número impar de miembros, funcionarios de carrera con titulación igual o superior, designados libremente según la Orden de creación. En procesos descentralizados, la convocatoria puede incorporarles temporalmente funcionarios colaboradores.

Artículo 13. Reglas adicionales sobre su composición y funcionamiento

Los órganos de selección no pueden estar formados mayoritariamente por funcionarios del mismo Cuerpo o Escala objeto de selección, salvo las peculiaridades de las normas específicas del artículo 1.2. No pueden formar parte de ellos quienes hayan preparado aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. Tribunales y Comisiones pueden incorporar asesores especialistas, que colaboran solo en sus especialidades técnicas. Los miembros deben abstenerse en las circunstancias del artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico, y los aspirantes pueden recusarlos.

Artículo 14. Revisión e impugnación

Las resoluciones de Tribunales y Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la Administración, que puede revisarlas conforme a los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección, y contra sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, cabe recurso ordinario ante la autoridad que haya nombrado a su presidente.

Artículo 15. Convocatorias

Las convocatorias y sus bases se publican en el «Boletín Oficial del Estado». Pueden ser unitarias o para Cuerpos o Escalas determinados. El Departamento convocante puede aprobar, con informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, bases generales (sistema, pruebas, programas y calificación) para sucesivas convocatorias. Las bases vinculan a la Administración, a los órganos de selección y a los participantes. Una vez publicadas, solo pueden modificarse con sujeción estricta a la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. Contenido de las convocatorias

Contenido mínimo de las convocatorias: número y características de las plazas; declaración de que no se aprobará a más aspirantes que plazas; órgano al que dirigir las solicitudes; requisitos; sistema selectivo; pruebas y méritos; Tribunal o Comisión Permanente; sistema de calificación; programa; duración máxima de los ejercicios, con un mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales entre el fin de uno y el comienzo del siguiente; orden de actuación por sorteo, y, en su caso, régimen de las prácticas o curso selectivo.

Artículo 17. Orden de actuación de los aspirantes

Antes de que empiecen los ejercicios, la Secretaría de Estado para la Administración Pública fija el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso del año mediante un único sorteo público, anunciado previamente en el «Boletín Oficial del Estado». El resultado del sorteo también se publica en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 18. Solicitudes

La solicitud, en el modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, se presenta en veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Para ser admitido basta manifestar en la solicitud que se reúnen todas las condiciones, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación. La autoridad convocante, por sí o a propuesta del Presidente del órgano de selección, debe comunicar a los órganos competentes las inexactitudes o falsedades de los aspirantes.

Artículo 19

Artículo 20. Listas de admitidos y excluidos

Expirado el plazo de solicitudes, la autoridad convocante dicta en un mes como máximo la resolución que aprueba la lista de admitidos y excluidos. Se publica en el «Boletín Oficial del Estado» e indica dónde están expuestas las listas completas, un plazo de diez días hábiles para subsanar y el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios. Si el procedimiento lo permite y la convocatoria lo dice, no hace falta exponer las listas de admitidos: la resolución recoge entonces los excluidos, sus causas y el plazo de subsanación. La publicación en el BOE determina los plazos de impugnación.

Artículo 21. Anuncios de celebración de las pruebas

Comenzado el proceso selectivo, no es obligatorio publicar en el «Boletín Oficial del Estado» los anuncios de las pruebas restantes. En ese caso, el órgano de selección los hace públicos en los locales donde se celebró la prueba anterior, con al menos doce horas de antelación si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro horas si es un ejercicio nuevo.

Artículo 22. Relación de aprobados

Terminada la calificación, Tribunales o Comisiones Permanentes publican la relación de aprobados por orden de puntuación en los locales de la última prueba y la elevan a la autoridad competente, que la publica en el «Boletín Oficial del Estado». Los actos que ponen fin al procedimiento deben motivarse; si derivan de la discrecionalidad técnica de valoración, la motivación se refiere al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases. El proceso puede incluir curso selectivo o período de prácticas, y solo con curso selectivo pueden aprobar las pruebas más aspirantes que plazas.

Artículo 23. Aportación de documentación

Los aspirantes propuestos aportan los documentos de capacidad y requisitos en veinte días naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las relaciones definitivas de aprobados. Quien no los presente, salvo fuerza mayor, o no reúna algún requisito, no puede ser nombrado y quedan anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de su responsabilidad por falsedad. Los que ya sean funcionarios públicos no justifican lo ya acreditado: presentan solo certificación del Ministerio u organismo del que dependan sobre su condición y su expediente.

Artículo 24. Período de prácticas y curso selectivo

Si la convocatoria prevé período de prácticas o curso selectivo, la autoridad convocante nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos. Quienes no superen el curso selectivo pierden el derecho al nombramiento como funcionarios de carrera por resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso. Quien no pueda hacer el curso o las prácticas por servicio militar o prestación social sustitutoria, o por fuerza mayor justificada y apreciada por la Administración, puede hacerlos después, intercalándose según su puntuación.

Artículo 25. Nombramientos

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hayan superado son nombrados funcionarios de carrera por el Secretario de Estado para la Administración Pública. Su número no puede exceder en ningún caso del de plazas convocadas, y cualquier resolución que lo contravenga es nula de pleno derecho. Los nombramientos se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 26. Asignación inicial de puestos de trabajo

Artículo 27. Selección y nombramiento

Los funcionarios interinos los nombra, según los principios de mérito y capacidad, el Subsecretario del Departamento de adscripción del Cuerpo o Escala, o el Director general de la Función Pública si el Cuerpo o Escala depende de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. El procedimiento debe permitir la máxima agilidad, por la urgencia de cubrir transitoriamente los puestos. Los interinos han de reunir la titulación y demás condiciones exigidas a los de carrera, y las normas de selección de estos se les aplican supletoriamente en lo adecuado.

Artículo 28. Régimen aplicable

Los Departamentos ministeriales convocan, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública y conforme a la oferta de empleo público, los procesos para cubrir sus vacantes con personal laboral fijo de nuevo ingreso. La promoción interna o la cobertura de vacantes del personal laboral que no sea de nuevo ingreso se rige por sus convenios colectivos o normativa específica, y sus convocatorias también necesitan informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 29. Convocatorias y sistemas selectivos

Las convocatorias de personal laboral se someten al título I del Reglamento y a los criterios generales de selección que fije el Ministerio para las Administraciones Públicas. En el «Boletín Oficial del Estado» se anuncian, como mínimo, el número de plazas por categorías y el lugar en que estén expuestas las bases. Los sistemas selectivos son la oposición, el concurso-oposición y el concurso.

Artículo 30. Organos de selección

En la selección del personal laboral, los órganos de selección se constituyen en cada convocatoria, con un número impar de miembros, y al menos uno de ellos se designa a propuesta de la representación de los trabajadores.

Artículo 31. Solicitudes y anuncio de las pruebas

Los aspirantes a plazas de personal laboral presentan su solicitud en el modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública. En el plazo máximo de un mes desde que termina el plazo de presentación de instancias, se publica en el «Boletín Oficial del Estado» la fecha, lugar y hora de las pruebas, indicando dónde están expuestas las listas de admitidos.

Artículo 32. Propuesta de aprobados

Al terminar las pruebas de selección del personal laboral, se eleva al órgano competente la propuesta de candidatos para formalizar los contratos. Esa propuesta no puede superar en ningún caso el número de plazas convocadas; si lo hace, es nula de pleno derecho.

Artículo 33. Adquisición de la condición de personal laboral fijo

El órgano competente formaliza los contratos una vez justificadas las condiciones de capacidad y los requisitos de la convocatoria. Hasta que se formalicen los contratos y los aspirantes se incorporen a sus puestos, no tienen derecho a percepción económica alguna. Superado satisfactoriamente el período de prueba fijado en cada convocatoria, se adquiere la condición de personal laboral fijo.

Artículo 34

Artículo 35. Contratación de personal laboral no permanente

Los Departamentos ministeriales pueden contratar personal laboral no permanente para trabajos que no pueda atender el personal laboral fijo, previo informe favorable de los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. Los contratos respetan mérito y capacidad, las normas generales de contratación de este personal y los criterios del Ministerio para las Administraciones Públicas. Cada Departamento tiene un Registro de Personal laboral no permanente, cuyas inscripciones y anotaciones se comunican siempre al Registro Central de Personal.

Artículo 105. Objeto, ámbito y principios de actuación

La Administración del Estado sirve con objetividad los intereses generales con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y con la ciudadanía como centro. Su empleo público son las personas que le prestan servicios profesionales retribuidos de interés general, en régimen estatutario o laboral. La reforma pivota sobre cuatro elementos: planificación estratégica, acceso y selección, evaluación del desempeño y carrera, y directivo público profesional. Garantiza el diálogo social y la negociación colectiva.

Artículo 106. La planificación como principio de organización

La Administración del Estado actúa conforme a planes de actuación o a instrumentos de planificación estratégica equivalentes, siempre de acuerdo con los principios de actuación que recoja la normativa en vigor. La planificación se convierte así en principio de organización de toda su actuación.

Artículo 107. La planificación estratégica de los recursos humanos

La planificación estratégica de los recursos humanos fija el escenario plurianual de empleo público dentro de las previsiones presupuestarias y es periódicamente revisable. Contendrá, al menos, criterios y medidas para la oferta de empleo público, la movilidad, la provisión, la promoción interna, los itinerarios formativos y los objetivos de desempeño. Se estructura en planes generales y específicos de departamentos u organismos; el departamento con competencias en función pública dicta normas y directrices. Exige negociación colectiva previa y evaluación posterior.

Artículo 108. Oferta de Empleo Público

La oferta de empleo público define y cuantifica los efectivos de nuevo ingreso con asignación presupuestaria. Las convocatorias se publican en el mismo año natural que la oferta en el BOE, se ejecutan en dos años como máximo y la fase de oposición en uno, salvo causa justificada. Las plazas no cubiertas pueden convocarse otra vez si no han pasado más de tres años desde la oferta, previo informe del departamento de función pública. Al menos el 30 % de las plazas de acceso libre va a promoción interna y al menos el 10 % de las convocadas, a discapacidad (2 % para discapacidad intelectual).

Artículo 109. Las relaciones de puestos de trabajo

Las relaciones de puestos de trabajo son instrumentos técnicos de planificación para organizar, racionalizar y ordenar el personal. Son públicas e incluyen, de forma conjunta o separada, todos los puestos funcionariales, laborales y eventuales existentes. Los puestos se ordenan por denominaciones tipo y características análogas, con lenguaje no sexista. En ámbitos específicos puede haber otros instrumentos que las sustituyan si permiten asimilarlos a la clasificación orgánica y funcional.

Artículo 110. Estructuración de puestos

Los puestos se estructuran en niveles según el grado de responsabilidad exigida. Crear, modificar o suprimir un puesto exige analizar su perfil de competencias con criterios de objetividad e interoperabilidad. Con carácter general, los puestos se adscriben a una o varias áreas funcionales, que, con sus cuerpos o escalas, se fijarán reglamentariamente; los de una misma área pueden agruparse por características comunes. Los puestos laborales siguen su normativa específica.

Artículo 111. Concurso abierto y permanente

La Secretaría de Estado de Función Pública, en colaboración con los departamentos ministeriales y organismos públicos, convocará concursos unitarios, de carácter abierto y permanente, en los que podrán incluirse puestos vacantes adscritos a ellos, para fomentar una mayor ocupación de las plazas de necesaria cobertura y favorecer una movilidad ordenada y coordinada.

Artículo 112. Principios rectores de acceso al empleo público

La Administración del Estado selecciona con los principios de igualdad, mérito y capacidad y los del artículo 55 del TREBEP. El modelo de selección es adaptable, mixto (conocimientos y también competencias y habilidades) y social (diversidad social y territorial). Garantiza la publicidad de convocatorias y bases, la adecuación de las pruebas a las funciones, la agilidad y eficiencia con medios electrónicos, la accesibilidad, la imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección y la igualdad de acceso sin importar la situación socioeconómica.

Artículo 113. Acceso al empleo público de personas con discapacidad

El acceso de las personas con discapacidad, como funcionarias o laborales, se inspira en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Participan en igualdad de condiciones y acreditan el grado de discapacidad y la compatibilidad con las funciones. Las plazas reservadas a discapacidad intelectual (grado igual o superior al 33 %) se cubren con pruebas específicas e independientes. Hay adaptaciones de tiempo y medios, se permiten prótesis, incluidas las auditivas, y, tras superar el proceso, se adapta el puesto.

Artículo 114. Sistemas y procesos de selección

Los sistemas selectivos son abiertos y se rigen por los principios del artículo 112; las pruebas se territorializan, salvo razones justificadas. Los sistemas son oposición, concurso-oposición y, excepcionalmente, concurso (para funcionarios, solo si lo establece una ley). En el concurso-oposición, el concurso no decide solo y exige superar la oposición. La toma de posesión del funcionario de carrera es en 15 días naturales desde la publicación del nombramiento, o un mes si cambia de localidad de residencia; interinos y eventuales, al día siguiente.

Artículo 115. Órganos de selección

Los órganos de selección son colegiados y se rigen por los principios del artículo 112 y por las Leyes 39/2015 y 40/2015. Garantizan imparcialidad, profesionalidad, especialización, agilidad y presencia equilibrada de mujeres y hombres, y promueven la participación de personas con discapacidad. No pueden formar parte altos cargos, personal de elección o designación política, funcionarios interinos, personal laboral no fijo ni personal eventual. Se pertenece siempre a título individual. El INAP y otros centros organizan u homologan formación para sus miembros, que se valora al conformarlos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios inspiradores

Las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a acceder al empleo público en las condiciones de este real decreto. Persona con discapacidad es aquella a la que se le ha reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. Se aplica al acceso y a la provisión de puestos del personal de la Ley 30/1984. Principios inspiradores: igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas.

Artículo 2. Reserva de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público

Las ofertas de empleo público reservan un cupo para personas con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. La opción se formula en la solicitud de participación, declarando expresamente reunir el grado, acreditado con certificado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la comunidad autónoma. Las plazas reservadas van en la convocatoria ordinaria o en turno independiente; en la AGE, el tipo lo determina el Ministerio de Administraciones Públicas. Vigencia: el artículo 59 del TREBEP eleva hoy ese cupo a no inferior al siete por ciento (al menos un dos por ciento para discapacidad intelectual).

Artículo 3. Convocatorias ordinarias con reserva de plazas para personas con discapacidad

El Ministerio de Administraciones Públicas reparte la reserva dando preferencia a cuerpos, escalas o categorías con actividades más compatibles con una minusvalía. Quien aprueba por el cupo sin plaza y supera en puntuación a otros del acceso general se incluye por su orden en el acceso general. Pruebas idénticas para todos, salvo adaptaciones del artículo 8; turnos separados en admitidos, llamamientos y aprobados, y al final relación única por puntuación total, que rige los destinos salvo el artículo 9. Vigencia: el cupo del cinco por ciento al que se acumulan las plazas no cubiertas es hoy del siete (artículo 59 del TREBEP).

Artículo 4. Convocatorias en turno independiente para personas con discapacidad

En la AGE, el órgano convocante puede pedir al Ministerio de Administraciones Públicas convocatorias independientes, no supeditadas a las ordinarias, con plazas reservadas a personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento. Las pruebas tienen el mismo contenido y grado de exigencia que las ordinarias, salvo las adaptaciones del artículo 8. Los aspirantes han de acreditar la discapacidad y el grado. Estas plazas se computan siempre en el cupo reservado de la oferta de empleo público.

Artículo 5. Reserva de plazas en promoción interna

Las convocatorias de promoción interna de la AGE previstas en el real decreto de oferta de empleo público reservan un cupo para personas con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. El Ministerio de Administraciones Públicas lo distribuye entre cuerpos, escalas o categorías y lo refleja en las convocatorias. Las plazas reservadas desiertas se acumulan a las del turno ordinario de promoción interna. Se aplica el artículo 3.3. Vigencia: el artículo 59 del TREBEP eleva hoy ese cupo a no inferior al siete por ciento (al menos un dos por ciento para discapacidad intelectual).

Artículo 6. Reserva de plazas en las convocatorias de personal temporal

En las convocatorias de personal temporal con fase de oposición en las que se convoquen 20 plazas o más en un mismo ámbito de participación se reserva un cupo no inferior al cinco por ciento para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento. Las plazas del cupo que queden vacantes se acumulan a las libres. Las adaptaciones de medios no deben perjudicar la urgencia y celeridad de estos procesos. Se aplica el artículo 3.3.

Artículo 7. Admisión de los aspirantes con discapacidad

En los procesos selectivos para ingresar en cuerpos, escalas o categorías de la Administración General del Estado, las personas con discapacidad son admitidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Es la única regla del artículo: la admisión a las pruebas se rige por las mismas condiciones para todos.

Artículo 8. Adaptaciones y ajustes razonables

En las pruebas selectivas, incluidos cursos de formación y prácticas, quienes tengan grado igual o superior al 33 por ciento y lo soliciten tendrán adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios. La petición concreta va en la solicitud de participación; los órganos de selección pueden pedir informe a órganos técnicos. Adaptar tiempos es dar tiempo adicional (criterios por resolución conjunta ministerial); adaptar medios, dar medios materiales y humanos, apoyos, ayudas técnicas y accesibilidad. No es automática: solo si la discapacidad guarda relación directa con la prueba.

Artículo 9. Adjudicación de puestos de trabajo

Superado el proceso selectivo, quienes ingresen en cuerpos, escalas o categorías laborales de la AGE habiendo sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas pueden pedir al órgano convocante que altere el orden de prelación para elegir plaza dentro del ámbito territorial fijado en la convocatoria, por dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, debidamente acreditadas. El órgano convocante decide si está justificado y debe limitarse a la mínima modificación necesaria.

Artículo 10. Adaptación de puestos

Al pedir destino tras pruebas de nuevo ingreso o promoción interna, o al participar en procesos de provisión, los empleados públicos con discapacidad pueden solicitar la adaptación del puesto o puestos. La solicitud debe ir acompañada de un informe del órgano competente en la materia que acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con las funciones del puesto; esa compatibilidad se valora teniendo en cuenta las adaptaciones posibles. Valora, realiza y financia las adaptaciones el ministerio u organismo al que esté adscrito el puesto, sin perjuicio de otras ayudas.

Artículo 11. Formación

En los cursos de formación de empleados públicos del sector público estatal, uno de los criterios de valoración para participar será tener una discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento. En los cursos se harán las adaptaciones y ajustes razonables necesarios; el participante debe pedirlos en su solicitud y la Administración solo puede denegarlos si suponen una carga desproporcionada. La Administración puede organizar cursos solo para personas con discapacidad, accesibles, para mejorar el desempeño del puesto o apoyar la promoción desde puestos reservados.

Artículo 12. Colaboración y cooperación con otras entidades

La Administración fomentará convenios o contratos con personas físicas o jurídicas, incluidas las asociaciones representativas de los distintos tipos de discapacidad, orientados a proyectos de empleo con apoyo o de cualquier otro tipo. Requisito: que su finalidad sea facilitar la integración en el sector público estatal de las personas con discapacidad que presentan especiales dificultades para la plena incorporación al puesto de trabajo.

Artículo 13. Sistema de indicadores e informe balance anual

El Ministerio de Administraciones Públicas establecerá un sistema de indicadores y registros que dé información estadística exacta, actualizada y global del acceso e ingreso de personas con discapacidad al empleo público. Cada año elaborará un informe balance con toda la información y estadísticas relevantes del período sobre ese acceso, que se elevará, para su conocimiento, a la Comisión Superior de Personal y al Consejo Nacional de la Discapacidad.