Tema 23 del temario de Administrativo del Estado 2026

Artículo 1. Objeto

El Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito y determinar las normas aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas. Refleja además doce fundamentos de actuación, de la a) a la l): entre ellos, servicio a los ciudadanos, igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la promoción, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, transparencia, jerarquía y negociación colectiva. La objetividad, profesionalidad e imparcialidad se garantizan con la inamovilidad del funcionario de carrera.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al laboral de: la Administración General del Estado; las Administraciones de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla; las entidades locales; los organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculadas o dependientes; y las Universidades Públicas. Para el personal de investigación caben normas singulares. Docentes y estatutarios de los Servicios de Salud se rigen por legislación específica estatal y autonómica y por el Estatuto, con excepciones. Es supletorio para el personal no incluido.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales

El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación autonómica, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Personal con legislación específica propia

El Estatuto solo se aplica directamente, cuando lo disponga su legislación específica, a ocho colectivos: funcionarios de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas autonómicas; funcionarios de los demás Órganos Constitucionales y de los órganos estatutarios autonómicos; Jueces, Magistrados, Fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia; militares de las Fuerzas Armadas; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; personal retribuido por arancel; Centro Nacional de Inteligencia; y Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se rige por sus normas específicas y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Estatuto. Su personal laboral se rige por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública

En desarrollo del Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral

El personal laboral de las Administraciones públicas se rige por la legislación laboral, por las demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan. Excepción: en los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se rige por el Estatuto, y no se le aplican las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre suspensiones del contrato de trabajo por esos mismos supuestos de hecho.

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en cuatro clases: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual.

Artículo 9. Funcionarios de carrera

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos de la ley de desarrollo de cada Administración.

Artículo 10. Funcionarios interinos

Interinos: nombrados por necesidad y urgencia justificadas por: vacantes (máximo tres años); sustitución transitoria (tiempo estrictamente necesario); programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses por ley de Función Pública); exceso o acumulación de tareas (nueve meses dentro de dieciocho). Selección pública, por igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Cese de oficio y sin compensación. A los tres años la vacante solo la ocupa un funcionario de carrera, salvo proceso desierto; el interino permanece si la convocatoria se publicó en esos tres años.

Artículo 11. Personal laboral

Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas; el contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de Función Pública fijarán los criterios para determinar los puestos que puede desempeñar, respetando el artículo 9.2. La selección es pública y se rige por igualdad, mérito y capacidad; en el laboral temporal, también por celeridad, para atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Artículo 12. Personal eventual

Personal eventual: nombrado con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial y cobra de créditos consignados para ese fin. Las leyes de Función Pública determinan qué órganos de gobierno pueden tenerlo; el número máximo lo fijan los respectivos órganos de gobierno; número y retribuciones son públicos. Nombramiento y cese libres; cesa en todo caso cuando cesa la autoridad a la que sirve. No es mérito para el acceso ni para la promoción interna. Se le aplica, en lo adecuado, el régimen de los funcionarios de carrera.

Artículo 13. Personal directivo profesional

El Gobierno y los órganos de gobierno autonómicos podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo y los criterios para determinar su condición. Principios: es directivo quien desarrolla funciones directivas profesionales definidas como tales en las normas de cada Administración; se designa por mérito, capacidad e idoneidad, con publicidad y concurrencia; se evalúa por eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados; sus condiciones de empleo no son materia de negociación colectiva; si es laboral, relación especial de alta dirección.

Artículo 103. Principios de actuación de la Administración pública

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a cinco principios —eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación— con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Y la ley regulará el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad.

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado

Enumera en 32 apartados las materias reservadas en exclusiva al Estado: relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, procesal, civil y laboral, Hacienda general, seguridad pública… El apartado 3 cierra el sistema: lo que la Constitución no atribuye al Estado puede asumirlo una Comunidad Autónoma por su Estatuto; lo que ninguna asuma queda para el Estado; y el derecho estatal es en todo caso supletorio del autonómico.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos autónomos, al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos autónomos y al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social. Pueden dictarse normas específicas para el personal docente e investigador, sanitario, de los servicios postales y de telecomunicación y el destinado en el extranjero. El apartado 3 enumera los preceptos que son bases aplicables a todas las Administraciones Públicas, y la Ley es supletoria para el personal no incluido en su ámbito.

Artículo 2. Dependencia orgánica

Todo el personal al servicio de la Administración del Estado a que se refiere el artículo anterior, con sus Cuerpos, Escalas, Categorías y Clases, tiene dependencia orgánica del Ministerio de la Presidencia. Esa dependencia orgánica se entiende sin perjuicio de la que funcionalmente tenga con cada Departamento.

Artículo 3. El Gobierno

El Gobierno dirige la política de personal y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de función pública de la Administración del Estado. En particular: establece directrices para los órganos con competencias de personal; da instrucciones para negociar con funcionarios y personal laboral; fija anualmente las normas del régimen retributivo; aprueba, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, los criterios de coordinación de las letras e) y f); y aprueba la oferta de empleo de la Administración del Estado y la estructura en grados de su personal.

Artículo 4. El Ministro de la Presidencia

Al Ministro de la Presidencia le compete el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del Gobierno en materia de personal de la Administración del Estado. En particular: propone al Gobierno el proyecto de Ley de Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos y demás normas de general aplicación a la Función Pública (si se refieren a funcionarios de régimen singular o especial, a iniciativa del Ministerio competente); impulsa los planes de mejora del rendimiento, la formación y la promoción; y cuida del cumplimiento de las normas de personal.

Artículo 5. El Ministro de Economía y Hacienda

El Ministro de Economía y Hacienda tiene dos cometidos: proponer al Gobierno, en el marco de la política general económica y presupuestaria, las directrices a que deben ajustarse los gastos de personal de la Administración del Estado, y autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificaciones en el gasto.

Artículo 6. El Consejo Superior de la Función Pública

El Consejo Superior de la Función Pública es el órgano superior colegiado de coordinación y consulta de la política de Función Pública y de participación del personal de las Administraciones Públicas. Informa en dos meses los anteproyectos de Ley de personal consultados por el Gobierno o los Consejos de Gobierno autonómicos, y las disposiciones o decisiones relevantes que consulten también las Corporaciones Locales a través de sus representantes. Debate y propone medidas a iniciativa de sus componentes. Sus deliberaciones y propuestas en ningún caso son vinculantes.

Artículo 7. Composición del Consejo Superior de la Función Pública

Integran el Consejo Superior de la Función Pública: por el Estado, el Ministro de la Presidencia (Presidente), el Secretario de Estado para la Administración Pública (Vicepresidente), el Secretario de Estado de Hacienda, los Subsecretarios de todos los Ministerios y el Secretario general del Consejo, nombrado por Real Decreto con categoría de Director general; un representante por cada Comunidad Autónoma (el miembro del Consejo de Gobierno con la dirección superior del personal); diecisiete de las Corporaciones Locales y diecisiete del personal. El Consejo elabora sus propias normas.

Artículo 8. La Comisión de Coordinación de la Función Pública

La Comisión de Coordinación de la Función Pública coordina la política de personal de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, para formar el plan de oferta de empleo público y proponer medidas de ejecución de las bases del régimen estatutario. La preside el Secretario de Estado para la Administración Pública y su Vicepresidente es el Secretario de Estado de Hacienda; incluye ocho representantes del Estado designados por el Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia y, por las Comunidades Autónomas, los titulares de los órganos directivos de personal.

Artículo 9. La Comisión Superior de Personal

La Comisión Superior de Personal se configura como un órgano colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración de la política de personal al servicio de la Administración del Estado. Ejerce las competencias y funciones que le atribuye la legislación vigente, y es el Gobierno quien, por Real Decreto, regula su composición y funciones.

Artículo 10. Los Delegados del Gobierno y los Gobernadores civiles

Los Delegados del Gobierno, respecto del personal destinado a los servicios periféricos de ámbito regional, y los Gobernadores civiles, respecto del destinado a los servicios periféricos provinciales, ejercen las competencias que la legislación vigente atribuye a los Subsecretarios y a los Directores generales sobre el personal de los servicios periféricos de la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos y de la Seguridad Social, sin perjuicio de la superior dirección que corresponde a los Departamentos ministeriales.

Artículo 11. Ordenación de la Función Pública de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas ordenan su Función Pública propia mediante Ley de sus respectivas Asambleas Legislativas. A estos efectos, y previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, agrupan a sus funcionarios propios en los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías que proceda, respetando en todo caso los grupos establecidos en el artículo 25 de la Ley.

Artículo 12. Regulación de la situación de los funcionarios transferidos

Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la Función Pública de estas, que respetarán el grupo del Cuerpo o Escala de procedencia y los derechos económicos inherentes al grado personal reconocido. Se garantiza la igualdad entre todos los funcionarios propios. En la Comunidad Autónoma están en servicio activo; en sus Cuerpos o Escalas de origen quedan en la situación especial de servicios en Comunidades Autónomas, que les permite mantener todos sus derechos como si se hallaran en activo, de acuerdo con los respectivos Estatutos de Autonomía.

Artículo 13. Los Registros administrativos de personal

En la Dirección General de la Función Pública existe un Registro Central donde se inscribe a todo el personal de la Administración del Estado y se anotan preceptivamente los actos de su vida administrativa; sus normas las aprueba el Gobierno. Comunidades Autónomas y Entidades Locales constituyen también Registros, y todos están coordinados. No pueden incluirse en nómina nuevas remuneraciones sin comunicar antes al Registro el acto que las reconoce. En la documentación individual no figuran datos de raza, religión u opinión, y el personal tiene libre acceso a su expediente.

Artículo 1

Define al funcionario de la Administración pública con tres notas: es una persona incorporada a ella por una relación de servicios profesionales, esos servicios son retribuidos y la relación está regulada por el Derecho administrativo.

Artículo 2

Los funcionarios de la Administración civil del Estado se rigen por esta Ley, sin perjuicio de las normas especiales aplicables en virtud de ella. Quedan excluidos: los de la Administración de Justicia (disposiciones especiales), los de los Organismos autónomos del artículo 82 de la Ley de 26 de diciembre de 1958 (su Estatuto) y los que no perciban sueldos o asignaciones con cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado. Para los demás funcionarios, sea cual sea su clase y Entidad, la Ley es supletoria.

Artículo 3

Los funcionarios que se rigen por esta Ley pueden ser de carrera o de empleo. Los de carrera se integran en Cuerpos generales y Cuerpos especiales. Los de empleo pueden ser eventuales o interinos.

Artículo 4

Son funcionarios de carrera quienes reúnen cuatro notas: nombramiento legal, desempeño de servicios de carácter permanente, figurar en las correspondientes plantillas y percibir sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 5

El apartado 1 está derogado. Son interinos quienes, por justificada necesidad y urgencia, con nombramiento legal y habiendo puestos dotados presupuestariamente, desarrollan funciones retribuidas mientras no puedan hacerlo funcionarios de carrera y sigan esas razones. Cesan si la plaza se provee por funcionario de carrera, se extingue la reserva del sustituido, se amortiza la plaza o la Administración considera que ya no hay necesidad o urgencia. Sus plazas van a la oferta de empleo público inmediatamente posterior al año de permanencia, salvo las de sustitución de funcionarios con reserva.

Artículo 6

Artículo 7

Son trabajadores al servicio de la Administración civil los contratados por ella con dicho carácter, de acuerdo con la legislación laboral, que les es plenamente aplicable. En todo caso, su admisión debe estar autorizada reglamentariamente.

Artículo 8

La competencia en materia de personal al servicio de la Administración Civil del Estado la ejercen: el Consejo de Ministros; el Presidente del Gobierno; el Ministro de Economía y Hacienda; los Ministros, Subsecretarios y Directores Generales; y la Comisión Superior de Personal. Las resoluciones relativas a personal que dicte cualquiera de ellos, en la esfera de su respectiva competencia, ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 9

La Comisión Superior de Personal, en la Presidencia del Gobierno, la preside el Ministro Subsecretario. Vocales natos: los Subsecretarios de los Ministerios civiles, los Directores generales del Tesoro y de Presupuestos, el Secretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno, el Presidente del Patronato y el Director del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Un Vicepresidente (tratamiento y retribución de Subsecretario), un Secretario general (de Director general) y tres Vocales Permanentes se designan por Decreto, a propuesta de la Presidencia del Gobierno.

Artículo 10

Para estudiar las cuestiones de la competencia de la Comisión Superior de Personal, el Presidente o, en su caso, el Vicepresidente pueden designar Ponencias de trabajo, que actúan bajo su presidencia y se componen de los Vocales que se determinen en cada caso y del Secretario general de la Comisión. A efectos de información y coordinación, la Comisión puede convocar a los Oficiales Mayores o Jefes de Secciones de Personal de los Departamentos ministeriales.

Artículo 11

Impone una obligación general: todos los Organismos y Dependencias de la Administración deben facilitar a la Comisión Superior de Personal cuantos antecedentes e informes sean precisos para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 12

En la Secretaría General de la Comisión Superior existe un Registro de personal al servicio de la Administración civil del Estado. La Autoridad que acuerde un nombramiento o contratación debe comunicarlo a esa Secretaría General, que inscribe al interesado y le notifica el número de inscripción. La inscripción es requisito indispensable para acreditar haberes. También se le comunican los nombres de los funcionarios civiles que cesen por cualquier causa. Las normas del Registro las dicta la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal.

Artículo 13

La competencia en materia de funcionarios públicos del Consejo de Ministros, del Presidente del Gobierno, de los Ministros, de los Subsecretarios y de los Directores generales se ejerce de acuerdo con las reglas de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y con las de los artículos siguientes.

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Compete a los Ministros la dirección, gobierno y régimen disciplinario del personal adscrito al Departamento y, en especial: convocar, previo informe de la Comisión Superior de Personal, las pruebas de ingreso en los Cuerpos especiales del Departamento; nombrar a los funcionarios de Cuerpos especiales, dando cuenta a dicha Comisión; aprobar las relaciones de funcionarios de esos Cuerpos; comunicar a la Presidencia del Gobierno las vacantes de Cuerpos generales en su Departamento; proveer las plazas de libre designación; y aprobar las comisiones de servicio con derecho a indemnizaciones.

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Al Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios le competen las tareas de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración civil del Estado, además de cuantas le confiere la presente Ley.

Artículo 23

Los Cuerpos Generales ejercen las funciones comunes a la actividad administrativa, salvo las plazas reservadas a otra clase de funcionarios. Son: Técnico (gestión, estudio y propuesta de nivel superior; enseñanza superior universitaria o técnica; plazas de mayor responsabilidad, para quienes tengan diploma de directivos), Administrativo (trámite y colaboración; Bachillerato superior o equivalente, o condiciones del artículo 31), Auxiliar (taquigrafía, mecanografía, cálculo sencillo; enseñanza media elemental) y Subalterno (vigilancia, custodia, porteo; certificado de enseñanza primaria).

Artículo 24

Son funcionarios de Cuerpos especiales los que ejercen actividades que constituyen el objeto de una peculiar carrera o profesión y los que tienen asignado ese carácter por las circunstancias de la función administrativa encomendada. Los nuevos Cuerpos especiales deben crearse por Ley. Se rigen por sus disposiciones específicas y por las normas de esta Ley referidas a ellos; en todo caso se les aplica el presente título, salvo la sección 2.ª de este capítulo, las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo II (excepto el artículo 34, que sí se aplica) y la sección 2.ª del capítulo V.

Artículo 2

Se inscriben en el Registro Central: a) el personal del artículo 1.1 de la Ley 30/1984; b) el de su disposición transitoria cuarta en puestos sanitarios de la Administración Civil del Estado; c) el resto del personal de la Administración del Estado con resolución de compatibilidad para un segundo puesto o actividad. La inscripción recoge nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento y número del Registro de Personal, y se hace una vez formalizado el nombramiento o contrato y, en su caso, la compatibilidad.

Artículo 3

El número del Registro de Personal se forma con el número del DNI, completado con ceros a la izquierda hasta ocho dígitos; después se añaden dos dígitos (uno de control y otro para evitar duplicaciones) y, a continuación, el código del cuerpo, escala, convenio y categoría de la persona inscrita.

Artículo 4

Respecto del personal inscrito de los apartados a) y b) del artículo 2.1 se anotan preceptivamente: para funcionarios, tomas de posesión, ceses, cambios de situación, adquisición y modificación del grado personal, reingresos, jubilaciones, pérdida de la condición de funcionario, antigüedad y trienios, compatibilidades, títulos y premios o sanciones; para personal laboral, altas, bajas temporales y definitivas, reingresos, cambios de destino, prórrogas de contrato, excedencia, situaciones, jubilaciones, antigüedad, categoría laboral, compatibilidades, títulos y premios o sanciones.

Artículo 15

Cada Administración Pública constituirá su propio Registro de Personal, en el que se inscribe todo su personal y se anotan los actos que afectan a su vida administrativa. Si las Entidades Locales no tienen capacidad financiera o técnica suficiente, cooperan a constituir sus Registros las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales, los Cabildos o los Consejos Insulares.

Artículo 16

Los contenidos mínimos que hacen homogéneos los Registros de Personal son los de los artículos 2 y 4.1 del Reglamento, y la estructura de los números de Registro de Personal se ajusta a su artículo 3. Todas las Administraciones Públicas usan los códigos, claves y formatos de soportes magnéticos de los anexos I y II del Reglamento.

Artículo 17

Los Registros de Personal informatizados deben dar acceso telemático al Registro Central para actualizar de forma interactiva los datos de los artículos 2 y 4.1. Si dificultades técnicas insalvables lo impiden, envían mensualmente una cinta magnética con las modificaciones, según el anexo II. Las Administraciones sin sistema informático remiten trimestralmente relaciones nominales con las modificaciones; las Corporaciones Locales lo hacen con los modelos del anexo III y a través de la Comunidad Autónoma.

Artículo 18

Todos los Registros de Personal deben organizar sus procedimientos de actuación de manera que la información que contienen pueda utilizarse de forma recíproca entre ellos.

Artículo 19

El Registro Central de Personal debe facilitar a las distintas Administraciones Públicas el acceso a las bases de datos a que se refieren los apartados a) y d) del artículo 11 del Reglamento.

Artículo 20

La Dirección General de la Función Pública, a través de sus unidades, presta el apoyo técnico que le pidan las demás Administraciones Públicas mientras instalan sus Registros de Personal.

Artículo 1. Naturaleza y fines del Registro Central de Personal

El Registro Central de Personal es el registro administrativo de la Administración General del Estado donde se inscribe el personal del artículo 5 y se anotan preceptivamente los actos de su vida administrativa. Fines: constancia registral de los expedientes personales u hojas de servicio (garantía para los interesados y ayuda a la gestión) e información de recursos humanos del sector público estatal para su planificación. Es registro único; los órganos de personal pueden tener sistemas complementarios de información coherentes con él.

Artículo 2. Funciones del Registro Central de Personal

El Registro Central de Personal tiene cinco funciones: inscribir y anotar los actos administrativos de su personal; actuar para que los órganos de ordenación, planificación y gestión de los recursos humanos del sector público estatal tengan la información necesaria; coordinarse con los Registros de Personal de las restantes Administraciones; desarrollar la gestión informática de su Sistema de Información, e impulsar procesos informáticos de ayuda a la gestión de recursos humanos.

Artículo 3. Organización del Registro Central de Personal

El Registro se integra en el Ministerio de Administraciones Públicas a través de la Dirección General que fije su Real Decreto de estructura, que también determina el órgano titular de su jefatura. Actúa con una oficina central y oficinas delegadas, que existirán en todos los Departamentos ministeriales y en los organismos en que el volumen o complejidad del trabajo lo aconsejen. Ministerios y organismos aportan medios y personal. Las delegadas actúan bajo supervisión del Registro y sus jefes dependen funcionalmente, en todo caso, de su jefatura.

Artículo 4. Soporte informatizado al Registro Central de Personal

El sistema de información del Registro tiene, en todo caso, tres subsistemas: base de datos de expedientes personales; de gestión de recursos humanos (une estructuras orgánicas, relaciones de puestos, catálogos y plazas con los expedientes de los inscritos), y de información sobre recursos humanos del sector público. Garantiza medios técnicos para asientos y consultas electrónicas, certificaciones fieles a los expedientes y a los originales, consulta de tablas y formatos, información a los órganos de planificación y cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999.

Artículo 5. Ámbito registral

Se inscriben: el personal del artículo 1.1 de la Ley 30/1984; los demás funcionarios y el personal de su disposición transitoria cuarta cuando ocupen puestos de relaciones de puestos de funcionarios de la Administración del Estado y sus organismos; y el resto regido por esa Ley por su normativa específica. También los Cuerpos Docentes Universitarios estatales, mientras no exista su registro específico. El personal no dependiente de la Administración del Estado podrá inscribirse si se acuerda en convenios entre el Ministerio de Administraciones Públicas y su Administración.

Artículo 6. Delegación de competencias del Registro Central de Personal

La jefatura del Registro Central de Personal puede delegar la realización de inscripciones y anotaciones en los órganos competentes en materia de personal de los Ministerios u organismos. Al hacerlo, debe establecer las medidas necesarias para que se pueda aplicar el procedimiento para la práctica de asientos que fija el Reglamento.

Artículo 7. Documentos registrales

El Secretario de Estado para la Administración Pública aprueba los formatos normalizados de los documentos registrales. Recogen los datos personales, administrativos y de destino, la fecha de formalización del acto, la fecha o condición de inicio y el plazo o condición de fin de sus efectos, la fecha de publicación en el BOE si procede y demás datos precisos. Pueden ser informáticos con firma electrónica, transmitirse telemáticamente y conservarse en soporte óptico, magnético o electrónico, con garantías de integridad, inalterabilidad e identidad.

Artículo 8. El número de registro de personal

La estructura del número de registro de personal es la del artículo 3 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1405/1986. El número lo asigna el Registro Central de Personal antes de la inscripción e identifica la relación entre una persona y la Administración. Una misma persona tendrá tantos números de registro de personal como nombramientos como funcionario de Cuerpos o Escalas o personal eventual haya tenido, o contratos laborales haya suscrito.

Artículo 9. El número de identificación personal

El Registro asigna un número de identificación personal, basado en el DNI si inscribe a españoles, igual toda la vida administrativa: solo se modifica para corregir errores materiales, no se repite ni se reutiliza. Quien se inscribió sin DNI, por carecer de él, conserva el de su primera inscripción y debe indicarlo antes de nuevos contratos o nombramientos. Si un órgano gestor detecta varios números para una persona, lo comunica de inmediato y el Registro anula de oficio los inválidos. El fraude o no indicar el número pueden generar responsabilidad.

Artículo 10. Asientos registrales

Hay dos tipos de asientos: inscripciones, que registran el establecimiento de una relación laboral o funcionarial con la Administración, y anotaciones, que registran actos, resoluciones y otros datos de los inscritos; estas son ordinarias, provisionales o marginales. El asiento no presupone ni condiciona la eficacia constitutiva del acto ni convalida contenidos ilícitos o irregulares. Debe justificarse la previa comunicación al Registro de los actos con efectos en nómina, según las instrucciones de los Ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas.

Artículo 11. Procedimiento para la práctica de los asientos

Los actos llegan al Registro por comunicación del órgano competente, sin ella en los casos de los artículos 13.6 y 14.1, o por el interesado al ejercer sus derechos de rectificación y cancelación. El órgano comunica en tres días como máximo desde que dicta o conoce el acto y el Registro asienta en tres días desde la recepción. No comunicar puede generar responsabilidad disciplinaria. Ante posibles vicios de nulidad o anulabilidad, avisa a la Dirección General correspondiente; los documentos no normalizados o indeterminables los devuelve sin registrar.

Artículo 12. Inscripciones registrales

Se inscriben los nombramientos de funcionarios de carrera, en prácticas, interinos y eventuales, las integraciones en otros Cuerpos o Escalas y los contratos laborales. Para funcionarios de carrera del Estado, el órgano de personal comunica los datos antes de formalizar el nombramiento; el Registro asigna los números (el de identificación, si es la primera inscripción) y los traslada de inmediato, e inscribe cuando se le comunica el nombramiento formalizado. Al resto pueden asignárseles tras comunicarse la formalización. Luego confecciona títulos administrativos y hojas de servicio.

Artículo 13. Anotaciones registrales ordinarias

Se anotan, para funcionarios y eventuales, actos como tomas de posesión, ceses, cambios de situación, grados, jubilaciones, trienios, compatibilidades, cursos, sanciones o sentencias firmes; y, para laborales, incorporaciones, bajas temporales, cambios de destino o categoría, prórrogas o fin del contrato. También lo que fijen las normas o la Secretaría de Estado para la Administración Pública; su Secretario de Estado determina qué títulos, diplomas y cursos se anotan. El Registro anota de oficio lo que se derive con certeza de asientos previos.

Artículo 14. Anotaciones provisionales

Pueden anotarse provisionalmente actos del artículo 13.1 aún no comunicados que sean necesarios para la coherencia con los datos registrados y con nuevos actos comunicados, y los comunicados con defectos no previstos en el artículo 11.7 si su contenido es cierto y coherente. No surten los efectos del artículo 13.4 de la Ley 30/1984. Con la comunicación formal o la comprobación pasan a ordinarias. Duran noventa días naturales; sin comunicación, el Registro la requiere y prorroga otros noventa; si tampoco llega, se cancelan.

Artículo 15. Anotaciones marginales

El Registro Central de Personal puede hacer anotaciones marginales que amplíen, aclaren, detallen o documenten otros asientos, para mejorar la calidad e integridad de la información. También puede hacerlas sobre inscripciones o anotaciones afectadas por otras posteriores correspondientes a actos o resoluciones con efectos retroactivos, para señalar esa circunstancia.

Artículo 16. Cancelación, sustitución y modificación de asientos

Se cancelan los asientos en los casos del Reglamento o cuando el acto se anula por la Administración o por sentencia firme, mediante una anotación marginal referida al asiento cancelado. Sustituir es cancelar y anotar a continuación el nuevo asiento. Solo pueden instarlo el órgano que dictó el acto o el Registro en los casos previstos. Los interesados pueden ejercer sus derechos de cancelación y rectificación. Solo se modifican asientos para subsanar errores materiales, de hecho o aritméticos, con anotaciones marginales que describen la corrección.

Artículo 17. Anotaciones relativas a la ocupación de puestos o plazas

Se comunican al Registro los cambios en las relaciones de puestos; las modificaciones de puestos ocupados se anotan en los expedientes de sus ocupantes. Si se suprimen puestos, los efectos se comunican en el plazo de tres días del artículo 11.2 y el Registro mantiene los puestos ocupados hasta que se comuniquen los ceses. Tras una reestructuración, la nueva adscripción se comunica en todo caso en dos meses. Las tomas de posesión de titulares de órganos directivos creados por Real Decreto se anotan aunque no estén aprobados los puestos.

Artículo 18. Expedientes personales, certificaciones y derecho de acceso

El expediente personal u hoja de servicios es el conjunto de asientos del Registro relativos a una persona; deben corresponderse con lo comunicado y no pueden incluir los datos del artículo 7, apartados 2 y 3, de la Ley Orgánica 15/1999. El Jefe del Registro expide certificaciones a los interesados que las pidan, que ejercen el derecho de acceso en la oficina central o en las delegadas. Los órganos de personal de la Administración del Estado pueden consultar, pedir datos, acceder a expedientes y obtener certificaciones en ejercicio de sus competencias.

Artículo 19. Coordinación con otros sistemas de información en materia de recursos humanos de la Administración General del Estado

Los sistemas de información de recursos humanos de la Administración General del Estado deben facilitar el acceso al Registro Central de Personal para realizar las consultas y transferencias de información necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 20. Ámbito y naturaleza de la información

En cumplimiento de la disposición final cuarta de la Ley 13/1996, el Registro Central de Personal dispondrá de la información necesaria para conocer los recursos humanos del sector público estatal y su evolución. Esa información no contiene datos de personas identificadas o identificables y recoge periódicamente el número de efectivos, su distribución, su coste, la procedencia de las altas, la causa de las bajas y otros indicadores precisos para esos fines.

Artículo 21. Obtención de la información

El Registro obtiene la información del artículo 20 de sus propios datos para el personal inscrito, completados si hace falta con información de los órganos gestores, y mediante remisiones trimestrales de los órganos de recursos humanos de Ministerios, organismos y entidades del sector público estatal para el no inscrito. El Registro fija formatos, contenidos, soportes y medios de esas remisiones, y los remitentes responden de su exactitud. El Ministerio de Administraciones Públicas puede convenir con otras Administraciones el intercambio de información.

Artículo 22. Destinatarios de la información

El Registro Central de Personal pone la información sobre recursos humanos a disposición de los órganos responsables del análisis y seguimiento de la evolución de los recursos humanos y su coste, para sus fines, y especialmente de la Comisión Interministerial de Recursos Humanos del Sector Público Estatal, creada en la disposición final cuarta de la Ley 13/1996.

Artículo 1

El artículo 1 fija el objeto del Real Decreto: las competencias en materia de administración del personal de la Administración del Estado, a que se refiere el artículo 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se ejercerán de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto.

Artículo 2

El Gobierno dirige la política de personal y tiene la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en función pública del Estado. En particular: fija directrices; da instrucciones a sus representantes en la negociación con los sindicatos de funcionarios y valida los acuerdos con aprobación expresa y formal (y fija las condiciones si no hay acuerdo); instruye la negociación con el personal laboral; fija anualmente las normas retributivas; aprueba la oferta de empleo del Estado, la estructura en grados y, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, criterios de coordinación.

Artículo 3

El Ministro de la Presidencia propone al Gobierno, en relación con el personal funcionario, 22 materias: normas generales de función pública, la Oferta de Empleo Público, la estructura en grados, el Registro Central de Personal, la separación del servicio (previo expediente disciplinario y a iniciativa del Departamento), la unificación de Cuerpos y Escalas de igual grupo con funciones sustancialmente coincidentes, su declaración a extinguir y las pruebas y concursos unitarios, entre otras. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 4

Competencias propias del Ministro de la Presidencia: desarrollo general, coordinación y control de la política de personal del Gobierno; planes para mejorar el rendimiento del personal; velar por el cumplimiento de las normas generales e inspeccionar al personal de su dependencia orgánica; aprobar las relaciones de puestos de trabajo, a propuesta de los Ministerios correspondientes; fijar requisitos y pruebas de acceso a grupo superior; gestionar los regímenes especiales de Seguridad Social de los funcionarios. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 5

Al Ministro de Economía y Hacienda le corresponden dos cosas: proponer al Gobierno, en el marco de la política general económica y presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración del Estado, y autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificaciones en el gasto. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 6

Al Secretario de Estado para la Administración Pública le corresponden, respecto del personal funcionario: impulsar y dirigir el régimen jurídico e inspección de la Función Pública; nombrar a los funcionarios de carrera y expedir sus títulos administrativos; aprobar las bases de los concursos de provisión de puestos; desarrollar y ejecutar los acuerdos del Gobierno sobre racionalización de Cuerpos y Escalas; dirigir los cursos de selección, formación y perfeccionamiento. Los apartados 2, 7 y 8 están derogados. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 7

Al Director general de la Función Pública le corresponde el control de las propuestas de inscripciones en el Registro Central de Personal y, además, cuantas otras competencias le correspondan según la legislación vigente y todos los actos de gestión y administración no atribuidos a los Departamentos ministeriales. Los apartados 2 y 3 están derogados. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 8

A los Departamentos ministeriales, respecto de los funcionarios de los Cuerpos o Escalas adscritos a ellos, les corresponde informar la adscripción concreta de los Cuerpos o Escalas que estén bajo su dependencia (apartados 2 a 4 derogados). Esa competencia la ejerce el Subsecretario de cada Departamento y, para los Cuerpos y Escalas del Ministerio de la Presidencia dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, el Director general de la Función Pública. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984. Vigencia: el último párrafo está derogado en cuanto se oponga al Real Decreto 1084/1990.

Artículo 9

Los Ministros (respecto de los funcionarios de su Departamento) y los Secretarios de Estado (respecto de los destinados en sus Unidades) tienen seis competencias: proveer los puestos de libre designación, previa convocatoria pública; convocar y resolver los concursos de provisión con las bases aprobadas según el artículo 6.4; ejercer la potestad disciplinaria salvo la separación del servicio; proponer la relación de puestos de trabajo; otorgar premios o recompensas, y designar a los representantes del Departamento en las Comisiones de análisis de los programas alternativos de gasto.

Artículo 10

Los Subsecretarios, como superiores directores de todos los funcionarios de su Ministerio, ejercen la jefatura e inspección de personal; reconocen la adquisición y cambio de grados personales; declaran las situaciones de servicios especiales y de servicio en Comunidades Autónomas; acuerdan la comisión de servicios que suponga cambio de localidad; autorizan la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento, y realizan todos los actos de administración y gestión ordinaria del personal no atribuidos a otros órganos en el Real Decreto.

Artículo 11

Los Subsecretarios (servicios centrales del Ministerio, sus Organismos Autónomos y entidades dependientes), los Delegados del Gobierno (periféricos regionales) y los Gobernadores civiles (periféricos provinciales) acuerdan: comisiones de servicios de menos de seis meses sin cambio de Ministerio ni localidad; posesión y cese; jubilaciones forzosas y por incapacidad física; propuesta e informe de compatibilidades; permisos y licencias; trienios; excedencias voluntarias no por interés particular, y desempeño provisional (en Servicios Centrales de Organismos Autónomos, sus Directores).

Artículo 12

Sobre el personal laboral, el Ministerio de la Presidencia ejerce la coordinación y el control de carácter general; propone al Gobierno la oferta de empleo público y las medidas de racionalización de plantillas; establece los criterios generales de selección, y determina qué puestos de las relaciones de puestos de trabajo debe desempeñar personal laboral. Todas las demás competencias las ejercen los Subsecretarios de los Departamentos en que presta servicios ese personal. Vigencia: los apartados 3 y 4 están derogados parcialmente por el Real Decreto 1275/1990.

Artículo 13

El nombramiento y el cese del personal eventual corresponden a los Ministros y a los Secretarios de Estado. El artículo no reparte ninguna otra competencia sobre este personal: solo fija quién lo nombra y quién lo cesa, y atribuye ambas decisiones a los mismos dos órganos, sin intervención de los Subsecretarios ni de otros órganos.