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Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI

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Art. 1ObjetoLa Ley tiene por finalidad garantizar y promover la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y de sus familias. Para ello fija principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas contra toda forma de discriminación en los ámbitos público y privado. Además regula el procedimiento y requisitos de la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre, sus efectos y las medidas derivadas.
Art. 2Ámbito de aplicaciónLa Ley se aplica a toda persona física o jurídica, pública o privada, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa, en los términos y con el alcance que prevén la propia ley y el resto del ordenamiento jurídico.
Art. 3DefinicionesDefine los conceptos de la ley: discriminación directa (incluye denegar ajustes razonables a personas con discapacidad), indirecta, múltiple (dos o más causas, simultáneas o consecutivas, de esta ley y/o de la Ley 15/2022), interseccional (causas que interactúan creando una discriminación específica), acoso discriminatorio, por asociación y por error, medidas de acción positiva, intersexualidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, persona trans, familia LGTBI, LGTBIfobia, homofobia, bifobia, transfobia e inducción a discriminar.
Art. 4Deber de protecciónLos poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, deben desarrollar todas las medidas necesarias para reconocer, garantizar, proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
Art. 5Reconocimiento y apoyo institucionalLos poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para poner en valor la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales y la diversidad familiar, contribuyendo a la visibilidad, igualdad, no discriminación y participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos. Además, fomentarán el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.
Art. 6Divulgación y sensibilizaciónLos poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, promoverán campañas de sensibilización, divulgación y fomento del respeto a la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales y diversidad familiar. Esas campañas se dirigen a toda la sociedad y, en especial, a los ámbitos donde la discriminación afecte a sectores de población más vulnerables.
Art. 7Estadísticas y estudiosLos poderes públicos impulsarán estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI. Sus estudios, memorias o estadísticas sobre discriminación LGTBI incluirán indicadores y procedimientos para conocer causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos, con datos desglosados por causas discriminatorias de la ley siempre que sea posible. Los responsables del tratamiento cumplirán el RGPD, la LO 3/2018 y, en su caso, la LO 7/2021, garantizando seguridad y confidencialidad y, cuando proceda, anonimizando o seudonimizando los datos.
Art. 8Colaboración entre Administraciones públicasLa Administración General del Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las Entidades Locales cooperarán para integrar, en el ejercicio de sus competencias y en especial en sus instrumentos de planificación, la igualdad de trato y no discriminación por las causas de esta ley. En el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad se adoptarán planes y programas conjuntos de actuación con esa finalidad.
Art. 9Consejo de Participación de las Personas LGTBIEl Consejo de Participación de las Personas LGTBI es el órgano de participación ciudadana en derechos y libertades LGTBI, para institucionalizar la colaboración y el diálogo entre Administraciones y sociedad civil. Es un órgano colegiado del artículo 22.3 de la Ley 40/2015 y depende del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Presenta una memoria semestral de actividad, que su presidenta remite a las Cortes Generales para su examen por las Comisiones de Igualdad del Congreso y del Senado.
Art. 10Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBILa Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI es el instrumento principal de colaboración territorial. La elabora el Ministerio de Igualdad con participación de ministerios, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y organizaciones sociales; la aprueba el Consejo de Ministros, previo informe favorable de la Conferencia Sectorial de Igualdad. Es cuatrienal, se evalúa al término o ante circunstancias sobrevenidas y su ejecución se recoge en un informe anual. Atiende en especial a las discriminaciones múltiples e interseccionales.
Art. 11Empleo públicoLas Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a todo su personal los derechos de esta ley e implantarán medidas de promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y en la carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales conforme a la normativa aplicable.
Art. 12Formación del personal al servicio de las Administraciones públicasLas Administraciones públicas seguirán impartiendo formación inicial y continuada a su personal sobre diversidad sexual, de género y familiar e igualdad LGTBI, con especial atención al personal de salud, educación, juventud, mayores, familias, servicios sociales, empleo, justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, diplomacia, ocio, cultura, deporte y comunicación. Además, incluirán en los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación LGTBI.
Art. 13Documentación administrativaLas Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios se adecuen a la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y a la diversidad familiar.
Art. 14Igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI en el ámbito laboralLas Administraciones públicas tendrán en cuenta en sus políticas de empleo el derecho a no ser discriminado por las causas de la ley. Para ello: promoverán la igualdad en acceso al empleo, afiliación sindical, condiciones de trabajo y promoción; la promoverán en la formación profesional; apoyarán campañas de los agentes sociales; fomentarán indicadores de igualdad y un distintivo para empresas destacadas; impulsarán cláusulas en convenios; velarán por su cumplimiento mediante la Inspección de Trabajo; y promoverán medidas en subvenciones de empleo, códigos éticos y protocolos.
Art. 15Igualdad y no discriminación LGTBI en las empresasLas empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deben contar, en doce meses desde la entrada en vigor de la ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para la igualdad real y efectiva LGTBI que incluya un protocolo frente al acoso o la violencia contra personas LGTBI. Las medidas se pactan en negociación colectiva con la representación legal de los trabajadores y se desarrollarán reglamentariamente. El Consejo de Participación recopilará y difundirá las buenas prácticas empresariales.
Art. 16Protección y promoción de la salud de las personas LGTBILas Administraciones públicas harán que sus políticas sanitarias incorporen las necesidades de las personas LGTBI, promoverán su participación a través de sus organizaciones, impulsarán la investigación de sus necesidades sanitarias, orientarán la formación del personal sanitario y aprobarán protocolos para detectar y comunicar la violencia discriminatoria. En la cartera común del SNS, se garantiza el acceso a la reproducción humana asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja en igualdad con el resto de mujeres, y a personas trans con capacidad de gestar.
Art. 17Prohibición de terapias de conversiónSe prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas. La prohibición se aplica incluso si la persona interesada o su representante legal dan su consentimiento.
Art. 18Educación sexual y reproductivaLas campañas de educación sexual y reproductiva y de prevención y detección precoz de infecciones de transmisión sexual tendrán en cuenta las necesidades de las personas LGTBI, sin estigmatizar ni discriminar. Las Administraciones públicas promoverán programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de ITS, con especial consideración al VIH, y campañas de desestigmatización de personas con VIH. También se harán campañas de información de profilaxis, especialmente entre la población juvenil.
Art. 19Atención a la salud integral de las personas intersexualesLa atención sanitaria a personas intersexuales se rige por los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación, con respeto a su intimidad. Se prohíben las modificaciones genitales en menores de doce años, salvo indicación médica para proteger su salud; entre doce y dieciséis años, solo a solicitud del menor si puede consentir de forma informada. Hay protocolos, acceso garantizado a la congelación de tejido gonadal y células reproductivas y formación sanitaria.
Art. 20Diversidad LGTBI en el ámbito educativoEl Gobierno incluirá en los aspectos básicos del currículo la igualdad de trato y no discriminación y el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar LGTBI. Previa consulta a las comunidades autónomas, incluirá esos contenidos como uno de los aspectos que podrá tratarse de manera específica en las pruebas selectivas de los cuerpos docentes; se incluirán también en los proyectos de dirección de los centros públicos. Administraciones educativas y universidades impulsarán su introducción en los títulos que habilitan para profesiones docentes, sanitarias y jurídicas.
Art. 21Deberes de las Administraciones educativasLas Administraciones educativas colaborarán con los centros para fomentar el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar; promoverán que los proyectos educativos y las normas de organización, funcionamiento y convivencia apliquen protocolos de prevención del acoso y ciberacoso escolar que tengan en cuenta el acoso por LGTBIfobia; e impulsarán planes de coeducación y diversidad que incluyan la formación del profesorado. Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento de los principios y valores de la ley.
Art. 22Formación en el ámbito docente y educativoEl Gobierno y las Administraciones educativas, en sus competencias de formación inicial y continua del profesorado, incorporarán contenidos sobre diversidad sexual, de género y familiar LGTBI para capacitarlo en: fomentar el respeto de derechos y la igualdad de trato; detectar precozmente indicadores de maltrato familiar por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales; conocer el acoso y la violencia escolar, con especial atención al ciberacoso; y aplicar los protocolos del artículo 34 de la LO 8/2021.
Art. 23Material didáctico respetuoso con la diversidad LGTBILas Administraciones educativas fomentarán el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar en los materiales escolares y la introducción en ellos de referentes positivos LGTBI, de manera natural, respetuosa y transversal, en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias y edades.
Art. 24Programas de información en el ámbito educativoLas Administraciones educativas promoverán programas de información para alumnado, familias y personal de los centros, con el fin de divulgar las distintas realidades sexo-afectivas y familiares y combatir la discriminación de las personas LGTBI y sus familias, con especial atención a la realidad de las personas trans e intersexuales. Se fomentará que estos programas se hagan en colaboración con las organizaciones representativas LGTBI y con la Comunidad Educativa.
Art. 25Medidas en el ámbito de la cultura y el ocioEn cultura y ocio, las Administraciones públicas adoptarán medidas para garantizar la igualdad de trato LGTBI, visibilizar y tratar con respeto la diversidad sexual y familiar, fomentar la correcta aplicación del derecho de admisión para que el acceso, la permanencia y el uso de servicios en establecimientos abiertos al público nunca se restrinjan por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, e impulsar fondos documentales de temática LGTBI.
Art. 26Deporte, actividad física y educación deportivaLas Administraciones públicas, en el marco de la Ley 19/2007, promoverán que el deporte y la actividad física respeten la igualdad y no discriminación LGTBI para erradicar la homofobia, bifobia y transfobia, mediante medidas en normas de competición, compromisos de clubes y federaciones, prevención de actos LGTBIfóbicos, planes y campañas y formación de profesionales. El Consejo Superior de Deportes promocionará la inclusión y el respeto a la diversidad. En el deporte federado se aplica su normativa específica, incluida la antidopaje, para evitar ventajas competitivas contrarias a la igualdad.
Art. 27Igualdad de trato y no discriminación en la publicidad y en los medios de comunicación socialTodos los medios de comunicación social respetarán la igualdad de trato de las personas LGTBI, sin discriminar en la información, los contenidos y la programación. Los poderes públicos fomentarán la sensibilización y el respeto a la diversidad en los medios de titularidad pública y en los que perciban subvenciones públicas, y adoptarán medidas para eliminar contenidos que puedan incitar al odio, la discriminación o la violencia contra las personas LGTBI o sus familiares.
Art. 28Promoción de la adopción de acuerdos de autorregulaciónLas Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán que los medios de comunicación social adopten acuerdos de autorregulación para contribuir a la concienciación, divulgación y transmisión del respeto a la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar de las personas LGTBI.
Art. 29Medidas de protección contra el ciberacosoLas Administraciones públicas adoptarán medidas para prevenir y erradicar el ciberacoso por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y para sensibilizar sobre él, sin perjuicio de sus consecuencias penales y con especial atención al ciberacoso en redes sociales a menores y jóvenes LGTBI. Los servicios públicos de protección y de ciberseguridad harán campañas de concienciación y protocolos especiales de atención para los casos de ciberacoso a menores y jóvenes LGTBI.
Art. 30Protección frente a la discriminación de las familias LGTBILas Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, promoverán políticas activas de equiparación de derechos, de apoyo, de sensibilización y de visibilización de la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar de las personas LGTBI.
Art. 31Personas menores de edad en familias LGTBISe fomentará el respeto, la protección y la no discriminación de los menores que vivan en una familia LGTBI, en defensa del interés superior del menor según el artículo 2.2.d) de la LO 1/1996. Las Administraciones competentes en protección de menores garantizarán, teniendo en cuenta la diversidad familiar y conforme a la normativa vigente, que no haya discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales al valorar la idoneidad o adecuación en los procesos de adopción y acogimiento, atendiendo siempre al interés superior del menor.
Art. 32Integración familiar y social de personas menores de edad y jóvenes LGTBILas Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán actuaciones eficaces para lograr la integración familiar y social de las personas menores de edad y jóvenes LGTBI, y velarán por que reciban la protección y atención necesarias para promover su desarrollo integral.
Art. 33Formación, información, asesoramiento y apoyoLas Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán: programas y acciones de formación y respeto a la diversidad LGTBI dirigidos a jóvenes y a quienes trabajan en el ámbito de la infancia, las familias y la juventud; programas de información, asesoramiento y apoyo a jóvenes LGTBI; y programas de sensibilización, orientación, formación y apoyo dirigidos a familias con menores de edad y jóvenes LGTBI.
Art. 34Instituto de la Juventud O.AEn la Administración General del Estado, el Instituto de la Juventud, O.A., impulsa programas y actuaciones de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI dirigidos a personas jóvenes y a quienes trabajan en el ámbito de la juventud, y difunde buenas prácticas. Fomenta la igualdad de los jóvenes LGTBI promoviendo el asociacionismo juvenil. Los cursos para personas mediadoras, monitoras y formadoras juveniles incluirán formación sobre orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.
Art. 35Adopción y acogimiento familiarSe garantiza, conforme a la normativa vigente, que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar no haya discriminación por las causas establecidas en la ley. En los centros de menores se trabajará la diversidad familiar para que los menores susceptibles de ser adoptados o acogidos conozcan la diversidad familiar por razón de diversidad sexual e identidad de género.
Art. 36Acción exteriorEl Gobierno defenderá en los foros internacionales, en el marco de la Estrategia de Acción Exterior, la igualdad de trato y la lucha contra la violencia y la discriminación LGTBI, e impulsará proyectos en países donde se nieguen estos derechos. Los consulados asistirán a las personas LGTBI españolas de su demarcación. Podrán celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo si al menos uno de los contrayentes es español, al menos uno está domiciliado en la demarcación y el Estado receptor no se opone expresamente.
Art. 37Familias del personal LGTBI del servicio exteriorLa Administración General del Estado vela por los derechos, la seguridad y la integridad de las familias del personal LGTBI destinado en el Servicio Exterior. El Gobierno velará por que los tratados sobre actividades profesionales remuneradas de familiares del personal del servicio exterior no discriminen a cónyuges o parejas de hecho del mismo sexo; esa consideración se hará siempre conforme al ordenamiento jurídico español. Ninguna persona que trabaje en el extranjero en nombre de la Administración, ni sus familiares, debe sufrir trato LGTBIfóbico.
Art. 38Protección internacionalEl personal público que intervenga en el procedimiento o la acogida de solicitantes de protección internacional LGTBI recibirá formación para un trato no discriminatorio; las entrevistas las hará personal cualificado. No pueden usarse medios para probar la orientación o identidad sexual que vulneren derechos fundamentales. En la acogida habrá mecanismos para detectar vulnerabilidades y denunciar incidentes, y se aplica sin discriminación la unidad familiar. El Ministerio del Interior publicará cada año cuántas personas han sido reconocidas como refugiadas por estos motivos.
Art. 39Igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI en el medio ruralLas Administraciones públicas, en su ámbito de competencias, actuarán para garantizar en el ámbito rural: el respeto, la promoción y la visibilidad de la diversidad sexual, de género y familiar; la igualdad efectiva en el acceso a recursos y servicios LGTBI en las mismas condiciones que en entornos urbanos; y la participación de las organizaciones LGTBI que trabajan en él. En sus políticas atenderán la discriminación múltiple e interseccional que sufren en el medio rural menores, jóvenes, mayores, personas con discapacidad y, transversalmente, mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
Art. 40Cooperación entre administracionesEn el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad se promoverá: adaptar al medio rural los contenidos de la ley; adecuar a las circunstancias del medio rural las medidas de prevención de la violencia y de las acciones discriminatorias por LGTBIfobia o pertenencia a familias LGTBI; y crear, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad para colaborar con las administraciones locales en campañas y generar recursos materiales y personales.
Art. 41Visibilización de las personas LGTBI en el medio ruralLas Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán dos tipos de campañas adaptadas al medio rural: campañas sobre visibilidad LGTBI en las zonas rurales y campañas de prevención de la violencia y la discriminación hacia las personas LGTBI adaptadas al medio rural.
Art. 42Promoción del turismo LGTBILas Administraciones públicas, en su ámbito de competencias, promoverán un turismo diverso e inclusivo que visibilice a las personas LGTBI como agentes o sujetos de la actividad turística, con especial énfasis en el medio rural; adoptarán medidas para fomentar y apoyar el turismo orientado al público LGTBI y a sus familiares; e incluirán el turismo LGTBI en los planes y proyectos de planificación, promoción y fomento del turismo, tanto en los planes parciales como en sus programas de actuación estratégicos.
Art. 52Estrategia estatal para la inclusión social de las personas transLa Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans es el instrumento principal de las políticas del título en la AGE. Es cuatrienal; la elabora, sigue y evalúa el Ministerio de Igualdad, con participación de departamentos y organizaciones sociales, y la aprueba el Consejo de Ministros. Prioriza acciones positivas en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de vivienda, con estudios e indicadores. Igualdad eleva al Gobierno un informe intermedio a los dos años de su aprobación y uno final al acabar su vigencia, de los que se da cuenta a las Cortes Generales.
Art. 53Participación de las personas transLas Administraciones públicas, en su ámbito de competencias, adoptarán medidas para: a) fomentar la participación de las personas trans en el diseño e implementación de las políticas que les afecten, a través de las organizaciones sociales que incluyan entre sus objetivos la defensa de sus derechos; y b) apoyar a esas organizaciones sociales.
Art. 54Fomento del empleo de las personas transEl Ministerio de Trabajo y Economía Social, teniendo en cuenta las líneas de actuación de la Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans, diseñará medidas de acción positiva para mejorar la empleabilidad de las personas trans y planes específicos de fomento de su empleo. Al elaborarlos se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trans.
Art. 55Integración sociolaboral de las personas transLas Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para impulsar la integración sociolaboral de las personas trans. Entre otras, podrán: desarrollar estrategias y campañas de concienciación laboral; implementar medidas para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan su integración e inserción laboral; monitorizar su situación laboral en su territorio; y adoptar subvenciones para contratar a personas trans desempleadas. Los planes de igualdad y no discriminación incluirán expresamente a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans.