Tema 13 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

Artículo 1. Objeto

El Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito y determinar las normas aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas. Refleja además doce fundamentos de actuación, de la a) a la l): entre ellos, servicio a los ciudadanos, igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la promoción, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, transparencia, jerarquía y negociación colectiva. La objetividad, profesionalidad e imparcialidad se garantizan con la inamovilidad del funcionario de carrera.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al laboral de: la Administración General del Estado; las Administraciones de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla; las entidades locales; los organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculadas o dependientes; y las Universidades Públicas. Para el personal de investigación caben normas singulares. Docentes y estatutarios de los Servicios de Salud se rigen por legislación específica estatal y autonómica y por el Estatuto, con excepciones. Es supletorio para el personal no incluido.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales

El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación autonómica, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Personal con legislación específica propia

El Estatuto solo se aplica directamente, cuando lo disponga su legislación específica, a ocho colectivos: funcionarios de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas autonómicas; funcionarios de los demás Órganos Constitucionales y de los órganos estatutarios autonómicos; Jueces, Magistrados, Fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia; militares de las Fuerzas Armadas; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; personal retribuido por arancel; Centro Nacional de Inteligencia; y Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se rige por sus normas específicas y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Estatuto. Su personal laboral se rige por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública

En desarrollo del Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral

El personal laboral de las Administraciones públicas se rige por la legislación laboral, por las demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan. Excepción: en los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se rige por el Estatuto, y no se le aplican las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre suspensiones del contrato de trabajo por esos mismos supuestos de hecho.

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en cuatro clases: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual.

Artículo 9. Funcionarios de carrera

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos de la ley de desarrollo de cada Administración.

Artículo 10. Funcionarios interinos

Interinos: nombrados por necesidad y urgencia justificadas por: vacantes (máximo tres años); sustitución transitoria (tiempo estrictamente necesario); programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses por ley de Función Pública); exceso o acumulación de tareas (nueve meses dentro de dieciocho). Selección pública, por igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Cese de oficio y sin compensación. A los tres años la vacante solo la ocupa un funcionario de carrera, salvo proceso desierto; el interino permanece si la convocatoria se publicó en esos tres años.

Artículo 11. Personal laboral

Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas; el contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de Función Pública fijarán los criterios para determinar los puestos que puede desempeñar, respetando el artículo 9.2. La selección es pública y se rige por igualdad, mérito y capacidad; en el laboral temporal, también por celeridad, para atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Artículo 12. Personal eventual

Personal eventual: nombrado con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial y cobra de créditos consignados para ese fin. Las leyes de Función Pública determinan qué órganos de gobierno pueden tenerlo; el número máximo lo fijan los respectivos órganos de gobierno; número y retribuciones son públicos. Nombramiento y cese libres; cesa en todo caso cuando cesa la autoridad a la que sirve. No es mérito para el acceso ni para la promoción interna. Se le aplica, en lo adecuado, el régimen de los funcionarios de carrera.

Artículo 13. Personal directivo profesional

El Gobierno y los órganos de gobierno autonómicos podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo y los criterios para determinar su condición. Principios: es directivo quien desarrolla funciones directivas profesionales definidas como tales en las normas de cada Administración; se designa por mérito, capacidad e idoneidad, con publicidad y concurrencia; se evalúa por eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados; sus condiciones de empleo no son materia de negociación colectiva; si es laboral, relación especial de alta dirección.

Artículo 55. Principios rectores

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Las Administraciones, entidades y organismos del artículo 2 seleccionan a su personal funcionario y laboral garantizando esos principios y estos: publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en su actuación; adecuación entre el contenido de los procesos y las funciones o tareas; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

Artículo 56. Requisitos generales

Para participar en procesos selectivos hay que reunir cinco requisitos: nacionalidad española (sin perjuicio del artículo siguiente), capacidad funcional, dieciséis años cumplidos sin exceder la edad máxima de jubilación forzosa (otra edad máxima, solo por ley), no estar separado por expediente disciplinario ni inhabilitado por resolución judicial, y la titulación exigida. Caben otros requisitos específicos con relación objetiva y proporcionada con funciones y tareas, establecidos de manera abstracta y general.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados

Los nacionales de Estados miembros de la UE acceden como funcionarios en igualdad con los españoles, salvo a empleos que impliquen participar en el ejercicio del poder público o salvaguardar intereses del Estado o de las Administraciones. Se aplica al cónyuge no separado de derecho y a descendientes menores de veintiún años o mayores dependientes, y a personas incluidas en Tratados de la UE ratificados por España con libre circulación de trabajadores. Los extranjeros con residencia legal acceden como personal laboral. Eximir de la nacionalidad: solo por ley.

Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para que accedan a ellas los funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de las pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para su puesto en el organismo internacional.

Artículo 59. Personas con discapacidad

En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con las tareas, hasta alcanzar progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración. Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas es para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otro tipo. Cada Administración adopta adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso y, superado este, en el puesto.

Artículo 60. Órganos de selección

Los órganos de selección son colegiados; su composición se ajusta a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tiende a la paridad entre mujer y hombre. No pueden formar parte de ellos el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia es siempre a título individual: no cabe ostentarla en representación o por cuenta de nadie.

Artículo 61. Sistemas selectivos

Procesos abiertos y de libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y la discriminación positiva. Si se valoran méritos, su puntuación será proporcionada y no determinará por sí misma el resultado. Funcionarios de carrera: oposición y concurso-oposición; concurso solo por ley y con carácter excepcional. Laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso. No pueden proponerse más aprobados que plazas, salvo que lo prevea la convocatoria; ante renuncias, el órgano convocante puede pedir al de selección una relación complementaria.

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera

La condición de funcionario de carrera se adquiere cumpliendo sucesivamente cuatro requisitos: superar el proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Quien, superado el proceso, no acredite reunir los requisitos de la convocatoria no podrá ser funcionario y sus actuaciones quedarán sin efecto.

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera

Cinco causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: la renuncia a la condición de funcionario; la pérdida de la nacionalidad; la jubilación total del funcionario; la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

Artículo 64. Renuncia

La renuncia voluntaria a la condición de funcionario se manifiesta por escrito y la Administración la acepta expresamente. No puede aceptarse si el funcionario está sujeto a expediente disciplinario o se ha dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad

Perder la nacionalidad que se tuvo en cuenta para el nombramiento (la española, la de otro Estado miembro de la Unión Europea o la de Estados con libre circulación de trabajadores por tratados celebrados por la Unión Europea y ratificados por España) determina la pérdida de la condición de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público

La inhabilitación absoluta, como pena principal o accesoria, cuando la sentencia que la impone ha adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. La inhabilitación especial, también principal o accesoria y con sentencia firme, la produce solo respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Artículo 67. Jubilación

La jubilación del funcionario puede ser voluntaria (a solicitud suya, si reúne los requisitos del Régimen de Seguridad Social aplicable), forzosa (de oficio a los sesenta y cinco años) o por incapacidad permanente. Cabe solicitar la prolongación en el servicio activo como máximo hasta los setenta años; la Administración competente resuelve de forma motivada. Se excluye a quienes tengan normas estatales específicas de jubilación. En el Régimen General, la edad forzosa es la de sus normas para la pensión contributiva sin coeficiente reductor por edad.

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario

Hay dos vías de rehabilitación. Si la relación de servicios se extinguió por pérdida de la nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado puede solicitarla una vez desaparecida la causa objetiva, y le será concedida. Si la condición se perdió por condena a pena principal o accesoria de inhabilitación, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán concederla con carácter excepcional, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito; sin resolución expresa en plazo, se entiende desestimada.

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación

La planificación de recursos humanos busca la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos económicos, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Las Administraciones podrán aprobar Planes de ordenación con medidas como: análisis de disponibilidades y necesidades de personal, previsiones sobre organización del trabajo y estructuras de puestos, movilidad, promoción interna, formación y movilidad forzosa, e incorporaciones por Oferta de empleo público.

Artículo 70. Oferta de empleo público

Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban cubrirse con personal de nuevo ingreso son objeto de la Oferta de empleo público o instrumento similar. Ello obliga a convocar los procesos selectivos de las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo de convocatoria. La ejecución debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años. Se aprueba anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, debe publicarse en el Diario oficial correspondiente y puede contener medidas de planificación.

Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos

Cada Administración Pública constituirá un Registro con los datos del personal de los artículos 2 y 5 del Estatuto, atendiendo a las peculiaridades de determinados colectivos. Los Registros podrán disponer también de información agregada sobre los restantes recursos humanos de su sector público. Por convenio de Conferencia Sectorial se fijan los contenidos mínimos comunes y los criterios de intercambio homogéneo de información, con respeto a la protección de datos. Si una Entidad Local carece de capacidad financiera o técnica, cooperan el Estado y las Comunidades Autónomas.

Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos

Las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos en el marco de sus competencias de autoorganización. Lo hacen de acuerdo con las normas que regulan cuatro materias —la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones— y conforme a lo previsto en el capítulo en el que se inserta el artículo.

Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo

Los empleados públicos tienen derecho a desempeñar un puesto de trabajo según el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del Estatuto. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las de su puesto si son adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen y sin merma en las retribuciones. Los puestos podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad.

Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización mediante relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares. Su contenido mínimo («al menos») es: la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Estos instrumentos serán públicos.

Artículo 75. Cuerpos y escalas

Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. Los cuerpos y escalas se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Toda referencia de la ley a cuerpos y escalas comprende igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.

Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera

Los cuerpos y escalas se clasifican según la titulación exigida para el acceso. Grupo A, con dos Subgrupos (A1 y A2): título universitario de Grado, o el otro título universitario que exija la ley; la clasificación en cada Subgrupo depende del nivel de responsabilidad de las funciones y de las características de las pruebas de acceso. Grupo B: título de Técnico Superior. Grupo C, con dos Subgrupos según la titulación exigida para el ingreso: C1, Bachiller o Técnico; C2, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 77. Clasificación del personal laboral

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera

Las Administraciones Públicas proveen los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La provisión se lleva a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. Las leyes de Función Pública de desarrollo podrán establecer otros procedimientos para: la movilidad del artículo 81.2, permutas entre puestos, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos y supresión de los mismos.

Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera

El concurso es el procedimiento normal de provisión de puestos: valora méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes, por órganos colegiados de carácter técnico. Su composición responde a profesionalidad y especialización y se adecúa a la paridad entre mujer y hombre; su funcionamiento, a imparcialidad y objetividad. Las leyes de Función Pública fijan el plazo mínimo de ocupación para volver a concursar. Víctimas del terrorismo o amenazados pueden recibir una puntuación que, como máximo, alcance la de la antigüedad. Si hay supresión o remoción, se asigna otro puesto.

Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera

La libre designación con convocatoria pública es la apreciación discrecional, por el órgano competente, de la idoneidad de los candidatos respecto de los requisitos del puesto. Las leyes de Función Pública de desarrollo fijan los criterios para determinar los puestos que, por su especial responsabilidad y confianza, pueden cubrirse así. El órgano competente para el nombramiento puede recabar la intervención de especialistas. Los titulares pueden ser cesados discrecionalmente, pero tras el cese se les debe asignar un puesto conforme al sistema de carrera de cada Administración.

Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera

Cada Administración puede establecer reglas para ordenar la movilidad voluntaria si aprecia sectores prioritarios con necesidades específicas de efectivos. De manera motivada, por necesidades de servicio o funcionales, puede trasladar a sus funcionarios a unidades, departamentos u organismos o entidades distintos, respetando retribuciones y condiciones esenciales de trabajo. Si excepcionalmente hay cambio de residencia, se prioriza la voluntariedad. El traslado forzoso da derecho a indemnización. En urgente e inaplazable necesidad cabe la provisión provisional, con convocatoria pública.

Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista

Las mujeres víctimas de violencia de género o sexual obligadas a abandonar su puesto en la localidad tienen derecho al traslado a otro puesto de su cuerpo, escala o categoría, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Los funcionarios víctimas del terrorismo y los funcionarios amenazados, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o sentencia judicial firme, lo tienen cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, si no, dentro de la comunidad autónoma. En ambos casos el traslado es forzoso y se protege la intimidad.

Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral

La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se realizan, en primer lugar, de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación. En su defecto, se acude al sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente por convenio de Conferencia Sectorial. Quien obtiene destino en otra Administración queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Si pierde el puesto de concurso, permanece en la de destino. Tras el cese en libre designación, la de destino tiene un mes para adscribirlo o comunicar que no lo hará; luego el funcionario tiene un mes para pedir el reingreso en origen y, si no lo pide, pasa de oficio a excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera se hallan en servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. Las leyes de Función Pública de desarrollo pueden regular otras situaciones cuando concurra, entre otras, alguna de estas circunstancias: imposibilidad transitoria de asignar puesto por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, o conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo; acceso a otros cuerpos o escalas, o paso al sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Artículo 86. Servicio activo

Están en servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública de desarrollo del Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad de destino, y no les corresponda otra situación. Gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a sus deberes y responsabilidades. Se rigen por el Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración en que presten servicios.

Artículo 87. Servicios especiales

Pasa a servicios especiales, entre otros supuestos, quien es miembro del Gobierno o alto cargo, realiza una misión internacional superior a seis meses, es Diputado, Senador o parlamentario autonómico con retribuciones periódicas, desempeña cargos electivos locales retribuidos y de dedicación exclusiva, es personal eventual y no opta por el servicio activo, o es activado como reservista voluntario. Percibe las retribuciones del cargo, más los trienios; el tiempo computa para ascensos, trienios, promoción interna y Seguridad Social, y puede reingresar, al menos, en la misma localidad.

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas

Quien obtiene destino en otra Administración por transferencias o por provisión de puestos queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Los transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en su Función Pública, en servicio activo en ella, respetando Grupo o Subgrupo y derechos económicos, y mantienen sus derechos en origen. Los que obtuvieron puesto por provisión se rigen por la legislación de la Administración de destino, conservan su condición de funcionario de la de origen y pueden participar en sus convocatorias; ese tiempo computa como servicio activo en origen.

Artículo 89. Excedencia

Modalidades: voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por violencia de género o sexual y por violencia terrorista. Interés particular: cinco años de servicios inmediatamente anteriores, subordinada a las necesidades del servicio, sin retribuciones ni cómputo. Cuidado de hijo o de familiar hasta segundo grado: máximo tres años, computable, reserva del puesto al menos dos años. Violencia de género: reserva seis meses, prorrogable por tres meses hasta dieciocho, y retribuciones íntegras los dos primeros meses.

Artículo 90. Suspensión de funciones

El funcionario en suspensión queda privado, mientras dure, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. Si la suspensión excede de seis meses, pierde el puesto de trabajo. La suspensión firme se impone por sentencia dictada en causa criminal o por sanción disciplinaria; la disciplinaria no puede exceder de seis años. El suspenso no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en sus organismos, agencias o entidades de derecho público. Cabe también la suspensión provisional durante un procedimiento judicial o expediente disciplinario.

Artículo 91. Reingreso al servicio activo

Los plazos, procedimientos y condiciones para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera se regulan reglamentariamente, según las situaciones administrativas de procedencia. Esa regulación ha de respetar el derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral

El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación. Los convenios colectivos pueden determinar que este capítulo se aplique al personal incluido en su ámbito de aplicación, pero solo en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 13. Los Registros administrativos de personal

En la Dirección General de la Función Pública existe un Registro Central donde se inscribe a todo el personal de la Administración del Estado y se anotan preceptivamente los actos de su vida administrativa; sus normas las aprueba el Gobierno. Comunidades Autónomas y Entidades Locales constituyen también Registros, y todos están coordinados. No pueden incluirse en nómina nuevas remuneraciones sin comunicar antes al Registro el acto que las reconoce. En la documentación individual no figuran datos de raza, religión u opinión, y el personal tiene libre acceso a su expediente.

Artículo 14. Dotaciones presupuestarias de personal

Las dotaciones presupuestarias de personal se distribuyen entre los programas de gasto de los Centros gestores garantizando el equilibrio entre medios materiales y humanos, previo informe de Comisiones de análisis de los programas alternativos de gasto, con representantes de Economía y Hacienda, de la Presidencia y de los demás Departamentos ministeriales. Las plantillas del Estado resultan de los créditos de la Ley de Presupuestos; las Comunidades Autónomas las determinan en sus Leyes de Presupuestos; las de la Administración Local se fijan anualmente a través de su Presupuesto.

Artículo 15. Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado

Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico de ordenación del personal de la Administración del Estado. Indican denominación, tipo y sistema de provisión, requisitos, nivel de complemento de destino y, en su caso, complemento específico, o categoría profesional y régimen jurídico si el puesto es de personal laboral. Como regla general los puestos son de funcionarios. Las aprueban conjuntamente los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, salvo la asignación inicial de complementos, que es del Gobierno. Son públicas.

Artículo 16

Las comunidades autónomas y la Administración local forman también la relación de los puestos de trabajo existentes en su organización. Debe incluir, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos son públicas.

Artículo 17. Movilidad de funcionarios de las distintas Administraciones Públicas

Los puestos del Estado y de las Comunidades Autónomas pueden cubrirse por funcionarios de cualquiera de estas Administraciones, según establezcan las relaciones de puestos de trabajo. Los funcionarios de la Administración local, si así lo prevén dichas relaciones, pueden ocupar puestos en otras Corporaciones locales, en las Comunidades Autónomas y en la Administración General del Estado en puestos relacionados con sus funciones en materia de Entidades locales. En los Acuerdos de movilidad tiene especial consideración la movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de violencia de género.

Artículo 18. La oferta de empleo público

Las Administraciones Públicas pueden elaborar Planes de Empleo, para personal funcionario y laboral. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan cubrirse con los efectivos existentes son objeto de Oferta de Empleo Público. Tribunales y Comisiones de Selección no pueden declarar que han superado el proceso más aspirantes que plazas convocadas: la propuesta contraria es nula de pleno derecho. En la Administración General del Estado, la Oferta la aprueba el Gobierno a propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas.

Artículo 19. Selección del personal

Las Administraciones seleccionan su personal, funcionario o laboral, según su oferta de empleo público, con convocatoria pública, por concurso, oposición o concurso-oposición libre, con igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El Gobierno regula los órganos de selección, que no pueden formarse mayoritariamente con funcionarios del Cuerpo que se selecciona, salvo las peculiaridades del personal docente e investigador. El Instituto Nacional de Administración Pública coordina, controla y, en su caso, realiza los cursos de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios estatales.

Artículo 20. Provisión de puestos de trabajo

Los puestos de funcionarios se proveen por concurso (sistema normal) o por libre designación (puestos fijados en las relaciones de puestos de trabajo). Hay quince días hábiles para presentar solicitudes. En libre designación la remoción es discrecional; en concurso exige expediente contradictorio y resolución motivada, oída la Junta de Personal. Para concursar hay que permanecer dos años en cada puesto. La reasignación de efectivos tiene tres fases: seis meses, tres meses y expectativa de destino. El personal eventual cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que sirve.

Artículo 21. Promoción profesional

Los puestos se clasifican en 30 niveles y todo funcionario posee un grado personal que corresponde a uno de ellos. El grado se adquiere desempeñando puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, o mediante cursos específicos u otros requisitos objetivos. Quien obtiene un puesto superior en más de dos niveles a su grado consolida cada dos años el grado superior en dos niveles. Se garantiza al menos el complemento de destino del grado. Quien cesa por alteración o supresión del puesto cobra sus retribuciones complementarias un máximo de tres meses.

Artículo 22. Fomento de la promoción interna

La promoción interna es el ascenso desde cuerpos o escalas de un grupo de titulación a otros del inmediato superior. Exige la titulación del cuerpo de destino, al menos dos años de servicios efectivos como funcionario de carrera en el grupo inmediatamente inferior y superar las pruebas, que pueden hacerse en convocatorias independientes si lo autoriza el Gobierno o el órgano competente de las demás Administraciones. Quien promociona tiene preferencia para cubrir las vacantes ofertadas y conserva el grado consolidado si entra en el intervalo del nuevo cuerpo.

Artículo 1

Define al funcionario de la Administración pública con tres notas: es una persona incorporada a ella por una relación de servicios profesionales, esos servicios son retribuidos y la relación está regulada por el Derecho administrativo.

Artículo 2

Los funcionarios de la Administración civil del Estado se rigen por esta Ley, sin perjuicio de las normas especiales aplicables en virtud de ella. Quedan excluidos: los de la Administración de Justicia (disposiciones especiales), los de los Organismos autónomos del artículo 82 de la Ley de 26 de diciembre de 1958 (su Estatuto) y los que no perciban sueldos o asignaciones con cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado. Para los demás funcionarios, sea cual sea su clase y Entidad, la Ley es supletoria.

Artículo 3

Los funcionarios que se rigen por esta Ley pueden ser de carrera o de empleo. Los de carrera se integran en Cuerpos generales y Cuerpos especiales. Los de empleo pueden ser eventuales o interinos.

Artículo 4

Son funcionarios de carrera quienes reúnen cuatro notas: nombramiento legal, desempeño de servicios de carácter permanente, figurar en las correspondientes plantillas y percibir sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 5

El apartado 1 está derogado. Son interinos quienes, por justificada necesidad y urgencia, con nombramiento legal y habiendo puestos dotados presupuestariamente, desarrollan funciones retribuidas mientras no puedan hacerlo funcionarios de carrera y sigan esas razones. Cesan si la plaza se provee por funcionario de carrera, se extingue la reserva del sustituido, se amortiza la plaza o la Administración considera que ya no hay necesidad o urgencia. Sus plazas van a la oferta de empleo público inmediatamente posterior al año de permanencia, salvo las de sustitución de funcionarios con reserva.

Artículo 6

Artículo 7

Son trabajadores al servicio de la Administración civil los contratados por ella con dicho carácter, de acuerdo con la legislación laboral, que les es plenamente aplicable. En todo caso, su admisión debe estar autorizada reglamentariamente.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El Reglamento se aplica a los funcionarios de la Administración general del Estado y sus Organismos autónomos comprendidos en el ámbito de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Excepción: a los funcionarios de los Cuerpos o Escalas de la función pública docente no se les aplican las disposiciones relativas a las situaciones aludidas en la disposición adicional decimoquinta, apartado 1, párrafo segundo, de esa Ley (añadido por la Ley 22/1993).

Artículo 2. Situaciones administrativas

Enumera once situaciones administrativas en que pueden hallarse los funcionarios: servicio activo; servicios especiales; servicio en Comunidades Autónomas; expectativa de destino; excedencia forzosa; excedencia para el cuidado de hijos; excedencia voluntaria por servicios en el sector público, por interés particular, por agrupación familiar e incentivada; y suspensión de funciones.

Artículo 3. Servicio activo

Están en servicio activo, entre otros, quienes ocupan un puesto adscrito a funcionarios de la Ley 30/1984 o puestos en Corporaciones Locales o Universidades públicas abiertos a ellos; están en comisión de servicios; sirven en las Cortes Generales o el Tribunal de Cuentas sin corresponderles otra situación; son miembros de Corporaciones Locales sin cargo retribuido y de dedicación exclusiva; están en plazo posesorio; se encuentran en las dos primeras fases de reasignación de efectivos; o están en cesación progresiva de actividades.

Artículo 4. Servicios especiales

Pasan a servicios especiales, entre otros, quienes: realizan una misión autorizada de más de seis meses en organismos internacionales o programas de cooperación; son miembros del Gobierno, de gobiernos autonómicos o altos cargos no reservados a funcionarios; son Diputados, Senadores o eurodiputados; son parlamentarios autonómicos con retribuciones periódicas; ocupan cargos electivos locales retribuidos y de dedicación exclusiva; ocupan cargo político incompatible; o lo determina una norma con rango de Ley.

Artículo 5. Cargo de carácter político

Para pasar a servicios especiales por el supuesto del artículo 29.2.j) de la Ley 30/1984 hay que haber sido nombrado en el sector público para un cargo de carácter político: un cargo de confianza que no implique relación profesional de carácter permanente, del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública y que, según los criterios que establezca el ministerio competente, conlleve responsabilidades directivas o asesoramiento a nivel político.

Artículo 6. Declaración de la situación de servicios especiales

El pase a servicios especiales se declara de oficio o a instancia del interesado, una vez verificado el supuesto que lo ocasiona, y produce efectos desde el momento en que ese supuesto se produjo. Si se trata de una misión internacional (artículo 4 a), la autorización exige que conste el interés de la Administración, según los criterios que establezca el ministerio competente en materia de asuntos exteriores.

Artículo 7. Reserva de puestos de trabajo

Al reingresar desde servicios especiales, quien venía de servicio activo recibe puesto así: si el anterior era de libre designación, se le adjudica con carácter provisional, hasta que obtenga otro definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio; en los demás casos, con carácter definitivo, uno de igual nivel y similares retribuciones en el mismo Ministerio y municipio. Si se accedió desde situaciones sin desempeño ni reserva de puesto, no hay reserva, sin perjuicio del párrafo segundo del artículo 23.

Artículo 8. Efectos de la situación de servicios especiales

En servicios especiales se cobra la retribución del puesto o cargo efectivo, no la de funcionario. Excepción: si los trienios no pueden pagarse por causa legal con cargo a esos presupuestos, los abona el Departamento del último puesto en servicio activo, que también paga en ese caso la cuota de Seguridad Social. El tiempo en esta situación computa para ascensos, consolidación de grado personal, trienios, derechos pasivos y el período mínimo de servicios para pedir la excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 9. Solicitud de reingreso al servicio activo

Quien pierde la condición por la que fue declarado en servicios especiales debe pedir el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes; si no lo hace, se le declara en excedencia voluntaria por interés particular con efectos desde el día en que perdió esa condición. Con derecho a reserva de puesto, el reingreso surte efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud. Diputados, Senadores, parlamentarios autonómicos o europeos que pierden la condición por disolución o fin del mandato de la Cámara pueden seguir en servicios especiales hasta su nueva constitución.

Artículo 10. Funcionarios transferidos

Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en su organización y están en servicio activo en ellas. En su Cuerpo o Escala estatal de origen quedan en la situación especial de servicio en Comunidades Autónomas, que les mantiene todos sus derechos como si estuvieran en servicio activo. La sanción de separación del servicio la acuerda el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del Consejo de Estado, sin perjuicio de los informes que exija su legislación específica.

Artículo 11. Funcionarios destinados a Comunidades Autónomas por otros procedimientos

Los funcionarios del Estado que ocupan puestos en Comunidades Autónomas por concurso, libre designación o reasignación de efectivos se someten al régimen estatutario y a la legislación de Función Pública de esa Comunidad, pero conservan su condición de funcionarios estatales en situación de servicio en Comunidades Autónomas. Rigen las normas de destino sobre promoción, retribuciones, situaciones, incompatibilidades y régimen disciplinario, salvo la separación del servicio: la acuerda el Ministro del Departamento al que esté adscrito su Cuerpo o Escala, tras expediente de la Comunidad.

Artículo 12. Expectativa de destino

Pasan a expectativa de destino quienes, en una reasignación de efectivos, no obtienen puesto en sus dos primeras fases. Se permanece en ella un año como máximo y luego se pasa a excedencia forzosa. Deben aceptar puestos de características similares en la provincia, concursar a los puestos adecuados que se les notifiquen y asistir a los cursos de capacitación; si no, excedencia forzosa. Cobran retribuciones básicas, complemento de destino y el 50 por 100 del complemento específico; en lo demás se equipara al servicio activo.

Artículo 13. Excedencia forzosa

Hay excedencia forzosa para quien agota el período máximo de expectativa de destino o incumple sus obligaciones, y para el suspenso firme sin puesto reservado que pide el reingreso y no lo obtiene en seis meses desde la extinción de su responsabilidad. Si incumplen sus obligaciones de concursar o reingresar, pasan a excedencia voluntaria por interés particular. No pueden trabajar en el sector público. Cobran retribuciones básicas y, en su caso, prestaciones por hijo a cargo; el tiempo computa para derechos pasivos y trienios.

Artículo 14. Excedencia para el cuidado de hijos

Cada hijo, por naturaleza o adopción (o acogimiento, mientras dure), da derecho a una excedencia; si trabajan padre y madre, solo uno puede ejercerla. Se pide en cualquier momento tras el nacimiento o la resolución judicial de adopción, con un máximo de tres años desde el nacimiento, y exige declarar que no se desempeña actividad que impida el cuidado del hijo. Un nuevo hijo abre un nuevo período. Hay reserva de puesto y cómputo de tiempo; sin solicitud de reingreso antes del final, excedencia voluntaria por interés particular de oficio.

Artículo 15. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público

Se declara en esta excedencia al funcionario de carrera en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración (salvo compatibilidad) y a quien pasa a ser laboral fijo en el sector público sin quedar en servicio activo ni servicios especiales; ser interino o laboral temporal no habilita. Incluye las empresas controladas por las Administraciones y a los funcionarios estatales integrados en una Comunidad que ingresan en otros Cuerpos propios. Dura lo que la relación; tras el cese, un mes para pedir el reingreso o excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 16. Excedencia voluntaria por interés particular

La excedencia voluntaria por interés particular se declara a petición del funcionario o de oficio. Para pedirla hay que haber prestado servicios efectivos en cualquier Administración durante los cinco años inmediatamente anteriores. Cada período dura entre dos años continuados y tantos años como servicios acredite, con un máximo de quince. La resolución fija el plazo máximo; no pedir el reingreso en él supone perder la condición de funcionario. Está subordinada a las necesidades del servicio y no se concede a petición de quien tenga expediente disciplinario en instrucción.

Artículo 17. Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Puede concederse excedencia voluntaria por agrupación familiar, de dos años como mínimo y quince como máximo, al funcionario cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de carácter definitivo, como funcionario de carrera o como laboral, en cualquier Administración pública, Organismo autónomo o Entidad Gestora de la Seguridad Social, o en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial. Antes de acabar los quince años debe pedirse el reingreso; si no, se declara de oficio la excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 18. Excedencia voluntaria incentivada

Pueden pedir la excedencia voluntaria incentivada los afectados por reasignación de efectivos en sus dos primeras fases, y tienen derecho a ella quienes estén en expectativa de destino o excedencia forzosa por un Plan de Empleo. Dura cinco años sin poder trabajar en el sector público. Sin reingreso dentro del mes siguiente a su fin, el Departamento de adscripción del Cuerpo o Escala declara la excedencia por interés particular. Da una mensualidad de retribuciones periódicas por año completo de servicios, hasta doce.

Artículo 19. Efectos de la excedencia voluntaria

Ninguna modalidad de excedencia voluntaria produce reserva de puesto de trabajo, y quienes están en ellas no devengan retribuciones, salvo la mensualidad prevista en el apartado 5 del artículo 18 para la excedencia voluntaria incentivada. El tiempo pasado en excedencia voluntaria no computa a efectos de promoción, trienios ni derechos pasivos.

Artículo 20. Suspensión de funciones

La suspensión de funciones puede ser provisional o firme. El funcionario declarado en suspensión firme pasa a esa situación en todos los Cuerpos o Escalas incluidos en el ámbito del Reglamento a los que pertenezca; para ello, el órgano que la acuerda debe comunicarla a los Departamentos ministeriales a los que estén adscritos esos Cuerpos o Escalas.

Artículo 21. Suspensión provisional

La suspensión provisional puede acordarse preventivamente durante un procedimiento judicial o disciplinario; si se decreta prisión provisional u otra medida que impida trabajar, dura lo que esas medidas. En vía disciplinaria la acuerda quien ordenó incoar el expediente y no puede exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado. Se cobra el 75 por 100 de sueldo, trienios y pagas extraordinarias y toda la prestación por hijo a cargo. Si la suspensión no se declara firme, computa como servicio activo.

Artículo 22. Suspensión firme

La suspensión es firme si se impone por condena criminal o sanción disciplinaria, y conlleva la pérdida del puesto salvo que no exceda de seis meses. Mientras dure no cabe cambiar de situación administrativa. Quien perdió el puesto debe pedir el reingreso con un mes de antelación al final de la suspensión, con efectos desde la extinción de la responsabilidad; si no lo pide, pasa de oficio a excedencia voluntaria por interés particular desde el fin de la sanción. Si pedido el reingreso no se concede en seis meses, se le declara de oficio en excedencia forzosa.

Artículo 1. Ambito de aplicación

Se aplica al ingreso del personal de la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos, y a la provisión, promoción interna y carrera de sus funcionarios incluidos en la Ley 30/1984. El personal docente, investigador, sanitario, postal y de telecomunicación se rige por él en lo no previsto por sus normas específicas; los puestos en el extranjero, por su regulación; los de Defensa y de Justicia e Interior ligados a la Seguridad y Defensa Nacional, por normas especiales. Es supletorio para los demás funcionarios civiles del Estado y los de otras Administraciones públicas.

Artículo 2. Planificación de Recursos Humanos

Los Planes de Empleo, departamentales o interdepartamentales, pueden ser Integrales (instrumento básico de planificación global) u Operativos (movilidad, redistribución de efectivos y asignación de puestos). Las necesidades de personal se cubren por selección externa, promoción interna o provisión. Los aprueba el Secretario de Estado para la Administración Pública con informe favorable de Economía y Hacienda, previa negociación sindical. La iniciativa es del Ministerio u Organismo afectado o, conjuntamente, de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.

Artículo 3. Régimen aplicable

El ingreso en los Cuerpos y Escalas de funcionarios se hace siempre mediante convocatoria pública y se rige por las bases de la convocatoria respectiva. Esas bases deben ajustarse en todo caso a lo que dispone este Reglamento y a las normas específicas de aplicación a cada Cuerpo o Escala.

Artículo 4. Sistemas selectivos

El ingreso de funcionarios se hace por oposición, concurso-oposición o concurso libres, garantizando igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La oposición es el sistema ordinario; el concurso-oposición se usa cuando la naturaleza de las funciones lo haga más adecuado y el concurso, excepcionalmente. Oposición: una o más pruebas de capacidad y aptitud que fijan el orden de prelación. Concurso: comprobación y calificación de méritos. Concurso-oposición: sucesión de ambos.

Artículo 5. Características de las pruebas selectivas

Los procedimientos de selección deben ser adecuados al conjunto de puestos que pueden desempeñar los funcionarios del Cuerpo o Escala. Han de consistir en pruebas de conocimientos generales o específicos y pueden incluir «test» psicotécnicos, entrevistas y otros sistemas que aseguren objetividad y racionalidad. Si el procedimiento tiene varios ejercicios, al menos uno debe ser práctico, salvo excepciones debidamente justificadas.

Artículo 6. Descentralización de las pruebas

Son las convocatorias las que pueden disponer que, en los procesos selectivos en que concurran circunstancias especiales, se celebren de forma descentralizada todas las pruebas o solo parte de ellas. Es una posibilidad, no una obligación.

Artículo 7. Objeto

Van a la oferta de empleo público las necesidades de recursos humanos que no puedan cubrirse con los efectivos de personal ya existentes, con dos condiciones: que haya crédito presupuestario y que se considere conveniente cubrirlas durante el ejercicio.

Artículo 8. Aprobación

La oferta de empleo público la aprueba, en su caso, el Gobierno, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y con informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, en el primer trimestre de cada año. Excepcionalmente, si hay necesidades urgentes de incorporación de personal, el Gobierno puede aprobar ofertas para ámbitos administrativos específicos.

Artículo 9. Competencia para convocar

Una vez aprobada la oferta de empleo público, convocan los procedimientos selectivos para las vacantes previstas los Departamentos a los que estén adscritos los Cuerpos y Escalas correspondientes. Antes de convocar necesitan el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 10. Clases

Artículo 11. Tribunales

Los Tribunales se nombran en cada orden de convocatoria, salvo excepción justificada, y les corresponde desarrollar y calificar las pruebas. Se componen de un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, con igual número de suplentes, velando por el principio de especialidad. Todos los miembros deben tener titulación igual o superior a la exigida para ingresar en el Cuerpo o Escala.

Artículo 12. Comisiones Permanentes de Selección

Las Comisiones Permanentes de Selección desarrollan y califican las pruebas de acceso a Cuerpos y Escalas en que lo aconsejen el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación o especialización exigidos. Se establecen por Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas, previo acuerdo, en su caso, con el Departamento de adscripción. Tienen número impar de miembros, funcionarios de carrera con titulación igual o superior, designados libremente según la Orden de creación. En procesos descentralizados, la convocatoria puede incorporarles temporalmente funcionarios colaboradores.

Artículo 13. Reglas adicionales sobre su composición y funcionamiento

Los órganos de selección no pueden estar formados mayoritariamente por funcionarios del mismo Cuerpo o Escala objeto de selección, salvo las peculiaridades de las normas específicas del artículo 1.2. No pueden formar parte de ellos quienes hayan preparado aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. Tribunales y Comisiones pueden incorporar asesores especialistas, que colaboran solo en sus especialidades técnicas. Los miembros deben abstenerse en las circunstancias del artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico, y los aspirantes pueden recusarlos.

Artículo 14. Revisión e impugnación

Las resoluciones de Tribunales y Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la Administración, que puede revisarlas conforme a los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección, y contra sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, cabe recurso ordinario ante la autoridad que haya nombrado a su presidente.

Artículo 15. Convocatorias

Las convocatorias y sus bases se publican en el «Boletín Oficial del Estado». Pueden ser unitarias o para Cuerpos o Escalas determinados. El Departamento convocante puede aprobar, con informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, bases generales (sistema, pruebas, programas y calificación) para sucesivas convocatorias. Las bases vinculan a la Administración, a los órganos de selección y a los participantes. Una vez publicadas, solo pueden modificarse con sujeción estricta a la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. Contenido de las convocatorias

Contenido mínimo de las convocatorias: número y características de las plazas; declaración de que no se aprobará a más aspirantes que plazas; órgano al que dirigir las solicitudes; requisitos; sistema selectivo; pruebas y méritos; Tribunal o Comisión Permanente; sistema de calificación; programa; duración máxima de los ejercicios, con un mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales entre el fin de uno y el comienzo del siguiente; orden de actuación por sorteo, y, en su caso, régimen de las prácticas o curso selectivo.

Artículo 17. Orden de actuación de los aspirantes

Antes de que empiecen los ejercicios, la Secretaría de Estado para la Administración Pública fija el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso del año mediante un único sorteo público, anunciado previamente en el «Boletín Oficial del Estado». El resultado del sorteo también se publica en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 18. Solicitudes

La solicitud, en el modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, se presenta en veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Para ser admitido basta manifestar en la solicitud que se reúnen todas las condiciones, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación. La autoridad convocante, por sí o a propuesta del Presidente del órgano de selección, debe comunicar a los órganos competentes las inexactitudes o falsedades de los aspirantes.

Artículo 19

Artículo 20. Listas de admitidos y excluidos

Expirado el plazo de solicitudes, la autoridad convocante dicta en un mes como máximo la resolución que aprueba la lista de admitidos y excluidos. Se publica en el «Boletín Oficial del Estado» e indica dónde están expuestas las listas completas, un plazo de diez días hábiles para subsanar y el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios. Si el procedimiento lo permite y la convocatoria lo dice, no hace falta exponer las listas de admitidos: la resolución recoge entonces los excluidos, sus causas y el plazo de subsanación. La publicación en el BOE determina los plazos de impugnación.

Artículo 21. Anuncios de celebración de las pruebas

Comenzado el proceso selectivo, no es obligatorio publicar en el «Boletín Oficial del Estado» los anuncios de las pruebas restantes. En ese caso, el órgano de selección los hace públicos en los locales donde se celebró la prueba anterior, con al menos doce horas de antelación si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro horas si es un ejercicio nuevo.

Artículo 22. Relación de aprobados

Terminada la calificación, Tribunales o Comisiones Permanentes publican la relación de aprobados por orden de puntuación en los locales de la última prueba y la elevan a la autoridad competente, que la publica en el «Boletín Oficial del Estado». Los actos que ponen fin al procedimiento deben motivarse; si derivan de la discrecionalidad técnica de valoración, la motivación se refiere al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases. El proceso puede incluir curso selectivo o período de prácticas, y solo con curso selectivo pueden aprobar las pruebas más aspirantes que plazas.

Artículo 23. Aportación de documentación

Los aspirantes propuestos aportan los documentos de capacidad y requisitos en veinte días naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las relaciones definitivas de aprobados. Quien no los presente, salvo fuerza mayor, o no reúna algún requisito, no puede ser nombrado y quedan anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de su responsabilidad por falsedad. Los que ya sean funcionarios públicos no justifican lo ya acreditado: presentan solo certificación del Ministerio u organismo del que dependan sobre su condición y su expediente.

Artículo 24. Período de prácticas y curso selectivo

Si la convocatoria prevé período de prácticas o curso selectivo, la autoridad convocante nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos. Quienes no superen el curso selectivo pierden el derecho al nombramiento como funcionarios de carrera por resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso. Quien no pueda hacer el curso o las prácticas por servicio militar o prestación social sustitutoria, o por fuerza mayor justificada y apreciada por la Administración, puede hacerlos después, intercalándose según su puntuación.

Artículo 25. Nombramientos

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hayan superado son nombrados funcionarios de carrera por el Secretario de Estado para la Administración Pública. Su número no puede exceder en ningún caso del de plazas convocadas, y cualquier resolución que lo contravenga es nula de pleno derecho. Los nombramientos se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 26. Asignación inicial de puestos de trabajo

Artículo 27. Selección y nombramiento

Los funcionarios interinos los nombra, según los principios de mérito y capacidad, el Subsecretario del Departamento de adscripción del Cuerpo o Escala, o el Director general de la Función Pública si el Cuerpo o Escala depende de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. El procedimiento debe permitir la máxima agilidad, por la urgencia de cubrir transitoriamente los puestos. Los interinos han de reunir la titulación y demás condiciones exigidas a los de carrera, y las normas de selección de estos se les aplican supletoriamente en lo adecuado.

Artículo 28. Régimen aplicable

Los Departamentos ministeriales convocan, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública y conforme a la oferta de empleo público, los procesos para cubrir sus vacantes con personal laboral fijo de nuevo ingreso. La promoción interna o la cobertura de vacantes del personal laboral que no sea de nuevo ingreso se rige por sus convenios colectivos o normativa específica, y sus convocatorias también necesitan informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 29. Convocatorias y sistemas selectivos

Las convocatorias de personal laboral se someten al título I del Reglamento y a los criterios generales de selección que fije el Ministerio para las Administraciones Públicas. En el «Boletín Oficial del Estado» se anuncian, como mínimo, el número de plazas por categorías y el lugar en que estén expuestas las bases. Los sistemas selectivos son la oposición, el concurso-oposición y el concurso.

Artículo 30. Organos de selección

En la selección del personal laboral, los órganos de selección se constituyen en cada convocatoria, con un número impar de miembros, y al menos uno de ellos se designa a propuesta de la representación de los trabajadores.

Artículo 31. Solicitudes y anuncio de las pruebas

Los aspirantes a plazas de personal laboral presentan su solicitud en el modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública. En el plazo máximo de un mes desde que termina el plazo de presentación de instancias, se publica en el «Boletín Oficial del Estado» la fecha, lugar y hora de las pruebas, indicando dónde están expuestas las listas de admitidos.

Artículo 32. Propuesta de aprobados

Al terminar las pruebas de selección del personal laboral, se eleva al órgano competente la propuesta de candidatos para formalizar los contratos. Esa propuesta no puede superar en ningún caso el número de plazas convocadas; si lo hace, es nula de pleno derecho.

Artículo 33. Adquisición de la condición de personal laboral fijo

El órgano competente formaliza los contratos una vez justificadas las condiciones de capacidad y los requisitos de la convocatoria. Hasta que se formalicen los contratos y los aspirantes se incorporen a sus puestos, no tienen derecho a percepción económica alguna. Superado satisfactoriamente el período de prueba fijado en cada convocatoria, se adquiere la condición de personal laboral fijo.

Artículo 34

Artículo 35. Contratación de personal laboral no permanente

Los Departamentos ministeriales pueden contratar personal laboral no permanente para trabajos que no pueda atender el personal laboral fijo, previo informe favorable de los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. Los contratos respetan mérito y capacidad, las normas generales de contratación de este personal y los criterios del Ministerio para las Administraciones Públicas. Cada Departamento tiene un Registro de Personal laboral no permanente, cuyas inscripciones y anotaciones se comunican siempre al Registro Central de Personal.

Artículo 36. Formas de provisión

Los puestos adscritos a funcionarios se proveen por concurso, que es el sistema normal, o por libre designación, según determinen las relaciones de puestos de trabajo en atención a sus funciones. Si lo exigen las necesidades del servicio, pueden cubrirse por redistribución de efectivos o por reasignación de efectivos derivada de un Plan de Empleo. Temporalmente, pueden cubrirse por comisión de servicios y adscripción provisional en los supuestos del Reglamento.

Artículo 37. Anotaciones en el Registro Central de Personal

Cuando un funcionario accede a un puesto de trabajo, las diligencias de su cese y de su toma de posesión deben comunicarse al Registro Central de Personal dentro de los tres días hábiles siguientes a su formalización.

Artículo 38. Convocatorias

Los concursos y la libre designación para cubrir puestos de funcionarios de la Administración General del Estado se rigen por su convocatoria, que se ajusta a este Reglamento y a las normas específicas aplicables. Las convocatorias y sus resoluciones se publican en el «Boletín Oficial del Estado» y, si se estima necesario para su adecuada difusión, también en otros Boletines o Diarios Oficiales.

Artículo 39. Convocatorias de concursos

La Secretaría de Estado para la Administración Pública autoriza las convocatorias de concursos, a iniciativa de los Departamentos ministeriales. Las convocatorias contienen sus bases: denominación, nivel, descripción y localización de los puestos; requisitos indispensables; méritos a valorar y baremo; previsión, en su caso, de memorias o entrevistas, y composición de las comisiones de valoración.

Artículo 40. Organos competentes

Cada Ministerio convoca y resuelve los concursos para los puestos adscritos al Departamento, a sus Organismos autónomos y, en su caso, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. El Ministerio para las Administraciones Públicas coordina los concursos de puestos con funciones administrativas y auxiliares de Cuerpos y Escalas de los grupos C y D, y puede convocar concursos unitarios para cubrirlos en los distintos Departamentos.

Artículo 41. Requisitos y condiciones de participación

Pueden concursar los funcionarios en cualquier situación administrativa, salvo los suspensos en firme mientras dure la suspensión, si reúnen condiciones y requisitos a la fecha de fin del plazo de solicitudes. Deben llevar dos años en su destino definitivo, salvo en el ámbito de su Secretaría de Estado o Departamento, en los supuestos del art. 20.1.e) de la Ley de Medidas y en la supresión de puestos. Dos funcionarios pueden condicionar su petición a obtener destino en el mismo municipio por convivencia familiar.

Artículo 42. Presentación de solicitudes de participación

Las solicitudes de participación en el concurso se dirigen al órgano convocante y, si se piden varios puestos, deben indicar su orden de preferencia. El plazo de presentación es de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 43

Artículo 44. Méritos

En los concursos se valoran los méritos específicos fijados en la convocatoria, el grado personal, el trabajo desarrollado, los cursos incluidos en la convocatoria y la antigüedad. Puede puntuarse, hasta el máximo fijado para la antigüedad, el destino previo del cónyuge, el cuidado de hijos hasta los doce años o el de un familiar. Cada concepto no puede pasar del 40 % ni bajar del 10 % de la puntuación máxima total. Los méritos se valoran a la fecha de cierre de instancias y la convocatoria fija una puntuación mínima.

Artículo 45. Concursos específicos

Si la convocatoria lo determina, el concurso tiene dos fases: la primera valora grado, trabajo desarrollado, cursos y antigüedad; la segunda, los méritos específicos del puesto, con posibles memorias o entrevistas que deben constar en la convocatoria. Esta fija las puntuaciones máximas y mínimas de ambas fases. La nota es la media aritmética de las de los miembros de la Comisión, desechando la máxima y la mínima. Se propone al candidato con mayor puntuación sumadas las dos fases.

Artículo 46. Comisiones de Valoración

La Comisión de Valoración tiene al menos cuatro miembros designados por la autoridad convocante, uno de ellos como mínimo a propuesta del centro directivo de administración de personal. Puede designarse un miembro de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. Participan los sindicatos más representativos y los que superen el 10 % de representantes, sin igualar ni superar a los designados a propuesta de la Administración. Presidente y Secretario salen de los miembros de la Administración.

Artículo 47. Resolución

El concurso debe resolverse en dos meses contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que la convocatoria fije otro plazo. La resolución se motiva con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases, y en el procedimiento deben quedar acreditadas la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos.

Artículo 48. Toma de posesión

Se toma posesión en tres días hábiles si no hay cambio de residencia, o en un mes si lo hay o si se reingresa al servicio activo. El plazo se cuenta desde el día siguiente al cese, que debe producirse en los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución en el BOE; si la resolución comporta reingreso al servicio activo, se cuenta desde dicha publicación. El Subsecretario puede diferir el cese hasta veinte días hábiles y la Secretaría de Estado para la Administración Pública aplazarlo hasta tres meses en total; el Subsecretario del nuevo destino puede prorrogar la incorporación hasta veinte días hábiles.

Artículo 49. Destinos

Los destinos adjudicados en el concurso son irrenunciables, salvo que antes de que termine el plazo de toma de posesión se haya obtenido otro destino mediante convocatoria pública. Se consideran voluntarios y por eso no generan derecho a indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones del régimen de indemnizaciones por razón de servicio.

Artículo 50. Remoción del puesto de trabajo

Quien accede por concurso puede ser removido por causas sobrevenidas: alteración del contenido del puesto, mediante la relación de puestos, que modifique los supuestos de la convocatoria, o falta de capacidad por rendimiento insuficiente sin inhibición. La propuesta motivada la formula el titular del centro directivo, Delegado del Gobierno o Gobernador civil; el interesado alega en diez días hábiles y la Junta de Personal opina en diez días hábiles. Resuelve la autoridad que nombró, y su resolución pone fin a la vía administrativa.

Artículo 51. Procedimiento de libre designación

La facultad de proveer los puestos de libre designación corresponde a los Ministros de los Departamentos de los que dependan y a los Secretarios de Estado en el ámbito de sus competencias. Solo pueden cubrirse así los puestos de Subdirector general, Delegados y Directores territoriales, provinciales o Comisionados, Secretarías de Altos Cargos y los de carácter directivo o de especial responsabilidad que determinen las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 52. Convocatoria

La libre designación exige convocatoria pública previa. En ella figuran la descripción del puesto y los requisitos para su desempeño que constan en la relación de puestos de trabajo y, además, pueden recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al puesto.

Artículo 53. Solicitudes

Artículo 54. Informes

El nombramiento por libre designación requiere informe previo del titular del centro, organismo o unidad del puesto. Si recae en un funcionario de otro Departamento, hace falta informe favorable de este, que se entiende favorable si no se emite en quince días naturales; si es desfavorable, cabe nombrar con autorización del Secretario de Estado para la Administración Pública. Informa además el Delegado del Gobierno o Gobernador civil en los nombramientos de Directores periféricos regionales o provinciales y de ciertos Jefes de unidad.

Artículo 55. Cuerpos o Escalas con puestos en exclusiva

Cuando el funcionario que va a ser nombrado por libre designación pertenece a un Cuerpo o Escala que tiene reservados puestos en exclusiva, se precisa el informe favorable del Ministerio al que esté adscrito ese Cuerpo o Escala.

Artículo 56. Nombramientos

Los nombramientos por libre designación deben hacerse en el plazo máximo de un mes desde que finaliza el de presentación de solicitudes, prorrogable hasta un mes más. Las resoluciones se motivan con referencia al cumplimiento por el elegido de los requisitos y especificaciones de la convocatoria y a la competencia para nombrar, y debe quedar acreditada la observancia del procedimiento debido.

Artículo 57. Toma de posesión

Artículo 58. Cese

Los nombrados por libre designación pueden ser cesados con carácter discrecional, y la motivación del cese se refiere a la competencia para acordarlo. El cesado queda adscrito provisionalmente a un puesto de su Cuerpo o Escala, en el mismo municipio y no inferior en más de dos niveles a su grado personal, hasta obtener otro definitivo; la exigencia del mismo municipio no se aplica a los destinados en el exterior.

Artículo 59. Redistribución de efectivos

Los funcionarios con puesto definitivo no singularizado pueden ser adscritos, por necesidades del servicio, a otro de igual naturaleza, nivel de complemento de destino y complemento específico, con el mismo procedimiento de provisión y sin cambio de municipio; el nuevo puesto es definitivo. Acuerdan la redistribución la Secretaría de Estado para la Administración Pública, los Subsecretarios, los Presidentes o Directores de Organismos y Entidades, y los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, cada uno en su ámbito.

Artículo 60. Reasignación de efectivos

Los funcionarios cuyo puesto se suprime por un Plan de Empleo pueden ser reasignados con criterios objetivos y con carácter definitivo. Fases: 1.ª, en seis meses, el Subsecretario de su Ministerio; 2.ª, en tres meses, la Secretaría de Estado para la Administración Pública, en otro Departamento (obligatoria en el mismo municipio y voluntaria en otro); 3.ª, adscripción al Ministerio para las Administraciones Públicas en expectativa de destino, con reasignación obligatoria en la misma provincia.

Artículo 61. Movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo

Departamentos, Organismos autónomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social pueden adscribir los puestos no singularizados, con sus titulares, a otras unidades o centros. Si hay cambio de municipio, hace falta la conformidad de los titulares, sin perjuicio de la disposición adicional quinta de la Ley 22/1993; si cambia el Departamento, puede hacerlo el Ministerio para las Administraciones Públicas. Los Planes de Empleo pueden promover concursos para centros deficitarios con funcionarios de áreas excedentarias.

Artículo 62. Reingreso al servicio activo

Los funcionarios sin reserva de puesto reingresan participando en concursos o libre designación o, si están en expectativa de destino o en la excedencia forzosa del art. 29.6 de la Ley de Medidas, por reasignación de efectivos. También cabe el reingreso por adscripción provisional, según las necesidades del servicio y los criterios del Ministerio para las Administraciones Públicas; el puesto se convoca en un año como máximo y el funcionario debe concursar pidiéndolo.

Artículo 63. Adscripción provisional

La adscripción provisional solo cabe en tres supuestos: remoción o cese en un puesto obtenido por concurso o libre designación (arts. 50.5 y 58), supresión del puesto de trabajo (art. 72.3) y reingreso al servicio activo de funcionarios sin reserva de puesto de trabajo (art. 62.2).

Artículo 64. Comisiones de servicios

Una vacante puede cubrirse, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios voluntaria con un funcionario que reúna los requisitos; si un concurso la deja desierta y urge cubrirla, cabe la comisión forzosa. Duran como máximo un año, prorrogable por otro si no se cubre el puesto. Cese y toma de posesión: tres días sin cambio de residencia; con cambio, ocho días si es voluntaria y treinta si es forzosa. Se reserva el puesto y se cobran todas las retribuciones.

Artículo 65. Misiones de cooperación internacional

Los Subsecretarios pueden acordar comisiones de servicios de funcionarios de su Departamento para participar en programas o misiones de cooperación internacional al servicio de Organizaciones internacionales, Entidades o Gobiernos extranjeros, por no más de seis meses salvo casos excepcionales, si consta el interés de la Administración conforme a los criterios del Ministerio de Asuntos Exteriores. La resolución determina si se cobra la retribución del puesto de origen o la del puesto a desempeñar.

Artículo 66. Atribución temporal de funciones

En casos excepcionales, los Subsecretarios pueden atribuir a funcionarios, en comisión de servicios, funciones especiales no asignadas específicamente a puestos de las relaciones de puestos de trabajo, o tareas que, por su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no pueden atender con suficiencia los titulares permanentes. Siguen cobrando las retribuciones de su puesto, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio a que tengan derecho.

Artículo 66 bis. Movilidad por razones de salud o de rehabilitación

Previa solicitud por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge o sus hijos a cargo, cabe adscribirle a un puesto de otra unidad, en la misma u otra localidad, con informe previo del servicio médico oficial y, si el motivo es del propio funcionario, del Servicio de prevención. Debe haber vacante dotada, de necesaria provisión y con niveles de destino y específico no superiores. Si el puesto de origen era definitivo, el nuevo también, con dos años de permanencia mínima.

Artículo 66 ter. Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género

La funcionaria víctima de violencia de género obligada a dejar su puesto para hacer efectiva su protección o la asistencia social integral puede pedir traslado a otra unidad, en la misma u otra localidad, indicando las localidades y aportando la orden de protección o, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal. Se le adjudica un puesto de su cuerpo o escala vacante, dotado y de nivel no superior. Si el origen era definitivo, también el nuevo; los traslados con cambio de residencia son forzosos.

Artículo 67. Convocatorias de Comunidades Autónomas

Los funcionarios de la Administración General del Estado pueden obtener destino en las Comunidades Autónomas por concurso o por libre designación. En el concurso deben llevar dos años en el puesto desde el que participan; en la libre designación se requiere informe favorable de su Departamento, que se considera favorable si no se emite en quince días naturales. Si su Cuerpo o Escala tiene puestos reservados en exclusiva, en ambos casos hace falta informe favorable del Ministerio de adscripción.

Artículo 68. Convocatorias de la Administración general del Estado

El Ministro para las Administraciones Públicas puede convocar, a propuesta de las Comunidades Autónomas, concursos para cubrir puestos de estas, previo informe, en su caso, de los Departamentos de adscripción de los Cuerpos o Escalas participantes. Requisitos, méritos y baremos se fijan previo acuerdo con esas Administraciones y se ajustan a su normativa. Los seleccionados, al tomar posesión, pasan a servicio en Comunidades Autónomas y cobran de la Comunidad según su nuevo puesto.

Artículo 69. Comisiones de servicios

A petición de las Comunidades Autónomas, los Departamentos ministeriales pueden autorizar comisiones de servicios de carácter voluntario, de hasta dos años de duración, a los funcionarios que presten servicio en ellos. A estas comisiones no se les aplica lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 64 del Reglamento.

Artículo 2

Se inscriben en el Registro Central: a) el personal del artículo 1.1 de la Ley 30/1984; b) el de su disposición transitoria cuarta en puestos sanitarios de la Administración Civil del Estado; c) el resto del personal de la Administración del Estado con resolución de compatibilidad para un segundo puesto o actividad. La inscripción recoge nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento y número del Registro de Personal, y se hace una vez formalizado el nombramiento o contrato y, en su caso, la compatibilidad.

Artículo 3

El número del Registro de Personal se forma con el número del DNI, completado con ceros a la izquierda hasta ocho dígitos; después se añaden dos dígitos (uno de control y otro para evitar duplicaciones) y, a continuación, el código del cuerpo, escala, convenio y categoría de la persona inscrita.

Artículo 4

Respecto del personal inscrito de los apartados a) y b) del artículo 2.1 se anotan preceptivamente: para funcionarios, tomas de posesión, ceses, cambios de situación, adquisición y modificación del grado personal, reingresos, jubilaciones, pérdida de la condición de funcionario, antigüedad y trienios, compatibilidades, títulos y premios o sanciones; para personal laboral, altas, bajas temporales y definitivas, reingresos, cambios de destino, prórrogas de contrato, excedencia, situaciones, jubilaciones, antigüedad, categoría laboral, compatibilidades, títulos y premios o sanciones.

Artículo 15

Cada Administración Pública constituirá su propio Registro de Personal, en el que se inscribe todo su personal y se anotan los actos que afectan a su vida administrativa. Si las Entidades Locales no tienen capacidad financiera o técnica suficiente, cooperan a constituir sus Registros las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales, los Cabildos o los Consejos Insulares.

Artículo 16

Los contenidos mínimos que hacen homogéneos los Registros de Personal son los de los artículos 2 y 4.1 del Reglamento, y la estructura de los números de Registro de Personal se ajusta a su artículo 3. Todas las Administraciones Públicas usan los códigos, claves y formatos de soportes magnéticos de los anexos I y II del Reglamento.

Artículo 17

Los Registros de Personal informatizados deben dar acceso telemático al Registro Central para actualizar de forma interactiva los datos de los artículos 2 y 4.1. Si dificultades técnicas insalvables lo impiden, envían mensualmente una cinta magnética con las modificaciones, según el anexo II. Las Administraciones sin sistema informático remiten trimestralmente relaciones nominales con las modificaciones; las Corporaciones Locales lo hacen con los modelos del anexo III y a través de la Comunidad Autónoma.

Artículo 18

Todos los Registros de Personal deben organizar sus procedimientos de actuación de manera que la información que contienen pueda utilizarse de forma recíproca entre ellos.

Artículo 19

El Registro Central de Personal debe facilitar a las distintas Administraciones Públicas el acceso a las bases de datos a que se refieren los apartados a) y d) del artículo 11 del Reglamento.

Artículo 20

La Dirección General de la Función Pública, a través de sus unidades, presta el apoyo técnico que le pidan las demás Administraciones Públicas mientras instalan sus Registros de Personal.

Artículo 1. Naturaleza y fines del Registro Central de Personal

El Registro Central de Personal es el registro administrativo de la Administración General del Estado donde se inscribe el personal del artículo 5 y se anotan preceptivamente los actos de su vida administrativa. Fines: constancia registral de los expedientes personales u hojas de servicio (garantía para los interesados y ayuda a la gestión) e información de recursos humanos del sector público estatal para su planificación. Es registro único; los órganos de personal pueden tener sistemas complementarios de información coherentes con él.

Artículo 2. Funciones del Registro Central de Personal

El Registro Central de Personal tiene cinco funciones: inscribir y anotar los actos administrativos de su personal; actuar para que los órganos de ordenación, planificación y gestión de los recursos humanos del sector público estatal tengan la información necesaria; coordinarse con los Registros de Personal de las restantes Administraciones; desarrollar la gestión informática de su Sistema de Información, e impulsar procesos informáticos de ayuda a la gestión de recursos humanos.

Artículo 3. Organización del Registro Central de Personal

El Registro se integra en el Ministerio de Administraciones Públicas a través de la Dirección General que fije su Real Decreto de estructura, que también determina el órgano titular de su jefatura. Actúa con una oficina central y oficinas delegadas, que existirán en todos los Departamentos ministeriales y en los organismos en que el volumen o complejidad del trabajo lo aconsejen. Ministerios y organismos aportan medios y personal. Las delegadas actúan bajo supervisión del Registro y sus jefes dependen funcionalmente, en todo caso, de su jefatura.

Artículo 4. Soporte informatizado al Registro Central de Personal

El sistema de información del Registro tiene, en todo caso, tres subsistemas: base de datos de expedientes personales; de gestión de recursos humanos (une estructuras orgánicas, relaciones de puestos, catálogos y plazas con los expedientes de los inscritos), y de información sobre recursos humanos del sector público. Garantiza medios técnicos para asientos y consultas electrónicas, certificaciones fieles a los expedientes y a los originales, consulta de tablas y formatos, información a los órganos de planificación y cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999.

Artículo 5. Ámbito registral

Se inscriben: el personal del artículo 1.1 de la Ley 30/1984; los demás funcionarios y el personal de su disposición transitoria cuarta cuando ocupen puestos de relaciones de puestos de funcionarios de la Administración del Estado y sus organismos; y el resto regido por esa Ley por su normativa específica. También los Cuerpos Docentes Universitarios estatales, mientras no exista su registro específico. El personal no dependiente de la Administración del Estado podrá inscribirse si se acuerda en convenios entre el Ministerio de Administraciones Públicas y su Administración.

Artículo 6. Delegación de competencias del Registro Central de Personal

La jefatura del Registro Central de Personal puede delegar la realización de inscripciones y anotaciones en los órganos competentes en materia de personal de los Ministerios u organismos. Al hacerlo, debe establecer las medidas necesarias para que se pueda aplicar el procedimiento para la práctica de asientos que fija el Reglamento.

Artículo 7. Documentos registrales

El Secretario de Estado para la Administración Pública aprueba los formatos normalizados de los documentos registrales. Recogen los datos personales, administrativos y de destino, la fecha de formalización del acto, la fecha o condición de inicio y el plazo o condición de fin de sus efectos, la fecha de publicación en el BOE si procede y demás datos precisos. Pueden ser informáticos con firma electrónica, transmitirse telemáticamente y conservarse en soporte óptico, magnético o electrónico, con garantías de integridad, inalterabilidad e identidad.

Artículo 8. El número de registro de personal

La estructura del número de registro de personal es la del artículo 3 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1405/1986. El número lo asigna el Registro Central de Personal antes de la inscripción e identifica la relación entre una persona y la Administración. Una misma persona tendrá tantos números de registro de personal como nombramientos como funcionario de Cuerpos o Escalas o personal eventual haya tenido, o contratos laborales haya suscrito.

Artículo 9. El número de identificación personal

El Registro asigna un número de identificación personal, basado en el DNI si inscribe a españoles, igual toda la vida administrativa: solo se modifica para corregir errores materiales, no se repite ni se reutiliza. Quien se inscribió sin DNI, por carecer de él, conserva el de su primera inscripción y debe indicarlo antes de nuevos contratos o nombramientos. Si un órgano gestor detecta varios números para una persona, lo comunica de inmediato y el Registro anula de oficio los inválidos. El fraude o no indicar el número pueden generar responsabilidad.

Artículo 10. Asientos registrales

Hay dos tipos de asientos: inscripciones, que registran el establecimiento de una relación laboral o funcionarial con la Administración, y anotaciones, que registran actos, resoluciones y otros datos de los inscritos; estas son ordinarias, provisionales o marginales. El asiento no presupone ni condiciona la eficacia constitutiva del acto ni convalida contenidos ilícitos o irregulares. Debe justificarse la previa comunicación al Registro de los actos con efectos en nómina, según las instrucciones de los Ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas.

Artículo 11. Procedimiento para la práctica de los asientos

Los actos llegan al Registro por comunicación del órgano competente, sin ella en los casos de los artículos 13.6 y 14.1, o por el interesado al ejercer sus derechos de rectificación y cancelación. El órgano comunica en tres días como máximo desde que dicta o conoce el acto y el Registro asienta en tres días desde la recepción. No comunicar puede generar responsabilidad disciplinaria. Ante posibles vicios de nulidad o anulabilidad, avisa a la Dirección General correspondiente; los documentos no normalizados o indeterminables los devuelve sin registrar.

Artículo 12. Inscripciones registrales

Se inscriben los nombramientos de funcionarios de carrera, en prácticas, interinos y eventuales, las integraciones en otros Cuerpos o Escalas y los contratos laborales. Para funcionarios de carrera del Estado, el órgano de personal comunica los datos antes de formalizar el nombramiento; el Registro asigna los números (el de identificación, si es la primera inscripción) y los traslada de inmediato, e inscribe cuando se le comunica el nombramiento formalizado. Al resto pueden asignárseles tras comunicarse la formalización. Luego confecciona títulos administrativos y hojas de servicio.

Artículo 13. Anotaciones registrales ordinarias

Se anotan, para funcionarios y eventuales, actos como tomas de posesión, ceses, cambios de situación, grados, jubilaciones, trienios, compatibilidades, cursos, sanciones o sentencias firmes; y, para laborales, incorporaciones, bajas temporales, cambios de destino o categoría, prórrogas o fin del contrato. También lo que fijen las normas o la Secretaría de Estado para la Administración Pública; su Secretario de Estado determina qué títulos, diplomas y cursos se anotan. El Registro anota de oficio lo que se derive con certeza de asientos previos.

Artículo 14. Anotaciones provisionales

Pueden anotarse provisionalmente actos del artículo 13.1 aún no comunicados que sean necesarios para la coherencia con los datos registrados y con nuevos actos comunicados, y los comunicados con defectos no previstos en el artículo 11.7 si su contenido es cierto y coherente. No surten los efectos del artículo 13.4 de la Ley 30/1984. Con la comunicación formal o la comprobación pasan a ordinarias. Duran noventa días naturales; sin comunicación, el Registro la requiere y prorroga otros noventa; si tampoco llega, se cancelan.

Artículo 15. Anotaciones marginales

El Registro Central de Personal puede hacer anotaciones marginales que amplíen, aclaren, detallen o documenten otros asientos, para mejorar la calidad e integridad de la información. También puede hacerlas sobre inscripciones o anotaciones afectadas por otras posteriores correspondientes a actos o resoluciones con efectos retroactivos, para señalar esa circunstancia.

Artículo 16. Cancelación, sustitución y modificación de asientos

Se cancelan los asientos en los casos del Reglamento o cuando el acto se anula por la Administración o por sentencia firme, mediante una anotación marginal referida al asiento cancelado. Sustituir es cancelar y anotar a continuación el nuevo asiento. Solo pueden instarlo el órgano que dictó el acto o el Registro en los casos previstos. Los interesados pueden ejercer sus derechos de cancelación y rectificación. Solo se modifican asientos para subsanar errores materiales, de hecho o aritméticos, con anotaciones marginales que describen la corrección.

Artículo 17. Anotaciones relativas a la ocupación de puestos o plazas

Se comunican al Registro los cambios en las relaciones de puestos; las modificaciones de puestos ocupados se anotan en los expedientes de sus ocupantes. Si se suprimen puestos, los efectos se comunican en el plazo de tres días del artículo 11.2 y el Registro mantiene los puestos ocupados hasta que se comuniquen los ceses. Tras una reestructuración, la nueva adscripción se comunica en todo caso en dos meses. Las tomas de posesión de titulares de órganos directivos creados por Real Decreto se anotan aunque no estén aprobados los puestos.

Artículo 18. Expedientes personales, certificaciones y derecho de acceso

El expediente personal u hoja de servicios es el conjunto de asientos del Registro relativos a una persona; deben corresponderse con lo comunicado y no pueden incluir los datos del artículo 7, apartados 2 y 3, de la Ley Orgánica 15/1999. El Jefe del Registro expide certificaciones a los interesados que las pidan, que ejercen el derecho de acceso en la oficina central o en las delegadas. Los órganos de personal de la Administración del Estado pueden consultar, pedir datos, acceder a expedientes y obtener certificaciones en ejercicio de sus competencias.

Artículo 19. Coordinación con otros sistemas de información en materia de recursos humanos de la Administración General del Estado

Los sistemas de información de recursos humanos de la Administración General del Estado deben facilitar el acceso al Registro Central de Personal para realizar las consultas y transferencias de información necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 20. Ámbito y naturaleza de la información

En cumplimiento de la disposición final cuarta de la Ley 13/1996, el Registro Central de Personal dispondrá de la información necesaria para conocer los recursos humanos del sector público estatal y su evolución. Esa información no contiene datos de personas identificadas o identificables y recoge periódicamente el número de efectivos, su distribución, su coste, la procedencia de las altas, la causa de las bajas y otros indicadores precisos para esos fines.

Artículo 21. Obtención de la información

El Registro obtiene la información del artículo 20 de sus propios datos para el personal inscrito, completados si hace falta con información de los órganos gestores, y mediante remisiones trimestrales de los órganos de recursos humanos de Ministerios, organismos y entidades del sector público estatal para el no inscrito. El Registro fija formatos, contenidos, soportes y medios de esas remisiones, y los remitentes responden de su exactitud. El Ministerio de Administraciones Públicas puede convenir con otras Administraciones el intercambio de información.

Artículo 22. Destinatarios de la información

El Registro Central de Personal pone la información sobre recursos humanos a disposición de los órganos responsables del análisis y seguimiento de la evolución de los recursos humanos y su coste, para sus fines, y especialmente de la Comisión Interministerial de Recursos Humanos del Sector Público Estatal, creada en la disposición final cuarta de la Ley 13/1996.

Artículo 105. Objeto, ámbito y principios de actuación

La Administración del Estado sirve con objetividad los intereses generales con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y con la ciudadanía como centro. Su empleo público son las personas que le prestan servicios profesionales retribuidos de interés general, en régimen estatutario o laboral. La reforma pivota sobre cuatro elementos: planificación estratégica, acceso y selección, evaluación del desempeño y carrera, y directivo público profesional. Garantiza el diálogo social y la negociación colectiva.

Artículo 106. La planificación como principio de organización

La Administración del Estado actúa conforme a planes de actuación o a instrumentos de planificación estratégica equivalentes, siempre de acuerdo con los principios de actuación que recoja la normativa en vigor. La planificación se convierte así en principio de organización de toda su actuación.

Artículo 107. La planificación estratégica de los recursos humanos

La planificación estratégica de los recursos humanos fija el escenario plurianual de empleo público dentro de las previsiones presupuestarias y es periódicamente revisable. Contendrá, al menos, criterios y medidas para la oferta de empleo público, la movilidad, la provisión, la promoción interna, los itinerarios formativos y los objetivos de desempeño. Se estructura en planes generales y específicos de departamentos u organismos; el departamento con competencias en función pública dicta normas y directrices. Exige negociación colectiva previa y evaluación posterior.

Artículo 108. Oferta de Empleo Público

La oferta de empleo público define y cuantifica los efectivos de nuevo ingreso con asignación presupuestaria. Las convocatorias se publican en el mismo año natural que la oferta en el BOE, se ejecutan en dos años como máximo y la fase de oposición en uno, salvo causa justificada. Las plazas no cubiertas pueden convocarse otra vez si no han pasado más de tres años desde la oferta, previo informe del departamento de función pública. Al menos el 30 % de las plazas de acceso libre va a promoción interna y al menos el 10 % de las convocadas, a discapacidad (2 % para discapacidad intelectual).

Artículo 109. Las relaciones de puestos de trabajo

Las relaciones de puestos de trabajo son instrumentos técnicos de planificación para organizar, racionalizar y ordenar el personal. Son públicas e incluyen, de forma conjunta o separada, todos los puestos funcionariales, laborales y eventuales existentes. Los puestos se ordenan por denominaciones tipo y características análogas, con lenguaje no sexista. En ámbitos específicos puede haber otros instrumentos que las sustituyan si permiten asimilarlos a la clasificación orgánica y funcional.

Artículo 110. Estructuración de puestos

Los puestos se estructuran en niveles según el grado de responsabilidad exigida. Crear, modificar o suprimir un puesto exige analizar su perfil de competencias con criterios de objetividad e interoperabilidad. Con carácter general, los puestos se adscriben a una o varias áreas funcionales, que, con sus cuerpos o escalas, se fijarán reglamentariamente; los de una misma área pueden agruparse por características comunes. Los puestos laborales siguen su normativa específica.

Artículo 111. Concurso abierto y permanente

La Secretaría de Estado de Función Pública, en colaboración con los departamentos ministeriales y organismos públicos, convocará concursos unitarios, de carácter abierto y permanente, en los que podrán incluirse puestos vacantes adscritos a ellos, para fomentar una mayor ocupación de las plazas de necesaria cobertura y favorecer una movilidad ordenada y coordinada.

Artículo 112. Principios rectores de acceso al empleo público

La Administración del Estado selecciona con los principios de igualdad, mérito y capacidad y los del artículo 55 del TREBEP. El modelo de selección es adaptable, mixto (conocimientos y también competencias y habilidades) y social (diversidad social y territorial). Garantiza la publicidad de convocatorias y bases, la adecuación de las pruebas a las funciones, la agilidad y eficiencia con medios electrónicos, la accesibilidad, la imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección y la igualdad de acceso sin importar la situación socioeconómica.

Artículo 113. Acceso al empleo público de personas con discapacidad

El acceso de las personas con discapacidad, como funcionarias o laborales, se inspira en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Participan en igualdad de condiciones y acreditan el grado de discapacidad y la compatibilidad con las funciones. Las plazas reservadas a discapacidad intelectual (grado igual o superior al 33 %) se cubren con pruebas específicas e independientes. Hay adaptaciones de tiempo y medios, se permiten prótesis, incluidas las auditivas, y, tras superar el proceso, se adapta el puesto.

Artículo 114. Sistemas y procesos de selección

Los sistemas selectivos son abiertos y se rigen por los principios del artículo 112; las pruebas se territorializan, salvo razones justificadas. Los sistemas son oposición, concurso-oposición y, excepcionalmente, concurso (para funcionarios, solo si lo establece una ley). En el concurso-oposición, el concurso no decide solo y exige superar la oposición. La toma de posesión del funcionario de carrera es en 15 días naturales desde la publicación del nombramiento, o un mes si cambia de localidad de residencia; interinos y eventuales, al día siguiente.

Artículo 115. Órganos de selección

Los órganos de selección son colegiados y se rigen por los principios del artículo 112 y por las Leyes 39/2015 y 40/2015. Garantizan imparcialidad, profesionalidad, especialización, agilidad y presencia equilibrada de mujeres y hombres, y promueven la participación de personas con discapacidad. No pueden formar parte altos cargos, personal de elección o designación política, funcionarios interinos, personal laboral no fijo ni personal eventual. Se pertenece siempre a título individual. El INAP y otros centros organizan u homologan formación para sus miembros, que se valora al conformarlos.