Real Decreto 364/1995, Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional

Artículo 66 ter. Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género

En pocas palabras

La funcionaria víctima de violencia de género obligada a dejar su puesto para hacer efectiva su protección o la asistencia social integral puede pedir traslado a otra unidad, en la misma u otra localidad, indicando las localidades y aportando la orden de protección o, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal. Se le adjudica un puesto de su cuerpo o escala vacante, dotado y de nivel no superior. Si el origen era definitivo, también el nuevo; los traslados con cambio de residencia son forzosos.

Explicación sencilla

Garantiza la movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género como medida de protección. Flexibiliza la permanencia mínima de dos años si vuelve a ser víctima o lo requiere la asistencia social integral, y el traslado con cambio de residencia se considera forzoso.

Regla mnemotécnica

Orden de protección o, mientras llega, informe del Ministerio Fiscal; con cambio de residencia, traslado forzoso.

Trampa típica de examen

Exigir siempre la orden de protección: excepcionalmente, hasta que se dicte, basta el informe del Ministerio Fiscal que indique indicios de violencia de género.

Texto del artículo 66 ter del Real Decreto 364/1995 (RGI)

1. La funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios podrá solicitar el traslado a un puesto de trabajo en distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad. En dicha solicitud se indicará la localidad o localidades a las que solicita el traslado, debiendo ir acompañada de copia de la orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. 2. Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente adjudicará un puesto propio de su cuerpo o escala, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, dotado presupuestariamente, que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. La funcionaria deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo. La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en su nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento o en el caso de que la funcionaria se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de nuevo de violencia de género y así se acredite en la forma señalada en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo o si así se requiere para recibir la asistencia social integral. Estos traslados, cuando impliquen cambio de residencia, tendrán la consideración de forzosos. El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia de la funcionaria, o de un mes si comporta cambio de residencia. 3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento.

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