RGRSS

Real Decreto 1415/2004, Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social

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Art. 1Concepto y objeto de la gestión recaudatoriaLa gestión recaudatoria de la Seguridad Social es la actividad administrativa dirigida a cobrar sus créditos y derechos. El artículo enumera los recursos que abarca: cuotas, aportaciones de mutuas y empresas colaboradoras, capitales coste, sanciones, recargos sobre prestaciones, reintegros de préstamos y de prestaciones indebidas, costas procesales y demás ingresos de derecho público, con sus recargos e intereses. La TGSS cobra además las cuotas de desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional para entidades ajenas al sistema.
Art. 2Competencia y atribución de funcionesLa recaudación de los recursos de la Seguridad Social es competencia exclusiva de la TGSS, bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo, y se ejerce a través de sus direcciones provinciales salvo atribución expresa a otros órganos. Las unidades de recaudación ejecutiva son competentes para la ejecución forzosa del patrimonio del deudor, pueden embargar bienes situados fuera de su demarcación y su personal tiene la consideración de agentes de la autoridad pública.
Art. 3Colaboradores en la gestión recaudatoriaColaboran con los órganos de recaudación de la TGSS: las entidades financieras autorizadas como oficinas recaudadoras (bancos y cajas de ahorro, acreditados con certificación del Banco de España; cajas rurales, con certificación del Registro especial de cooperativas de crédito; y otras cooperativas si se aprecia su capacidad), otros entes o agentes autorizados y las Administraciones o entidades con funciones recaudatorias por concierto o disposición especial. Ninguno de ellos adquiere el carácter de órgano de recaudación.
Art. 4Autorizaciones de colaboración en la gestión recaudatoriaEl Secretario de Estado de la Seguridad Social concede o deniega las autorizaciones de colaboración en seis meses desde la entrada en su registro; sin resolución, se entienden desestimadas. Fija las condiciones de la colaboración y puede suspender, revocar o restringir la autorización, previo expediente, por las causas que enumera. El colaborador que quiera cesar lo pide con 30 días de antelación y se resuelve en tres meses (silencio estimatorio). Las resoluciones se publican en el BOE y surten efectos el día primero del mes siguiente.
Art. 5Conciertos de colaboración en la gestión recaudatoriaLos conciertos de la TGSS para la gestión recaudatoria requieren autorización previa del Ministerio de Trabajo si se celebran con Administraciones públicas y del Consejo de Ministros si se celebran con entidades particulares. Deben fijar como mínimo: servicios y órganos, procedimiento, compensaciones económicas, plazos y formas de ingreso, vigencia y resolución, revisión por cambios legislativos y la protección de los datos personales. La habilitación a entidades particulares es siempre temporal.
Art. 6Desarrollo del procedimientoEl período voluntario empieza con el plazo reglamentario de ingreso y dura, si no hay pago u otra causa de extinción, hasta la emisión de la providencia de apremio, que abre la vía ejecutiva. Vencido el plazo sin pago se aplican recargos y empiezan a devengarse intereses, exigibles solo en vía ejecutiva. El procedimiento se impulsa de oficio, se suspende solo en los casos previstos y termina por anulación o extinción de la deuda. Puede no iniciarse si la deuda es inferior a la cuantía que fije el Ministro por antieconómica.
Art. 7Presunción de legalidadLos actos que dicta la Tesorería General de la Seguridad Social para determinar y recaudar la deuda con la Seguridad Social gozan de presunción de legalidad y son inmediatamente ejecutivos. Es decir, se consideran ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario y pueden ejecutarse desde que se dictan.
Art. 8Cómputo de plazosLos plazos del reglamento se computan conforme a la Ley 30/1992 con dos particularidades para los plazos de pago: si se fijan por días sin decir otra cosa, son hábiles y se excluyen sábados, domingos y festivos; si se fijan por días naturales, meses o años y el último día es inhábil, el plazo termina el día hábil anterior, no el siguiente.
Art. 9NotificacionesLas notificaciones recaudatorias se practican por medios electrónicos o en el domicilio. Los incorporados al Sistema RED, y quienes opten por la vía electrónica, son notificados obligatoriamente por comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social; la notificación se entiende practicada al acceder a su contenido y rechazada si no se accede en diez días naturales desde la puesta a disposición. Los demás, en su domicilio. Si no se puede notificar, se publica anuncio gratuito en el BOE.
Art. 10RecargosLas cuotas no abonadas en plazo reglamentario llevan recargo. Si se presentó la liquidación en plazo: 10 % pagando en el primer mes natural siguiente al vencimiento y 20 % a partir del segundo. Si no se presentó: 20 % pagando antes de que acabe el plazo de la reclamación de deuda o acta de liquidación y 35 % después. Las deudas por recursos distintos de cuotas llevan un 20 %. No hay recargo sobre recargos o intereses ni si el retraso se debe a error de la Administración.
Art. 11InteresesEl principal devenga intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso; el recargo, solo desde que vencen los 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio. Los intereses no se acumulan para calcular nuevos intereses ni se suspenden por impugnar. Solo son exigibles pasados 15 días naturales desde la providencia de apremio o desde el inicio del procedimiento de deducción sin pago. El tipo es el interés legal del dinero más un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos fije otro.
Art. 12Responsables de pago: normas comunesResponden de las cuotas y demás recursos quienes estén directamente obligados a ingresarlos y, además, los responsables solidarios, subsidiarios y sucesores mortis causa. Los órganos de recaudación declaran esa responsabilidad y exigen el pago por el procedimiento del reglamento. Puede dirigirse el procedimiento contra el empresario efectivo aunque no figure formalmente. Salvo norma legal en contra, a estos responsables no se les pueden exigir sanciones pecuniarias ni recargos sobre prestaciones, salvo declaración de responsabilidad de la entidad gestora para estos últimos.
Art. 13Responsables solidariosSi varias personas responden solidariamente, puede reclamarse a todas o a cualquiera, y seguir contra una no impide seguir contra otra hasta extinguir el crédito. Si el deudor liquidó en plazo sin pagar o ya tiene reclamación o acta, a otro solidario solo se le exige por reclamación de deuda por derivación (TGSS) o acta de liquidación (Inspección). Antes se dicta acuerdo de iniciación con audiencia de 15 días; la reclamación se notifica en un máximo de seis meses desde ese acuerdo. Comprende principal, recargos, intereses y costas.
Art. 14Responsables subsidiariosConstatada la insolvencia del deudor principal, puede emitirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra el responsable subsidiario. Antes, la TGSS dicta acuerdo de iniciación con audiencia de 15 días, y la reclamación se notifica en seis meses como máximo. Comprende toda la deuda exigible al principal, sin recargos, intereses ni costas. Basta para tener por insolvente al deudor la insuficiencia de bienes, la insolvencia declarada en otro procedimiento o el concurso en fase de liquidación. Alegar bienes del principal solo suspende la ejecución.
Art. 15Sucesores mortis causaLos herederos responden solidariamente entre sí de la deuda del causante desde la aceptación expresa o tácita de la herencia, con los bienes de esta y con su propio patrimonio, salvo aceptación a beneficio de inventario, en que responden solo con los bienes adjudicados. Tras el fallecimiento, lo ya embargado se ejecuta con el representante de la herencia yacente o los sucesores; para otros bienes hay que emitir reclamación por derivación al sucesor. Sin herederos conocidos o aceptantes, se sigue contra los bienes de la herencia.
Art. 16Domicilio del responsable de pagoDomicilio a efectos recaudatorios: el empresario, el de la efectiva gestión administrativa y dirección del negocio, que figura en su inscripción; el trabajador, el de su solicitud de alta. Si falta, el de residencia habitual para personas naturales y el domicilio social para jurídicas si allí está centralizada su gestión. Quien resida en el extranjero más de seis meses al año debe designar representante con domicilio en España. Los cambios de domicilio se comunican y, si no, pueden modificarse de oficio.
Art. 17Legitimación para el pagoPuede pagar las deudas con la Seguridad Social el propio responsable, los administradores de bienes o negocios intervenidos o administrados judicialmente y, en general, cualquier persona, tenga o no interés y lo sepa o no el responsable. Pero el tercero que paga nunca puede ejercer ante la Administración de la Seguridad Social los derechos del responsable del pago; solo le quedan las acciones de repetición del derecho privado.
Art. 18Legitimación para el cobroLas deudas se pagan directamente a los órganos de recaudación de la TGSS o a través de los colaboradores autorizados o habilitados, con los mismos efectos en ambos casos. El pago hecho a órganos o personas no legitimados para recibirlo no libera nunca al deudor, sin perjuicio de la responsabilidad del perceptor no autorizado. La Administración no responde en los casos de usurpación de la función recaudatoria.
Art. 19Integridad y efectos del pagoEl pago solo extingue la deuda si cubre su totalidad. Esto no impide compensaciones y deducciones ni el ingreso separado de las aportaciones de los trabajadores retenidas, pero la deuda no se extingue hasta pagarla entera. Salvo en aplazamientos y compensación, las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no pueden ingresarse aparte de las de contingencias comunes. En vía ejecutiva se aplican los pagos parciales y lo obtenido por embargo. El pago con los requisitos del reglamento libera a los responsables.
Art. 20Pago por consignaciónSi el órgano de recaudación rechaza indebidamente el pago ofrecido o no puede admitirlo por fuerza mayor, el responsable puede consignarlo a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando se acuerde la procedencia del pago o cese la fuerza mayor, la consignación se aplica al pago de la deuda con efectos retroactivos a la fecha en que se formalizó la consignación.
Art. 21Medios de pagoLas deudas con la Seguridad Social se pagan en efectivo, mediante dinero de curso legal, cheque, transferencia o domiciliación bancaria, o con cualquier otro medio que autorice la TGSS. El pago sigue el procedimiento de ingreso que esta determine según el tipo de deuda y el período de recaudación. El pago en dinero de curso legal se hace, en todo caso, a través de las entidades colaboradoras autorizadas o habilitadas.
Art. 22ChequeLos cheques para pagar a la Seguridad Social deben ser nominativos a favor de la TGSS y cruzados a la entidad donde tenga cuenta el órgano o colaborador; librados contra entidades financieras autorizadas situadas en España; fechados el mismo día de la entrega o en los dos anteriores; conformados, visados o certificados, con retención del importe al menos 30 días desde su emisión; e indicar nombre y NIF del librador. Si un cheque conformado o certificado no se cobra, el impago se exige a la entidad que lo conformó o certificó.
Art. 23Transferencia bancariaLas deudas con la Seguridad Social pueden pagarse por transferencia bancaria a las cuentas de la TGSS, cursando el mandato por bancos, cajas u otras entidades financieras inscritas. El mandato debe expresar el concepto concreto, el detalle si abarca varios conceptos y, en su caso, el código de cuenta de cotización. A la vez, el deudor envía al órgano colaborador los documentos exigidos con la fecha, el importe y la entidad usada. El pago se entiende hecho cuando los fondos entran en la entidad financiera destinataria.
Art. 24Otros medios de pagoSi alguien pide a la TGSS que autorice un medio de pago distinto del dinero de curso legal, el cheque o la transferencia, la solicitud debe resolverse en tres meses desde su entrada en cualquiera de los registros de la Tesorería. Si pasa ese plazo sin resolución, la solicitud se entiende desestimada.
Art. 25Justificantes de pago y deber de información de los empresariosQuien paga a la Seguridad Social tiene derecho a un justificante: recibos de liquidación y documentos de ingreso validados por colaboradores, recibos de órganos o colaboradores, certificaciones del ingreso u otros documentos a los que dé ese carácter el Director General de la TGSS. Los obligados a cotizar conservan copia cuatro años. El empresario informa a los trabajadores de los datos de cotización dentro del mes siguiente al ingreso. El justificante del colaborador libera al deudor como si hubiera pagado en la TGSS.
Art. 26Requisitos formales de los justificantes de pagoTodo justificante de pago debe indicar como mínimo: datos identificativos del responsable, concepto, importe y período del ingreso, fecha de pago y órgano recaudador o colaborador que lo expide. Si es electrónico, estos datos pueden expresarse con códigos o abreviaturas que identifiquen al obligado y la deuda. Además, el deudor con justificante puede pedir a la TGSS una certificación acreditativa del pago, que esta debe expedir.
Art. 27Vigencia y ejecución de garantíasCuando la ley o el reglamento den efectos a una garantía de pago, no se admiten las que no puedan ejecutarse hasta, al menos, seis meses después de que concurra la causa de ejecución. La garantía se libera al pagarse toda la deuda garantizada, con recargos, intereses y costas, o al extinguirse la obligación. Si la deuda se declara parcialmente improcedente por resolución firme, cabe su reducción proporcional. Solo se sustituye por causas extraordinarias y, si se incumple, se ejecuta por los trámites del título III.
Art. 28Tipos de garantíaLa garantía ordinaria es el aval solidario de entidades financieras de depósito o crédito inscritas, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, inscrito en el Registro especial de avales. Si no es posible por causa justificada y la norma lo permite, valen otras: hipoteca, prenda, seguro de caución, fianza personal u otra suficiente y, con deuda en apremio, la anotación preventiva de embargo. Si su aceptación o cancelación requiere documento público, se hace por documento administrativo del órgano que dicta la resolución vinculada.
Art. 29Aval genéricoEl sujeto responsable puede presentar un aval genérico como garantía especial de todas sus deudas presentes y futuras con la TGSS. Ese aval no suspende el procedimiento recaudatorio iniciado o que pueda iniciarse, pero hace que se le considere al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social mientras el importe avalado garantice suficientemente la deuda que pueda generarse.
Art. 30Reembolso del coste de las garantíasSi se aportaron garantías para suspender el procedimiento de recaudación y la deuda se declara improcedente por sentencia o resolución administrativa firmes, la TGSS reembolsa el coste de las garantías y, en su caso, el interés legal de lo depositado o consignado desde el depósito hasta los 30 días siguientes a la notificación de la resolución o sentencia. Si la improcedencia es parcial, el reembolso es proporcional. Se hace previa acreditación del importe y por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos.
Art. 31Normas generalesLos órganos de la TGSS, según el reparto de competencias de su Director General, pueden conceder a petición del responsable aplazamientos de deudas cuando su situación económico-financiera, apreciada discrecionalmente, le impida pagar en plazo. La duración total no puede pasar de cinco años, salvo causas extraordinarias acreditadas, en que resuelve el Director General a propuesta favorable. Cumplido, el aplazamiento suspende el procedimiento y permite considerar al deudor al corriente para subvenciones, bonificaciones, prestaciones o contratación.
Art. 32Deudas con la Seguridad Social susceptibles de aplazamientoPuede aplazarse cualquier deuda de Seguridad Social salvo las cuotas de la aportación de los trabajadores por cuenta ajena o asimilados y las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que deben ingresarse en un mes desde la notificación de la concesión si no se pagaron antes. Los recargos sobre prestaciones por falta de medidas de seguridad solo se aplazan si se garantiza íntegramente con aval. El aplazamiento incluye todas las deudas aplazables, con sus recargos, intereses y costas, y los pagos se imputan primero a las cuotas inaplazables.
Art. 33GarantíasEl aplazamiento debe garantizarse con garantía suficiente para cubrir principal, recargos, intereses y costas. Se tiene por incumplido si la garantía no se constituye en 30 días naturales desde la notificación (o el plazo superior fijado, de hasta seis meses). No hace falta garantía cuando el solicitante es una Administración pública o ente de derecho público no societario, la deuda no supera 150.000 euros (o es inferior a 250.000 con pago anticipado de un tercio), se trata de prestaciones indebidas de un pensionista o lo exime el Secretario de Estado.
Art. 34InterésConceder un aplazamiento hace que se devengue interés desde la concesión hasta el pago, al tipo de interés de demora vigente en cada momento del aplazamiento. Ese interés se incrementa en dos puntos si se eximió al responsable de constituir garantías por causas extraordinarias. Se aplica sobre el principal, los recargos y las costas aplazados.
Art. 35ProcedimientoLa solicitud de aplazamiento identifica deudor y deuda, motivos, plazos y vencimientos pedidos, medio de notificación y, en su caso, garantías ofrecidas. Si es defectuosa, se requiere subsanar en 10 días bajo apercibimiento de desistimiento. Se resuelve en tres meses como máximo desde su entrada en el registro del órgano competente; sin resolución, puede entenderse desestimada. Pedirla no suspende el procedimiento. Se deniega, en general, por incumplimientos reiterados, enajenación ya autorizada de bienes embargados o deuda no superior al salario mínimo mensual.
Art. 36IncumplimientoSi se incumple cualquier condición o pago del aplazamiento, sigue sin más trámite el apremio ya iniciado y se dicta providencia de apremio por la deuda no apremiada, con recargo del 20 % del principal si se liquidó en plazo o del 35 % si no. Primero se ejecutan las garantías constituidas y los intereses de demora se exigen desde el vencimiento de los plazos reglamentarios de ingreso. El aplazamiento se considera incumplido en cuanto el beneficiario deja de estar al corriente con la Seguridad Social tras su concesión.