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C2.1000 · Área jurídico administrativa general

Tema 4 del temario de Auxiliar Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Poder Judicial en Andalucía. Otras Instituciones de autogobierno. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

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Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía

En este tema: arts. 99–155. Ver la norma

  1. Artículo 99. La Junta de Andalucía

    La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. Está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. Forman parte también de la organización de la Junta de Andalucía las instituciones y órganos regulados en el Capítulo VI.

  2. Artículo 100. Representación e inviolabilidad

  3. Artículo 101. Composición, elección y mandato

    Mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; representan a toda Andalucía, sin mandato imperativo. Elección por cuatro años; el mandato termina a los cuatro años o con la disolución, y el de titulares y suplentes de la Diputación Permanente se prorroga hasta la constitución de la nueva Cámara. Inviolabilidad por opiniones y votos, aun tras cesar. Detención solo en flagrante delito; inculpación, prisión, procesamiento y juicio: TSJ de Andalucía; fuera de Andalucía: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

  4. Artículo 102. Autonomía parlamentaria

    El Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. Se dota de su propio Reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requieren el voto de la mayoría absoluta de los Diputados. El Reglamento establece el Estatuto del Diputado. El Parlamento elabora y aprueba su presupuesto y, en los términos de sus propias disposiciones, tiene facultades plenas para su modificación, ejecución, liquidación y control.

  5. Artículo 103. Organización y funcionamiento

    El Parlamento elige Presidente o Presidenta, Mesa y Diputación Permanente. Funciona en Pleno y Comisiones: el Pleno puede delegar en las Comisiones legislativas la aprobación de leyes, pero no las presupuestarias, tributarias ni las de mayoría cualificada. Dos períodos ordinarios al año, ocho meses como mínimo en total, iniciados en septiembre y febrero. Extraordinarias: las convoca el Presidente, previa aprobación de la Diputación Permanente, a petición de ésta, de una cuarta parte de los Diputados, de los grupos que fije el Reglamento, del Presidente de la Junta o del Consejo de Gobierno.

  6. Artículo 104. Régimen electoral

    La circunscripción electoral es la provincia y ninguna provincia puede tener más del doble de Diputados que otra. La elección sigue criterios de representación proporcional. Las elecciones se celebran entre los treinta y sesenta días posteriores a la expiración del mandato, y los electos deben ser convocados a la sesión constitutiva dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones. Son electores y elegibles los andaluces y andaluzas mayores de dieciocho años en pleno goce de sus derechos políticos; la Comunidad facilitará el voto de los andaluces que estén fuera de Andalucía.

  7. Artículo 105. Ley electoral

    La ley electoral requiere mayoría absoluta para su aprobación. Regula la convocatoria de elecciones, el procedimiento electoral, el sistema electoral y la fórmula de atribución de escaños, las causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al Parlamento de Andalucía, y las subvenciones y gastos electorales y su control. Establecerá criterios de igualdad de género para elaborar las listas electorales y regulará la obligación de los medios de comunicación de titularidad pública de organizar debates electorales entre las formaciones políticas con representación parlamentaria.

  8. Artículo 106. Funciones

    Corresponde al Parlamento: potestad legislativa; orientar, impulsar y controlar la acción del Consejo de Gobierno; examinar, enmendar y aprobar los presupuestos; tributos, deuda y crédito; elegir al Presidente y apreciar, en su caso, su incapacidad; exigir responsabilidad política al Consejo de Gobierno; proposiciones de ley al Congreso; autorizar convenios con otras Comunidades; planes económicos; Cuenta General; ordenación básica de órganos y servicios; control de empresas públicas y medios dependientes; recursos de inconstitucionalidad; designar Senadores; y demás atribuciones.

  9. Artículo 107. Presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones

    El artículo 107 establece que en los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Retener el principio (presencia equilibrada entre hombres y mujeres) y su ámbito: los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía.

  10. Artículo 108. Potestad legislativa

    El Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes. Las leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral o a la organización de las instituciones básicas requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, salvo los supuestos para los que el Estatuto exija mayoría cualificada.

  11. Artículo 109. Decretos legislativos

    El Parlamento puede delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Quedan excluidas: reforma del Estatuto, presupuesto, leyes que requieran cualquier mayoría cualificada, desarrollo de derechos y deberes del Estatuto y otras que el Estatuto disponga. Textos articulados: ley de bases (objeto y alcance, principios y criterios, plazo). Refundición: ley ordinaria. La delegación se agota con la publicación de la norma y no cabe implícita ni por tiempo indeterminado.

  12. Artículo 110. Decretos-leyes

    En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar decretos-leyes, medidas legislativas provisionales que no podrán afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al régimen electoral ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. Los presupuestos de Andalucía no podrán aprobarse así. Quedan derogados si en el plazo improrrogable de treinta días desde su promulgación el Parlamento no los convalida expresamente tras un debate y votación de totalidad. En ese plazo el Parlamento podrá tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

  13. Artículo 111. Iniciativa legislativa

    La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento, y al Consejo de Gobierno. Una ley del Parlamento de Andalucía, en el marco de la ley orgánica prevista en el artículo 87.3 de la Constitución, regulará el ejercicio de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos y la iniciativa legislativa popular. La ley regulará las modalidades de consulta popular para asuntos de especial importancia para la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el artículo 78.

  14. Artículo 112. Potestad reglamentaria

  15. Artículo 113. Participación ciudadana en el procedimiento legislativo

    El artículo 113 establece que los ciudadanos, a través de las organizaciones y asociaciones en que se integran, así como las instituciones, participarán en el procedimiento legislativo. Lo harán en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento. Retener quiénes participan (los ciudadanos, a través de sus organizaciones y asociaciones, y las instituciones), en qué (el procedimiento legislativo) y qué norma fija los términos (el Reglamento del Parlamento).

  16. Artículo 114. Impacto de género

    El artículo 114 dispone que, en el procedimiento de elaboración de las leyes y de las disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma, se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido de esas normas. Hay que retener a qué normas se aplica (leyes y disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma), en qué momento (el procedimiento de elaboración) y sobre qué recae (el contenido de las normas).

  17. Artículo 115. Control de constitucionalidad

    El artículo 115 atribuye el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley exclusivamente al Tribunal Constitucional. Hay que retener el objeto del control (disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley), el órgano (el Tribunal Constitucional) y el adverbio «exclusivamente».

  18. Artículo 116. Promulgación y publicación

    Las leyes de Andalucía las promulga, en nombre del Rey, el Presidente de la Junta, que ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo de quince días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su vigencia rige la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

  19. Artículo 117. Funciones y responsabilidad ante el Parlamento

    El Presidente dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la Administración de la Comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía. Podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en un Vicepresidente o Consejero. Es responsable políticamente ante el Parlamento. Podrá proponer, por iniciativa propia o a solicitud de los ciudadanos, conforme al artículo 78 y a la legislación del Estado, consultas populares sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales.

  20. Artículo 118. Elección y responsabilidad ante los tribunales

    El Parlamento elige al Presidente de la Junta entre sus miembros. El Presidente del Parlamento, previa consulta a los Portavoces, propone candidato, que presenta su programa. Primera votación: mayoría absoluta; si no, nueva votación 48 horas después y basta mayoría simple. Si pasados dos meses desde la primera votación nadie la obtiene, el Parlamento queda automáticamente disuelto y el Presidente en funciones convoca elecciones. Lo nombra el Rey. Su responsabilidad penal y civil (por el ejercicio del cargo) se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

  21. Artículo 119. Composición y funciones

    El Consejo de Gobierno lo integran el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros. Como órgano colegiado, ejerce la dirección política, dirige la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas. La potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros. Le corresponde interponer recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia y personarse en los procesos constitucionales. Por conducto de su Presidente, podrá plantear conflictos de jurisdicción a los jueces y tribunales.

  22. Artículo 120. Cese

    El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento y en los casos de pérdida de cuestión de confianza o aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme que inhabilite para el desempeño de cargo público o fallecimiento del Presidente. El Consejo de Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno.

  23. Artículo 121. Estatuto y régimen jurídico

    El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de sus miembros serán regulados por ley del Parlamento de Andalucía, que determinará también las causas de incompatibilidad de esos miembros. Además, el Presidente y los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna.

  24. Artículo 122. Responsabilidad ante los tribunales

    La responsabilidad penal de los Consejeros es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; no obstante, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, es exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ante este último Tribunal es exigible también la responsabilidad civil en que hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos.

  25. Artículo 123. Potestad expropiatoria y responsabilidad patrimonial

    Apartado 1: el Consejo de Gobierno podrá ejercer la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en la materia. Apartado 2: la Comunidad Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

  26. Artículo 124. Responsabilidad solidaria del Consejo de Gobierno

    El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria. Esa responsabilidad solidaria se establece sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión. Hay que retener quién responde (el Consejo de Gobierno), ante quién (el Parlamento), cómo (de forma solidaria) y que queda a salvo la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.

  27. Artículo 125. Cuestión de confianza

    El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando vota a favor la mayoría simple de los Diputados. Si el Parlamento niega la confianza, el Presidente de la Junta presenta su dimisión ante el Parlamento, y el Presidente del Parlamento convoca, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para elegir nuevo Presidente de la Junta, por el procedimiento del artículo 118.

  28. Artículo 126. Moción de censura

    El Parlamento exige la responsabilidad política del Consejo de Gobierno con la moción de censura, que se adopta por mayoría absoluta. La proponen al menos una cuarta parte de los parlamentarios e incluye un candidato a la Presidencia de la Junta. No puede votarse hasta pasados cinco días desde su presentación. Si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones. Si se aprueba, el Presidente dimite ante el Parlamento, el candidato se entiende investido de la confianza de la Cámara y lo nombra el Rey.

  29. Artículo 127. Disolución del Parlamento

    El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá decretar la disolución del Parlamento; el decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La disolución no podrá tener lugar cuando esté en trámite una moción de censura, y no procederá nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 118.3.

  30. Artículo 128. Defensor del Pueblo Andaluz

    El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por este para la defensa de los derechos y libertades del Título I de la Constitución y del Título I del Estatuto; a tal efecto podrá supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. Lo elige el Parlamento por mayoría cualificada. Su organización, funciones y duración del mandato se regularán mediante ley. Él y el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales colaborarán en el ejercicio de sus funciones.

  31. Artículo 129. Consejo Consultivo

    El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de sus organismos y entes de derecho público dependientes, y de las universidades públicas andaluzas; también de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la Junta, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban. Actúa con autonomía orgánica y funcional.

  32. Artículo 130. Cámara de Cuentas

    La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Su composición, organización y funciones se regulará mediante ley.

  33. Artículo 131. Consejo Audiovisual de Andalucía

    El Consejo Audiovisual es la autoridad audiovisual independiente que vela, en Andalucía, por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales públicos y privados, y por el cumplimiento de la normativa audiovisual y de publicidad. Vela especialmente por la protección de la juventud y la infancia en la programación de los medios de comunicación públicos y privados. Su composición, competencia y funcionamiento los regula una ley del Parlamento.

  34. Artículo 132. Consejo Económico y Social

    El Consejo Económico y Social de Andalucía es el órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social. Su finalidad primordial es servir de cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos. Su composición, competencia y funcionamiento los regulará una ley del Parlamento.

  35. Artículo 133. Principios de actuación y gestión de competencias

    La Administración de la Junta sirve con objetividad al interés general, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al ordenamiento. Principios: eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos. Gestión ordinaria: servicios centrales y periféricos. Los órganos que prestan sus servicios o gestionan competencias dependen de la Comunidad y se integran en ella.

  36. Artículo 134. Participación ciudadana

    La ley regulará: a) la participación de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones y organizaciones en las que se integren, en los procedimientos administrativos o de elaboración de disposiciones que les puedan afectar; y b) el acceso de los ciudadanos a la Administración de la Junta de Andalucía, que comprenderá en todo caso sus archivos y registros, sin menoscabo de las garantías constitucionales y estatutarias, poniendo a su disposición los medios tecnológicos necesarios para ello.

  37. Artículo 135. Principio de representación equilibrada de hombres y mujeres

    Una ley regulará el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración andaluza cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno o a sus miembros, en sus respectivos ámbitos. El mismo principio regirá en los nombramientos de los órganos colegiados o consultivos que corresponda efectuar en el ámbito de la Administración andaluza.

  38. Artículo 136. Función y empleos públicos

    La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía y el acceso al empleo público, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y establecerá un órgano administrativo de la función pública que resolverá los recursos que se interpongan sobre esta materia.

  39. Artículo 137. Prestación de servicios y cartas de derechos

    La Administración de la Junta de Andalucía hará pública la oferta y características de prestación de los servicios, así como las cartas de derechos de los ciudadanos ante ella. Hay que retener quién publica (la Administración de la Junta de Andalucía) y qué hace pública: la oferta de prestación de los servicios, las características de esa prestación y las cartas de derechos de los ciudadanos ante la propia Administración.

  40. Artículo 138. Evaluación de políticas públicas

  41. Artículo 139. La Comunidad Autónoma como Administración Pública

    El artículo tiene dos apartados. 1) La Comunidad Autónoma es Administración Pública a los efectos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 2) La Comunidad Autónoma está exenta de prestar cauciones o depósitos para ejercitar acciones o interponer recursos. Retén lo que abarca la exención (cauciones o depósitos) y sus dos supuestos (ejercitar acciones o interponer recursos).

  42. Artículo 140. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía. Es competente, en todo caso, en los órdenes civil, penal, contencioso administrativo, social y los que puedan crearse. Es la última instancia de los procesos iniciados en Andalucía y de los recursos tramitados en su territorio, sin perjuicio de lo reservado al Tribunal Supremo. Resuelve los recursos extraordinarios de revisión y tiene en exclusiva la unificación de la interpretación del derecho de Andalucía.

  43. Artículo 141. Competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía

    La competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía se extiende: en el orden civil, penal y social, a todas las instancias y grados, con arreglo a la legislación estatal; en el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones Públicas, en los términos que establezca la legislación estatal. Los conflictos de competencia entre los órganos judiciales de Andalucía y los del resto de España se resuelven conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

  44. Artículo 142. Competencias del Tribunal Superior de Justicia

    Corresponde en todo caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a las leyes estatales: 1.º conocer de las responsabilidades de los artículos 101.3 y 122; 2.º entender de los recursos sobre los procesos electorales de la Comunidad Autónoma; 3.º resolver, en su caso, los conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad Autónoma; 4.º resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía; 5.º resolver los conflictos de atribuciones entre Corporaciones locales.

  45. Artículo 143. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal Superior de Andalucía

    El Presidente del TSJ de Andalucía representa al Poder Judicial en Andalucía y lo nombra el Rey, a propuesta del CGPJ con participación del Consejo de Justicia de Andalucía; los Presidentes de Sala, a propuesta del CGPJ con esa participación. Presenta la memoria anual del TSJ ante el Parlamento. El Fiscal Superior, Fiscal Jefe del TSJ, representa al Ministerio Fiscal en Andalucía y envía copia de la memoria de la Fiscalía al Gobierno, al Consejo de Justicia y al Parlamento, ante el que la presenta. El Presidente de la Junta ordena publicar ambos nombramientos en el BOJA.

  46. Artículo 144. El Consejo de Justicia de Andalucía

    El Consejo de Justicia de Andalucía es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía. Lo preside el Presidente o Presidenta del TSJ de Andalucía y lo integran miembros elegidos entre Jueces, Magistrados, Fiscales y juristas de reconocido prestigio; el Parlamento designa los que determine la LOPJ. Entre sus atribuciones está presentar una memoria anual al Parlamento. Sus resoluciones sobre nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos se adoptan según los criterios aprobados por el CGPJ, al que comunica, a través de su Presidente, resoluciones e iniciativas.

  47. Artículo 145. Asunción competencial

  48. Artículo 146. Oposiciones y concursos

    Apartado 1: la Junta de Andalucía propone la convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces y Fiscales en Andalucía al Gobierno del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Justicia de Andalucía, según corresponda. Apartado 2: el Consejo de Justicia de Andalucía convoca los concursos para cubrir plazas vacantes de Jueces y Magistrados, en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

  49. Artículo 147. Medios personales

    Sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, la Junta tiene competencia normativa, dentro del respeto al estatuto fijado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (11 materias: cuerpos y escalas, selección, promoción y formación, destinos, situaciones, retribuciones, jornada, funciones, licencias, registro, disciplina), y competencia ejecutiva y de gestión (11 funciones, incluida la separación del servicio). Por ley del Parlamento pueden crearse cuerpos de funcionarios. Sobre el personal laboral, competencia exclusiva.

  50. Artículo 148. Medios materiales

    Corresponden a la Junta de Andalucía los medios materiales de la Administración de Justicia en Andalucía. Incluyen en todo caso: edificios judiciales y de la fiscalía; bienes muebles y materiales; sistemas informáticos y de comunicación, sin perjuicio de la coordinación y homologación del Estado; archivos, piezas de convicción y efectos intervenidos en lo no jurisdiccional; participación en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales; y tasas judiciales que establezca la Junta.

  51. Artículo 149. Oficina judicial e instituciones y servicios de apoyo

    Corresponde a la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinar la creación, el diseño, la organización, la dotación y la gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales. Esto incluye la regulación de las instituciones, los institutos y los servicios de medicina forense y de toxicología.

  52. Artículo 150. Justicia gratuita. Procedimientos de mediación y conciliación

    Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita. Además, la Junta de Andalucía puede establecer los instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia.

  53. Artículo 151. Demarcación, planta y capitalidad judiciales

    El Gobierno de la Junta de Andalucía, al menos cada cinco años y previo informe del Consejo de Justicia de Andalucía, propondrá al Gobierno del Estado la determinación y revisión de la demarcación y la planta judiciales en Andalucía. La propuesta es preceptiva y deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe a las Cortes Generales. Las modificaciones de planta sin reforma legislativa podrán corresponder a la Junta de Andalucía, que podrá crear secciones y juzgados por delegación del Gobierno del Estado. La capitalidad de las demarcaciones judiciales la fija una ley del Parlamento.

  54. Artículo 152. Justicia de paz y de proximidad

    La Junta de Andalucía tiene competencia sobre la justicia de paz en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en esos términos, el nombramiento de los Jueces corresponde al Consejo de Justicia de Andalucía. La Junta se hace cargo de sus indemnizaciones, provee los medios necesarios para sus funciones y le corresponde crear y proveer las secretarías. En las poblaciones que se determine y de acuerdo con esa Ley Orgánica, podrá instar un sistema de justicia de proximidad para resolver conflictos menores con celeridad y eficacia.

  55. Artículo 153. Cláusula subrogatoria

    La Junta de Andalucía ejercerá, además, las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del Estado con relación a la Administración de Justicia en Andalucía. Hay que retener el órgano de referencia (el Gobierno del Estado), la ley que reconoce o atribuye esas funciones y facultades (la Ley Orgánica del Poder Judicial) y el ámbito (la Administración de Justicia en Andalucía).

  56. Artículo 154. Participación en la Administración de Justicia

    Los andaluces podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en los procesos penales que se sustancien ante los órganos jurisdiccionales radicados en territorio andaluz, en los casos y forma legalmente establecidos y de conformidad con lo previsto en la legislación del Estado.

  57. Artículo 155. Relaciones de la Administración de Justicia con la ciudadanía

Ley 6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    El artículo 1 fija el objeto de la Ley 6/2006: regula dos instituciones, la Presidencia y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esa regulación se hace conforme a lo establecido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Conviene retener las dos piezas reguladas y la norma de referencia citada: el Estatuto de Autonomía.

  2. Artículo 2. De la Presidencia de la Junta de Andalucía

    La persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía tiene tres funciones. Ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma. Ostenta también la representación ordinaria del Estado en Andalucía. Además, dirige y coordina la acción del Consejo de Gobierno y la de la Administración de la Comunidad Autónoma. Hay que retener los dos calificativos de la representación: «suprema» para la Comunidad y «ordinaria» para el Estado. Y los dos verbos: «dirige» y «coordina».

  3. Artículo 3. Del Consejo de Gobierno

    El Consejo de Gobierno es el órgano superior colegiado que ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. Para ello le corresponden dos atribuciones: la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, ambas de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y con la ley. Hay que retener su naturaleza (superior y colegiado), sus dos funciones (ejecutivas y administrativas) y sus dos atribuciones (iniciativa legislativa y potestad reglamentaria).

  4. Artículo 4. Elección

    El Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía es elegido por el Parlamento. El candidato debe ser uno de sus miembros, es decir, un parlamentario, porque se elige «de entre sus miembros». La elección se hace según lo que establezcan dos normas: el Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlamento de Andalucía. Hay que retener tres datos: quién elige (el Parlamento), entre quiénes (sus miembros) y conforme a qué normas (Estatuto y Reglamento del Parlamento).

  5. Artículo 5. Nombramiento

    El artículo 5 fija dos datos sobre el nombramiento del Presidente o de la Presidenta de la Junta de Andalucía. Primero, quién nombra: el nombramiento corresponde al Rey. Segundo, dónde se publica: en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El precepto menciona expresamente los dos diarios oficiales, unidos por la conjunción «y».

  6. Artículo 6. Toma de posesión

    Quien haya sido elegido para la Presidencia de la Junta de Andalucía debe tomar posesión de su cargo en un plazo de cinco días. El plazo se cuenta desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). No se cuenta desde la elección ni desde la firma del nombramiento, sino desde su publicación oficial.

  7. Artículo 7. Atribuciones como suprema representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía

    La Presidencia de la Junta de Andalucía, como suprema representación de la Comunidad Autónoma, tiene dos atribuciones: a) representarla en las relaciones con otras instituciones del Estado y en el ámbito internacional cuando proceda; b) firmar los convenios y acuerdos de cooperación que suscriba la Comunidad Autónoma en los casos que proceda. Las dos atribuciones llevan su matiz: «cuando proceda» y «en los casos que proceda».

  8. Artículo 8. Atribuciones en su condición de representación ordinaria del Estado en Andalucía

    El artículo 8 atribuye a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en su condición de representación ordinaria del Estado en Andalucía, dos funciones: a) promulgar, en nombre del Rey, las leyes de Andalucía y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado; b) ordenar la publicación, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, del nombramiento de la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

  9. Artículo 9. Atribuciones en relación con el Parlamento de Andalucía

    El artículo 9 atribuye a la Presidencia de la Junta de Andalucía cinco facultades en relación con el Parlamento de Andalucía: a) convocar elecciones al Parlamento; b) disolver el Parlamento; c) plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza; d) solicitar que el Parlamento se reúna en sesión extraordinaria; e) convocar la sesión constitutiva del Parlamento. Fíjese en los verbos: la sesión extraordinaria se «solicita», mientras que la constitutiva se «convoca».

  10. Artículo 10. Atribuciones inherentes a la Presidencia del Consejo de Gobierno

    El artículo 10.1 enumera, en trece letras (a a m), lo que corresponde al Presidente o Presidenta como titular de la Presidencia del Consejo de Gobierno. Le corresponde fijar las directrices generales de la acción de gobierno y coordinar el programa legislativo, la acción exterior y las Consejerías. Facilita al Parlamento la información que recabe del Consejo de Gobierno. Nombra y separa a los titulares de Vicepresidencias y Consejerías. Convoca, preside, suspende y levanta las sesiones del Consejo y de sus Comisiones Delegadas. Dicta decretos de creación, modificación y supresión de Consejerías y resuelve conflictos de atribuciones entre ellas. Encomienda la gestión de una Consejería en caso de ausencia, enfermedad o impedimento de su titular. Firma los decretos del Consejo y ordena su publicación. El apartado 2 añade otras atribuciones que le reconozca la normativa de aplicación.

  11. Artículo 11. Delegación de atribuciones

    El Presidente o Presidenta puede, en su caso, delegar en titulares de Vicepresidencias y Consejerías. Son delegables: a) representación ante otras instituciones del Estado y en el ámbito internacional cuando proceda; b) firma de convenios y acuerdos de cooperación en los casos que proceda; c) orden de publicación en BOJA del nombramiento del Presidente/a del TSJA; d) facilitar información recabada por el Parlamento al Consejo de Gobierno; e) convocar Consejo de Gobierno y Comisiones Delegadas y fijar el orden del día; f) normas internas de sus trabajos; g) velar por sus acuerdos; h) en su caso, las del art. 10.2.

  12. Artículo 12. Cese

    La persona titular de la Presidencia de la Junta cesa por diez causas: a) tras celebrarse elecciones al Parlamento; b) moción de censura aprobada; c) cuestión de confianza denegada; d) dimisión comunicada formalmente al Parlamento; e) incapacidad permanente física o mental; f) fallecimiento; g) pérdida de la condición de parlamentario; h) condena penal por sentencia firme con inhabilitación; i) sentencia firme de incapacitación; j) incompatibilidades de los párrafos j) a o) del art. 6 de la Ley 3/2005. La incapacidad la aprecia por unanimidad el Consejo de Gobierno, sin la Presidencia, y la declara el Parlamento por mayoría absoluta. Ese Consejo lo convoca y dirige quien corresponda según el orden de suplencia.

  13. Artículo 13. Efectos del cese

    Efectos del cese del Presidente de la Junta según la causa del art. 12.1. En las letras a) a d), sigue en funciones hasta que su sucesor tome posesión. En las letras e) a j), y en la d) si el dimisionario accede a un cargo público incompatible, le sustituyen los titulares de las Vicepresidencias por su orden y, si no las hay, los de las consejerías por su orden. En esos casos, el Presidente del Parlamento abre inmediatamente consultas con los portavoces de partidos o grupos con representación parlamentaria para presentar un candidato. El Presidente en funciones ejerce todas las atribuciones salvo las del art. 37.4.

  14. Artículo 14. Suplencia

    El artículo 14 regula la suplencia de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Procede en tres supuestos: ausencia, enfermedad o impedimento temporal. En esos casos, la Presidencia se suple en la forma prevista en el artículo 13.2 de la Ley. Quien supla al Presidente o a la Presidenta solo puede ejercer las atribuciones necesarias para el despacho de los asuntos de trámite. La excepción son los casos de urgencia o interés general debidamente acreditados.

  15. Artículo 15. Derechos inherentes al cargo

    El art. 15 enumera cinco derechos de quien ejerza la Presidencia de la Junta: a) la precedencia sobre cualquier autoridad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la que le reserve la legislación del Estado; b) los honores atribuidos en razón de su cargo; c) utilizar la bandera y el escudo de Andalucía como distintivo; d) percibir las retribuciones establecidas en su normativa específica; e) ocupar la residencia oficial que se establezca, con el personal, servicios y dotación correspondiente.

  16. Artículo 16. Incompatibilidades

    La Presidencia de la Junta de Andalucía es incompatible con cualquier otra función o actividad pública que no derive de ella. La única excepción es la condición de diputado o diputada en el Parlamento de Andalucía. También es incompatible con toda actividad laboral, profesional o empresarial. Además, se le aplica el régimen propio de incompatibilidades de las personas altos cargos de la Junta de Andalucía.

  17. Artículo 17. Del fuero procesal

    El artículo 17 regula el fuero procesal del Presidente o de la Presidenta de la Junta de Andalucía. Su responsabilidad civil y penal será exigible ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. La Ley no crea esta regla, sino que la toma de lo establecido en el Estatuto de Autonomía. Datos que hay que retener: dos tipos de responsabilidad (civil y penal), un órgano (la Sala correspondiente del Tribunal Supremo) y una fuente de remisión (el Estatuto de Autonomía).

  18. Artículo 18. Composición

    El Consejo de Gobierno lo forman las personas titulares de la Presidencia de la Junta de Andalucía, de la Vicepresidencia o Vicepresidencias (si las hay) y de las Consejerías. También son miembros los Consejeros y Consejeras sin cartera. Las designaciones las realiza el Presidente o la Presidenta de la Junta, y en ellas cada sexo debe estar representado en, al menos, un cuarenta por ciento.

  19. Artículo 19. De la Vicepresidencia

    El Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía podrá crear una o varias Vicepresidencias. Si crea varias, debe señalar el orden de prelación. Quien asuma una Vicepresidencia podrá ejercer dos tipos de funciones: las correspondientes a la titularidad de una Consejería y las que le encomiende el Presidente o la Presidenta. El cese de la persona titular de una Vicepresidencia lleva aparejada la supresión del órgano.

  20. Artículo 20. De las personas titulares de las Consejerías

    Las personas titulares de las Consejerías forman parte del Consejo de Gobierno y dirigen el órgano u órganos superiores de la Administración de la Junta que se les asigne. El Presidente o la Presidenta puede nombrar Consejeros o Consejeras sin cartera. Estos asumen determinadas funciones, pero sin adscripción de unidades administrativas. Su decreto de nombramiento fija el ámbito de sus funciones y las estructuras de apoyo. Su cese lleva aparejada la supresión del órgano.

  21. Artículo 21. Atribuciones de las personas titulares de las Consejerías como integrantes del Consejo de Gobierno

    Los titulares de las Consejerías, como miembros del Consejo de Gobierno, tienen ocho atribuciones: 1) desarrollar la acción de Gobierno en su ámbito, según las directrices del Presidente/a o del Consejo de Gobierno; 2) representar su Consejería; proponer al Consejo de Gobierno 3) anteproyectos de ley o proyectos de decreto, 4) el programa de actuación y 5) nombramientos y ceses de altos cargos; 6) declarar la urgencia en la iniciativa legislativa y reglamentaria (art. 45 bis); 7) formular propuestas sobre asuntos que decida el Consejo de Gobierno; 8) cualesquiera otras atribuidas.

  22. Artículo 22. Nombramiento, cese y toma de posesión

    El Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía nombra y cesa a los titulares de las Vicepresidencias y de las Consejerías. El nombramiento se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pero el mandato no empieza con la publicación, sino tras la toma de posesión en el cargo. Los ceses también se publican en el BOJA y surten efectos a partir de la fecha que determine el propio decreto.

  23. Artículo 23. Suplencia

    Cuando la persona titular de una Vicepresidencia o de una Consejería esté en situación de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía encarga el despacho ordinario de sus asuntos a otra persona miembro del Consejo de Gobierno. Hay tres supuestos (vacante, ausencia, enfermedad), dos tipos de cargo suplidos (Vicepresidencias y Consejerías) y un solo órgano que decide (la Presidencia). El suplente debe ser miembro del Consejo de Gobierno y solo asume el despacho ordinario.

  24. Artículo 24. Causas de cese

    El artículo enumera siete causas de cese de las personas titulares de las Vicepresidencias y de las Consejerías: a) el cese de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía; b) dimisión; c) revocación del nombramiento; d) fallecimiento; e) sentencia judicial firme que lleve aparejada la inhabilitación para el cargo; f) sentencia judicial firme de incapacitación; g) incurrir en las incompatibilidades de los párrafos j) a o) del artículo 6 de la Ley 3/2005, de 8 de abril.

  25. Artículo 25. Incompatibilidades

    El artículo 25 LGA fija el régimen de incompatibilidades de las personas miembros del Consejo de Gobierno. No crea un régimen propio. Se remite al que se aplica al Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía: los miembros del Consejo de Gobierno están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que él o ella. El dato que hay que retener es el término de comparación: la Presidencia de la Junta, no los parlamentarios ni los altos cargos.

  26. Artículo 26. Del fuero procesal

    La responsabilidad penal de las personas titulares de las Consejerías, conforme al Estatuto de Autonomía, se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Hay una excepción: si los delitos se cometen en el ámbito territorial de su jurisdicción, conoce el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La responsabilidad civil en que incurran en el ejercicio de su cargo se exige ante esos mismos Tribunales, respectivamente: Tribunal Supremo o TSJA según el caso.

  27. Artículo 27. Atribuciones

    El Consejo de Gobierno tiene 22 atribuciones. Desarrolla el Programa de Gobierno según las directrices de la Presidencia. Aprueba proyectos de ley, Decretos-leyes, Decretos legislativos y reglamentos. Declara la urgencia, salvo en los procedimientos de los arts. 43 y 45; entonces, entre los informes de órganos colegiados consultivos, solo es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo. Solo delibera sobre la cuestión de confianza, la sesión extraordinaria y la disolución. Elabora, remite y aplica los Presupuestos. Aprueba la estructura orgánica y la RPT, crea Comisiones Delegadas y nombra y separa altos cargos a propuesta de las Consejerías.

  28. Artículo 28. Normas aplicables al funcionamiento del Consejo de Gobierno

    El Consejo de Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, por tres tipos de normas: 1) la propia Ley 6/2006; 2) los decretos de la Presidencia de la Junta de Andalucía y los decretos del Consejo de Gobierno; 3) las disposiciones organizativas internas dictadas al efecto. El artículo abre el Título III, dedicado al funcionamiento del Consejo de Gobierno.

  29. Artículo 29. Convocatoria de las reuniones

    El Consejo de Gobierno se reúne convocado por la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía. La convocatoria irá acompañada del orden del día, pero solo «cuando proceda». Cabe también reunirse sin convocatoria previa si se cumplen dos requisitos a la vez: que lo decida la persona titular de la Presidencia de la Junta y que se hallen presentes todas las personas integrantes del órgano, no una mayoría.

  30. Artículo 30. Adopción de acuerdos

    Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptan por mayoría. En caso de empate decide el voto de la Presidencia (voto dirimente). Para constituirse, deliberar y adoptar acuerdos válidos debe estar presente el Presidente o la Presidenta y, al menos, la mitad del resto de miembros. Si la persona titular de la Presidencia no puede asistir, la sustituye el miembro que corresponda según el orden del artículo 13.2. Los acuerdos constan en acta, que recoge exclusivamente: tiempo y lugar de celebración, relación de asistentes, acuerdos adoptados e informes presentados.

  31. Artículo 31. Transparencia

    El Gobierno actúa con transparencia. Antes de cada reunión hace público el orden del día previsto y, una vez celebrada, los acuerdos aprobados. En todo caso son secretas las deliberaciones del Consejo de Gobierno y las opiniones o votos emitidos en él. Sus integrantes deben guardar ese secreto aunque hayan dejado de pertenecer al Consejo. El acceso a la información de los expedientes sometidos al Consejo se rige por la legislación de transparencia y lo aplican las consejerías que los hayan tramitado.

  32. Artículo 32. Asistencia a las sesiones

    A las reuniones del Consejo de Gobierno pueden acudir personas que no son miembros. La ley prevé solo dos motivos: informar sobre algún asunto que el Consejo de Gobierno esté considerando, o razones de trabajo. Esas personas están obligadas a guardar secreto sobre lo tratado en el Consejo de Gobierno. El deber abarca lo tratado en el Consejo, no solo el asunto sobre el que informaron.

  33. Artículo 33. Utilización de medios telemáticos

    El Consejo de Gobierno podrá funcionar mediante redes de comunicación a distancia o medios telemáticos. Para ello se establecerán mecanismos que garanticen la identidad de los comunicantes y la autenticidad de los mensajes, informaciones y manifestaciones verbales o escritas. Si sus integrantes no están en un mismo lugar, la persona titular de la Secretaría del Consejo de Gobierno lo hará constar en el acta. También verificará los requisitos de válida constitución y de adopción de acuerdos. Por medios telemáticos podrán enviarse al Consejo información y documentación. Por esos mismos medios podrán remitirse sus decisiones y certificaciones a los órganos destinatarios.

  34. Artículo 34. Secretaría del Consejo de Gobierno

    La Secretaría del Consejo de Gobierno corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Presidencia. Sus funciones son remitir las convocatorias, levantar acta de las reuniones y dar fe de los acuerdos expidiendo certificaciones. También vela por la correcta publicación en el BOJA de las disposiciones y acuerdos. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, la ejerce el titular de la Consejería que corresponda por orden de prelación o el miembro del Consejo que designe la Presidencia de la Junta. Existe además una Secretaría de Actas, que podrá levantar acta y expedir certificaciones.

  35. Artículo 35. De las Comisiones Delegadas

    El Consejo de Gobierno puede crear Comisiones Delegadas para coordinar la elaboración de directrices y disposiciones, programar la política sectorial y examinar asuntos de interés común a varias Consejerías. Su decreto de creación fija las funciones y competencias, la composición y la persona titular de la Vicepresidencia o Consejería que puede presidirla si no asiste la persona titular de la Presidencia. Se rigen por los mismos criterios de funcionamiento que el Consejo de Gobierno. Sus acuerdos constan en un acta que recoge exclusivamente el tiempo y lugar, los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

  36. Artículo 36. Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras

    El Consejo de Gobierno está asistido por la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, con dos funciones: preparar los asuntos que debatirá el Consejo de Gobierno y resolver cuestiones administrativas que afecten a varias Consejerías y no sean competencia del Consejo. La preside la persona titular de la Consejería competente en materia de Presidencia. Su composición, funciones y funcionamiento se fijan reglamentariamente. Sus acuerdos constan en acta, que recoge exclusivamente cuatro datos: tiempo y lugar, asistentes, acuerdos adoptados e informes presentados.

  37. Artículo 37. Gobierno en funciones

    El Consejo de Gobierno cesa cuando cesa la persona titular de la Presidencia y sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno. En funciones, facilita la formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes y se limita al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo urgencia o interés general debidamente acreditados. El Presidente en funciones no puede sufrir moción de censura ni designar o separar Vicepresidentes o Consejeros, crear, modificar o suprimir Vicepresidencias o Consejerías, disolver el Parlamento ni plantear la cuestión de confianza. El Consejo en funciones no puede aprobar el proyecto de Ley del Presupuesto ni presentar proyectos de ley.

  38. Artículo 38. Relaciones entre el Consejo de Gobierno y el Parlamento de Andalucía

    El Consejo de Gobierno y sus integrantes, sin perjuicio del Reglamento del Parlamento de Andalucía, tienen tres deberes: a) acudir al Parlamento cuando este reclame su presencia; b) atender las preguntas, interpelaciones y mociones que les formule; c) proporcionarle la información y ayuda que precise del Consejo de Gobierno, sus integrantes o cualquier autoridad o personal de la Administración de la Junta, organismo, servicio o dependencia de la Comunidad Autónoma. Sus miembros tienen acceso a las sesiones y pueden hacerse oír en ellas, y pueden pedir que altos cargos y personal de sus Consejerías informen ante las Comisiones Parlamentarias.

  39. Artículo 39. Exigencia de la responsabilidad política

    El Presidente o la Presidenta de la Junta responde políticamente ante el Parlamento de Andalucía, según el Estatuto. El Consejo de Gobierno responde ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada integrante por su gestión. La responsabilidad de ambos se exige mediante la moción de censura, que se sustancia conforme al Estatuto y al Reglamento del Parlamento. La cuestión de confianza se tramita y decide también según el Estatuto y el Reglamento del Parlamento.

  40. Artículo 40. Responsabilidad política y delegación de funciones

    Cuando el Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía delega temporalmente funciones ejecutivas suyas en la persona titular de una Vicepresidencia o de una Consejería, no queda exento de responsabilidad política ante el Parlamento de Andalucía. El mismo criterio se aplica cuando delegan funciones de su competencia los demás integrantes del Consejo de Gobierno: quien delega sigue respondiendo políticamente.

  41. Artículo 41. Competencia y requisitos

    El Presidente o la Presidenta de la Junta puede disolver el Parlamento de Andalucía mediante decreto. Lo hace previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad. Hay dos límites: no cabe disolver mientras esté en trámite una moción de censura, y no procede una nueva disolución hasta que haya transcurrido, al menos, un año desde la última disolución de la Cámara.

  42. Artículo 42. Efectos y contenido del decreto de disolución

    El decreto de disolución del Parlamento de Andalucía se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y entra en vigor el mismo día de su publicación, sin esperar al día siguiente. El propio decreto debe fijar la fecha de celebración de las nuevas elecciones y las demás circunstancias previstas en la legislación electoral.

  43. Artículo 43. De la iniciativa legislativa

    El Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa aprobando y remitiendo proyectos de ley al Parlamento. Antes del anteproyecto hay consulta pública. La Consejería competente elabora el anteproyecto con la MAIN y lo eleva al Consejo de Gobierno, que lo conoce y decide ulteriores trámites. Informan la Secretaría General Técnica, el Gabinete Jurídico y los órganos preceptivos (salvo art. 45 bis). Finalmente dictamina el Consejo Consultivo. La audiencia la puede acordar la Consejería. Si hay urgencia acreditada, decide el Consejo de Gobierno. Después, el anteproyecto vuelve a este para su aprobación como proyecto y su remisión.

  44. Artículo 44. Potestad reglamentaria

    La potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, conforme a la Constitución, el Estatuto y las leyes. Las personas titulares de las Consejerías la tienen en la organización y materias internas de su Consejería. Fuera de eso, solo pueden dictar reglamentos si una ley o un reglamento del Consejo de Gobierno las habilita específicamente. Jerarquía: 1.º disposiciones de la Presidencia o del Consejo de Gobierno; 2.º de las Consejerías. Ningún reglamento puede vulnerar normas superiores ni regular materias reservadas a la ley. Son nulas las resoluciones que vulneren un reglamento, aunque las dicten órganos de igual o superior jerarquía que el que lo aprobó.

  45. Artículo 45. Procedimiento de elaboración de los reglamentos

    El reglamento arranca con una consulta pública previa. Lo inicia el órgano directivo competente, previo acuerdo de la persona titular de la Consejería, con un proyecto acompañado de la MAIN. Se recaban los informes preceptivos y los estudios convenientes. Si afecta a derechos de la ciudadanía, hay audiencia e información pública (Portal de la Junta) de al menos 15 días hábiles, abreviable a 7. No hay audiencia si las organizaciones ya participaron. Se excluyen las disposiciones presupuestarias u organizativas y los casos de razones graves de interés público. Informan en todo caso la SGT y el Gabinete Jurídico. El Consejo Consultivo dictamina cuando proceda. Entra en vigor con su íntegra publicación en el BOJA.

  46. Artículo 45 bis. Tramitación de urgencia

    La persona titular de la Consejería que tenga la iniciativa normativa puede acordar la tramitación urgente de anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos en dos supuestos: a) transposición de directivas o plazos de Derecho de la UE; b) circunstancias extraordinarias imprevisibles. Efectos: los plazos se reducen a la mitad; no hay consulta pública previa; audiencia o información pública en siete días hábiles; de los órganos colegiados consultivos solo es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía; la falta de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impide continuar. Las circunstancias se justifican en el acuerdo de inicio.

  47. Artículo 46. Forma de las disposiciones y resoluciones de la Presidencia, de las Vicepresidencias y Consejerías, y del Consejo de Gobierno

    El artículo fija cuatro formas para las decisiones de los órganos de la Ley. 1) Decretos de la Presidencia: actos atribuidos a la Presidencia; firma exclusiva del Presidente o Presidenta. 2) Decretos acordados en Consejo de Gobierno: normas reglamentarias y resoluciones que deban adoptar esa forma. Los firma el titular de la Presidencia y el de la Consejería proponente. Si afectan a varias Consejerías, firma con el Presidente el titular de la Consejería competente en materia de Presidencia. 3) Acuerdos del Consejo de Gobierno: decisiones que no deban ser decreto; se firman igual que los decretos. 4) Órdenes de Vicepresidencias y Consejerías: firma el titular; si afectan a varios órganos, firman conjuntamente todos.

Ley 1/1988, de la Cámara de Cuentas de Andalucía

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  1. Artículo 1

    La Ley crea la Cámara de Cuentas de Andalucía como órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía. Le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas.

  2. Artículo 2

    A efectos de la Ley, componen el sector público de la Comunidad Autónoma: a) la Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, sus Instituciones y empresas; b) las Corporaciones Locales del territorio andaluz y los Organismos Autónomos y Empresas Públicas de ellas dependientes; c) las Universidades Públicas de Andalucía; d) cuantos Organismos y Entidades sean incluidos por norma legal. Son fondos públicos todos los gestionados por el Sector Público Andaluz y las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas concedidas por sus órganos a cualquier persona física o jurídica.

  3. Artículo 3

    Corresponde a la Cámara de Cuentas: a) regular cuanto afecta a su gobierno, organización y personal, con una particularidad: la estructura orgánica del personal y sus retribuciones las determina la Mesa del Parlamento, sin perjuicio de las normas generales aplicables; b) elaborar el proyecto de su propio presupuesto, que se integra en el general de la Comunidad Autónoma como Sección independiente para su aprobación por el Parlamento de Andalucía. Su régimen de patrimonio y de contratación, ejercido a través de sus propios órganos, es el de la Administración de la Junta de Andalucía.

  4. Artículo 4

    Funciones propias, con total independencia: fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público andaluz (en todo caso, subvenciones, créditos, avales u otras ayudas), fiscalizar el cumplimiento de objetivos de los programas, asesorar al Parlamento y fiscalizar especialmente los contratos administrativos; además, las que le delegue el Tribunal de Cuentas. La Consejería de Hacienda le traslada, para examen y toma de razón, los contratos de la Junta de importe inicial superior a 25.000.000 de pesetas; la documentación se acompaña en los tres meses siguientes a la adjudicación.

  5. Artículo 5

    La Cámara de Cuentas debe realizar sus funciones según un programa previo confeccionado por ella misma, de acuerdo con su presupuesto, y de cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del sector público andaluz. Esta actividad no puede verse mermada por el derecho de petición que corresponde al Parlamento, al Consejo de Gobierno o a las Entidades Locales.

  6. Artículo 6

    La iniciativa fiscalizadora corresponde a la Cámara de Cuentas y al Parlamento de Andalucía. Además, pueden interesar la actuación fiscalizadora de la Cámara o la emisión de informe el Gobierno de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, estas previo acuerdo del respectivo Pleno. Esta segunda iniciativa ha de realizarse a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, que se pronunciará sobre la propuesta.

  7. Artículo 7

    La Cámara de Cuentas debe notificar el inicio de las actuaciones fiscalizadoras a los Consejeros, Directores o responsables de los Servicios, dependencias y establecimientos en general que vayan a ser controlados. La notificación ha de hacerse con una antelación mínima de diez días.

  8. Artículo 8

    La función fiscalizadora se ejerce, con sometimiento al ordenamiento jurídico, por cuatro procedimientos: a) examen y comprobación de la Cuenta General Anual de la Junta de Andalucía; b) examen y comprobación de las cuentas de las Corporaciones Locales; c) examen y comprobación de las cuentas de las Universidades Públicas, Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entidades del artículo 2.1; d) examen de las cuentas y documentos de las ayudas concedidas por el Sector Público a personas físicas o jurídicas, con comprobaciones, si fuera necesario, en la contabilidad de los beneficiarios.

  9. Artículo 9

    La Cámara de Cuentas puede requerir la colaboración y cooperación de los Entes mencionados en el artículo 2.º, que vienen obligados a prestarla. Además puede: a) exigir de los Organismos y Entidades del sector público andaluz los datos, informes, documentos o antecedentes que considere necesarios; b) inspeccionar y comprobar toda la documentación de las oficinas públicas, libros, metálicos y valores, dependencias, depósitos, almacenes y cuantos documentos, establecimientos y bienes considere necesarios. En los casos a) y b) no se aplica el plazo previsto en el artículo 7.º.

  10. Artículo 10

    Si no se atiende la información o documentación solicitada o se incumplen los plazos fijados, la Cámara lo pone en conocimiento del Parlamento de Andalucía y, además, puede: a) requerir conminatoriamente, por escrito, con un nuevo plazo perentorio y comunicación simultánea a los superiores de los obligados, proponiendo, si se considera oportuno, exigir responsabilidades; b) proponer a quien corresponda la exigencia de responsabilidades; c) si no se respeta el plazo perentorio, comunicar el incumplimiento a los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma o, en su caso, a la Corporación Local.

  11. Artículo 11

    Presentación de cuentas a la Cámara: a) la General de la Junta, antes del 31 de octubre inmediato posterior al ejercicio; b) corporaciones locales, dentro del mes siguiente a su aprobación por los plenos y, en todo caso, antes del primero de noviembre inmediato posterior al ejercicio; c) universidades públicas, dentro del mes siguiente a su aprobación por los consejos sociales; d) organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades del artículo 2.1, en un mes desde su aprobación, si no deben rendirse consolidadas. La Cámara examina la Cuenta General en tres meses desde su presentación.

  12. Artículo 12

    El resultado de la fiscalización se expone en informes anuales o especiales: se elevan al Parlamento de Andalucía, se remiten al Tribunal de Cuentas y se publican en el BOJA. Si se refieren a la gestión de las Corporaciones Locales, se da traslado además a las propias Corporaciones, para que sus Plenos los conozcan y, en su caso, adopten las medidas que procedan. Si la Cámara advierte indicios de responsabilidad contable, lo traslada sin dilación al Tribunal de Cuentas; la instrucción de los procedimientos podrá efectuarla la Cámara conforme a la legislación de ese Tribunal.

  13. Artículo 13

    Antes de emitir cualquier informe definitivo, la Cámara de Cuentas comunica a los organismos controlados el resultado de su actuación. Esos organismos, en el plazo que se les fije en la comunicación, deben manifestarse sobre los reparos y recomendaciones recogidos en el informe provisional de la Cámara y sobre las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar.

  14. Artículo 14

    Los informes emitidos por los órganos de la Cámara tras las comunicaciones del artículo anterior ponen fin a cada actuación, una vez aprobados por su Pleno. Hacen constar: a) la observancia de la legalidad de la actividad económico-financiera del sector público y de los principios contables aplicables; b) el grado de cumplimiento de los objetivos y si la gestión se ha ajustado a los principios de economía y eficacia; c) la existencia, en su caso, de infracciones, abusos o prácticas irregulares; d) las medidas propuestas, en su caso, para mejorar la gestión de las Entidades fiscalizadas.

  15. Artículo 15

    El informe anual que la Cámara de Cuentas debe remitir al Parlamento de Andalucía, en el plazo que indica el artículo 11, contiene: el análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía; el análisis de la gestión económico-financiera de cuantas Entidades, Organismos u órganos sin personalidad jurídica hayan sido controlados en el ejercicio a que se refiera; y el de las medidas que, en su caso, hubiesen adoptado los órganos competentes.

  16. Artículo 16

    La Cámara de Cuentas está integrada por seis órganos: a) el Pleno; b) la Comisión de Gobierno; c) la persona titular de la Presidencia; d) la persona titular de la Vicepresidencia; e) los Consejeros; f) la Secretaría General. El artículo no nombra ningún otro.

  17. Artículo 17

    El Pleno lo componen siete Consejeros, entre los que se eligen Presidencia y Vicepresidencia. No puede constituirse ni actuar sin una de las dos y requiere la presencia de la mayoría de sus miembros. Acuerda por mayoría de los asistentes; los empates los dirime el voto de la Presidencia o de quien la sustituya. Se reúne cuando lo estime la Presidencia o lo propongan tres miembros. La convocatoria, con el orden del día, se notifica con cuarenta y ocho horas de antelación mínima, salvo urgencia. Fuera del orden del día solo se acuerda si están todos los miembros y la mayoría declara la urgencia.

  18. Artículo 18

    La Comisión de Gobierno de la Cámara de Cuentas está formada por la persona titular de la Presidencia, por la persona titular de la Vicepresidencia y por otros dos Consejeros. A estos dos Consejeros los designa el Pleno.

  19. Artículo 19

    El Pleno aprueba: las disposiciones necesarias para los fines de la Cámara (a); el proyecto de presupuesto de la Cámara (b); los criterios y programas de actuación de Consejeros y personal, para unificar actuaciones (c); los informes sobre cuentas y gestión del sector público andaluz y cualquier informe o memoria para órganos externos (f); y las cuentas de su presupuesto que se rindan ante el Parlamento (g). Además, elige de entre sus miembros a Presidencia y Vicepresidencia (d), nombra el Secretario General (e) y ejerce las demás que le encomienden la Ley y sus normas de desarrollo (h).

  20. Artículo 20

    A la Comisión de Gobierno de la Cámara de Cuentas le corresponden dos funciones, ambas sobre el personal: a) ejercer la dirección superior del personal de la Cámara y la potestad disciplinaria; b) aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso del personal.

  21. Artículo 21

    A la Presidencia corresponde: a) representar a la Cámara; b) convocar y presidir Pleno y Comisión de Gobierno, con voto de calidad si hay empate; c) asignar tareas a los Consejeros según los programas que apruebe el Pleno; d) firmar los informes o memorias para el Parlamento, los órganos rectores de las entidades del sector público andaluz o el Tribunal de Cuentas; e) informar oralmente al Parlamento; f) nombrar a todo el personal; g) contratación, gobierno y administración, autorizando gastos y contratos; h) lo no atribuido a otros órganos y lo urgente del Pleno, dando cuenta inmediata.

  22. Artículo 21 bis

    A la persona titular de la Vicepresidencia le corresponde: a) sustituir a la de la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad; b) asistirla en las actuaciones de control de la Cámara; c) colaborar con ella en la mejora de la planificación de los métodos de trabajo; d) proponer a la Presidencia y al Pleno las medidas necesarias para la organización de los servicios comunes; e) las demás funciones que, siendo competencia de la Presidencia, esta le delegue.

  23. Artículo 22

    A los Consejeros, como órganos unipersonales de la Cámara, les corresponde: a) dirigir las actuaciones de control externo que tengan asignadas; b) elevar a la Presidencia los resultados de las fiscalizaciones para que, en su caso, las apruebe el Pleno; c) aprobar las propuestas de las unidades de fiscalización que de ellos dependan; d) proponer los gastos necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan; e) las demás funciones que les encomienden el Pleno, la Comisión de Gobierno o la Presidencia y puedan corresponderles con arreglo a la Ley.

  24. Artículo 23

    El Secretario general dirige la Secretaría General, a la que corresponden la organización y dirección de los servicios y, específicamente: a) redactar las actas y ejecutar los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno; b) elaborar el anteproyecto de presupuesto; c) redactar el proyecto de Memoria anual; d) asesorar jurídicamente a ambos órganos; e) la jefatura superior del personal, sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Gobierno; f) firmar las certificaciones; g) conservar y archivar documentos; h) lo que le asignen el Pleno, la Comisión de Gobierno o la Presidencia.

  25. Artículo 24

    Siete Consejeros, designados por tres quintas partes del Parlamento por seis años, renovados cada tres por 3/7 y 4/7. Cada grupo, salvo el Mixto, tiene derecho al menos a uno. No puede serlo quien el año inmediatamente anterior gestionó, inspeccionó o intervino ingresos y gastos del sector público en Andalucía, ni quien recibió subvenciones, avales o exenciones de entes del artículo 2. Nombra a la Presidencia el Presidente de la Junta a propuesta del Pleno; a la Vicepresidencia, el Pleno (tres años, reelegibles). Suplen: Vicepresidencia, Consejero más antiguo o, a igualdad, de más edad.

  26. Artículo 25

    Los Consejeros son independientes e inamovibles y se eligen entre personas de reconocida competencia profesional. Deben abstenerse o pueden ser recusados por: a) interés personal en el asunto o la Empresa, cuestión litigiosa pendiente o relación de servicio con algún interesado; b) parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con algún cuentadante; c) haber tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de lo fiscalizado; d) cualquier otra causa que, a juicio del Consejero afectado, pueda mermar su objetividad o independencia.

  27. Artículo 26

    El cargo de Consejero es incompatible con cualquier otra actividad, pública o privada, salvo la administración de su propio patrimonio. También lo es con el desempeño de funciones directivas, ejecutivas o asesoras en Partidos Políticos, Centrales Sindicales, Organizaciones Empresariales y Colegios Profesionales. Si el nombrado Consejero es funcionario, pasa a la situación administrativa de servicios especiales.

  28. Artículo 27

    La persona titular de la Presidencia, la de la Vicepresidencia y los Consejeros solo pueden ser cesados por cinco causas: terminación de su mandato, renuncia aceptada por el Parlamento de Andalucía, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida o responsabilidad disciplinaria. Esta última se produce por incumplimiento grave de los deberes del cargo o por haber sido declarados, en sentencia firme, responsables civilmente por dolo o condenados por delito culposo o doloso.

  29. Artículo 28

    El artículo no regula por sí mismo el cese: deja dos cuestiones al Reglamento de la Ley. La primera, el procedimiento a seguir en cada uno de los supuestos de cese. La segunda, el órgano u órganos que deban declararlo.

  30. Artículo 29

    El personal al servicio de la Cámara de Cuentas está integrado por funcionarios con titulación adecuada, sujetos al régimen general de la función pública y a sus incompatibilidades, sin perjuicio de las normas especiales que les sean de aplicación. Además, desempeñar la función pública en la Cámara es incompatible con cualquier otra función, destino o cargo y con cualquier actividad privada que no sea la administración del patrimonio propio.

  31. Artículo 30

    Los Auditores y el personal auxiliar de auditoría se encuadran bajo la dependencia directa de los Consejeros. El precepto liga ese encuadramiento a una finalidad: que la labor pueda desarrollarse eficazmente. El dato que hay que retener es que la dependencia es directa y lo es de los Consejeros.

  32. Artículo 31

    Los Auditores se seleccionan por oposición, concurso o concurso-oposición de entre personas que estén en posesión de un título de grado superior. El personal auxiliar de auditoría se selecciona igualmente por oposición, concurso o concurso-oposición, sin que el artículo mencione para él requisito de titulación.

  33. Artículo 32

    La Cámara de Cuentas de Andalucía dispone, asimismo, del personal técnico, administrativo, auxiliar y subalterno que sea necesario para el desarrollo de sus funciones. Ese personal se selecciona igualmente por oposición, concurso o concurso-oposición.

  34. Artículo 33

    La Cámara puede contratar, para actuaciones específicas, con Censores Jurados de Cuentas o con Economistas Auditores. Es una facultad («podrá»), no una obligación, y exige que se encuentren censados en el correspondiente Registro.

  35. Artículo 34

    La iniciativa a que se refiere el artículo 6.º, apartado primero, corresponde al Pleno del Parlamento de Andalucía. No obstante, también puede solicitar informes, memorias o dictámenes la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento, siempre que el acuerdo de petición se apruebe por mayoría simple de sus miembros que, a su vez, representen al menos la tercera parte de los miembros de la Comisión.

  36. Artículo 35

    La Cámara de Cuentas rinde a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, antes del 1 de marzo de cada año, una Memoria de las actuaciones que ha realizado en el año inmediato anterior. Esa Memoria incluye la liquidación de su presupuesto.

Ley 2/2024, del Consejo Consultivo de Andalucía

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  1. Artículo 1. Naturaleza

    El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Es además el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de sus organismos y entes dependientes; también de las universidades públicas andaluzas y demás entidades y corporaciones de Derecho público no integradas en la Administración de la Junta, cuando las leyes sectoriales lo prescriban. Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional.

  2. Artículo 2. Sede

  3. Artículo 3. Funciones

    En el ejercicio de su función, el Consejo Consultivo vela por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el resto del ordenamiento jurídico. No entra a conocer los aspectos de oportunidad y conveniencia, salvo que se le solicite expresamente.

  4. Artículo 4. Consulta y dictámenes

    La consulta es preceptiva cuando lo establezca esta ley u otra disposición de igual rango, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes no vinculan, salvo que lo establezcan las respectivas leyes. Los asuntos dictaminados no pueden remitirse después para informe a ningún órgano u organismo de la Comunidad Autónoma. Las disposiciones y resoluciones dirán «de acuerdo con el Consejo Consultivo» si siguen el dictamen u «oído el Consejo Consultivo» si se apartan; en este caso el órgano consultante comunica al Consejo los motivos.

  5. Artículo 5. Composición

    El Consejo Consultivo lo constituyen la Presidencia y las consejeras o consejeros permanentes, electivos y natos. Le asiste una Secretaría General, con voz y sin voto. La composición y renovación de todos sus órganos responden a criterios de participación paritaria: ambos sexos deben estar representados en, al menos, un cuarenta por ciento de los miembros en cada caso designados, regla de la que se excluyen los designados en función del cargo específico que desempeñen o hubieren desempeñado.

  6. Artículo 6. Presidencia

    La Presidencia del Consejo Consultivo se nombra por Decreto de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, oído el Consejo de Gobierno, entre juristas de reconocido prestigio con experiencia superior a quince años. En caso de vacante, ausencia o enfermedad la sustituye quien determine el Consejo de Gobierno por decreto o, en su defecto, la consejera o consejero electivo de mayor antigüedad y, si concurren varios, el de mayor edad. Le corresponde la representación del Consejo a todos los efectos.

  7. Artículo 7. Consejeras o consejeros permanentes

    Son consejeras o consejeros permanentes, hasta que cumplan setenta y cinco años de edad, quienes hayan desempeñado el cargo de Presidenta o Presidente de la Junta de Andalucía. Su nombramiento se efectúa por Decreto del Consejo de Gobierno, a solicitud de la persona interesada, y su dedicación es con carácter exclusivo y a tiempo completo.

  8. Artículo 8. Consejeras o consejeros electivos

    Las consejeras o consejeros electivos son seis, nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno entre juristas de reconocido prestigio con experiencia superior a quince años, con dedicación exclusiva y a tiempo completo. Además, el Consejo de Gobierno puede designar hasta cuatro más, con los mismos requisitos, que desempeñan sus funciones sin exclusividad. En ambos casos el nombramiento es por cinco años, con posible reelección por una sola vez.

  9. Artículo 9. Consejeras o consejeros natos

    Son consejeras o consejeros natos: quien presida una de las Reales Academias de Legislación y Jurisprudencia de Andalucía, designado por el Instituto de Academias de Andalucía; el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía; una persona representante del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, designada de entre los decanos de dichos colegios; la persona titular del órgano directivo competente en materia de Administración local; y la persona titular del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

  10. Artículo 10. Cese y cobertura de vacantes

    Los consejeros permanentes y electivos cesan por: fallecimiento; renuncia; expiración del plazo de nombramiento (solo los electivos); incompatibilidad de sus funciones; incumplimiento grave de sus funciones; incapacidad declarada por sentencia firme; y condena por delito doloso en sentencia firme. El cese lo acuerda el Consejo de Gobierno. En las letras d) y e) se sigue el procedimiento reglamentario, con audiencia de la persona interesada e informe favorable del Pleno del Consejo por mayoría absoluta. Las vacantes se cubren por el órgano y procedimiento que corresponda.

  11. Artículo 11. Duración del cargo de consejera o consejero nato

    Los consejeros natos conservan su condición mientras ostenten el cargo que haya determinado su nombramiento, sin perjuicio de que se les apliquen las causas de cese de las letras a), b), e), f) y g) del artículo anterior. En los dos casos de designación que contempla el artículo 9, la designación debe ser ratificada o renovada cada cinco años por aquellos a quienes corresponda llevarla a cabo.

  12. Artículo 12. Suspensión en el ejercicio de funciones

    Las consejeras o consejeros pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo Consultivo, durante el tiempo indispensable para resolver acerca de la concurrencia de alguna de las causas de cese.

  13. Artículo 13. Secretaría General

    La persona titular de la Secretaría General es nombrada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo, oído el Pleno del mismo, entre jurista funcionaria o funcionario de carrera al servicio de las administraciones públicas. Ejerce las funciones que le atribuya el reglamento orgánico.

  14. Artículo 14. Incompatibilidades

    La Presidencia, los consejeros permanentes, los electivos a tiempo completo y la Secretaría General están sometidos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta. La condición de presidente, consejero permanente y electivo es incompatible con cargos públicos de representación popular. Con la condición de consejero permanente decae el derecho a la asignación económica del artículo 22 de la Ley 3/2005, de 8 de abril. El resto de consejeros tiene el régimen que les corresponda por sus cargos o actividad.

  15. Artículo 15. Deber de abstención

    Todos los miembros del Consejo Consultivo deben abstenerse de intervenir en aquellos asuntos en que proceda conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El deber alcanza a todos los miembros del Consejo.

  16. Artículo 16. Retribuciones y compensación de gastos

    La Presidencia, los consejeros permanentes y electivos a tiempo completo y la Secretaría General perciben las retribuciones que anualmente fije la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, más asistencias, dietas y gastos de desplazamiento por convocatorias a Pleno y Comisión Permanente, en los importes fijados para el personal de la Junta. Los permanentes cobran lo mismo que los electivos a tiempo completo. Los restantes consejeros solo perciben asistencias, dietas y gastos de desplazamiento, según el reglamento orgánico y demás disposiciones de desarrollo.

  17. Artículo 17. Consultas preceptivas

    Enumera las consultas preceptivas: anteproyectos de reforma del Estatuto y de leyes, reglamentos en ejecución de las leyes y recursos ante el Tribunal Constitucional, entre otras. Cifras: transacciones y arbitrajes, más de 300.000 euros; revocación tributaria, deuda de más de 30.000; daños y perjuicios, más de 70.000; modificación de contratos, más del veinte por ciento y precio igual o superior a 600.000; responsabilidad contractual, 30.000 o más; transacciones locales, más del cinco por ciento de los recursos ordinarios; responsabilidad patrimonial de otras administraciones, más de 50.000.

  18. Artículo 18. Consultas facultativas

    Puede recabarse el dictamen del Consejo Consultivo en aquellos asuntos no incluidos en el artículo anterior que lo requieran por su especial trascendencia o repercusión. Es una posibilidad («podrá recabarse»), no una obligación.

  19. Artículo 19. Estudios, informes y propuestas

    Sin perjuicio de los estudios que el órgano elabore en ponencias especiales para el desarrollo de sus funciones y la mejora de las instituciones jurídicas, excepcionalmente, cuando el Consejo de Gobierno lo solicite en asuntos de especial trascendencia, la función consultiva se extiende a elaborar estudios, informes o propuestas de anteproyectos para la modificación o aprobación de leyes. La solicitud debe especificar los objetivos a cumplir y el sentido y alcance de la regulación detallada.

  20. Artículo 20. Memoria anual

    El Consejo Consultivo eleva cada año una memoria al Consejo de Gobierno. En ella expone su actividad en el período anterior y las sugerencias que estime oportunas para la mejora de la actuación administrativa.

  21. Artículo 21. Órganos

    El Consejo Consultivo actúa en Pleno, en Comisión Permanente y, en su caso, en secciones, y en Comisión de Estudios y Análisis Normativo. El Pleno dictamina los asuntos de los números 1 y 2 del artículo 17; la Comisión Permanente y, en su caso, las secciones, los restantes. Los dictámenes facultativos son de la Comisión Permanente, pero pasan al Pleno cuando la importancia del asunto lo requiera a solicitud de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía o del Consejo de Gobierno.

  22. Artículo 22. Pleno

    El Pleno del Consejo Consultivo lo constituyen la persona que ostente la Presidencia y las consejeras y consejeros permanentes, natos y electivos. Está asistido por la Secretaría General.

  23. Artículo 23. Comisión Permanente

    La Comisión Permanente la constituyen la persona que ostente la Presidencia y las seis consejeras o consejeros electivos con dedicación a tiempo completo. Las secciones, en su caso, se forman también con electivos a tiempo completo, en el número que designe la Presidencia. Cuando la índole de los asuntos lo requiera, la Presidencia del Consejo puede designar como ponentes o requerir la asistencia a las reuniones de la Comisión Permanente o de las secciones de otros miembros del Consejo, que actúan con voz pero sin voto.

  24. Artículo 24. Comisión de Estudios y Análisis Normativo

    Componen la Comisión de Estudios y Análisis Normativo la Presidencia, las seis consejeras o consejeros electivos a tiempo completo y los permanentes. Funciones: a) estudios e informes que solicite el Consejo de Gobierno en asuntos de especial trascendencia y propuestas normativas (artículo 19); b) recabar de los sectores afectados información sobre los efectos de la normativa vigente, encuestas, estadísticas e informes de seguimiento; c) estudio y difusión de doctrina jurisprudencial y derecho comparado y recomendaciones de buenas prácticas; d) informe anual de sus actuaciones.

  25. Artículo 25. Competencia para recabar el dictamen

    El dictamen lo recaban la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno o cualquiera de sus miembros. En las entidades locales de Andalucía lo solicitan quienes ostenten su presidencia o, en su caso, el Pleno, en los asuntos de su competencia y en los supuestos previstos en la legislación vigente. En las universidades, el rector o rectora correspondiente; en otras corporaciones u organismos públicos, quien ostente su representación.

  26. Artículo 26. Deliberaciones y acuerdos

    Para la validez de deliberaciones y acuerdos deben estar presentes la persona que ostente la Presidencia o quien legalmente le sustituya, un número de miembros que con el anterior constituyan la mayoría absoluta y la persona que ostente la secretaría general o quien ejerza sus funciones. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de votos de los asistentes; en caso de empate decide la Presidencia con su voto de calidad. Quien discrepe puede formular voto particular por escrito, dentro del plazo que reglamentariamente se determine, que se incorpora al dictamen.

  27. Artículo 27. Funciones de la Presidencia

    La persona que ostente la Presidencia del Consejo Consultivo fija el orden del día, preside las sesiones, designa las Ponencias, interpreta el Reglamento y ordena los debates. Tiene la dirección de todas las dependencias del Consejo y su representación. También le corresponde autorizar los gastos y las demás funciones que se determinen en el reglamento orgánico.

  28. Artículo 28. Plazo

    El Consejo Consultivo debe evacuar las consultas en treinta días desde la recepción de la solicitud de dictamen; en los supuestos de los números 3 y 4 del artículo 17, en veinte días. Si en la orden de remisión se hace constar la urgencia, el plazo máximo es de quince días, salvo que la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía o el Consejo de Gobierno fijen uno inferior. Si el dictamen no es vinculante y transcurren los plazos sin evacuarse, se entiende cumplido el trámite.

  29. Artículo 29. Solicitud simultánea

    En los recursos de inconstitucionalidad y en los conflictos positivos de competencia, el dictamen debe solicitarse antes de que se adopten los acuerdos de interposición o de requerimiento, respectivamente. Excepcionalmente, en caso de urgencia, puede solicitarse de forma simultánea, sin perjuicio de que dicho dictamen no tendrá carácter vinculante.

  30. Artículo 30. Documentación, asesoramiento externo y audiencia

    A la petición de consulta debe acompañarse toda la documentación que requiera el expediente administrativo. Si el Consejo Consultivo estima incompleto el expediente, puede solicitar, en diez días desde la petición de la consulta y por conducto de la Presidencia, que se complete; en tal caso se interrumpe el plazo del artículo 28. Por medio del órgano consultante o directamente, puede recabar el parecer de órganos, entidades o personas con notoria competencia técnica y acordar la audiencia de quienes tengan interés directo y legítimo, si la solicitan.

  31. Artículo 31. Régimen jurídico

    En todo lo que esta ley no prevea, el funcionamiento del Consejo Consultivo se rige por las normas que regulan el procedimiento administrativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es una regla de cierre: solo entra en juego a falta de previsión en la propia ley.

  32. Artículo 32. Letradas y letrados

    Al Consejo Consultivo se adscriben los puestos de trabajo de letrada o letrado que establezca la relación de puestos. Quienes los ocupen desempeñan las funciones de asistencia técnica y de preparación y redacción de los anteproyectos de dictamen, además de las otras que, siendo adecuadas a su carácter, se determinen reglamentariamente.

  33. Artículo 33. Procedimiento de acceso a los puestos de letrada o letrado

    Los puestos de trabajo de letrados se cubren en la forma y por el tiempo que se determinen reglamentariamente. A las convocatorias de los procedimientos de provisión puede concurrir el personal funcionario del cuerpo de letradas o letrados de la Junta de Andalucía y también juristas funcionarias o funcionarios de carrera que ejerzan su actividad sometidos a una relación de derecho público.

  34. Artículo 34. Personal de administración del Consejo Consultivo

    El Consejo Consultivo cuenta con el personal que determine la relación de puestos de trabajo, con los medios materiales que se le asignen y con los recursos que figuren en su presupuesto. El Reglamento orgánico del Consejo establece el sistema de provisión de puestos de su personal administrativo, tomando como referencia el marco de la Ley 5/2023, de 7 junio, de la Función Pública de la Junta de Andalucía y sus reglamentos de desarrollo, a fin de garantizar la mayor adecuación y especialización posible de los seleccionados.

Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz

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  1. Artículo 1

    El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, que lo designa para defender los derechos y libertades del título primero de la Constitución. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dando cuenta al Parlamento. Ejerce las funciones que le encomiendan el Estatuto de Autonomía y esta Ley, y las coordina con las del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales: le presta cooperación cuando se la solicita y la recaba de él a los mismos efectos.

  2. Artículo 2

    El Parlamento elige al Defensor del Pueblo Andaluz para cinco años; este se dirige a la Cámara a través de su Presidente. La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos se relaciona con él, informa al Pleno y le propone el candidato o candidatos; acuerda por mayoría simple, con voto ponderado. Hecha la propuesta, el Pleno se convoca en término no inferior a quince días y queda designado quien obtenga tres quintas partes de los miembros del Parlamento. Si no se alcanza, la Comisión se reúne de nuevo en el plazo máximo de un mes para formular nuevas propuestas.

  3. Artículo 3

    Puede ser elegido Defensor del Pueblo cualquier ciudadano que reúna dos condiciones: encontrarse en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y gozar de la condición política de andaluz, con arreglo al artículo 8.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El artículo no menciona ningún otro requisito.

  4. Artículo 4

    El Presidente del Parlamento de Andalucía acredita con su firma el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publica en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». El Defensor del Pueblo Andaluz toma posesión de su cargo ante la Mesa del Parlamento, prestando juramento o promesa de desempeñar fielmente su función.

  5. Artículo 5

    Cesa por: renuncia; expiración del plazo; muerte o incapacidad sobrevenida; notoria negligencia; condena firme a inhabilitación absoluta o especial; y condena firme por delito doloso sin esa inhabilitación. El Presidente del Parlamento declara la vacante salvo en la negligencia y el delito doloso sin inhabilitación, que deciden tres quintos de los diputados con debate y audiencia. El nuevo nombramiento se inicia en no más de un mes. Si expira el plazo, sigue en funciones hasta la posesión del sucesor; en las demás vacantes actúa interinamente el Adjunto que determine la Comisión.

  6. Artículo 6

    El Defensor del Pueblo Andaluz no está sujeto a mandato imperativo alguno y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. Son tres frases breves que conviene retener tal cual: sin mandato imperativo, sin instrucciones y con autonomía.

  7. Artículo 7

    Es incompatible con todo mandato representativo; cargo político o propaganda política; servicio activo en cualquier Administración; afiliación a partido, sindicato, asociación o fundación, o empleo a su servicio; carreras judicial y fiscal; y cualquier otra actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Debe cesar en toda incompatibilidad en los diez días siguientes al nombramiento y siempre antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta. Si es sobrevenida, se entiende que renuncia en la fecha en que se produjo. Las dudas las dictamina la Comisión, con dictamen al Pleno.

  8. Artículo 8

    Al Defensor del Pueblo Andaluz le auxilian tres personas adjuntas, en las que puede delegar sus funciones; entre ellas designa a la que le auxilia en sus funciones como Defensor o Defensora de la Infancia y Adolescencia. El Defensor nombra y separa a sus Adjuntos, previa conformidad de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos. Nombramiento y cese se publican en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». A los Adjuntos se les aplican los artículos 3, 6 y 7 de la Ley.

  9. Artículo 9

    Los Adjuntos y los asesores y colaboradores adscritos a la oficina del Defensor del Pueblo cesan automáticamente en el momento en que toma posesión un nuevo Defensor del Pueblo nombrado por el Parlamento. En el supuesto del artículo 5, apartado 4, el personal asesor de la oficina se mantiene en sus funciones: el Adjunto que cubra la interinidad no puede cesarlo sin la aprobación de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos de la Cámara.

  10. Artículo 10

    El Defensor del Pueblo Andaluz puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para esclarecer los actos y resoluciones de la Administración Autonómica y de sus agentes en relación con los ciudadanos, a la luz del artículo 103.1 de la Constitución y del respeto a los derechos y libertades de su título primero. Sus atribuciones se extienden a la actividad administrativa de los miembros del Consejo de Gobierno, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de la Administración Autonómica en Andalucía.

  11. Artículo 11

    Puede acudir al Defensor toda persona, natural o jurídica, que invoque interés legítimo, sin restricción: no lo impiden la nacionalidad, residencia o vecindad administrativa, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento en centro penitenciario o de reclusión ni cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder Público. Los Diputados individualmente, las Comisiones de Investigación y la comisión del artículo 2.2 pueden pedir su intervención por escrito motivado. Ninguna autoridad administrativa puede presentar queja en asuntos de su competencia.

  12. Artículo 12

    La actividad del Defensor del Pueblo no se interrumpe cuando el Parlamento de Andalucía no está reunido o ha expirado su mandato: en esos supuestos se dirige a la Diputación Permanente del Parlamento. Tampoco la interrumpe la declaración de los estados de excepción o de sitio, ni interrumpe el derecho de los ciudadanos de acceder a él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución.

  13. Artículo 13

    El Defensor del Pueblo Andaluz puede supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dentro del ámbito de competencias que define esta Ley. A los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, coordina sus funciones con las del designado por las Cortes Generales y coopera con él en todo cuanto sea necesario.

  14. Artículo 14

    El Defensor del Pueblo Andaluz, en el ejercicio de sus funciones, puede dirigirse al Defensor del Pueblo del Estado o a los Defensores del Pueblo o Instituciones análogas de otras Comunidades Autónomas. La finalidad que marca el texto es coordinar actuaciones que excedan del ámbito territorial de Andalucía.

  15. Artículo 15

    Cuando el Defensor del Pueblo recibe quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía, debe dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial. Ello se entiende sin perjuicio de hacer referencia expresa en el Informe general que debe elevar al Parlamento de Andalucía.

  16. Artículo 16

    Toda queja se presenta firmada por el interesado, con su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la queja. Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz son gratuitas para el interesado y no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador. De toda queja se acusa recibo.

  17. Artículo 17

    El Defensor registra las quejas y las tramita o rechaza; si rechaza, lo hace en escrito motivado y puede informar de las vías más oportunas. No entra en el examen individual de quejas pendientes de resolución judicial y lo suspende si se interpone demanda o recurso, sin que ello impida investigar los problemas generales; vela por que la Administración resuelva expresamente. Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen el legítimo derecho de tercero. Sus decisiones no admiten recurso y el nombre de quien se queja es secreto.

  18. Artículo 18

    Admitida la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz promueve una investigación sumaria e informal para esclarecer sus supuestos. En todo caso da cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o Dependencia administrativa procedente, para que su Jefe remita informe escrito en el plazo máximo de quince días, ampliable a juicio del Defensor cuando las circunstancias lo aconsejen. La negativa o negligencia en enviar ese informe inicial podrá considerarse hostil y entorpecedora, haciéndola pública de inmediato y destacándola en el Informe anual o especial al Parlamento de Andalucía.

  19. Artículo 19

    Todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma deben auxiliar al Defensor del Pueblo Andaluz, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones. Al comprobar e investigar una queja o en expediente de oficio, el Defensor, sus Adjuntos o la persona en la que deleguen pueden personarse en cualquier centro de la Administración Autonómica, dependiente de ella o afecto a un servicio público, para comprobar datos, hacer entrevistas personales o estudiar expedientes y documentación. No se le puede negar el acceso a ningún expediente o documentación.

  20. Artículo 20

    Si la queja afecta a la conducta de personal de la Administración Autonómica en relación con su función, el Defensor da cuenta al afectado y a su inmediato superior u Organismo del que dependa. El afectado responde por escrito en el plazo fijado, nunca inferior a diez días y prorrogable, a instancia de parte, por la mitad del concedido. Puede proponérsele una entrevista; quien se niegue puede ser requerido a razonarlo por escrito. El testimonio personal del funcionario es reservado, sin perjuicio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la investigación se lleva con la más absoluta reserva.

  21. Artículo 21

    El superior jerárquico u Organismo que prohíba al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo Andaluz o entrevistarse con él debe manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido tanto al funcionario como al propio Defensor. En adelante, el Defensor dirigirá al referido superior jerárquico cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias.

  22. Artículo 22

    Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja se ha originado presumiblemente por abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo Andaluz podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio al respecto. Con la misma fecha dará traslado de ese escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.

  23. Artículo 23

    La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor investigadora del Defensor del Pueblo Andaluz, por parte de cualquier Organismo, funcionarios o personal al servicio de la Administración Autonómica, podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarse en la sección correspondiente de su Informe anual.

  24. Artículo 24

    Cuando el Defensor del Pueblo Andaluz, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o de hechos presumiblemente delictivos, lo pondrá en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal. El artículo lo formula como deber («lo pondrá») y con un único destinatario.

  25. Artículo 25

    El Defensor del Pueblo Andaluz puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y personas al servicio de la Administración Autonómica. En ningún caso es necesaria la previa reclamación por escrito.

  26. Artículo 26

    El Defensor del Pueblo Andaluz podrá instar del Defensor del Pueblo del Estado la interposición de recurso de inconstitucionalidad. El recurso cuya interposición puede instar se dirige contra las disposiciones normativas emanadas del Parlamento y del Consejo de Gobierno de Andalucía. Es una facultad («podrá»), y lo que hace el Defensor andaluz es instar.

  27. Artículo 27

    Los gastos efectuados o los perjuicios materiales causados a los particulares que, sin haber promovido la queja, sean llamados a informar por el Defensor del Pueblo Andaluz, serán compensados con cargo al presupuesto del Defensor («a su presupuesto»). La compensación procede una vez que hayan sido debidamente justificados.

  28. Artículo 28

    El Defensor no es competente para modificar o anular actos y resoluciones de la Administración Autonómica, pero puede sugerir la modificación de los criterios utilizados para producirlos. Si se convence de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, puede sugerir su modificación al órgano legislativo competente o a la Administración. Si se trata de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, puede instar de las autoridades competentes sus potestades de inspección y sanción.

  29. Artículo 29

    El Defensor puede formular a autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias de nuevas medidas; en todos los casos deben responder por escrito en término no superior a un mes. Si en un plazo razonable no se adopta medida adecuada ni se le informa de las razones, puede acudir al Consejero afectado o a la máxima autoridad de la Administración afectada. Si tampoco obtiene justificación adecuada, incluirá el caso en su Informe anual o especial, con los nombres de las autoridades o funcionarios.

  30. Artículo 30

    El Defensor informa al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión y de la respuesta de la Administración o funcionarios implicados. Si intervino conforme al apartado 2 del artículo 11, informa al Diputado o Comisión competente que lo solicitó y, al término de sus investigaciones, de los resultados; si decide no intervenir, informa igualmente, razonando su desestimación. Además comunica el resultado, positivo o negativo, a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado.

  31. Artículo 31

    El Defensor del Pueblo Andaluz da cuenta anualmente al Parlamento de la gestión realizada, en un Informe que le presenta en el período ordinario de sesiones. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, puede presentar un informe extraordinario, que dirige a la Diputación Permanente del Parlamento si este no está reunido. Los Informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía».

  32. Artículo 32

    En su Informe anual el Defensor da cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de las rechazadas y sus causas, y de las investigadas y su resultado, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas por la Administración Autonómica. No constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados, sin perjuicio del artículo 23.1. Contiene un anexo, cuyo destinatario es el Parlamento, con la liquidación del presupuesto de la Institución. Un resumen se expone oralmente ante el Parlamento, y a continuación pueden intervenir los grupos parlamentarios.

  33. Artículo 33

    El Defensor del Pueblo Andaluz puede designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones. Esa designación tiene dos condiciones: ha de hacerse de acuerdo con el Reglamento de la Ley y dentro de los límites presupuestarios.

  34. Artículo 34

    Las personas al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz, mientras permanezcan en él, se consideran personal al servicio del Parlamento de Andalucía. Los funcionarios provenientes de la Administración Autonómica adscritos a la oficina del Defensor tienen derecho a la reserva de la plaza y destino ocupados con anterioridad y al cómputo, a todos los efectos, del tiempo transcurrido en esa situación.

  35. Artículo 35

    El dinero que la institución necesita para funcionar no forma un presupuesto propio ni separado: la dotación económica necesaria para su funcionamiento constituye una partida dentro de los presupuestos del Parlamento de Andalucía. Dos datos que retener: es una «partida» y está «dentro» de los presupuestos del Parlamento de Andalucía.

Ley 5/1997, del Consejo Económico y Social de Andalucía

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  1. Artículo 1

    Crea el Consejo Económico y Social de Andalucía como cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales en el debate de asuntos socioeconómicos, con las funciones, composición y organización que prevé la propia Ley. Su sede está en la ciudad de Sevilla.

  2. Artículo 2

    El Consejo Económico y Social de Andalucía es un órgano colegiado, de carácter consultivo, del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social. Está adscrito a la Consejería de Trabajo e Industria.

  3. Artículo 3

    El Consejo Económico y Social de Andalucía actúa con total autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Esa actuación se dirige al cumplimiento de los fines y objetivos previstos en la Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

  4. Artículo 4

    Funciones: 1) informar preceptivamente los anteproyectos de Leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales y los proyectos de Decretos que a juicio del Consejo de Gobierno posean especial trascendencia en ellas, salvo los de Ley de Presupuestos, de cuyo contenido se le informa al remitirlos al Parlamento; 2) trabajos facultativos que solicite el Consejo de Gobierno; 3) estudios, dictámenes, informes y resoluciones por propia iniciativa; 4) aprobar la memoria y elevarla al Consejo de Gobierno en los cinco primeros meses de cada año; 5) las que le encomienden las disposiciones legales.

  5. Artículo 5

  6. Artículo 6

    Los informes y dictámenes se emiten en veinte días desde la recepción de la documentación, salvo que otra disposición legal fije un plazo distinto. Si el asunto es complejo, el Consejo puede pedir, dentro de los diez primeros días desde que recibe la solicitud de informe, una ampliación de quince días como máximo. El plazo puede reducirse a quince días por razones de urgencia y oportunidad apreciadas por el órgano remitente, salvo que el Consejo de Gobierno fije uno inferior. Pasado el plazo sin pronunciamiento, el trámite se entiende cumplido.

  7. Artículo 7

    El Consejo Económico y Social de Andalucía puede recabar de las Administraciones Públicas los informes, la documentación y el asesoramiento necesarios para el desempeño de su labor. Puede hacerlo por dos vías: directamente o a través del Consejo de Gobierno.

  8. Artículo 8

    El Consejo lo componen su Presidente y 36 miembros, repartidos en tres grupos de 12: el primero representa a las organizaciones sindicales; el segundo, a las organizaciones empresariales; el tercero reúne a dos representantes de los consumidores y usuarios, dos del sector de la economía social, uno de las Corporaciones Locales, uno de las Universidades y seis expertos en las materias competencia del Consejo.

  9. Artículo 9

    Designan: grupo primero, las organizaciones sindicales; segundo, las organizaciones empresariales representativas; tercero: consumidores, los miembros del Consejo Andaluz de Consumo que representen a sus asociaciones; economía social, uno los miembros del Consejo Andaluz de Cooperación que representen al sector y otro, por las sociedades anónimas laborales, las asociaciones o federaciones representativas; Corporaciones Locales, su federación o asociación de mayor implantación; Universidades, el Consejo Andaluz de Universidades; expertos, el Consejo de Gobierno. Tantos suplentes como titulares.

  10. Artículo 10

    Los miembros designados son nombrados por el Presidente de la Junta de Andalucía. Salvo los expertos designados por el Consejo de Gobierno, se nombran a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, a quien antes se comunican las designaciones. El Presidente del Consejo se nombra por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de los Consejeros de Trabajo e Industria y de Economía y Hacienda, previa consulta a las organizaciones y entidades representadas en el Consejo.

  11. Artículo 11

    Los órganos del Consejo Económico y Social de Andalucía son cinco, enumerados en este orden: el Pleno, la Comisión Permanente, el Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario general. El artículo se limita a enumerarlos, sin atribuirles funciones.

  12. Artículo 12

    El Pleno lo integran todos los miembros del Consejo, bajo la dirección del Presidente y asistido por el Secretario general; es el órgano supremo de deliberación y decisión. Le corresponde: elegir a los Vicepresidentes y a los tres miembros que, en representación de los grupos, integran la Comisión Permanente; elaborar y aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento y la propuesta del anteproyecto de presupuestos; aprobar la memoria anual y los informes y dictámenes; crear, en su caso, Comisiones de Trabajo permanentes o para cuestiones concretas; y lo que determine el Reglamento.

  13. Artículo 13

    La Comisión Permanente la componen el Presidente, los Vicepresidentes y un miembro por cada uno de los tres grupos del Consejo, elegidos por el Pleno a propuesta de los grupos; la asiste el Secretario general. Sus funciones: preparar las sesiones del Pleno; estudiar, tramitar y resolver las cuestiones que el Pleno le encomiende, incluida la emisión de dictámenes; y las que se deriven del Reglamento de Organización y Funcionamiento.

  14. Artículo 14

    El Presidente: representa al Consejo y dirige su actuación; acuerda la convocatoria de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, las preside y modera los debates; formula el orden del día de esas sesiones en el modo que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento; vela por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y visa las actas; dirime los empates de las votaciones con voto de calidad; y ejerce las demás funciones que se deriven del Reglamento.

  15. Artículo 15

    Hay dos Vicepresidentes. Los elige el Pleno: uno a propuesta de los miembros representantes de las organizaciones sindicales y otro a propuesta de los de las empresariales, y cada uno sale de entre esos mismos miembros. Funciones: sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden que se designe reglamentariamente; las que el Presidente les delegue expresamente; y las demás que fije el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

  16. Artículo 16

    El Secretario general presta la asistencia técnica y administrativa del Consejo. Lo nombra y lo cesa el Consejero de Trabajo e Industria, a propuesta del Presidente y oído el Pleno. Asiste con voz pero sin voto al Pleno y a la Comisión Permanente; convoca las sesiones por orden del Presidente y cita a los miembros; dirige administrativa y técnicamente los órganos; extiende y autoriza las actas y expide certificaciones, con el visto bueno del Presidente; elabora la memoria anual de actividades para presentarla al Pleno; y lo que le encomiende el Reglamento.

  17. Artículo 17

    El Pleno se reúne en sesión ordinaria cada dos meses y en extraordinaria a iniciativa del Presidente o de, al menos, un tercio de sus miembros. Quórum: en primera convocatoria, al menos 24 miembros, más el Presidente y el Secretario general o quienes les sustituyan legalmente; en segunda bastan 18, más esos dos. En ambos casos debe haber representación de cada uno de los grupos. Los acuerdos se adoptan por mayoría de los asistentes y los discrepantes pueden formular votos particulares, que se incorporan al texto aprobado.

  18. Artículo 18

    La Comisión Permanente se reúne, como mínimo, una vez al mes: el artículo fija una frecuencia mínima, no un tope. En lo demás, su actuación se ajusta a lo que disponga el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

  19. Artículo 19

    Las Comisiones de Trabajo solo existen si se constituyen («en su caso»). Se rigen por el Reglamento de Organización y Funcionamiento y por los acuerdos de creación de las propias comisiones. Su composición debe respetar en todo caso el principio de proporcionalidad entre los grupos integrantes del Pleno.

  20. Artículo 20

    El mandato de los miembros del Consejo dura cuatro años y es renovable por períodos de igual duración. El plazo empieza a contar desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». Los miembros siguen ejerciendo sus funciones hasta que se publique el nombramiento de los nuevos miembros.

  21. Artículo 21

    Causas de pérdida: renuncia; expiración del mandato (sin perjuicio del artículo 20.2); fallecimiento; incapacidad o inhabilitación para cargo público por sentencia firme; condena por delito doloso por sentencia firme; revocación por quien lo promovió; y otras legales. La vacante no debida a expiración la cubre quien designó al anterior titular, y ese mandato expira con el de los demás. El Presidente (sin revocación) cesa además por decisión del Consejo de Gobierno, a propuesta de los Consejeros de Trabajo e Industria y de Economía y Hacienda, oído previamente el Pleno.

  22. Artículo 22

    Ser miembro del Consejo es incompatible con cualquier cargo o actividad que impida o menoscabe el desempeño de sus funciones. En particular, con ser: alto cargo de la Administración autonómica conforme a la Ley 3/2005, de 8 de abril, salvo la Presidencia del Consejo; miembro del Parlamento de Andalucía; miembro de las Cortes Generales y del Parlamento europeo; y miembro electo de las Corporaciones Locales, salvo lo previsto en el apartado 3.c) del artículo 9.

  23. Artículo 23

    El funcionamiento del Consejo se cubre con las partidas consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cada año el Consejo formula su propuesta de anteproyecto de presupuestos: la aprueba el Pleno y se remite, a través del Presidente, a la Consejería de Trabajo e Industria, que con base en ella formula el anteproyecto y lo traslada a la Consejería de Economía y Hacienda. La contabilidad y el control se ajustan a lo establecido para los entes de su naturaleza en las disposiciones en vigor.

  24. Artículo 24

    El cargo de Presidente es retribuido. Las organizaciones que componen los grupos primero y segundo, y los integrantes del grupo tercero, perciben una asignación destinada a sufragar los gastos de dedicación y asistencia de sus miembros. Esa asignación se determina reglamentariamente con carácter anual.

  25. Artículo 25

    El Consejo cuenta con los medios materiales, técnicos y humanos suficientes para ejercer sus funciones y con los recursos económicos que se consignen en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La dotación del personal corresponde a la Consejería de Trabajo e Industria, en cuya estructura orgánica queda integrado, sin perjuicio de su dependencia funcional del propio Consejo.

Ley 1/2004, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía

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  1. Artículo 1. Creación y naturaleza

    Crea el Consejo Audiovisual de Andalucía como autoridad audiovisual independiente. Vela por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa audiovisual y de publicidad. Es una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad y autonomía orgánica y funcional. Se relaciona con la Administración de la Junta a través de la Consejería competente en materia audiovisual.

  2. Artículo 2. Ámbito de actuación

    El Consejo actúa sobre los medios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro sistema de transmisión de sonido o imagen, sea cual sea su forma de emisión o tecnología: los gestionados directamente por la Administración de la Junta, los gestionados con título habilitante otorgado por ella y los sometidos a su gestión y tutela por la normativa vigente. También, en los términos de la Ley, sobre otros medios que realicen emisiones específicas para Andalucía, respecto de esas emisiones.

  3. Artículo 3. Principios de actuación

    La actuación del Consejo y la de cada uno de sus miembros se inspira en el respeto a los principios de libertad de expresión, derecho al honor e intimidad, información veraz, difusión y comunicación, igualdad y no discriminación, y en su compatibilidad con los de pluralismo, objetividad y libre concurrencia en el sector audiovisual. Impulsará los valores de tolerancia, igualdad, solidaridad y respeto a la dignidad humana, velando por que los operadores contribuyan a reforzar la identidad del pueblo andaluz, su diversidad cultural y su cohesión social, económica y territorial.

  4. Artículo 4. Funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía

  5. Artículo 5. Composición

    Nueve miembros, elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos y nombrados por el Consejo de Gobierno, entre personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social. Al Presidente lo propone el propio Consejo Audiovisual de entre sus miembros y lo nombra el Consejo de Gobierno. El Secretario General asiste con voz y sin voto: lo propone el Presidente y lo nombra el Consejo de Gobierno. La composición respeta la paridad de género, también en los sucesivos nombramientos.

  6. Artículo 6. Duración del mandato de los miembros

    Los miembros, incluida la Presidencia, se nombran por un periodo igual al de la legislatura y pueden ser reelegidos. Agotado el mandato, siguen ejerciendo sus funciones hasta la elección del nuevo Consejo, a la que el Parlamento de Andalucía procederá en el plazo máximo de un año desde su constitución. En caso de vacante sobrevenida, el nuevo miembro se nombra conforme al artículo anterior y su mandato concluye en la fecha en que debería haber finalizado el del miembro al que sustituye.

  7. Artículo 7. Causas de cese de los miembros

    Siete causas de cese: expiración del plazo del mandato, renuncia, fallecimiento, estar incurso en causa de incompatibilidad (sin perjuicio del artículo 8.3), incapacidad declarada por sentencia firme, incumplimiento grave en el ejercicio de sus funciones y condena por delito doloso declarada por sentencia firme. El cese lo acuerda el Consejo de Gobierno. En el incumplimiento grave se instruye el procedimiento que determine el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento, con audiencia del interesado e informe favorable del Pleno, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.

  8. Artículo 8. Estatuto personal de los miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía

    Dedicación exclusiva, plena independencia y neutralidad, sin instrucción o indicación alguna. Régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Junta; además, incompatibilidad con cargos de elección o designación política, actividades en las Administraciones Públicas y funciones de dirección o ejecutivas en partidos, sindicatos u organizaciones empresariales. Sin intereses, directos ni indirectos, en empresas audiovisuales, de cine, vídeo, prensa, publicidad, informática, telecomunicaciones o internet. Dos meses desde el nombramiento para adecuar su situación si hay incompatibilidad.

  9. Artículo 9. Régimen de funcionamiento

    El órgano de gobierno es el Pleno: Presidente y Consejeros, asistido por el Secretario General. El Presidente tiene la representación legal, convoca y preside el Pleno y dirime los empates con voto de calidad. El Pleno debe convocarse si lo solicitan al menos cinco miembros y se constituye con el Presidente, al menos cinco Consejeros y la asistencia del Secretario General. Decide por mayoría simple, salvo mayoría absoluta de sus miembros para proponer al Presidente, aprobar el proyecto de Reglamento Orgánico y sus propuestas de modificación, el informe anual y el informe del artículo 7.2.

  10. Artículo 10. Colaboración e información

    La Administración de la Junta de Andalucía prestará al Consejo la colaboración necesaria para el mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones. El Consejo podrá recabar los datos e informes que estime necesarios de las Administraciones Públicas, de los agentes del sector audiovisual y de las asociaciones, instituciones y organismos relacionados con él. El Reglamento Orgánico y de Funcionamiento preverá los mecanismos que garanticen el acceso de los ciudadanos a la información que genere el Consejo, de acuerdo con la normativa vigente.

  11. Artículo 11. Informe anual

  12. Artículo 12. Régimen sancionador

    El Consejo ejerce la potestad sancionadora que las leyes reguladoras de la comunicación audiovisual y de la publicidad otorguen a la Administración de la Junta de Andalucía, en lo referente al ámbito de actuación y a las funciones del Consejo establecidas en esta Ley. Elabora también las correspondientes propuestas de sanción.

  13. Artículo 13. Régimen jurídico

    El Consejo se rige por esta Ley, por su Reglamento Orgánico y de Funcionamiento y por las normas reguladoras del régimen jurídico y de los procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Los actos del Consejo ponen fin a la vía administrativa.

  14. Artículo 14. Reglamento Orgánico y de Funcionamiento

    El Reglamento Orgánico y de Funcionamiento desarrolla, dentro del marco de la Ley, las funciones, el régimen interior y de administración y las demás previsiones necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo; puede crear las Comisiones que se consideren convenientes y regula las sustituciones del Presidente y del Secretario General. Al Consejo le corresponde elaborar y aprobar el proyecto de Reglamento y las propuestas de modificación; la aprobación del Reglamento y de sus modificaciones se hace por Decreto del Consejo de Gobierno.

  15. Artículo 15. Contratación y patrimonio

    La contratación y el patrimonio del Consejo se ajustan, respectivamente, a las previsiones de la legislación de contratos y del patrimonio de las Administraciones Públicas. Su patrimonio lo integran los bienes y derechos que le adscriba o ceda la Comunidad Autónoma de Andalucía o cualquier otra Administración Pública, y cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier título.

  16. Artículo 16. Personal

    El Consejo cuenta con el personal administrativo que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Ese personal puede ser tanto funcionario como laboral, en los mismos términos y condiciones que los establecidos para el resto del personal de la Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con la legislación aplicable.

  17. Artículo 17. Recursos económicos

    El Consejo se financia con seis clases de recursos: las asignaciones presupuestarias establecidas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía; las subvenciones que le sean concedidas; los rendimientos de las publicaciones, estudios y demás actuaciones del Consejo; las contraprestaciones derivadas de los convenios que firme; los rendimientos de los bienes o valores de su patrimonio; y cualesquiera otros que pudiera recibir en base a la normativa que le sea de aplicación.

  18. Artículo 18. Régimen presupuestario y control

    El Consejo aprueba el anteproyecto de su presupuesto, que se incorpora como sección al Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Está sometido al régimen de presupuestos de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio, y al régimen de intervención y contabilidad conforme a los Títulos V y VI de esa Ley 5/1983, a sus demás determinaciones y a las disposiciones que la desarrollan.

Ley 2/2021, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía

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  1. Artículo 1. Finalidad y objeto

    La Ley tiene como finalidad la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción. Su objeto es triple: a) crear la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y regular el procedimiento que esta sigue para investigar e inspeccionar (título I); b) establecer un régimen de protección de las personas que formulen denuncias ante la Oficina (título II); y c) regular el régimen sancionador de las acciones u omisiones tipificadas en la Ley (título III).

  2. Artículo 2. Definiciones

    Define cuatro conceptos. Fraude: actuación intencionada de engaño para obtener ganancias o beneficios ilegítimos mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios públicos. Corrupción: abuso de poder con ese mismo fin y medio; conculcación de los principios de igualdad, mérito, publicidad, capacidad e idoneidad en la provisión de puestos; y otros aprovechamientos irregulares. Conflicto de intereses: el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones puede verse influido por razones familiares, afectivas, políticas, económicas u otras. Y delimita el sector público andaluz.

  3. Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación

    La Ley se aplica: a) al sector público andaluz; b) a las instituciones y órganos del título IV del Estatuto de Autonomía y a las entidades con consideración de Administración institucional de la Junta; c) a las entidades de la Administración local andaluza y sus entes vinculados o dependientes; d) a las universidades públicas andaluzas y los suyos; e) a privados y otros entes distintos de los anteriores que sean o hayan sido licitadores, adjudicatarios, beneficiarios de subvenciones o ayudas, o con permisos o licencias u otras relaciones económicas, en lo concerniente a dichas relaciones.

  4. Artículo 4. Ámbito subjetivo de aplicación

    La Ley se aplica a quienes presten servicios: a) en el sector público andaluz; b) en las instituciones y órganos del título IV del Estatuto y en la Administración institucional de la Junta; c) en la Administración local andaluza y sus entes dependientes; d) en las universidades públicas andaluzas y los suyos; e) para los privados y entes del artículo 3.e). También, f) a los denunciantes: personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que denuncien ante la Oficina. A las de los párrafos a) a e) se les aplica con independencia de la naturaleza de su relación jurídica.

  5. Artículo 5. Principios rectores

    Las actuaciones previstas en la Ley se rigen por cuatro grupos de principios: a) independencia, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público; b) legalidad, reserva de jurisdicción, presunción de inocencia, coordinación, cooperación, eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos y finalidades públicos; c) responsabilidad, buena fe del denunciante, transparencia y rendición de cuentas; d) non bis in idem.

  6. Artículo 6. Creación

    Se crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se adscribe al Parlamento de Andalucía. Actúa con plena autonomía e independencia funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, respecto de las administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades incluidas en el artículo 3.

  7. Artículo 7. Finalidad

    La Oficina se crea para prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros del sector público andaluz y demás entes públicos del artículo 3, párrafos a), b), c) y d); para impulsar la integridad y la ética pública; y para proteger a los denunciantes. Además promoverá una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y en la gestión de los recursos públicos, creando un código ético o de buenas conductas.

  8. Artículo 8. Régimen jurídico

    La Oficina se rige por esta Ley, por su normativa reglamentaria de desarrollo aprobada por el Consejo de Gobierno y por el reglamento de régimen interior y funcionamiento, sin perjuicio de la normativa de régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común. La propuesta de este último la elabora la persona titular de la Dirección y se remite al Parlamento de Andalucía para su aprobación. Su vigencia se vincula a la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía; además se publica en el de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento.

  9. Artículo 9. Funciones

    Enumera las funciones de la Oficina: velar por la integridad de los empleados públicos, investigar e inspeccionar, informar preceptivamente al Parlamento sobre proyectos normativos, promover buenas prácticas con un código ético, formular propuestas y recomendaciones al sector público y a los altos cargos (sus destinatarios informan en treinta días desde la recepción de lo hecho o de los motivos para no actuar), tramitar denuncias, tutelar a los denunciantes y sancionar. Respecto de los sujetos de los artículos 3.e) y 4.1.e) solo ejerce las de los párrafos b), k), l) y m).

  10. Artículo 10. Funciones en el ámbito de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía

    En el ámbito local la Oficina ejerce las funciones del artículo 9.1, párrafos a), d), e), f), l), m) y ñ). Si conoce actos u omisiones que pudieran ser fraude, corrupción o conflicto de intereses en ese ámbito, la Dirección dicta resolución motivada en quince días como máximo desde que lo conoce y traslada las actuaciones al órgano competente local, que investiga e informa a la Oficina en seis meses como máximo desde el traslado, ampliables tres meses más por especial complejidad con resolución motivada (tope: nueve meses). Se respeta la autonomía local. El Director puede establecer convenios.

  11. Artículo 11. Funciones en el ámbito de las universidades públicas andaluzas

    Respecto de las universidades públicas andaluzas, la Oficina ejerce las funciones del artículo 9, apartado 1, párrafos a), b), d), e), f), k), l), m) y ñ). Esas funciones se desarrollan respetando el principio de autonomía universitaria previsto en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Director de la Oficina puede establecer convenios, protocolos, planes y programas conjuntos de actuación en materia de prevención y lucha contra la corrupción con las universidades públicas andaluzas.

  12. Artículo 12. Delimitación de funciones

    Las funciones de la Oficina se entienden sin perjuicio de las de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, la Intervención General, el Tribunal de Recursos Contractuales, la Inspección General de Servicios y la Agencia Tributaria. No puede realizar funciones de la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la policía judicial ni investigar los mismos hechos. Si la autoridad judicial o el Fiscal inician un procedimiento sobre hechos que investiga, suspende, informa y apoya. Si ve indicios penales, lo comunica inmediatamente.

  13. Artículo 13. Deber de colaboración

    Todos los sujetos del artículo 3 y todas las personas del artículo 4 deben facilitar las actuaciones de investigación e inspección de la Oficina. Hay incumplimiento del deber de colaboración en seis supuestos: negativa injustificada a enviar información o documentación en el plazo fijado por la Oficina; retraso injustificado en ese envío; remisión injustificada incompleta o inexacta; obstrucción del acceso a expedientes o documentación; falta de asistencia injustificada a la comparecencia previamente comunicada para entrevistas personales; e incumplimiento del artículo 14.4.

  14. Artículo 14. Confidencialidad

    La Oficina actúa asegurando en todo caso el deber de confidencialidad o sigilo sobre las informaciones obtenidas. Su personal está sujeto al deber de sigilo sin límite temporal, también tras cesar en el cargo o puesto; incumplirlo da lugar a información reservada y, si procediera, a expediente disciplinario. Incumplir la confidencialidad sobre la identidad del denunciante se somete al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018. Quienes colaboran conforme al artículo 13.1 quedan obligados a sigilo y confidencialidad siempre que la Oficina advierta de su modalidad reservada.

  15. Artículo 15. Protección de datos de carácter personal

    El tratamiento y la comunicación de los datos personales obtenidos por la Oficina se someten a la normativa de protección de datos, en concreto al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018. Solo se tratan los datos adecuados, pertinentes y limitados a los fines y funciones de la Oficina. No puede divulgarlos ni informar a quienes no puedan conocerlos por razón de sus funciones, ni usarlos con fines diferentes de los de la ley. Los datos recabados se comunican a los órganos competentes para iniciar los procedimientos disciplinarios, sancionadores o penales a que pudieran dar lugar.

  16. Artículo 16. Disposiciones generales aplicables a las potestades de investigación e inspección

    Las potestades de investigación e inspección se rigen por los principios de necesidad y proporcionalidad, con constancia en el expediente. Los funcionarios de carrera de la Oficina con esas funciones tienen la condición de autoridad, y sus documentos hacen prueba de lo comprobado directamente por quien los suscribe, salvo que se acredite lo contrario. Su ejercicio requiere previo acuerdo expreso y motivado de la Dirección. Se informa al titular del órgano afectado, salvo que pudiera perjudicar el resultado: entonces la comunicación se difiere hasta finalizar el procedimiento.

  17. Artículo 17. Potestad de investigación

    La potestad de investigación permite al personal funcionario de carrera de la Oficina con funciones de investigación: a) hacer entrevistas personales (quien no sea investigado tiene derecho a asistencia letrada, que puede designar); b) requerir información o documentación, que se atiende en un máximo de quince días desde el día siguiente a la notificación, salvo plazo mayor motivado; c) requerir a entidades bancarias o crediticias, de forma excepcional y tras un requerimiento previo del párrafo b) no atendido; d) hacer copias en cualquier formato.

  18. Artículo 18. Potestad de inspección

    La potestad de inspección permite al personal funcionario de carrera de la Oficina con funciones de inspección acceder, acreditando la condición de autoridad, a cualquier dependencia de los sujetos del artículo 3, aunque no sean investigados. El acceso sirve para requerir información, documentación y equipos, que pueden retenerse un máximo de diez días por su volumen o complejidad. Para privados ajenos al sector público andaluz hace falta su consentimiento o autorización judicial. Se levanta acta firmada, con copia para la persona inspeccionada. Es una actuación excepcional.

  19. Artículo 19. Derechos de las personas investigadas

    Son personas investigadas los sujetos de los artículos 3 y 4 a los que se atribuyan hechos de fraude, corrupción, conflicto de intereses u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros y que por ello sean objeto de un procedimiento de la Oficina. Son interesadas y gozan de los derechos del artículo 53 de la Ley 39/2015. Se garantiza la presunción de inocencia y la asistencia letrada, cuyos gastos no abona la Administración de la Junta de Andalucía. Pueden solicitar la reparación de los perjuicios, como los no investigados que pudieran contribuir al esclarecimiento.

  20. Artículo 20. Inicio del procedimiento de investigación e inspección

    El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo de la persona titular de la Dirección: a iniciativa propia, por petición razonada de los sujetos del artículo 3 o por denuncia. Las denuncias, salvo las anónimas, expresan la identidad de quien las formula y el relato de los hechos. El denunciante puede pedir confidencialidad; si no la pidió y el denunciado solicita su identidad, se le da audiencia por diez días. Debe revelarla ante requerimiento judicial o de otro órgano, o para salvaguardar el derecho de defensa. Con muchas denuncias, podrán seguirse antes las de infracciones muy graves.

  21. Artículo 21. Periodo de información o actuaciones previas

    Ante denuncia o petición razonada, la Oficina puede abrir, dentro de los quince días siguientes a su recepción, un periodo de información o actuaciones previas, o inadmitir motivadamente las que carezcan manifiestamente de fundamento. En un máximo de treinta días desde la apertura, la Dirección acuerda iniciar el procedimiento o archiva motivadamente. En el ámbito local, en esos treinta días archiva o traslada las actuaciones al órgano competente de la Administración local, que informa a la Oficina en seis meses, ampliables en tres más, sin exceder de nueve.

  22. Artículo 22. Acuerdo de inicio e instrucción

    El acuerdo de inicio se notifica a las personas interesadas y a las denunciantes y contiene, al menos: el nombramiento de la persona instructora, de entre el personal funcionario de carrera de la Oficina con funciones de investigación e inspección; los hechos que motiven la incoación; el órgano competente para resolver; y la indicación, en su caso, del derecho a formular alegaciones y a la audiencia, con sus plazos. La instrucción la realiza la Subdirección competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador.

  23. Artículo 23. Suspensión y finalización del procedimiento de investigación e inspección

    Instruido el procedimiento, la Dirección dicta resolución motivada, que se notifica a interesados y denunciantes en un máximo de seis meses desde el acuerdo de inicio, ampliables en tres más, sin exceder de nueve. Con indicios de infracciones administrativas, disciplinarias o contables, o causas de reintegro o revisión de oficio, se da traslado al órgano competente. Si son infracciones del título III, del capítulo IV de la Ley 3/2005 o del artículo 28 de la Ley 19/2013, la Dirección inicia el sancionador. Con indicios de delito, traslado al Ministerio Fiscal u órgano judicial y suspensión.

  24. Artículo 24. Régimen jurídico del procedimiento de investigación e inspección

    El procedimiento de investigación e inspección se desarrolla por el reglamento de régimen interior y funcionamiento, ajustándose a lo dispuesto en este capítulo. En lo no previsto en la Ley ni en ese reglamento, el procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

  25. Artículo 25. La Dirección

    A la persona titular de la Dirección la elige el Pleno del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintas partes, entre personas con titulación universitaria idónea y más de diez años de experiencia profesional acreditada. Si no se alcanza, segunda votación en plazo no inferior a quince días, por mayoría absoluta. Las candidaturas las proponen los grupos parlamentarios a la Mesa y comparecen ante la comisión parlamentaria. La nombra la Presidencia del Parlamento y toma posesión en un mes como máximo. El mandato es de cinco años desde la elección y no es renovable.

  26. Artículo 26. Funciones de la Dirección

    La persona titular de la Dirección: ostenta la representación legal de la Oficina; dirige y coordina las actividades de sus órganos y unidades administrativas; desempeña la jefatura superior de su personal; autoriza los gastos y ordena los pagos; celebra los contratos y convenios; inicia y resuelve el procedimiento de investigación e inspección y el procedimiento sancionador de las infracciones que competen a la Oficina; aprueba la memoria anual y los informes especiales y recomendaciones; y ejerce cualesquiera otras funciones que se deriven de la Ley.

  27. Artículo 27. Incompatibilidades de la Dirección

    La Dirección es incompatible con: cargos representativos electivos; cargos designados por el Parlamento andaluz, el Congreso o el Senado; cargos políticos o con funciones administrativas en administraciones y entes públicos; cualquier actividad profesional, mercantil o laboral; la carrera judicial y fiscal en activo; cargos directivos o de asesoramiento en entidades sin ánimo de lucro; y la afiliación a partido, sindicato o asociación profesional o empresarial. Debe cesar en lo incompatible en un mes desde el nombramiento y antes de tomar posesión. Dos años de prohibiciones tras el mandato.

  28. Artículo 28. Cese de la Dirección

    La Dirección cesa por: renuncia; extinción del mandato; incompatibilidad posterior a la toma de posesión; fallecimiento o incapacidad declarada por decisión judicial firme; inhabilitación; ser investigada con medidas cautelares, encausada o condenada por delito; y negligencia notoria y grave. En este caso lo acuerda el Parlamento por dos terceras partes (si no, segunda votación no antes de quince días, por mayoría absoluta). Al expirar el mandato sigue en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Dirección, en los tres meses siguientes. El cese lo acuerda la Presidencia del Parlamento.

  29. Artículo 29. Estructura de la Oficina

    El Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina regula su organización y estructura y debe prever, al menos, dos órganos: una subdirección competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador, y otra competente en materia de medidas de protección de la persona denunciante, propuestas de prevención y recomendaciones de actuación, y gestión del canal de denuncias.

  30. Artículo 30. Recursos en vía administrativa

    Los actos de órganos de la Oficina distintos de la Dirección pueden recurrirse en alzada ante la Dirección. Los actos de la Dirección ponen fin a la vía administrativa y admiten recurso potestativo de reposición. En ningún caso cabe recurso alguno en vía administrativa contra la memoria anual ni contra los informes especiales y recomendaciones. Los actos de los órganos de la Oficina se consideran actuación sujeta al derecho administrativo a los efectos del artículo 1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

  31. Artículo 31. Personas al servicio de la Oficina

    Los puestos de la Oficina se proveen por personas funcionarias de carrera conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; su personal se rige por la normativa del personal al servicio del Parlamento de Andalucía. La Dirección elabora la propuesta de relación de puestos de trabajo y la remite a la Mesa del Parlamento para su aprobación. Se pueden suscribir convenios para la formación. Los funcionarios no participarán en sus funciones por vínculo matrimonial o análogo o parentesco hasta el cuarto grado, amistad íntima o enemistad manifiesta, o interés directo o indirecto.

  32. Artículo 32. Recursos económicos, presupuesto, régimen patrimonial, de contabilidad, intervención y contratación

    La Dirección elabora y aprueba el proyecto de presupuesto de la Oficina y lo remite a la Mesa del Parlamento, a la que corresponde determinar la relación de puestos, las retribuciones y el incremento del gasto anual. El presupuesto se integra en la sección del Parlamento como programa específico y la memoria anual contiene su liquidación. El régimen patrimonial, contable, de intervención y de contratación es el del Parlamento. Los ingresos de Derecho Público se integran en la Tesorería General de la Junta: en voluntaria recauda la Oficina y en ejecutiva la Agencia Tributaria de Andalucía.

  33. Artículo 33. Memoria anual

    En los tres primeros meses de cada año natural, la persona titular de la Dirección de la Oficina aprueba una memoria anual de las actuaciones del año anterior. Se publica en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, queda disponible en su sede electrónica y se publica también en el BOJA. Recoge, en especial, los extremos de las letras a) a m): actuaciones realizadas, denuncias presentadas, traslados, procedimientos sancionadores, cantidades reclamadas e incumplimientos del deber de colaboración. La Dirección la remite al Parlamento para su conocimiento y comparece para presentarla.

  34. Artículo 34. Informes especiales y recomendaciones

    Cuando la urgencia o gravedad de los hechos lo aconsejen, la persona titular de la Dirección de la Oficina aprueba informes especiales y recomendaciones sobre fraude, corrupción y conflictos de intereses, a iniciativa propia o a petición del Parlamento de Andalucía. Los remite al Parlamento, por mediación de la comisión parlamentaria correspondiente, para su conocimiento, y comparece ante él para presentarlos. Se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el BOJA.

  35. Artículo 35. Persona denunciante

    Son denunciantes las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que formulen denuncia ante la Oficina sobre hechos que pudieran ser fraude, corrupción, conflicto de intereses u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros. Las personas del artículo 4.1 a), b), c) y d) deberán denunciar; las del 4.1 e) podrán hacerlo. No infringen restricciones de revelación si tenían motivos razonables para creerla necesaria, ni responden por la adquisición o el acceso a la información, siempre que no constituya en sí mismo un delito.

  36. Artículo 36. Denuncia con plenas garantías

    Las denuncias ante la Oficina se presentan por procedimientos y canales diseñados, establecidos y gestionados de forma segura, que protejan la confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes y de terceras personas mencionadas e impidan el acceso de personas no autorizadas. Deben prever un acuse de recibo en un plazo máximo de siete días desde la recepción. Se establecen mediante el reglamento de régimen interior y funcionamiento y han de cumplir la Directiva (UE) 2019/1937. También sirven para solicitar los derechos del artículo 37 y las medidas de protección del artículo 38.

  37. Artículo 37. Derechos de las personas denunciantes

    Desde que presentan la denuncia, las personas denunciantes tienen derecho a conocer el estado de la tramitación, a una resolución expresa y motivada, a no sufrir represalias (incluidas amenazas y tentativas) y a solicitar la reparación de los perjuicios injustificados, que se presumen represalia. Los derechos c) y d) alcanzan a terceros, como compañeros de trabajo o familiares. A petición del denunciante, la Oficina insta a reparar y debe ser informada en treinta días. Con información falsa, tergiversada o ilícita solo quedan los derechos a) y b), salvo debida diligencia y motivos razonables.

  38. Artículo 38. Medidas de protección

    Desde que se acuerde el inicio del procedimiento de investigación e inspección, el denunciante puede pedir a la Oficina un traslado provisional. Funcionarias del artículo 4.1 a) y b): la Oficina insta del órgano competente en materia de Función Pública un puesto del mismo nivel, en la misma localidad o limítrofe, con reserva del de origen. Laborales indefinidos del 4.1 a) y b): insta de ese órgano o de la Viceconsejería. Personal del 4.1 c) y d): recomienda al órgano de personal de la entidad. La medida dura el período que proponga la Oficina y puede prorrogarse.

  39. Artículo 39. Publicidad de la información relativa a la tramitación de denuncias ante la Oficina

    En el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía se publica, en una sección separada, fácilmente identificable y accesible: a) el régimen de protección de las personas denunciantes (condición de denunciante, datos de contacto de la Oficina, procedimientos y canales, incluido el canal específico de denuncia anónima, derechos y medidas de protección); b) el procedimiento de investigación e inspección, con las potestades de la Oficina y los derechos de las personas investigadas; c) el tratamiento de los datos personales. Es información pública objeto de publicidad activa.

  40. Artículo 40. Competencia sancionadora y procedimiento

    El procedimiento sancionador se inicia de oficio por acuerdo de la persona titular de la Dirección de la Oficina, cuando la resolución que pone fin a la investigación e inspección aprecia la posible comisión de una infracción de este título. Instruye la Subdirección competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador, y sanciona la persona titular de la Dirección. Se desarrolla reglamentariamente por decreto del Consejo de Gobierno. La resolución expresa debe notificarse en un máximo de seis meses desde la fecha del acuerdo de inicio.

  41. Artículo 41. Responsabilidad

    Pueden ser sancionadas por las infracciones administrativas de este título las administraciones públicas, instituciones, órganos, entidades y personas físicas y jurídicas privadas incluidos en el artículo 3, y las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley definido en el artículo 4, que resulten responsables de los hechos a título de dolo o culpa.

  42. Artículo 42. Concepto y clases de infracciones

    Son infracciones sancionables las acciones u omisiones que estén tipificadas como tales en esta Ley. Se califican en tres clases: muy graves, graves y leves. Se puede infringir, por tanto, tanto por hacer como por dejar de hacer, siempre que la conducta esté tipificada como infracción en la propia Ley.

  43. Artículo 43. Infracciones muy graves

    Son muy graves: a) incumplir el deber de colaboración con dolo o con perjuicio muy grave para la investigación (paralización por más de dos meses); b) cualquier coacción al personal de la Oficina; c) vulnerar el derecho del artículo 37.1.c) con perjuicio muy grave al denunciante; d) denunciar con información falsa, tergiversada o ilícita, con dolo o con perjuicio muy grave al investigado; e) no responder a las comunicaciones del artículo 37.3; f) reiterar infracciones graves (nueva infracción grave en dos años); g) filtrar información con graves perjuicios a la investigación o al denunciante.

  44. Artículo 44. Infracciones graves

    Son graves: a) incumplir el deber de colaboración con la Oficina del artículo 13.2 cuando no sea muy grave; b) formular denuncias con información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita cuando no sea muy grave; c) impedir o intentar impedir la formulación de denuncias; d) vulnerar el derecho del artículo 37.1.c) cuando no sea muy grave; e) no responder en plazo a las comunicaciones del artículo 37.3; f) reiterar infracciones leves: nueva infracción leve en el término de un año desde que sea firme en vía administrativa la resolución sancionadora de la infracción leve.

  45. Artículo 45. Infracciones leves

    Son infracciones leves: a) la falta de diligencia en la custodia de los documentos objeto de investigación; b) la falta de respuesta y la respuesta fuera de plazo a las propuestas y recomendaciones formuladas por la Oficina, previstas en el artículo 9, apartado 1, párrafos f) y g); c) el incumplimiento del deber de formular denuncia ante la Oficina, en los términos del artículo 35.2.

  46. Artículo 46. Sanciones

    Muy graves: multa de 30.001 a 100.000 euros (1.º tramo, de 30.001 a 65.000; 2.º tramo, de 65.001 a 100.000). Graves: multa de 3.001 a 30.000 euros (1.º tramo, de 3.001 a 16.500; 2.º tramo, de 16.501 a 30.000). Leves: apercibimiento o multa de 300 a 3.000 euros (1.º tramo, de 300 a 1.650; 2.º tramo, de 1.651 a 3.000).

  47. Artículo 47. Graduación de las sanciones

    Las sanciones se gradúan atendiendo especialmente a seis criterios, siempre que no se hayan tenido en cuenta para tipificar la infracción: reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en un año, declarada por resolución firme en vía administrativa), trascendencia del daño a los intereses públicos, grado de culpabilidad o intencionalidad, reparación a iniciativa del causante, subsanación durante el procedimiento a iniciativa de la persona investigada y continuidad o persistencia. La sanción será proporcionada; con más de dos agravantes se gradúa conforme al segundo tramo.

  48. Artículo 48. Prescripción

    Las infracciones prescriben a los cinco años las muy graves, a los tres años las graves y al año las leves. Las sanciones tienen los mismos plazos: cinco años las impuestas por infracciones muy graves, tres años las impuestas por infracciones graves y un año las impuestas por infracciones leves.

Reglamento del Parlamento de Andalucía

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1

    Tras las elecciones al Parlamento de Andalucía, la Cámara se reúne en sesión constitutiva conforme al artículo 104.3 del Estatuto de Autonomía. El día y la hora de esa sesión no los fija el propio Parlamento: son los que señale el Decreto de Convocatoria.

  2. Artículo 2

    La sesión constitutiva la preside al principio el Diputado o Diputada electo de mayor edad entre los presentes (Mesa de Edad). Le asisten como Secretarios los dos Diputados electos más jóvenes. Es una presidencia inicial: solo hasta que se elija la Mesa.

  3. Artículo 3

    En la sesión constitutiva, el Presidente o Presidenta (de la Mesa de Edad) la declara abierta y un Secretario o Secretaria lee tres cosas: el Decreto de Convocatoria, la relación de Diputados electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos, indicando quiénes podrían quedar afectados por su resolución. Después se elige la Mesa del Parlamento por el procedimiento de los artículos 33 y 34.

  4. Artículo 4

    Elegida la Mesa, sus miembros ocupan sus puestos. El Presidente o Presidenta electo presta y pide a los demás Diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto; se les llama por orden alfabético. Después declara constituido el Parlamento y levanta la sesión. La constitución la comunica su Presidente o Presidenta al Rey, al Senado, al Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.

  5. Artículo 5

    La condición plena de Diputado exige cumplir a la vez cuatro requisitos: presentar la credencial en el Registro General; declarar profesión y cargos públicos a efectos de incompatibilidades; declarar actividades, bienes e intereses y aportar copia del IRPF y, en su caso, del Patrimonio; y jurar o prometer acatar la Constitución y el Estatuto en el primer Pleno al que asista, si no lo hizo en la sesión constitutiva. Los derechos rigen desde la proclamación, pero tras tres Plenos sin cumplirlos la Mesa los suspende hasta que se cumplan, salvo fuerza mayor acreditada (nuevo plazo).

  6. Artículo 6

    Los Diputados asisten con voz y voto al Pleno y a las Comisiones de las que forman parte; a las demás Comisiones pueden asistir, pero sin voto. Tienen derecho a formar parte, al menos, de una Comisión y a ejercer las facultades que el Reglamento les da. Dentro de Andalucía tienen derecho a un tratamiento institucional y protocolario preferente, en particular en actos de la Administración pública andaluza.

  7. Artículo 7

    Los Diputados, previo conocimiento de su Grupo, pueden recabar de la Administración de la Junta datos, informes o documentos, respetando los datos personales. La solicitud va siempre por la Presidencia del Parlamento y la Administración tiene treinta días para entregarla o explicar las razones fundadas en Derecho que lo impiden; si consta en fuentes oficiales accesibles al público, basta indicar dónde está. Si el volumen es grande, se facilita el acceso para tomar notas. También pueden pedir información al Estado y a la Administración local y visitar dependencias avisando a la Mesa.

  8. Artículo 8

    Los Diputados tienen derecho a retribuciones fijas y periódicas y a ayudas e indemnizaciones por gastos; la Mesa puede acordar una asignación temporal al perder la condición por extinción del mandato o renuncia, para su adaptación laboral. Todas sus percepciones tributan según las normas generales y su información tributaria se somete a transparencia. Las incompatibilidades por remuneraciones las fija la Ley Electoral de Andalucía. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, fija cada año la cuantía de retribuciones, ayudas e indemnizaciones dentro del presupuesto.

  9. Artículo 9

    El Parlamento paga con su presupuesto: 1) las cotizaciones a la Seguridad Social (y, en su caso, Mutualidades) de los Diputados con retribución fija y periódica; 2) según los convenios con el INSS, las de quienes dejan su trabajo por la dedicación parlamentaria y renuncian a retribución fija; y 3) a solicitud del Diputado y si no le corresponde a su Administración de origen, las cuotas de Clases Pasivas y Mutualidad de los funcionarios en servicios especiales que no cobran retribución fija del Parlamento.

  10. Artículo 10

    Los Diputados tienen inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en actos parlamentarios y por los votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Esta protección no termina con el mandato: se mantiene aun después de haber cesado.

  11. Artículo 11

  12. Artículo 12

    Cuando el Presidente o Presidenta del Parlamento conozca la detención de un Diputado o Diputada, o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pueda obstaculizar su función parlamentaria, adoptará de inmediato las medidas que estime convenientes para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros.

  13. Artículo 13

    Los Diputados deben asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones de las que forman parte. Si faltan de modo injustificado, la Mesa ordena la detracción automática y proporcional de sus retribuciones e indemnizaciones por gastos. La Mesa publica en el Portal de Transparencia del Parlamento, al final de cada período de sesiones, las asistencias de los Diputados.

  14. Artículo 14

    Los Diputados están obligados a tres cosas: adecuar su conducta al Reglamento; respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios; y no divulgar las actuaciones que, según el Reglamento, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas.

  15. Artículo 15

    Los Diputados no pueden invocar ni usar su condición para ejercer actividades mercantiles, industriales o profesionales, ni para colaborar con ánimo de lucro propio en esas actividades de terceros ante las Administraciones públicas. Además, quien se ocupe directamente, por su profesión o por una actividad remunerada, de una cuestión que se debata en el Pleno o en una Comisión debe manifestarlo antes de empezar su intervención.

  16. Artículo 16

    Para adquirir la plena condición de Diputado hay que declarar actividades y bienes e intereses y presentar copia del IRPF y, en su caso, del Patrimonio. Las declaraciones van por separado, en modelos de la Mesa, se actualizan si cambian, y forman el Registro de Actividades, Bienes e Intereses, público, dependiente de la Presidencia y custodiado por el Letrado Mayor; se publican en el BOPA, el BOJA e Internet. Antes del 1 de agosto de cada año se entregan en la Secretaría General las autoliquidaciones, publicadas en el Portal de Transparencia. Las del cónyuge o pareja son voluntarias.

  17. Artículo 17

    Los Diputados deben respetar siempre las incompatibilidades de la Constitución, el Estatuto y las leyes. La Comisión del Estatuto de los Diputados eleva al Pleno su propuesta sobre la situación de cada Diputado en veinte días desde que asume plenamente la condición o desde que comunica, como debe hacer, cualquier cambio en su declaración. Declarada y notificada la incompatibilidad, el Diputado tiene ocho días para elegir entre escaño y cargo; si no opta, se entiende que renuncia al escaño, la Mesa lo declara y lo comunica a la Junta Electoral para que expida la credencial del sustituto.

  18. Artículo 18

    El Diputado queda suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios en tres casos: cuando proceda por las normas de disciplina parlamentaria del Reglamento; cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte; o cuando el cumplimiento de esa sentencia le impida ejercer la función parlamentaria.

  19. Artículo 19

    Se pierde la condición de Diputado por: 1) anulación de la elección o proclamación por sentencia judicial firme; 2) condena a inhabilitación absoluta o especial para cargo público por sentencia firme; 3) fallecimiento o incapacitación declarada por decisión judicial firme; 4) extinción del mandato al expirar su plazo o disolverse la Cámara, aunque los miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente siguen en funciones hasta la nueva Cámara; 5) renuncia presentada personalmente ante la Mesa o entendida así según el artículo 17.3.

  20. Artículo 20

    Para formar Grupo parlamentario hacen falta al menos cinco Diputados. Nunca pueden formar Grupos separados quienes concurrieron a las elecciones en el mismo partido o coalición, ni quienes pertenezcan a formaciones políticas que no se presentaron como tales a las elecciones.

  21. Artículo 21

    Los Grupos se constituyen en los cinco días siguientes a la sesión constitutiva, por escrito a la Mesa firmado por sus integrantes, con la denominación, los nombres de todos sus miembros, el Portavoz titular y hasta dos adjuntos, más la conformidad del representante legal del sujeto político que presentó la candidatura. Cada Grupo comunica a la Mesa, en un mes desde su constitución, su Normativa Interna, que debe regular al menos sus órganos (Presidente, Portavoz, Adjuntos, Consejo de Dirección y Asamblea), la incorporación y retorno y la salida. Lo representan el Portavoz o los Adjuntos.

  22. Artículo 22

    Un Diputado solo puede integrarse en el Grupo de la candidatura con la que concurrió a las elecciones. Quien no quede integrado en un Grupo pasa a ser Diputado no Adscrito, salvo que pertenezca a una candidatura que no pueda constituir Grupo propio: en ese caso se incorpora al Grupo Mixto. Nadie puede pertenecer a más de un Grupo.

  23. Artículo 23

    Quien adquiera la condición de Diputado después de la sesión constitutiva debe incorporarse, en los cinco días siguientes a esa adquisición, al Grupo de la candidatura con la que concurrió. Para ello hace falta que conste la aceptación del Portavoz o la Portavoz de ese Grupo. Si no se incorpora, será Diputado no Adscrito o irá al Grupo Mixto, según el artículo 22.2.

  24. Artículo 24

    Quien causa baja en su Grupo pasa a no Adscrito: por abandono voluntario comunicado a la Mesa, por expulsión motivada según la Normativa Interna (la comunica el Portavoz) o, en transfuguismo, comunicada por el representante legal del sujeto político. Puede volver con consentimiento y firma del Portavoz. El Portavoz del Mixto rota por orden alfabético cada período de sesiones, salvo acuerdo por mayoría absoluta. La Mesa resuelve las discrepancias del Mixto y, oída la Junta de Portavoces, la actuación de los no Adscritos, que solo conservan derechos individuales.

  25. Artículo 25

    El Parlamento da a los Grupos locales, medios materiales y subvenciones para sus gastos de funcionamiento; la del Grupo Mixto depende del número de sus miembros. Los Grupos llevan contabilidad específica de esas subvenciones y la ponen a disposición de la Mesa cuando la pida y, en todo caso, cada año antes del 1 de agosto del año siguiente; la Mesa ordena publicarla en el Boletín Oficial del Parlamento y figura en el Portal de Transparencia. Además, antes del 1 de febrero del año siguiente comunican a la Mesa lo que abonan a cada Diputado, que también se publica.

  26. Artículo 26

    Todos los Grupos tienen idénticos derechos, con las especificaciones del Reglamento. Sus derechos, facultades, funciones y medios se calculan según el número de Diputados que obtuvo en las elecciones la candidatura de la que procede el Grupo, sin importar cuántos Diputados tenga en cada momento. Se exceptúan siempre los supuestos de ponderación de voto.

  27. Artículo 27

    La Mesa es el órgano rector de la Cámara y la representa de forma colegiada en los actos a los que asiste. La forman el Presidente o Presidenta del Parlamento, tres Vicepresidentes y tres Secretarios. El Presidente o Presidenta dirige y coordina su acción.

  28. Artículo 28

    La Mesa organiza el trabajo y el gobierno interior; elabora el presupuesto, controla su ejecución e informa al Pleno al final de cada ejercicio; aprueba RPT, plantillas y bases de acceso del personal; autoriza gastos; califica y admite los escritos y decide su tramitación; y fija el calendario de acuerdo con la Junta de Portavoces. Contra la calificación o tramitación cabe pedir reconsideración en dos días desde la notificación; suspende la tramitación y la Mesa resuelve en su primera sesión. No se admite si lo recurrido ya se votó en Comisión o Pleno.

  29. Artículo 29

    El Presidente o Presidenta representa a la Cámara, asegura la marcha de los trabajos, dirige los debates y mantiene el orden, y ordena los pagos, pudiendo delegar. Cumple y hace cumplir el Reglamento, lo interpreta en caso de duda y lo suple en caso de omisión; si al suplirlo quiere dictar una resolución de carácter general, necesita el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. Tiene además las funciones del Estatuto y del Reglamento.

  30. Artículo 30

    Los Vicepresidentes sustituyen, por su orden, al Presidente o Presidenta del Parlamento en sus funciones en caso de ausencia, vacante o imposibilidad. Además, ejercen cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidente o Presidenta o la Mesa.

  31. Artículo 31

    Los Secretarios supervisan y autorizan, con el visto bueno del Presidente o Presidenta, las actas del Pleno, de la Mesa y de la Junta de Portavoces y las certificaciones que se expidan. Asisten al Presidente o Presidenta en las sesiones para asegurar el orden de los debates y la corrección de las votaciones, colaboran en el desarrollo de los trabajos según sus disposiciones y ejercen otras funciones que les encomienden el Presidente o Presidenta o la Mesa.

  32. Artículo 32

    La Mesa se reúne cuando la convoca el Presidente o Presidenta y la asesora el Letrado o Letrada Mayor, que redacta el acta de sus sesiones y cuida, bajo la dirección del Presidente o Presidenta, de ejecutar los acuerdos. El Letrado o Letrada Mayor lo nombra la Mesa, a propuesta del Presidente o Presidenta, entre los letrados del Parlamento.

  33. Artículo 33

    El Pleno elige a la Mesa en la sesión constitutiva. Hay nueva elección si las sentencias de los recursos contencioso-electorales cambian la titularidad de más del 10% de los escaños o hacen perder la mayoría absoluta a un Grupo; se celebra cuando los nuevos Diputados tienen la plena condición. Se vota con papeletas entregadas al Presidente o Presidenta de la Mesa de Edad para depositarlas en la urna; se vota sucesivamente Presidente, Vicepresidentes y Secretarios. En el escrutinio, el Presidente de Edad lee las papeletas y las pasa a un Secretario; el otro anota resultados e incidentes.

  34. Artículo 34

    Presidente: un nombre por papeleta y gana quien logre mayoría absoluta; si nadie la obtiene, se repite entre los dos más próximos y gana el más votado. Si hay empate y persiste tras cuatro votaciones, se considera elegido el propuesto por los partidos, coaliciones o grupos con mayor respaldo electoral, incluso por lista más votada. Vicepresidentes y Secretarios: un nombre por papeleta y salen los tres más votados por orden; los empates se dirimen con nuevas votaciones. Cada partido, federación, coalición o agrupación presenta como máximo un candidato por puesto.

  35. Artículo 35

  36. Artículo 36

    Tienen derecho a estar presentes en la Mesa todos los partidos, federaciones y coaliciones que concurrieron a las anteriores elecciones y obtuvieron en ellas representación suficiente para constituir Grupo parlamentario.

  37. Artículo 37

    Si durante la legislatura queda vacante algún puesto de la Mesa, se cubre con el mismo procedimiento de elección regulado en los artículos anteriores, adaptado a los puestos concretos que haya que cubrir, sin renovar el resto de la Mesa.

  38. Artículo 38

    La Junta de Portavoces la forman los Portavoces de los Grupos y la preside el Presidente o Presidenta del Parlamento, que la convoca por iniciativa propia, a petición de dos Grupos o de la décima parte de los Diputados. Se reúne al menos quincenalmente en los períodos ordinarios. Se avisa al Consejo de Gobierno, que puede enviar a un miembro o alto cargo delegado, acompañado de un asistente. Asisten al menos un Vicepresidente, un Secretario y el Letrado Mayor (o un letrado); cada Portavoz puede ir con un miembro de su Grupo. Decide siempre por voto ponderado.

  39. Artículo 39

    Además de las funciones que le atribuye el Reglamento, la Junta de Portavoces debe ser oída antes de: fijar criterios para ordenar y facilitar debates y tareas del Parlamento; decidir la Comisión competente para los proyectos y proposiciones de ley; fijar cuántos miembros de cada Grupo forman las Comisiones; y asignar los escaños del salón de sesiones a los Grupos.

  40. Artículo 40

    Las Comisiones, salvo precepto en contrario, las forman los Diputados que designan los Grupos en el número que fija para cada uno la Mesa, oída la Junta de Portavoces, en proporción a su peso en la Cámara; cada Grupo tiene al menos un representante en cada Comisión. Los Grupos pueden sustituir a sus miembros comunicándolo por escrito al Presidente del Parlamento; si es solo para un asunto, debate o sesión, basta comunicarlo, verbalmente o por escrito, al Presidente de la Comisión. Los miembros del Consejo de Gobierno pueden asistir con voz, pero solo votan donde son miembros.

  41. Artículo 41

    Cada Comisión elige, de entre sus miembros, su propia Mesa, formada por un Presidente o Presidenta, un Vicepresidente o Vicepresidenta y un Secretario o Secretaria. La elección sigue las normas de elección de la Mesa del Parlamento, adaptadas al número de puestos que se cubren.

  42. Artículo 42

    Convoca la Comisión su Presidente o Presidenta, por iniciativa propia o a petición de dos Grupos o de la décima parte de sus miembros, dando cuenta a la Presidencia del Parlamento; su Mesa se reúne al menos una vez al mes. El Presidente o Presidenta del Parlamento puede convocar y presidir cualquier Comisión, pero solo vota en las suyas. Quórum: dos miembros de la Mesa más la mitad más uno de sus Diputados. Si faltan dos miembros de la Mesa, la Comisión puede elegir, para esa sola sesión, quien haga de Presidente o Secretario.

  43. Artículo 43

    Las Comisiones tramitan los asuntos que les encomienda la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, según su competencia. La Mesa, de oficio o a petición de una Comisión interesada, puede acordar que otra u otras Comisiones informen antes sobre un asunto de la competencia principal de una, oída su Mesa. Plazo máximo para concluir: dos meses, salvo plazo distinto del Reglamento o ampliación o reducción acordada por la Mesa de la Cámara por circunstancias excepcionales. Ni las Comisiones ni sus Mesas pueden reunirse los días de Pleno.

  44. Artículo 44

    Las Comisiones, por medio del Presidente o Presidenta del Parlamento, pueden recabar información de la Cámara, del Consejo de Gobierno, de autoridades de la Junta y de Entes Locales, que responden en no más de treinta días o dan sus razones; y requerir la presencia de miembros del Gobierno, directivos del sector público andaluz, autoridades y funcionarios, u otras personas. Si no cumplen, se comunica al superior. Cabe pedir información al Estado y a la Administración local. La Mesa les remite la información sobre subvenciones, contratos, publicidad y planes de medios de más de 120.000 euros.

  45. Artículo 45

    Los letrados prestan en las Comisiones, y respecto de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico jurídico necesario para sus tareas. Además, redactan los informes y dictámenes correspondientes, en los que recogen los acuerdos adoptados.

  46. Artículo 46

    Hay 14 Comisiones Permanentes Legislativas y son también Permanentes las que imponga una ley y seis más: Reglamento; Estatuto de los Diputados; Consultiva de Nombramientos, Defensor del Pueblo y Peticiones; Control de la RTVA; Financiación de los Partidos; y Asuntos Europeos. Todas se constituyen en los veinte días siguientes a la sesión constitutiva. En los primeros seis meses de legislatura, o en un mes hábil tras reestructurar el Consejo de Gobierno, el Pleno puede variarlas a propuesta de la Mesa con parecer favorable de la Junta de Portavoces, sin que sea reforma del Reglamento.

  47. Artículo 47

    La Comisión de Reglamento la preside el Presidente o Presidenta del Parlamento. La componen la Mesa de la Cámara más los miembros necesarios hasta completar el número general de miembros de las Comisiones, según el artículo 40.

  48. Artículo 48

    La Comisión del Estatuto de los Diputados tiene un miembro por Grupo, con Presidente, Vicepresidente y Secretario, y decide por voto ponderado. Prepara las resoluciones del Pleno sobre el Estatuto, salvo propuesta del Presidente o de la Mesa. Autoriza, a petición expresa, las actividades privadas que la ley no considere siempre incompatibles. Investiga omisiones en las declaraciones de actividades, con autorización de la Mesa. Eleva al Pleno propuestas motivadas y declara la compatibilidad de los elegidos para órganos íntegramente parlamentarios.

  49. Artículo 49

    La Comisión Consultiva de Nombramientos la forman la Mesa y un Diputado por Grupo, con voto ponderado. Lleva las relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz; examina las peticiones, acusa recibo y comunica el acuerdo; conoce de derechos y libertades no atribuidos a otro órgano; y valora la idoneidad de candidatos si el órgano es íntegramente parlamentario o lo acuerda la Mesa. En la comparecencia el candidato expone, cada Grupo pide aclaraciones, él responde y se vota; turnos de diez minutos salvo decisión de la Presidencia. Quien no comparece sin justificación queda excluido.

  50. Artículo 50

    El Pleno puede crear otras Comisiones permanentes durante la legislatura en que lo acuerde, a solicitud de la Mesa (oída la Junta de Portavoces), de dos Grupos o de la décima parte de los Diputados. La solicitud debe proponer cómo se reparten las competencias con las Comisiones afectadas. Se tramita por el procedimiento de las proposiciones no de ley, y por el mismo cauce de solicitud puede acordarse su disolución.

  51. Artículo 51

    Las Comisiones no Permanentes se crean para un fin concreto y se extinguen al terminar el trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura. Pueden ser de dos clases: de investigación o de estudio.

  52. Artículo 52

    Pueden pedir una Comisión de Investigación el Consejo de Gobierno, un Grupo parlamentario o la décima parte de los miembros de la Cámara. Admitida por la Mesa y publicada, queda creada a los siete días si ningún Grupo se opone; si alguno se opone, decide el Pleno y se rechaza si se opone la mayoría de los miembros. Los extremos se comunican al compareciente con quince días de antelación (por urgencia, nunca menos de tres). Decide por voto ponderado. Sus conclusiones no vinculan a los tribunales y van en dictamen al Pleno.

  53. Artículo 53

    Las Comisiones de Estudio las crea el Pleno a propuesta de la Mesa y previo parecer favorable de la Junta de Portavoces. La propuesta puede hacerse por iniciativa propia o a instancia de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara, y debe fijar objeto, composición, reglas de organización y funcionamiento y plazo para terminar. Su dictamen se debate en Pleno con los votos particulares, que se publican en el Boletín si lo pide el Grupo proponente.

  54. Artículo 54

    Los Grupos de Trabajo o Ponencias de Estudio de una Comisión los crea el Pleno, a iniciativa exclusiva de los Grupos parlamentarios, y solo en Comisiones Permanentes. Deben terminar antes de que acabe el período de sesiones siguiente al de su creación; la Mesa puede prorrogar una sola vez hasta el final del siguiente. Su informe lo debate la Comisión, y el dictamen solo va a Pleno si la Comisión lo acuerda. No puede haber más de dos a la vez en una Comisión.

  55. Artículo 55

    El Pleno del Parlamento lo convoca su Presidente o Presidenta, bien por iniciativa propia, bien a solicitud de al menos dos Grupos parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados. Esos son los únicos sujetos que el artículo menciona para promover la convocatoria.

  56. Artículo 56

    En el salón de sesiones los Diputados se sientan según su Grupo parlamentario y siempre en el mismo escaño. Hay un banco especial para los miembros del Consejo de Gobierno. Además de ellos, solo pueden acceder los funcionarios del Parlamento en el ejercicio de su cargo y quienes autorice expresamente el Presidente o Presidenta de la Cámara.

  57. Artículo 57

    La Diputación Permanente la preside el Presidente o Presidenta del Parlamento y la forman la Mesa más los miembros necesarios hasta completar el número fijado para las Comisiones (art. 40). Para que sea proporcional, cada miembro de la Mesa se imputa a su Grupo. Cada Grupo elige tantos suplentes permanentes como titulares. Su Mesa es la del Parlamento; la convoca su Presidente o Presidenta, de oficio o a petición de dos Grupos, y pueden asistir los medios acreditados salvo sesión secreta.

  58. Artículo 58

    Cuando el Parlamento no está reunido por vacaciones, ha sido disuelto o ha expirado su mandato, y hasta que se constituya el nuevo, la Diputación Permanente vela por los poderes de la Cámara. En especial, convoca al Pleno o a cualquier Comisión por acuerdo de la mayoría absoluta y conoce de la delegación temporal de las funciones ejecutivas del Presidente o Presidenta de la Junta en un miembro del Consejo de Gobierno.

  59. Artículo 59

    Tras los lapsos de tiempo entre períodos de sesiones o tras la celebración de elecciones, la Diputación Permanente debe dar cuenta al Pleno del Parlamento, en la primera sesión ordinaria, de los asuntos que haya tratado y de las decisiones que haya adoptado. Lo hace en todo caso.

  60. Artículo 60

  61. Artículo 61

    El Letrado o Letrada Mayor, bajo la dirección del Presidente o Presidenta y de la Mesa, tiene a su cargo la Secretaría General, que es la Administración parlamentaria; por ello ostenta la jefatura superior de todo el personal y de todos los Servicios del Parlamento. También asume las funciones técnicas de sostenimiento y asesoramiento de los órganos rectores, asistido por los letrados de la Cámara.

  62. Artículo 62

    Dentro de la Secretaría General funciona la Oficina de Control Presupuestario. Asesora técnicamente a los órganos de la Cámara en materia presupuestaria e informa a los Grupos y a los miembros de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre la documentación de aprobación y ejecución del presupuesto, ejecución de inversiones y fondos europeos, lo más desagregado posible, y sobre la actividad parlamentaria con repercusión en ingresos y gastos públicos.

  63. Artículo 63

    El Parlamento de Andalucía tiene dos publicaciones oficiales: el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y el Diario de Sesiones, que recoge el Pleno de la Cámara, la Diputación Permanente y las Comisiones.

  64. Artículo 64

    En el Boletín Oficial del Parlamento se publican los textos y documentos cuya publicación exija el Reglamento, sea necesaria para su conocimiento y tramitación u ordene la Presidencia. Por urgencia, la Presidencia puede ordenar que, para su debate y votación, se reproduzcan por cualquier otro medio que asegure su conocimiento a los Diputados del órgano que debe debatirlos, sin perjuicio de su constancia posterior en el Boletín.

  65. Artículo 65

    El Diario de Sesiones reproduce íntegras, con los incidentes, las intervenciones y acuerdos del Pleno, de la Diputación Permanente y de las Comisiones cuando aprueban leyes definitivamente o celebran sesiones informativas con miembros del Gobierno. De las sesiones secretas se levanta acta literal, con un único ejemplar custodiado en la Presidencia y consultable por los Diputados previo conocimiento del Presidente o Presidenta. Sus acuerdos se publican salvo que la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, los declare reservados.

  66. Artículo 66

    La Mesa adopta las medidas para facilitar a los medios de comunicación información sobre la actividad de los órganos del Parlamento y regula las credenciales de sus representantes gráficos y literarios, para acceder a los locales destinados y a las sesiones a las que puedan asistir. Nadie puede grabar imágenes o sonido de las sesiones sin autorización expresa del Presidente o Presidenta del Parlamento.

  67. Artículo 66 bis

    El Portal de Transparencia del Parlamento de Andalucía debe ofrecer toda la información exigida por la legislación básica estatal y la autonómica sobre transparencia pública y la que establezca el propio Reglamento. A la Mesa le corresponde aprobar las normas y adoptar las medidas precisas para garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública del Parlamento.

  68. Artículo 67

    El Parlamento celebra sesiones ordinarias y extraordinarias. Hay dos períodos ordinarios al año: del 1 de septiembre al 31 de diciembre y del 1 de febrero al 31 de julio. Fuera de ellos solo caben sesiones extraordinarias, convocadas por la Presidencia previa aprobación del orden del día por la Diputación Permanente (que se reúne a iniciativa presidencial o a petición de una cuarta parte de los Diputados o de dos Grupos), o a petición del Presidente o Presidenta de la Junta o del Consejo de Gobierno.

  69. Artículo 68

    Por regla general, las sesiones se celebran en días comprendidos entre el martes y el viernes, ambos incluidos, de cada semana. No obstante, la Mesa del Parlamento puede decidir que se celebren en días distintos de esos.

  70. Artículo 69

    Las sesiones del Pleno son públicas. La única excepción que fija el artículo es el debate de propuestas, dictámenes, informes o conclusiones elaborados en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

  71. Artículo 70

    Las sesiones de las Comisiones no son públicas, pero pueden asistir los medios de comunicación y los asesores de los Grupos acreditados, salvo que la sesión sea secreta. Son secretos siempre las sesiones y trabajos de la Comisión del Estatuto de los Diputados y de las Comisiones de Investigación; en estas últimas no lo son las sesiones de comparecencias informativas.

  72. Artículo 71

    De cada sesión del Pleno y de las Comisiones se levanta acta con las materias debatidas, intervinientes, incidencias y acuerdos. La supervisan y autorizan los Secretarios (o los Vicepresidentes si aquellos no asistieron a la Comisión), con el visto bueno del Presidente o Presidenta, y queda a disposición de los Diputados en la Secretaría General. Si nadie reclama antes de la siguiente sesión, se entiende aprobada; si hay reclamación, decide el órgano en su siguiente sesión.

  73. Artículo 72

    El orden del día del Pleno lo fija el Presidente o Presidenta, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces; el de las Comisiones, su Presidente o Presidenta de acuerdo con su Mesa y oídos los Portavoces en ella. El Consejo de Gobierno puede pedir que se incluya con prioridad un asunto que ya haya cumplido sus trámites. Por urgencia, la Junta de Portavoces, a iniciativa de un Grupo o del Consejo de Gobierno, puede incluir un asunto que aún no los haya cumplido. El Pleno no se levanta sin agotar el orden del día.

  74. Artículo 73

    El orden del día del Pleno puede alterarse por acuerdo del propio Pleno, a propuesta del Presidente o Presidenta o a petición de dos Grupos o de una décima parte de los miembros de la Cámara; el de una Comisión, igual, por acuerdo de esta y con la décima parte de sus miembros. Para incluir un asunto, este debe haber cumplido los trámites reglamentarios, salvo que medie unanimidad.

  75. Artículo 74

    Salvo en los casos previstos en el Reglamento, los puntos del orden del día del Pleno o de una Comisión que no se traten por causa imputable a sus proponentes caducan. La consecuencia depende, por tanto, de que la falta de tratamiento sea achacable a quien propuso el punto.

  76. Artículo 75

    Salvo lo que disponga el propio Reglamento, ningún debate que deba terminar en votación puede empezar sin que se haya distribuido, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, el informe, dictamen o documentación que le sirva de base. La Mesa del Parlamento o la de la Comisión pueden acordar otra cosa de forma debidamente justificada.

  77. Artículo 76

    Nadie habla sin haber pedido y obtenido la palabra; quien no está presente al ser llamado, renuncia. Se habla personalmente y de viva voz (con intérpretes si se usa la lengua de signos), desde tribuna o escaño. Solo el Presidente o Presidenta puede interrumpir, para avisar del fin del tiempo, llamar a la cuestión o al orden o retirar la palabra. Pueden cederse turnos y sustituirse por otro del mismo Grupo, previa comunicación. El Gobierno habla cuando lo pide. Agotado el tiempo, tras dos avisos, se retira la palabra. Las iniciativas pueden retirarse hasta que empiece la votación.

  78. Artículo 77

    Si, a juicio de la Presidencia, hay alusiones con juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o conducta de un Diputado, puede darse la palabra al aludido hasta tres minutos para contestar estrictamente, sin entrar en el fondo; si se excede, se le retira la palabra. Se contesta en la misma sesión, o en la siguiente si el aludido no estaba presente. Si la alusión afecta al decoro o dignidad de un Grupo, puede hablar un representante suyo en iguales condiciones.

  79. Artículo 78

    En cualquier momento del debate un Diputado puede pedir la observancia del Reglamento, citando el artículo o artículos que reclame; no cabe debate y se acata lo que resuelva la Presidencia. Durante la discusión o antes de votar, cualquier miembro puede pedir la lectura de normas o documentos que aclaren la materia; la Presidencia puede denegar las lecturas no pertinentes o innecesarias.

  80. Artículo 79

    El Presidente o Presidenta, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede ordenar debates y votaciones, ampliar o reducir número y tiempo de intervenciones y acumular en un solo debate iniciativas sobre un mismo asunto. Quien presida una Comisión puede acumular de acuerdo con su Mesa y previa consulta a los proponentes. Sin precepto específico, ninguna intervención excede de diez minutos.

  81. Artículo 80

    Salvo disposición expresa distinta, el debate empieza con el Grupo autor de la iniciativa, siguen los demás Grupos fijando posición y lo cierra quien intervino primero. Todos los turnos son de diez minutos. Si varios Grupos reclaman iniciar el debate, la Presidencia decide según el criterio de mayor representación.

  82. Artículo 81

    Salvo regulación específica o acuerdo en contrario de la Junta de Portavoces por al menos tres quintos, los turnos de los Grupos empiezan por el Grupo Mixto y siguen en orden inverso a su importancia numérica. El Mixto puede hablar por un solo Diputado y con el mismo tiempo que los demás si todos sus miembros presentes lo acuerdan y lo comunican a la Presidencia; si no, nadie puede consumir más de un tercio del tiempo del Grupo ni pueden intervenir más de tres. Ante discrepancias decide la Presidencia según las diferencias reales de posición.

  83. Artículo 82

  84. Artículo 83

    Los miembros de la Mesa de la Cámara o de una Comisión que vayan a intervenir en un debate deben dejar su lugar en la Mesa, y no pueden volver a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema de que se trate.

  85. Artículo 84

    Para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos deben estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. La comprobación de quórum solo puede pedirse antes de cada votación; una vez votado, se presume que existía. Si al votar no hay quórum, la votación se pospone como máximo dos horas; si sigue sin poder celebrarse, el asunto pasa a la siguiente sesión del órgano.

  86. Artículo 85

    Los acuerdos se aprueban por mayoría simple de los presentes, contando a los ausentes que delegaron el voto si está presente el delegado, sin perjuicio de las mayorías especiales del Estatuto, las leyes andaluzas y el Reglamento. Mayoría simple: más votos a favor que en contra, sin contar abstenciones, blancos ni nulos. Mayoría absoluta: el primer entero tras dividir por dos los miembros de pleno derecho. Nadie vota sobre su propio estatuto. Cabe delegar el voto por paternidad o maternidad (escrito a la Mesa) y por enfermedad o incapacidad prolongada (acuerda el Pleno), y el voto telemático.

  87. Artículo 86

    Las votaciones no pueden interrumpirse por ninguna causa. Mientras se desarrollan, la Presidencia no concede la palabra y ningún Diputado o Diputada puede entrar en el salón ni salir de él.

  88. Artículo 87

    La votación se hace a hora fija, anunciada antes, en los casos que prevé el Reglamento y en aquellos que la Presidencia acuerde por su singularidad o importancia. Si llegada esa hora el debate no ha terminado, la Presidencia fija una nueva hora para votar.

  89. Artículo 88

  90. Artículo 89

  91. Artículo 90

    La votación ordinaria se hace, por decisión de la Presidencia, de una de dos formas: por procedimiento electrónico que acredite el voto de cada Diputado y el resultado total, o levantándose primero quienes aprueban, luego quienes desaprueban y por último quienes se abstienen. En este caso, el Presidente o Presidenta ordena el recuento por los Secretarios si duda del resultado o si algún Grupo lo reclama.

  92. Artículo 90 bis

    Mientras existan medidas de confinamiento o de distancia de seguridad entre personas, consecuencia de pandemias u otras situaciones de excepcional gravedad, los diputados y diputadas pueden delegar su voto en otro diputado o diputada. En ese supuesto, la delegación sirve tanto para las sesiones del Pleno como para las de las Comisiones.

  93. Artículo 91

    La votación es pública por llamamiento o secreta cuando lo exija el Reglamento o lo pidan dos Grupos o una décima parte de los Diputados o de los miembros de la Comisión. Si hay peticiones opuestas, prevalece la pública; entre ordinaria y pública por llamamiento resuelve la Presidencia según el criterio mayoritario. Nunca es secreta en los procedimientos legislativos. Investidura, moción de censura y cuestión de confianza se votan siempre por llamamiento, por orden alfabético desde un nombre sacado a suerte; Gobierno y Mesa votan al final.

  94. Artículo 92

    La votación secreta solo puede hacerse por papeletas: los Diputados son llamados nominalmente a la Mesa y depositan la papeleta en la urna. La elección de personas se vota siempre en secreto. Además de en los casos previstos en el Reglamento, cabe votación secreta cuando lo decida la Presidencia.

  95. Artículo 93

    Si hay empate, se vota otra vez; si persiste, se suspende la votación el tiempo que estime la Presidencia y se repite; si vuelve a empatar, se entiende desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición. En Comisión no hay empate si, votando en bloque cada Grupo, puede dirimirse ponderando sus escaños en el Pleno. En procedimientos legislativos con competencia plena de la Comisión, el empate mantenido lo dirime el Pleno.

  96. Artículo 94

    Tras una votación o un conjunto de votaciones sobre una cuestión, cada Grupo puede explicar su voto hasta cinco minutos, salvo votación secreta o si todos los Grupos ya intervinieron en el debate; aun así, puede explicarlo el Grupo que cambió el sentido de su voto a raíz del debate. En proyectos y proposiciones de ley solo se explica tras la última votación (o tras la última de cada parte si se dividieron), y la Presidencia puede ampliar el tiempo hasta diez minutos.

  97. Artículo 95

    Salvo disposición en contrario, los plazos por días se cuentan en días hábiles y los plazos por meses, de fecha a fecha. No se computan los períodos sin sesiones, salvo que el asunto esté en el orden del día de una sesión extraordinaria o, excepto en agosto, se trate de los plazos de los artículos 7.2, 124.3 y 164.2. La Mesa fija los días que se habilitan para los trámites que permitan celebrar la sesión extraordinaria.

  98. Artículo 96

    La Mesa de la Cámara puede acordar prorrogar o reducir los plazos del Reglamento. Salvo casos excepcionales, la prórroga no puede superar otro tanto del plazo (es decir, duplicarlo como máximo) y la reducción no puede dejarlo por debajo de su mitad.

  99. Artículo 97

    Los documentos se presentan en el Registro General del Parlamento en los días y horas que fije la Mesa. Grupos y Diputados pueden presentarlos por medios informáticos conforme a las normas de la Mesa. Se admiten los presentados en plazo en Correos solo si se refieren a actos y disposiciones de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al Derecho Público de los órganos de la Cámara y se cumplen los requisitos de la ley de procedimiento administrativo común.

  100. Artículo 98

    La Mesa del Parlamento puede acordar que un asunto se tramite por el procedimiento de urgencia, a petición del Consejo de Gobierno, de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los Diputados. Si lo acuerda con un trámite ya en curso, la urgencia se aplica a los trámites siguientes a ese.

  101. Artículo 99

    En el procedimiento de urgencia los plazos duran la mitad que los establecidos con carácter ordinario. Esta regla se aplica sin perjuicio de lo que establece el artículo 95 del Reglamento sobre el cómputo de los plazos.

  102. Artículo 100

    La Mesa, oída la Junta de Portavoces y previa resolución motivada de la Comisión del Estatuto de los Diputados, puede privar al Diputado de alguno o todos los derechos de los artículos 6 a 8 si falta de forma reiterada, injustificada y voluntaria al Pleno o a Comisiones, quebranta el secreto del artículo 14, omite o falsea datos en las declaraciones del artículo 16 o ejerce sin autorización actividad incompatible. Requiere procedimiento con audiencia y alegaciones. La Comisión resuelve en los quince días siguientes a la comunicación de la Mesa; el acuerdo motivado fija extensión y duración.

  103. Artículo 101

    El Pleno puede suspender temporalmente al Diputado de todos o algunos de sus derechos por disciplina parlamentaria si, cumplida la sanción del artículo 100, persiste en su actitud; si contraviene el artículo 15; si, expulsado del salón, se niega a salir; o si atenta gravemente al decoro parlamentario. La Mesa propone, previo informe motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados, y el Pleno decide en sesión secreta, con intervención de los Portavoces. Si la causa puede ser delito, a juicio de la Mesa, la Presidencia lo comunica al órgano judicial.

  104. Artículo 102

    Los oradores son llamados a la cuestión cuando se salen de ella, sea por digresiones extrañas al punto que se trata, sea por volver sobre lo que ya estuviera discutido o votado. Si en una misma intervención hubiera que hacerle una tercera llamada a la cuestión, el Presidente o Presidenta le retira la palabra.

  105. Artículo 103

    Los Diputados y los oradores son llamados al orden en cuatro casos: 1.º si profieren palabras o vierten conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad; 2.º si en sus discursos faltan a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones; 3.º si con interrupciones o de otra forma alteran el orden de las sesiones; 4.º si, retirada la palabra, pretenden seguir usándola.

  106. Artículo 104

    Tres llamadas al orden en una misma sesión (advertido en la segunda de lo que supone la tercera) llevan a retirar la palabra y permiten al Presidente o Presidenta, sin debate, imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Si el sancionado no abandona el salón, la Presidencia adopta medidas para la expulsión y puede prohibirle además asistir a la siguiente sesión. Si hubo ofensas, se le requiere que las retire y no constarán en el Diario de Sesiones; negarse puede dar lugar a nuevas llamadas al orden.

  107. Artículo 105

    El Presidente o Presidenta vela por el mantenimiento del orden en todas las dependencias del Parlamento, no solo en el salón de sesiones. Para ello puede tomar todas las medidas que considere pertinentes, incluida la de poner a disposición judicial a las personas responsables.

  108. Artículo 106

    Quien promueva desorden grave en el recinto parlamentario, de obra o de palabra, en sesión o fuera de ella y sea o no miembro de la Cámara, es expulsado de inmediato por el Presidente o Presidenta. Si es miembro de la Cámara, además lo suspende en el acto de todos o algunos de sus derechos hasta un mes; la Cámara puede revisar luego la sanción a propuesta de la Mesa. Los Diputados deben respetar las reglas de orden, evitar perturbaciones y no entorpecer deliberadamente los debates ni obstruir los trabajos.

  109. Artículo 107

    En las sesiones públicas, el Presidente o Presidenta vela por el orden en las tribunas. Quienes en ellas den muestras de aprobación o desaprobación, perturben el orden o falten a la compostura son expulsados de inmediato de las dependencias del Parlamento por indicación de la Presidencia, que puede ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que levanten diligencias por si los hechos fueran delito o falta.

  110. Artículo 108

    La iniciativa legislativa corresponde a cinco sujetos: 1.º el Consejo de Gobierno; 2.º los Grupos parlamentarios; 3.º los Diputados, conforme al Reglamento; 4.º los Ayuntamientos de Andalucía, en la forma que regule la ley prevista en el artículo 111.2 del Estatuto de Autonomía; y 5.º los andaluces, según esa misma ley.

  111. Artículo 109

    Los proyectos de ley que remite el Consejo de Gobierno deben ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. La Mesa del Parlamento ordena su publicación, la apertura del plazo de enmiendas a la totalidad y su envío a la Comisión correspondiente.

  112. Artículo 110

    Publicado un proyecto de ley, los Grupos parlamentarios tienen quince días para presentar enmiendas a la totalidad, por escrito dirigido a la Mesa de la Comisión. Son enmiendas a la totalidad las que versan sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto y piden su devolución al Consejo de Gobierno, y las que proponen un texto completo alternativo.

  113. Artículo 111

    Todo proyecto de ley tiene debate de totalidad, que abre un miembro del Consejo de Gobierno. Se discuten la valoración general y las enmiendas a la totalidad, votándose primero las de devolución. Con varias enmiendas, cada una puede tener turno a favor y en contra, los turnos de posición se acumulan y la votación es conjunta. Si se acuerda la devolución, el proyecto queda rechazado; si se aprueba un texto alternativo, va a la Comisión y se publica. Sin enmiendas, solo se pronuncian los Grupos, sin votación.

  114. Artículo 112

    Tras el debate de totalidad, Diputados y Grupos tienen quince días para proponer, por escrito a la Mesa de la Comisión, la comparecencia de agentes sociales y organizaciones interesados, incluidas en su caso las Administraciones públicas. Deben comparecer representantes de colectivos sociales, públicos o privados, afectados por el proyecto; solo excepcionalmente personas a título individual. La Mesa de la Comisión aprecia la oportunidad de las solicitudes de los Grupos.

  115. Artículo 113

    Terminadas las comparecencias informativas en Comisión, si las hubo, Diputados y Grupos tienen quince días para presentar por escrito enmiendas al articulado. Pueden ser de supresión, modificación o adición; las dos últimas deben incluir el texto concreto que se propone. Cada disposición adicional, final, derogatoria o transitoria cuenta como un artículo, igual que el título de la ley, las rúbricas, la ordenación sistemática y la exposición de motivos.

  116. Artículo 114

    Las enmiendas a proyectos de ley se dirigen a la Mesa de la Comisión, con la firma del Portavoz del Grupo del Diputado a efectos de conocimiento (subsanable antes de la discusión en Comisión). Acabado el plazo, la Mesa de la Comisión las califica y admite; en la Ley de Presupuestos, en tres días. Contra ese acuerdo cabe reclamación ante la Mesa de la Cámara en dos días desde la notificación, sin efecto suspensivo; su decisión, en la primera sesión que celebre, es firme y sin recurso.

  117. Artículo 114 bis

    Los ciudadanos andaluces, mediante asociaciones representativas inscritas en el Registro de Asociaciones de la Junta, pueden presentar en el Registro General del Parlamento enmiendas al articulado de proposiciones y proyectos de ley, salvo en materias excluidas de la iniciativa legislativa popular. No pueden ser de exclusivo interés personal y se formulan en tres días hábiles tras las comparecencias informativas. Admitidas por la Mesa de la Comisión, solo se tramitan si las asume algún Grupo, que no puede modificar su contenido; se hace constar su autoría.

  118. Artículo 115

    Las enmiendas a un proyecto de ley que aumenten los créditos o disminuyan los ingresos del Presupuesto en vigor necesitan la conformidad del Consejo de Gobierno. La Mesa de la Comisión se las remite por medio de la Presidencia del Parlamento, y el Consejo debe responder razonadamente en quince días; si calla, se entiende que da su conformidad. Si no fue consultado, puede mostrar su disconformidad en cualquier momento. Si discrepan Consejo y Mesa de la Comisión, decide el Pleno tras un debate de totalidad.

  119. Artículo 116

    Acabado el plazo de enmiendas al articulado, se constituye una Ponencia que, con el texto y las enmiendas, redacta un informe en quince días. El Presidente de la Comisión pide a los Portavoces un ponente por Grupo, aunque la Mesa de la Comisión puede ampliar ese número y prorrogar el plazo del informe por la trascendencia o complejidad del proyecto. La Ponencia puede proponer enmiendas transaccionales y, con acuerdo unánime de todos los ponentes, cambios derivados de enmiendas nuevas.

  120. Artículo 117

    Concluido el informe de la Ponencia, empieza el debate en Comisión artículo por artículo, y las enmiendas de cada uno pueden debatirse por separado. Las enmiendas a la exposición de motivos se discuten al final si la Comisión acuerda incorporarla como preámbulo. Durante la discusión de un artículo, la Mesa puede admitir nuevas enmiendas escritas de un miembro de la Comisión que busquen un acuerdo por aproximación, y también las que corrijan errores técnicos, terminológicos o gramaticales.

  121. Artículo 118

    En los debates de la Comisión, su Presidencia y su Mesa ejercen las funciones que el Reglamento atribuye a la Presidencia y a la Mesa del Parlamento. El Presidente o Presidenta de la Comisión, de acuerdo con la Mesa de ésta, puede fijar el tiempo máximo de discusión de cada artículo, el de cada intervención según el número de peticiones de palabra y el total para concluir el dictamen.

  122. Artículo 119

    El dictamen de la Comisión lo firman su Presidente o Presidenta y su Secretario o Secretaria, y se remite al Presidente o Presidenta del Parlamento para la tramitación que proceda a continuación.

  123. Artículo 120

    En los cinco días siguientes a la terminación del dictamen, los Grupos parlamentarios, por escrito al Presidente o Presidenta de la Cámara, deben comunicar los votos particulares para mantener el texto del proyecto que se hubiera modificado y las enmiendas defendidas y votadas en Comisión, no incorporadas al dictamen, que quieran defender en el Pleno.

  124. Artículo 121

    El debate en Pleno puede empezar, si lo decide la Comisión, con la presentación del dictamen por su Presidente o miembro de la Mesa en quien delegue, como máximo quince minutos. Los Grupos que lo pidan intervienen hasta diez minutos. Luego se vota de una vez el conjunto de enmiendas y votos particulares de cada Grupo, por orden de su escrito; la Presidencia puede desagregar si deduce una mayoría favorable. Al final se vota el dictamen, y cualquier Grupo puede pedir que sea por artículos o grupos de artículos.

  125. Artículo 122

    Si, tras aprobar votos particulares, enmiendas o votar por artículos, el texto aprobado por el Pleno pudiera ser incongruente u oscuro, la Mesa de la Cámara, por iniciativa propia o a petición de la Comisión y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al debate, puede devolverlo a la Comisión para que en un mes haga una redacción armónica que respete los acuerdos del Pleno. Ese dictamen se somete al Pleno, que lo aprueba o rechaza en su conjunto, en una sola votación.

  126. Artículo 123

  127. Artículo 124

    Pueden presentar proposiciones de ley un miembro de la Cámara con la firma de otros diez, o un Grupo con la sola firma de su Portavoz. La Mesa ordena publicarla y remitirla al Consejo de Gobierno para que dé su criterio sobre la toma en consideración y su conformidad si implica más gasto o menos ingreso. Pasados quince días sin negativa expresa y motivada, puede ir al Pleno. Las discrepancias sobre su efecto presupuestario las decide el Pleno. Si se toma en consideración, sigue el trámite de los proyectos.

  128. Artículo 125

    La Mesa del Parlamento verifica que las proposiciones de ley de iniciativa popular y de los Ayuntamientos cumplen los requisitos legales; si los cumplen, se tramitan como las demás proposiciones con las particularidades de sus leyes. Su toma en consideración debe incluirse en el orden del día de un Pleno en dos meses como máximo desde la verificación. Las presenta y defiende un representante de la comisión promotora, que puede asistir a comparecencias, Comisión y Pleno e intervenir con voz al inicio del turno de los Grupos.

  129. Artículo 126

    El Consejo de Gobierno puede retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación mientras no se haya iniciado el debate final en el Pleno. Si el proyecto se tramita en lectura única, puede retirarlo antes del inicio del debate en Pleno.

  130. Artículo 127

    El proponente puede retirar su proposición de ley y la retirada surte pleno efecto por sí sola si se produce antes del acuerdo de toma en consideración. Una vez adoptado ese acuerdo, la retirada solo es efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara.

  131. Artículo 128

    Los proyectos y proposiciones de reforma del Estatuto de Autonomía (artículos 248 a 250 del Estatuto) se tramitan según el Reglamento, pero su aprobación exige el voto favorable de tres quintos de los miembros del Parlamento. Aprobado el proyecto de reforma, el Presidente o Presidenta del Parlamento lo remite a las Cortes Generales.

  132. Artículo 129

    El proyecto de Ley de Presupuestos tiene preferencia en la tramitación sobre los demás trabajos de la Cámara. Se sigue el procedimiento legislativo ordinario, salvo lo que dispone su sección propia. El debate se refiere al articulado y al estado de autorización de gastos, sin perjuicio de estudiar otros documentos que deban acompañarlo.

  133. Artículo 130

    Son enmiendas a la totalidad del Presupuesto las que piden su devolución al Consejo de Gobierno y las que impugnan por completo una sección presupuestaria. El debate de totalidad lo abre un miembro del Consejo de Gobierno; primero se discuten la valoración general y las de devolución, y después las de sección. Si se acuerda la devolución, decaen las demás. Aprobar la impugnación de una sección equivale a devolver el proyecto. Este debate fija la cifra global y la de cada sección, que no pueden alterarse sin acuerdo con el Consejo de Gobierno.

  134. Artículo 131

    Si tras el debate de totalidad el proyecto de Presupuestos no se devuelve al Consejo de Gobierno, pasa a la Comisión de Hacienda y Administración Pública. Las enmiendas que aumenten el crédito de algún concepto solo se admiten a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma sección.

  135. Artículo 132

    El Presidente o Presidenta de la Comisión y el de la Cámara, de acuerdo con sus Mesas, pueden ordenar debates y votaciones del Presupuesto como mejor se acomode a su estructura. La votación final del dictamen se hace diferenciando el conjunto del articulado (o determinados artículos o grupos de artículos) y cada una de sus secciones.

  136. Artículo 133

    Las reglas del Reglamento sobre el proyecto de Ley de Presupuestos se aplican también a la tramitación y aprobación de los presupuestos de los Entes Públicos de la Junta de Andalucía, pero solo de aquellos para los que la ley exija su aprobación parlamentaria.

  137. Artículo 134

    El Pleno, por mayoría absoluta, a propuesta de la Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces o a iniciativa de ésta, puede delegar en las Comisiones la aprobación de proyectos y proposiciones de ley estatutariamente delegables; la Comisión actúa entonces con competencia legislativa plena. El Pleno puede reclamar en todo momento su debate y votación, a iniciativa de la Mesa, de dos Grupos o de la décima parte de los Diputados. Ambos acuerdos van precedidos de un debate como los de totalidad.

  138. Artículo 135

    Los proyectos y proposiciones de ley cuya aprobación se ha delegado en las Comisiones se tramitan por el procedimiento legislativo común, con una única excepción: se excluye el trámite de deliberación y votación final en Pleno.

  139. Artículo 136

    Si la naturaleza de un proyecto o proposición de ley lo aconseja o su formulación es sencilla, el Pleno, a propuesta de la Mesa y con acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, puede acordar tramitarlo directamente y en lectura única ante el Pleno. Ese acuerdo impide presentar enmienda alguna. Después hay un debate como los de totalidad y el conjunto se somete a una sola votación.

  140. Artículo 137

    De conformidad con los apartados 1 y 4 del artículo 118 del Estatuto de Autonomía, el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía es elegido por el Parlamento de entre sus miembros y es nombrado por el Rey.

  141. Artículo 138

    El Presidente del Parlamento, tras consultar a los Portavoces de los partidos o grupos con representación, propone un candidato a la Presidencia de la Junta en quince días como máximo desde la constitución del Parlamento o la dimisión del Presidente. El candidato expone su programa sin límite de tiempo y pide la confianza. Al día siguiente intervienen los Grupos (treinta minutos), con réplica de diez. Hace falta mayoría absoluta en primera votación; si no, mayoría simple en otra 48 horas después. Pasados dos meses sin mayoría simple, queda designado el candidato del partido con más escaños.

  142. Artículo 139

    El Parlamento de Andalucía puede exigir la responsabilidad política del Presidente o Presidenta de la Junta mediante la adopción de una moción de censura, conforme a los artículos 117.3, 124 y 126 del Estatuto de Autonomía y a las leyes que lo desarrollen.

  143. Artículo 140

    La moción de censura debe proponerla al menos una cuarta parte de los miembros de la Cámara, en escrito motivado a la Mesa, con un candidato a la Presidencia de la Junta que haya aceptado. La Mesa la admite si cumple los requisitos y da cuenta al Presidente de la Junta y a los Portavoces. En los dos días siguientes a su presentación pueden presentarse mociones alternativas, con los mismos requisitos y trámites.

  144. Artículo 141

    Defiende la moción, sin límite de tiempo, un Diputado firmante; después expone su programa el candidato, también sin límite. Tras una interrupción de al menos veinticuatro horas, intervienen los Grupos que lo pidan treinta minutos, con réplica de diez. Varias mociones pueden debatirse juntas pero se votan por separado. La votación no puede ser antes de cinco días desde la presentación de la primera. Se aprueba con mayoría absoluta de los miembros; aprobada una, no se votan las demás.

  145. Artículo 142

  146. Artículo 143

  147. Artículo 144

    El Presidente o Presidenta de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Se presenta en escrito motivado ante la Mesa del Parlamento con certificación del Consejo de Gobierno. Admitida, la Presidencia da cuenta a la Junta de Portavoces y convoca el Pleno.

  148. Artículo 145

    El debate de la cuestión de confianza sigue las normas del de investidura; las intervenciones del candidato corresponden al Presidente o Presidenta de la Junta y, en su caso, a los miembros del Consejo de Gobierno. Se vota a la hora anunciada por la Presidencia, nunca antes de veinticuatro horas desde su presentación. La confianza se otorga con mayoría simple de los Diputados.

  149. Artículo 146

    Si el Parlamento niega su confianza, el Presidente o Presidenta de la Junta presenta su dimisión ante él. El Presidente o Presidenta del Parlamento convoca, en un plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para elegir al nuevo Presidente o Presidenta de la Junta, conforme a las normas de la investidura.

  150. Artículo 147

    Cada año el Pleno celebra un debate sobre la política general del Consejo de Gobierno, salvo si ese año la Cámara ha investido al Presidente de la Junta. Lo abre el Presidente de la Junta; luego puede interrumpirse hasta veinticuatro horas y siguen los Grupos. El Presidente y los Consejeros hablan cuantas veces lo pidan; los Grupos replican por el tiempo consumido por el Gobierno, que cierra con dúplica. Después hay treinta minutos para presentar propuestas de resolución, que se presentan hasta cinco minutos, votándose primero las de rechazo global.

  151. Artículo 148

    Si el Consejo de Gobierno remite una comunicación, el debate puede hacerse en Pleno o en la Comisión solicitada. Lo abre un miembro del Consejo de Gobierno; luego la sesión se interrumpe hasta veinticuatro horas y siguen los Grupos. Presidente y Consejeros hablan cuantas veces lo pidan; los Grupos replican por el tiempo consumido por el Gobierno, que cierra con dúplica. Después hay treinta minutos para propuestas de resolución, que se presentan hasta cinco minutos, votándose primero las de rechazo global de la comunicación.

  152. Artículo 149

    Si el Consejo de Gobierno remite un programa o plan pidiendo pronunciamiento del Parlamento, la Mesa lo envía a la Comisión competente. La Mesa de la Comisión organiza la tramitación y fija plazos; la Comisión puede designar una Ponencia. El debate sigue lo previsto para las comunicaciones, y el plazo de propuestas de resolución es de tres días si la Mesa del Parlamento, con la Junta de Portavoces, decide que se debatan en Pleno. Los planes económicos se someten a votación final de totalidad.

  153. Artículo 150

    El Pleno puede celebrar debates de carácter general por iniciativa de su Presidente o a solicitud de, al menos, dos Grupos o la mayoría absoluta de los Diputados. Si la iniciativa es del Presidente, debe responder a varias iniciativas sobre un mismo asunto que aconsejen debatirlas juntas. Si la piden Grupos o Diputados, hace falta un escrito suficientemente motivado, existan o no iniciativas previas. Todo ello sin menoscabo de las competencias del artículo 72.1 sobre el orden del día.

  154. Artículo 151

    Antes de iniciarse un debate de carácter general, los Grupos que quieran que el Pleno manifieste una voluntad o emita una declaración política sobre el tema presentan en el Registro de la Cámara propuestas de resolución debidamente articuladas, en número no superior a veinticinco.

  155. Artículo 152

    Orden del debate general: 1.º lectura, en su caso, de las iniciativas pendientes sobre el tema, que decaen al terminar; 2.º Consejo de Gobierno; 3.º todos los Grupos, en orden inverso a su importancia numérica; 4.º el Consejo de Gobierno puede hablar cuantas veces lo solicite; 5.º réplica de los Grupos por el mismo tiempo que consumió el Consejo de Gobierno, que cierra con la dúplica; 6.º suspensión de una hora (15 primeros minutos para modificar propuestas y presentar hasta diez nuevas); 7.º presentación de propuestas en el mismo orden, máximo diez minutos.

  156. Artículo 153

    Los miembros del Consejo de Gobierno comparecen ante el Pleno o las Comisiones para una sesión informativa, a petición propia o de un Grupo o de un Diputado con la firma de otros cuatro. Si la pide el Consejo de Gobierno: posible suspensión de hasta 45 minutos y luego 10 minutos por Grupo. Si la piden Diputados o Grupos: un Diputado por 15 minutos máximo; demás Grupos, fijación de posiciones de hasta 10 minutos. Comparecientes: 20 minutos por turno, salvo que la Presidencia resuelva otra cosa.

  157. Artículo 154

    Pueden formular interpelaciones al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros los Diputados, previo conocimiento de su Grupo parlamentario, y los propios Grupos parlamentarios, en los términos del capítulo de las interpelaciones. Al Diputado no se le exige autorización del Grupo, sino que este tenga conocimiento previo.

  158. Artículo 155

    La interpelación se presenta por escrito ante la Mesa por un único Diputado o Grupo, antes de las 10 h del martes de la semana anterior al Pleno, y versa sobre política general. Máximo dos por sesión y una por Grupo en cada orden del día; preferencia según cupo (una por cada tres Diputados o fracción). Cabe una urgente por sesión (límite: 14 h del viernes anterior), con un máximo de ocho por período y al menos una por Grupo. El Consejo de Gobierno puede pedir, motivadamente y una sola vez, aplazar una de las dos interpelaciones.

  159. Artículo 156

    La interpelación se sustancia ante el Pleno: exposición de quien la formula, contestación del Consejo de Gobierno y un turno de réplica para cada uno. Las primeras intervenciones no pueden exceder de diez minutos y las de réplica, de cinco.

  160. Artículo 157

    Toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara fije su posición. La presenta el Grupo interpelante (o el del firmante) ante la Mesa antes de las 10 h del primer martes siguiente; la Mesa la admite si es congruente y la incluye en el primer orden del día de Pleno. Enmiendas de los Grupos: hasta las 10 h del martes de la semana del Pleno. Debate y votación como las proposiciones no de ley. Si prospera, la Comisión competente controla su cumplimiento y, si el Consejo de Gobierno la incumple o no da cuenta, va al próximo Pleno.

  161. Artículo 158

  162. Artículo 159

    Las preguntas se presentan por escrito ante la Mesa del Parlamento, que califica el escrito y la admite si se ajusta al capítulo. No se admite la pregunta de exclusivo interés personal de quien la formula o de otra persona singularizada, ni la que suponga una consulta de índole estrictamente jurídica.

  163. Artículo 160

    Si quien pregunta no indica la forma de respuesta, se entiende que la solicita por escrito. Si pide respuesta oral pero no especifica dónde, se entiende que esta ha de tener lugar en la Comisión correspondiente, no en el Pleno.

  164. Artículo 161

    Pregunta oral en Pleno: escrito ante la Mesa antes de las 19 h del martes de la semana anterior, con una sola cuestión. Máximo 24 por sesión (número alterable por la Presidencia, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces); cupo de dos preguntas por Diputado; al menos dos por Grupo y el Grupo mayor no puede alcanzar la mitad. Hasta ocho de máxima actualidad (19 h del martes de la misma semana). El Consejo de Gobierno puede pedir un aplazamiento por pregunta. Cinco minutos por pregunta, a partes iguales.

  165. Artículo 162

    En cada Pleno caben preguntas de interés general al Presidente o Presidenta de la Junta, formuladas por los Presidentes o Portavoces de los Grupos: tantas como Grupos constituidos, una por Grupo y sesión, sin computar en el límite general. Escritos: antes de las 19 h del martes de la semana anterior. Además, hasta ocho de máxima actualidad por período de sesiones (al menos una por Grupo), con límite a las 14 h del viernes anterior, una por sesión, retirando la pregunta ordinaria asignada.

  166. Artículo 163

    Las preguntas orales en Comisión pueden incluirse en el orden del día una vez calificadas y admitidas por la Mesa de la Cámara. Se tramitan como las del Pleno, pero con diez minutos en total, y pueden responderlas Viceconsejeros, Directores Generales o asimilados. Cada Grupo con pregunta ordinaria puede formular una de máxima actualidad: límite a las 10 h del penúltimo día hábil anterior a la Comisión; la Mesa de la Comisión la califica con 24 horas de antelación al menos y el Diputado retira una pregunta ordinaria.

  167. Artículo 164

    Las preguntas con respuesta escrita no pueden pedir información o documentación propia del artículo 7. Si lo preguntado ya está publicado o fue respondido, el Consejo de Gobierno puede contestar escuetamente identificándolo. Plazo de contestación: 20 días desde la publicación, prorrogable por otros 20 como máximo a petición motivada del Consejo de Gobierno y por acuerdo de la Mesa. Si no contesta, el Presidente, a petición del autor, la incluye en la siguiente sesión de la Comisión como pregunta oral, sin eximir de la respuesta escrita.

  168. Artículo 165

    Pueden formular preguntas orales al Consejo de Gobierno o a sus miembros los andaluces, los demás ciudadanos residentes en Andalucía y las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en ella. Se presentan por escrito en el Registro General; la Mesa las traslada a los Grupos si son admisibles. Para tramitarse deben ser asumidas por un Diputado (el primero que lo manifieste), que elige Pleno o Comisión y debe citar su autoría. Máximo cuatro por Pleno, que consumen cupo; caducidad anual del artículo 191.

  169. Artículo 166

    En las semanas con sesión ordinaria del Pleno se dedican, por regla general, dos horas como mínimo a preguntas e interpelaciones. Es un tiempo mínimo, no máximo, y se aplica como regla general, no de forma absoluta.

  170. Artículo 167

    El Presidente de la Cámara puede acumular y debatir a la vez interpelaciones o preguntas de un orden del día sobre el mismo tema o temas conexos; los Presidentes de Comisión, respecto de las preguntas de su Comisión. No se admiten interpelaciones sobre materias ya interpeladas en el mismo período de sesiones, ni preguntas orales ya respondidas en ese lapso; si pregunta una persona física o jurídica, se le facilita copia de la respuesta. La Mesa puede inadmitir las que incurran en el artículo 103.1.º

  171. Artículo 168

  172. Artículo 169

    Las proposiciones no de ley se presentan por escrito a la Mesa, que decide su admisibilidad y publicación y, oída la Junta de Portavoces, si van a Pleno o a Comisión (salvo que el proponente lo haya indicado). Enmiendas: hasta las 10 h del martes de la semana del debate. En Comisión, las Mesas de las Comisiones califican las enmiendas; reclamación ante la Mesa de la Cámara en dos días, sin efecto suspensivo. En Pleno: máximo cuatro por sesión, cupo de una por cada dos Diputados y no más de dos de un mismo Grupo por orden del día.

  173. Artículo 170

    El debate de las proposiciones no de ley, enmendadas o no, se ordena según el artículo 80. Al cerrar el debate, el Grupo proponente dice expresamente qué enmiendas acepta. A petición de cualquier Grupo, la proposición (con las enmiendas aceptadas) puede votarse por separado en cada uno de sus puntos. El Presidente de la Cámara o de la Comisión puede acumular a efectos de debate las proposiciones sobre un mismo tema o temas conexos.

  174. Artículo 171

    Las proposiciones no de ley que pidan a la Cámara manifestar una voluntad o una declaración política sobre materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración local se tramitan ante el Pleno. Solo pueden incluirse en un orden del día con el apoyo de dos tercios de la Cámara o de tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma.

  175. Artículo 172

    Las proposiciones de ley para remitir a la Mesa del Congreso (art. 106.9 del Estatuto) y la solicitud al Gobierno del Estado de un proyecto de ley (art. 87.2 CE) siguen el procedimiento legislativo ordinario, pero exigen votación final del Pleno por mayoría absoluta. Para defender las proposiciones en el Congreso, cada Diputado escribe un nombre en la papeleta y salen elegidos, hasta un máximo de tres, los más votados; empates, nuevas votaciones y, si hace falta, el criterio del artículo 34.

  176. Artículo 173

    Llegado el caso, el Pleno del Parlamento, en convocatoria específica, adopta por mayoría absoluta el acuerdo de interponer el recurso de inconstitucionalidad del artículo 161.1.a) de la Constitución, conforme al número 16 del artículo 106 del Estatuto de Autonomía.

  177. Artículo 174

    Los Grupos pueden proponer al Pleno la interposición de recurso de inconstitucionalidad. La propuesta, por escrito ante la Mesa y con la firma del Portavoz, concreta los preceptos impugnados y los constitucionales infringidos; la Mesa la admite y publica. Los demás Grupos pueden presentar propuestas alternativas hasta las 19 h del viernes de la semana anterior al Pleno (una por Grupo), y enmiendas parciales hasta las 19 h del martes de la semana del Pleno, que el autor ha de aceptar. Un texto único acordado hace decaer las iniciales.

  178. Artículo 175

    Las propuestas de recurso de inconstitucionalidad se debaten en Pleno en convocatoria específica para ese solo asunto, cada una con su debate según el artículo 80; si hay varias, turno a favor y en contra para cada una, con la fijación de posiciones acumulada. Se vota primero la inicial y luego las alternativas por orden de Registro. Queda aprobada la que obtenga la mayoría absoluta del Pleno, y desde ese momento decaen las demás aún no votadas. La resolución se publica en el Boletín Oficial del Parlamento.

  179. Artículo 176

    El Pleno, en convocatoria específica y por mayoría absoluta, puede acordar desistir de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento. La propuesta la presentan dos Grupos parlamentarios o una décima parte de los Diputados, antes de que el Tribunal Constitucional fije fecha para dictar sentencia, y se tramita como las propuestas de interposición.

  180. Artículo 177

    Los letrados del Parlamento redactan los escritos de demanda, de desistimiento y cualquier otro en los recursos de inconstitucionalidad del Parlamento; la demanda y el desistimiento requieren el parecer favorable de la Mesa. En los casos de los artículos 34.1 y 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Mesa acuerda la personación y luego los letrados formulan las alegaciones y demás escritos del proceso.

  181. Artículo 178

    El Pleno, en convocatoria específica y por mayoría absoluta, acuerda que el Consejo de Gobierno comparezca en los conflictos de competencia del artículo 161.1.c) de la Constitución. Las propuestas se tramitan como las de interposición o desistimiento de recursos de inconstitucionalidad, y deben especificar con claridad los preceptos o puntos viciados de incompetencia y las disposiciones legales o constitucionales de las que resulte el vicio.

  182. Artículo 179

    El Parlamento autoriza el consentimiento en los convenios de gestión y prestación de servicios y en los acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas (arts. 226 y 227 del Estatuto), sin perjuicio de las Cortes Generales. El Consejo de Gobierno remite el texto ultimado; la Mesa lo publica y lo envía a Comisión. Se tramita como los planes y programas, acaba siempre en Pleno con votación final de totalidad. Primero se votan las propuestas de rechazo global, cuya aprobación supone denegar la autorización; las parciales aprobadas son recomendaciones para renegociar.

  183. Artículo 180

    Tras las elecciones al Parlamento, el Pleno designa a los Senadores de la Comunidad Autónoma (art. 106.17 del Estatuto). La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fija cuántos corresponden a cada Grupo; el Presidente fija el plazo para proponer candidaturas, las hace públicas y convoca al Pleno. Si hay que sustituir a un Senador, propone al sustituto el Grupo al que corresponda la vacante.

  184. Artículo 181

    El Defensor o Defensora del Pueblo es elegido por el Pleno del Parlamento, de acuerdo con el procedimiento que establezca la ley reguladora de esa institución. El Reglamento no fija aquí el procedimiento: lo deja a esa ley.

  185. Artículo 182

    Salvo Senadores y Defensor del Pueblo, los nombramientos, elecciones y designaciones por el Pleno siguen estos criterios: si una ley prevé propuesta, aceptación o nombramiento, se aplica esa norma; la Mesa, con acuerdo de la Junta de Portavoces por mayoría de al menos tres quintos, dicta las disposiciones complementarias; en elección directa, la propuesta de la Mesa incluye sufragio restringido; los empates se resuelven a favor del candidato de los Grupos con mayor respaldo electoral, incluso por lista más votada.

  186. Artículo 183

    La Mesa publica el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz y lo envía a la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones. En Comisión: exposición del Defensor, Grupos de menor a mayor por diez minutos, contestación y, en su caso, nuevo turno fijado por el Presidente de la Comisión. En Pleno: resumen del Defensor, un miembro por Grupo de menor a mayor hasta quince minutos, sin propuestas de resolución. Los informes especiales van a Pleno o Comisión según decida la Mesa con la Junta; en Comisión pueden exponerlos los Adjuntos.

  187. Artículo 184

    La Cámara de Cuentas rinde su memoria anual a la Comisión de Hacienda y Administración Pública antes del 1 de marzo del año siguiente al que corresponda, con el programa de actuaciones del año en curso. La presenta el Consejero o Consejera Mayor y el debate sigue el procedimiento del artículo 153 para los informes del Consejo de Gobierno.

  188. Artículo 185

    El informe de la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General se dictamina en la Comisión de Hacienda y Administración Pública dentro de los 30 días siguientes a su publicación. Lo presenta el Consejero Mayor; un miembro por Grupo hasta 15 minutos; réplica de hasta 10. Propuestas de resolución: plazo de 3 días, defensa de hasta 10 minutos; se votan primero las de rechazo total. En 5 días los Grupos comunican las que mantienen para el Pleno, donde hay un turno único de 10 minutos. El acuerdo se publica en el BOPA y en el BOJA.

  189. Artículo 186

    Los demás informes de la Cámara de Cuentas se debaten y votan en la Comisión de Hacienda y Administración Pública en los 30 días siguientes a su publicación, aunque la Mesa, con la Junta de Portavoces, puede enviarlos a otra Comisión por la singularidad de los hechos. Presenta el Consejero Mayor o el miembro designado; un Diputado por Grupo hasta 10 minutos; réplica de hasta 5. Propuestas de resolución en 3 días, con defensa reducida a 5 minutos. Las resoluciones se publican en el BOPA.

  190. Artículo 187

    La iniciativa fiscalizadora del Parlamento para encargar un informe a la Cámara de Cuentas se tramita como proposición no de ley ante el Pleno o la Comisión de Hacienda y Administración Pública; las propuestas de resolución tras el debate de un informe pueden pedir ampliarlo o completarlo. Si va a Pleno o a Comisión lo decide la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces.

  191. Artículo 188

    La Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus filiales puede requerir, por medio del Presidente o Presidenta del Parlamento, la presencia del Presidente de su Consejo de Administración, del Director General u otras personas vinculadas, en los términos y plazos del artículo 44. En esa Comisión los Grupos pueden presentar además proposiciones no de ley con propuestas de resolución específicas.

  192. Artículo 189

    El Director o Directora General de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA comparece ante la Comisión para sesiones informativas a petición propia o a iniciativa de un Grupo o de un Diputado con la sola firma de otros cuatro integrantes de la Comisión. Puede ir acompañado de los Directores de las sociedades filiales cuando lo estime necesario. La sesión sigue el artículo 153.2 y 3.

  193. Artículo 190

    Los Diputados pueden formular preguntas con contestación oral al Director o Directora General de la Agencia Pública Empresarial de RTVA en el ámbito de sus competencias. Se contestan exclusivamente en la Comisión de Control de la Agencia y de sus filiales, y se tramitan conforme al artículo 163.

  194. Artículo 191

    Al final de cada primer período de sesiones caducan todos los trámites pendientes de examen y resolución de iniciativas no legislativas de las que deba responder o informar el Consejo de Gobierno, salvo las que deban sustanciarse por escrito. No se aplica en el primer período de sesiones posterior a la sesión constitutiva de la Cámara.

  195. Artículo 192

    Al final de cada legislatura caducan todos los trámites parlamentarios pendientes de examen y resolución, salvo los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o deban prorrogarse por disposición legal.

  196. Artículo 193

    Si caduca en las Cortes Generales una proposición de ley presentada por el Parlamento de Andalucía ante la Mesa del Congreso, el Pleno del Parlamento, a propuesta de la Junta de Portavoces, puede acordar reiterar su presentación y confirmar a los Diputados que designó para defenderla.

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