Tema 15 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto de la Ley

Mujeres y hombres son iguales en dignidad humana y en derechos y deberes. La Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades, en particular eliminando la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución. Establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas contra la discriminación por razón de sexo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones que establece la Ley se aplican a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, sea directa o indirecta. El artículo destaca especialmente tres discriminaciones: las derivadas de la maternidad, de la asunción de obligaciones familiares y del estado civil.

Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico. Por serlo, se integrará y observará en dos momentos: la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas.

Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo

La igualdad de trato y de oportunidades, aplicable al empleo privado y al público, se garantiza, según la normativa aplicable, en el acceso al empleo (incluso por cuenta propia), la formación y la promoción profesional, las condiciones de trabajo (incluidas las retributivas y las de despido) y la afiliación y participación en organizaciones sindicales, empresariales o profesionales. No discrimina en el acceso al empleo la diferencia de trato por una característica relacionada con el sexo que sea requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y requisito proporcionado.

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta

Discriminación directa por razón de sexo: situación de una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente por una finalidad legítima y los medios sean necesarios y adecuados. En cualquier caso es discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Sin perjuicio del Código Penal, es acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear ese entorno. Ambos son en todo caso discriminatorios, y también lo es condicionar un derecho o una expectativa de derecho a aceptar un acoso.

Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad

Artículo 9. Indemnidad frente a represalias

También se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que sufra una persona como consecuencia de haber presentado queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto. Dan lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido y, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.

Artículo 11. Acciones positivas

Para hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Esas medidas son aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y han de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas, en los términos establecidos en la Ley.

Artículo 12. Tutela judicial efectiva

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. En los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos, la capacidad y legitimación corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo determinadas en las Leyes reguladoras de esos procesos. En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona acosada será la única legitimada.

Artículo 13. Prueba

De acuerdo con las Leyes procesales, cuando las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A esos efectos, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Esta regla no se aplica a los procesos penales.

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos

Doce criterios para los Poderes Públicos: compromiso con la efectividad de la igualdad; su integración en las políticas económica, laboral, social, cultural y artística; colaboración entre Administraciones; participación equilibrada en candidaturas y toma de decisiones; erradicación de la violencia de género, la familiar y el acoso; atención a mujeres de especial vulnerabilidad; protección de la maternidad; conciliación y corresponsabilidad; colaboración con agentes sociales; igualdad entre particulares; lenguaje no sexista; y su integración en la cooperación internacional para el desarrollo.

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informa, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integran de forma activa en tres planos: la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos

Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. El verbo es «procurarán atender» y el ámbito son los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad.

Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades

El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. El Plan incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. El artículo no fija cada cuánto tiempo se aprueba: dice «periódicamente».

Artículo 18. Informe periódico

El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en los términos que reglamentariamente se determinen. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 19. Informes de impacto de género

Deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género dos tipos de documentos, cuando se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros: los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística.

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios

Para integrar de modo efectivo la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, al elaborar estudios y estadísticas, deberán: incluir sistemáticamente la variable de sexo; establecer nuevos indicadores; diseñar indicadores sobre otras variables generadoras de discriminación múltiple; realizar muestras suficientemente amplias; explotar los datos de que disponen; y revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas. Sólo excepcionalmente, mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de ellas.

Artículo 21. Colaboración entre las Administraciones públicas

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esa finalidad. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.

Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos

Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. El Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. Los dos verbos son potestativos: «podrán» y «podrá».

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Además incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación

Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres integrando activamente el principio de igualdad de trato en objetivos y actuaciones educativas. Actuaciones: atención especial en los currículos y en todas las etapas; eliminación de contenidos sexistas, con especial consideración en libros de texto y materiales; formación inicial y permanente del profesorado; presencia equilibrada en los órganos de control y de gobierno de los centros; cooperación con las demás Administraciones educativas; y papel de las mujeres en la Historia.

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior

En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular promoverán: la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad; la creación de postgrados específicos; y la realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.

Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual

Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por la igualdad de trato y de oportunidades en la creación y producción artística e intelectual y en su difusión. Las estructuras que configuren el sistema de gestión cultural desarrollarán seis actuaciones: promoción específica de las mujeres en la cultura; ayudas traducidas en incentivos de naturaleza económica; presencia equilibrada en la oferta pública; representación equilibrada en órganos consultivos, científicos y de decisión; intercambio cultural; y acciones positivas al amparo del artículo 11.

Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud

Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud y, a través de sus Servicios de Salud, desarrollarán seis actuaciones: educación sanitaria; investigación científica; consideración del acoso sexual y por razón de sexo en la salud laboral; formación del personal, en especial para detectar y atender la violencia de género; presencia equilibrada en puestos directivos; y datos desagregados por sexo, siempre que sea posible.

Artículo 28. Sociedad de la Información

Los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres mediante programas específicos, en especial de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando colectivos de riesgo de exclusión y ámbito rural, y promoverá los contenidos creados por mujeres. En los proyectos sufragados total o parcialmente con dinero público se garantizará un lenguaje y contenidos no sexistas.

Artículo 29. Deportes

Los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres mediante programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.

Artículo 30. Desarrollo rural

Para la igualdad en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la titularidad compartida. En el desarrollo del medio rural se incluirán acciones para mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres. Las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales y una red de servicios sociales para menores, mayores y dependientes. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda

Las políticas y planes de acceso a la vivienda de las Administraciones públicas incluirán medidas para hacer efectiva la igualdad. Las políticas urbanas y de ordenación del territorio considerarán las necesidades de los distintos grupos sociales y tipos de estructuras familiares. El Gobierno fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión y de las víctimas de violencia de género, en especial con hijos menores exclusivamente a su cargo. En el diseño de la ciudad y el planeamiento urbanístico se tendrá en cuenta la perspectiva de género.

Artículo 32. Política española de cooperación para el desarrollo

Las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, sectorial y geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo incluirán la igualdad como elemento sustancial en su agenda de prioridades, con tratamiento de prioridad transversal y específica. Se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad, que se actualizará periódicamente. La Administración española planteará un proceso progresivo, a medio plazo, de integración del principio de igualdad y del enfoque de género en desarrollo (GED) en todos los niveles de su gestión.

Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de sus órganos de contratación, podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución de los contratos que celebren, con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado

Anualmente, el Consejo de Ministros determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente incluirán entre sus condiciones de ejecución medidas de promoción de la igualdad en el mercado de trabajo. El Acuerdo podrá fijar las características de esas condiciones. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación para empresas que cumplan esas directrices, siempre que sus proposiciones igualen a las más ventajosas.

Artículo 35. Subvenciones públicas

Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten, determinarán los ámbitos en que, por existir una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por las entidades solicitantes. Podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad.

Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública

Los medios de comunicación social de titularidad pública tienen dos cometidos: velar por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promover el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 37. Corporación RTVE

La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación cuatro objetivos: reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social; utilizar el lenguaje en forma no sexista; adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta para transmitir el principio de igualdad; y colaborar con las campañas institucionales. Además promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional y fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres.

Artículo 38. Agencia EFE

En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres y, en especial, por la utilización no sexista del lenguaje. Perseguirá en su actuación cuatro objetivos: reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social; utilizar el lenguaje en forma no sexista; adoptar códigos de conducta mediante la autorregulación; y colaborar con las campañas institucionales. Promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional.

Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada

Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. Las Administraciones públicas promoverán que los medios de comunicación adopten acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen.

Artículo 40. Autoridad audiovisual

Las Autoridades a las que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales.

Artículo 41. Igualdad y publicidad

La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 se considera publicidad ilícita. Esa calificación se hace de conformidad con lo previsto en dos bloques normativos: la legislación general de publicidad y la de publicidad y comunicación institucional.

Artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres

Las políticas de empleo tienen como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva. Para ello se mejorará su empleabilidad y permanencia, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad al mercado de trabajo. Los Programas de inserción laboral activa comprenden todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluidos Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, y se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.

Artículo 43. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva con dos destinos: favorecer el acceso de las mujeres al empleo y favorecer la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocen a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. El permiso y la prestación por maternidad se conceden en los términos de la normativa laboral y de Seguridad Social. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos de esa misma normativa.

Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad

Las empresas deben adoptar medidas para evitar la discriminación laboral entre mujeres y hombres, que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores. En las de cincuenta o más trabajadores esas medidas se dirigen a un plan de igualdad, también negociado. Hay plan además cuando lo establezca el convenio colectivo aplicable y cuando la autoridad laboral sustituya en un procedimiento sancionador las sanciones accesorias por el plan. Para las demás empresas es voluntario, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas

Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas tras un diagnóstico de situación, que fijan objetivos, estrategias y prácticas, y sistemas de seguimiento y evaluación. El diagnóstico, negociado en su caso con la representación legal, se elabora en la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad y contiene al menos nueve materias. El plan incluye la totalidad de la empresa, sin perjuicio de acciones especiales en determinados centros de trabajo. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, donde las empresas están obligadas a inscribir sus planes.

Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad

Se garantiza el acceso a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Ese acceso corresponde a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, a los propios trabajadores y trabajadoras. Ello se entiende sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias.

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo

Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los del ámbito digital. Con ese fin se podrán establecer medidas, negociadas con los representantes de los trabajadores, como códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenirlas sensibilizando a la plantilla e informando a la dirección de la empresa.

Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento. Esas medidas se dirigen especialmente a las pequeñas y las medianas empresas e incluirán el apoyo técnico necesario.

Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de igualdad

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para las empresas que destaquen en políticas de igualdad, utilizable en el tráfico comercial y con fines publicitarios. Cualquier empresa, de capital público o privado, podrá presentarle un balance sobre los parámetros de igualdad implantados. Reglamentariamente se fijan denominación, procedimiento y condiciones. Entre otros criterios se valoran la presencia equilibrada, los planes de igualdad u otras medidas innovadoras y la publicidad no sexista. El Ministerio controla y, en caso de incumplimiento, retira el distintivo.

Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias y en aplicación del principio de igualdad, deberán: remover los obstáculos discriminatorios en el acceso al empleo público y en la carrera profesional; facilitar la conciliación sin menoscabo de la promoción profesional; fomentar la formación en igualdad; promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración; establecer medidas efectivas frente al acoso sexual y por razón de sexo y contra la discriminación retributiva, directa o indirecta; y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad.

Artículo 52. Titulares de órganos directivos

El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres al nombrar a las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Esos órganos se consideran en su conjunto, y el precepto se refiere a aquellos cuya designación corresponda al Gobierno.

Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración

Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Además, la representación de la Administración General del Estado y de esos organismos en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.

Artículo 54. Designación de representantes de la Administración General del Estado

La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designan a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, con presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. También observan ese principio en los nombramientos que les corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participen.

Artículo 55. Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público

La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público debe acompañarse de un informe de impacto de género. La salvedad son los casos de urgencia, y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

La normativa aplicable establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga esa normativa. Todo ello sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o sus organismos públicos y los representantes del personal al servicio de la Administración Pública.

Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de trabajo

En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computa el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior. Ese cómputo opera a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos.

Artículo 58. Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia

Si las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. Se garantiza la plenitud de sus derechos económicos durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con la legislación específica. Lo mismo se aplica durante el período de lactancia natural.

Artículo 59. Vacaciones

Si el periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, con el permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tiene derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. Gozan del mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad. Todo ello sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos con la representación de los empleados y empleadas.

Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de formación

Para actualizar conocimientos, se otorga preferencia durante un año en la adjudicación de plazas de cursos de formación a quienes se incorporen al servicio activo desde el permiso de maternidad o paternidad, o reingresen desde la excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. Además, para facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos, en las convocatorias de los cursos correspondientes se reserva al menos un 40% de las plazas a las que reúnan los requisitos establecidos.

Artículo 61. Formación para la igualdad

Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. Además, impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, dirigidos a todo su personal.

Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo

Para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores un protocolo de actuación que comprenderá, al menos: a) el compromiso de la Administración General del Estado y sus organismos de prevenir y no tolerar el acoso; b) la instrucción a todo el personal de respetar dignidad, intimidad e igualdad de trato; c) el tratamiento reservado de las denuncias, sin perjuicio de la normativa de régimen disciplinario; d) la identificación de las personas responsables de atender quejas o denuncias.

Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público

Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remiten, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Deben especificar, mediante la desagregación por sexo de los datos, la distribución de su plantilla, el grupo de titulación, el nivel de complemento de destino y las retribuciones promediadas de su personal.

Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella

El Gobierno aprueba, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establece los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público y las estrategias o medidas para su consecución. Es objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos, y su cumplimiento lo evalúa anualmente el Consejo de Ministros.

Artículo 65. Respeto del principio de igualdad

Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. El artículo destaca en especial cinco aspectos: régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.

Artículo 66. Aplicación en las Fuerzas Armadas de las normas referidas al personal de las administraciones públicas

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y conciliación de la vida personal, familiar y profesional son de aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica.

Artículo 67. Respeto del principio de igualdad

Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres e impedirán cualquier situación de discriminación profesional. El artículo destaca especialmente cinco ámbitos: el sistema de acceso, la formación, los ascensos, los destinos y las situaciones administrativas.

Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al personal de las administraciones públicas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en tres materias (igualdad; prevención de la violencia de género y la violencia sexual; conciliación de la vida personal, familiar y profesional) son de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se adaptan, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica.

Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios

Las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, deben cumplir el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Ello no afecta a la libertad de contratación, incluida la de elegir a la otra parte, siempre y cuando la elección no venga determinada por su sexo. Son admisibles las diferencias de trato justificadas por un propósito legítimo con medios adecuados y necesarios.

Artículo 70. Protección en situación de embarazo

En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante puede indagar sobre la situación de embarazo de una mujer que los demande. El artículo recoge una salvedad: que se haga por razones de protección de la salud de la mujer.

Artículo 71. Factores actuariales

Se prohíbe celebrar contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. Además, los costes relacionados con el embarazo y el parto no justifican diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto.

Artículo 72. Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones

La persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 69, sufra una conducta discriminatoria tiene derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos, sin perjuicio de otras acciones y derechos de la legislación civil y mercantil. En los contratos de seguros o de servicios financieros afines, incumplir la prohibición del artículo 71 da al contratante perjudicado derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado; en los restantes extremos el contrato mantiene su validez y eficacia, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10.

Artículo 73. Acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad

Las empresas podrán asumir de forma voluntaria acciones de responsabilidad social (medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales u otras) para promover condiciones de igualdad en la empresa o en su entorno social. Podrán concertarse con la representación de los trabajadores, las organizaciones de consumidores y usuarios, las asociaciones cuyo fin primordial sea defender la igualdad de trato y los Organismos de Igualdad. Se informará a los representantes de los trabajadores de las que no se concierten con ellos. A las medidas laborales se aplica la normativa laboral.

Artículo 74. Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad

Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de publicidad. El Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, están legitimados para ejercer la acción de cesación cuando consideren que pudiera haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa.

Artículo 75. Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la Ley. Esto se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de dicha entrada en vigor.

Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres

La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el órgano colegiado responsable de coordinar las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

Artículo 77. Las Unidades de Igualdad

En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad en las materias de su competencia. En particular: recabar la información estadística de los órganos del Ministerio y asesorarles al elaborarla; elaborar estudios para promover la igualdad; asesorar en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género; fomentar que el personal conozca el principio de igualdad con propuestas de acciones formativas; y velar por el cumplimiento de la Ley y la aplicación efectiva del principio.

Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer

Se crea el Consejo de Participación de la Mujer como órgano colegiado de consulta y asesoramiento. Su fin esencial es servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Reglamentariamente se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición, garantizándose en todo caso la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.

Artículo 1. Objeto

El objeto de la ley es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Lo hace en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, para seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La ley se aplica en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En particular: a) a la Administración de la Junta de Andalucía, sus organismos autónomos, sus empresas y los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de la Junta; b) a las entidades de la Administración local y sus entes, con el mismo criterio de representación directa mayoritaria; c) al sistema universitario andaluz. Igualmente, a las personas físicas y jurídicas, en los términos de la ley.

Artículo 3. Definiciones

Define nueve conceptos: discriminación directa (trato menos favorable por el sexo en situación equiparable); indirecta (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que causan desventaja, salvo justificación objetiva); representación equilibrada (cada sexo ni supera el 60 % ni baja del 40 %); acto de discriminación (condicionar un derecho a aceptar acoso, y cualquier acoso); transversalidad; acoso sexual (de índole sexual, del hombre contra la mujer); acoso por razón de sexo (vinculado a la condición de mujer); lenguaje sexista, e interseccionalidad (discriminación múltiple).

Artículo 4. Principios generales

Catorce principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias: igualdad de trato, sin discriminación directa ni indirecta; eliminar la discriminación, sobre todo la feminización de la pobreza; maternidad, biológica o no, como valor social; corresponsabilidad; medidas específicas; protección ante la discriminación múltiple; mujeres del medio rural; composición equilibrada, también en candidaturas al Parlamento de Andalucía; colaboración entre Administraciones; lenguaje e imagen; conciliación; igualdad entre particulares; coeducación, y empleo.

Artículo 5. Transversalidad de género

Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas y de las políticas en todos los ámbitos de actuación. Para ello considerarán sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres y su incidencia en la situación específica de unas y otros, con el objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género.

Artículo 6. Evaluación de impacto de género

Los poderes públicos de Andalucía incorporarán la evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus competencias. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán el objetivo de la igualdad por razón de género. En la tramitación de proyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, quien reglamentariamente corresponda emitirá un informe de evaluación del impacto de género, que queda integrado en la MAIN y va acompañado de indicadores, mecanismos y medidas.

Artículo 7. Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres

El Consejo de Gobierno, con participación de las entidades locales y a propuesta de la Consejería competente en materia de igualdad, formula y aprueba el Plan Estratégico con periodicidad no inferior a cuatro años; incluye una estrategia de apoyo a las mujeres del ámbito rural. Cada Consejería elabora y aprueba sus propios planes, evaluados anualmente. Las entidades locales aprueban los suyos. El Instituto Andaluz de la Mujer asesora a las consejerías y entidades locales que lo soliciten y recibe esos planes, para su conocimiento, antes de su aprobación.

Artículo 8. Enfoque de género en el presupuesto

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres. A tal fin, la Consejería competente en materia de presupuestos, en coordinación con el conjunto de las Consejerías y con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.

Artículo 9. Lenguaje no sexista e imagen pública

Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en contenidos e imágenes, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o a través de personas o entidades. Las publicaciones y emisiones en que participe la Junta garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. Sus entidades instrumentales y las corporaciones de derecho público de Andalucía adaptarán su denominación oficial. La Junta promoverá ese uso en colegios profesionales y corporaciones.

Artículo 9 bis. Capacitación del personal al servicio de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas para garantizar una formación básica, progresiva y permanente de su personal en igualdad, con enfoque feminista y transformador de los roles tradicionales de género; elaborarán planes de formación y sensibilizarán al personal con funciones de dirección. La Consejería competente en materia de igualdad apoyará a los organismos responsables de la formación. El órgano competente en función pública garantizará la experiencia o capacitación específica en los puestos de programas y asesoramiento técnico en igualdad.

Artículo 10. Estadísticas e investigaciones con perspectiva de género

Los poderes públicos de Andalucía deberán: incluir sistemáticamente la variable sexo en estadísticas, encuestas y recogida de datos; incorporar indicadores de género; analizar los resultados desde la dimensión de género, y analizar y cuantificar el valor de los cuidados. Realizarán y difundirán investigaciones sobre la desigualdad, con atención a las mujeres del medio rural y pesquero. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publicará anualmente un informe síntesis; los observatorios de la Junta y otros órganos colegiados de análisis, un informe anual.

Artículo 11. Representación equilibrada en los órganos directivos y colegiados

Cada Consejería, organismo público y entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración pública andaluza garantizará la representación equilibrada en el nombramiento de titulares de órganos directivos. En los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía se respetará también, contando a quienes forman parte por el cargo que desempeñan, tanto en la composición como en la modificación o renovación; quien designe o proponga facilitará la composición de género. Las normas de los jurados de premios promovidos o subvencionados fijarán las mismas reglas.

Artículo 11 bis. Órganos directivos o colegiados y denominación de los colegios profesionales de Andalucía y corporaciones de derecho público

Los estatutos de los colegios profesionales de Andalucía deben fijar medidas para garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y en todos los órganos colegiados de constitución preceptiva. Las corporaciones de derecho público deben asegurarla en sus órganos de dirección, y las federaciones deportivas, en sus órganos colegiados. Todas estas entidades deben adaptar su denominación a un uso no sexista del lenguaje.

Artículo 12. Contratación pública

La Administración de la Junta de Andalucía, a través de sus órganos de contratación, establecerá condiciones especiales de ejecución de los contratos para promover la igualdad, especialmente en el ámbito laboral. Esos órganos señalarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación para las empresas que, al acreditar su solvencia técnica, tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas de igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y mantengan en el tiempo y con efectividad sus medidas de igualdad.

Artículo 13. Ayudas y Subvenciones

La Administración de la Junta de Andalucía valorará en las bases reguladoras de las subvenciones las actuaciones de igualdad de género de las entidades solicitantes, salvo que esté justificado no hacerlo por la naturaleza de la subvención o de las entidades. No contratará ni dará ayudas a personas condenadas por alentar o tolerar prácticas laborales discriminatorias durante cinco años desde la condena por sentencia firme. Tampoco accederán a ayudas quienes sufran, por resolución administrativa firme, las sanciones accesorias del artículo 80; se exige declaración responsable con la solicitud.

Artículo 14. Principio de igualdad en la educación

El principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el conjunto de políticas de la Administración educativa. Los centros educativos de la Comunidad Autónoma contemplarán la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de sus actuaciones. La Administración educativa potenciará la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de decisión y formulará acciones de conciliación de la vida laboral y familiar para favorecer la promoción profesional y curricular de todo el personal docente.

Artículo 15. Promoción de la igualdad de género en los centros docentes

La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros docentes incluyan en su Plan de Centro un Plan de Igualdad de Género y cuenten con una persona responsable de coeducación, con formación específica, que actúa bajo la dirección del director o directora. Los órganos de evaluación, calidad e investigación educativa y los servicios de apoyo y formación al profesorado tendrán personal capacitado en coeducación. El profesorado de centros públicos, concertados o privados debe comunicar a los órganos directivos los indicios o sospechas de violencia de género.

Artículo 15 bis. Integración de contenidos curriculares

La Administración educativa andaluza integrará en el diseño y desarrollo curricular de todas las áreas y materias de las diferentes etapas seis objetivos coeducativos: desarrollo personal integral y en igualdad, eliminando prejuicios, estereotipos y roles de género; integración del saber de las mujeres, incorporando la historia del feminismo; análisis crítico de la masculinidad hegemónica y del androcentrismo; corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidado; elección académica y profesional libre de condicionamientos de género, y prevención de la violencia contra las mujeres.

Artículo 16. Materiales curriculares y libros de texto

La Administración educativa andaluza garantizará que en libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios, y trasladará al profesorado, a las empresas editoriales y a los consejos escolares las instrucciones sobre criterios de selección. La Consejería competente en materia de educación creará una comisión de personas expertas en coeducación, con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá un informe anual y lo remitirá para su conocimiento al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

Artículo 17. Formación del profesorado

La Administración educativa incluirá contenidos de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género, educación sexual y afectiva y diversidad familiar en la formación del profesorado en fase de prácticas, en la formación inicial obligatoria para la función directiva y en la formación inicial de las asesorías y de la dirección de los centros del profesorado. Los planes de formación permanente incluirán una formación continua en esas materias, desde un enfoque feminista y con metodología vivencial, no basada en la mera impartición de contenidos teóricos.

Artículo 18. Consejos escolares

En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados y en el Consejo Escolar de Andalucía se designará una persona, con formación en igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La composición del consejo escolar respetará el equilibrio entre ambos sexos, y en el Consejo Escolar de Andalucía participará una persona en representación del Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 19. Inspección educativa

Los servicios de inspección educativa de Andalucía velarán por el cumplimiento de los principios y valores de igualdad real establecidos en la ley. La Administración educativa, con el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer, incorporará a los planes generales y de actuación de la inspección las directrices para la supervisión, evaluación, asesoramiento e información a los centros. La inspección supervisará el respeto de la normativa en materiales curriculares, libros de texto y programaciones didácticas, y recibirá periódicamente formación inspirada en el pluralismo y la diversidad.

Artículo 20. Igualdad de oportunidades en la Educación Superior

El sistema universitario andaluz fomentará la igualdad de oportunidades en la carrera profesional y la conciliación del personal docente y no docente, incluirá enseñanzas obligatorias de igualdad en los planes de estudios e impulsará la representación equilibrada en órganos colegiados y comisiones. Cada universidad pública se dotará de una unidad de igualdad de género, con estructura propia y suficiente. Todas las universidades de Andalucía aprobarán un plan de igualdad y prevención de la discriminación, cuatrienal, con posible asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 21. Proyectos de investigación

El sistema universitario andaluz impulsará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la investigación, la ciencia y la tecnología; promoverá que los estudios de género se reconozcan como mérito en la evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del personal docente e investigador de las universidades públicas, y promoverá cátedras sobre estudios de género y violencia sexista en facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias. Las Administraciones públicas de Andalucía fomentarán el apoyo a la formación e investigación en igualdad.

Artículo 21 bis. Mujeres en la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación

Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán la participación de las mujeres en ciencia, tecnología, innovación e investigación, e impulsarán la perspectiva de género como dimensión transversal y la presencia paritaria en los eventos científicos. Los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento del sector público andaluz fijarán mecanismos contra los sesgos de género al seleccionar y evaluar personal investigador y al conceder ayudas públicas. Los organismos públicos de investigación adoptarán planes de igualdad y podrán contar, de ser preciso, con el Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 22. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo

La igualdad de oportunidades en el empleo es objetivo prioritario de la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía. Para ello se llevarán a cabo políticas de fomento del empleo y actividad empresarial que impulsen la presencia de mujeres y hombres en el mercado de trabajo con un empleo de calidad y una mejor conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Además, desarrollará medidas de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades y superar la segregación profesional, vertical y horizontal, y las desigualdades retributivas.

Artículo 23. Políticas de empleo

Las Administraciones públicas de Andalucía impulsarán la transversalidad de género en las políticas de empleo. La Administración de la Junta garantizará la participación de mujeres en las políticas activas de empleo. El Servicio Andaluz de Empleo no podrá tramitar ninguna oferta de empleo discriminatoria por razón de sexo. Las empresas deben respetar la igualdad de trato y de oportunidades. La Junta de Andalucía propondrá anualmente, en la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la planificación anual contra la discriminación laboral.

Artículo 24. Incentivos a la contratación de mujeres

Se establecerán incentivos a la contratación estable de las mujeres. Esos incentivos atenderán con carácter prioritario a los sectores y categorías laborales en los que las mujeres se encuentren subrepresentadas, y también a sus situaciones singulares.

Artículo 25. Promoción empresarial

Los poderes públicos de Andalucía, en sus políticas de fomento empresarial, contemplarán ayudas específicas a mujeres para la creación de empresas o ayudas al autoempleo, priorizando las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo y economía social, y establecerán medidas de formación, asesoramiento y seguimiento para consolidar los proyectos. Se podrán establecer otras acciones de fomento del emprendimiento de mujeres, incluido el acceso a los servicios de emprendimiento en primera y segunda oportunidad. Impulsarán la aportación de las mujeres a nuevos modelos de economía y empresa.

Artículo 26. Calidad en el empleo

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la igualdad de género en el acceso al empleo, incidiendo en la estabilidad, la calidad y la igualdad de remuneración; fomentará la igualdad en la promoción y la formación continua, y velará por la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Garantizará la igualdad de retribución por trabajo de igual valor y promoverá que la igualdad de oportunidades sea prioritaria en los planes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las Administraciones públicas de Andalucía, con los agentes sociales, incentivarán la calidad en el empleo.

Artículo 26 bis. Política de igualdad salarial entre mujeres y hombres

La Administración de la Junta de Andalucía, con los agentes económicos y sociales más representativos, desarrollará programas específicos contra la discriminación salarial por razón de género. La Consejería competente en materia de empleo realizará anualmente estudios sobre las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, sus causas y su evolución, de los que se dará traslado, para su conocimiento, al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Esa Consejería adoptará acciones contra la segregación por sexos en el mercado laboral y medidas para revalorizar los sectores feminizados.

Artículo 27. Planes de igualdad y presencia equilibrada en el sector empresarial

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará y prestará apoyo y asesoramiento para elaborar planes de igualdad en las empresas privadas no obligadas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo; su contenido mínimo se ajustará a la normativa estatal básica. Las empresas y las organizaciones empresariales procurarán la presencia equilibrada en sus órganos de dirección. Los programas de formación de los planes priorizarán las acciones formativas cuyo objetivo sea la igualdad dentro de la organización. Los planes serán objeto de inscripción obligatoria en registro público.

Artículo 28. Negociación colectiva

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará cláusulas de igualdad y no discriminación por razón de género en la negociación colectiva. Garantizará que los convenios colectivos no contengan cláusulas contrarias a la igualdad ni diferencias retributivas por género y que usen un lenguaje no sexista, y promoverá que incluyan el análisis de impacto de género. Las organizaciones sindicales procurarán la presencia equilibrada en sus órganos de dirección. Las Administraciones públicas incluirán cláusulas ligadas a planes o medidas de igualdad en los criterios de todo tipo de adjudicaciones.

Artículo 29. Seguridad y salud laboral

Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán una concepción integral de la salud que tenga en cuenta riesgos físicos y psicosociales, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres. Se adoptarán medidas de protección de las trabajadoras embarazadas que hayan dado a luz recientemente o en período de lactancia. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad se considerará discriminación por razón de sexo. Los departamentos competentes deben fomentar la recogida de información, desglosada por sexos, de atención primaria y mutuas.

Artículo 30. Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas para un entorno laboral libre de acoso sexual y por razón de sexo, conductas que afectan a la salud laboral, sin perjuicio de la responsabilidad penal, laboral y civil. Ambos acosos se considerarán discriminatorios y las Administraciones públicas arbitrarán protocolos de actuación, con prontitud y confidencialidad en las denuncias. La Consejería competente en materia de igualdad impulsará su elaboración y realizará su seguimiento y evaluación. Se garantizará asesoramiento jurídico y psicológico especializado a las víctimas.

Artículo 31. Empleo en el sector público andaluz

En la Administración de la Junta de Andalucía, los temarios de las pruebas selectivas incluirán la normativa sobre igualdad y violencia de género; se garantizará la formación del personal en esas materias, y las ofertas públicas de empleo llevarán la evaluación del impacto por razón de género, que se incluirá en la MAIN. Previa negociación, las normas de los procesos selectivos podrán disponer que las bases fijen, como criterio de desempate, la prioridad del sexo cuya presencia en el cuerpo, escala o categoría sea inferior al cuarenta por ciento al aprobarse la oferta de empleo público.

Artículo 32. Planes de igualdad en el empleo en la Administración pública

La Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades instrumentales elaboran cada cuatro años planes de igualdad en el empleo. Los planes fijan los objetivos de igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público y las estrategias y medidas para lograrlos, incluidas las de conciliación de la vida laboral con la familiar y personal, con medidas específicas sobre diversidad familiar y personal. Se evalúan y establecen medidas correctoras, en su caso, cada cuatro años.

Artículo 33. Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo

La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Esa protección alcanza dos ámbitos: el de la Administración Pública y el de las empresas privadas.

Artículo 34. Actuaciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad

Sin perjuicio de las normas de empleo del Título, las empresas podrán asumir actuaciones de responsabilidad social en virtud de acuerdos con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, instituciones, organismos y asociaciones para la igualdad de género. Se articulan mediante medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra índole, para mejorar la situación de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán medidas para fomentar esas actuaciones.

Artículo 35. Marca de excelencia en igualdad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá un reconocimiento para distinguir a las entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres. Se valorará: representación equilibrada y acción positiva en acceso y promoción; igualdad de retribución por trabajos de igual valor; conciliación; prevención y sanción de la violencia de género y del acoso sexual y por razón de sexo; publicidad no sexista; Plan de Igualdad en la Empresa, y actuaciones de responsabilidad social. Obtención, control de la ejecución y renovación de la marca se fijan reglamentariamente.

Artículo 36. Derecho y deber de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito público y privado

Las mujeres y los hombres en Andalucía tienen el derecho y el deber de compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención de las personas en situación de dependencia, posibilitando la conciliación y la configuración de su tiempo. Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas para garantizar la conciliación, teniendo en cuenta los nuevos modelos de familia y la situación de las mujeres que viven en el medio rural.

Artículo 37. Organización de espacios, horarios y creación de servicios

La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las Entidades Locales, promoverá planes de diseño y organización de los espacios (funcionalidad de la ciudad, proximidad de dotaciones y servicios, menos desplazamientos y tiempos de acceso). Se promoverá la coordinación entre los horarios laborales y el de los centros educativos y se impulsarán infraestructuras y servicios para el cuidado de menores y de personas dependientes. Las Administraciones públicas de Andalucía elaborarán estudios sobre tiempos, espacios y horarios y sobre los cuidados y la actividad no remunerada.

Artículo 37 bis. Servicios públicos para la conciliación en el ámbito educativo y social

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará, en educación infantil, primaria y secundaria obligatoria de los centros docentes públicos de su titularidad, medidas de conciliación: ampliación del horario de apertura, aula matinal y actividades extraescolares priorizadas y bonificadas, comedor escolar bonificado y otras que se determinen reglamentariamente. Garantizará progresivamente plazas en el primer ciclo de educación infantil y promoverá los servicios de la Ley 39/2006. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía garantizará la atención y cuidados a domicilio.

Artículo 38. Conciliación en las empresas

La Junta de Andalucía impulsará medidas de corresponsabilidad y conciliación en la empresa, como la flexibilidad de horarios, con pleno respeto a la autonomía en la negociación colectiva, y potenciará protocolos de acoso por razón de sexo y planes de igualdad en empresas no obligadas a aprobarlos. Se incentivará a las empresas para crear centros infantiles en el ámbito laboral y la Junta impulsará su creación en polígonos industriales y parques tecnológicos. Las empresas potenciarán la formación en igualdad del personal de recursos humanos y sensibilizarán a todo su personal.

Artículo 39. Conciliación en el empleo público

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará centros infantiles en los centros de trabajo. Previa negociación colectiva se establecerán medidas de conciliación en el marco de los planes de igualdad (horarios, jornada, excedencias, permisos, teletrabajo), con medidas concretas para familias monoparentales. En los cursos de formación se reservará, al menos, un cuarenta por ciento de las plazas a las empleadas que hayan disfrutado de los permisos o reingresado de las excedencias que cita, durante los doce meses posteriores; las no cubiertas podrá ocuparlas el resto del personal.

Artículo 40. Permiso de paternidad

Agotado el permiso de paternidad, el personal del sector público andaluz dispondrá de un permiso adicional irrenunciable y retribuido hasta alcanzar un descanso total de veinte semanas, o las que correspondan por discapacidad del hijo o hija o por parto, adopción o acogimiento múltiples. Es intransferible al otro progenitor y se disfruta de forma ininterrumpida o fraccionada, en este caso dentro de los doce meses siguientes; será de al menos cinco semanas. Hay un permiso igual cuando los progenitores tienen el mismo sexo. Condiciones de acceso y modalidades: reglamentariamente.

Artículo 41. Políticas de salud

El Sistema Sanitario Público de Andalucía impulsará medidas para atender las diferentes necesidades de hombres y mujeres y garantizará el pleno derecho de las mujeres a las técnicas de reproducción humana asistida, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia o identidad. La Administración sanitaria incorporará la perspectiva de género en la formación de su personal y en un plan de salud laboral, y aprobará, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, la carta de los derechos de las mujeres en el embarazo, el parto y el puerperio.

Artículo 42. Investigación biomédica

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará el enfoque de género en las líneas y proyectos de investigación biomédica, para conocer los diferentes modos de enfermar y de respuesta terapéutica de las mujeres y los hombres. La Administración sanitaria incorporará a los estudios de investigación y de opinión sobre los servicios sanitarios, y a las encuestas de salud, indicadores que permitan conocer los datos de mujeres y hombres, tanto de forma desagregada por sexos como en forma global.

Artículo 43. Igualdad en las políticas sociales

Los poderes públicos de Andalucía integran la perspectiva de género en las políticas sociales, con programas para mujeres mayores, con discapacidad, inmigrantes, con hijos a cargo, de familias monoparentales, con adicciones, en riesgo de exclusión y cuidadoras actuales o pasadas de dependientes. También en la lucha contra la pobreza (especial incidencia: familias monoparentales y víctimas de violencia de género) y en las políticas migratorias, y atienden a mujeres prostituidas y víctimas de trata. Las Administraciones públicas erradican barreras de acceso a la información.

Artículo 44. Mujeres mayores

Los poderes públicos de Andalucía, dentro de la programación de acciones destinadas a las personas mayores, establecerán programas específicos para las mujeres mayores. Esos programas inciden en los aspectos afectivos y emocionales, atienden las necesidades de las que se encuentran en situación de soledad y promueven su participación en actividades socioculturales y asociativas.

Artículo 45. Cuidadoras y cuidadores de personas dependientes

En desarrollo de las políticas de atención a personas dependientes, la Administración de la Junta de Andalucía establecerá medidas para la corresponsabilidad y programas de apoyo a cuidadores y cuidadoras, conforme se determine reglamentariamente. A las personas cuidadoras se les proporcionará un acceso permanente a la información, la formación y el asesoramiento adecuado para mejorar su calidad de vida. Los poderes públicos de Andalucía diseñarán esas políticas integrando la perspectiva de género en los planes o programas que favorezcan eliminar las desigualdades de género en el cuidado.

Artículo 46. Inclusión social

Los poderes públicos de Andalucía desarrollarán acciones para quienes estén en situación de especial vulnerabilidad, con enfoque de género, especialmente en acceso al empleo y a la formación. Se atenderá a las dificultades de las mujeres de minorías, de etnia gitana, inmigrantes, niñas, con discapacidad y prostituidas. Promoverán medidas para las mujeres en precariedad económica por impago de pensiones compensatorias y alimentarias fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial (nulidad, separación legal, divorcio, ruptura de pareja de hecho, filiación o alimentos).

Artículo 47. Tráfico y explotación sexual de las mujeres

Los poderes públicos de Andalucía adoptarán las acciones necesarias para la atención social a las mujeres prostituidas y víctimas de trata y explotación sexual. Para ello elaborarán un Plan integral para la erradicación de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, que incorporará campañas de información y sensibilización.

Artículo 48. Personas con discapacidad

Los poderes públicos de Andalucía, en el contexto general de garantías de los derechos de las personas con discapacidad, desarrollarán acciones para las mujeres con discapacidad. El eje transversal de las políticas públicas serán sus necesidades específicas, y el fin, asegurar su inclusión y acceso en igualdad a todos los ámbitos de la sociedad.

Artículo 48 bis. Mujeres gitanas

Los poderes públicos de Andalucía promoverán actuaciones específicas para las mujeres de etnia gitana, desde una perspectiva de género y un enfoque interseccional, para neutralizar los factores de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social y fomentar su plena participación educativa y laboral, la promoción de la salud, la protección contra la violencia de género y su participación activa en la vida política, económica, social y cultural. Además evitarán el antigitanismo y promoverán referentes alejados de una imagen estigmatizada que den visibilidad a mujeres y niñas.

Artículo 49. Mujeres migrantes

Los poderes públicos de Andalucía tienen cuatro mandatos respecto de las mujeres migrantes: promover su integración, participación y promoción; realizar actuaciones para promover la interculturalidad y el valor de la diversidad, dentro de un marco de derechos y de igualdad plena de las mujeres; velar por su acceso al empleo y a los servicios; y conceder protección en situaciones de violencia de género.

Artículo 50. Planeamiento urbanístico, vivienda y transporte

Los poderes públicos de Andalucía integran la perspectiva de género en las políticas y planes de vivienda y, con las entidades locales, en el diseño de las ciudades y el planeamiento urbanístico. Garantizan el derecho preferente en la adjudicación de viviendas protegidas, en alquiler o propiedad, a víctimas de violencia de género, mujeres con discriminaciones múltiples, solas con cargas familiares y en riesgo de exclusión. La movilidad prioriza reducir tiempos de desplazamiento. La Junta promueve investigar la movilidad; los resultados van al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

Artículo 50 bis. Deporte y actividad deportiva

Todos los programas públicos de apoyo al deporte incorporan el principio de igualdad. Las Administraciones públicas de Andalucía promueven acciones positivas. La Junta promueve el deporte femenino en todas las etapas y niveles y fomenta la presencia de asociaciones de mujeres en los órganos de participación. La Junta y las federaciones, asociaciones y entidades deportivas elaboran protocolos ante actitudes machistas y velan por la participación paritaria en los órganos de gobierno. Los poderes públicos velan por la no discriminación y acoso durante el embarazo o permiso por maternidad.

Artículo 50 ter. Cultura

Las Administraciones públicas de Andalucía velan por la igualdad de trato y de oportunidades en la creación, producción y difusión artística y cultural, y fomentan con sus convocatorias y bases reguladoras proyectos culturales con igualdad. Con las agencias y entidades instrumentales de la Junta deben: promocionar a las mujeres en la cultura, impulsar políticas de ayuda a la autoría femenina, promover la presencia equilibrada en la oferta pública, garantizar la representación equilibrada en órganos y jurados de premios, adoptar acciones positivas y velar contra los estereotipos sexistas.

Artículo 50 quáter. Políticas de cooperación para el desarrollo

Todas las políticas, planes y documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como territorial, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres. En el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo la igualdad será una prioridad transversal y específica, con medidas concretas para su seguimiento y evaluación. La programación operativa de la cooperación andaluza incorporará como prioridad proyectos que garanticen la atención a mujeres y niñas y la incorporación de las mujeres como agentes activas del desarrollo.

Artículo 51. De la información y el conocimiento

Los poderes públicos de Andalucía promoverán la implantación de las tecnologías de la información con criterios de igualdad de género y la participación de las mujeres en la sociedad de la información y el conocimiento. La Administración de la Junta incorporará la perspectiva de género de manera transversal en las políticas de desarrollo tecnológico e innovación. A través de los organismos competentes se garantizará la transversalidad de género en el sector audiovisual. En los proyectos TIC que la Junta financie total o parcialmente, garantizará que no sean sexistas.

Artículo 52. Mujeres del medio rural y pesquero

Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el desarrollo rural y pesquero; desarrollarán acciones contra la discriminación de las mujeres de ese medio; impulsarán la titularidad compartida de explotaciones agrarias a través del Registro de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias de Andalucía; y facilitarán su acceso a los sectores agrario, agroalimentario y pesquero. La Administración de la Junta impulsará su papel a través del Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía.

Artículo 52 bis. Mujeres jóvenes

Las Administraciones públicas de Andalucía incorporarán la perspectiva de género en las políticas de juventud, con programas para conocer y analizar la realidad de las mujeres jóvenes de forma integral. La Administración de la Junta desarrollará siete actuaciones: integración laboral, emprendimiento y autoempleo; educación sexual y afectiva; medidas contra la violencia de género en la juventud; difusión de las manifestaciones de las mujeres jóvenes; imagen no discriminatoria, en particular en los videojuegos; colaboración con agentes económicos y sociales; y participación asociativa.

Artículo 53. Participación política

Artículo 54. Participación social

Las Administraciones públicas de Andalucía impulsarán medidas para fomentar la participación social de las mujeres y cooperarán con la iniciativa social y las asociaciones para promover la igualdad de género. La Administración de la Junta, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, promoverá la participación de entidades y asociaciones privadas en la implantación de la igualdad, favoreciendo la participación de las mujeres en ellas. Además podrá celebrar convenios con colegios profesionales y agentes económicos y sociales, siempre que cumplan las obligaciones de igualdad de la ley.

Artículo 55. Fomento de las asociaciones de mujeres

Los poderes públicos de Andalucía impulsarán el movimiento asociativo de mujeres y establecerán acciones adecuadas para facilitar su participación en la sociedad. Potenciarán las iniciativas que persigan crear redes de asociaciones de mujeres, con el objetivo de incorporar a las mujeres en la actividad pública y facilitar su participación social. Y fomentarán la creación de órganos locales de participación en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y su coordinación con otros órganos de ámbito territorial similares.

Artículo 56. Participación en ámbitos sociales, políticos y económicos

Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán la igualdad en la participación de mujeres y hombres en las actividades sociales, lúdicas y de ocio. Las Administraciones públicas fomentarán la igualdad de oportunidades en los ámbitos políticos y económicos. Las competentes promoverán la presencia equilibrada en los órganos de dirección y decisión del ámbito social, político y económico; a tal fin, el otorgamiento de subvenciones podrá condicionarse a la adopción de medidas que posibiliten un incremento de la presencia de mujeres en los órganos de dirección.

Artículo 57. Imagen de la mujer y del hombre

Los poderes públicos de Andalucía promoverán una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de hombres y mujeres. Se considera ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos constitucionales, incluidos los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria. El Consejo Audiovisual de Andalucía contribuirá a fomentar la igualdad de género en programaciones y publicidad. El Instituto Andaluz de la Mujer elaborará anualmente un informe sobre la imagen de las mujeres, que será remitido al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

Artículo 58. Medios de comunicación social

Los medios de comunicación social públicos incorporarán la perspectiva de género de forma transversal. Los medios de comunicación social evitarán contenidos sexistas que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género, presentarán a las hijas e hijos menores de las víctimas como víctimas directas y adoptarán, mediante autorregulación, códigos de conducta. La Junta garantizará la igualdad y transversalidad de género en el sector audiovisual con seis medidas, como un código de buenas prácticas, y promoverá la presencia equilibrada en los órganos de dirección y decisión de los medios.

Artículo 59. Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Se creará la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, órgano colegiado para el seguimiento de las acciones y actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de género. En ella estarán representadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía y la presidirá la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad. Su composición, competencias y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

Artículo 60. Unidades de igualdad de género

Se crean Unidades de Igualdad de Género en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, para impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas. Cada Consejería encomendará las funciones de la Unidad a uno de sus órganos directivos, en los términos que se establezcan reglamentariamente. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el asesoramiento y la formación de su personal en materia de igualdad de género para implementar eficazmente las políticas públicas con perspectiva de género.

Artículo 61. Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género

Se creará el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género como órgano asesor, adscrito a la Consejería competente en igualdad, destinado a detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en Andalucía. En colaboración con la Unidad Estadística y Cartográfica de esa Consejería definirá los indicadores para el análisis de la igualdad de género, teniendo en cuenta la información generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Sus funciones, composición, funcionamiento y áreas de intervención se determinarán reglamentariamente.

Artículo 62. Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres

Se crea el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, adscrito a la Consejería competente en materia de igualdad, como órgano de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta de Andalucía. Sus funciones y composición se regularán mediante decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 62 bis. Centros municipales de información a la mujer

Los centros municipales de información a la mujer son las unidades de atención integral e información a las mujeres, en especial a las víctimas de violencia de género; además llevan a cabo actuaciones de sensibilización en políticas de igualdad y fomento de la participación de las mujeres. La Administración de la Junta de Andalucía promueve su creación y mantenimiento en cofinanciación con las corporaciones locales, que será del cincuenta por ciento. Sus funciones, composición y funcionamiento se fijan por reglamento.

Artículo 63. Coordinación de los poderes públicos de Andalucía para la igualdad de mujeres y hombres

Se creará la Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad de género, para coordinar e impulsar la integración del enfoque de género en las políticas y programas de igualdad de mujeres y hombres desarrollados por las distintas Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma. Dependerá de la Consejería competente en materia de igualdad y estará compuesta por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía, de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos. Sus funciones, composición y funcionamiento se fijan por reglamento.

Artículo 64. Evaluación de la aplicación de la ley

En los términos en que reglamentariamente se determine, se elaborará un informe periódico sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Estará coordinado por la Consejería que ostente las competencias en materia de igualdad y establecerá los criterios correctores que correspondan con la finalidad objeto de la ley.

Artículo 65. Igualdad de trato en el acceso al uso de bienes y servicios y su suministro

Los poderes públicos de Andalucía adoptarán las medidas necesarias para garantizar el respeto al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, mediante la ausencia de discriminación directa e indirecta por razón de sexo, en el acceso a bienes y servicios y su suministro. La prestación de bienes y servicios de forma exclusiva o principal a las personas de uno de los sexos solo es admisible cuando la diferencia de trato esté justificada por un propósito legítimo y los medios para lograr tal finalidad sean adecuados y necesarios.

Artículo 66. Acción de cesación y rectificación de la publicidad ilícita

El Instituto Andaluz de la Mujer y las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de las mujeres están legitimados para ejercitar la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. El Consejo Audiovisual de Andalucía podrá solicitar de los anunciantes y empresas audiovisuales, por iniciativa propia o a instancia de las partes interesadas, el cese o la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida y, cuando proceda, disponerlo, conforme a la legislación aplicable y en los supuestos que esta establezca.

Artículo 67. Dictámenes

El Instituto Andaluz de la Mujer es el órgano de la Administración de la Junta de Andalucía competente para emitir, en su ámbito de competencias, los dictámenes previstos en el apartado 3 del artículo 95 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Artículo 68. Competencia

Corresponde al Instituto Andaluz de la Mujer la defensa y asistencia a las mujeres ante situaciones de discriminación por razón de sexo y la promoción del cumplimiento del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A esos efectos, y sin perjuicio de las funciones que tiene encomendadas legalmente, ejercerá las funciones previstas en el artículo 69.

Artículo 69. Funciones

El Instituto Andaluz de la Mujer, sin perjuicio de sus funciones legales: a) practica investigaciones, de oficio o a instancia de parte, sobre posibles discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, a efectos de incoar el procedimiento sancionador; b) facilita vías de negociación y dirige recomendaciones a personas físicas y jurídicas, con seguimiento de su cumplimiento; c) asesora a las mujeres; d) difunde sus actividades e investigaciones y elabora informes y dictámenes; e) colabora con la autoridad laboral y en especial con la Inspección de Trabajo.

Artículo 70. Deber de colaboración

Todas las personas físicas y jurídicas sometidas a investigación deben facilitar la labor del Instituto Andaluz de la Mujer: aportar, en el plazo que se determine reglamentariamente, los datos, documentos, informes o aclaraciones que, siendo necesarios para esclarecer los hechos, se les soliciten, y facilitar, previo aviso, el acceso a sus dependencias. Si estas coinciden con su domicilio particular, deberá obtenerse su expreso consentimiento.

Artículo 71. Procedimiento de investigación

El procedimiento de investigación relativo a las competencias y funciones del Instituto Andaluz de la Mujer establecidas en los artículos 68 y 69 de la ley no se regula en este artículo: se establecerá reglamentariamente.

Artículo 72. Información y asesoramiento sobre discriminación por razón de sexo

La Consejería competente en materia de igualdad garantizará, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, servicios de información y asesoramiento a las mujeres ante situaciones de discriminación por razón de sexo y/o situación familiar.

Artículo 73. Infracciones

Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes. Si pudieran ser delito o falta, el órgano administrativo da traslado al Ministerio Fiscal y se abstiene de proseguir mientras la autoridad judicial no se pronuncie; la sanción penal excluye la administrativa. La causa penal suspende el procedimiento sancionador por los mismos hechos si se estima identidad de sujeto, hecho y fundamento. Las medidas adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantienen hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre ellas.

Artículo 74. Clasificación de las infracciones

Artículo 75. Infracciones leves

Son infracciones leves tres conductas: a) la insuficiente o parcial colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer durante la acción investigadora e inspectora de este; b) la insuficiente o parcial colaboración con la actuación inspectora de la Administración de la Junta de Andalucía; y c) las acciones u omisiones tipificadas como graves o muy graves, cuando se hayan cometido por imprudencia o simple negligencia.

Artículo 76. Infracciones graves

Graves: negarse a colaborar con la investigación del Instituto Andaluz de la Mujer o con la inspección de la Junta, o impedir su ejercicio; actos que dificulten o impidan derechos de la ley y discriminen por razón de sexo; libros de texto y materiales curriculares sexistas en centros docentes; publicidad que use el cuerpo de las mujeres como reclamo desvinculado del producto; actos discriminatorios en pruebas y premios deportivos; actos culturales, artísticos o lúdicos sexistas; cláusulas discriminatorias en negocios jurídicos; y reincidir en falta leve de la misma naturaleza en dos años.

Artículo 77. Infracciones muy graves

Muy graves: a) el comportamiento contrario a los derechos de la ley, de naturaleza sexual o no, realizado en función del sexo de una persona, que atente contra su dignidad creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; b) la represalia o trato vejatorio por haber presentado queja, reclamación o denuncia; c) el lenguaje discriminatorio o los mensajes o imágenes estereotipadas de subordinación o desigualdad en los medios de comunicación social de Andalucía; y d) la reincidencia en falta grave de la misma naturaleza sancionada por resolución firme en los dos años anteriores.

Artículo 78. Responsabilidad

Responden de las infracciones, atendiendo a cada caso, las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito laboral. También responde quien coopere con una acción u omisión sin la cual la infracción no se hubiese producido. Si la obligación corresponde a varias personas conjuntamente, responden de manera solidaria de las infracciones y de las sanciones.

Artículo 79. Prescripción de las infracciones

Las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año. La regla se establece sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 80. Sanciones

Leves: apercibimiento o multa de hasta 6.000 euros. Graves: multa de 6.001 hasta 60.000 euros y, como accesorias, prohibición de acceder a ayudas públicas de la Junta y sus agencias hasta tres años o su pérdida automática, inhabilitación temporal hasta tres años y cierre o suspensión temporal hasta tres años. Muy graves: multa de 60.001 hasta 120.000 euros; prohibición e inhabilitación de tres a cinco años y cierre o suspensión hasta cinco años. En graves y muy graves se pierden automáticamente, con reintegro, ayudas, bonificaciones y subvenciones desde la fecha de la infracción.

Artículo 81. Graduación de las sanciones

La sanción será proporcional a la infracción y se gradúa ponderando siete criterios: naturaleza y gravedad de los perjuicios; intencionalidad; trascendencia social de los hechos o su relevancia; beneficio obtenido; incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía; reparación voluntaria de los daños o subsanación de los efectos antes de que recaiga resolución definitiva; y reincidencia. En las sanciones pecuniarias, cometer la infracción no debe resultar más beneficioso que cumplir las normas infringidas.

Artículo 82. Prescripción de las sanciones

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 83. Publicidad y comunicación de las sanciones

Los órganos competentes para resolver acordarán publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las sanciones por infracciones graves y muy graves una vez firmes; en las muy graves la publicación podrá extenderse a los medios de comunicación social. El coste corre a cargo de la persona o entidad sancionada. Se indican nombres, apellidos, denominación o razón social de los responsables y el tipo de infracción. La prohibición de acceder a ayudas públicas se comunica además a la base de datos de subvenciones de la Junta de Andalucía y a la base de datos nacional de subvenciones.

Artículo 84. Reducción de la sanción

Las multas se reducen en un treinta por ciento de la cuantía cuando la persona presunta infractora abone la multa en cualquier momento anterior a la resolución. La reducción no se aplicará cuando la sanción se imponga por una infracción muy grave y cuando la persona infractora haya cometido una o varias infracciones de la misma naturaleza en los cinco años anteriores, con imposición de sanción que sea firme.

Artículo 85. Órganos competentes

Sancionar exige incoar antes un procedimiento sancionador. Lo inicia la persona titular del centro directivo de la Consejería competente por razón de la materia; el acuerdo de inicio fija el órgano instructor. Sancionan: las leves, la persona titular del Instituto Andaluz de la Mujer; las graves, la titular de la Consejería competente en materia de igualdad; las muy graves, el Consejo de Gobierno. En los artículos 76.e) y 77.c) incoa y resuelve el Consejo Audiovisual de Andalucía; en el 76.d), instruye, propone y sanciona la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 86. Procedimiento sancionador

Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores deben aplicar la normativa de procedimiento sancionador a los ámbitos de competencia de la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con diez principios: legalidad, competencia, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, prohibición de doble sanción, presunción de inocencia y prohibición de analogía.

Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley tiene un doble objeto. Primero, actuar contra la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y se extiende como violencia vicaria sobre las víctimas que la Ley contempla. Segundo, adoptar medidas para erradicarla: prevención, protección integral a las víctimas, sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y recuperación, y todas las que resulten necesarias.

Artículo 1 bis. Concepto de víctima de violencia de género

Son víctimas, con los derechos de la Ley sin necesidad de denuncia y sea la violencia física, psicológica, sexual o económica: a) la mujer que, por serlo y con independencia de su edad, orientación, origen u otra condición, sufra un daño o perjuicio sobre su persona (incluye a las menores de edad); b) las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre; c) menores, mayores, personas con discapacidad o en dependencia sujetos a tutela o guarda y custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento; d) las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica en todo el territorio andaluz. En particular: a) a las actuaciones de los poderes públicos sujetos a las leyes andaluzas; b) a la Administración local; c) a la Administración de la Junta, y en ambos casos a sus organismos autónomos y entidades con personalidad jurídica propia en que sea mayoritaria su representación directa. Tienen garantizados los derechos todas las víctimas que se encuentren en territorio andaluz, con independencia de la vecindad civil, nacionalidad o situación administrativa y personal. Se aplica también a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.

Artículo 3. Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género

Violencia de género es la que, como consecuencia de una cultura machista y manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo y se extiende como violencia vicaria. Comprende actos que impliquen o puedan implicar perjuicios físicos, psicológicos, sexuales o económicos, y las amenazas, la coerción o las privaciones arbitrarias de libertad, en la vida pública o privada. Tipología: física, psicológica, sexual y económica. El apartado 4 recoge, «entre otros», manifestaciones de la a) a la o).

Artículo 4. Principios rectores

Los poderes públicos de Andalucía, para erradicar la violencia de género, se inspiran en estos fines y principios: a) enfoque multidisciplinar y acciones coordinadas; b) integrar la erradicación en las políticas públicas; c) garantizar derechos con universalidad, accesibilidad, proximidad, confidencialidad, protección de datos, tutela y acompañamiento y respeto a la capacidad de decisión; d) sensibilización, formación e información; e) cooperación y participación social; f) reforzar los servicios sociales; g) acceso a las ayudas económicas; h) sistema integral de tutela institucional.

Artículo 5. Fomento de las investigaciones

Para conocer la situación real de la violencia de género, la Administración de la Junta de Andalucía: a) fomentará estudios e investigaciones sobre su realidad, causas y efectos, incidencia y percepción social, velando por que se incorpore la perspectiva de género y la feminista sea eje central, transversal y prioritario; b) impulsará y mantendrá un sistema de indicadores con datos estadísticos desagregados, al menos, por sexo, grupos de edad y discapacidad; c) evaluará el resultado e impacto de las políticas de erradicación y de las acciones de atención integral a las víctimas.

Artículo 6. Líneas de investigación

La Administración de la Junta de Andalucía investigará la violencia de género; en particular: causas, consecuencias, factores de riesgo y prevalencia, con atención a formas nuevas o emergentes; instrumentos de erradicación; masculinidades hegemónicas; repercusiones en la salud; consecuencias en el empleo; incidencia en mujeres con especiales dificultades (rurales e inmigrantes); tratamiento en medios y publicidad, y las que fije el Plan integral del artículo 8. Garantizará su difusión y los datos se desagregarán por sexo, edad, medio rural y urbano y discapacidad, entre otros.

Artículo 7. Análisis de la violencia de género

La Consejería competente en materia de violencia de género desarrollará los instrumentos específicos necesarios para supervisar, observar y evaluar la efectividad de las medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género y la evolución de sus manifestaciones. Incorporará los indicadores necesarios, incluidos los de carácter presupuestario, a fin de asegurar que los objetivos se lleven a cabo, así como el nivel de cumplimiento a medio y largo plazo.

Artículo 7 bis. Observatorio Andaluz de la Violencia de Género

El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género es un órgano colegiado, de composición interdepartamental, con participación administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de las políticas y medidas contra todas las formas de violencia de la Ley, que analiza y difunde. En colaboración con la Unidad Estadística y Cartográfica de las Consejerías competentes en igualdad y en violencia de género, define los indicadores, las fuentes de información de referencia y la metodología de cálculo, teniendo en cuenta la información del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

Artículo 8. Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género

El Consejo de Gobierno aprueba cada cinco años el Plan integral de sensibilización y prevención, que coordina la Consejería competente en violencia de género con participación de las Consejerías implicadas. Desarrolla, como mínimo, estrategias de educación, comunicación, detección, atención y prevención, sensibilización de la población masculina, formación de profesionales, también en el ámbito laboral, coordinación y protocolos. Las campañas ponen el foco en el maltratador, incluyen el término «superviviente», se dirigen a jóvenes e incorporan a mujeres con discapacidad y del ámbito rural.

Artículo 9. Apoyo al movimiento asociativo

La Administración de la Junta de Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones de mujeres, así como de otros colectivos y asociaciones dedicadas a la erradicación de la violencia de género y que lleven a cabo programas que actúen sobre su prevención y sensibilización, así como las que constituyan grupos de autoayuda y fomenten la creación de redes de apoyo.

Artículo 10. Actividades culturales, artísticas y deportivas

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará las manifestaciones sociales, especialmente las culturales, artísticas y deportivas, que promuevan la sensibilización social contra la violencia de género y contribuyan a la recuperación de las víctimas. Además, tendrá como objetivo principal impulsar la tolerancia cero con respecto a la violencia de género, poniendo los medios necesarios, personales, materiales y económicos, para evitar cualquier práctica cultural, artística o deportiva que constituya o incite a la violencia de género.

Artículo 10 bis. Programas dirigidos a hombres para la erradicación de la violencia de género

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá programas y actuaciones de prevención de todas las formas de violencias y desigualdades de género dirigidos a hombres. Podrán incluir medidas de reducción del riesgo mediante reeducación social, que podrá comprender tratamiento psicológico, readaptación, resocialización y rehabilitación. Su dotación en ningún caso minorará la de protección integral de las víctimas. Se desarrollarán con criterios de calidad y perspectiva de género, y cabe suscribir convenios con otras Administraciones públicas y organismos competentes.

Artículo 11. Prevención en el ámbito educativo

La Administración educativa contribuirá a que la acción educativa sea elemento fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres, e impulsará actividades dirigidas a la comunidad escolar (alumnado, profesorado y asociaciones de madres y padres). Define la coeducación; sus valores y los principios de la escuela inclusiva deben tener carácter permanente y transversal. Los libros de texto se supervisan dentro del proceso ordinario de inspección y se fomenta la resolución pacífica de conflictos entre niñas, niños y adolescentes.

Artículo 12. Currículo educativo

La Administración educativa incorpora en los diferentes elementos del currículo medidas de prevención y erradicación de la violencia de género; incluye en los planes de acción tutorial de los distintos niveles educativos contenidos específicos sobre la construcción de roles de género; fomenta actividades extraescolares y de ocio con participación conjunta de niños y niñas en los momentos de juego; y traslada al profesorado, a los consejos escolares, a la inspección educativa y a las empresas editoriales recomendaciones sobre los criterios de selección de los materiales curriculares.

Artículo 13. Seguimiento en los Consejos Escolares

En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados se designa una persona, con formación en igualdad de género, que impulsa y lleva a cabo el seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo escolar de Andalucía se asegura la representación del Instituto Andaluz de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres con representación en todo el territorio andaluz.

Artículo 14. Detección y atención a la violencia de género

Las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. También adoptarán medidas, a través de los protocolos, cuando haya indicios de que un alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional con violencia de género. El Consejo Escolar de Andalucía, en colaboración con la Consejería competente en materia de violencia de género y la Consejería de Educación, elaborará un informe anual.

Artículo 15. Inspección educativa

Los servicios de la inspección educativa tienen dos encargos. Primero, velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en el capítulo, destinados a prevenir la violencia de género, contribuyendo a su erradicación y, en su caso, a la denuncia pertinente. Segundo, velar porque el profesorado que ha de impartir esos principios y valores no se encuentre condenado o incurso en causas relativas a la violencia de género.

Artículo 16. Enseñanza universitaria

La Junta de Andalucía y las Universidades andaluzas, en sus respectivas competencias, fomentarán los estudios y conocimientos transversales orientados a promover el desarrollo emocional, la coeducación, la prevención de la violencia de género y las relaciones de igualdad entre mujeres y hombres. En especial se promoverán los contenidos sobre violencia de género en los ámbitos académicos que intervengan en la atención a las mujeres y en los que formen a profesionales de la enseñanza y de los medios de comunicación. La administración educativa competente los promoverá en grado y postgrado.

Artículo 17. Publicidad y medios de comunicación

Los organismos competentes de la Junta prohibirán que los medios sometidos al ámbito competencial autonómico difundan contenidos, espacios o publicidad sexistas, discriminatorios, vejatorios, estereotipados o que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género. Los medios de titularidad pública autonómica impulsarán publicidad específica y campañas continuadas, además de las de fechas conmemorativas: entre otras, 6 de febrero, 23 de septiembre y 25 de noviembre. El Gobierno de Andalucía velará para que no se reincida, especialmente en medios financiados con presupuestos de la Junta.

Artículo 18. Consejo Audiovisual de Andalucía

El Consejo Audiovisual de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en su Ley de creación, adoptará las medidas que procedan para que los medios audiovisuales sobre los que ejerce sus funciones traten y reflejen la violencia de género en toda su complejidad. Además, asegurará el cumplimiento de los principios rectores de la Ley, sin perjuicio de las actuaciones de cesación que puedan ejercer otras entidades y personas.

Artículo 19. Medios de comunicación públicos y privados de Andalucía

Los medios de comunicación de Andalucía tienen tres cometidos: a) promoverán la elaboración de mecanismos de autorregulación que garanticen la adecuada difusión de las informaciones relativas a la violencia de género, de acuerdo con los principios de la ética periodística; b) difundirán información sobre la protección a las mujeres, sobre los recursos a su disposición y de las campañas de sensibilización; c) velarán para que los programas de sensibilización y formación se emitan en un horario variado que pueda ser visto por toda la población.

Artículo 20. Formación de profesionales y del personal de la Administración de la Junta de Andalucía

La Junta, bajo la coordinación de la Consejería competente en materia de violencia de género, contemplará programas formativos para su personal en general. El personal que atiende a víctimas o a agresores y el que pudiera formar parte de las comisiones de acoso sexual y por razón de sexo recibirá formación permanente y especializada, obligatoria. Las pruebas de acceso a la función pública andaluza incluirán como materia la violencia de género, sus causas y sus consecuencias. La formación en colegios profesionales y entidades científicas se promoverá mediante convenios de la Ley 40/2015.

Artículo 21. Formación en el ámbito judicial

La Junta de Andalucía fomentará la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. En el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y médicos forenses. Asimismo se promoverá la formación específica necesaria para las personas profesionales del ámbito jurídico que tengan relación con el objeto de la Ley.

Artículo 22. Formación en el ámbito educativo

Las Administraciones educativas incluirán en los planes de formación inicial y permanente del profesorado formación específica en igualdad de género, que abarca también la detección precoz de la violencia de género en el ámbito familiar. Habrá contenidos de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género en la fase de prácticas del profesorado, en la formación inicial obligatoria de la función directiva y en las prácticas de acceso al Cuerpo de Inspección de Educación. Padres, madres y quienes asuman la tutela, guardia o custodia recibirán formación en coeducación.

Artículo 23. Formación en el ámbito de la seguridad

En el marco de sus competencias, la Junta de Andalucía y las entidades locales que cuenten con cuerpos de policía promoverán la organización de cursos de formación en materia de violencia de género. La Consejería competente en la formación de acceso y perfeccionamiento del personal de la seguridad en Andalucía adoptará las medidas necesarias para incluir conocimientos específicos en sus distintos niveles de formación. La Junta promoverá, en el seno de las unidades policiales que en cada momento estén bajo su dependencia, la formación necesaria para las funciones de prevención y protección.

Artículo 24. Formación a profesionales de la salud

Los planes y programas de salud deberán incluir la formación del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía para abordar de forma adecuada: la detección precoz; la atención a la violencia de género en sus múltiples manifestaciones y sus efectos en la salud de las mujeres; la rehabilitación de éstas, y la atención a los grupos de mujeres con especiales dificultades. La formación se dirigirá prioritariamente a los servicios de atención primaria y de atención especializada con mayor relevancia para la salud de las mujeres.

Artículo 25. Formación de los profesionales de los medios de comunicación

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la formación específica de profesionales de los medios de comunicación sobre la prevención y tratamiento de la violencia de género. La vía prevista son los acuerdos con las empresas: la Junta impulsa esa formación a través de ellos.

Artículo 25 bis. Formación en el ámbito de los servicios sociales y de otros profesionales

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá formación específica en violencia de género: 1) al personal del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, impulsando la investigación y divulgación de resultados; 2) a quienes trabajen con menores en riesgo o desprotección social y su ámbito familiar, o con autores o víctimas. 3) Mediante acuerdos con organizaciones empresariales y sindicales impulsará incluirla en sus planes de formación, con especial atención al acoso laboral por cuestión de género. 4) Se potenciará en la formación profesional para el empleo.

Artículo 25 ter. Formación de calidad

Los poderes públicos promoverán y velarán a fin de garantizar la calidad en la formación, que deberá ser impartida por personas y colectivos expertos y con acreditado conocimiento en género e igualdad, que por su trayectoria y capacitación garanticen la incorporación de la perspectiva de género. En especial, impartirán formación permanente y especializada, con carácter obligatorio, al personal responsable de la atención a las víctimas de la violencia de género.

Artículo 26. Derecho a la información

Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a las mujeres víctimas el derecho a: a) recibir en cualquier momento información, asesoramiento y atención adecuada (mujeres con discapacidad, con los medios de apoyo necesarios; extranjeras, con intérprete cuando así se requiera); b) recibir información sobre centros, recursos y servicios de atención de Andalucía; c) acceder a la información a través de las nuevas tecnologías. Comprende las medidas de protección y seguridad, los derechos y ayudas y el lugar de prestación de los servicios.

Artículo 27. Derecho a la atención especializada

Las Administraciones públicas de Andalucía, en sus competencias, garantizarán a las mujeres víctimas el derecho a: atención social integral; acogida en los centros especializados dependientes de la Junta de Andalucía; asistencia sanitaria y psicológica especializada, y asistencia jurídica especializada. Se extienden a las víctimas de las letras b), c) y d) del artículo 1 bis. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará programas específicos para víctimas especialmente vulnerables, entre otras: trata y explotación sexual, medio rural, discapacidad, inmigrantes y minorías étnicas.

Artículo 28. Derecho a la intimidad y privacidad

La Administración de la Junta de Andalucía, las organizaciones empresariales y las organizaciones sociales deberán proteger, en todo caso, la intimidad y privacidad de la información sobre las mujeres víctimas de violencia de género, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Especialmente, garantizarán la confidencialidad de los datos personales de los que pudiera deducirse su identificación y paradero, así como los referentes a sus hijos e hijas y menores que estén bajo su guarda y custodia.

Artículo 29. Derecho a la escolarización inmediata en caso de violencia de género

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la escolarización inmediata de los hijos e hijas y de los menores a su cargo que se vean afectados por un cambio de residencia como consecuencia de la violencia de género, asegurando en todo momento la confidencialidad de su situación.

Artículo 29 bis. Protección de la infancia y la adolescencia

La Administración de la Junta de Andalucía: 1) garantizará la protección social ante cualquier manifestación de violencia de género (artículo 3.3) ejercida sobre la infancia y la adolescencia, incluyendo el acoso escolar por razón de género; 2) facilitará atención psicológica especializada a las menores de edad que la hayan sufrido en relaciones de afectividad, aun esporádicas, y orientación e información a sus madres, padres y/o tutores; 3) incorporará actuaciones ante la violencia de género realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales.

Artículo 29 ter. Protección a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que convivan con la mujer víctima de violencia de género

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la protección social ante cualquier manifestación de violencia de género (apartado 3 del artículo 3) ejercida sobre personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento. También garantizará el acceso de estas personas a centros residenciales y unidades de día en situaciones de emergencia, especialmente ante resultado de muerte de la mujer víctima de violencia de género.

Artículo 30. Acreditación de la violencia de género

Cuando se exija acreditar la situación de violencia de género para reconocer derechos, se hará, según lo establecido para cada caso, por: certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios, de atención a víctimas o de acogida de la Administración Pública competente; informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral); resoluciones judiciales; informe del Ministerio Fiscal; atestado de la autoridad policial, o cualquier otro establecido por norma de rango legal. El procedimiento se determinará reglamentariamente.

Artículo 31. Actuaciones de colaboración

Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración para ordenar sus actuaciones de prevención, asistencia y persecución de la violencia de género, que deberán implicar a las Administraciones sanitarias, la Administración de justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad. La Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales que cuenten con Cuerpos de Policía cooperarán, proveerán lo necesario para aplicar las medidas judiciales de protección y elaborarán protocolos con los órganos judiciales.

Artículo 32. Plan de Seguridad Personal

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá un acuerdo con la Administración General del Estado para arbitrar un Plan de Seguridad Personal, que garantice la seguridad y protección de las víctimas. La Junta promueve el acuerdo y el Plan se arbitra a través de él.

Artículo 32 bis. Plan integral personal de carácter social

A efectos del artículo 27 de la Ley, la Administración de la Junta de Andalucía impulsará la elaboración e implantación de un Plan integral personal de carácter social que garantice la protección social de cada víctima de violencia de género. Lo elaboran de forma coordinada las Administraciones competentes en la materia, da una respuesta individual a cada víctima e integra las medidas de protección social adecuadas a su situación personal y necesidades, que se gestionan a través de un expediente único. El Plan prevé mecanismos para su seguimiento y evaluación.

Artículo 33. Planes de salud

El Plan Andaluz de Salud establecerá medidas específicas de prevención, detección precoz, atención e intervención, y de seguimiento y evaluación del impacto en salud. La detección precoz es objetivo de los servicios de salud públicos y privados: la Consejería competente en materia de salud fija los programas, con especial consideración a las mujeres con mayor riesgo o dificultades, y afecta a todos los centros sanitarios autorizados en Andalucía. El Gobierno andaluz, a través de la red de utilización pública, garantiza un protocolo con tratamiento específico para la agresión sexual.

Artículo 34. Atención a las víctimas

El Sistema Sanitario Público de Andalucía prestará a las personas víctimas de violencia de género la atención sanitaria necesaria, con especial atención a la salud mental. La Consejería competente en materia de salud establecerá los mecanismos de seguimiento específicos que permitan elaborar estadísticas y evaluar los efectos producidos por las situaciones de violencia de género.

Artículo 35. Asistencia letrada

La Administración de la Junta de Andalucía garantiza a las mujeres víctimas de violencia de género la orientación jurídica y la defensa y asistencia legal, asumidas por una misma dirección letrada especializada y una misma representación procesal, desde que se requiera y en todos los procesos con causa directa o indirecta en la violencia de género hasta su finalización, incluida la ejecución de la sentencia. Asiste también a los causahabientes si la mujer fallece. Garantiza además turno de guardia letrado las 24 horas, especializado, a través de los Colegios de Abogados de Andalucía.

Artículo 35 bis. Atención integral

Se garantiza a todas las mujeres en situación de violencia de género, hayan iniciado procedimiento judicial o no, asesoramiento y acompañamiento por profesionales, también durante el proceso judicial. Hay derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia (también los causahabientes si la víctima fallece y no fueran partícipes en los hechos) y a asistencia psicológica: atención inicial y seguimiento. Si se renuncia a la denuncia o al proceso, se deriva a servicios especializados. La Administración andaluza dispondrá de un protocolo de acompañamiento.

Artículo 36. Juzgados de Violencia sobre la Mujer

La Consejería competente en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con las necesidades detectadas, promoverá la creación de juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer y de las secciones de la Fiscalía que correspondan. También tomará las medidas necesarias para que en todos los juzgados especializados en violencia de género y en los juzgados mixtos que tengan asumidas estas competencias existan instalaciones que eviten el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el denunciado o investigado, de otra.

Artículo 37. Unidades de valoración integral de la violencia de género

La Consejería que ostente las competencias en materia de Administración de Justicia organiza, a través de sus Institutos de Medicina Legal, las unidades de valoración integral. Valoran: los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas; los efectos de la exposición y de las agresiones en hijos, hijas y menores a su cargo; la incidencia, peligrosidad objetiva y riesgo de reincidencia del agresor; y procedimientos civiles. Las integra personal de la Medicina Forense, la Psicología y el Trabajo Social, bajo la dirección de quien coordina la unidad.

Artículo 38. Personación de la Administración de la Junta de Andalucía

La Administración de la Junta de Andalucía deberá personarse, de acuerdo con la legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia de género cometidos en Andalucía en los que se cause la muerte a mujeres y menores. Podrá personarse, de forma debidamente justificada, en procedimientos por actos de violencia de género cometidos en Andalucía a causa de su especial gravedad o repercusión social. Además garantizará la formación y apoyo técnico adecuado en materia de violencia de género a los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Artículo 39. Información y asesoramiento

Las Administraciones públicas de Andalucía, y en particular la Consejería competente en materia de igualdad, contarán con servicios de información accesibles que comprenderán, al menos: medidas de protección y seguridad; derechos y ayudas; servicios de emergencia, acogida y atención integral y su lugar de prestación; y momento procesal de las actuaciones. Garantizarán el acceso integral a la información de las mujeres con discapacidad e inmigrantes. Se fomentará la colaboración de esa Consejería con las Corporaciones locales, organizaciones sociales y asociaciones de mujeres.

Artículo 40. Garantías de atención

La Administración de la Junta de Andalucía velará para que las unidades policiales, los funcionarios y el personal que ejerzan la asistencia y asesoramiento en los servicios relacionados con la atención a las víctimas de violencia de género no se encuentren condenados o incursos en causas relativas a la violencia de género.

Artículo 41. Competencia de los municipios

Además de las otras funciones de la Ley que les corresponda asumir por sus competencias, corresponde a los municipios: colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e información a las mujeres; crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género; y derivar a los servicios especializados todos los casos de los que tengan conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local. Todas sus actuaciones deben guardar la debida coherencia con las directrices aprobadas por la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 41 bis. Centros municipales de información a la mujer

Los centros municipales de información a la mujer, creados en el ámbito local, son las unidades de atención integral e información a las mujeres y en especial a las víctimas de violencia de género. Cuentan con equipos multidisciplinares con especialización y formación acreditada, permanente y continuada. Actúan en coordinación con los organismos autonómicos de igualdad, violencia de género, administración de justicia, seguridad, educación, salud, servicios sociales y empleo, para homogeneizar en Andalucía el tratamiento y atención, con total respeto a la autonomía local.

Artículo 42. Atención de emergencia

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la atención y acogida inmediata a las mujeres, y a los menores a su cargo, que se encuentren en situación de emergencia como consecuencia de la violencia de género, y facilitará la información, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico necesario y los recursos de atención que se precisen en cada caso particular. El acceso a los recursos y servicios de información y de acogida inmediata no requiere la acreditación prevista en el apartado 1 del artículo 30. La atención será realizada por mujeres siempre que la víctima lo solicite.

Artículo 43. Atención integral especializada

La Administración de la Junta de Andalucía garantiza a las víctimas acogida, atención integral especializada y multidisciplinar y medios de apoyo y recuperación. Los medios son especializados, multidisciplinares (jurídica, social, psicológica, inserción laboral, hijos y menores, seguimiento de reclamaciones) y accesibles. Habrá medidas ante mutilación genital femenina y matrimonio forzado. Coordina la Consejería competente en materia de igualdad. Los servicios podrán solicitar al juez medidas urgentes; los medios podrán prolongarse hasta la total recuperación, con seguimiento individualizado.

Artículo 44. Requisitos y tipología de los centros de atención integral y acogida

Los centros de atención integral y acogida se organizan en tres niveles: centros de emergencia (acogida inmediata y temporal, de corta duración), casas de acogida (acogida temporal con atención integral multidisciplinar) y pisos tutelados (viviendas cedidas para uso familiar, con carácter temporal, a mujeres que puedan vivir de forma independiente). La intervención abarca los ámbitos socioeducativo, social, formativo, psicológico y jurídico. La Consejería competente fija reglamentariamente requisitos y régimen de autorizaciones; la Junta ampliará la red pública según la demanda.

Artículo 45. Atención a colectivos especialmente vulnerables

La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el ingreso preferente en la red pública de centros a mujeres que, además de sufrir violencia de género, tengan otras problemáticas: en particular enfermedad mental, prostitución, mujeres inmigrantes, discapacidad, mayores sin recursos y adicción. Garantizará, si lo solicitan en el Programa Individual de Atención (PIA), el ingreso en el Servicio de Atención Residencial, incluido el grado I (dependencia moderada). Establecerá medidas para personas especialmente vulnerables convivientes y podrá suscribir acuerdos con organizaciones sociales.

Artículo 46. Ayudas económicas

La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, garantizará el acceso a las ayudas económicas previstas para las mujeres víctimas de violencia de género y las personas de ellas dependientes. Las dotaciones se preverán presupuestariamente, con previsiones suficientes para que todas las víctimas sin recursos económicos puedan acceder. El Gobierno Andaluz debe consignar en sus presupuestos los créditos necesarios para financiar todas las prestaciones garantizadas, prestaciones de servicios, recursos, programas, proyectos y otras actuaciones recogidas en la Ley.

Artículo 46 bis. Prestación económica a los hijos e hijas menores de edad de las mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género

Los hijos e hijas menores de edad, cualquiera que sea su filiación, de las mujeres víctimas mortales por violencia de género tienen derecho a una prestación económica anual, de cuantía fija por persona beneficiaria, hasta la mayoría de edad, si ellos o la mujer residen en Andalucía en el momento del hecho causante. No pierden la condición de beneficiarios si su tutela la ejerce la Junta u otra Administración Pública. También tienen derecho los menores que hubieran estado bajo la tutela judicial de la víctima. Es compatible y complementaria con cualquier otra prestación por el mismo motivo.

Artículo 47. Ayudas en el ámbito escolar

La Administración de la Junta de Andalucía incluirá la violencia de género en el entorno familiar como factor de valoración para establecer y conceder ayudas destinadas a familias con escasos recursos económicos, dirigidas a compensar las carencias y desventajas que impidan o dificulten el acceso y la permanencia de los menores en el sistema educativo. El mismo criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los hijos e hijas en la adjudicación de plazas de los centros de atención socioeducativa para menores de tres años.

Artículo 48. Viviendas protegidas

Las Administraciones públicas de Andalucía podrán establecer un cupo de reserva en promociones de vivienda protegida, para cesión o adjudicación en alquiler o en propiedad a mujeres que acrediten la situación de violencia de género y con necesidad de vivienda. El Gobierno podrá promover, mediante convenios, procesos específicos de adjudicación. Se establecerán ayudas para el acceso a vivienda protegida en las condiciones reglamentarias. Las mujeres mayores y con discapacidad que sufren violencia de género y en precariedad económica son colectivo preferente en residencias públicas.

Artículo 49. Posibilidad de permuta

Con la finalidad de proteger la integridad física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia de género que así lo acrediten en los términos del artículo 30.1, letra a), de la Ley, se reconoce la posibilidad de autorizar permutas de las viviendas protegidas adjudicadas a estas mujeres. Las Administraciones públicas de Andalucía facilitarán la efectividad de esas permutas.

Artículo 50. Confidencialidad en los procedimientos de concesión y adjudicación

Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán los mecanismos necesarios para procurar la confidencialidad durante el procedimiento de acceso a viviendas protegidas. Asimismo garantizarán la confidencialidad de los datos del domicilio y situación de la mujer, en particular en los ficheros y programas informáticos correspondientes, para asegurar su protección.

Artículo 51. Programas de inserción laboral y de formación para el empleo

Las Administraciones públicas de Andalucía darán prioridad a las mujeres víctimas de violencia de género en sus programas de formación e inserción laboral, especialmente en las acciones formativas con compromiso de contratación. La Administración de la Junta de Andalucía incluirá en los planes de formación para el empleo acciones que mejoren su empleabilidad, con ayudas en las condiciones reglamentarias y definidas por itinerarios personalizados de inserción. Además podrá establecer programas y actuaciones específicas para facilitar el acceso al empleo y la mejora de la empleabilidad.

Artículo 52. Fomento del empleo y del trabajo autónomo

La Administración de la Junta de Andalucía programará para la orientación, formación y seguimiento en el acceso y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, y establecerá acuerdos con empresas y organizaciones sindicales para facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas. También establecerá incentivos a las empresas constituidas por mujeres víctimas de violencia de género o a ellas mismas cuando se constituyan en trabajadoras autónomas, en las condiciones reglamentarias. En las convocatorias de ayudas a proyectos para el trabajo autónomo se priorizarán los presentados por ellas.

Artículo 53. Derechos de las trabajadoras

Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán acciones de sensibilización para que la violencia de género no tenga consecuencias negativas en las condiciones de trabajo, acceso, promoción, retribución o formación. Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia se consideran justificadas cuando lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, y se comunican a la empresa a la mayor brevedad. La trabajadora tiene derecho a reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica y excedencia.

Artículo 54. Negociación colectiva

Las Administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, impulsarán y apoyarán que en la negociación colectiva se incluyan medidas a favor de las mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 55. Concienciación en el ámbito laboral y medidas de responsabilidad social corporativa

Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán acciones específicas de concienciación en el ámbito laboral y medidas de responsabilidad social corporativa. Esas medidas han de impulsar el desarrollo de acciones de concienciación y sensibilización en el ámbito empresarial en materia de violencia de género.

Artículo 56. Derechos de las empleadas públicas de la Junta de Andalucía

De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004, la Administración de la Junta de Andalucía facilitará a todas sus empleadas públicas afectadas por la violencia de género los permisos que correspondan y el ejercicio del derecho a la reducción o la flexibilidad de la jornada, a la movilidad geográfica y a la excedencia, según lo dispuesto en materia de función pública o convenio colectivo. Las faltas de asistencia totales o parciales causadas por la violencia de género son justificadas en el tiempo y condiciones que fijen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda.

Artículo 57. Coordinación y cooperación

La Consejería competente en materia de violencia de género impulsará la formalización de acuerdos de coordinación y cooperación. Son acuerdos entre las Administraciones públicas e instituciones con competencias en la materia objeto de la Ley.

Artículo 57 bis. Ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de género

La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un sistema único de atención a las víctimas de violencia de género que permita darles una respuesta integral, denominado ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de género. A tales efectos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para garantizar la cooperación, la coordinación interinstitucional y el trabajo en red, facilitando la interconexión de los sistemas de atención, protección y seguridad.

Artículo 57 ter. Punto de coordinación de las órdenes de protección

El Punto de coordinación de las órdenes de protección depende de la Consejería competente en materia de violencia de género. Se constituye como una vía específica de comunicación de las órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales. A través de él se articulará una actuación ordenada de los servicios asistenciales y de apoyo a las víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de ofrecerles una atención personalizada y el seguimiento de su situación.

Artículo 58. Comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género

Se crea la Comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género, con el objeto de coordinar, impulsar y evaluar las acciones y medidas que se desarrollen en Andalucía contra la violencia de género. La coordina la Consejería competente en materia de violencia de género y la componen miembros de todas las Consejerías que compongan el Consejo de Gobierno, representantes de las entidades locales y de las asociaciones de mujeres. Su funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.

Artículo 59. Redes de cooperación

Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán redes de intercambio y colaboración. El objetivo es contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y facilitar de este modo a quienes la padecen el acceso a las ayudas y recursos.

Artículo 60. Protocolos de actuación

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá protocolos de actuación, en particular en los ámbitos judicial, médico legal, policial, de salud, social y de los centros y servicios de información y atención integral a las mujeres. Sus objetivos deben: garantizar la atención coordinada y delimitar ámbitos de actuación; establecer mecanismos de coordinación y cooperación; diseñar circuitos de atención; y establecer un modelo único y consensuado de recogida de datos. Deben prever la participación de entidades y asociaciones de mujeres. Su elaboración la impulsa la Consejería competente.

Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley actúa contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas sus cónyuges o excónyuges o quienes estén o hayan estado ligados por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Las medidas buscan prevenir, sancionar y erradicar, y asistir a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores bajo su tutela o guarda y custodia. Comprende todo acto de violencia física y psicológica y la ejercida sobre familiares o allegados menores de edad para dañar a la mujer.

Artículo 2. Principios rectores

La Ley articula un conjunto integral de medidas con once fines, letras a) a k): fortalecer la sensibilización y prevención; consagrar derechos exigibles ante las Administraciones; reforzar los servicios sociales y coordinar los municipales y autonómicos; garantizar derechos laborales, funcionariales y económicos; tutela institucional de la Administración General del Estado mediante la Delegación Especial del Gobierno, con el Observatorio Estatal; fortalecer el marco penal y procesal; coordinar recursos; colaborar con la sociedad civil; especialización profesional y transversalidad.

Artículo 3. Planes de sensibilización

El Gobierno del Estado pondrá en marcha, de manera inmediata a la entrada en vigor de la ley y con dotación presupuestaria, un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, permanente. Como mínimo: nuevas escalas de valores, dirigido a hombres y mujeres, formación de profesionales y control por una Comisión de amplia participación creada en un plazo máximo de un mes. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, oída la Comisión, elabora el Informe anual y lo remite a las Cortes Generales. Las campañas serán accesibles a personas con discapacidad.

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo

El sistema educativo incluye entre sus fines la formación en derechos y libertades, igualdad, tolerancia y libertad, y entre sus principios de calidad eliminar obstáculos a la igualdad y prevenir conflictos. Infantil: aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Primaria: habilidades e igualdad entre sexos. ESO: relacionarse pacíficamente e igualdad de oportunidades. Bachillerato y FP: madurez y análisis crítico de las desigualdades de sexo. Adultos: actividades de resolución pacífica y respeto a la dignidad. Universidades: formación, docencia e investigación en igualdad de género.

Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de género

Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Tres datos: quién (las Administraciones competentes), qué (escolarización inmediata) y cuándo (cambio de residencia derivada de actos de violencia de género).

Artículo 6. Fomento de la igualdad

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. Dos mandatos sobre los materiales: eliminar estereotipos y fomentar el igual valor.

Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los planes de formación inicial y permanente del profesorado incluyan una formación específica en materia de igualdad. Habilita para: a) educar en derechos y libertades, igualdad, tolerancia y libertad; b) educar en la prevención y resolución pacífica de conflictos en la vida personal, familiar y social; c) la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas; d) fomentar iguales derechos y obligaciones y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico.

Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares

Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.

Artículo 9. Actuación de la inspección educativa

Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. Dato clave: el órgano que vigila es la inspección educativa, y lo que vigila es tanto el cumplimiento como la aplicación.

Artículo 10. Publicidad ilícita

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Dos datos: la calificación (ilícita) y el supuesto (uso de la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio).

Artículo 11

El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades.

Artículo 12. Titulares de la acción de cesación y rectificación

Están legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer: la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. La acción se ejercita en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Artículo 13. Medios de comunicación

Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación sobre protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social. Además, la Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces, contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.

Artículo 14

Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Artículo 15. Sensibilización y formación

Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán medidas. Se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario. Las Administraciones educativas competentes asegurarán contenidos de capacitación en licenciaturas, diplomaturas y programas de especialización de las profesiones sociosanitarias. Los Planes Nacionales de Salud que procedan contemplarán un apartado propio.

Artículo 16. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, una Comisión contra la Violencia de Género. Apoya técnicamente y orienta la planificación de las medidas sanitarias del capítulo, y evalúa y propone las necesarias para aplicar el protocolo sanitario. La componen representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Emite un informe anual que se remite al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.

Artículo 17. Garantía de los derechos de las víctimas

Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos de la ley, sin discriminación en el acceso. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica contribuyen a hacer efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, acogida y asistencia social integral tienen carácter de servicios esenciales.

Artículo 18. Derecho a la información

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. Comprende las medidas de protección y seguridad, los derechos y ayudas y el lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. A las mujeres con discapacidad se ofrecerá en formato accesible y comprensible, y será accesible para quienes desconozcan el castellano o la otra lengua oficial de su territorio de residencia.

Artículo 19. Derecho a la atención integral

Las víctimas tienen derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, que las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales organizan según los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La atención multidisciplinar implica especialmente siete aspectos. Los servicios podrán solicitar al órgano judicial medidas urgentes. También tienen derecho los menores bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o que convivan en esos contextos.

Artículo 19 bis. Derecho a la atención sanitaria

El Sistema Público de Salud garantizará a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y el seguimiento de su estado de salud hasta su total recuperación. Los servicios sanitarios deberán contar con psicólogos infantiles para los hijos e hijas menores víctimas de violencia vicaria. Se prestarán garantizando la privacidad y la intimidad y el respeto, en todo caso, a las decisiones de las mujeres. Habrá medidas específicas para mujeres con discapacidad, problemas de salud mental o adicciones.

Artículo 20. Asistencia jurídica

Las víctimas tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia y a defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en los procesos y procedimientos administrativos con causa directa o indirecta en la violencia. Una misma dirección letrada asumirá la defensa si con ello se garantiza el derecho de defensa. El derecho asiste a los causahabientes si la víctima fallece, siempre que no fueran partícipes en los hechos. La víctima puede personarse como acusación particular en cualquier momento, sin retrotraer ni reiterar actuaciones.

Artículo 21. Derechos laborales y de Seguridad Social

La trabajadora víctima tiene derecho a reducir o reordenar su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro, a la adaptación del puesto, a la suspensión con reserva de puesto y a la extinción del contrato. Suspensión y extinción dan lugar a situación legal de desempleo. Los contratos de interinidad para sustituirlas tienen bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales por contingencias comunes: todo el período de suspensión, o seis meses en movilidad geográfica o cambio de centro. A las trabajadoras por cuenta propia se les suspende la cotización seis meses.

Artículo 22. Programa específico de empleo

Dentro de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre) se desarrollará un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Ese programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

Artículo 23. Acreditación de situaciones de violencia de género

La violencia de género se acredita mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o por informe del Ministerio Fiscal que indique indicios. También mediante informe de los servicios sociales, especializados o de acogida, o por cualquier otro título, siempre que lo prevean las disposiciones sectoriales. En menores de edad, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Gobierno y comunidades autónomas diseñan de común acuerdo los procedimientos básicos.

Artículo 24. Ámbito de los derechos

La funcionaria víctima de violencia de género tiene derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia. Todo ello en los términos que se determinen en su legislación específica.

Artículo 25. Justificación de las faltas de asistencia

Las ausencias al trabajo, totales o parciales, de una mujer funcionaria se consideran justificadas cuando están motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género que ha sufrido. La justificación opera en los términos que se determine en su legislación específica.

Artículo 26. Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las funcionarias

Las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo se acreditan en los términos establecidos en el artículo 23. El precepto no describe un sistema de acreditación propio.

Artículo 27. Ayudas sociales

Ayuda de pago único para víctimas sin rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional (excluidas dos pagas extraordinarias), si se presume especial dificultad para obtener un empleo. Importe: seis meses de subsidio; doce con discapacidad del 33 por 100 o más; con responsabilidades familiares, hasta 18, o 24 si la víctima o un familiar conviviente tiene minusvalía del 33 por 100 o más. Las financian los Presupuestos Generales del Estado y las conceden las Administraciones competentes en servicios sociales, con informe del Servicio Público de Empleo.

Artículo 28. Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores

Las mujeres víctimas de violencia de género son consideradas colectivos prioritarios en el acceso a dos recursos: las viviendas protegidas y las residencias públicas para mayores. Esa prioridad se aplica en los términos que determine la legislación aplicable.

Artículo 28 bis. Alcance y garantía del derecho

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, que comprende cuatro elementos: la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.

Artículo 28 ter. Medidas para garantizar el derecho a la reparación

La reparación comprende indemnización, recuperación física, psíquica y social, reparación simbólica y garantías de no repetición. La indemnización cubre, al menos: daño físico y psicológico (con el moral y a la dignidad); pérdida de oportunidades; daños materiales y pérdida de ingresos (con el lucro cesante); daño social (al proyecto de vida); y tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. La satisfacen la o las personas civil o penalmente responsables. Las administraciones aseguran el acceso a ella, garantizan la recuperación y podrán establecer ayudas complementarias.

Artículo 29. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia, formula las políticas públicas sobre violencia de género a desarrollar por el Gobierno, elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres y coordina e impulsa las acciones en la materia. Su titular está legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos e intereses tutelados en la ley. El rango y las funciones concretas de la persona titular se determinan reglamentariamente.

Artículo 30. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Asesora, evalúa, colabora institucionalmente, elabora informes y estudios y hace propuestas de actuación; los datos se consignan desagregados por sexo. Remite al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe anual. Reglamentariamente se fijan funciones, funcionamiento y composición, con participación de Comunidades Autónomas, entidades locales, agentes sociales, asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones de mujeres, empresariales y sindicales.

Artículo 31. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Gobierno establecerá en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. Promoverá que las Policías Locales cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas judiciales previstas en esta Ley, en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. La actuación policial tendrá en cuenta el Protocolo de Actuación y de Coordinación con los Órganos Judiciales. Se aplica en las Comunidades Autónomas con policía propia.

Artículo 32. Planes de colaboración

Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración para ordenar la prevención, asistencia y persecución de la violencia de género, implicando a administraciones sanitarias, Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales y organismos de igualdad. Se desarrollan con protocolos que garanticen la actividad probatoria. Las administraciones sanitarias promoverán protocolos de pautas uniformes, en el ámbito público y privado, en especial el del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se atenderá de forma especial a mujeres con mayor riesgo.

Artículo 33. Suspensión de penas

Da nueva redacción al párrafo segundo del apartado 1, 6.ª, del artículo 83 del Código Penal: si se trata de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª de ese apartado. No es una facultad del órgano judicial: el texto lo impone.

Artículo 34. Comisión de delitos durante el período de suspensión de la pena

Da nueva redacción al apartado 3 del artículo 84 del Código Penal: cuando la pena suspendida sea de prisión por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por el reo de las obligaciones o deberes de las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª del apartado 1 del artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena.

Artículo 35. Sustitución de penas

Da nueva redacción al párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código Penal: si el reo ha sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión solo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. Además, el Juez o Tribunal impondrá la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico y la observancia de las reglas 1.ª y 2.ª del apartado 1 del artículo 83.

Artículo 36. Protección contra las lesiones

Modifica el artículo 148 del Código Penal: las lesiones del apartado 1 del artículo anterior podrán castigarse con prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido, en cinco supuestos: armas, instrumentos o medios concretamente peligrosos; ensañamiento o alevosía; víctima menor de doce años o incapaz; víctima que sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; y persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Artículo 37. Protección contra los malos tratos

Nuevo artículo 153 del Código Penal. Apartado 1 (ofendida esposa o pareja, actual o pasada, aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable conviviente): prisión de seis meses a un año o trabajos de 31 a 80 días, privación de armas de un año y un día a tres años e inhabilitación hasta cinco años. Apartado 2 (resto de personas del artículo 173.2): prisión de tres meses a un año e inhabilitación de seis meses a tres años. Mitad superior: menores presentes, armas, domicilio común o de la víctima, o quebrantamiento. El Juez puede imponer la pena inferior en grado razonándolo en sentencia.

Artículo 38. Protección contra las amenazas

Añade los apartados 4, 5 y 6 al artículo 171 del Código Penal. Apartado 4 (amenaza leve a esposa o pareja, actual o pasada, aun sin convivencia, o a persona especialmente vulnerable conviviente): prisión de seis meses a un año o trabajos de 31 a 80 días, armas de un año y un día a tres años e inhabilitación especial hasta cinco años. Apartado 5 (con armas, a las demás personas del artículo 173.2): prisión de tres meses a un año, armas de uno a tres años e inhabilitación de seis meses a tres años. Mitad superior: menores, domicilio o quebrantamiento. Apartado 6: pena inferior en grado.

Artículo 39. Protección contra las coacciones

Añade un apartado 2 al artículo 172 del Código Penal: quien de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa o pareja, aun sin convivencia, será castigado con prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, privación de armas de un año y un día a tres años e inhabilitación especial hasta cinco años. Igual pena si la víctima es persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Mitad superior: presencia de menores, domicilio común o de la víctima, o quebrantamiento. El Juez puede imponer la pena inferior en grado razonándolo en sentencia.

Artículo 40. Quebrantamiento de condena

Modifica el artículo 468 del Código Penal. Apartado 1: quienes quebranten su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con prisión de seis meses a un año si estaban privados de libertad, y con multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos. Apartado 2: se impondrá en todo caso prisión de seis meses a un año a quienes quebranten una pena del artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en que el ofendido sea alguna de las personas del artículo 173.2.

Artículo 41. Protección contra las vejaciones leves

Nuevo artículo 620 del Código Penal. Multa de diez a veinte días para quien amenace levemente con armas o las saque en riña (1.º) y para quien cause amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve (2.º), salvo que el hecho sea delito; solo perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. En el 2.º, si el ofendido es persona del artículo 173.2: localización permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos de cinco a diez días; no se exige denuncia, excepto para las injurias.

Artículo 42. Administración penitenciaria

La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. Las Juntas de Tratamiento valorarán el seguimiento y aprovechamiento de esos programas por parte de dichos internos en tres decisiones: las progresiones de grado, la concesión de permisos y la concesión de la libertad condicional.

Artículo 43. Organización territorial

Nuevo artículo 87 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en su capital; toman su designación del municipio de su sede. Excepcionalmente pueden extenderse a dos o más partidos de la misma provincia. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, puede acordar, donde convenga por la carga de trabajo, que conozca de estos asuntos un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción. Si en el partido solo hay un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, los asume.

Artículo 44. Competencia

Adiciona el artículo 87 ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En lo penal, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen de la instrucción de los delitos que enumera y de los delitos contra los derechos y deberes familiares, de las órdenes de protección (sin perjuicio del Juez de Guardia) y del conocimiento y fallo de las faltas. En lo civil podrán conocer de siete materias, y su competencia es exclusiva y excluyente si concurren simultáneamente cuatro requisitos. El Juez puede inadmitir la pretensión si de forma notoria no hay violencia de género. La mediación está vedada.

Artículo 45. Recursos en materia penal

Adiciona un ordinal 4.º al artículo 82.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. Para facilitar su conocimiento, y atendiendo al número de asuntos, deberán especializarse una o varias secciones conforme al artículo 98 de esa Ley Orgánica. La especialización se extiende a los supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial enjuiciar en primera instancia asuntos instruidos por esos Juzgados.

Artículo 46. Recursos en materia civil

Adiciona un párrafo al artículo 82.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: las Audiencias Provinciales conocerán, asimismo, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. Para facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones conforme al artículo 98 de esa Ley Orgánica.

Artículo 47. Formación

El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica sobre igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en esos cursos se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas y se tendrá en cuenta la violencia vicaria.

Artículo 48. Jurisdicción de los Juzgados

Modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial: los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido. No obstante, atendidas las circunstancias geográficas, de ubicación y población, podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que atiendan a más de un partido judicial.

Artículo 49. Sede de los Juzgados

El artículo 49 modifica el artículo 9 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Con la nueva redacción, tanto los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen su sede en la capital del partido.

Artículo 50. Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Añade el artículo 15 bis a la Ley 38/1988. La planta inicial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer es la del anexo XIII y se concreta por Real Decreto con tres criterios: crear juzgados donde la carga de trabajo lo aconseje; transformar Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento donde el volumen de asuntos no exija desarrollar la planta; y, si no hace falta un órgano específico, determinar, de existir varios, cuáles asumen la materia junto con el resto de su jurisdicción. Sirven Magistrados los de la capital de provincia y los demás del anexo XIII.

Artículo 51. Plazas servidas por Magistrados

Da nueva redacción al apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38/1988. El Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, los de Primera Instancia e Instrucción y los de Violencia sobre la Mujer sean servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen esa cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija.

Artículo 52. Constitución de los Juzgados

Incluye el artículo 46 ter en la Ley 38/1988. El Gobierno, dentro del marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, oído el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la Comunidad Autónoma afectada, procederá de forma escalonada y mediante Real Decreto a la constitución, compatibilización y transformación de Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción. Mientras las Comunidades Autónomas no fijen la sede de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se entiende situada en las poblaciones del anexo XIII.

Artículo 53. Notificación de las sentencias dictadas por Tribunales

Añade un nuevo párrafo al artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la sentencia se le remitirá por testimonio, de forma inmediata y con indicación de si es o no firme.

Artículo 54. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos

Añade el artículo 797 bis a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si la competencia es del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, diligencias y resoluciones se hacen en horas de audiencia. La Policía Judicial cita ante ese Juzgado en el día hábil más próximo entre los fijados reglamentariamente, y fija día y hora coordinadamente con él. El detenido se pone a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, solo para regularizar su situación personal, cuando no sea posible presentarlo ante el Juzgado competente. El Consejo General del Poder Judicial dicta los Reglamentos de coordinación.

Artículo 55. Notificación de las sentencias dictadas por Juzgado de lo Penal

Añade un apartado 5 al artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la sentencia se le remite por testimonio de forma inmediata. También se le remiten la declaración de firmeza y la sentencia de segunda instancia, esta última cuando sea revocatoria, en todo o en parte, de la sentencia previamente dictada.

Artículo 56. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de faltas

Añade un apartado 5 al artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si la competencia para conocer corresponde al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial hará las citaciones ante ese Juzgado en el día hábil más próximo y fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con él. El Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación.

Artículo 57. Pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer

Añade el artículo 49 bis a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el acto de violencia ya dio lugar a proceso penal u orden de protección, el Juez civil de primera instancia se inhibe y remite los autos al Juez de Violencia sobre la Mujer, salvo iniciada la fase del juicio oral. Si no los hubo, cita a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal en las siguientes 24 horas; el Fiscal decide si denuncia o pide orden de protección en las 24 horas siguientes, y el Tribunal sigue conociendo hasta ser requerido de inhibición. La competencia civil de estos Juzgados es exclusiva y excluyente.

Artículo 58. Competencias en el orden penal

Modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los juicios de faltas son del Juez de Instrucción, salvo competencia del Juez de Violencia sobre la Mujer o del Juez de Paz. El Juez de lo Penal falla los delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años, multa de cualquier cuantía u otras penas que no excedan de diez años; el resto, la Audiencia Provincial. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer instruyen los delitos de la lista, adoptan las órdenes de protección, sin perjuicio del Juez de Guardia, y fallan determinadas faltas.

Artículo 59. Competencia territorial

Añade el artículo 15 bis a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial se determina por el lugar del domicilio de la víctima. Ello se entiende sin perjuicio de la orden de protección o de las medidas urgentes del artículo 13 de esa Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.

Artículo 60. Competencia por conexión

Añade el artículo 17 bis a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extiende a la instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas, pero solo cuando la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del artículo 17 de esa misma Ley.

Artículo 61. Disposiciones generales

Las medidas de protección y seguridad del capítulo son compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento de los procesos civiles y penales. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez competente debe pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de adoptarlas, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de quienes convivan con ellas o estén bajo su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención o acogida, fijando su plazo y su régimen de cumplimiento.

Artículo 62. De la orden de protección

Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia actúan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El precepto no describe la tramitación: indica quién actúa y a qué norma debe ajustarse.

Artículo 63. De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. Además, los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.

Artículo 64. De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones

El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado del domicilio y prohibirle volver. Con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte con una agencia o sociedad pública la permuta del uso de la vivienda familiar por el de otra. Podrá prohibirle aproximarse a la persona protegida, a su domicilio, lugar de trabajo u otro que frecuente, fijando una distancia mínima, y prohibirle toda clase de comunicación, bajo apercibimiento de responsabilidad penal. Cabe el alejamiento aunque se hubiera abandonado antes el lugar. Pueden acordarse acumulada o separadamente.

Artículo 65. De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores

El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerán. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.

Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores

El Juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si, en interés superior del menor, no la acordara, deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá ese régimen. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, a través de servicios de atención especializada, y realizará un seguimiento periódico de su evolución, en coordinación con dichos servicios.

Artículo 67. De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas

El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta Ley, la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas. La suspensión conlleva la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente.

Artículo 68. Garantías para la adopción de las medidas

Las medidas restrictivas de derechos contenidas en el capítulo deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad. En todo caso, se adoptarán con intervención del Ministerio Fiscal y con respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa.

Artículo 69. Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad

Las medidas del capítulo podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. Cuando se mantengan, deberá hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas.

Artículo 70. Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer

Añade el artículo 18 quáter al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado nombra, oído el Consejo Fiscal, como delegado, un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de Sala. Practica diligencias e interviene en procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General; interviene por delegación en procesos civiles; supervisa y coordina las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer; coordina criterios de las Fiscalías, y hace un informe semestral. Se le adscriben profesionales y expertos de forma permanente u ocasional.

Artículo 71. Secciones contra la violencia sobre la mujer

Modifica el artículo 18.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Habrá una Sección de Menores en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, y una Sección Contra la Violencia sobre la Mujer solo en estas dos últimas. Se adscriben Fiscales de sus plantillas, con preferencia de los especializados. La Sección interviene en los procedimientos penales y directamente en los procesos civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y lleva un registro de procedimientos.

Artículo 72. Delegados de la Jefatura de la Fiscalía

Da nueva redacción al artículo 22.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Previo informe del Consejo Fiscal podrán designarse delegados de la Jefatura. En todo caso, en cada Fiscalía habrá un delegado para violencia de género, delitos contra el medio ambiente y vigilancia penitenciaria, con carácter exclusivo o compartido. Los nombra y releva el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe, oída la Junta de Fiscalía; si discrepa de la propuesta, su resolución debe ser motivada. Antes de la propuesta hay convocatoria entre los Fiscales de la plantilla.