Tema 10 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 6. Partidos políticos

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 23. Participación política y acceso a cargos públicos

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 67. Incompatibilidades y prohibición del mandato imperativo

Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Y las reuniones de parlamentarios celebradas sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, ni podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68. El Congreso de los Diputados

El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la provincia. El Congreso es elegido por cuatro años; el mandato termina cuatro años después de la elección o el día de disolución de la Cámara.

Artículo 69. El Senado

El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En las provincias insulares cada isla con Cabildo o Consejo Insular es una circunscripción: tres Senadores para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno para Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos cada una. Además, cada Comunidad Autónoma designará un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. El Senado es elegido por cuatro años.

Artículo 70. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad

La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley —con la excepción de los miembros del Gobierno—, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y a los miembros de las Juntas Electorales. La validez de las actas y credenciales estará sometida al control judicial.

Artículo 1

La Ley se aplica a las elecciones de Diputados y Senadores a Cortes Generales (sin perjuicio de lo que dispongan los Estatutos de Autonomía para designar a los Senadores del artículo 69.5 de la Constitución), a las de los miembros de las Corporaciones Locales y a las de Diputados del Parlamento Europeo. Además, en los términos de su Disposición Adicional Primera, se aplica a las elecciones a las asambleas de las Comunidades Autónomas y es supletoria de la legislación autonómica en la materia.

Artículo 2

El derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad que no estén en ninguno de los supuestos del artículo siguiente. Para ejercerlo es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente. En las elecciones municipales, incluidas las de Cabildos, Consejos Insulares, Consejo General del Valle de Arán y Juntas Generales, es indispensable figurar inscrito en el Censo de Españoles Residentes en España.

Artículo 3

Carecen de derecho de sufragio los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio, durante el tiempo de su cumplimiento. Las letras b) y c) están suprimidas. Toda persona puede ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.

Artículo 4

El derecho de sufragio se ejerce personalmente, en la sección en la que el elector esté inscrito según el censo y en la Mesa Electoral que le corresponda, sin perjuicio de las disposiciones sobre el voto por correspondencia y el voto de los interventores. Nadie puede votar más de una vez en las mismas elecciones.

Artículo 5

Artículo 6

Son elegibles los españoles mayores de edad que, siendo electores, no incurran en causa de inelegibilidad. El apartado 1 enumera cargos inelegibles (Familia Real y cónyuges, altos cargos, jueces, fiscales, militares y policías en activo…). El 2 añade a los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad y, aunque no sea firme, por ciertos delitos. El 3, cargos inelegibles solo en las circunscripciones de su jurisdicción. Las causas de inelegibilidad lo son de incompatibilidad; la de electos de partidos ilegalizados surte efecto en quince días naturales desde su comunicación.

Artículo 7

La calificación de inelegible procede si se incurre en la causa el mismo día de presentar la candidatura o después, hasta la celebración de las elecciones. Quien no figure en las listas del censo puede ser candidato si acredita fehacientemente con la solicitud que reúne las condiciones. Magistrados, Jueces, Fiscales, militares y miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policías en activo que se presenten deben solicitar el pase a la situación administrativa que corresponda. El apartado 4 reconoce reserva de puesto o plaza y de destino, y permite mantener la situación tras el mandato.

Artículo 8

La Administración electoral garantiza la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad. La integran las Juntas Electorales Central, Provincial, de Zona y, en su caso, de Comunidad Autónoma, y las Mesas Electorales. La Central tiene su sede en Madrid, las Provinciales en las capitales de provincia y las de Zona en las localidades cabeza de partido judicial (los de las Elecciones Locales de 1979). Las Juntas de Zona de Ceuta y Melilla acumulan las funciones de las Provinciales. Sesionan en sus locales y, en su defecto, donde ejercen sus cargos los Secretarios.

Artículo 9

La Junta Electoral Central, permanente, la componen ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, designados por insaculación por el Consejo General del Poder Judicial, y cinco Vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo, a propuesta conjunta de las formaciones con representación en el Congreso. Se designan en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso; sin propuesta, designa su Mesa, oídos los grupos. Se nombran por Real Decreto. Presidente y Vicepresidente son de origen judicial. Es Secretario el Secretario general del Congreso.

Artículo 10

La Junta Electoral Provincial la componen tres Vocales Magistrados de la Audiencia Provincial, designados por insaculación por el Consejo General del Poder Judicial, y dos Vocales nombrados por la Junta Electoral Central entre Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología o juristas de reconocido prestigio residentes en la provincia, una vez proclamadas las candidaturas. Los Vocales judiciales eligen de entre ellos al Presidente. Es Secretario el letrado de la Administración de Justicia Director del Servicio Común de Tramitación de la Audiencia.

Artículo 11

La Junta Electoral de Zona la componen tres Vocales jueces de la Sección Civil o de Instrucción de los Tribunales de Instancia, designados por insaculación por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, y dos designados por la Junta Electoral Provincial entre licenciados o graduados en Derecho o en Ciencias Políticas y en Sociología residentes en el partido judicial, proclamadas las candidaturas. Los Vocales judiciales eligen al Presidente. Es Secretario el letrado Director del servicio común procesal de registro y reparto civil. Los Secretarios de Ayuntamiento son sus Delegados.

Artículo 12

El Director de la Oficina del Censo Electoral participa con voz y sin voto en la Junta Electoral Central, y sus Delegados Provinciales, en las Juntas Provinciales. Los Secretarios de las Juntas Electorales participan con voz y sin voto en sus deliberaciones y custodian, en las Oficinas donde desempeñan sus cargos, la documentación de toda clase correspondiente a las Juntas.

Artículo 13

Las Cortes Generales ponen a disposición de la Junta Electoral Central los medios personales y materiales necesarios para sus funciones. La misma obligación compete al Gobierno y a los Ayuntamientos respecto de las Juntas Provinciales y de Zona y, subsidiariamente, a las Audiencias Provinciales y a los órganos judiciales de ámbito territorial inferior. En elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, esas obligaciones son también competencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Artículo 14

Las Juntas Provinciales y de Zona se constituyen inicialmente con los Vocales judiciales el tercer día siguiente a la convocatoria. El designado que pretenda concurrir a las elecciones lo comunica al Secretario en ese momento y se le sustituye en el plazo máximo de cuatro días. Hechas las sustituciones se elige Presidente, que hace insertar la relación de miembros en el «Boletín Oficial» de la provincia del día siguiente. Las sesiones constitutivas las convocan los Secretarios, a quienes el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, el Presidente de la Audiencia notifican esa relación.

Artículo 15

Si se convocan simultáneamente varias elecciones, las Juntas Provinciales y de Zona que se constituyan son administración competente para todas ellas. Su mandato concluye cien días después de las elecciones. Si durante el mandato se convocan otras elecciones, la competencia de las Juntas se entiende prorrogada hasta cien días después de la celebración de estas.

Artículo 16

Los miembros de las Juntas Electorales son inamovibles. Solo pueden ser suspendidos por delitos o faltas electorales, previo expediente abierto por la Junta Superior mediante acuerdo de la mayoría absoluta de sus componentes, sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. En las mismas condiciones, la Junta Central es competente para acordar la suspensión de sus propios miembros.

Artículo 17

En los supuestos de los artículos 14 y 16 y en caso de renuncia justificada y aceptada por el Presidente correspondiente, los miembros de las Juntas se sustituyen así: los Vocales y los Presidentes, por los mismos procedimientos previstos para su designación; el Secretario general del Congreso de los Diputados, por el Letrado Mayor del Senado y, en su caso, por el Letrado de las Cortes Generales más antiguo; los Secretarios de las Juntas Provinciales y de Zona, atendiendo al criterio de antigüedad.

Artículo 18

Las sesiones las convocan los Presidentes, de oficio o a petición de dos Vocales; el Secretario los sustituye si no pueden actuar. Para reunirse válidamente deben concurrir al menos tres miembros en las Juntas Provinciales y de Zona y siete en la Central. También queda válidamente constituida si están todos los miembros y aceptan por unanimidad su celebración. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los presentes, con voto de calidad del Presidente. Las resoluciones de carácter general se publican en el «Boletín Oficial del Estado» (Central) o en el «Boletín Oficial» (las demás).

Artículo 19

La Junta Electoral Central dirige y supervisa la Oficina del Censo Electoral, cursa instrucciones y resuelve consultas de las Juntas Provinciales y de Comunidad Autónoma, revoca sus decisiones, unifica criterios, aprueba los modelos de actas, vela por las cuentas y gastos electorales hasta el centésimo día posterior a las elecciones y expide credenciales en caso de vacante. Las Juntas Provinciales y de Zona resuelven quejas, ejercen potestad disciplinaria y corrigen infracciones, con multas de hasta 1.200 y 600 euros. La de Zona garantiza los medios del artículo 81 en cada Mesa.

Artículo 20

Los electores formulan sus consultas a la Junta Electoral de Zona de su lugar de residencia. Partidos, asociaciones, coaliciones o federaciones y agrupaciones de electores pueden consultar a la Junta Electoral Central en cuestiones de carácter general que puedan afectar a más de una Junta Provincial; en otro caso, a la Provincial o de Zona. Autoridades y Corporaciones públicas consultan directamente a la Junta de su ámbito. Son por escrito y las resuelve la Junta consultada, salvo que decida elevarlas a una Superior. En caso de urgencia, los Presidentes pueden dar respuesta provisional.

Artículo 21

Salvo que la Ley prevea un procedimiento específico de revisión judicial, los acuerdos de las Juntas Provinciales de Zona y, en su caso, de Comunidad Autónoma se recurren ante la Junta de superior categoría. El recurso se interpone en las veinticuatro horas siguientes a la notificación del acuerdo, ante la Junta que lo dictó, que remite el expediente con su informe en cuarenta y ocho horas. La Junta superior resuelve en cinco días en período electoral y en diez fuera de él, desde la interposición. Contra su resolución no cabe recurso administrativo o judicial alguno.

Artículo 22

Las dietas y gratificaciones de los miembros de la Junta Electoral Central y del personal a su servicio las fijan las Cortes Generales. Las de las restantes Juntas Electorales y su personal las fija el Gobierno, salvo en elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, en las que las fija el Consejo de Gobierno correspondiente, tanto para la Junta Electoral de Comunidad Autónoma como para las de ámbito inferior. Su percepción es en todo caso compatible con la de los haberes y su control financiero se realiza con arreglo a la legislación vigente.

Artículo 23

Las circunscripciones se dividen en Secciones Electorales, cada una con un máximo de dos mil electores y un mínimo de quinientos; cada término municipal tiene al menos una y ninguna abarca áreas de distintos términos. Los electores se ordenan alfabéticamente y en cada Sección hay una Mesa. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, a propuesta del Ayuntamiento, puede formar otras Mesas por el número de electores (reparto alfabético) o por la diseminación de la población (menor distancia al domicilio), nunca con menos de doscientos electores por Mesa.

Artículo 24

Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral determinan, oídos los Ayuntamientos, el número y los límites de las Secciones, sus locales y sus Mesas. La relación se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia el sexto día posterior a la convocatoria y se expone en los Ayuntamientos. En los seis días siguientes los electores pueden reclamar ante la Junta Electoral Provincial, que resuelve en firme en cinco días. La relación definitiva se difunde en Internet y se expone dentro de los diez días anteriores a la votación. Los Ayuntamientos señalizan los locales.

Artículo 25

La Mesa Electoral se compone de tres miembros: un Presidente y dos Vocales. Cuando concurren varias elecciones no se forma una Mesa para cada una: la Mesa Electoral es común para todas ellas.

Artículo 26

Las Mesas las forman los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. Presidente y vocales se designan por sorteo público entre los electores de la Mesa que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años; desde los sesenta y cinco pueden renunciar en siete días. El Presidente debe tener título de Bachiller o de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Igual se nombran dos suplentes por cada miembro. Los sorteos se hacen entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria.

Artículo 27

Los cargos de Presidente y Vocal de Mesa son obligatorios y no pueden desempeñarlos los candidatos. La designación se notifica en tres días, con un manual de instrucciones supervisado por la Junta Electoral Central. Hay siete días para alegar excusa ante la Junta Electoral de Zona, que resuelve sin ulterior recurso en cinco días. La imposibilidad posterior se comunica al menos setenta y dos horas antes; si sobreviene después, de inmediato y antes de la hora de constitución de la mesa. Las Juntas de Zona comunican a los Jueces, antes del día de la votación, quiénes forman las Mesas.

Artículo 28

Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados Presidentes o Vocales de las Mesas Electorales tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral, y, en todo caso, a una reducción de cinco horas de su jornada de trabajo el día inmediatamente posterior. Las dietas que, en su caso, procedan para Presidentes y Vocales se regulan por Orden ministerial.

Artículo 29

La Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, es el órgano encargado de la formación del censo electoral y ejerce sus competencias bajo la dirección y la supervisión de la Junta Electoral Central. Tiene Delegaciones Provinciales. Los Ayuntamientos y los Consulados actúan como colaboradores suyos en las tareas censales.

Artículo 30

La Oficina del Censo Electoral: a) coordina la elaboración del censo y puede dirigir instrucciones a Ayuntamientos, Consulados y responsables del Registro Civil y del Registro de Penados y Rebeldes; b) la supervisa y puede inspeccionar Ayuntamientos y Consulados; c) controla y revisa de oficio las altas y bajas y elabora un fichero nacional de electores, con comunicación a la Junta Electoral Central; d) elimina las inscripciones múltiples no detectadas; e) elabora las listas provisionales y definitivas; f) resuelve reclamaciones, y sus resoluciones agotan la vía administrativa.

Artículo 31

El censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no están privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio. Lo componen el censo de los electores residentes en España y el de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, y ningún elector puede figurar a la vez en ambos. Es único para toda clase de elecciones, sin perjuicio de su posible ampliación para las elecciones Municipales y del Parlamento Europeo a tenor de los artículos 176 y 210.

Artículo 32

La inscripción en el censo electoral es obligatoria. El nombre y los apellidos son el único dato necesario para identificar al elector en el acto de la votación, sin perjuicio del artículo 85, y entre los restantes datos censales se incluye el número del Documento Nacional de Identidad. Los Ayuntamientos tramitan de oficio la inscripción de los residentes en su término municipal; las Oficinas Consulares de Carrera y Secciones Consulares de las Misiones Diplomáticas, la de los españoles residentes en su demarcación, en la forma que se disponga reglamentariamente.

Artículo 33

El censo se ordena por secciones territoriales. Cada elector está inscrito en una Sección: nadie puede estarlo en varias ni varias veces en la misma. Si aparece registrado más de una vez, prevalece la última inscripción y se cancelan las restantes; si tienen la misma fecha, se le notifica para que opte en diez días y, en su defecto, la autoridad competente decide de oficio. Fuera de ese caso, la inscripción se mantiene inalterada salvo que conste que han cambiado las circunstancias o condiciones personales del elector. Las alteraciones se notifican inmediatamente a los afectados.

Artículo 34. Carácter y vigencia del censo electoral

Artículo 35. Actualización del Censo Electoral

Para la actualización mensual del censo, los Ayuntamientos envían a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, hasta el penúltimo día hábil de cada mes, todas las modificaciones del Padrón de ese mes. Si un Ayuntamiento no cumple, el Director de la Oficina del Censo da cuenta a la Junta Electoral Central para que adopte las medidas procedentes. En la actualización del primer mes del año se acompañan las altas, con la calificación de menor, de los residentes que cumplirán dieciocho años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año siguiente.

Artículo 36. Actualización del Censo de los Residentes en el extranjero

Para actualizar el censo de los residentes ausentes que viven en el extranjero, los Consulados tramitan, por el mismo procedimiento que los Ayuntamientos y según las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral, las altas y bajas de los españoles de su demarcación, sus cambios de domicilio dentro de ella y las solicitudes de cambio de adscripción a una nueva circunscripción, que solo se admiten con causa suficiente y justificada. En el censo cerrado para cada elección no cuentan los cambios de adscripción de una circunscripción a otra producidos en el año anterior a la convocatoria.

Artículo 37. Actualización del Censo a cargo del Registro Civil y del Registro de Penados y Rebeldes

Los encargados del Registro Civil deben comunicar mensualmente a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral cualquier circunstancia que pueda afectar a las inscripciones en el censo electoral. Tres datos: quién comunica (los encargados del Registro Civil), a quién (las Delegaciones Provinciales) y cada cuánto (mensualmente).

Artículo 38

Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral mantienen el censo actualizado para consulta permanente, en Ayuntamientos, Consulados o la propia Delegación. Las reclamaciones sobre datos censales se dirigen a ellas y las resuelven en cinco días desde su recepción; Ayuntamientos y Consulados les remiten inmediatamente las recibidas. Los representantes de candidaturas, partidos, federaciones y coaliciones pueden impugnar el censo en los cinco días siguientes a conocer la comunicación del artículo 30.c). Los recursos se tramitan por el procedimiento preferente y sumario.

Artículo 39. Rectificación del Censo en período electoral

Para cada elección rige el censo cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria. Ayuntamientos y consulados mantienen la consulta de las listas durante ocho días, a partir del sexto día posterior a la convocatoria. En ese plazo cualquier persona puede reclamar sobre sus datos censales ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo, y los representantes de candidaturas, impugnar el censo. La Delegación resuelve en tres días y las rectificaciones se exponen el décimo séptimo día posterior a la convocatoria. La Oficina remite a todos los electores una tarjeta censal.

Artículo 40

Contra las resoluciones de la Oficina del Censo Electoral puede interponerse recurso ante el Juez de lo contencioso-administrativo en un plazo de cinco días a partir de su notificación. La sentencia debe dictarse en el plazo de cinco días y se notifica al interesado, al Ayuntamiento, al Consulado y a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Esa sentencia agota la vía judicial.

Artículo 41

Un real decreto regula los datos personales de los electores necesarios para su inscripción en el censo. Se prohíbe la información particularizada sobre datos personales del censo, salvo la solicitada por conducto judicial; la Oficina del Censo Electoral puede facilitar datos estadísticos. Las comunidades autónomas pueden obtener copia después de cada convocatoria. Los representantes de cada candidatura pueden obtener copia del censo de su distrito dentro de los dos días siguientes a la proclamación; las Juntas Electorales pueden suspender cautelarmente la entrega por resolución motivada.

Artículo 42

Con disolución anticipada, los decretos de convocatoria se publican al día siguiente de su expedición; sin ella, se expiden el día vigésimo quinto anterior a la expiración del mandato de las Cámaras. En ambos casos las elecciones se celebran el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria. En las elecciones locales y en las autonómicas sin facultad de disolución anticipada, se expiden el día quincuagésimo quinto antes del cuarto domingo de mayo, día en que se vota, y los mandatos son de cuatro años. Los decretos entran en vigor el mismo día de su publicación.

Artículo 43

Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a una elección designan a quienes deban representarlos ante la Administración Electoral. Los representantes generales actúan en nombre de los partidos, federaciones y coaliciones concurrentes. Los representantes de las candidaturas lo son de los candidatos: a su domicilio se remiten las notificaciones, escritos y emplazamientos dirigidos a estos, de quienes reciben, por la sola aceptación de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia electoral.

Artículo 44

Pueden presentar candidatos o listas los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente, las coaliciones y las agrupaciones de electores que reúnan los requisitos. El pacto de coalición se comunica a la Junta competente en los diez días siguientes a la convocatoria, con su denominación, sus normas y los titulares de sus órganos de dirección o coordinación. Nadie puede presentar más de una lista en una circunscripción para la misma elección. No caben candidaturas que, de hecho, continúen o sucedan a un partido declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido.

Artículo 44 bis

Las candidaturas al Congreso, municipales, de consejos y cabildos insulares, al Parlamento Europeo, a las Asambleas Legislativas autonómicas y a las Juntas Generales vascas deben tener composición paritaria, con personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa, en el conjunto de las listas y sin separar titulares y suplentes. Las leyes electorales de Asambleas y Juntas Generales pueden establecer otros sistemas que favorezcan la paridad. También se exige a las candidaturas al Senado que se agrupen en listas. La Junta Electoral solo acepta las candidaturas que lo cumplan.

Artículo 45

Las candidaturas se presentan ante la Junta Electoral competente entre el decimoquinto y el vigésimo día posteriores a la convocatoria. Van suscritas por los representantes de los partidos, federaciones y coaliciones y, en el caso de las agrupaciones de electores, por sus promotores.

Artículo 46

El escrito de presentación expresa la denominación, siglas y símbolo de quien promueve la candidatura y el nombre y apellidos de los candidatos, y se acompaña de la declaración de aceptación y de los documentos de elegibilidad. Cada lista incluye tantos candidatos como cargos a elegir; los suplentes no pueden ser más de 10. No caben símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de España ni referencias a la corona. Ningún candidato puede presentarse en más de una circunscripción ni formar parte de más de una candidatura. Las Juntas extienden diligencia con fecha y hora y expiden recibo.

Artículo 47

Las candidaturas presentadas se publican el vigésimo segundo día posterior a la convocatoria. Dos días después, las Juntas Electorales competentes comunican a los representantes de las candidaturas las irregularidades apreciadas de oficio o denunciadas por otros representantes; el plazo para subsanación es de cuarenta y ocho horas. La proclamación de candidatos se realiza el vigésimo séptimo día posterior a la convocatoria y las candidaturas proclamadas se publican el vigésimo octavo. No procede proclamar candidaturas que incumplan los requisitos.

Artículo 48

Una vez presentadas, las candidaturas no pueden modificarse, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades y solo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación. En las listas de candidatos, las bajas que se produzcan después de la proclamación se entienden cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes.

Artículo 49

Cualquier candidato excluido y los representantes de las candidaturas proclamadas o denegadas tienen dos días para recurrir los acuerdos de proclamación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo; el plazo discurre desde la publicación de los candidatos proclamados. La resolución se dicta en los dos días siguientes a la interposición y es firme e inapelable, sin perjuicio del amparo, que se solicita en dos días y el Tribunal Constitucional resuelve en los tres siguientes. En los supuestos del artículo 44.4 el recurso se interpone ante la Sala especial del Tribunal Supremo.

Artículo 50

Los poderes públicos que hayan convocado un proceso electoral pueden hacer una campaña institucional para informar de la fecha de la votación, el procedimiento para votar y el voto por correo, sin influir en la orientación del voto, en espacios gratuitos de medios públicos. Desde la convocatoria hasta la celebración se prohíben los actos de los poderes públicos con alusiones a realizaciones o logros y las inauguraciones de obras o servicios públicos. Campaña electoral es el conjunto de actividades lícitas de candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones para captar sufragios.

Artículo 51

La campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria, dura quince días y termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación.

Artículo 52

Se prohíbe difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades de campaña electoral a todo miembro en activo de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades Autónomas o Municipales, a los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo y a los miembros de las Juntas Electorales.

Artículo 53. Período de prohibición de campaña electoral

Terminada legalmente la campaña, no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña. La obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas se limita al periodo estricto de campaña. Ello se entiende sin perjuicio de las actividades de partidos, coaliciones y federaciones en sus funciones constitucionalmente reconocidas. Además, desde la convocatoria hasta el inicio legal de la campaña se prohíbe la publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales.

Artículo 54

Los actos públicos de campaña electoral se rigen por la legislación reguladora del derecho de reunión. Las atribuciones de la autoridad gubernativa en esta materia se entienden asumidas por las Juntas Electorales Provinciales, sin perjuicio de la potestad de la Junta Electoral Central de unificar criterios interpretativos. La autoridad gubernativa mantiene sus atribuciones respecto al orden público, y las Juntas deben informarle de las reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada. Los Ayuntamientos deben reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para estos actos.

Artículo 55

Los Ayuntamientos están obligados a reservar lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas; la propaganda mediante pancartas y banderolas solo puede colocarse en esos lugares gratuitos. Aparte de ellos, los partidos, coaliciones, federaciones y las candidaturas solo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda en los espacios comerciales autorizados. El gasto de las candidaturas en este tipo de publicidad no puede exceder del 20 por ciento del límite de gastos previsto en los artículos 175.2, 193.2 y 227.2, según el proceso electoral.

Artículo 56

Dentro de los siete días siguientes a la convocatoria, los Ayuntamientos comunican a la Junta Electoral de Zona los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas. La Junta los distribuye atendiendo al número total de votos de cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes en la misma circunscripción (en las europeas, en el ámbito de la Junta de Zona), según las preferencias de los más votados. El segundo día posterior a la proclamación comunica a cada representante los lugares reservados.

Artículo 57

Dentro de los diez días siguientes al de la convocatoria, los Ayuntamientos comunican a la Junta Electoral de Zona, que lo traslada a la Junta Provincial, los locales oficiales y lugares públicos reservados para actos gratuitos de campaña. La relación se publica en el «Boletín Oficial» de la Provincia dentro de los quince días siguientes a la convocatoria; desde entonces puede solicitarse su uso ante las Juntas de Zona. El cuarto día posterior a la proclamación, estas los atribuyen según las solicitudes y, si coinciden, por igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, por votos.

Artículo 58

Las candidaturas tienen derecho a realizar publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada, sin que el gasto pueda superar el 20 por 100 del límite de gasto previsto en los artículos 175.2, 193.2 y 227.2, según el proceso electoral. Las tarifas no serán superiores a las vigentes para la publicidad comercial, no puede haber discriminación entre las candidaturas en cuanto a inclusión, tarifas y ubicación de los espacios, y en ellos debe constar expresamente su condición.

Artículo 58 bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales

El apartado 1 está anulado. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales pueden utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para actividades políticas durante el periodo electoral. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y su contratación en redes sociales o medios equivalentes no se consideran actividad o comunicación comercial. Esas actividades divulgativas deben identificar de modo destacado su naturaleza electoral y facilitar al destinatario un modo sencillo y gratuito de oponerse.

Artículo 59

Una Orden ministerial fija tarifas especiales para los envíos postales de propaganda electoral. Tienen derecho a acogerse a ellas los partidos concurrentes, con un límite: un envío por elector, como máximo, en cada convocatoria electoral.

Artículo 60. Publicidad electoral en medios de comunicación

No pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios de comunicación de titularidad pública ni en las emisoras de televisión privada. Durante la campaña electoral, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de televisión y de radio de titularidad pública.

Artículo 61

Los espacios gratuitos para propaganda electoral se distribuyen atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes. El criterio son los votos, no otra magnitud, y la referencia son las elecciones anteriores equivalentes.

Artículo 62

Si el ámbito territorial del medio o el de su programación es más limitado que el de la elección convocada, los espacios se distribuyen según el número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las circunscripciones comprendidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de programación. En las elecciones al Parlamento Europeo se atiende al número total de votos obtenido en el ámbito territorial del correspondiente medio de difusión o el de su programación.

Artículo 63

Reparto de espacios si coinciden elecciones. Cortes Generales, cualquiera de las dos Cámaras: solo los resultados de las precedentes al Congreso. Congreso con autonómicas o municipales: anteriores al Congreso, en la programación general nacional. Autonómicas con municipales: anteriores a la Asamblea en los medios de la Comunidad y programas regionales; en la programación general nacional, si no rige la regla anterior, las municipales. Europeas con Cortes o municipales: Congreso o, en su caso, municipales. Europeas con autonómicas: Asamblea. Lo no regulado, las Juntas Electorales competentes.

Artículo 64

Tiempo gratuito en cada medio público: 10 minutos si no se concurrió o no se obtuvo representación en las anteriores elecciones equivalentes; 15 si, con representación, no se alcanzó el 5 por 100 de los votos válidos; 30 entre el 5 y el 20 por 100; 45 con al menos un 20 por 100. Exige presentar candidaturas en más del 75 por 100 de las circunscripciones del ámbito del medio. Sin él, 15 minutos, no acumulables, en la programación general nacional y ceñidos a la Comunidad Autónoma donde se obtuvo el 20 por 100 de los votos. Agrupaciones de electores federadas que lo cumplan: 10 minutos.

Artículo 65

La Junta Electoral Central distribuye los espacios gratuitos en los medios públicos, sea cual sea su titular, a propuesta de una Comisión de Radio y Televisión bajo su dirección. La Junta la designa, con un representante de cada partido, federación o coalición concurrente con representación en el Congreso, de voto ponderado, y elige a su Presidente de entre ellos. Puede delegar en las Juntas Provinciales las programaciones regionales y locales. Si solo hay elecciones autonómicas, actúa la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma o, si no está constituida, la de la provincia de su capital.

Artículo 66. Garantía de pluralismo político y social

En período electoral, la organización y el control legales de los medios públicos garantizan en su programación el pluralismo político y social, la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa. Las decisiones de sus órganos de administración se recurren ante la Junta Electoral competente, por el procedimiento que disponga la Central. Las emisoras privadas deben respetar pluralismo e igualdad; las televisiones privadas, también proporcionalidad y neutralidad informativa en debates, entrevistas e información de campaña, según las Instrucciones de la Junta Electoral competente.

Artículo 67

Para determinar el momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda electoral a que tienen derecho los partidos, federaciones o coaliciones que se presenten a las elecciones, la Junta Electoral competente tendrá en cuenta las preferencias de esos partidos, federaciones o coaliciones en función del número de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones equivalentes.

Artículo 68

Los candidatos o dirigentes de las formaciones concurrentes pueden ejercitar el derecho de rectificación, conforme a la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, cuando un medio difunda hechos que les aludan, que consideren inexactos y cuya divulgación pueda perjudicarles. Especialidades: si la periodicidad de la publicación no permite divulgar la rectificación en los tres días siguientes a su recepción, el Director debe hacerla publicar a su costa, en ese plazo, en otro medio de la misma zona y de similar difusión; el juicio verbal se celebra dentro de los cuatro días siguientes al de la petición.

Artículo 69

Entre la convocatoria y la celebración de cualquier elección, todo sondeo y su publicación deben indicar quién lo realizó y quién lo encargó, sus características técnicas, el texto íntegro de las cuestiones y cuántas personas no contestaron a cada una. La Junta Electoral Central vela por ello; sus resoluciones se recurren en vía contencioso-administrativa sin reposición previa preceptiva. Las rectificaciones se publican en tres días. Se prohíbe publicar sondeos los cinco días anteriores al de la votación. Las encuestas públicas de intención de voto se comunican, si se solicita, en 48 horas.

Artículo 70

Las Juntas Electorales competentes aprueban el modelo oficial de las papeletas de su circunscripción. La Administración del Estado asegura la disponibilidad de papeletas y sobres de votación, sin perjuicio de que los confeccionen los grupos políticos concurrentes; las Juntas Electorales verifican que estos se ajustan al modelo oficial. Dentro de los dos días siguientes al de la proclamación de las candidaturas se remiten a las Juntas, preferentemente en formato electrónico, papeletas suficientes para entregárselas a efectos de su reproducción para los envíos de propaganda electoral.

Artículo 71

La confección de las papeletas se inicia inmediatamente después de la proclamación de candidatos. Si se interponen recursos contra la proclamación, se pospone, en la circunscripción electoral donde se hayan interpuesto, hasta su resolución. Las primeras papeletas confeccionadas se entregan inmediatamente a los Delegados Provinciales de la Oficina del Censo Electoral para su envío a los residentes ausentes en el extranjero. Los Gobiernos Civiles aseguran la entrega de papeletas y sobres en número suficiente a cada Mesa Electoral, al menos una hora antes del inicio de la votación.

Artículo 72

Quien prevea no estar en su localidad el día de la votación, o no pueda personarse, puede votar por correo pidiendo a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral un certificado de inscripción en el Censo, desde la convocatoria hasta el décimo día anterior a la votación, en cualquier oficina de Correos, personalmente y con el documento nacional de identidad, no fotocopia. Por enfermedad o incapacidad acreditada con certificación médica oficial y gratuita, lo pide otra persona autorizada notarial o consularmente, para un solo elector. Correos remite la documentación en tres días.

Artículo 73

La Delegación Provincial comprueba la inscripción, anota en el censo y extiende el certificado. La Oficina del Censo Electoral remite al elector por correo certificado, desde el trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria y antes del sexto anterior al de la votación, papeletas, sobres, certificado, sobre dirigido a la Mesa y hoja explicativa. El elector remite su voto por correo certificado antes del tercer día previo a las elecciones, sin franqueo. Correos la traslada a las Mesas a las nueve de la mañana y hasta las veinte horas; lo recibido después va a la Junta Electoral de Zona.

Artículo 74

El Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará las especialidades del voto por correo para el personal embarcado en buques de la armada, de la marina mercante o de la flota pesquera, para el personal de las fuerzas armadas españolas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que esté cumpliendo misiones en el exterior, y para los ciudadanos que se encuentren temporalmente en el extranjero entre la convocatoria de un proceso electoral y su celebración.

Artículo 75. Ejercicio del voto por personas que residen en el extranjero

Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral remiten de oficio la documentación a los residentes ausentes en el extranjero, desde el décimo octavo día y antes del vigésimo quinto posterior a la convocatoria. El voto se deposita en urna entre el octavo y el tercer día anteriores al de la elección, ambos inclusive, o se envía por correo a la Oficina o Sección Consular no más tarde del quinto día anterior; no valen los sobres que lleguen después del segundo día anterior. La Junta Electoral se constituye en Mesa a las ocho horas del día del escrutinio general. Es gratuito.

Artículo 76

El representante de cada candidatura puede apoderar a cualquier ciudadano mayor de edad y en pleno uso de sus derechos civiles y políticos para que la represente en los actos y operaciones electorales. El apoderamiento se formaliza ante Notario o ante el Secretario de la Junta Electoral Provincial o de Zona, que expiden la credencial conforme al modelo oficial. Los apoderados deben exhibir credencial y Documento Nacional de Identidad a los miembros de las Mesas y demás autoridades. Trabajadores por cuenta ajena y funcionarios apoderados tienen permiso retribuido el día de la votación.

Artículo 77

Los apoderados tienen cuatro derechos: acceder libremente a los locales electorales, examinar el desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio, formular reclamaciones y protestas, y recibir las certificaciones que prevé la Ley. Este último solo cuando esas certificaciones no hayan sido expedidas a otro apoderado o interventor de su misma candidatura.

Artículo 78

El representante de cada candidatura puede nombrar, hasta tres días antes de la elección, dos interventores por Mesa mediante credenciales talonarias. Cada hoja tiene cuatro partes: matriz para el representante, credencial para el interventor y dos para la Junta de Zona, que las hace llegar a la Mesa de la que forma parte y a la Mesa en cuya lista figura inscrito. Puede ser interventor quien, siendo elector, esté inscrito en el censo electoral. Trabajadores por cuenta ajena y funcionarios tienen permiso el día de la votación y el inmediatamente posterior.

Artículo 79

Los interventores votan en la mesa ante la que están acreditados; si no están inscritos en la circunscripción de esa mesa, votan por correspondencia. Un interventor de cada candidatura puede asistir a la Mesa y participar en sus deliberaciones con voz pero sin voto. Los de una misma candidatura acreditados ante la Mesa pueden sustituirse libremente entre sí. En ausencia de interventores de su candidatura, un apoderado puede realizar esas funciones. Quien toma posesión como interventor en una Mesa ya no puede ejercer de apoderado en otras Mesas.

Artículo 80

El Presidente, los dos Vocales y sus suplentes, si los hubiera, se reúnen a las ocho horas del día de la votación. Al Presidente ausente lo sustituye su primer suplente, luego el segundo y, después, el primer Vocal o el segundo, por este orden. La Mesa no puede constituirse sin un Presidente y dos Vocales: si no se logra, se envía declaración a la Junta de Zona, que designa libremente a quienes la formen e informa al Ministerio Fiscal. Si una hora después de la fijada para iniciar la votación no hay Mesa, la Junta de Zona convoca nueva votación dentro de los dos días siguientes.

Artículo 81

Cada Mesa debe contar con una urna para cada una de las elecciones que deban realizarse y con una cabina de votación, además de un número suficiente de sobres y de papeletas de cada candidatura, situados en la cabina o cerca de ella. Urnas, cabinas, papeletas y sobres deben ajustarse al modelo oficialmente establecido. Si falta alguno de estos elementos, a la hora de constituirse la Mesa o después, el Presidente lo comunica inmediatamente a la Junta de Zona, que provee a su suministro.

Artículo 82

Entre las ocho y las ocho treinta horas, Presidente y Vocales reciben las credenciales de los interventores y las confrontan con los talones; si las hallan conformes, los admiten. Si el Presidente no recibió los talones o tiene dudas, les da posesión si lo exigen, consignando su reserva. Si se presentan más de dos por candidatura, solo da posesión a los que primero presenten sus credenciales. Los talones se unen al expediente electoral y las credenciales se devuelven. El interventor que llega después de las ocho treinta no toma posesión, pero puede votar en esa Mesa.

Artículo 83

A las ocho treinta horas el Presidente extiende el acta de constitución de la Mesa, firmada por él, los Vocales y los Interventores, y entrega copia al representante de la candidatura, Apoderado o Interventor que la reclame. El acta expresa quiénes constituyen la Mesa y la relación nominal de interventores con su candidatura. Si el Presidente rehúsa o demora la copia, se extiende protesta por duplicado: un ejemplar va al expediente electoral y el otro, a la Junta Electoral competente para el escrutinio general. Solo se da una copia por partido, federación, coalición o agrupación.

Artículo 84

La votación se inicia a las nueve horas y continúa sin interrupción hasta las veinte. Solo por fuerza mayor puede no iniciarse o suspenderse, bajo la responsabilidad del Presidente, que resuelve en escrito razonado y envía copia certificada a la Junta Provincial. Si se suspende, los votos emitidos no cuentan ni se escrutan y el Presidente ordena destruir las papeletas. Distinta es la interrupción por falta de papeletas de alguna candidatura que no puedan suplir apoderados o interventores: no dura más de una hora, la votación se prorroga el tiempo interrumpido y no se aplica el párrafo tercero.

Artículo 85

El derecho a votar se acredita por la inscripción en las listas certificadas del censo o por certificación censal específica y, en ambos casos, identificándose con DNI, pasaporte o permiso de conducir con fotografía o, además, los extranjeros, con la tarjeta de residencia. Las listas solo contienen mayores de edad en la fecha de la votación. También vota quien exhiba sentencia judicial que acredite su derecho a estar inscrito. Si hay duda sobre la identidad, la Mesa decide por mayoría. La certificación censal específica, excepcional, se rige por Instrucción de la Junta Electoral Central.

Artículo 86

El voto es secreto. Los electores solo votan en la sección y Mesa que les corresponda, salvo el apartado 1.º del artículo 79. Se acercan de uno en uno, tras pasar, si lo desean, por la cabina, situada en la misma habitación, entre la entrada y la Mesa. El elector dice su nombre y apellidos al Presidente; Vocales e interventores comprueban su derecho a votar y su identidad; el elector entrega por su propia mano el sobre cerrado al Presidente, que dice en voz alta su nombre, añade «Vota» y se lo entrega para que lo deposite en la urna. Los votantes se anotan en listas numeradas.

Artículo 87

Los electores que no sepan leer o que, por discapacidad, estén impedidos para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa pueden servirse de una persona de su confianza. Además, el Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará un procedimiento de votación para personas ciegas o con discapacidad visual que garantice el secreto del voto y que se aplicará, en todo caso, a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, al Parlamento Europeo y a los supuestos de referéndum.

Artículo 88

A las veinte horas el Presidente anuncia en voz alta que se va a concluir la votación; admite el voto de los electores que se hallen en el local o en su acceso y no permite votar a nadie más. Acto seguido introduce en las urnas los sobres del voto por correo, tras verificar las circunstancias del artículo 73 y la inscripción del elector en el Censo; los Vocales anotan a esos electores. A continuación votan los miembros de la Mesa y los interventores. Finalmente, Vocales e interventores firman las listas enumeradas de votantes, al margen de todos sus pliegos y debajo del último nombre escrito.

Artículo 89

Artículo 90

Ninguna autoridad puede detener a los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas durante las horas de la elección en que deban desempeñar sus funciones. La única excepción es el caso de flagrante delito. La garantía se ciñe a esas tres figuras y a esas horas.

Artículo 91

El Presidente de la Mesa tiene dentro del local autoridad exclusiva para conservar el orden, asegurar la libertad de los electores y mantener la observancia de la Ley. Solo entran los electores de la Sección, representantes y miembros de las candidaturas, apoderados e interventores, notarios, agentes de la autoridad que el Presidente requiera, miembros de las Juntas electorales, Jueces de Instrucción y sus delegados, y los designados por la Administración para informar del escrutinio. Nadie entra con armas. Los notarios dan fe incluso fuera de su demarcación, dentro de la misma provincia.

Artículo 92

Las fuerzas de policía destinadas a proteger los locales de las Secciones prestarán al Presidente de la Mesa el auxilio que este requiera. Dos datos que retener: quien requiere el auxilio es el Presidente de la Mesa, y el auxilio se presta dentro y fuera de los locales.

Artículo 93

Ni en los locales de las secciones ni en sus inmediaciones se puede realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco pueden formarse grupos susceptibles de entorpecer el acceso a los locales, ni se admite en las proximidades la presencia de quien pueda dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El Presidente de la Mesa toma a este respecto las medidas que estime convenientes.

Artículo 94

Cualquier incidente que hubiera afectado al orden en los locales de las Secciones se reseña en el Acta de la Sesión. Junto al incidente se hacen constar el nombre y los apellidos de quienes lo hubieran provocado. Son, pues, dos datos: el incidente y la identidad de sus causantes.

Artículo 95

Terminada la votación comienza, acto seguido, el escrutinio, que es público y no se suspende, salvo fuerza mayor, aunque concurran varias elecciones. Si coinciden, el orden es: Parlamento Europeo, Congreso, Senado, Entidades Locales, Asamblea autonómica y Cabildos Insulares. El Presidente extrae los sobres uno a uno, lee en alta voz la candidatura o los candidatos votados y muestra cada papeleta a vocales, interventores y apoderados. Si un notario en ejercicio, representante de la lista o miembro de una candidatura duda de una papeleta, puede pedirla en el acto y debe concedérsele examinarla.

Artículo 96

Es nulo el voto en sobre o papeleta distintos del modelo oficial, sin sobre o con más de una papeleta de distinta candidatura; si son de la misma, cuenta como un solo voto válido. También, los votos con nombres modificados, añadidos o tachados, orden alterado, leyendas u otra alteración intencionada. En el Senado, es nulo señalar más de tres nombres en circunscripciones provinciales, de dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y de uno en el resto de insulares. Es voto en blanco, pero válido, el sobre sin papeleta y, en el Senado, la papeleta que no señale candidato alguno.

Artículo 97

Acabado el recuento, se confronta el total de sobres con el de votantes anotados. Después el Presidente pregunta si hay protestas contra el escrutinio; si no las hay, o una vez que la Mesa resuelve por mayoría las presentadas, anuncia en voz alta el resultado: electores censados, certificaciones censales aportadas, votantes, papeletas nulas, votos en blanco y votos de cada candidatura. Las papeletas se destruyen ante los concurrentes, salvo las no validadas o reclamadas, que se unen al acta y se archivan con ella, rubricadas por los miembros de la Mesa.

Artículo 98

La Mesa hace públicos de inmediato los resultados mediante un acta de escrutinio con los datos del artículo 97.2, que fija sin demora en la parte exterior o en la entrada del local. Se entrega una copia a los representantes de cada candidatura que, estando presentes, la soliciten o, en su caso, a los Interventores, Apoderados o candidatos, con el límite de una copia por candidatura. Otra copia se expide a la persona designada por la Administración, solo para facilitar la información provisional de resultados que ha de dar el Gobierno.

Artículo 99

El Presidente, los Vocales y los Interventores firman el acta de la sesión. En ella se detallan los electores de la Mesa según el censo o las certificaciones censales, los que votaron, los interventores que votaron sin figurar en la lista, las papeletas nulas, las papeletas en blanco y los votos de cada candidatura; y, sumariamente, las reclamaciones y protestas, las resoluciones motivadas de la Mesa con sus votos particulares y los incidentes del artículo 94. Representantes, candidatos, apoderados e Interventores tienen derecho a copia gratuita e inmediata.

Artículo 100

La Mesa prepara la documentación electoral en tres sobres. El primero contiene el expediente electoral: originales del Acta de Constitución de la Mesa y del Acta de la sesión, los documentos a que esta se refiera (en particular la lista numerada de votantes y las papeletas no validadas o reclamadas), la lista del Censo electoral utilizada y las certificaciones censales aportadas. El segundo y el tercero contienen copias de ambas actas. Cerrados los sobres, Presidente, Vocales e interventores firman cruzando la parte por la que deban abrirse.

Artículo 101

El Presidente y los Vocales e interventores que lo deseen llevan inmediatamente el primer y el segundo sobre al Tribunal de Instancia o a la Oficina de Justicia en el municipio, con la Fuerza Pública. El Juez expide recibo con día y hora. Dentro de las diez horas siguientes a la recepción de la última documentación, el Juez entrega personalmente los primeros sobres en la Junta Electoral que haga el escrutinio. Los segundos quedan archivados y pueden reclamarlos las Juntas Electorales y los Tribunales competentes. La Junta Electoral Provincial facilita el desplazamiento de los Jueces.

Artículo 102

El tercer sobre se entrega al funcionario del Servicio de Correos, que se persona en la Mesa Electoral para recogerlo; al menos un Vocal debe permanecer allí hasta haber hecho la entrega. Al día siguiente de la elección, el Servicio de Correos cursa todos estos sobres a la Junta Electoral que haya de realizar el escrutinio.

Artículo 103

El escrutinio general se realiza el quinto día siguiente al de la votación. Lo hace la Junta Electoral que corresponda según las disposiciones especiales de la propia ley. Es un acto único y tiene carácter público.

Artículo 104

Cada Junta se reúne con los representantes y apoderados de las candidaturas en la sede del local donde ejerce sus funciones el Secretario. El Presidente extiende el acta de constitución, firmada por él, los Vocales, el Secretario y los representantes y apoderados acreditados. La sesión empieza a las diez horas; si no concurre la mitad más uno de los miembros, se aplaza a las doce del mediodía. Si tampoco puede celebrarse, el Presidente la convoca para el día siguiente, lo anuncia y lo comunica a la Junta Central; entonces se celebra con cualquier número de concurrentes.

Artículo 105

El Secretario lee las disposiciones legales del acto y el personal de la Junta abre los sobres. Si falta el sobre de una Mesa o está incompleto, se suple con el tercer sobre; en su defecto, con la copia del acta de la sesión que presente un representante de candidatura o Apoderado; las copias contradictorias no cuentan. Tampoco se computan las actas dobles y diferentes ni las que tengan más votos que electores (salvo el voto de los Interventores), excepto error material, de hecho o aritmético, que se subsana. La Junta puede dividirse en dos Secciones, con un Vocal como Secretario de una.

Artículo 106

Durante el escrutinio la Junta no puede anular ningún acta ni voto. Se limita a verificar, sin discusión alguna, el recuento y la suma de los votos admitidos en las Mesas según las actas o sus copias, salvo los casos del apartado 4 del artículo anterior, y solo puede subsanar los meros errores materiales o de hecho y los aritméticos. Mientras se examinan las actas, los representantes o apoderados no pueden presentar reclamación ni protesta, excepto observaciones puntuales sobre la exactitud de los datos leídos.

Artículo 107

El acto del escrutinio general no puede interrumpirse. No obstante, transcurridas doce horas de sesión, las Juntas pueden suspenderlo hasta el día siguiente, sin dejar sin concluir el cómputo de los votos correspondientes a una Sección. El escrutinio debe concluir no más tarde del octavo día posterior al de las elecciones.

Artículo 108

Concluido el escrutinio, la Junta extiende por triplicado el acta de escrutinio y, acabada la sesión, otra de esta. Reclamaciones y protestas: un día para presentarlas, un día para que la Junta resuelva y un día para recurrir ante la propia Junta; la Junta Electoral Central, tras audiencia no superior a dos días, resuelve dentro del día siguiente. Los electos se proclaman dentro del día siguiente, contando como votos válidos los de las candidaturas más los blancos. El acta de proclamación la firman Presidente y Secretario. La Junta Central publica los resultados en el BOE en cuarenta días.

Artículo 109

Pueden ser objeto de recurso contencioso electoral dos cosas: los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos, y la elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales.

Artículo 110

Pueden interponer el recurso contencioso electoral, u oponerse a los que se interpongan, tres grupos: los candidatos proclamados o no proclamados; los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción; y los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que hayan presentado candidaturas en la circunscripción.

Artículo 111

Artículo 112

El recurso se interpone ante la Junta Electoral correspondiente dentro de los tres días siguientes a la proclamación de electos y se formaliza en el mismo escrito. Resuelve la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (elecciones generales o al Parlamento Europeo) o la del Tribunal Superior de Justicia (autonómicas o locales). Al día siguiente el Presidente de la Junta remite escrito, expediente e informe; comparecencia ante la Sala en dos días; alegaciones en plazo común e improrrogable de cuatro días; la prueba no puede exceder de cinco días.

Artículo 113

Concluido en su caso el período probatorio, la Sala dicta Sentencia sin más trámite en cuatro días. Fallos posibles: inadmisibilidad del recurso; validez de la elección y de la proclamación de electos; nulidad del acuerdo de proclamación de uno o varios electos y proclamación de quien corresponda; o nulidad de la elección en las Mesas con irregularidades invalidantes, con nueva convocatoria en ellas (o nueva elección del Presidente de una Corporación Local) en tres meses desde la sentencia. No hay nueva convocatoria si el resultado no altera la atribución de escaños en la circunscripción.

Artículo 114

La Sentencia se notifica a los interesados no más tarde del día trigésimo séptimo posterior a las elecciones. Contra ella no procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El amparo debe solicitarse en tres días y el Tribunal Constitucional debe resolver sobre él en los quince días siguientes.

Artículo 115

Las Sentencias se comunican a la Junta Electoral correspondiente mediante testimonio en forma y con devolución del expediente, para su inmediato y estricto cumplimiento. La Sala, de oficio o a instancias del Ministerio Fiscal o de las partes, puede dirigirse directamente a las autoridades, organismos e instituciones de todo orden a las que alcance la sentencia, y adopta las medidas adecuadas para ejecutar los pronunciamientos del fallo.

Artículo 116

Los recursos contencioso-electorales tienen carácter de urgentes y gozan de preferencia absoluta en su sustanciación y fallo ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo competentes. En todo lo que la Ley no regule expresamente en materia contencioso-electoral se aplica la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 117

Los recursos judiciales previstos en la Ley Orgánica 5/1985 son gratuitos. Aun así, procede la condena en costas a la parte o partes que hayan mantenido posiciones infundadas, salvo que circunstancias excepcionales, valoradas en la resolución que se dicte, motiven que no se impongan.

Artículo 118

Son gratuitos, están exentos del impuesto sobre actos jurídicos documentados y se extienden en papel común: las solicitudes, certificaciones y diligencias sobre formación, revisión e inscripción en el censo electoral, y todas las actuaciones y documentos relativos al procedimiento electoral, incluidos los notariales. Las copias de documentos electorales pueden hacerse por cualquier medio de reproducción mecánica, pero solo surten efecto si llevan estampadas las firmas y sellos exigidos para los originales.

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Toda candidatura debe tener un administrador electoral, responsable de sus ingresos y gastos y de su contabilidad. Las candidaturas que cualquier partido, federación o coalición presente dentro de la misma provincia tienen un administrador común. La contabilidad se ajusta en todo caso a los principios generales del vigente Plan General de Contabilidad.

Artículo 122

Los partidos, federaciones o coaliciones que presenten candidatura en más de una provincia deben tener, además, un administrador general. Este responde de todos los ingresos y gastos electorales del partido, federación o coalición y de sus candidaturas, y de la contabilidad, que debe contener como mínimo las especificaciones previstas en el apartado 2 del artículo anterior. Los administradores de las candidaturas actúan bajo la responsabilidad del administrador general.

Artículo 123

Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. No pueden serlo las personas en quienes concurra la circunstancia del párrafo b) del apartado 2 del artículo 6 de la ley, ni tampoco los candidatos. En cambio, los representantes de las candidaturas y los representantes generales de los partidos, federaciones o coaliciones pueden acumular la condición de administrador electoral.

Artículo 124

Los administradores generales comunican a la Junta Electoral Central, y los de las candidaturas a las Juntas Provinciales, las cuentas abiertas para recaudar fondos. Las cuentas pueden abrirse desde la fecha de nombramiento de los administradores, en cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros, y la comunicación se hace en las veinticuatro horas siguientes a la apertura. Si las candidaturas no fueran proclamadas o renunciasen a concurrir, las imposiciones de terceros las restituyen los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que las promovieron.

Artículo 125

Todos los fondos para gastos electorales, cualquiera que sea su procedencia, se ingresan en las cuentas electorales y todos los gastos se pagan con cargo a ellas. Responden de lo ingresado y de su aplicación los administradores y las personas que ellos autoricen a disponer. Terminada la campaña, los saldos solo sirven para pagar, en los noventa días siguientes al de la votación, gastos previamente contraídos. La reclamación no notificada a los administradores en los sesenta días siguientes al de la votación es nula y no pagadera, salvo excepción admitida por las Juntas con causa justificada.

Artículo 126

Quien aporte fondos a las cuentas electorales hace constar, en el acto de la imposición, su nombre, domicilio y el número de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, que se exhibe al empleado de la entidad depositaria. Si se aporta por cuenta y en representación de otra persona física o jurídica, se hace constar el nombre de esta. Si las imposiciones las efectúan partidos, se hace constar la procedencia de los fondos que se depositan.

Artículo 127

El Estado subvenciona los gastos de las elecciones al Congreso y al Senado, Parlamento Europeo y municipales, sin superar los gastos declarados, justificados por el Tribunal de Cuentas. Si lo acuerda la Administración Electoral, devengo y pago pueden condicionarse a que los electos adquieran la condición plena y ejerzan el cargo. No se subvenciona a quien incurra en conductas del artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002 ni a quien mantenga a condenados, aunque la sentencia no sea firme, por rebelión, terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, salvo rechazo público.

Artículo 127 bis

El Estado adelanta subvenciones a partidos, federaciones y coaliciones que las obtuvieron en las últimas elecciones equivalentes y no fueron privadas de ellas, con tope del 30 por ciento. Se solicita entre los días vigésimo primero y vigésimo tercero posteriores a la convocatoria: administradores generales ante la Junta Electoral Central si se concurre en más de una provincia; en otro caso, los de las candidaturas ante las Juntas Provinciales. Desde el vigésimo noveno día se ponen a disposición. Se devuelve el exceso, o todo si no se acredita condición plena y ejercicio del cargo.

Artículo 128

Se prohíbe aportar a las cuentas electorales fondos de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo Autónomo o Entidad Paraestatal, de empresas del sector público, de empresas de economía mixta y de empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen suministros u obras para alguna Administración. También fondos de Entidades o personas extranjeras, salvo los del Presupuesto de los órganos de las Comunidades Europeas para las elecciones al Parlamento Europeo y, en municipales, respecto de las personas a quienes se aplique el artículo 13.2 de la Constitución.

Artículo 129. Límite de aportación

Ninguna persona, sea física o jurídica, puede aportar más de 10.000 euros a las cuentas abiertas por un mismo partido, federación, coalición o agrupación para recaudar fondos en las elecciones convocadas. El tope es, por tanto, por aportante y por formación destinataria.

Artículo 130

Son gastos electorales los que realicen los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones participantes desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de electos por: sobres y papeletas; propaganda y publicidad; alquiler de locales para actos de campaña; remuneraciones al personal no permanente; transporte y desplazamiento de candidatos, dirigentes y personal de la candidatura; correspondencia y franqueo; intereses de créditos de campaña devengados hasta percibir la subvención; y lo necesario para las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

Artículo 131

Ningún partido, federación, coalición o agrupación puede realizar gastos electorales que superen los límites de las disposiciones especiales de la ley, que se entienden siempre referidos en euros constantes. Si coinciden dos o más elecciones por sufragio universal directo, los concurrentes no pueden realizar gastos electorales suplementarios en cuantía superior en un 25 por 100 de los máximos permitidos para las elecciones a Cortes Generales.

Artículo 132

Desde la convocatoria hasta el centésimo día posterior a las elecciones, la Junta Electoral Central y las Provinciales velan por el cumplimiento de las normas del capítulo; la Central puede recabar la colaboración del Tribunal de Cuentas. Pueden pedir en todo momento a entidades bancarias y Cajas de Ahorro el estado de las cuentas, números e identidad de los impositores, y a los administradores informaciones contables; resuelven por escrito sus consultas. Comunican al Ministerio Fiscal los indicios de delito electoral, sancionan las infracciones e informan al Tribunal de Cuentas.

Artículo 133

Entre los cien y los ciento veinticinco días posteriores a las elecciones se presenta ante el Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral: por los administradores generales si se concurrió en varias provincias y por los de las candidaturas en otro caso. En 30 días desde la presentación el Estado entrega como adelanto el 90 % de la subvención, con aval bancario por el 10 % de la subvención percibida. Entidades que dieron crédito y empresas que facturaron más de 10.000 euros informan al Tribunal. La subvención puede abonarse a entidades bancarias si se notifica a la Junta Electoral Central.

Artículo 134

El Tribunal de Cuentas puede recabar aclaraciones y documentos suplementarios en treinta días. Dentro de los doscientos días posteriores a las elecciones se pronuncia sobre la regularidad de las contabilidades; si aprecia irregularidades puede iniciar el procedimiento sancionador y proponer la no adjudicación o reducción de la subvención. En ese plazo remite informe razonado al Gobierno y a la Comisión. Dentro del mes siguiente el Gobierno presenta a las Cortes Generales un proyecto de crédito extraordinario; las subvenciones se hacen efectivas en los cien días posteriores a su aprobación.

Artículo 135

A efectos del capítulo son funcionarios públicos quienes lo sean según el Código Penal, quienes desempeñen alguna función pública relacionada con las elecciones y, en particular, los Presidentes y Vocales de las Juntas Electorales, los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales y sus suplentes. Son documentos oficiales el censo y sus copias autorizadas, las actas, listas, certificaciones, talones o credenciales de nombramiento de quienes intervengan en el proceso electoral y cuantos emanen de personas a quienes la ley encargue su expedición.

Artículo 136

Cuando unos hechos puedan calificarse con arreglo a la Ley Orgánica 5/1985 y al Código Penal, se califican siempre por el precepto que aplique mayor sanción al delito o falta cometidos. El único criterio que da el artículo para elegir entre ambas normas es la mayor sanción.

Artículo 137

Todos los delitos electorales a que se refiere el capítulo llevan, además de la pena que señale cada uno de los artículos siguientes, una pena añadida: la inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo. Es una pena que se suma («además de»), no que sustituye, y recae sobre el sufragio pasivo. Alcanza a «todos» los delitos del capítulo.

Artículo 138

Contiene dos reglas. Primera: en lo que el Capítulo no regule expresamente se aplica el Código Penal. Segunda: a los delitos penados en esta Ley se les aplican también, «en todo caso», las disposiciones del Capítulo I, título 1.º, del Código Penal. La primera regla depende de que falte regulación expresa; la segunda no depende de nada.

Artículo 139

Castiga con penas de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses a los funcionarios públicos que: incumplan las normas del censo electoral o las de constitución de Juntas y Mesas y sus votaciones, acuerdos y escrutinios; no extiendan los documentos electorales en forma y momento; susciten sin motivo racional dudas sobre la identidad de una persona; suspendan sin causa justificada un acto electoral; nieguen, dificulten o retrasen indebidamente protestas o reclamaciones; causen manifiesto perjuicio a un candidato; o incumplan los trámites del voto por correspondencia.

Artículo 140. Delitos por abuso de oficio o falsedad

Los funcionarios que, abusando de su oficio o cargo, cometan alguna de las falsedades de la lista son castigados con prisión de tres a siete años y multa de dieciocho a veinticuatro meses. Entre ellas: alterar sin autorización fechas, horas o lugares de un acto electoral, cambiar el sobre o papeleta del elector, recuento inexacto de electores, proclamación indebida, consentir que alguien vote dos o más veces o sin capacidad e incumplir las certificaciones sobre subvenciones por gastos electorales. Si se cometen por imprudencia grave, la pena es solo multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 141. Delito por infracción de los trámites para el voto por correo

Recoge dos delitos del particular. El que vulnere los trámites establecidos para el voto por correo: prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses (penas alternativas). El que participe en alguna de las falsedades señaladas en el artículo anterior: prisión de seis meses a tres años, sin multa.

Artículo 142. Delito por emisión de varios votos o emisión sin capacidad

Castiga a quienes voten dos o más veces en la misma elección y a quienes voten sin capacidad para hacerlo. Las penas son tres y se acumulan: prisión de seis meses a dos años, multa de seis meses a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Artículo 143. Delitos por abandono o incumplimiento en las Mesas electorales

El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales, y también sus respectivos suplentes, incurren en delito si dejan de concurrir o de desempeñar sus funciones, las abandonan sin causa legítima o incumplen sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone la Ley. La pena es alternativa: prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

Artículo 144. Delitos en materia de propaganda electoral

Apartado 1: prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses para quienes hagan propaganda finalizado el plazo de la campaña o infrinjan las normas sobre carteles electorales y sus espacios reservados y sobre reuniones y otros actos públicos de propaganda. Apartado 2: prisión de seis meses a dos años y multa de seis meses a un año para los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado y de las Policías autonómicas y locales, los Jueces, Magistrados y Fiscales y los miembros de las Juntas Electorales que difundan propaganda o hagan campaña.

Artículo 145. Delitos en materia de encuestas electorales

Quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales son castigados con tres penas que se acumulan: prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años.

Artículo 146

Prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses para quienes: con recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas soliciten el voto o induzcan a la abstención; con violencia o intimidación presionen a los electores para que no voten, voten contra su voluntad o descubran el secreto de voto; o impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios. Los funcionarios públicos que usen sus competencias para esos fines suman inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Artículo 147. Delito de alteración del orden del acto electoral

Castiga dos conductas: perturbar gravemente el orden en cualquier acto electoral y penetrar en los locales donde estos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales. La pena es alternativa: prisión de tres a doce meses o multa de seis a veinticuatro meses.

Artículo 148

Cuando los delitos de calumnia e injuria se cometen en período de campaña electoral y con motivo u ocasión de ella, las penas privativas de libertad previstas para ellos en el Código Penal se imponen en su grado máximo. Hacen falta las dos condiciones a la vez: el momento (campaña electoral) y la relación con ella (con motivo u ocasión).

Artículo 149

Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente aportaciones o gastos o usando cualquier artificio que aumente o disminuya las partidas contables, son castigados con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Los Tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y sus circunstancias, podrán imponer la pena en un grado inferior.

Artículo 150. Delito de apropiación indebida de fondos electorales

Los administradores generales y de las candidaturas, y las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales, que se apropien o distraigan fondos para fines distintos de los de la Ley: prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses si los fondos no superan los 50.000 euros; prisión de dos a seis años y multa de doce a veinticuatro meses en caso contrario. Los Tribunales, según la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por este, podrán imponer prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses.

Artículo 151

El procedimiento para sancionar estos delitos se tramita con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las actuaciones tienen carácter preferente y se tramitan con la máxima urgencia posible. La acción penal que nace de estos delitos es pública y puede ejercitarse sin necesidad de depósito o fianza alguna.

Artículo 152

El Tribunal o Juez a quien corresponda la ejecución de las sentencias firmes dictadas en causas por los delitos a los que se refiere el Título tiene dos deberes: disponer la publicación de esas sentencias en el «Boletín Oficial» de la provincia y remitir testimonio de ellas a la Junta Electoral Central.

Artículo 153

Las infracciones de las normas obligatorias de la Ley que no constituyan delito las sanciona la Junta Electoral competente: multa de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si las cometen particulares. Las infracciones del régimen de encuestas electorales: multa de 3.000 a 30.000 euros. A la superación por los partidos políticos de los límites de gastos electorales se le aplica lo previsto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

Artículo 154

Además de los supuestos del artículo 6 de la Ley, son inelegibles para Diputado o Senador quienes ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. Tampoco son elegibles para el Congreso de los Diputados los Presidentes y miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, los cargos de libre designación de dichos Consejos y los miembros de las Instituciones Autonómicas que por mandato estatutario o legal deba elegir la Asamblea Legislativa correspondiente. Nadie puede presentarse a la vez como candidato al Congreso y al Senado.

Artículo 155

Las causas de inelegibilidad de Diputados y Senadores lo son también de incompatibilidad. Son además incompatibles los cargos de la lista del apartado 2, como el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia o los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radio Televisión Española. Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras a la vez ni acumular el acta de una Asamblea autonómica con la de Diputado al Congreso. Los Senadores designados por las Comunidades Autónomas solo perciben la remuneración de Senador, salvo que opten expresamente por la de parlamentario autonómico.

Artículo 156

Diputados y Senadores solo pueden formar parte de órganos colegiados de dirección o Consejos de Administración de organismos, entes públicos o empresas con participación pública mayoritaria, directa o indirecta, cuando su elección corresponda a las respectivas Cámaras, a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas autonómicas. Solo cobran dietas o indemnizaciones acomodadas al régimen general de la Administración Pública; lo devengado que no deban percibir lo ingresa directamente el organismo, ente o empresa en el Tesoro Público. En ningún caso pueden pertenecer a más de dos.

Artículo 157

El mandato se ejerce en dedicación absoluta: es incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos de cualquier forma, sin que quepa optar por las percepciones del puesto incompatible. En particular, lo es con la función pública y con puestos del sector público. Excepción: los Profesores Universitarios pueden colaborar en su Universidad en docencia o investigación extraordinaria, sin dirección ni control de servicios, cobrando solo las indemnizaciones reglamentarias.

Artículo 158

Diputados y Senadores no pueden percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales o de las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, entes públicos y empresas con participación pública mayoritaria, ni optar por percepciones de puestos incompatibles; quedan a salvo las dietas e indemnizaciones de los compatibles. Tampoco pueden percibir pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio: el derecho al devengo se recupera automáticamente desde el mismo momento en que se extingue su condición.

Artículo 159

Mandato incompatible con actividades privadas; en todo caso: gestión o asesoramiento ante el sector público en asuntos que este resuelva; contratista o fiador de contratos pagados con fondos públicos; cargos en arrendatarias de monopolios, entidades de crédito o aseguradoras; asesorar al sector público; participación superior al 10 por 100 adquirida tras la elección, salvo herencia, en empresas con contratos públicos. Excepciones: mera administración del patrimonio personal o familiar, creación literaria, científica, artística o técnica y lo que autorice la Comisión de cada Cámara.

Artículo 160

Diputados y Senadores declaran las actividades que puedan causar incompatibilidad, las que den o puedan dar ingresos y sus bienes patrimoniales, al adquirir y perder la condición y cuando modifiquen sus circunstancias. Las declaraciones, por separado y con modelos aprobados por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, se inscriben en un Registro de Intereses, público, bajo la dependencia directa del Presidente de cada Cámara. El Pleno resuelve la incompatibilidad a propuesta motivada de la Comisión; si la declara, el parlamentario opta, y si no opta se entiende que renuncia al escaño.

Artículo 161

Para la elección de Diputados y Senadores cada provincia constituye una circunscripción electoral, y también lo son, cada una de ellas, las ciudades de Ceuta y Melilla. Excepción, solo para las elecciones de Senadores: en las provincias insulares se considera circunscripción cada una de estas islas: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma.

Artículo 162

El Congreso tiene 350 Diputados. Cada provincia tiene un mínimo inicial de dos; Ceuta y Melilla, uno cada una. Los 248 restantes se reparten entre las provincias en proporción a su población: la cuota de reparto resulta de dividir por 248 la población de derecho total de las provincias peninsulares e insulares; cada provincia recibe los Diputados que resulten, en números enteros, de dividir su población de derecho por la cuota; los restantes se asignan, uno a cada una, a las provincias con fracción decimal mayor. El Decreto de convocatoria especifica los Diputados de cada circunscripción.

Artículo 163

No cuentan las candidaturas que no lleguen, al menos, al 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. Los votos de las restantes se ordenan de mayor a menor y se dividen por 1, 2, 3, etcétera, hasta el número de escaños de la circunscripción; los escaños van a los cocientes mayores, en orden decreciente. Si coinciden dos cocientes de distintas candidaturas, gana la de mayor número total de votos; con igual número total, el primer empate se resuelve por sorteo y los sucesivos de forma alternativa. En Ceuta y Melilla es electo el candidato con mayor número de votos.

Artículo 164

Si un diputado fallece, queda incapacitado o renuncia, su escaño se atribuye al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación. Las vacantes de los Diputados elegidos en Ceuta y Melilla las cubren sus respectivos suplentes, designados en los términos del artículo 170 de la Ley.

Artículo 165

En cada circunscripción provincial se eligen cuatro Senadores. En las insulares: tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos cada una. Además, las Comunidades Autónomas designan un Senador y otro más por cada millón de habitantes; designa la Asamblea Legislativa según sus Estatutos, que aseguran la adecuada representación proporcional. El número se determina con el censo de población de derecho vigente al celebrarse las últimas elecciones generales al Senado.

Artículo 166

En la elección directa de Senadores, los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares. Son proclamados electos los candidatos que obtengan mayor número de votos hasta completar el de Senadores asignados a la circunscripción. Si un Senador elegido directamente fallece, queda incapacitado o renuncia, la vacante la cubre su suplente, designado según el artículo 171 de la Ley.

Artículo 167

Las elecciones al Congreso, al Senado o a ambas Cámaras conjuntamente se convocan mediante Real Decreto. Salvo en el supuesto del artículo 99, párrafo quinto, de la Constitución, el Decreto se expide con el refrendo del Presidente del Gobierno, a propuesta del mismo bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros. En caso de disolución anticipada, el Decreto de disolución contiene la convocatoria de nuevas elecciones a la Cámara o Cámaras disueltas. En el supuesto del artículo 99.5 de la Constitución refrenda el Presidente del Congreso de los Diputados.

Artículo 168

Cada partido, federación y coalición que pretenda concurrir designa por escrito, ante la Junta Electoral Central, un representante general antes del noveno día posterior a la convocatoria, con su aceptación. Cada representante general designa ante la misma Junta, antes del undécimo día, a los representantes de las candidaturas en cada circunscripción. En dos días la Junta Electoral Central comunica sus nombres a las Juntas Electorales Provinciales, ante las que aceptan antes de presentar la candidatura. Las agrupaciones de electores designan a los suyos al presentar las candidaturas.

Artículo 169

En elecciones al Congreso y al Senado, la presentación y proclamación de candidatos corresponde a la Junta Electoral Provincial. Cada candidatura se presenta mediante listas de candidatos. Las agrupaciones de electores necesitan al menos la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción; los partidos, federaciones o coaliciones sin representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria, la del 0,1 %. Ningún elector puede firmar por más de una candidatura. Las candidaturas presentadas y las proclamadas se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 170

Artículo 171

Las candidaturas para el Senado son individuales a efectos de votación y escrutinio, aunque pueden agruparse en listas a efectos de presentación y campaña electoral. Cada candidatura a Senador debe incluir dos candidatos suplentes, haciendo constar el orden en que deban asumir la suplencia. Los nombres de los suplentes figuran en la publicación de las candidaturas en el Boletín Oficial del Estado y en toda la documentación electoral, pero no se incluyen en las papeletas electorales.

Artículo 172

Las Juntas competentes a los efectos del artículo 70.1 son las Provinciales. La papeleta de Diputados expresa denominación, sigla y símbolo de quien la presenta y nombres y apellidos de candidatos y suplentes por su orden. La de Senadores va por una sola cara, salvo que los candidatos superen el número fijado en la normativa de desarrollo; las candidaturas se ordenan de mayor a menor por los votos de las últimas elecciones al Senado en la circunscripción y, después, por sorteo, las agrupaciones de electores y quienes no concurrieron. Cada nombre lleva un recuadro que se marca con una cruz.

Artículo 173

En las elecciones al Congreso de los Diputados o al Senado, las Juntas Electorales competentes para realizar todas las operaciones de escrutinio general son las Juntas Electorales Provinciales. El artículo no contiene más datos: solo el órgano competente.

Artículo 174

Los administradores generales de partidos, federaciones y coaliciones son designados por escrito ante la Junta Electoral Central por sus representantes generales antes del undécimo día posterior a la convocatoria. Los administradores de las candidaturas son designados por escrito ante la Junta Electoral Provincial correspondiente por sus representantes en el acto de presentación de las candidaturas. En ambos casos el escrito debe expresar la aceptación del designado. Las Juntas Electorales Provinciales comunican a la Junta Electoral Central los administradores designados en su circunscripción.

Artículo 175. Subvención de gastos en elecciones al Congreso y Senado

El Estado subvenciona: 21.167,64 por escaño en el Congreso o el Senado; 0,81 euros por voto a cada candidatura al Congreso con al menos un Diputado; 0,32 euros por voto a cada candidato que obtenga escaño de Senador. Límite de gastos: 0,37 euros por habitante de las circunscripciones con candidaturas. Por envío directo y personal de sobres, papeletas o propaganda: 0,18 euros por elector si se logra Grupo Parlamentario propio o lo preciso para constituirlo. Son euros constantes: Orden del Ministerio de Economía y Hacienda las actualiza en los cinco días siguientes a la convocatoria.

Artículo 176

Sin perjuicio del Título I, capítulo I, votan en las municipales los residentes extranjeros en España cuyos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. También los residentes en España que, sin nacionalidad española: a) sean ciudadanos de la Unión Europea; b) reúnan los requisitos de elector exigidos a los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el sufragio activo en España. El Gobierno comunica a la Oficina del Censo Electoral la relación de Estados cuyos nacionales residentes deban inscribirse en el censo.

Artículo 177

Sin perjuicio del capítulo II del Título I, son elegibles en las municipales los residentes en España sin nacionalidad española que: a) sean ciudadanos de la Unión Europea o de países que otorguen a los españoles el sufragio pasivo en sus municipales por tratado; b) reúnan los requisitos de elegibilidad exigidos a los españoles; c) no hayan sido desposeídos del sufragio pasivo en su Estado de origen. Son inelegibles para Alcalde o Concejal los incursos en el artículo 6 y los deudores directos o subsidiarios de la Corporación Local con mandamiento de apremio por resolución judicial.

Artículo 178

Las causas de inelegibilidad del artículo anterior lo son también de incompatibilidad para ser Concejal. Además: abogados y procuradores que actúen contra la Corporación (salvo las acciones del art. 63.1 b) de la Ley de Bases de Régimen Local); directores de servicios, funcionarios o personal en activo del Ayuntamiento; directores generales de Cajas de Ahorro que actúen en el término; contratistas financiados por la Corporación; y electos de partidos ilegalizados. El afectado opta entre renunciar o abandonar la situación; el funcionario que opta por ser Concejal pasa a servicios especiales.

Artículo 179

Cada término municipal es una circunscripción. Concejales según residentes: hasta 100, 3; de 101 a 250, 5; de 251 a 1.000, 7; de 1.001 a 2.000, 9; de 2.001 a 5.000, 11; de 5.001 a 10.000, 13; de 10.001 a 20.000, 17; de 20.001 a 50.000, 21; de 50.001 a 100.000, 25; de 100.001 en adelante, un Concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, y uno más cuando el resultado sea par. La escala no se aplica a los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto, donde los electores eligen directamente al Alcalde por sistema mayoritario.

Artículo 180

Los puestos de Concejales en cada Ayuntamiento se atribuyen siguiendo el mismo procedimiento previsto en el artículo 163.1 de la Ley, con una única salvedad: no se tienen en cuenta las candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 5 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

Artículo 181

Si en alguna circunscripción no se presentan candidaturas, se celebran elecciones parciales en dicha circunscripción en el plazo de seis meses. Si en esta nueva convocatoria tampoco se presenta candidatura alguna, se procede según lo previsto en el párrafo tercero del artículo 182.

Artículo 182

Si un concejal fallece, queda incapacitado o renuncia, el escaño pasa al candidato o suplente de la misma lista según su orden de colocación. Si no quedan, cubre la vacante cualquier ciudadano mayor de edad no incurso en inelegibilidad, designado por la formación; no pueden serlo quienes, siendo candidatos o suplentes de esa lista, hubieran renunciado antes. Si los elegidos de hecho bajan de la mitad del número legal, se constituye una comisión gestora; si es imposible, la Diputación Provincial o el órgano autonómico competente asume la gestión ordinaria, sin acuerdos de mayoría cualificada.

Artículo 183

Disuelta una corporación local por el Consejo de Ministros por gestión gravemente dañosa, se convocan elecciones parciales dentro de tres meses, salvo que el mandato de la nueva resultase inferior a un año. Entretanto administra una comisión gestora designada por la diputación o el órgano autonómico, sin exceder del número legal; es Alcalde o Presidente el vocal elegido por mayoría de votos. Si la disolución es por actuaciones del art. 61.2 de la Ley 7/1985, la diputación o el órgano autonómico asume la gestión ordinaria hasta el fin del mandato, sin acuerdos de mayoría cualificada.

Artículo 184. Concejales de Municipios con población inferior a 250 habitantes y no sometidos a régimen de Concejo Abierto

Cada partido, coalición, federación o agrupación puede presentar una lista de como máximo tres nombres si el municipio tiene hasta 100 residentes, o de cinco si tiene entre 101 y 250. Cada elector puede votar a un máximo de dos candidatos (hasta 100 residentes) o de cuatro (entre 101 y 250). Se recuentan los votos de cada candidato y se ordenan de mayor a menor; son proclamados electos los más votados hasta completar el número de concejales a elegir. Los empates se resuelven por sorteo. La vacante por fallecimiento, incapacidad o renuncia pasa al candidato siguiente más votado.

Artículo 185

Artículo 186

Partidos, federaciones y coaliciones designan por escrito, antes del noveno día posterior a la convocatoria, un representante general ante cada Junta Electoral Provincial y otro ante la Central, con aceptación del designado. Los representantes generales designan ante la Junta Provincial, antes del undécimo día, a los representantes de las candidaturas de cada municipio; la Provincial comunica los nombres a las de Zona en dos días, y aquellos aceptan ante la de Zona antes de presentar la candidatura. Las agrupaciones los designan al presentar la candidatura ante la Junta de Zona.

Artículo 187

La Junta competente para presentar y proclamar candidatos es la de Zona. El artículo 44 bis no es exigible en municipios de 3.000 residentes o menos, ni entre 3.000 y 5.000, donde sí se exige que cada sexo no supere el 60 % ni baje del 40 %. Firmas de las agrupaciones, autenticadas por notario o Secretario municipal: menos de 5.000 habitantes, 1 % de inscritos y más del doble de los Concejales; 5.001-10.000, 100; 10.001-50.000, 500; 50.001-150.000, 1.500; 150.001-300.000, 3.000; 300.001-1.000.000, 5.000; demás casos, 8.000. Las candidaturas se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Artículo 187 bis

Los elegibles conforme al artículo 177.1 aportan, al presentar las candidaturas, además de los documentos exigidos por la legislación española, una declaración formal con: nacionalidad y domicilio en España; que no están privados del sufragio pasivo en el Estado miembro de origen; y, en su caso, el último domicilio en ese Estado. En los supuestos que determine la Junta Electoral competente se podrá exigir un certificado de ese Estado. Tras la proclamación, la Junta Electoral Central traslada a los otros Estados, vía Ministerio competente, la información de sus nacionales candidatos.

Artículo 188

En las elecciones municipales, el derecho a los tiempos de emisión gratuitos en los medios de titularidad pública, regulado en el artículo 64, corresponde a los partidos, federaciones o coaliciones que presentan candidaturas en municipios que comprendan al menos el 50 por 100 de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de programación del medio correspondiente.

Artículo 189

A los efectos previstos en el artículo 70.1, las Juntas Electorales competentes en el caso de elecciones municipales son las Juntas Electorales de Zona. Las papeletas electorales destinadas a la elección de Concejales deben tener el contenido expresado en el artículo 172.2.

Artículo 190

Artículo 191

En las elecciones municipales, las Juntas Electorales competentes para la realización de todas las operaciones del escrutinio general son las Juntas Electorales de Zona. El escrutinio se lleva a cabo por orden alfabético de municipios.

Artículo 192

Los administradores generales de partidos, federaciones y coaliciones se designan ante la Junta Electoral Central, conforme al artículo 174. Los administradores de sus candidaturas los nombran por escrito los representantes generales ante la Junta Electoral Provincial, entre el decimoquinto y el vigésimo día posterior a la convocatoria, con aceptación del designado; las Juntas Provinciales los comunican a la Central. Los promotores de las agrupaciones de electores designan los suyos ante la Junta Electoral Provincial dentro de los dos días siguientes al acto de presentación de la candidatura.

Artículo 193. Subvenciones de gastos electorales municipales

El Estado subvenciona 270,90 euros por Concejal electo y 0,54 euros por voto de cada candidatura con al menos un Concejal. El límite de gastos es 0,11 euros por habitante de las circunscripciones con candidatura; quien concurra en al menos el 50 por 100 de los municipios de una provincia puede gastar otros 150.301,11 euros. Por envío de sobres, papeletas o propaganda: 0,18 euros por elector, con listas en el 50 por 100 de los municipios de más de 10.000 habitantes y representación en el 50 por 100 de ellos. Se actualizan por Orden en los cinco días siguientes a la convocatoria.

Artículo 194

El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años, contados a partir de la fecha de su elección, en los términos del artículo 42, apartado 3. Finalizado el mandato, los miembros de las Corporaciones cesantes continúan sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso pueden adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada.

Artículo 195

Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a las elecciones; si hay recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, el cuadragésimo día. La Mesa de Edad la integran los elegidos de mayor y menor edad presentes; es Secretario el de la Corporación. La Mesa comprueba las credenciales con las certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona y declara constituida la Corporación si concurre la mayoría absoluta de los Concejales electos; si no, hay sesión dos días después y se constituye con los presentes.

Artículo 196

El Alcalde se elige en la misma sesión de constitución de la Corporación. Pueden ser candidatos los Concejales que encabecen sus listas y es proclamado electo quien obtenga la mayoría absoluta de los votos de los Concejales. Si nadie la alcanza, es Alcalde el Concejal que encabece la lista con mayor número de votos populares en el municipio; el empate se resuelve por sorteo. En los municipios de entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos todos los Concejales y, sin mayoría absoluta, es Alcalde el Concejal con más votos populares en las elecciones de Concejales.

Artículo 197. Moción de censura del Alcalde

El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura. La moción debe proponerla, al menos, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación e incluir un candidato a la Alcaldía, que puede ser cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición. Si algún proponente forma o ha formado parte del grupo político municipal del Alcalde censurado, la mayoría exigida se incrementa en el mismo número de concejales que se encuentren en esa circunstancia.

Artículo 197 bis

El Alcalde puede plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada a presupuestos anuales, reglamento orgánico, ordenanzas fiscales o aprobación que ponga fin a la tramitación del planeamiento general, si el acuerdo ya se debatió sin lograr la mayoría necesaria. Se vota por llamamiento nominal público. Si la pierde, cesa automáticamente y el nuevo Alcalde se elige a las doce horas del décimo día hábil siguiente; en presupuestos se entiende otorgada si en un mes no se presenta moción de censura o esta no prospera. Límites: una por año, dos por mandato y ninguna en el último año.

Artículo 198

Cuando la Alcaldía queda vacante por un supuesto distinto de los previstos en los artículos 197 y 197 bis, la vacante se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196. A estos efectos se considera que encabeza la lista en la que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura.

Artículo 199

El régimen electoral de las entidades locales de ámbito inferior al Municipio es el de las Leyes autonómicas que las instituyan o reconozcan; en su defecto, el de este artículo. Los Alcaldes Pedáneos los eligen directamente los vecinos por sistema mayoritario. La Junta vecinal la forman el Alcalde Pedáneo, que la preside, y dos vocales en núcleos de menos de 250 residentes o cuatro en los de más, salvo que superen el tercio de los Concejales del Ayuntamiento, caso en que son dos. La Junta Electoral de Zona fija los vocales de cada candidatura y su representante los designa entre los electores.

Artículo 200

Las Juntas Electorales Provinciales adoptan las resoluciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 179.2 de la Ley, con el fin de que sea elegido el Alcalde de los Municipios que funcionen en régimen de concejo abierto.

Artículo 201

En cada isla se eligen Consejeros Insulares por sufragio universal, directo y secreto, en urna distinta a la de Concejales: 11 hasta 10.000 residentes, 13 hasta 20.000, 17 hasta 50.000, 21 hasta 100.000 y, desde 100.001, uno más por cada 100.000 o fracción, más otro si resulta número par. Mandato de cuatro años; cada isla es una circunscripción. El Cabildo se constituye dentro de los treinta días siguientes a las elecciones y lo preside el candidato primero de la lista más votada. Subvención: 1.625,44 euros por Consejero electo y 0,65 por voto; límite de gastos: 0,16 euros por habitante.

Artículo 202

Para el cargo de Diputado Provincial son inelegibles quienes incurran en alguno de los supuestos del artículo 6.º de la Ley y, además, los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial.

Artículo 203

Las causas de inelegibilidad del artículo anterior son también de incompatibilidad. Además son incompatibles: abogados y procuradores que actúen contra la Corporación (salvo las acciones del art. 63.1 b) LRBRL); Directores de Servicios, funcionarios o personal en activo de la Diputación; Directores Generales o asimilados de Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que actúen en la provincia; contratistas o subcontratistas financiados total o parcialmente por la Corporación; y electos de candidaturas ilegalizadas (se aplica el art. 6.4). El afectado opta entre renunciar o abandonar la situación.

Artículo 204

Diputados según los residentes de la provincia: hasta 500.000, 25; de 500.001 a 1.000.000, 27; de 1.000.001 a 3.500.000, 31; de 3.500.001 en adelante, 51. Las Juntas Electorales Provinciales reparten los puestos entre partidos judiciales, proporcionalmente a los residentes, en el décimo día posterior a la convocatoria: cada partido judicial cuenta al menos con un Diputado y con no más de tres quintos del total; las fracciones iguales o superiores a 0,50 se corrigen por exceso y las inferiores por defecto. Los partidos judiciales coinciden con los de las elecciones locales de 1979.

Artículo 205

Constituidos todos los Ayuntamientos de la provincia, la Junta Electoral de Zona forma inmediatamente la relación de formaciones con algún Concejal en cada partido judicial, en orden decreciente de votos, y distribuye los puestos por el procedimiento del artículo 163. La constitución se aplaza hasta resolver los recursos contencioso-electorales, pero no se pospone si deben convocarse nuevas elecciones en algún municipio. En los de menos de 250 habitantes los votos se dividen entre el número de candidatos, hasta un máximo de cuatro. Coincidencia de cocientes: votos, Concejales y sorteo.

Artículo 206

Asignados los puestos, la Junta Electoral convoca por separado, dentro de los cinco días siguientes, a los concejales de cada formación con puestos de diputado para que elijan, de entre listas avaladas al menos por un tercio de dichos concejales, a los diputados y a tres suplentes. Las listas guardan representación equilibrada: cada sexo, ni más del sesenta por ciento ni menos del cuarenta, en orden alternativo. La Junta de Zona proclama a electos y suplentes, expide las credenciales y remite certificaciones a la Junta Provincial y a la Diputación.

Artículo 207

La Diputación se reúne en sesión constitutiva presidida por una Mesa de Edad (Diputados de mayor y menor edad presentes), con el Secretario de la Corporación, para elegir Presidente: mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda. Puede ser candidato cualquiera de los Diputados Provinciales. El Presidente puede ser destituido por moción de censura (artículo 197) y cesar al perder una cuestión de confianza (artículo 197 bis) vinculada a los presupuestos anuales, el reglamento orgánico o el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

Artículo 208

En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de Concejal de un Diputado Provincial, su vacante la ocupa uno de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente, conforme al orden establecido entre ellos. Si no fuera posible cubrir alguna vacante porque los tres suplentes elegidos en el partido judicial han pasado a ocupar vacantes anteriores, se procede a una nueva elección de Diputados correspondientes al partido judicial, de acuerdo con el procedimiento del artículo 206.

Artículo 209. Respeto a regímenes autonómicos y forales

Lo regulado en el Capítulo se entiende sin perjuicio del respeto a los regímenes especiales autonómicos y forales. A esos regímenes les es aplicable, en todo caso, lo dispuesto en los artículos 6.4 y 203.1.e) de la Ley.

Artículo 210

Sin perjuicio del capítulo I del Título I, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento Europeo las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, sean ciudadanos de la Unión Europea, reúnan los requisitos para ser elector exigidos a los españoles y gocen del derecho de sufragio activo en su Estado miembro de origen. Nadie puede votar más de una vez en las mismas elecciones, y el ciudadano no español de la Unión Europea debe haber optado previamente por ejercer el sufragio activo en España.

Artículo 210 bis

Sin perjuicio del capítulo I del Título I, son elegibles en las elecciones al Parlamento Europeo las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, sean ciudadanos de la Unión Europea, reúnan los requisitos para ser elegibles exigidos a los españoles y sean titulares del derecho de sufragio pasivo en su Estado miembro de origen. Son inelegibles los comprendidos en el artículo 154.1 y 2, pero el 154.1 solo se aplica a los ciudadanos de la Unión Europea cuando esas funciones o cargos sean causa de inelegibilidad en el Estado miembro de origen.

Artículo 211

Las causas de inelegibilidad de los Diputados al Parlamento Europeo lo son también de incompatibilidad. Son además incompatibles: quienes lo sean según las normas electorales de las Comunidades Europeas, los del apartado 2 del artículo 155, los miembros de las Cortes Generales, los de las Asambleas Legislativas autonómicas y los electos en candidaturas de partidos, federaciones o coaliciones declarados ilegales por sentencia firme o de agrupaciones vinculadas a un partido ilegalizado. En Cortes y Asambleas, se resuelve a favor de la condición parlamentaria adquirida en último término.

Artículo 212

El mandato de los Diputados del Parlamento Europeo se ejerce en régimen de dedicación absoluta, en los mismos términos previstos para Diputados y Senadores. Se les aplican los artículos 157 y 158 y no pueden percibir con cargo a los presupuestos del sector público estatal, autonómico o local ninguna remuneración, salvo la que pudiera corresponderles por su condición de tales. Tampoco pueden formar parte de los órganos colegiados de dirección o Consejos de Administración de Organismos, Entes públicos o Empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta.

Artículo 213

Los Diputados del Parlamento Europeo solo pueden ejercer las actividades privadas a que se refieren los apartados a) y b) del artículo 159.3 de la Ley, además de las no comprendidas en el número 2 de ese mismo artículo. El precepto no detalla cuáles son esas actividades: se limita a remitir al artículo 159.

Artículo 214

Artículo 215

Artículo 216

La atribución de escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley, con dos excepciones: no rige lo previsto en el apartado 1, a), ni lo previsto en el apartado 2 de dicho artículo.

Artículo 217

En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Diputado del Parlamento Europeo, el escaño se atribuye al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.

Artículo 218

La convocatoria para la elección de los Diputados del Parlamento Europeo se realiza de acuerdo con las normas comunitarias y mediante Real Decreto. El Decreto de convocatoria se expide con el refrendo del Presidente del Gobierno, a propuesta del mismo, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros. A estas elecciones no se les aplica lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley.

Artículo 219

Cada partido, federación y coalición que pretenda concurrir designa un representante general en los términos del artículo 168.1; los promotores de cada agrupación de electores lo designan al presentar su candidatura. Cada representante general puede designar, en el plazo de dos días desde su nombramiento y ante la Junta Electoral Central, a los representantes de su candidatura ante las Juntas Electorales Provinciales. La Junta Electoral Central comunica las designaciones a las Provinciales dentro de los dos días siguientes, y los representantes han de personarse ante sus Juntas para aceptar.

Artículo 220

La Junta competente en la presentación y proclamación de candidatos al Parlamento Europeo es la Junta Electoral Central. Las candidaturas se presentan en listas completas, salvo que se use la posibilidad del artículo 221.4, caso en que la lista puede contener hasta un máximo de candidatos y suplentes igual al de diputados a elegir. Se necesitan las firmas de 15.000 electores; partidos, federaciones y coaliciones pueden sustituirlas por las de 50 cargos electos. Nadie puede firmar para varias candidaturas. Presentadas y proclamadas se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 220 bis

Los ciudadanos de la Unión Europea elegibles deben aportar, al presentar las candidaturas, además de los documentos que acrediten los requisitos de la legislación española, una declaración formal con su nacionalidad y domicilio en España, que no se presentan simultáneamente en otro Estado miembro y, en su caso, el término municipal o circunscripción del Estado de origen en cuyo censo estuvieron inscritos en último lugar. También una certificación del Estado de origen de que no están desposeídos del sufragio pasivo. La Junta Electoral Central puede exigir documento de identidad no caducado.

Artículo 221

A los efectos del artículo 70.1, la Junta competente en las elecciones al Parlamento Europeo es la Junta Electoral Central. Las papeletas deben contener la denominación, sigla y símbolo de quien presenta la candidatura y la lista completa de nombres y apellidos de candidatos y suplentes, según su orden de colocación. Al presentar las candidaturas ante la Junta Electoral Central se puede hacer constar el ámbito territorial en el que se desea la difusión de las papeletas, cuando sea inferior al estatal y coincida al menos con las secciones electorales existentes en una Comunidad Autónoma.

Artículo 222

Al presentar la candidatura ante la Junta Electoral Central, los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores pueden hacer constar su voluntad de que, en determinadas secciones electorales coincidentes con el territorio de alguna Comunidad Autónoma, se expresen únicamente los nombres de los candidatos y suplentes miembros de partidos o de sus organizaciones territoriales con ámbito de actuación estatutariamente delimitado a dicho territorio, así como, en su caso, su propia denominación, sigla y símbolo.

Artículo 223

A los efectos de los artículos 103 a 107, las Juntas competentes son las Juntas Electorales Provinciales. Concluido el escrutinio, representantes y apoderados de las candidaturas disponen de dos días para presentar reclamaciones y protestas, que las Juntas Electorales Provinciales resuelven en los dos días siguientes. Después remiten a la Junta Electoral Central, no más tarde del decimoquinto día posterior a las elecciones, certificación suscrita por sus Presidentes y Secretarios con los resultados de la provincia: electores, votos válidos, nulos, en blanco y los de cada candidatura.

Artículo 224

La Junta Electoral Central procede, no más tarde del vigésimo día posterior a las elecciones, al recuento de los votos a nivel nacional, a la atribución de escaños a cada candidatura y a la proclamación de electos. En el plazo de cinco días desde su proclamación, los electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central; transcurrido el plazo, esta declara vacantes los escaños de quienes no la hubieran acatado y suspendidas sus prerrogativas, hasta que acaten. Le corresponde además el resto del escrutinio general no previsto en el artículo anterior.

Artículo 225

El Tribunal competente a efectos de recurso contencioso electoral es el Tribunal Supremo. La notificación de la Sentencia que resuelve un proceso contencioso electoral se producirá no más tarde del cuadragésimo quinto día posterior a las elecciones (el día 45).

Artículo 226

Los administradores generales de los partidos políticos, federaciones y coaliciones se designan conforme a lo previsto en el artículo 174.1 de la Ley. Los administradores de la candidatura en cada provincia se designan conforme a lo dispuesto en el artículo 174.2, antes del día vigésimo primero posterior a la convocatoria de elecciones.

Artículo 227. Subvención de gastos electorales para el Parlamento Europeo

El Estado subvenciona con 32.508,74 euros cada escaño y con 1,08 euros cada voto de las candidaturas con al menos un Diputado. Límite de gastos: 0,19 euros por habitante de la población de derecho de las secciones donde se haya solicitado la difusión de las papeletas. Por envío directo y personal a los electores, con al menos un Diputado: 0,13 euros por elector con el 15 por 100 de los votos válidos, 0,09 con el 6, 0,025 con el 3 y 0,016 con el 1. Son euros constantes, que se actualizan por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda en los cinco días siguientes a la convocatoria.

Artículo 1. Libertad de creación y afiliación

Pueden crear libremente partidos políticos los ciudadanos de la Unión Europea, conforme a la Constitución y a esta ley orgánica. La afiliación es libre y voluntaria: nadie puede ser obligado a constituir un partido, a integrarse en él ni a permanecer en él. Los partidos pueden constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos, cumpliendo lo previsto en el capítulo y previo acuerdo expreso de sus órganos competentes.

Artículo 2. Capacidad para constituir

Los promotores de un partido deben ser personas físicas, mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos, no sujetas a ninguna condición legal para ejercerlos y no condenadas penalmente por asociación ilícita o por delitos graves de los Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última incapacidad no afecta a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados. Los partidos constituidos pueden prever en sus estatutos la creación y reconocimiento de organizaciones juveniles.

Artículo 3. Constitución, Estatutos y personalidad jurídica

El acta fundacional, en documento público, identifica a los promotores, la denominación, los órganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos. La denominación no puede inducir a error ni coincidir o asemejarse, aun fonéticamente, con la de otro partido inscrito o declarado ilegal, disuelto o suspendido, ni con personas físicas, entidades o marcas. Los estatutos tienen un contenido mínimo (p. ej., renovar órganos como máximo cada cuatro años). Los cambios se comunican al Registro en tres meses y en el primer trimestre de cada año. La personalidad jurídica nace con la inscripción.

Artículo 4. Inscripción en el Registro

Los promotores realizan lo necesario para inscribir el partido; si actúan en nombre de un partido no inscrito, responden personal y solidariamente ante terceros. El Ministerio del Interior inscribe en los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa, plazo que se suspende si se inicia algún procedimiento del artículo siguiente. Pasados los veinte días sin suspensión, se entiende producida la inscripción. Esta produce efectos indefinidamente mientras no se anote la suspensión o disolución del partido (por su propia decisión o judicial) o su extinción judicial.

Artículo 5. Examen de los requisitos para la inscripción

Si hay defectos formales en el acta o la documentación, o los proponentes carecen de capacidad, el Ministerio del Interior lo comunica para subsanar y el plazo de inscripción se suspende desde la notificación hasta la corrección. Ante indicios racionales de ilicitud penal, lo comunica al Ministerio Fiscal en veinte días por resolución fundada. El Fiscal, en veinte días, ejerce acciones penales o devuelve la comunicación. La remisión suspende el plazo de inscripción y se notifica de inmediato a los promotores. Cabe recurso contencioso-administrativo.

Artículo 6. Principios democrático y de legalidad

Los partidos políticos deben ajustar su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. A la vez, tienen libertad organizativa para establecer su estructura, organización y funcionamiento, con los únicos límites establecidos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7. Organización y funcionamiento

La estructura y el funcionamiento de los partidos deben ser democráticos, con participación directa de los afiliados, sobre todo al elegir el órgano superior de gobierno. Debe haber una asamblea general de todos los miembros, que adopta los acuerdos más importantes, incluida la disolución. Los directivos se eligen por sufragio libre y secreto. Los estatutos fijan plazo de convocatoria, miembros para incluir asuntos, reglas de deliberación y mayoría (por regla general, simple de presentes o representados), y control de los dirigentes. Plan de igualdad y protocolo antiviolencia machista.

Artículo 8. Derechos y deberes de los afiliados

Los afiliados deben ser personas físicas, mayores de edad y sin capacidad de obrar limitada ni restringida. Los estatutos pueden prever modalidades de afiliación según la vinculación, con iguales derechos y deberes dentro de cada una. La afiliación consta en un fichero. A los de mayor vinculación se les reconocen en todo caso los derechos de participar y votar, ser electores y elegibles, ser informados, impugnar acuerdos y acudir al órgano de defensa del afiliado; el resto, los que fijen los estatutos. Deberes: compartir los fines, respetar estatutos y leyes, acatar acuerdos y pagar cuotas.

Artículo 9. Actividad

Los partidos ejercen libremente su actividad respetando los valores constitucionales. Un partido será declarado ilegal si su actividad vulnera los principios democráticos mediante conductas reiteradas y graves: vulnerar sistemáticamente derechos fundamentales, legitimar la violencia o apoyar políticamente a organizaciones terroristas. Se aprecia por la repetición o acumulación de conductas como apoyar el terrorismo, incluir condenados por terrorismo que no lo rechacen o usar símbolos terroristas. Se valora su trayectoria aunque cambie de denominación.

Artículo 9 bis. Prevención y supervisión

Los partidos políticos están obligados a adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión. Este sistema se exige a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal, al que el precepto remite expresamente.

Artículo 10. Disolución o suspensión judicial

Además de por decisión de sus miembros según los estatutos, un partido puede ser disuelto o suspendido judicialmente. La disolución surte efectos desde su anotación en el Registro, previa notificación del partido o del órgano judicial. Procede la disolución judicial por asociación ilícita (juez penal) o por vulnerar de forma reiterada y grave la democracia interna o los principios democráticos (Sala especial del Tribunal Supremo). La suspensión solo procede si lo dispone el Código Penal o como medida cautelar. Iniciado un proceso de ilegalización, no cabe la disolución voluntaria.

Artículo 11. Procedimiento

Pueden instar la ilegalización por las causas b) y c) del artículo 10.2 el Gobierno y el Ministerio Fiscal; el Congreso o el Senado pueden instar al Gobierno, que queda obligado a solicitarla previa deliberación del Consejo de Ministros. La demanda se presenta ante la Sala especial del Tribunal Supremo. Plazos: ocho días para comparecer, diez para alegar sobre la inadmisión, veinte para contestar, veinte sucesivos para alegar sobre la prueba y veinte para la sentencia, que no admite recurso, salvo amparo, y es ejecutiva desde su notificación. Cabe suspensión cautelar.

Artículo 12. Efectos de la disolución judicial

Notificada la sentencia de disolución, cesa de inmediato toda actividad del partido (incumplirlo da lugar a responsabilidad penal). Se presume fraudulento y no procede crear un partido nuevo, o usar otro ya inscrito, que lo continúe o suceda. Se abre una liquidación patrimonial con tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora; el Tesoro destina el patrimonio neto a fines de interés social o humanitario. La Sala asegura la ejecución, declara, oídos los interesados, la improcedencia de la sucesión y rechaza las peticiones abusivas o fraudulentas.

Artículo 12 bis. Declaración judicial de extinción de un partido político

El órgano competente, a iniciativa del Registro, de oficio o a instancia de los interesados, pide a la jurisdicción contencioso-administrativa la extinción del partido que: a) no haya adaptado sus estatutos a las leyes en plazo; b) no haya convocado la renovación de sus órganos pasado el doble del plazo del artículo 3.2.i); o c) no haya presentado cuentas anuales en 3 ejercicios consecutivos o cuatro alternos. Antes, el Registro lo apercibe para que lo justifique en 6 meses. Se sigue el artículo 127 quinquies de la Ley 29/1998; la extinción surte efectos desde su anotación en el Registro.

Artículo 13. Financiación

La financiación de los partidos se rige por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio. Conforme a ella, a la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas y a la Ley 7/1988 de su funcionamiento, los partidos asumen las obligaciones formales y personales sobre acreditación de fines y cumplimiento de requisitos en el control de los fondos públicos que reciben. Todos los partidos inscritos en el Registro deben remitir sus cuentas anuales consolidadas, debidamente formalizadas, al Tribunal de Cuentas en el plazo que fija la Ley Orgánica 8/2007.

Artículo 1. Ámbito de aplicación de la Ley

La Ley Orgánica 8/2007 regula la financiación de los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, que debe ajustarse a lo que ella dispone. Cuando la Ley dice «partido político» se refiere, en su caso, a todas esas entidades: partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores.

Artículo 2. Recursos económicos

Los recursos de los partidos son públicos o privados. Públicos: subvenciones para gastos electorales, subvenciones estatales anuales de funcionamiento, subvenciones autonómicas (y de Territorios Históricos vascos y Corporaciones Locales), subvenciones extraordinarias para campañas de referéndum y aportaciones de los grupos parlamentarios y de representantes locales. Privados: cuotas y aportaciones de afiliados, productos de actividades propias, rendimientos del patrimonio, donaciones, préstamos o créditos y herencias o legados.

Artículo 3. Subvenciones

El Estado da subvenciones anuales no condicionadas a los partidos con representación en el Congreso, para gastos de funcionamiento: la consignación se divide en tres partes iguales; una se reparte según escaños y dos según votos. Puede añadirse una asignación anual para gastos de seguridad. Las CCAA (y los Territorios Históricos vascos) pueden dar subvenciones análogas. Si superan doce millones de euros, hace falta acuerdo previo del Consejo de Ministros. No se pagan sin estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social y se retienen si no se presentan y publican las cuentas.

Artículo 4. Aportaciones, donaciones, operaciones asimiladas y acuerdos sobre condiciones de deuda

Los partidos pueden recibir cuotas y aportaciones de afiliados y donaciones no finalistas, nominativas e irrevocables de personas físicas, salvo de quienes sean parte de un contrato público vigente. Las donaciones se ingresan en cuentas exclusivas; si entran en otra, se traspasan en tres meses desde el cierre del ejercicio. El exceso sobre el límite y lo de donante no identificado van al Tesoro en tres meses. No caben pagos de gastos por terceros ni condonaciones de deuda por entidades de crédito.

Artículo 5. Límites a las donaciones privadas

Los partidos no pueden aceptar donaciones anónimas, finalistas o revocables; donaciones de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales, ni donaciones de personas jurídicas o entes sin personalidad. El límite de 50.000 euros no rige para las donaciones en especie de bienes inmuebles que cumplan el artículo 4.2.e). Las donaciones superiores a 25.000 euros y todas las de inmuebles se notifican al Tribunal de Cuentas en tres meses desde su aceptación.

Artículo 6. Actividades propias

Los partidos no pueden desarrollar actividades mercantiles de ninguna naturaleza; no se consideran mercantiles sus actividades propias del artículo 2.Dos.b). Los ingresos por actividades propias, rendimientos del patrimonio, beneficios de actividades promocionales y servicios ligados a sus fines exigen identificar al transmitente cuando la transmisión al partido sea igual o superior a 300 euros.

Artículo 7. Aportaciones de personas extranjeras

Los partidos pueden recibir donaciones no finalistas de personas físicas extranjeras, con los mismos límites, requisitos y condiciones que las aportaciones privadas y cumpliendo además la normativa sobre control de cambios y movimiento de capitales. No pueden aceptar ninguna forma de financiación de Gobiernos, organismos, entidades o empresas públicas extranjeras ni de empresas relacionadas directa o indirectamente con ellos.

Artículo 8. Justificación de las cuotas y aportaciones

Las cuotas y aportaciones de afiliados se abonan en cuentas bancarias exclusivas, mediante domiciliación desde una cuenta del afiliado o ingreso nominativo en la cuenta que designe el partido. Las demás aportaciones privadas van a otra cuenta distinta, con constancia de fecha, importe y nombre completo del aportante, y el banco expide documento acreditativo. Las superiores a 25.000 euros (individual o acumuladamente) y todas las de inmuebles se notifican al Tribunal de Cuentas en tres meses desde el cierre del ejercicio.

Artículo 9. Objeto y ámbito de aplicación

El título III regula el régimen tributario de los partidos políticos y el de las cuotas, aportaciones y donaciones que les hacen las personas físicas para financiarlos. En lo que este título no prevea se aplican las normas tributarias generales y, en particular, las previstas para las entidades sin fines lucrativos.

Artículo 10. Rentas exentas de tributación

Los partidos están exentos del Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas para financiar su objeto o finalidad. La exención abarca cuotas y aportaciones de afiliados, subvenciones de esta Ley, donaciones de personas físicas y adquisiciones lucrativas, rendimientos de actividades propias y del patrimonio. En las explotaciones económicas propias, la exención debe declararla expresamente la Administración Tributaria. También se exime la ganancia por venta de bienes afectos si se reinvierte en los plazos del Impuesto.

Artículo 11. Tipo de gravamen, rentas no sujetas a retención y obligación de declarar

La base imponible positiva de las rentas no exentas de los partidos tributa al 25 por ciento. Las rentas exentas no están sometidas a retención ni a ingreso a cuenta, y un reglamento fijará cómo acreditan los partidos su exclusión de la obligación de retener. Los partidos deben presentar y suscribir declaración del Impuesto sobre Sociedades por las rentas no exentas.

Artículo 12. Incentivos fiscales

Las cuotas de afiliación y las demás aportaciones a los partidos se deducen de la base imponible del IRPF con un límite de 600 euros anuales, siempre que estén justificadas conforme al artículo 8.1. A las donaciones del artículo 4 se les aplican las deducciones de la Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo.

Artículo 13. Justificación de las cuotas, aportaciones y donaciones efectuadas

Para aplicar los beneficios fiscales del artículo 12 (deducción de cuotas y aportaciones y deducciones por donaciones), la persona física debe disponer del documento acreditativo de la aportación, donación o cuota satisfecha al partido político perceptor. Sin ese documento no hay beneficio fiscal.

Artículo 14. Obligaciones relativas a la contabilidad de los partidos políticos

Los partidos llevan libros de contabilidad detallados: inventario anual, cuenta de ingresos y de gastos con categorías mínimas y operaciones de capital. Las cuentas anuales son Balance, cuenta de Resultados y Memoria (con subvenciones, donaciones y anexo de créditos). Las consolidadas abarcan los ámbitos estatal, autonómico y provincial (lo local y comarcal se integra en lo provincial). Se remiten al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente, se publican en la web en un mes desde el envío y el informe de fiscalización se publica en 15 días.

Artículo 14 bis. Responsable de la gestión económico-financiera

El responsable de la gestión económico-financiera se designa según los estatutos entre personas con conocimientos o experiencia económica y honorables. No hay honorabilidad en: condenados a pena privativa de libertad (hasta cumplir la condena); condenados por ciertos delitos (hasta cancelar antecedentes); procesados con auto de apertura de juicio oral por delito con inhabilitación o pérdida del sufragio pasivo; inhabilitados concursales. No pueden serlo los funcionarios en activo ni los afectados por incompatibilidad legal. Responde de la regularidad contable y elabora y presenta las cuentas.

Artículo 15. Control interno

Los partidos deben prever, conforme a sus estatutos, un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico. El informe resultante de esta auditoría acompaña a la documentación que se rinde al Tribunal de Cuentas.

Artículo 16. Control externo

El control de la actividad económico-financiera de los partidos corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la fiscalización de procesos electorales autonómicos por los órganos de control externo autonómicos. Fiscaliza siempre a los partidos con subvenciones del artículo 3 y a los demás según sus planes. Controla legalidad de recursos, regularidad contable y adecuación a principios de gestión financiera. Emite informe en seis meses desde la recepción de la documentación, que se eleva a las Cortes Generales y se publica en el BOE.

Artículo 16 bis. Control parlamentario

En los dos meses siguientes a la aprobación del informe de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas puede pedir la comparecencia del responsable económico-financiero de cualquier partido que perciba subvenciones de la LOREG, para que informe sobre las infracciones o prácticas irregulares observadas. La comparecencia no exime de remitir al Tribunal la información contable que este estime pertinente.

Artículo 17. Infracciones

El Tribunal de Cuentas sanciona al partido que cometa las infracciones tipificadas, si no son delito. Muy graves: donaciones o aportaciones contrarias a los artículos 4, 5, 7 y 8, gastos asumidos por terceros, acuerdos de deuda prohibidos, exceder en un 10 % o más los gastos electorales, o no presentar cuentas dos ejercicios consecutivos o tres alternos. Graves: actividad mercantil, exceso de más del 3 % y menos del 10 %, incumplimientos contables, falta de control interno. Leves: faltar al deber de colaboración, exceso de más del 1 % hasta el 3 %. Prescriben a los 5, 3 y 2 años.

Artículo 17 bis. Sanciones

Sanciones muy graves: del doble al quíntuplo del exceso o de lo asumido o condonado (17.2.a), del duplo al quíntuplo del exceso de gasto (17.2.b), nunca menos de 50.000 euros, y de 50.000 a 100.000 euros por no presentar cuentas (17.2.c). Graves: actividad mercantil, de 25.000 a 50.000 euros más el 100 % del beneficio neto; resto de graves, de 10.000 a 50.000 euros. Leves con multas desde 5.000 euros. El Tribunal de Cuentas cobra antes de la siguiente subvención; si no hay subvención, requiere el ingreso en el Tesoro, y si no se paga, lo remite a la AEAT para su recaudación ejecutiva.

Artículo 18. Procedimiento sancionador

El Pleno del Tribunal de Cuentas abre información previa con audiencia al partido y, si procede, inicia el procedimiento, lo que interrumpe la prescripción. El acuerdo de inicio identifica al partido, los hechos y sanciones posibles y al instructor; el partido tiene 15 días para alegar. La prueba dura 30 días hábiles. Tras la propuesta de resolución hay 15 días de alegaciones. Resuelve el Pleno; si no se notifica en seis meses desde la iniciación, caduca. Cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que suspende automáticamente la sanción.

Artículo 19. Deber de colaboración

Los partidos deben remitir al Tribunal de Cuentas los documentos, antecedentes, datos y justificaciones que les requiera para fiscalizar. Las autoridades y funcionarios del Tribunal guardan el más estricto sigilo sobre datos que afecten a la intimidad, y en esos casos el partido puede cumplir poniendo la información a disposición del Tribunal en la sede que designe. Las entidades con relaciones económicas con partidos deben informar al Tribunal, si las requiere, según las normas de auditoría externa.