Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos

Artículo 12. Efectos de la disolución judicial

En pocas palabras

Notificada la sentencia de disolución, cesa de inmediato toda actividad del partido (incumplirlo da lugar a responsabilidad penal). Se presume fraudulento y no procede crear un partido nuevo, o usar otro ya inscrito, que lo continúe o suceda. Se abre una liquidación patrimonial con tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora; el Tesoro destina el patrimonio neto a fines de interés social o humanitario. La Sala asegura la ejecución, declara, oídos los interesados, la improcedencia de la sucesión y rechaza las peticiones abusivas o fraudulentas.

Explicación sencilla

Fija qué ocurre cuando un partido es disuelto judicialmente y quién lo hace cumplir: la Sala sentenciadora, en trámite de ejecución de sentencia. Sirve para impedir que el partido disuelto siga actuando o lo continúe otro partido, y para ordenar el destino de su patrimonio.

Regla mnemotécnica

Disuelto el partido: cese, sin sucesor y tres liquidadores de la Sala; lo que sobra, el Tesoro lo destina a fines sociales o humanitarios.

Trampa típica de examen

Creer que el patrimonio neto del partido disuelto pasa al Tesoro sin destino fijado o se reparte entre los afiliados: el Tesoro debe destinarlo a actividades de interés social o humanitario.

Texto del artículo 12 de la Ley Orgánica 6/2002 (LOPP)

1. La disolución judicial de un partido político producirá los efectos previstos en las leyes y, en particular, los siguientes: a) Tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidad, conforme a lo establecido en el Código Penal. b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto. c) La disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario. 2. Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político. 3. En particular, corresponderá a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto a la que se refiere el párrafo b) del apartado 1, teniendo en cuenta para determinar la conexión la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. Además de las partes de este proceso, podrán instar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora el Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal, en el supuesto de que se presente para su inscripción conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de esta Ley Orgánica. 4. La Sala sentenciadora rechazará fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen abuso de la personalidad jurídica, fraude de ley o procesal.

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