LOPP
Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos
Cada artículo incluye explicación, mnemotecnia y una trampa típica de examen.
Toca un artículo para leerlo con su explicación, su mnemotecnia y la trampa típica de examen. Con tu cuenta gratis estudias la norma entera en una página, marcas lo que llevas y haces tests.
Crear cuenta gratis- Art. 1Libertad de creación y afiliaciónPueden crear libremente partidos políticos los ciudadanos de la Unión Europea, conforme a la Constitución y a esta ley orgánica. La afiliación es libre y voluntaria: nadie puede ser obligado a constituir un partido, a integrarse en él ni a permanecer en él. Los partidos pueden constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos, cumpliendo lo previsto en el capítulo y previo acuerdo expreso de sus órganos competentes.
- Art. 2Capacidad para constituirLos promotores de un partido deben ser personas físicas, mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos, no sujetas a ninguna condición legal para ejercerlos y no condenadas penalmente por asociación ilícita o por delitos graves de los Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última incapacidad no afecta a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados. Los partidos constituidos pueden prever en sus estatutos la creación y reconocimiento de organizaciones juveniles.
- Art. 3Constitución, Estatutos y personalidad jurídicaEl acta fundacional, en documento público, identifica a los promotores, la denominación, los órganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos. La denominación no puede inducir a error ni coincidir o asemejarse, aun fonéticamente, con la de otro partido inscrito o declarado ilegal, disuelto o suspendido, ni con personas físicas, entidades o marcas. Los estatutos tienen un contenido mínimo (p. ej., renovar órganos como máximo cada cuatro años). Los cambios se comunican al Registro en tres meses y en el primer trimestre de cada año. La personalidad jurídica nace con la inscripción.
- Art. 4Inscripción en el RegistroLos promotores realizan lo necesario para inscribir el partido; si actúan en nombre de un partido no inscrito, responden personal y solidariamente ante terceros. El Ministerio del Interior inscribe en los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa, plazo que se suspende si se inicia algún procedimiento del artículo siguiente. Pasados los veinte días sin suspensión, se entiende producida la inscripción. Esta produce efectos indefinidamente mientras no se anote la suspensión o disolución del partido (por su propia decisión o judicial) o su extinción judicial.
- Art. 5Examen de los requisitos para la inscripciónSi hay defectos formales en el acta o la documentación, o los proponentes carecen de capacidad, el Ministerio del Interior lo comunica para subsanar y el plazo de inscripción se suspende desde la notificación hasta la corrección. Ante indicios racionales de ilicitud penal, lo comunica al Ministerio Fiscal en veinte días por resolución fundada. El Fiscal, en veinte días, ejerce acciones penales o devuelve la comunicación. La remisión suspende el plazo de inscripción y se notifica de inmediato a los promotores. Cabe recurso contencioso-administrativo.
- Art. 6Principios democrático y de legalidadLos partidos políticos deben ajustar su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. A la vez, tienen libertad organizativa para establecer su estructura, organización y funcionamiento, con los únicos límites establecidos en el ordenamiento jurídico.
- Art. 7Organización y funcionamientoLa estructura y el funcionamiento de los partidos deben ser democráticos, con participación directa de los afiliados, sobre todo al elegir el órgano superior de gobierno. Debe haber una asamblea general de todos los miembros, que adopta los acuerdos más importantes, incluida la disolución. Los directivos se eligen por sufragio libre y secreto. Los estatutos fijan plazo de convocatoria, miembros para incluir asuntos, reglas de deliberación y mayoría (por regla general, simple de presentes o representados), y control de los dirigentes. Plan de igualdad y protocolo antiviolencia machista.
- Art. 8Derechos y deberes de los afiliadosLos afiliados deben ser personas físicas, mayores de edad y sin capacidad de obrar limitada ni restringida. Los estatutos pueden prever modalidades de afiliación según la vinculación, con iguales derechos y deberes dentro de cada una. La afiliación consta en un fichero. A los de mayor vinculación se les reconocen en todo caso los derechos de participar y votar, ser electores y elegibles, ser informados, impugnar acuerdos y acudir al órgano de defensa del afiliado; el resto, los que fijen los estatutos. Deberes: compartir los fines, respetar estatutos y leyes, acatar acuerdos y pagar cuotas.
- Art. 9ActividadLos partidos ejercen libremente su actividad respetando los valores constitucionales. Un partido será declarado ilegal si su actividad vulnera los principios democráticos mediante conductas reiteradas y graves: vulnerar sistemáticamente derechos fundamentales, legitimar la violencia o apoyar políticamente a organizaciones terroristas. Se aprecia por la repetición o acumulación de conductas como apoyar el terrorismo, incluir condenados por terrorismo que no lo rechacen o usar símbolos terroristas. Se valora su trayectoria aunque cambie de denominación.
- Art. 9 bisPrevención y supervisiónLos partidos políticos están obligados a adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión. Este sistema se exige a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal, al que el precepto remite expresamente.
- Art. 10Disolución o suspensión judicialAdemás de por decisión de sus miembros según los estatutos, un partido puede ser disuelto o suspendido judicialmente. La disolución surte efectos desde su anotación en el Registro, previa notificación del partido o del órgano judicial. Procede la disolución judicial por asociación ilícita (juez penal) o por vulnerar de forma reiterada y grave la democracia interna o los principios democráticos (Sala especial del Tribunal Supremo). La suspensión solo procede si lo dispone el Código Penal o como medida cautelar. Iniciado un proceso de ilegalización, no cabe la disolución voluntaria.
- Art. 11ProcedimientoPueden instar la ilegalización por las causas b) y c) del artículo 10.2 el Gobierno y el Ministerio Fiscal; el Congreso o el Senado pueden instar al Gobierno, que queda obligado a solicitarla previa deliberación del Consejo de Ministros. La demanda se presenta ante la Sala especial del Tribunal Supremo. Plazos: ocho días para comparecer, diez para alegar sobre la inadmisión, veinte para contestar, veinte sucesivos para alegar sobre la prueba y veinte para la sentencia, que no admite recurso, salvo amparo, y es ejecutiva desde su notificación. Cabe suspensión cautelar.
- Art. 12Efectos de la disolución judicialNotificada la sentencia de disolución, cesa de inmediato toda actividad del partido (incumplirlo da lugar a responsabilidad penal). Se presume fraudulento y no procede crear un partido nuevo, o usar otro ya inscrito, que lo continúe o suceda. Se abre una liquidación patrimonial con tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora; el Tesoro destina el patrimonio neto a fines de interés social o humanitario. La Sala asegura la ejecución, declara, oídos los interesados, la improcedencia de la sucesión y rechaza las peticiones abusivas o fraudulentas.
- Art. 12 bisDeclaración judicial de extinción de un partido políticoEl órgano competente, a iniciativa del Registro, de oficio o a instancia de los interesados, pide a la jurisdicción contencioso-administrativa la extinción del partido que: a) no haya adaptado sus estatutos a las leyes en plazo; b) no haya convocado la renovación de sus órganos pasado el doble del plazo del artículo 3.2.i); o c) no haya presentado cuentas anuales en 3 ejercicios consecutivos o cuatro alternos. Antes, el Registro lo apercibe para que lo justifique en 6 meses. Se sigue el artículo 127 quinquies de la Ley 29/1998; la extinción surte efectos desde su anotación en el Registro.
- Art. 13FinanciaciónLa financiación de los partidos se rige por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio. Conforme a ella, a la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas y a la Ley 7/1988 de su funcionamiento, los partidos asumen las obligaciones formales y personales sobre acreditación de fines y cumplimiento de requisitos en el control de los fondos públicos que reciben. Todos los partidos inscritos en el Registro deben remitir sus cuentas anuales consolidadas, debidamente formalizadas, al Tribunal de Cuentas en el plazo que fija la Ley Orgánica 8/2007.