Tema 84 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 54. Ordenación de pagos

La ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. En las instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c) y los consorcios, ordenan los pagos relativos a sus gastos las personas titulares de su Presidencia o Dirección. La Consejería de Hacienda podrá establecerles directrices y supervisa su cumplimiento. El régimen de la ordenación de pagos se regula por Decreto, a propuesta de la persona titular de Hacienda.

Artículo 55. Expedición de las órdenes de pago

Las órdenes de pago a cargo del Presupuesto de la Junta de Andalucía se expiden ajustándose al Plan sobre disposición de fondos de la Tesorería General, que establece el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. A las órdenes de pago se acompañan los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho de la persona o entidad acreedora, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

Artículo 64. Endeudamiento de la Junta de Andalucía

El endeudamiento de la Comunidad Autónoma lo forman los capitales tomados a préstamo, mediante operaciones de crédito o emisiones de Deuda Pública, por la Junta de Andalucía, sus agencias, sus consorcios y las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz. Su creación, administración, conversión, extinción y prescripción se rigen por esta Ley. Las operaciones de la Junta se ajustan a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y a las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Artículo 65. Operaciones para cubrir necesidades transitorias de tesorería

La Junta de Andalucía puede realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año para cubrir sus necesidades transitorias de Tesorería. Las concierta la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda, que fija sus características, con un límite: la suma total de los importes de las operaciones formalizadas vigentes no puede superar el 12 por ciento de los créditos iniciales que autorice el Presupuesto.

Artículo 66. Operaciones de crédito por plazo superior a un año

La Junta de Andalucía puede realizar operaciones de crédito por plazo superior a un año con dos requisitos: que el importe total del crédito se destine exclusivamente a gastos de inversión y que el importe total de las anualidades de amortización por capital e intereses no exceda del 25 por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma. La Ley del Presupuesto de cada año autoriza el límite máximo y fija sus características, y puede delegar esta potestad en el Consejo de Gobierno, que la ejerce a propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda.

Artículo 67. Emisión de Deuda Pública

La Junta de Andalucía puede emitir Deuda Pública para financiar gastos de inversión, con arreglo a una ley del Parlamento que fijará el volumen, las características y el destino. Si la Ley de creación no fija el tipo de interés, lo establece el Consejo de Gobierno. El volumen y las características de las emisiones se establecen de acuerdo con la ordenación general de la política crediticia y en colaboración con el Estado.

Artículo 67 bis. Operaciones financieras que no incrementan el volumen de endeudamiento

Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda: concertar operaciones financieras que no incrementen el volumen de endeudamiento (permutas financieras, opciones, futuros y coberturas de tipos de cambio o de interés); concertar refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga, incluso ampliando el plazo; acordar la conversión de la Deuda Pública sin perjudicar los derechos económicos de los tenedores; y adquirir Deuda Pública en el mercado secundario para amortizarla. Solo con las finalidades que el artículo enumera.

Artículo 68. Régimen jurídico de los títulos-valores de la Deuda Pública de la Junta de Andalucía

Los títulos-valores emitidos son fondos públicos a todos los efectos y se les aplica el régimen del ordenamiento jurídico general, según su modalidad y características. Los capitales de la Deuda Pública prescriben a los veinte años sin percibir sus intereses ni realizar su titular acto alguno ante la Administración de la Hacienda de la Junta que implique ejercicio de su derecho. Prescribe a los cinco años la obligación de pagar los intereses y la de devolver los capitales llamados a reembolso, contados desde el vencimiento de los intereses y desde el día del llamamiento.

Artículo 69. Deuda Pública de las agencias administrativas

Artículo 70. Producto del endeudamiento

El producto del endeudamiento de la Junta de Andalucía se ingresa en la Tesorería General y se aplica al estado de ingresos del Presupuesto de la Junta de Andalucía. Hay una excepción: las operaciones reguladas en el artículo 65 de la Ley, que se contabilizan como operaciones extrapresupuestarias.

Artículo 71. Autorización de endeudamiento de los entes instrumentales y consorcios

Las agencias, los consorcios, las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz solo pueden concertar operaciones de endeudamiento si lo autoriza de forma expresa la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma y dentro de sus límites. La formalización necesita autorización de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Dirección General competente en materia de Presupuestos. Además, deben ajustarse a las exigencias de estabilidad presupuestaria de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Artículo 72. Ámbito de la Tesorería General

Forman la Tesorería General de la Junta de Andalucía todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, de la Administración de la Junta, sus agencias administrativas, de régimen especial, las públicas empresariales del artículo 2.c) y sus instituciones. Sus disponibilidades y variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de contabilidad pública. A los consorcios del artículo 4 se les aplica el régimen jurídico de la Tesorería General y los procedimientos de pago y cesiones de derecho de cobro del título IV del Decreto 40/2017.

Artículo 73. Funciones de la Tesorería General

La Tesorería General de la Junta de Andalucía tiene encomendadas estas funciones: recaudar sus derechos y pagar sus obligaciones; servir al principio de unidad de caja, centralizando todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias; distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades necesarias para la satisfacción puntual de sus obligaciones; responder de sus avales; y realizar las demás que se establezcan o se relacionen con las anteriores.

Artículo 73 bis. Proceso de pago de la Tesorería General

El proceso de pago tiene dos fases sucesivas: ordenar (se dispone la ejecución de los pagos de las obligaciones reconocidas) y materializar (salida material o virtual de fondos). El de la Administración de la Junta lo ejecuta la Dirección General competente en materia de Tesorería. Agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales del artículo 2.c) y consorcios lo ejecutan en sus Tesorerías propias; pero esa Dirección General materializa sus pagos, por compensación y en su nombre y por su cuenta, si hay obligaciones pendientes de pago a su favor en la Tesorería General.

Artículo 74. Situación de los caudales de la Tesorería General

La Tesorería General sitúa sus caudales en el Banco de España y en las entidades de crédito y de ahorro. El régimen de prestación de servicios que se pueda concertar con esas entidades se determina reglamentariamente. La Consejería competente en materia de Hacienda puede concertar operaciones financieras activas para rentabilizar los fondos que, ocasionalmente o como consecuencia de la programación de los pagos de la Tesorería General, pudiesen estar temporalmente inmovilizados.

Artículo 75. Situación de los recursos del sector instrumental

Los recursos de los presupuestos de ingreso de agencias administrativas, de régimen especial, instituciones, consorcios y agencias públicas empresariales del art. 2.c), en el ámbito del art. 73 bis.3, último párrafo, se sitúan en la Tesorería General contablemente diferenciados y reflejando su titularidad. Si conviene por las operaciones o el lugar, pueden abrir cuentas en entidades de crédito, previa autorización de la Consejería de Hacienda. Agencias del 2.b), sociedades mercantiles, fundaciones, entidades del 5.3 y fondos del 5.5 necesitan esa autorización para abrir cualquier cuenta.

Artículo 76. Régimen de ingresos y pagos de la Tesorería General

Los ingresos en la Tesorería General pueden hacerse, según establezca la Consejería de Hacienda, en cuentas del Banco de España y de entidades de crédito y ahorro, sean o no colaboradoras, en la caja del órgano de recaudación o mediante la entidad que preste allí el servicio de caja. La Consejería puede autorizar entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria. Medios: dinero de curso legal, giros, transferencias, cheques y otros reglamentariamente establecidos; domiciliación bancaria y tarjeta, en los términos de una Orden de la Consejería. La Tesorería puede pagar por los mismos medios.

Artículo 76 bis. Cancelación de pagos en la Tesorería General de la Junta de Andalucía

Para garantizar la normativa estatal de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Tesorería General puede cancelar obligaciones pendientes de pago de los entes instrumentales pagando directamente a sus acreedores con cargo a lo que la Tesorería deba a esos entes, hasta el límite de su importe total y si su naturaleza o finalidad no lo impiden. Supervisa la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. El Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de la Consejería de hacienda y la de adscripción, puede excluir entes; por Decreto fija procedimiento y fecha de implantación.

Artículo 77. Información sobre activos financieros, pasivos financieros, pasivos contingentes, otorgamiento de garantías públicas y otras formas de afianzamiento o medidas de apoyo extrapresupuestario

Por prudencia financiera, deben informar a la Consejería competente en materia de Hacienda sobre sus activos y pasivos financieros, pasivos contingentes, garantías públicas y otras formas de afianzamiento o apoyo extrapresupuestario: las Consejerías, las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales, y las sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del sector público andaluz. De los fondos sin personalidad jurídica informa el agente financiero o las entidades gestoras. Envío mensual, en los quince primeros días de cada mes, y cuando la Consejería lo requiera.

Artículo 78. Sometimiento a calendario de pagos

La Consejería competente en materia de Hacienda elabora, al menos trimestralmente, un Presupuesto de necesidades monetarias de la Tesorería General, para una gestión eficaz mediante la adecuada distribución temporal de sus pagos y la estimación temporal de sus ingresos. Para ello, pueden someterse a calendarios de pago aprobados por ella las obligaciones de pago de la Administración de la Junta con agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y otras entidades del artículo 5.1, y con los fondos sin personalidad jurídica del artículo 5.3.

Artículo 79. Garantías de la Junta de Andalucía

Las garantías de la Junta de Andalucía deben revestir necesariamente la forma de aval de la Tesorería, que contiene sus condiciones y es autorizado por el Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y de la competente por razón de la materia. Los avales a cargo de la Tesorería General devengan a su favor la comisión que para cada operación determine el acuerdo de autorización. Se documentan en la forma que reglamentariamente se determine y los firma la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 80. Naturaleza jurídica de los ingresos derivados de los avales

Las cantidades que la Junta de Andalucía haya de percibir como consecuencia de la prestación de avales, ya sea por su formalización, mantenimiento, quebranto o cualquier otra causa, tienen la consideración de ingresos de derecho público, y la Junta goza de las prerrogativas establecidas legalmente para el cobro de los ingresos de esa naturaleza. A tal fin, la Consejería o la agencia que promovió la constitución del aval actúa de acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes.

Artículo 81. Quebranto de la garantía

Antes de que la Tesorería General asuma obligaciones derivadas del quebranto de avales deben retenerse créditos por el mismo importe en la Consejería o agencia que promovió la constitución del aval. Los saldos deudores motivados por el quebranto se cancelan, en formalización, antes del fin del ejercicio en que se produzcan, con cargo a los créditos retenidos para tal fin y con imputación al concepto correspondiente del Capítulo VIII del Presupuesto de gastos. Para ello, la Consejería competente en materia de Hacienda puede realizar, de oficio, las modificaciones presupuestarias necesarias.

Artículo 82. Límites y requisitos de las garantías

La Ley del Presupuesto de cada ejercicio fija el importe total de los avales y el límite individual de cada uno. Para avalar a empresas privadas: domicilio en Andalucía y que en ella radiquen la mayoría de sus activos o se realice la mayor parte de sus operaciones; créditos para gastos de inversión que mejoren en Andalucía la producción o el empleo, o para reconversión y reestructuración con plan económico y financiero viable; la Tesorería General responde solo si incumple el deudor principal y cabe renunciar a la excusión. El Consejo de Gobierno puede otorgar la garantía como solidaria.

Artículo 83. Avales prestados por las agencias e instituciones

Las agencias e instituciones pueden prestar avales hasta el límite máximo que fije para ellos la Ley del Presupuesto en cada ejercicio, siempre que sus leyes fundacionales las autoricen. Los avales concedidos deben comunicarse a la Consejería competente en materia de Hacienda. La Intervención General de la Junta de Andalucía controla el empleo de los créditos avalados para conocer en cada momento la aplicación del crédito.

Artículo 84. Avales para garantizar valores emitidos por fondos de titulización de activos

La Junta puede avalar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos para mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial o de la vivienda en Andalucía. Los fondos se constituyen al amparo de convenios de la Consejería de Hacienda con las sociedades gestoras inscritas en la CNMV y con las entidades de crédito cedentes. La Ley del Presupuesto fija la cuantía máxima, el límite individual en su caso, el límite del importe vivo acumulado, la posible comisión y la renuncia a la excusión. Autoriza el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de Hacienda.

Artículo 97. Sometimiento al régimen de contabilidad pública

Quedan sometidas al régimen de contabilidad pública, en los términos de esta Ley, la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias, las instituciones y las sociedades mercantiles del sector público andaluz. También lo están los consorcios definidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las fundaciones del sector público andaluz, estas en virtud del artículo 57.3 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Artículo 97 bis. Período contable

El período contable coincide con el año natural. Como excepción, las normas de creación o los Estatutos de las entidades del sector público andaluz cuya actividad económica esté vinculada a ciclos estacionales pueden establecer otros períodos contables, que en todo caso serán de doce meses y siempre que esas entidades no estén incluidas en el Subsector Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional.

Artículo 98. Rendición de cuentas

Estar sujeto al régimen de contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, por conducto de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Esa regla se aplica también al empleo de las subvenciones, cualquiera que sea la persona o entidad perceptora.

Artículo 99. Fines de la contabilidad pública

Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda organizar la contabilidad pública al servicio de estos fines: registrar la ejecución del Presupuesto; conocer el movimiento y la situación de la Tesorería General; registrar las variaciones, composición y situación del patrimonio; proporcionar los datos para formar y rendir la Cuenta General y demás cuentas; facilitar los datos para las cuentas económicas del sector público de Andalucía; rendir la información económica y financiera para la toma de decisiones, y cualquier otro que establezcan las disposiciones de aplicación.

Artículo 100. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro directivo de la contabilidad pública

La Intervención General es el centro directivo de la contabilidad pública. Somete a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda el Plan General de Contabilidad, los planes parciales o especiales y las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas. Promueve la potestad reglamentaria sobre las cuentas y puede dictar circulares e instrucciones. Inspecciona la contabilidad y dirige auditorías, aprueba las normas contables de los fondos del artículo 5.5 y determina las entidades obligadas a remitir información sobre estabilidad presupuestaria.

Artículo 101. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro gestor de la contabilidad pública

Como centro gestor de la contabilidad pública, la Intervención General de la Junta de Andalucía forma la Cuenta General; examina y prepara las cuentas que se rinden al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas; recaba cuentas y documentos; centraliza la información contable; suministra la información para las cuentas económicas (ante incumplimiento reiterado, requiere al titular para que la facilite en quince días); vigila e impulsa las oficinas de contabilidad, e instruye los procedimientos por falta de rendición de cuentas iniciados por la persona titular de Hacienda.

Artículo 102. Formación y cierre de las cuentas

Las cuentas que se rinden al Parlamento, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas se forman y cierran mensualmente, salvo las de agencias públicas empresariales del artículo 2.b), instituciones, sociedades mercantiles y fundaciones, que lo hacen anualmente. Esas agencias formulan sus cuentas en tres meses como máximo desde el cierre del ejercicio (igual si hay consolidación); se aprueban dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio y se remiten a Hacienda en el mes siguiente a su formulación o aprobación. Sus cuentas anuales se auditan antes de aprobarse.

Artículo 103. Verificación de la contabilidad pública

La contabilidad pública queda sometida a verificación, que puede ser ordinaria o extraordinaria. Está a cargo de personal funcionario dependiente de la Intervención General de la Junta de Andalucía y del que, en su caso, designen el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Artículo 104. Publicación de información

La Consejería competente en materia de Hacienda publica trimestralmente tres bloques de datos: las operaciones de ejecución del Presupuesto; la situación y movimiento de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias; y los demás que se consideren de interés.

Artículo 105. Contenido de la Cuenta General

La Cuenta General comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería del ejercicio. Para la Administración, sus agencias y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, sus estados son: balance, cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación del presupuesto (cuatro partes) y Memoria. Para sociedades mercantiles, fondos y fundaciones, las cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad. También: deuda pública, anticipos de tesorería, avales e inmovilizado.

Artículo 106. Documentación anexa a la Cuenta General

A la Cuenta General se unen tres documentos: la cuenta general de tesorería, la cuenta de operaciones extrapresupuestarias y una memoria sobre el cumplimiento de los objetivos programados, que indica los objetivos previstos y los alcanzados y el coste de los mismos.

Artículo 107. Formación de la Cuenta General

La Intervención General forma la Cuenta General con las cuentas de las entidades del sector público andaluz y los demás documentos que deban rendirse. La de cada año se forma antes del 30 de septiembre del siguiente y se remite al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación antes del 31 de octubre. Las agencias públicas empresariales del artículo 2.b), sociedades y fundaciones presentan sus cuentas aprobadas antes del 31 de julio; con periodo contable distinto del año natural, dentro de los siete meses siguientes a su terminación.

Artículo 107 bis. Información al Parlamento de Andalucía

La Consejería con competencia en materia de Hacienda remite cada trimestre a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía: la relación de expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados, con su documentación y justificación; las operaciones de ejecución del Presupuesto; la situación y movimiento de la Tesorería General; y la relación de avales autorizados por el Consejo de Gobierno, con la entidad avalada, el importe y las condiciones. También se le trasladan los acuerdos de emisión de Deuda Pública, con la cuantía y las condiciones de amortización.

Artículo 1. Objeto

La Orden regula el registro contable de los hechos y actos de contenido económico derivados de la ejecución y modificación del presupuesto de gastos y de ingresos, de las operaciones extrapresupuestarias y de las operaciones de tesorería. Los asientos de contabilidad financiera que deriven de ellos se someten, a su vez, al Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía. Los registros en la Contabilidad Patrimonial del Inventario de Bienes y Derechos se practican conforme a su normativa específica.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Orden se aplica: a) a la Administración de la Junta de Andalucía y a sus agencias administrativas y de régimen especial; b) a los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007; c) a las agencias públicas empresariales del artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007; y d) en general, a cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía sometidos a la contabilidad presupuestaria.

Artículo 3. Contabilización a través del Sistema

La contabilización de los hechos y actos de contenido económico del artículo 1 se lleva a cabo a través del Sistema GIRO (Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales), implantado por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 17 de diciembre de 2014. Los asientos del Plan General de Contabilidad Financiera se realizan a partir de los datos de los documentos contables de la contabilidad presupuestaria y de la extrapresupuestaria que constituyan su base.

Artículo 4. El documento contable y sus fases

Todo acto o hecho que deba registrarse en la contabilidad presupuestaria de gastos e ingresos o en la extrapresupuestaria debe estar soportado en un documento contable, unidad mínima del sistema de información contable. Se tramita en el Sistema GIRO en dos fases sucesivas, con un solo código: propuesta (la confeccionan las oficinas de gestión y la suscribe el órgano competente; contabilidad preliminar o previa) y documento contable (contabilidad oficial; intervenido con la firma de la persona titular de la Intervención competente). El Sistema SIRhUS es sistema auxiliar.

Artículo 5. Órganos y unidades administrativas intervinientes en la contabilidad

Intervienen en la contabilidad la Intervención General, las oficinas de gestión, contables y de tesorería y la Dirección General competente en materia de Patrimonio. Oficinas de gestión: unidades de gestión económica y presupuestaria, con contabilidad en fase preliminar (y las Direcciones Generales de Presupuestos y Fondos Europeos cuando proponen modificaciones presupuestarias). Oficinas contables: Intervención General y sus Intervenciones Centrales, Delegadas y Provinciales. Oficinas de tesorería: Tesorería General y tesorerías de las entidades. Puede haber centros de consulta e información.

Artículo 6. Relaciones entre las diferentes oficinas

Regla general: cada partida presupuestaria de ingresos o gastos se asocia a un único órgano gestor, que realiza en exclusiva la contabilidad preliminar. Excepción: la Intervención General puede autorizar, previa solicitud debidamente motivada, órganos gestores que incluyan partidas ya asociadas a otros; la autorización se entiende implícitamente otorgada con el alta en el Sistema GIRO. Cada oficina de gestión se asocia a una única oficina contable y cada oficina contable a una única de tesorería; en las entidades del artículo 2 pueden intervenir dos oficinas de tesorería en el pago.

Artículo 7. Funciones de las oficinas de gestión

Las oficinas de gestión tienen cinco funciones: a) proponer modificaciones de créditos de su sección presupuestaria o de las secciones para las que estén autorizadas; b) contabilizar las redistribuciones de créditos para hacer efectiva su desconcentración; c) proponer documentos de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos y de operaciones extrapresupuestarias; d) suministrar la información necesaria para la toma de decisiones de los órganos competentes en su ámbito de actuación; y e) cualquier otra que les atribuya la Intervención General.

Artículo 8. Funciones de las oficinas contables

Funciones comunes de las oficinas contables: contabilidad oficial del presupuesto de gastos de los órganos gestores de su ámbito, seguimiento de la justificación de libramientos e imputación al ejercicio corriente de anualidades futuras y remanentes de créditos comprometidos. Las Intervenciones Delegadas y Centrales, además, contabilizan las modificaciones de créditos cuya aprobación compete a los órganos gestores. Las oficinas contables de pagos e ingresos de la Tesorería llevan la contabilidad oficial de ingresos y extrapresupuestaria y la fase de pago, con su intervención material.

Artículo 9. Funciones de las oficinas de tesorería

Las oficinas de tesorería ordenan los pagos, los materializan en su caso, proponen en su caso los documentos contables de la contabilidad presupuestaria de ingresos y de la extrapresupuestaria, y ejercen las demás funciones que deriven de la normativa aplicable. La Dirección General competente en materia de Tesorería define sus niveles de acceso al Sistema contable. Cuando se aplica el proceso de pago centralizado, el pago material de las obligaciones ordenadas en el ámbito de las entidades citadas en el artículo 2 corresponde a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Funciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía

La Intervención General tiene dos papeles. Como centro directivo y gestor de la contabilidad pública: asiento de apertura, vinculaciones de créditos, asientos iniciales, instrucciones y niveles de acceso al Sistema contable (oficinas de gestión y contables), información a quien no tenga acceso, coordinación y apoyo, Cuenta General, consolidación y estabilidad presupuestaria. Como oficina contable: lo es de la Dirección General de Presupuestos y de las secciones del Parlamento de Andalucía, contabiliza las operaciones que deban centralizarse y rectifica asientos a solicitud de otras oficinas.

Artículo 11. Funciones de la Dirección General competente en materia de Patrimonio

La Dirección General competente en materia de Patrimonio gestiona las altas y bajas y las demás operaciones patrimoniales sin incidencia presupuestaria que deban anotarse en la Contabilidad Patrimonial. Los tres datos del precepto: el órgano (Dirección General competente en materia de Patrimonio), el tipo de operación (sin incidencia presupuestaria) y dónde se anota (Contabilidad Patrimonial).

Artículo 12. Partida presupuestaria en la contabilidad presupuestaria de gastos

La partida presupuestaria es una codificación formada por los campos de las clasificaciones con que es preceptivo registrar las anotaciones contables; es la unidad de información contable básica de la ejecución del presupuesto de gastos. Elementos: centro gestor (clasificación orgánica: sección, servicio y centro de gastos), posición presupuestaria (clasificaciones económica y funcional: tipo de presupuesto, programa, capítulo, artículo, concepto, subconcepto y provincia), fondo (fuente de financiación) y proyecto presupuestario o programa de financiación (anexo de inversiones).

Artículo 13. Vinculación de créditos

Son créditos presupuestarios las asignaciones individualizadas de gasto que figuran en los estados de gastos de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes citadas en el artículo 2, puestas a disposición de los centros gestores para cubrir las necesidades para las que se aprobaron. Su especificación conforma los niveles de vinculación y se determina según el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública y las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio, sin perjuicio de los desgloses necesarios para contabilizar adecuadamente su ejecución.

Artículo 14. Documentos contables de apertura y modificación de los créditos del presupuesto de gastos

Los créditos de gastos se asientan en contabilidad una vez aprobados. Los aún no ejecutados pueden modificarse cualitativa o cuantitativamente en su clasificación orgánica, económica o funcional. Documentos: Z0 créditos iniciales, Z2 redistribuciones, Z3 extraordinarios, Z4 suplementos, Z5 ampliaciones, Z6 anualidades futuras, Z7 incorporaciones de remanentes, Z8 generaciones y Z9 transferencias (la lista salta del Z0 al Z2). La propuesta contable se entiende suscrita con la firma del expediente. Los Z2 los contabilizan las oficinas de gestión, sin fiscalización de la intervención.

Artículo 15. Fases y documentos contables de la ejecución del presupuesto de gastos

Las fases contables se corresponden con la autorización, el compromiso y el reconocimiento de la obligación, que incluye la propuesta de pago; la reserva de crédito es previa, complementaria e instrumental. Documentos: «RC», «A», «D» (se expide en el momento anterior a adquirir el compromiso, conocido su importe exacto) y «O» (contra el saldo del documento con fase D). La ordenación del pago no supone ningún documento nuevo. Agrupan varias fases los documentos «AD», «ADO» y «DO».

Artículo 16. Documentos de ejercicios futuros y de residuos de ejercicios anteriores

Pueden expedirse documentos contables de ejercicios futuros y de residuos de ejercicios anteriores. Los de ejercicios futuros afectan únicamente a las fases de retenciones, autorizaciones y disposiciones. Los de residuos de ejercicios anteriores tienen como única función anular documentos que contengan la fase de obligación reconocida.

Artículo 17. Emisión de los documentos contables de la ejecución del presupuesto de gastos

Los documentos contables de un expediente de gasto se expiden a medida que se dictan los actos del procedimiento. Cada documento se vincula con el anterior y su importe se resta del saldo del documento de la fase anterior, desde la reserva de crédito, en su caso, hasta la obligación reconocida. Su importe no puede superar el consignado en los documentos de fases anteriores de los que deriva. Todos pueden ser múltiples: más de un acreedor y varias partidas presupuestarias.

Artículo 18. Documentos complementarios y barrados

Un documento contable puede complementarse con otro del mismo tipo que ajuste el valor de su importe. Cuando proceda, pueden expedirse documentos barrados, cuyo objeto es anular parcial o totalmente el importe consignado en un documento contable de la misma naturaleza. Los barrados que se pueden expedir son siete: «RC/», «A/», «D/», «O/», «AD/», «ADO/» y «DO/».

Artículo 18 bis. Documentos contables destinados a registrar operaciones devengadas y no contabilizadas al cierre del ejercicio

Las operaciones devengadas pendientes de aplicar al presupuesto al cierre se reflejan con cuatro documentos: «ODC» (devengadas y no contabilizadas del ejercicio corriente, con fecha 31 de diciembre), «ODA» (las devengadas en un ejercicio anterior al corriente, también con fecha 31 de diciembre), «ODR» (modifica cualquier dato de los anteriores) y «OIP» (imputación al Presupuesto: cancela los importes previamente registrados en la cuenta de operaciones devengadas).

Artículo 19. Contenido de los documentos contables

Campos de los documentos contables: código del expediente, código del documento, partida, importe, año de efectividad en caja, procedimiento con tipo y fase de intervención, código del acreedor (obligatorio para contabilizar propuestas con las fases de disposición y obligación), retenciones o descuentos, datos y fecha límite de justificación, ejercicio de procedencia y fecha de devengo si hay obligación reconocida. Según el gasto serán obligatorios otros, como los datos del contrato o el activo fijo.

Artículo 20. Tramitación de las propuestas y documentos contables del presupuesto de gastos

Las distintas fases del procedimiento contable de ejecución del gasto se realizan a través de un tramitador contable del Sistema GIRO. Ese tramitador registra desde el alta de las propuestas, incluidas en su caso las modificaciones y bajas que se pudieran producir, hasta la terminación del procedimiento contable del gasto.

Artículo 21. Arrastre o traspaso de residuos de ejercicios anteriores

Finalizado el ejercicio económico, la Intervención General de la Junta de Andalucía contabiliza en el ejercicio siguiente todos los documentos contables de obligaciones reconocidas pendientes de pago, que incorporan la información del ejercicio de procedencia. Esta operación es el arrastre o traspaso de residuos de ejercicios anteriores. Los documentos traspasados conservan su código original.

Artículo 22. Arrastre o traspaso de anualidades futuras y remanentes de créditos comprometidos

Los documentos de anualidades futuras procedentes del ejercicio anterior se contabilizan como documentos del ejercicio corriente mediante arrastre o traspaso. Concluido el ejercicio, los saldos de documentos de remanentes comprometidos se imputan al siguiente, a las mismas partidas o a la equivalente en el presupuesto vigente. Todos los documentos conservan su código original. La forma y secuencia las establece la Orden reguladora del cierre de cada ejercicio presupuestario.

Artículo 23. Seguimiento de obligaciones con justificación posterior

El seguimiento de obligaciones con justificación posterior es un módulo del Sistema GIRO. Permite dos cosas: el control contable de los documentos con fase de pago que hayan de ser objeto de alguno de los tipos de justificación posterior y la verificación del cumplimiento de los plazos de justificación.

Artículo 24. Propuestas y documentos contables de obligaciones sujetas a justificación posterior

Los documentos contables pueden indicar que el pago está sujeto a justificación por su perceptor. Se expiden en dos supuestos: pagos cuyos justificantes no pueden disponerse hasta que se materialicen, y cuando el acreedor deba aportar documentación posterior al pago, en particular en subvenciones. Son «OJ», «ADOJ» y «DOJ», con sus barrados «OJ/», «ADOJ/» y «DOJ/». El plazo límite de justificación se asigna a una fecha concreta o a un plazo determinado que se computa desde la realización del pago.

Artículo 25. Propuestas y documentos contables de operaciones de justificación

Las justificaciones de los libramientos se efectúan con el documento «J», tramitado como los documentos contables de gastos en fase de propuesta y de contabilidad oficial. Cabe un «J negativo» para minorar el importe justificado. Las propuestas de «J» de pagos de subvenciones se dan de alta desde el módulo de gestión de subvenciones del Sistema GIRO. La Intervención General determina los procedimientos de GIRO para diferenciar la naturaleza elegible o no de la justificación.

Artículo 26. Prórrogas o modificación del plazo de justificación

Cuando las oficinas de gestión competentes acuerdan una prórroga o modificación que amplía el plazo de justificación inicialmente establecido, son las oficinas contables las que la introducen en el Sistema. Lo hacen modificando la fecha límite de justificación de los documentos de pago.

Artículo 27. Requerimientos y comunicaciones

Las oficinas contables expiden requerimientos de justificación y los remiten a las oficinas gestoras responsables de acreditar la justificación de las obligaciones a justificar que estén pendientes y fuera de plazo. El requerimiento indica la necesidad de cancelar esos importes pendientes en la forma que proceda en cada caso.

Artículo 28. Contabilización y justificación de la nómina

La nómina general de la Administración de la Junta y de las entidades citadas en el artículo 2, elaborada y aprobada en SIRhUS, genera documentos ADO y, en su caso, O, sin datos de justificación; sus pagos son en firme de justificación previa. Excepción: los documentos con fase O imputados a créditos cofinanciados con fondos de la Unión Europea que requieran la lista FE08 o similar se graban con datos de justificación, y los órganos gestores graban los documentos J en 45 días desde la contabilización del pago material; sin ello no se fiscaliza de conformidad la siguiente propuesta de pago.

Artículo 29. Seguimiento de la información de la contabilidad presupuestaria de gastos

En la contabilidad presupuestaria de gastos, el seguimiento de la ejecución de cuatro elementos —los expedientes contables, los proyectos presupuestarios, los fondos de financiación afectada y las justificaciones— se realiza a través de módulos específicos del Sistema GIRO.

Artículo 30. Seguimiento de expedientes contables

El seguimiento de los expedientes contables se hace con un Gestor de expedientes, donde constan todos los datos de obligatoria introducción en propuestas y documentos contables. El expediente contable se identifica con el proceso de tramitación desde el alta hasta la contabilización y registra las actuaciones de todas las unidades intervinientes. Hay un expediente contable por cada documento contable. Informa también del expediente administrativo soporte y se conecta con módulos como el Registro de contratos o la gestión de activos fijos. La jerarquía parte de un expediente de referencia.

Artículo 31. Seguimiento de los proyectos presupuestarios

El proyecto presupuestario que figura en la partida presupuestaria da acceso al módulo de gestión del banco de proyectos de la Junta de Andalucía. Con ello se permite el seguimiento de la ejecución presupuestaria a nivel de proyectos del Anexo de Inversiones del Presupuesto.

Artículo 32. Seguimiento de los fondos de financiación afectada

Artículo 33. Seguimiento de las justificaciones

El Sistema contable permite seguir los plazos de justificación de los documentos presupuestarios con fase de pago que tengan asignado alguno de los supuestos de justificación posterior establecidos. El texto señala que ese seguimiento se hace al objeto de su cumplimiento y control.

Artículo 34. Partida presupuestaria de ingresos

La partida presupuestaria de ingresos es una codificación formada por los campos de las clasificaciones con que es preceptivo registrar las anotaciones contables, y es la unidad de información contable básica de la ejecución del presupuesto de ingresos. Agrupa: clasificación orgánica (centro gestor: sección presupuestaria, servicio y órgano de gestión); clasificación económica (posición presupuestaria: tipo de presupuesto, capítulo, artículo, concepto, subconcepto y provincia); y el fondo (fuente de financiación).

Artículo 35. Fases y documentos contables de la ejecución del presupuesto de ingresos

El presupuesto de ingresos se ejecuta en fases de previsiones y de gestión. Previsiones: «Z0» iniciales, «Z3» créditos extraordinarios, «Z4» suplementos, «Z5» ampliaciones, «Z6» anualidades futuras, «Z7» incorporaciones de remanentes, «Z8» generaciones y «Z9» transferencias de previsiones. Gestión: «R» derechos contraídos, «R/» anulados y rectificaciones, «I» recaudado, «RI» contraído y recaudado simultáneos, «RI/» devoluciones. Pendiente de cobro: derechos reconocidos netos menos recaudación neta. Caben documentos múltiples, complementarios y barrados.

Artículo 36. Contenido de los documentos contables

En los documentos contables constan: código de expediente contable, código del documento, partida presupuestaria, importe, año de efectividad en caja (ejercicio en que tiene efecto el reconocimiento del derecho), código del deudor (tercero con el que surge el derecho; obligatorio para contabilizar las propuestas de documentos contables), retenciones o descuentos y ejercicio de procedencia (del que proceden los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores). Según la naturaleza del ingreso, podrán ser obligatorios otros campos.

Artículo 37. Arrastre o traspaso de residuos de ejercicios anteriores

Finalizado el ejercicio económico, la Intervención General de la Junta de Andalucía contabiliza en el ejercicio siguiente todos los documentos contables de reconocimiento de derechos cuyo ingreso no se hubiere realizado. Lo hace mediante un proceso de arrastre o traspaso, y esos documentos incorporan la información del ejercicio de procedencia.

Artículo 38. Arrastre o traspaso de anualidades futuras

Los documentos contables de anualidades futuras que proceden del ejercicio anterior se contabilizan como documentos contables del ejercicio corriente, indicando el ejercicio de efectividad en caja. Se hace mediante un proceso de arrastre o traspaso de documentos.

Artículo 39. Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos se contabilizan con documentos contables de tipo «RI/», que generan automáticamente un documento extrapresupuestario de pago; después se procede a la devolución y se compensan las posiciones deudora y acreedora correspondientes. Todas las devoluciones se contabilizan en el ejercicio corriente, tanto si corresponden a ingresos realizados en el ejercicio corriente como en ejercicios anteriores.

Artículo 40. Tipos de cuentas extrapresupuestarias

Las operaciones extrapresupuestarias son operaciones de contenido económico que deben registrarse y se realizan de forma auxiliar o complementaria al presupuesto, o independiente de él. Hay tres tipos de cuentas: acreedoras (débitos a cargo de las tesorerías e ingresos que al realizarse no pueden imputarse definitivamente al presupuesto), deudoras (derechos a favor de las tesorerías y pagos no imputables definitivamente) y valores (garantías y depósitos de las cajas de depósitos, salvo los instrumentados en metálico, cartones de bingo y documentos equivalentes).

Artículo 41. Estructura de la cuenta extrapresupuestaria

La estructura de la cuenta extrapresupuestaria se compone de la unión de distintos elementos que permiten conocer la naturaleza de la operación y coincide con la estructura de la cuenta del Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía. Las operaciones extrapresupuestarias se anotan de forma directa y simultánea en la contabilidad de la Administración de la Junta y de las entidades vinculadas o dependientes citadas en el artículo 2, de acuerdo con ese Plan.

Artículo 42. Fases y documentos contables de las operaciones extrapresupuestarias

El seguimiento contable de las operaciones extrapresupuestarias tiene tres fases: saldo inicial (importe pendiente de ingreso o pago a fin del ejercicio anterior), cargos y abonos (ingresos o pagos materiales, virtuales mediante la compensación de partidas, o de valores, realizados en las tesorerías) y saldo final (importe pendiente de ingreso o pago a fin de ejercicio). La anulación total o parcial de ingresos y pagos se contabiliza con los documentos «EI/» y «EP/». Pueden contabilizarse documentos que integren operaciones de ingresos y extrapresupuestarias.

Artículo 43. Código de asignación

El código de asignación es una codificación que permite controlar los saldos pendientes de compensar de una cuenta extrapresupuestaria agrupando partidas mediante un mismo identificador. Debe consignarse al efectuar la compensación. Según la naturaleza de la operación, su valor puede darlo el Sistema de forma automática o la persona usuaria manualmente, y mantiene su vigencia en ejercicios posteriores mientras los saldos no se hayan compensado.

Artículo 44. Cuentas financieras de tesorería

La entrada y salida de fondos en las tesorerías se refleja en cuentas financieras, que permiten controlar los saldos contables reales y disponibles. El saldo real resulta de contabilizar los pagos y cobros de la tesorería; el disponible, de minorar el real con las órdenes de pago emitidas con cargo a la cuenta, y opera como límite para emitir nuevas órdenes de pago. Tipos: bancaria, efectivo (disponibilidades monetarias de la caja pagadora en efectivo) y valores (garantías y depósitos no instrumentados en metálico, cartones de bingo y documentos equivalentes).

Artículo 45. Movimiento de fondos entre cuentas financieras

Los movimientos entre cuentas financieras bancarias de una misma tesorería se reflejan en el Sistema GIRO a través de los correspondientes asientos contables en la contabilidad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía.

Artículo 46. Tratamiento masivo

Cuando el volumen de los asientos de operaciones como traspasos, operaciones procedentes del Sistema Unificado de Recursos, operaciones de los distintos mecanismos extraordinarios de financiación y otras análogas lo requiera, la Intervención General procederá al tratamiento masivo de los datos que sea necesario para que puedan completarse.

Artículo 47. Plan General de Contabilidad Financiera

Los asientos de la Contabilidad Presupuestaria, Extrapresupuestaria y de Tesorería generan de forma directa los asientos que correspondan en las cuentas del Plan General de Contabilidad Financiera, aprobado por la Junta de Andalucía en el marco del Plan General de Contabilidad Pública de aplicación a todas las Administraciones. La Intervención General rinde las cuentas del Plan a la terminación del ejercicio económico y sus operaciones de cierre.

Artículo 48. Contabilidad Patrimonial

La Contabilidad Patrimonial refleja en el grupo 2 del Inmovilizado del Plan General de Contabilidad Financiera el valor de los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta y de sus agencias o entidades sometidas a contabilidad pública presupuestaria. La Cuenta del Inmovilizado se forma a partir de los registros del Inventario General. Los datos de una tabla del Sistema generan altas, bajas o modificaciones en el módulo de activos fijos y contabilidad patrimonial, que incorpora cambios de titularidad, control o valoración de expedientes patrimoniales sin gasto ni derecho presupuestario.

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo único. Aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria

El artículo único del Decreto se limita a aprobar el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, cuyo texto se inserta a continuación del propio Decreto.

Artículo 1. Objeto

El Reglamento tiene seis objetos: a) regular la Tesorería General de la Junta de Andalucía (organización, funcionamiento y régimen y procedimiento de cobros y pagos); b) regular la Tesorería de los consorcios; c) establecer determinadas disposiciones sobre las Tesorerías de agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entidades; d) desarrollar los procedimientos de interrelación con la Consejería competente en materia de Hacienda; e) regular la gestión recaudatoria, la devolución de ingresos y el reintegro; f) regular la Caja General de Depósitos.

Artículo 2. La Tesorería General de la Junta de Andalucía

Constituyen la Tesorería General todos los recursos financieros —dinero, valores o créditos—, por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, de la Administración de la Junta, sus agencias administrativas, de régimen especial, agencias públicas empresariales del artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007 y sus instituciones. Los recursos de los presupuestos de ingresos de agencias, instituciones y consorcios se sitúan contablemente diferenciados y reflejando su titularidad. También forman parte los ingresos de Derecho Público recaudados por la Agencia Tributaria de Andalucía.

Artículo 3. Órganos de gestión de la Tesorería General de la Junta de Andalucía

La Tesorería General, bajo la superior dirección de la política de tesorería de la Consejería con competencias en Hacienda, se gestiona por: a) la Dirección General con competencias en tesorería, de la que dependen orgánica y funcionalmente las Jefaturas de los Servicios Provinciales de Tesorería; b) los órganos de las Tesorerías de las agencias, bajo la dirección de su Presidencia o Dirección, coordinados por esa Dirección General. Esta también coordina las tesorerías de los consorcios. La tesorería de los fondos carentes de personalidad jurídica corresponde a la entidad gestora.

Artículo 4. Funciones de la Tesorería General de la Junta de Andalucía

Funciones de la Tesorería General: a) servir al principio de unidad de caja centralizando todos los fondos y valores, presupuestarios y no presupuestarios; b) recaudación material de derechos y pago de obligaciones; c) definir y gestionar la ordenación y el pago; d) distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias; e) responder de los avales contraídos por la Junta; f) las restantes que se deriven o relacionen. La Dirección General competente en materia de tesorería podrá cancelar obligaciones pendientes de pago de entidades del sector público andaluz.

Artículo 5. Situación de los fondos

Los fondos de la Tesorería General se depositan en cuentas abiertas en el Banco de España y en las entidades de crédito. Los servicios del Banco de España se prestan en los términos que convenga la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. Las cuentas en entidades de crédito las abren los órganos de gestión del artículo 3.1, y sus contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación y de respeto a la inembargabilidad. La Consejería podrá determinar la contratación centralizada con una o varias entidades mediante acuerdos marco.

Artículo 6. Movimientos de fondos y operaciones de tesorería

Los movimientos de fondos entre cuentas de la Tesorería General tienen siempre origen y destino en cuentas de esta: son actos de gestión interna que carecen del carácter de disposición de fondos. Podrán instrumentarse operaciones financieras activas para rentabilizar fondos inmovilizados: las realiza la persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería, a corto plazo, mediante depósitos a plazo o adquisición temporal de activos. La Dirección General podrá tramitar operaciones de crédito por plazo inferior a un año para necesidades transitorias de tesorería.

Artículo 7. Clasificación de las cuentas de la Tesorería

Los órganos de gestión operan con cuentas abiertas en el Banco de España y en entidades de crédito. La Dirección General con competencias en materia de tesorería opera con cuentas tesoreras (generales o especiales) y con cuentas restringidas para la recaudación. El resto de órganos de gestión operan con cuentas autorizadas, cuya apertura debe autorizar previamente la Consejería competente en materia de Hacienda: cuenta de Tesorería, cuenta Restringida de ingresos y procedimientos especiales de agencia o institución. También podrán existir en otros órganos de la Administración y consorcios.

Artículo 8. Régimen general de las cuentas

Las cuentas de la Tesorería General son cuentas corrientes. No cabe cargo alguno por disposición o movimiento de fondos sin la preceptiva autorización. No podrán producirse descubiertos, que en todo caso serán por cuenta exclusiva de la entidad de crédito. Los intereses se ingresan en la cuenta tesorera general que determine la Dirección General competente en materia de tesorería. El régimen se aplica a los consorcios y se desarrolla por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 9. Cuentas tesoreras

Con las cuentas tesoreras la Tesorería General gestiona sus cobros y pagos. Opera con cuentas generales y, por la singularidad de determinados procedimientos de gastos, puede disponer de especiales. Su apertura y cierre corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería. Se denominan «Tesorería General de la Junta de Andalucía». La disposición y el movimiento de fondos requiere tres firmas mancomunadas: Ordenación de Pagos, Tesorería e Intervención (titulares de la Dirección General, de su Servicio de Tesorería y de su Intervención Delegada).

Artículo 10. Cuentas restringidas para la recaudación por entidad colaboradora

Cada entidad colaboradora abre una cuenta restringida para la recaudación: cuenta corriente, no retribuida y sin comisión, con abonos por recaudación y una única anotación de adeudo por quincena. Las quincenas terminan los días 5 y 20 (o inmediato hábil posterior). Lo recaudado en la que acaba el día 5 se ingresa el día 18 o inmediato hábil anterior; lo de la que acaba el 20, el penúltimo día hábil del mes. Si no se ingresa en fecha, la Dirección General competente en materia de tesorería exige el inmediato ingreso y liquida intereses de demora. Los deudores quedan liberados de sus deudas.

Artículo 11. Cuenta restringida para la prestación del servicio de caja

Para el servicio de caja prestado por las entidades de crédito existirá una cuenta restringida abierta en la entidad, donde ingresan las personas obligadas al pago. La entidad debe ingresar diariamente en la Tesorería General lo recaudado y remitir a la Dirección General competente en materia de tesorería una relación justificativa de las cantidades y los documentos acreditativos de las deudas. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda se desarrolla el régimen del servicio, el funcionamiento de las cuentas y la forma, soporte y plazo de la información.

Artículo 12. Cuentas autorizadas

Agencias administrativas, de régimen especial, agencias públicas empresariales del artículo 2.1, instituciones y consorcios podrán solicitar la apertura de cuentas en entidades de crédito, con autorización previa de la Consejería competente en materia de Hacienda. Requieren tres firmas mancomunadas: Presidencia o Dirección del ente (Ordenación de Pagos), titular de la unidad con funciones de tesorería e Intervención Delegada, Central o Provincial. Clases: cuenta de tesorería y cuenta restringida de ingresos, cuyo importe se ingresa al menos mensualmente. Por Orden cabe regular otras cuentas.

Artículo 13. Régimen de autorización de las cuentas autorizadas

La persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería autoriza la apertura de las cuentas autorizadas, previa solicitud. Primero emite una autorización provisional (dos meses para resolver y notificar; si no hay resolución expresa, se podrá entender estimada). Comunicadas la adjudicación y formalización del contrato, la confirma en diez días hábiles por la duración total del contrato. Si pasan seis meses desde la notificación sin contrato formalizado, la provisional pierde su eficacia. La cancelación anticipada exige comunicación previa indicando su causa.

Artículo 14. Conciliaciones de las cuentas bancarias

Mensualmente, y referida al último día del mes anterior, se concilian los saldos de la contabilidad pública con los de los extractos bancarios. Si no coinciden, se comprueban las partidas una a una. No caben adeudos con el único soporte del extracto: siempre hace falta documento justificativo. Responde el titular del órgano a cuya disposición esté la cuenta. Las conciliaciones mensuales se rinden a la oficina contable de la Intervención; las de 31 de diciembre de las cuentas autorizadas se remiten a la Dirección General antes de acabar enero del año siguiente.

Artículo 15. Verificación del régimen de cuentas

La Dirección General competente en materia de tesorería comprueba y verifica el funcionamiento de las cuentas tesoreras y de las cuentas autorizadas y revisa la correcta aplicación de los intereses, sin perjuicio del control de la Intervención General. Puede pedir información y requerir colaboración. Planifica estas funciones anualmente, mediante instrucción. Mediante resolución puede cancelar o bloquear cuentas autorizadas si no subsisten las razones de su autorización, hay hechos que dificulten su normal funcionamiento o se detectan incumplimientos.

Artículo 16. Cajas de la Tesorería General de la Junta de Andalucía

Se integran en la Tesorería General de la Junta de Andalucía todas las cajas de los órganos de la Administración de la Junta, de sus agencias administrativas, de régimen especial, de las agencias públicas empresariales del artículo 2.1 e instituciones, destinadas a recaudar sus ingresos o pagar sus obligaciones. Hay dos tipos: la Caja General, destinada a la recaudación material de los ingresos, y las cajas autorizadas, destinadas a la recaudación de ingresos o pago de obligaciones. Los consorcios del artículo 1.b) podrán tener cajas autorizadas conforme al artículo 18.

Artículo 17. Caja General de la Tesorería

La Dirección General competente en materia de tesorería podrá disponer de una Caja General para la recaudación material de los ingresos, articulada en sucursales ubicadas en las dependencias de los Servicios Provinciales de Tesorería. Lo recaudado se ingresa en la cuenta general de la Tesorería, diariamente o en el plazo que fije la persona titular de esa Dirección General. Esta también podrá convenir con entidades de crédito el servicio de caja en el local del órgano de recaudación. Su régimen se desarrolla por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda.

Artículo 18. Cajas autorizadas

Puede haber cajas de recaudación de ingresos por razones de eficacia o mejor servicio, siempre vinculadas a una cuenta restringida de ingreso. Las autoriza la persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería si hay seguridad suficiente, órgano y responsable designados, control contable e ingreso diario o en el plazo que se fije. De la cuenta no se dispone: solo adeudos para ingresar lo recaudado, al menos mensualmente, con tres firmas mancomunadas. Plazo para resolver: dos meses, con silencio estimatorio. Las cajas pagadoras en efectivo se regulan por Orden.

Artículo 19. Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma

La Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma es una unidad administrativa integrada en la Dirección General competente en materia de tesorería. El artículo no regula su organización ni su funcionamiento: remite para ello al título V de la propia norma.

Artículo 20. Fichero de Cuentas y Cajas

La Dirección General con competencia en materia de tesorería es responsable del Fichero de Cuentas y Cajas. Datos mínimos: clase y denominación; órgano responsable; personas responsables de los movimientos o, en las cajas, de la custodia de los fondos; entidad de crédito y número de cuenta; y resolución de autorización. La Dirección General define sus especificaciones y custodia y explota su información; los Servicios Provinciales de Tesorería lo gestionan, administran y mantienen. Hay una sección diferenciada para otras entidades y fondos.

Artículo 21. Responsabilidades

La persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería es el órgano responsable del control de los fondos de las cuentas generales y especiales y de la custodia de los fondos y valores de la Caja General de la Tesorería y de la Caja General de Depósitos. Las personas titulares de los órganos y entidades con cuentas o cajas autorizadas responden de la custodia de los fondos de sus cajas y del control de los fondos de sus cuentas. También son responsables del control de los fondos y valores las personas autorizadas para su disposición, movimiento o custodia.

Artículo 22. Transparencia

La Dirección General con competencias en materia de tesorería publica trimestralmente en el Portal de Transparencia el detalle de todos los cobros y pagos de la Tesorería General y los importes de sus saldos bancarios. Lo hace en la primera quincena de mayo, agosto, noviembre y febrero, respecto del trimestre natural inmediatamente anterior. Se publican datos de cobros, pagos (sin datos personales) y saldos diarios; los pagos de nómina, agregados por unidad de nómina y mes. Los datos son los del sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera.

Artículo 23. Tesorerías de las entidades instrumentales

Las Tesorerías de estas entidades se rigen por su normativa específica, pero necesitan autorización previa de la persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería para abrir cuentas y deben comunicar su cancelación. La solicitud la hace la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería de adscripción, con informe favorable. Plazo para resolver y notificar: dos meses; sin resolución expresa, se entiende denegada. El titular del órgano autorizado responde de la custodia de los fondos y del control de sus movimientos.

Artículo 24. Cuentas de los fondos carentes de personalidad jurídica

La apertura de cuentas de los fondos carentes de personalidad jurídica exige autorización previa de la Dirección General competente en materia de tesorería y la realiza la entidad gestora en nombre y por cuenta de la Administración de la Junta. Dos meses para resolver y silencio denegatorio. Clases: cuenta de tesorería (solo una por fondo) y cuenta restringida de pagos por ejecución de avales y garantías. Se dispone con firma mancomunada de al menos dos personas. La cancelación anticipada la autoriza la persona titular de la Dirección General de política financiera.

Artículo 25. Régimen jurídico

La recaudación de los ingresos de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ajusta a tres bloques normativos: la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; el Reglamento General de Recaudación; y la normativa propia de la Comunidad Autónoma que sea de aplicación. El artículo lo dispone de conformidad con el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 26. Ámbito de aplicación y concepto de gestión recaudatoria

La gestión recaudatoria es la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública; puede ser en periodo voluntario o ejecutivo (este, por el procedimiento de apremio de la Ley 58/2003). Ingresos tributarios: Agencia Tributaria de Andalucía en ambos períodos, salvo delegación o atribución. No tributarios: en voluntario, los órganos de la Junta, sus entidades instrumentales e instituciones (salvo delegación o atribución); en ejecutivo, la Agencia. La Secretaría General de Hacienda impulsa la mejora de la gestión de los ingresos.

Artículo 27. Sistemas de gestión

La gestión recaudatoria de los ingresos de Derecho Público se realiza a través de los sistemas de gestión económico-financieros de la Administración de la Junta de Andalucía. A estos efectos, los órganos con competencias en materia de recaudación de ingresos conforme al artículo 26 deben utilizar, para ejercer sus competencias recaudatorias, los programas y las aplicaciones electrónicas que pone a su disposición la Agencia Digital de Andalucía.

Artículo 28. Aplazamiento y fraccionamiento

Las deudas en voluntario o ejecutivo pueden aplazarse o fraccionarse. Resuelve la Agencia Tributaria: deudas tributarias (ambos períodos), no tributarias en ejecutivo, reintegros de subvenciones en voluntario (salvo los que gestiona el Organismo Pagador, que resuelve él) y sanciones, multas coercitivas, precios públicos y demás ingresos no tributarios en voluntario. Excepciones a esto: reintegros del título IV (órgano gestor), liquidaciones de la Dirección General de tesorería (ella) e ingresos de agencias de régimen especial o públicas empresariales (sus órganos, salvo norma expresa).

Artículo 29. Entidades que prestan el servicio de caja y entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria

Puede prestar el servicio de caja la entidad de crédito con la que la Dirección General competente en materia de tesorería convenie su realización, de conformidad con el artículo 17.2. Pueden actuar como entidades colaboradoras en la recaudación las entidades de crédito autorizadas por esa misma Dirección General, conforme al régimen del artículo 10. Ni la autorización ni el convenio atribuyen en ningún caso a esas entidades de crédito el carácter de órganos de recaudación.

Artículo 30. Ingresos de la gestión recaudatoria

Los ingresos de la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de la Junta, en voluntario y en ejecutivo, se ingresan en la Tesorería General. Pueden hacerse: en las cuentas abiertas por la Dirección General de tesorería en entidades de crédito y en el Banco de España (en supuestos especiales convenidos); en la Caja de esa Dirección General o, en su defecto, en la entidad que preste el servicio de caja; en las entidades colaboradoras; o en otro lugar fijado por Orden de la Consejería de Hacienda. Las entidades instrumentales ajenas a la Hacienda Pública ingresan en sus cuentas propias.

Artículo 31. Medios de ingreso

Los ingresos pueden realizarse por ocho medios: dinero de curso legal, giros, transferencias, cheques, domiciliación bancaria, tarjeta bancaria, medios de pago electrónicos ofrecidos por entidades de crédito o por proveedores de servicios de pago autorizados, y cualquier otro medio o documento de pago, sea o no bancario, reglamentariamente establecido. Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se pueden fijar los términos de uso de la domiciliación, la tarjeta y los medios electrónicos, y determinar qué medios han de usarse en cada lugar de pago.

Artículo 32. Ámbito de aplicación

Regula la devolución de ingresos de Derecho Público no tributarios declarados indebidos en un procedimiento administrativo o judicial de revisión, y el procedimiento para reconocer ese derecho en supuestos distintos. Se aplica a agencias públicas empresariales, consorcios, demás entes instrumentales y fondos sin personalidad jurídica, en lo conforme a su naturaleza. Las devoluciones tributarias las tramitan y resuelven los órganos de la Agencia Tributaria. Quedan fuera las cantidades a reintegrar por convenios interadministrativos, transferencias finalistas y cofinanciación de gastos públicos.

Artículo 33. Supuestos de devolución

El derecho a la devolución de ingresos de Derecho Público no tributarios puede reconocerse por cuatro vías: en el procedimiento para el reconocimiento del derecho regulado en el capítulo III del título; en un procedimiento de revisión de oficio; en virtud de la resolución de un recurso administrativo o reclamación económico-administrativa o de una resolución judicial; y por cualquier otro procedimiento establecido legalmente.

Artículo 34. Órganos competentes para la ejecución de la devolución

Si el ingreso se recaudó en periodo voluntario y la devolución se declara en un procedimiento de revisión, la ejecuta el órgano que dictó el acto de liquidación revisado. Si lo recaudó en ejecutivo la Agencia Tributaria, ejecuta la Agencia cuando alguno de los actos revisados fuese suyo; en el resto, el órgano que dictó la liquidación, incluidos intereses y recargos del periodo ejecutivo. Quien ejecuta elabora también la propuesta de pago. Si recaudó en ejecutivo un organismo recaudador externo, ejecuta él si lo prevé el instrumento jurídico que regule las relaciones entre las partes.

Artículo 35. Supuestos y procedimiento

El procedimiento de devolución de ingresos indebidos de Derecho Privado y de Derecho Público no tributarios se aplica en cinco supuestos: duplicidad; cantidad superior a la debida; ingreso de deudas prescritas o extinguidas por compensación o condonación; otro error, si no hay obligación de ingresar y no se apreció en la revisión del capítulo anterior; y cuando lo establezca la normativa específica del ingreso. Se inicia de oficio o a instancia de la persona interesada: la deudora u obligada al pago y, en su defecto, quien lo realizó; si fallece o se extingue y disuelve, sus sucesoras.

Artículo 36. Tramitación del procedimiento iniciado de oficio

Cuando el órgano competente conoce un ingreso indebido no devuelto, inicia de oficio el procedimiento con un acuerdo de inicio que notifica a la persona interesada. Esta tiene quince días hábiles, desde el día siguiente a su notificación, para alegar y aportar documentos; si no alega, el procedimiento prosigue y se deja constancia en el expediente. La resolución motivada se notifica en seis meses desde la fecha en que se adopte el acuerdo de inicio; vencido el plazo sin notificarse resolución expresa, la persona interesada puede entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.

Artículo 37. Procedimiento iniciado a instancia de la persona interesada. Solicitud y tramitación

La solicitud se dirige al órgano competente con: identificación, NIF y domicilio; domicilio para notificaciones; justificación del ingreso indebido; lugar, fecha y firma. Si no reúne los requisitos, se requiere subsanar en diez días hábiles, con aviso de que se tendrá por desistida. Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y personas físicas obligadas presentan por vía telemática. La propuesta de resolución se notifica para alegar en quince días hábiles, salvo dos excepciones. Se resuelve y notifica en seis meses; el silencio es estimatorio.

Artículo 38. Competencia para la tramitación y resolución del procedimiento

Tramita y resuelve: a) el órgano que dictó el acto de liquidación, salvo el caso de la letra c) y sin perjuicio de la norma de organización específica; b) el órgano gestor del ingreso responsable de la cuenta o caja, si se ingresó en cuenta restringida o en caja; c) la Agencia Tributaria de Andalucía, si el motivo es de los párrafos a), b) y c) del artículo 35.1 y el ingreso duplicado o excesivo se hizo iniciado el periodo ejecutivo, o si la prescripción se produjo tras notificarse la providencia de apremio. Ese órgano también ejecuta la devolución y elabora la propuesta de pago.

Artículo 39. Ejecución de las devoluciones

Reconocido el derecho a la devolución, se ejecuta de inmediato. La cantidad a devolver por un ingreso indebido suma el importe indebidamente ingresado y el interés que legalmente corresponda según la naturaleza del ingreso, calculado desde la fecha del ingreso hasta la fecha en que se realice la propuesta de pago. En el expediente debe constar copia auténtica o autenticada, en papel o electrónica, del acuerdo o resolución administrativa, o el testimonio de la sentencia o resolución judicial. El pago sigue el procedimiento general de pagos del Reglamento.

Artículo 40. Ordenaciones de Pagos

Estructura de la ordenación de pagos: a) la persona titular de la Dirección General de tesorería ejerce la ordenación general de pagos de la Administración de la Junta, bajo la superior autoridad de la persona titular de la Consejería de Hacienda; b) la Consejería de agricultura, como Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas, o el órgano que ostente esa condición, ordena los pagos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y del de Desarrollo Rural, con su normativa especial; c) en agencias, consorcios y, en su caso, instituciones ordena la persona titular de su Presidencia o Dirección.

Artículo 41. Funciones de las Ordenaciones de Pagos

La ordenación del pago es el acto por el que los Ordenadores de Pago determinan las obligaciones que deben materializarse, ajustándose al Presupuesto de necesidades monetarias. Se aplican criterios objetivos (fecha de recepción o vencimiento, importe, partida, forma de pago, entre otros) que deben tener entre sus objetivos cumplir el periodo medio de pago. La Dirección General de tesorería puede fijar criterios específicos, obligatorios para los órganos del párrafo c) del artículo 40. Funciones: establecer el orden de ejecución de los pagos y disponer su ejecución.

Artículo 42. Ámbito de aplicación

El procedimiento general de pago se aplica en el ámbito de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de los consorcios del artículo 1.b). Sus órganos de gestión deben ejecutar las operaciones para materializar los pagos derivados de cualquier tipo de obligación, sea en ejecución del Presupuesto de Gastos o de operaciones extrapresupuestarias. Junto al general podrán existir procedimientos específicos para el pago de determinadas obligaciones, regulados en la propia norma y en normas especiales.

Artículo 43. Proceso de pago

El proceso de pago tiene dos fases sucesivas: ordenación (se establece el orden y se dispone la ejecución) y materialización (salida material o virtual de los fondos). El de la Administración de la Junta lo desarrolla y ejecuta la Dirección General de tesorería, que también materializa los pagos ordenados por el Organismo Pagador, con el límite de los fondos disponibles. En agencias, consorcios e instituciones lo ejecutan sus Tesorerías propias, pero la materialización la ejerce la Dirección General en su nombre y por su cuenta, salvo que no les sea de aplicación el artículo 57.

Artículo 44. Presupuesto de Tesorería

La Dirección General de tesorería elabora anualmente el presupuesto de necesidades monetarias («Presupuesto de Tesorería») para distribuir en el tiempo cobros y pagos y estimar las necesidades de endeudamiento; se actualiza mensualmente y se revisa, en su caso, durante el ejercicio. Las obligaciones de pago frente al sector instrumental podrán someterse a calendarios de pago con programación mensual, aprobados por esa Dirección General a propuesta de la Consejería de adscripción o de seguimiento. Además debe confeccionar anualmente un Presupuesto de Tesorería consolidado.

Artículo 45. Gestión de los datos de las personas acreedoras

Los datos de las personas acreedoras se gestionan de forma centralizada en el Fichero Central de Personas Acreedoras, responsabilidad de la Dirección General de tesorería; su gestión corresponde conjuntamente a la Intervención General y a esa Dirección General. La Intervención General da de alta los datos identificativos (NIF, nombre o razón social, domicilio fiscal, teléfono y correo electrónico); la Dirección General, los datos bancarios. Personas físicas, jurídicas privadas y entidades privadas sin personalidad pueden designar hasta cinco cuentas activas, una principal.

Artículo 46. Aplicación de retenciones en los pagos

La Dirección General de tesorería ejecuta las órdenes de retención de órganos judiciales o administrativos sobre derechos de cobro frente a la Administración de la Junta, agencias y consorcios, salvo las que afecten a retribuciones de empleados públicos. Embargos y mandamientos de ejecución deben dirigírsele. La retención se practica por la totalidad de la traba cuando haya crédito suficiente y no puede fraccionarse. Si concurren varias sobre el mismo derecho de cobro, tiene prioridad la registrada en primer lugar y, si ese criterio no puede aplicarse, la dictada con fecha más antigua.

Artículo 47. Actuaciones previas al procedimiento de pago

Los órganos competentes para dictar los actos de reconocimiento y liquidación de las obligaciones (de la Administración de la Junta, agencias, consorcios y, en su caso, instituciones) proponen el pago confeccionando y expidiendo propuestas de documentos contables a través del sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera. Contabilizadas esas propuestas por la Intervención correspondiente, se generan los documentos contables que habilitan para la ordenación y pago por la Tesorería que proceda. La fase de ordenación y pago no conlleva la edición de nuevo documento contable.

Artículo 48. Documento de gestión del pago: documentos de pago

Las oficinas contables ponen a disposición de las oficinas de tesorería los documentos contables necesarios para la ordenación y pago de las obligaciones, a través del sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía. Ese Sistema confecciona de forma automática y simultánea, en el momento de la contabilización de esos documentos, los documentos de pago en el ámbito de la Tesorería que proceda, para que esta ejecute los actos de ordenación y materialización del pago.

Artículo 49. Elementos de los documentos de pago

Los documentos de pago se generan, con carácter general, a favor de las personas acreedoras directas: personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, públicas o privadas, a cuyo favor se hayan contraído obligaciones presupuestarias o extrapresupuestarias. Datos mínimos: código numérico de la acreedora, sustituto legal en su caso (dado de alta antes como acreedora), nombre o razón social y cuenta bancaria por su ordinal. Si se comunica fehacientemente la cesión del derecho de cobro, la orden se expide a la cesionaria, con los datos de la acreedora y la fecha de comunicación.

Artículo 50. Examen de los documentos de pago

La Dirección General competente en materia de tesorería y, en su caso, las Tesorerías de las agencias, consorcios e instituciones que enumera ordenan y materializan los documentos de pago, cuyo contenido no puede alterarse en las oficinas de tesorería salvo en lo derivado de la validación. El órgano ordenador completa datos con el Fichero Central de Personas Acreedoras y valida forma de pago, incidencias y cesiones. Si hay incidencias incorporadas al Fichero, la Tesorería retiene los documentos. Los ordenadores pueden recabar antecedentes del órgano gestor y de las oficinas de contabilidad.

Artículo 51. Ordenación del pago

Realizadas las actuaciones referidas en el artículo anterior, el órgano competente para la ordenación del pago realiza la fase de ordenación de acuerdo con el Presupuesto de Tesorería y las disponibilidades monetarias existentes, aplicando los criterios objetivos definidos en el artículo 41.2. Los documentos de pago que no resulten ordenados quedan retenidos en el sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, a la espera de ordenarse en un proceso posterior.

Artículo 52. Medios de pago

La Tesorería que corresponda paga de forma ordinaria por transferencia bancaria. El cheque nominativo, no a la orden y cruzado, es excepcional: exige causas que lo justifiquen, solo vale para personas físicas y requiere, en cada caso, autorización previa del órgano competente para ordenar el pago. Caben pagos en formalización, aplicados a conceptos del Presupuesto de ingresos o no presupuestarios, sin variación efectiva de tesorería. Otros medios de pago, bancarios o no, solo si una Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda regula sus condiciones.

Artículo 53. Designación de la cuenta en la transferencia bancaria

La transferencia se abona, con cargo a cuentas generales o autorizadas, en la cuenta designada por la persona acreedora, que debe estar abierta a su nombre e incluida en el Fichero Central de Personas Acreedoras. Para personas físicas, jurídicas privadas y entidades privadas sin personalidad jurídica se paga a la cuenta designada en el documento de pago, de entre un máximo de cinco activas; si no se indicó, a la cuenta principal en el momento de la ordenación, con carácter liberatorio. Puede pedirse otra cuenta mientras el documento de pago no haya sido ordenado.

Artículo 54. Pago por transferencia

Los documentos ordenados forman relaciones de pagos. Las Tesorerías verifican el saldo y confeccionan órdenes de ejecución de transferencias, cada una con relaciones de una única cuenta y una fecha dada. Antes de enviarlas las firman tres personas autorizadas, en este orden: Ordenación de pagos, Tesorería e Intervención, preferentemente con firma electrónica. Recibidos los ficheros por las entidades, los documentos se contabilizan como pagados. Las entidades de crédito ejecutan las transferencias el mismo día de su recepción y abonan en la misma cuenta de la Tesorería lo no cumplimentado.

Artículo 55. Autorización y pago mediante cheque

El pago mediante cheque es excepcional y solo pueden solicitarlo personas físicas acreedoras. La solicitud se dirige a la persona titular de los órganos del artículo 40, que autoriza por resolución motivada; el plazo para resolver y notificar es de dos meses y el silencio permite entenderla estimada. Cada documento de pago va en una única relación y el mandamiento, firmado por las tres personas autorizadas, adquiere naturaleza de cheque. La acreedora o su representante legalmente acreditado debe acudir a la Tesorería y firmar antes un recibí; entregado el cheque, se comunica a la Intervención.

Artículo 56. Propuestas y documentos contables de obligaciones sujetas a justificación posterior

Las órdenes de pago pueden sujetarse a justificación posterior en dos supuestos. Pagos a justificar: no pueden acompañarse los documentos acreditativos al expedirse; son excepcionales y se justifican en tres meses, ampliables a doce en los casos que reglamentariamente se determine, sin nuevos libramientos si hay órdenes pendientes. Pagos en firme de justificación diferida: los documentos se acompañan, pero debe aportarse documentación posterior. El plazo límite se fija por fecha concreta o por plazo contado desde la realización del pago. Las Intervenciones siguen la justificación.

Artículo 57. Procedimiento de materialización del pago de las obligaciones de las agencias y de los consorcios

La Dirección General competente en materia de tesorería materializa el pago de las obligaciones de las agencias y consorcios que enumera, en nombre y por cuenta de estos y con plenos efectos liberatorios, con cargo a lo que la Tesorería tenga pendiente de pago a su favor y hasta ese límite, sin alterar la titularidad de las obligaciones. Determina mensualmente la cuantía máxima atendible; los entes ordenan en sus propias Tesorerías. Su titular resuelve los reintegros por error material, aritmético o de hecho de su actuación; si el pago indebido deriva de actos del ente, este inicia y resuelve.

Artículo 58. Órganos responsables del control del período medio de pago

La Secretaría General de Hacienda dirige, impulsa y fija las directrices para cuantificar y seguir la deuda comercial, calcular y cumplir el período medio de pago y controlar la morosidad. La Dirección General competente en tesorería coordina y supervisa a los entes instrumentales y demás entidades del perímetro de consolidación para el suministro de información, se relaciona a ese fin con las Universidades públicas y ejecuta los procesos para velar por el período medio de pago. En cada entidad instrumental, su Presidencia, Dirección o cargo asimilado garantiza los plazos máximos de pago.

Artículo 59. Definición, competencias y ámbito de aplicación del Censo Único de Obligaciones de la Junta de Andalucía

El Censo Único de Obligaciones, subsistema del sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera, integra obligaciones de: Administración de la Junta y sus agencias administrativas y de régimen especial; fondos sin personalidad jurídica; agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz; consorcios del art. 12.3 de la Ley 9/2007; y otros entes del subsector «Administración Regional». Entran todas, sea cual sea su naturaleza, importe, perceptor, vencimiento o estado de tramitación. Lo gestiona la Dirección General competente en tesorería.

Artículo 60. Finalidades del Censo Único de Obligaciones

El Censo Único de Obligaciones tiene cuatro finalidades: consolidar la información de las obligaciones de los entes de su ámbito; servir de base para el seguimiento de la deuda comercial, el cálculo y control del período medio de pago, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y las garantías de plazos de pago; cuantificar, únicamente con la información del Censo, los importes que la Tesorería General deba abonar al sector de los párrafos b), c), d) y e) del artículo 59.2; y ser herramienta para aplicar el proceso de cancelación de obligaciones de las entidades instrumentales.

Artículo 61. Suministro de información al Censo Único de Obligaciones

La información de las obligaciones de pago registradas en el sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta, sus agencias administrativas, de régimen especial, agencias públicas empresariales del artículo 2.1 y consorcios del artículo 1.b) la suministra diariamente al Censo Único de Obligaciones el propio sistema, por sincronización automática. En las demás entidades del apartado 2, las personas titulares de la Presidencia, Dirección o cargos asimilados velan por la actualización, también diaria y por sincronización automática.

Artículo 62. Procedimiento aplicable a la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias administrativas, de régimen especial, las agencias públicas empresariales del artículo 2.1, y los consorcios del artículo 1.b) en supuestos de riesgo de incumplimiento del período medio de pago

Si la Dirección General competente en materia de tesorería aprecia riesgo de incumplir los plazos máximos o el período medio de pago, requiere: en la Administración de la Junta, a la Secretaría General Técnica; en agencias y consorcios donde persista el riesgo tras el artículo 57.3, a su Presidencia o Dirección y a la Secretaría General Técnica de la Consejería de adscripción. Plazo: diez días. Si no se tramita, la Secretaría General Técnica remite informe de causas en los dos días posteriores. Si persiste el riesgo: operaciones de ejecución del presupuesto por Hacienda o artículo 63.4 y 5.

Artículo 63. Procedimiento de cancelación de obligaciones de pago de otras entidades

La Tesorería General podrá cancelar obligaciones pendientes de agencias públicas empresariales del artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, sociedades mercantiles, fundaciones y entes del perímetro de consolidación, pagando directamente a las personas proveedoras hasta el límite de lo pendiente de pago a favor de cada ente. Ante un riesgo, la Dirección General remite una relación: quince días naturales para cancelar (cinco primeros para proponer cambios; conformidad en dos días hábiles). Luego propone en dos días a la Secretaría General de Hacienda, que resuelve en cinco días naturales.

Artículo 64. Pago de la nómina

Las retribuciones del personal en activo de la Administración de la Junta, sus agencias administrativas y de régimen especial se pagan en virtud de nómina, por transferencia bancaria. Paga la Dirección General de tesorería al personal de la Administración de la Junta, y la Tesorería de cada agencia al suyo. Aprueban las propuestas contables los titulares de las Secretarías Generales Técnicas y Secretarías Generales de las agencias; en Justicia, el de la Dirección General competente. En general, las nóminas estarán en ordenación del pago al menos cinco días antes del último día hábil del mes.

Artículo 65. Descuentos y embargos

En nómina se practican los descuentos obligatorios según la normativa de aplicación; su tratamiento contable se regula por Orden de Hacienda. Los pagos de cuotas de Seguridad Social, retenciones del IRPF y demás descuentos los realiza la Dirección General de tesorería o las Tesorerías de agencias y consorcios. Los embargos los aplican: para su personal, Secretarías Generales Técnicas, Secretarías Generales de agencias y órganos de personal; para docentes, la Secretaría General Técnica de educación; para Justicia, el órgano que lo gestione; para el SAS, la Dirección General de profesionales.

Artículo 66. Pagos en moneda extranjera

En pagos en moneda distinta al euro, los órganos gestores cursan las propuestas de documento contable de reconocimiento de la obligación por su importe incrementado en el porcentaje que determine la Consejería de Hacienda y las envían a la Intervención correspondiente. Intervenidos y contabilizados, los documentos van a la Dirección General de tesorería, que cursa la orden de transferencia según el tipo de cambio vigente en el momento del pago y emite un certificado con el importe en euros para los ajustes. Esa Dirección General y la Intervención General dictan las instrucciones conjuntas.

Artículo 67. Ámbito de aplicación

La sección regula el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas con aplicación a los créditos de gastos del Presupuesto de la Junta, sus agencias, consorcios del artículo 1.b) e instituciones, o derivadas de pagos extrapresupuestarios. Las subvenciones se rigen por la Ley 38/2003 y el título VII del Texto Refundido; las ayudas públicas, por su normativa específica. Si hay que revisar el acto que originó el pago, se acude a la revisión de oficio de actos nulos o anulables de la Ley 39/2015. El órgano gestor del gasto expide la carta de pago, con el plazo de ingreso voluntario.

Artículo 68. Naturaleza jurídica de las cantidades a reintegrar

Las cantidades a reintegrar tienen la naturaleza de ingreso de Derecho Público de la Junta de Andalucía, salvo cuando el pago indebido se haya producido en relaciones jurídicas de Derecho Privado. Para su cobro se aplica el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y la recaudación se ajusta a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, al Reglamento General de Recaudación y al propio Reglamento.

Artículo 69. Concepto de pagos indebidos

Pago indebido es el realizado por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona sin derecho alguno de cobro frente a la Administración respecto a ese pago, o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho. Su reintegro devenga el interés del artículo 23 del Texto Refundido desde que se produjo el pago hasta la fecha en que se adopte la resolución de reintegro o, en su caso, hasta la devolución voluntaria. La persona o entidad perceptora de un pago indebido, total o parcial, queda obligada a restituirlo en la cuantía que corresponda.

Artículo 70. Actuaciones de seguimiento y coordinación

La Secretaría General con competencias en materia de Hacienda, u órgano que asuma sus competencias, ejerce las funciones de seguimiento y coordinación de los procedimientos de reintegros regulados en el Reglamento. A estos efectos, podrá solicitar información a los órganos competentes para acordar el reintegro sobre la gestión realizada por ellos en su correspondiente ámbito de actuación.

Artículo 71. Órganos competentes para declarar el pago indebido y acordar su reintegro

Es competente para declarar el pago indebido y resolver el procedimiento de reintegro, determinando la cuantía a ingresar, el órgano de la Consejería, agencia, consorcio o institución que haya dictado el acto o realizado la actuación que origina el pago indebido.

Artículo 72. Tramitación del procedimiento de reintegro y plazo de resolución

Constatada una cuantía percibida indebidamente sin reintegro voluntario, el órgano competente dicta de oficio acuerdo de inicio motivado y concede quince días para alegaciones. Después dicta resolución y expide carta de pago, que se notifica simultáneamente. La persona obligada puede abonar en un solo pago en cualquier momento. Plazo máximo para dictar y notificar: seis meses desde la adopción del acuerdo de inicio. La resolución tiene un contenido mínimo (letras a a f). Las incidencias con repercusión en la recaudación se comunican al órgano que resuelve en un máximo de diez días.

Artículo 73. Recaudación en periodo ejecutivo

La recaudación del reintegro pasa a la vía de apremio en dos casos: cuando la persona obligada no ingresa en periodo voluntario, o cuando incumple cualquiera de los plazos del aplazamiento o fraccionamiento acordado. El expediente se pone a disposición de la Agencia Tributaria de Andalucía a través del sistema de información de gestión de ingresos, para que inicie la recaudación en periodo ejecutivo. Las cantidades adeudadas devengan intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.

Artículo 74. Reconocimiento contable del derecho

Los actos de liquidación de los reintegros dan lugar a que se expidan los documentos contables correspondientes al reconocimiento del derecho. El dato a retener es doble: lo que desencadena la expedición es el acto de liquidación del reintegro, y lo que se contabiliza es un derecho reconocido.

Artículo 75. Órganos competentes

En los reintegros de cuantías percibidas indebidamente en virtud de nómina, son competentes para declarar el pago indebido y resolver el procedimiento de reintegro las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, de las Delegaciones del Gobierno, de las Delegaciones Territoriales o Provinciales, o del órgano que tenga atribuida la competencia en materia de gestión de nómina. En las agencias, instituciones y consorcios incluidos en el ámbito de aplicación del procedimiento lo son sus órganos de dirección con competencia en materia de personal.

Artículo 76. Procedimiento de reintegro en nómina del personal que presta servicio en la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias, instituciones y consorcios

Al personal que sigue prestando servicio se le aplica la subsección 2.ª, con especialidades. El reintegro se materializa por ingreso de la totalidad de la deuda con sus intereses, en periodo voluntario o en cualquier momento del procedimiento, o por compensación de oficio con las nóminas siguientes, transcurrido el plazo de ingreso voluntario y con los límites del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en ese caso se devenga interés de demora. La persona interesada puede pedir, en el plazo de alegaciones, retenciones superiores. Compensa el órgano gestor de la nómina.

Artículo 77. Procedimiento de reintegro en nómina del personal que haya dejado de prestar servicio en la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias, instituciones y consorcios

Cuando el pago indebido en nómina afecta a personal que ha dejado de percibir sus haberes de la Administración de la Junta, sus agencias, instituciones y consorcios, el reintegro se tramita por la subsección 2.ª, sin perjuicio de las especialidades en materia de recursos. Resuelven y realizan las actuaciones recaudatorias en período voluntario las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, Delegaciones del Gobierno, Delegaciones Territoriales o Provinciales u órganos directivos de personal correspondientes al último puesto de trabajo ocupado.

Artículo 78. Reintegros de descuentos practicados en nómina

Las cantidades abonadas indebidamente al pagar la nómina por cotizaciones sociales u otros descuentos obligatorios en materia de Seguridad Social, si no son susceptibles de compensación, deben reclamarse al organismo público que corresponda. Las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas abonadas indebidamente se reintegran mediante compensación en las retenciones a cuenta siguientes que se deban ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que el órgano competente de la Administración General del Estado admita esa forma de compensación.

Artículo 79. Reintegros de ayudas de acción social

Los reintegros de ayudas de acción social del personal de la Administración de la Junta y de la Administración de Justicia, y de los anticipos reintegrables de nómina, se rigen por la subsección 2.ª con peculiaridades. Resuelve el órgano que concedió la ayuda o anticipo. Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario sin ingreso, ese órgano lo comunica al órgano competente para la gestión de la nómina para que descuente, con los límites del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la persona deudora ha dejado de prestar servicio, se aplica la subsección 2.ª

Artículo 80. Cesión de los derechos de cobro

La cesión de los derechos de cobro es efectiva frente a la Administración de la Junta de acuerdo con este capítulo, sin perjuicio de su efecto entre las partes. Las cesiones de subvenciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía o el de Desarrollo Rural se rigen por su normativa específica, según Orden conjunta de las Consejerías de agricultura y de Hacienda. No pueden cederse los derechos de cobro de los entes instrumentales y consorcios del artículo 1.b) frente a la Junta. La cesión no afecta a las facultades de comprobación, control, modificación, revisión y reintegro.

Artículo 81. Comunicación fehaciente de la cesión del derecho de cobro

La cesión debe comunicarse fehacientemente al órgano gestor del gasto; si afecta a varios derechos de cobro de varios órganos gestores, a la Dirección General con competencias en materia de tesorería, solo para ponerla a su disposición. Se usa el modelo normalizado que apruebe esa Dirección General. Contenido mínimo: identificación del contrato, factura, resolución o acto; nombre y NIF de cedente y cesionaria; datos bancarios de la cesionaria; firmas; e importe cedido, nunca superior a la obligación que deba reconocerse. Para una pluralidad de derechos basta una única comunicación.

Artículo 82. Procedimiento para hacer efectivo el pago a las personas cesionarias de los derechos de cobro

Desde la fecha en que la cesión se comunica fehacientemente, las propuestas de documento contable en fase de reconocimiento de obligaciones deben recoger al sustituto legal o persona cesionaria, y en ellas consta la fecha de comunicación de la cesión. Si al recibirse la comunicación la obligación ya estaba reconocida y contabilizada, el órgano gestor, a través de su oficina contable, lo comunica de forma inmediata a la Dirección General con competencias en materia de tesorería para que se bloquee el documento de pago expedido a favor de la cedente.

Artículo 83. Reconocimiento de la obligación de pago a la persona acreedora

Para que el órgano gestor del gasto pueda proponer el pago a la persona cesionaria, antes debe reconocer la obligación de pago a favor de la persona acreedora, previo cumplimiento, en su caso, de los requisitos de acreditación de la prestación o justificación. En las subvenciones que se pagan tras la justificación, la obligación se entiende reconocida con la resolución o certificación del órgano competente que acredite la realización de la actividad o la adopción del comportamiento. Se presume si la cesión se comunica tras el reconocimiento contable de la obligación y antes del pago material.

Artículo 84. Organización administrativa

La Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma es una unidad administrativa integrada en la Dirección General competente en materia de tesorería, cuya persona titular dirige y gestiona sus servicios. En el ámbito provincial presta servicio a través de los Servicios Provinciales de Tesorería. Las resoluciones y actos de la Dirección General en el ámbito de la Caja no agotan la vía administrativa. La Dirección General informa preceptivamente los proyectos normativos que obliguen a constituir garantías o depósitos en la Caja.

Artículo 85. Ámbito subjetivo y objetivo

Ante la Caja General de Depósitos se presentan las garantías a disposición de la Administración de la Junta, sus agencias, instituciones y consorcios del artículo 1.b). Las de sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz se presentarán, y las de las Universidades Públicas Andaluzas podrán presentarse, cuando la norma sectorial obligue a constituirlas en este tipo de establecimiento. También acoge los depósitos en efectivo de normas especiales. Quedan excluidas las garantías de operaciones de fondos carentes de personalidad jurídica.

Artículo 86. Actuaciones ante la Caja

Las actuaciones ante la Caja son electrónicas para los obligados por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, a través de la sede electrónica de la Consejería competente en materia de Hacienda o de la general de la Junta. Las personas físicas no obligadas eligen entre vía presencial o electrónica. Los documentos siguen los modelos de los anexos, que la Dirección General competente en materia de tesorería puede modificar o suprimir por resolución. En aval y seguro de caución, los poderes de los apoderados los bastantea, previamente y por una sola vez, el Gabinete Jurídico.

Artículo 87. Constitución de las garantías

Las garantías se presentan ante la Caja en cuatro modalidades, sin que se acepte otra: efectivo (sin interés), aval, seguro de caución y valores de deuda pública en anotaciones en cuenta. En la solicitud electrónica con aval, seguro o valores la Caja comprueba en dos días y da diez para subsanar. El resguardo acredita la constitución y no es transmisible. Sustituir la garantía exige autorización previa del órgano a cuyo favor se constituyó. Si la garantía pierde validez, el obligado constituye otra en un mes desde la incidencia y el órgano la comunica a la Caja en no más de dos días.

Artículo 88. Cancelación y devolución de las garantías

El órgano o entidad beneficiario dicta el acuerdo de cancelación (anexo VI), sin condición alguna, lo notifica a constituyente y garante y lo remite a la Caja en los diez días siguientes a su adopción. La Caja tramita baja y devolución en quince días como máximo desde la recepción. El efectivo se devuelve por transferencia, con mandamiento de pago de la Dirección General competente en materia de tesorería. En aval, seguro de caución y valores, la Jefatura del Servicio Provincial propone la baja y la Intervención la registra en cinco días. El papel se retira en seis meses.

Artículo 89. Procedimiento de incautación

La incautación exige solicitud del órgano o entidad beneficiario y acreditar el acto expreso de ejecución y cuantía, su ejecutividad inmediata y la audiencia a garante y garantizado. En seguro de caución se solicita en un mes desde que se declare el incumplimiento. La Caja da diez días para subsanar y la persona titular de la Dirección General de tesorería resuelve en un mes. El importe se aplica al presupuesto de ingresos, salvo otro destino por disposición legal, si la garantía era de la Junta, sus agencias, instituciones y consorcios; en los demás casos se paga a la cuenta designada.

Artículo 90. Régimen jurídico y modalidades de los depósitos

Caben cuatro modalidades de depósito ante la Caja: a) de la Junta, sus agencias, consorcios e instituciones a disposición de particulares; b) de la Junta a disposición de sí misma o de entidades vinculadas; c) de particulares a disposición de otros particulares; d) de particulares a disposición de la Junta, sus agencias, consorcios e instituciones. Los de a) y b) pueden constituirse por ley, disposición reglamentaria, acto administrativo o sentencia judicial; los de c) y d), solo por ley o disposición reglamentaria. No devengan interés y sus resguardos no son transmisibles a terceros.

Artículo 91. Constitución y devolución de los depósitos

El depósito se constituye presentando ante la Caja el modelo del anexo I e ingresando su importe en la Tesorería General de la Junta de Andalucía; la Caja puede pedir la documentación de las normas sectoriales y expide el resguardo (anexo V) a solicitud del interesado. Se devuelve por mandamiento de pago, previo acto administrativo expreso del órgano administrativo o judicial que autorice la devolución (anexo VI). En depósitos a favor de particulares, la Caja verifica antes la identidad del beneficiario y paga a este, a sus herederos o sucesores legítimos.

Artículo 92. Operaciones contables

Las operaciones de la Caja se registran en el sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Junta. La Dirección General competente en materia de tesorería, a través de sus Servicios Provinciales de Tesorería, hace una conciliación trimestral, dentro del mes siguiente al trimestre natural, y un arqueo anual, antes de que acabe febrero del año siguiente. Las actas de las conciliaciones las firman los titulares de la Dirección General y de la Intervención Delegada; los arqueos, los de la Jefatura del Servicio Provincial de Tesorería y de la Intervención Provincial.

Denominación, aprobación y estructura del Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía

El plan contable de la Junta y sus agencias administrativas se llama oficialmente «Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía». Lo aprobó la Orden de 30 de marzo de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública; lo modificaron la Orden de 7 de septiembre de 2020 (título actual y ámbito ampliado) y la de 11 de octubre de 2023. La Orden de 2015 deroga el plan de 1997. Lo elaboró la Intervención General. Cinco partes: marco conceptual, normas de reconocimiento y valoración, cuentas anuales, cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables.

Ámbito de aplicación del Plan y fechas de aplicación

El Plan se aplica a: a) la Administración de la Junta y sus agencias administrativas y de régimen especial (Consejerías y Delegaciones); b) los consorcios del art. 12.3 de la Ley 9/2007; c) las agencias públicas empresariales del art. 68.1.b) de la Ley 9/2007; d) los demás organismos y entidades de derecho público dependientes sometidos a contabilidad presupuestaria. La Orden de 2015 se aplica desde el 1 de enero de 2015; la de 2020, desde los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2020 (2021 para esas agencias empresariales).

Imagen fiel de las cuentas anuales y requisitos de la información

Las cuentas anuales deben dar información útil para decidir y servir para rendir cuentas; se redactan con claridad y muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado económico patrimonial. Son cinco documentos que forman una unidad: balance, cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria. Prima la realidad económica sobre la forma jurídica. La información debe cumplir cuatro requisitos: claridad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad.

Los principios contables

El marco conceptual recoge seis principios contables: gestión continuada (la actividad continúa), devengo (se registra según la corriente real de bienes y servicios, no la monetaria), uniformidad (el criterio elegido se mantiene en el tiempo y para elementos iguales), prudencia (no sobrevalorar activos o ingresos ni infravalorar obligaciones o gastos), no compensación (sin compensar partidas) e importancia relativa (se admite no aplicarlos estrictamente si la variación es escasamente significativa). En conflicto, prevalece el que mejor conduzca a la imagen fiel.

Los elementos de las cuentas anuales

Tres grupos de elementos. En el balance: activos (recursos controlados, de sucesos pasados, con rendimientos económicos o potencial de servicio futuros probables), pasivos (obligaciones actuales de sucesos pasados, incluidas las provisiones) y patrimonio neto (parte residual de los activos deducidos todos los pasivos). En la cuenta del resultado o el estado de cambios en el patrimonio neto: ingresos y gastos (incrementos o decrementos del patrimonio neto no derivados de aportaciones o devoluciones a los propietarios). En el estado de flujos de efectivo: cobros y pagos.

Criterios de registro o reconocimiento contable

Reconocer es incorporar a la contabilidad los elementos que cumplan sus definiciones y criterios, en orden cronológico. Activos: cuando sea probable obtener rendimientos o potencial de servicio y puedan valorarse con fiabilidad (riesgos y ventajas traspasados). Pasivos: cuando sea probable entregar recursos y su valor sea fiable. Ingresos y gastos: cuando aumenten o disminuyan los recursos con cuantía fiable. Reconocer una obligación sin un activo relacionado implica un gasto. Con reflejo presupuestario, al menos al cierre se reconoce lo devengado.

Criterios de valoración (I): precio de adquisición, coste de producción, coste de un pasivo y valor razonable

Valoración es asignar un valor monetario a cada elemento de las cuentas anuales según las normas de la segunda parte. Hay trece definiciones; las cuatro primeras: precio de adquisición (lo pagado o pendiente más costes directos), coste de producción (materias y costes directos e indirectos imputables), coste de un pasivo (valor de la contrapartida recibida por la deuda) y valor razonable (importe entre partes informadas e independientes, sin deducir costes de transacción, nunca de una transacción forzada; mejor referencia, el precio cotizado en un mercado activo).

Criterios de valoración (II): valor realizable neto, valor en uso, importe recuperable, coste amortizado y otros

Otras definiciones de valoración: valor realizable neto (lo que se obtiene vendiendo de forma no forzada, menos costes de venta y, en productos en curso, de terminación); valor en uso (valor actual de los flujos esperados o, si hay potencial de servicio, coste de reposición menos amortización); costes de venta (gastos directos de vender, sin gastos financieros); importe recuperable (el mayor entre valor razonable menos costes de venta y valor en uso); valor contable (importe en balance deducidas amortización y deterioro); valor residual (lo obtenible hoy al final de la vida útil).

Las 22 normas de reconocimiento y valoración y el inmovilizado material

La segunda parte tiene 22 normas de reconocimiento y valoración. Según la norma 2ª, el inmovilizado material son activos tangibles, muebles e inmuebles, para producir o suministrar bienes y servicios o para fines administrativos, con vida útil mayor a un año; ciertos bienes muebles pueden ser gasto. Se valora inicialmente al coste: precio de adquisición si se compra a terceros; coste de producción si lo produce la entidad; norma 18ª si el precio es simbólico o nulo; valor razonable si aflora en un inventario inicial sin coste original conocido.

Inmovilizado material: valoración posterior, amortización y deterioro; infraestructuras y patrimonio histórico

El inmovilizado material se valora después por el modelo del coste (valor inicial más desembolsos, menos amortización y deterioro); se admite el de revalorización por valor razonable solo si hay un mercado significativo y transparente. Base amortizable = valor contable menos, en su caso, valor residual. Los terrenos no se amortizan (salvo minas, canteras, vertederos…); los edificios sí. Hay deterioro si el valor contable excede significativamente del importe recuperable. Infraestructuras y patrimonio histórico siguen la norma 2ª.

Provisiones, activos y pasivos contingentes

Provisión (norma 17ª): pasivo con incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento. Se reconoce si se dan todas: obligación presente (legal, contractual o implícita) por un suceso pasado; probable salida de recursos para cancelarla; y estimación fiable del importe. Probable significa más probable que ocurra que no. No hay provisiones para gastos futuros de funcionamiento. Se valora por la mejor estimación del desembolso, sin actualizar; el reembolso de un tercero es un activo aparte. Se revisa al menos a fin de ejercicio. Activos y pasivos contingentes no van al balance: se informa en la memoria.

Transferencias y subvenciones; adscripciones y cesiones gratuitas

Norma 18ª: entregas sin contrapartida directa. Las transferencias financian operaciones no singularizadas; las subvenciones, un fin específico, con obligación de cumplir condiciones o reintegrar (con dudas, reintegrables). Concedidas: gasto cuando consta el cumplimiento de condiciones. Recibidas: ingreso con acuerdo individualizado, condiciones cumplidas y sin dudas; las subvenciones, al patrimonio neto y luego a resultados correlacionadas con lo que financian. Norma 19ª: adscripciones (entre entidad y sus dependientes) y cesiones (sin dependencia), con reversión.

Cuentas anuales: documentos, formulación, balance y estado de flujos de efectivo

Cuentas anuales: cinco documentos que forman una unidad: balance, cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria. Se refieren al ejercicio presupuestario (salvo disolución o creación), se expresan en euros (o miles o millones) con las cifras del ejercicio anterior. Corriente es lo que se realiza o liquida en doce meses (y el efectivo). El estado de flujos agrupa: gestión, inversión, financiación, pendientes de clasificación y efecto de los tipos de cambio; desde 2020 admite método directo o indirecto para la gestión.

Artículo 105. Definición y competencias contables

La contabilidad pública es un sistema de registro, elaboración y comunicación de información sobre todos los ingresos, gastos, costos, patrimonio y otros hechos económicos que afecten al sector público regional. Para las entidades de ese sector, la Intervención General ordena las normas contables. Además es el órgano competente en la rendición de cuentas del resto de entidades del Subsector Administración Regional de Andalucía según el Sistema Europeo de Cuentas, y respecto de ellas suministra información contable en cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Artículo 106. Objeto

La contabilidad pública tiene por objeto mostrar la imagen fiel de cuatro cosas: la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo, el patrimonio, la situación financiera y los resultados. Esa imagen se muestra a través de estados e informes.

Artículo 107. Ámbito de aplicación de las normas contenidas en este capítulo

Las normas del capítulo se aplican a nueve tipos de entidades: la Administración de la Junta de Andalucía; las agencias administrativas, las de régimen especial y las públicas empresariales; las Instituciones de la Junta de Andalucía; los consorcios definidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre; las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz; y los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el Presupuesto de la Junta de Andalucía.

Artículo 108. Fines de la contabilidad

La contabilidad pública cumple fines en tres ámbitos. Gestión: registrar la ejecución del Presupuesto, conocer la Tesorería General y reflejar el patrimonio. Control: informar para las cuentas que se rinden al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas, para las cuentas económicas del sector público, para la estabilidad presupuestaria y para los controles de legalidad. Análisis y divulgación: informar sobre efectos económicos, para la toma de decisiones, a otros destinatarios, para la transparencia y para determinar los costes de los servicios públicos.

Artículo 109. Principios contables

Principios presupuestarios, en especial cuatro: imputación presupuestaria (por naturaleza económica y, los gastos, además por su finalidad; obligaciones al ejercicio en que se realicen, derechos al que se reconozcan o liquiden), desafectación, presupuesto bruto (importe íntegro, salvo devoluciones de ingresos indebidos) y presupuesto anual. Económico-patrimoniales, seis: gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. En conflicto prevalece el que mejor conduzca a la imagen fiel; si no basta, información complementaria en la memoria.

Artículo 110. Órganos responsables

Son órganos responsables de la contabilidad pública la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y la Intervención General, esta como centro directivo y gestor de la contabilidad pública. Las funciones contables de la Intervención General las desarrollan su persona titular y las distintas Intervenciones, dentro de sus respectivos ámbitos de actuación y de acuerdo con las directrices que imparta dicho titular.

Artículo 111. Funciones ejercidas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda

A propuesta de la Intervención General, la persona titular de la Consejería de Hacienda aprueba el Plan General de Contabilidad Financiera de las entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, el Plan General de Contabilidad de las entidades instrumentales, los planes parciales o especiales y las normas de formulación de las cuentas anuales consolidadas; establece la rendición de estas; y determina los criterios generales de registro y presentación de la información contable y el contenido, estructura, normas de elaboración y criterios de consolidación de la Cuenta General.

Artículo 112. Funciones ejercidas por los servicios centrales de la Intervención General

Los servicios centrales de la Intervención General actúan en dos papeles. Como centro directivo: someten planes de contabilidad y normas de consolidación a la persona titular de la Consejería de Hacienda, elaboran los planes parciales o especiales, establecen reglas contables, inspeccionan la contabilidad y fijan los principios de la contabilidad analítica. Como centro gestor: gestionan las tablas del sistema de información contable, forman la Cuenta General y la presentan ante la Cámara de Cuentas de Andalucía, preparan las cuentas a rendir y llevan el Registro Contable de Facturas.

Artículo 113. Funciones ejercidas por las Intervenciones

Las Intervenciones contabilizan los documentos de las operaciones de los órganos gestores de su ámbito; efectúan las operaciones de traspaso y las del cierre del ejercicio; validan los datos antes de su anotación en el Registro Contable de Facturas, elaboran los informes trimestrales y emiten los requerimientos periódicos; siguen la justificación de los libramientos de justificación posterior; coordinan los centros contables bajo su dependencia jerárquica; y verifican, mediante auditorías y controles financieros, la existencia de obligaciones no registradas contablemente.

Artículo 114. Disposiciones generales

Las entidades enumeradas en el artículo 107 están sometidas al régimen de contabilidad pública. Esa sujeción comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, por conducto de la Intervención General.

Artículo 115. Sujetos de la obligación de la rendición de cuentas

Rinden cuentas: a) las autoridades y el personal funcionario que gestionen ingresos, gastos y demás operaciones de la Administración de la Junta; b) las personas titulares de la Presidencia o Dirección de agencias, instituciones, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones, entidades gestoras de fondos sin personalidad jurídica y otras entidades del sector público andaluz. Quien aporta información para las cuentas responde de su contenido. La responsabilidad de rendir es independiente de la contable. La persona titular de la Intervención General podrá fijar procedimiento y periodicidad.

Artículo 116. La Cuenta General

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería del ejercicio realizadas por la Administración de la Junta de Andalucía y por las agencias, instituciones, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, y fondos sin personalidad jurídica. Se contienen en los estados y documentación de los artículos 105 y 106 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 117. Rendición anual de la Cuenta General

La Cuenta General se forma y se rinde con carácter anual, conforme al procedimiento y plazos del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Se remite a dos órganos, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación, en las fechas previstas en el artículo 107.2 de dicho Texto Refundido.

Artículo 118. Formación de la Cuenta General

Las entidades cuyas cuentas se integran en la Cuenta General deben presentarlas a los servicios centrales de la Intervención General, debidamente aprobadas por su órgano competente, en los plazos del artículo 107.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en la forma que establezca la Intervención General. Esta podrá recabar la información que considere necesaria para la consolidación contable. La falta de remisión de cuentas no impide formar la Cuenta General con las cuentas recibidas.

Artículo 119. Información al Parlamento de Andalucía

Corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía formar los estados contables que deban rendirse periódicamente al Parlamento de Andalucía, en relación con el artículo 107 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Comprenden en todo caso tres contenidos: los estados de ejecución del Presupuesto, las operaciones de endeudamiento y el movimiento y situación de la Tesorería General.

Artículo 120. Publicación de información periódica

La Intervención General publica: cada mes, en el portal web de la Consejería competente en Hacienda, los resúmenes de ejecución de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas, de régimen especial y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria; cada trimestre, las operaciones de ejecución del presupuesto, la situación y movimiento de la Tesorería General y los principales indicadores de la actividad económico-financiera; cada año, en el portal de transparencia de la Junta y en ese portal web, la Cuenta General y lo exigible por la normativa de transparencia.