Tema 85 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 31. Deber de contribuir y sistema tributario justo

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 133. La potestad tributaria

La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. Y las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 156. Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para desarrollar y ejecutar sus competencias, pero con dos límites expresos: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Además pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado para recaudar, gestionar y liquidar los recursos tributarios estatales.

Artículo 157. Recursos de las Comunidades Autónomas

Los recursos de las Comunidades Autónomas están constituidos por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias del Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. No podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni que obstaculicen la libre circulación de mercancías o servicios. Por ley orgánica podrá regularse el ejercicio de estas competencias financieras.

Artículo 158. Asignaciones presupuestarias y Fondo de Compensación Interterritorial

En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Y para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos distribuirán las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias.

Artículo 175. Principios generales

Las relaciones tributarias y financieras entre el Estado y Andalucía se regulan por la Constitución, el Estatuto y la Ley Orgánica del artículo 157.3 de la Constitución. Andalucía dispondrá de recursos para atender de forma estable y permanente sus competencias, conforme a diez principios: autonomía financiera; suficiencia financiera; garantía de financiación de servicios esenciales; responsabilidad fiscal; lealtad institucional; solidaridad; nivelación de servicios; libre definición del gasto; prudencia financiera y austeridad; y participación en organismos multilaterales.

Artículo 176. Recursos

La Junta de Andalucía tiene patrimonio y hacienda propios para desempeñar sus competencias. Sus recursos: tributarios (tributos propios, tributos cedidos por el Estado y recargos sobre tributos estatales); asignaciones y transferencias del Estado; deuda pública y crédito; Fondos de Compensación Interterritorial y otros fondos; otras asignaciones de los presupuestos generales del Estado; transferencias de la Unión Europea u otras Administraciones Públicas; rendimientos del patrimonio, ingresos de derecho privado, legados, donaciones y subvenciones; multas y sanciones; y otros según las leyes.

Artículo 177. Actualización de la financiación

El Estado y la Comunidad Autónoma procederán a la actualización quinquenal del sistema de financiación, teniendo en cuenta la evolución del conjunto de recursos públicos disponibles y de las necesidades de gastos de las diferentes Administraciones, sin perjuicio del seguimiento y eventualmente puesta al día de las variables básicas utilizadas para determinar los recursos del sistema. La actualización deberá ser aprobada por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma.

Artículo 178. Tributos cedidos

Se cede a Andalucía el rendimiento de: IRPF e IVA, al 50 por ciento; seis impuestos especiales al 58 por ciento (cerveza; vino y bebidas fermentadas; productos intermedios; alcohol y bebidas derivadas; hidrocarburos; labores del tabaco); y Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y AJD, tributos sobre el juego, electricidad, determinados medios de transporte, ventas minoristas de determinados hidrocarburos y depósito de residuos. Modificar el artículo: acuerdo Estado-Comunidad tramitado como proyecto de ley. Alcance y condiciones: la Comisión Mixta del artículo 184.

Artículo 179. Principios rectores de la potestad tributaria

Corresponde al Parlamento establecer los tributos y fijar recargos, en los términos de la Constitución y de la Ley Orgánica de su artículo 157.3. Principios: capacidad económica, justicia, generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria, progresividad y no confiscatoriedad. Sin perjuicio de su función primordial recaudatoria, los tributos podrán ser instrumentos de política económica para un elevado nivel de progreso, cohesión, protección ambiental y bienestar social. La Comunidad actuará según los principios de armonización, preservando la unidad de mercado.

Artículo 180. Competencias en materia tributaria

Tributos propios: con los límites de la Constitución y de la ley orgánica de su artículo 157.3, la Comunidad Autónoma los establece y regula y asume su gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, con plenas atribuciones de organización y ejecución. Tributos estatales totalmente cedidos: competencias normativas y, por delegación del Estado, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión. Demás tributos del Estado recaudados en Andalucía: Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de delegación y colaboración.

Artículo 181. Organización en materia tributaria

La organización tributaria autonómica velará por la efectiva aplicación de los recursos y luchará contra el fraude fiscal. Por ley se creará una Agencia Tributaria encargada de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los tributos propios y, por delegación del Estado, de los estatales totalmente cedidos. Para los demás impuestos cedidos, gestión compartida posible mediante consorcio paritario. La Comunidad participará en los organismos tributarios estatales de los tributos cedidos parcialmente. La Agencia podrá asumir por delegación la gestión de tributos locales.

Artículo 182. Órganos económico-administrativos

La Comunidad Autónoma asumirá, por medio de sus propios órganos económico-administrativos, la revisión por la vía administrativa de las reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia Tributaria andaluza, sin perjuicio de las competencias de unificación de criterio que corresponden a la Administración General del Estado. La Junta de Andalucía y la Administración General del Estado podrán acordar los mecanismos de cooperación precisos para el adecuado ejercicio de las funciones de revisión en vía económico-administrativa.

Artículo 183. Relaciones de la Comunidad Autónoma con la Administración financiera del Estado

Las relaciones financieras con el Estado se rigen por transparencia, lealtad institucional y participación en las decisiones que les afecten. Andalucía podrá decidir su vinculación al modelo de financiación según el artículo 184, y colaborará o participará en la gestión de la Agencia Tributaria Estatal. Si una reforma tributaria estatal suprime tributos o varía sus ingresos, tiene derecho a medidas de compensación del Estado. Relaciones multilaterales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; cuestiones específicas andaluzas en la Comisión Mixta.

Artículo 184. Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma es el órgano bilateral de relación en financiación autonómica. Tiene igual número de representantes de cada parte, presidencia rotatoria en turnos anuales y reglamento acordado entre las dos delegaciones. Le corresponde, entre otras funciones, acordar la cesión de tributos y la valoración de los traspasos, negociar el porcentaje de fondos estructurales europeos, estudiar las inversiones del Estado y proponer medidas para el equilibrio del sistema.

Artículo 185. Gestión de los fondos europeos

Corresponde a la Comunidad Autónoma la gestión, planificación y ejecución de los fondos europeos destinados a Andalucía y, en general, de los que se canalicen a través de programas europeos asignados a la misma, en especial los aprobados en aplicación de criterios de convergencia o derivados de la situación específica de Andalucía. Estos fondos podrán ser modulados por la Comunidad Autónoma de Andalucía con criterios sociales y territoriales, dentro del respeto a las normas europeas aplicables.

Artículo 186. Tratamiento fiscal

Artículo 187. Deuda pública y operaciones de crédito

La Comunidad Autónoma puede emitir deuda pública para financiar gastos de inversión, con arreglo a una ley del Parlamento y a la Ley Orgánica del artículo 157.3 CE. Volumen y características de las emisiones: según la ordenación general de la política crediticia y en colaboración con el Estado. Los títulos son fondos públicos a todos los efectos. Crédito a menos de un año: necesidades transitorias de tesorería. Crédito a más de un año: todo el importe a gastos de inversión y anualidades de amortización no superiores al 25 % de los ingresos corrientes.

Artículo 188. Patrimonio

El patrimonio de la Comunidad Autónoma está integrado por: a) los bienes y derechos de su titularidad en el momento de aprobarse el Estatuto, y b) los bienes y derechos adquiridos por cualquier título jurídico válido. El patrimonio, su administración, defensa y conservación serán regulados por una ley del Parlamento de Andalucía.

Artículo 189. Asignación del gasto público

El gasto público debe asignar con equidad los recursos, según los fines constitucionales y estatutarios y los principios de estabilidad económica, eficiencia y economía que guían su programación y ejecución; velará por un adecuado nivel de los servicios públicos fundamentales, los derechos sociales y la igualdad de oportunidades. Garantizará la solidaridad (arts. 2 y 138 CE) y el equilibrio territorial. En su ejecución: coordinación, transparencia, contabilización, control económico-financiero y de eficacia, inspección de prestaciones y lucha contra el fraude.

Artículo 190. Ley del presupuesto

El Consejo de Gobierno elabora y ejecuta el presupuesto; el Parlamento lo examina, enmienda, aprueba y controla. Las proposiciones o enmiendas que aumenten créditos o reduzcan ingresos necesitan la conformidad del Consejo de Gobierno. Es único, anual, homogéneo con el Estado e incluye todos los ingresos y gastos de la Junta y sus entes. El proyecto se presenta al menos dos meses antes de que expire el corriente; si no está aprobado el primer día del ejercicio, se prorroga el anterior. La ley del presupuesto no crea tributos; los modifica si una ley tributaria sustantiva lo prevé.

Artículo 191. Autonomía y competencias financieras

Las haciendas locales andaluzas se rigen por cinco principios: suficiencia de recursos para prestar los servicios que les corresponden, autonomía, responsabilidad fiscal, equidad y solidaridad. Las Administraciones locales regulan sus finanzas en el marco de la Constitución y las leyes, con las potestades que fijen las leyes sobre sus tributos propios y autonomía presupuestaria y de gasto, también de los ingresos incondicionados de otras Administraciones. Los gobiernos locales gestionan, recaudan e inspeccionan sus tributos y pueden delegar esa competencia o establecer otra forma de colaboración.

Artículo 1

Las Comunidades Autónomas tienen autonomía financiera para desarrollar y ejecutar las competencias que les atribuyan las Leyes y sus Estatutos, de acuerdo con la Constitución. Su financiación se rige por la LOFCA y por el Estatuto de cada comunidad; en lo que afecte a la materia se aplican también Leyes ordinarias, Reglamentos y demás normas del Estado y de las Comunidades. Todo ello sin perjuicio de los Tratados o Convenios suscritos o que suscriba España.

Artículo 2

La actividad financiera autonómica se coordina con la Hacienda del Estado según estos principios: ingresos sin privilegios ni barreras fiscales; equilibrio económico garantizado por el Estado; nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales; corresponsabilidad; solidaridad; suficiencia de recursos; y lealtad institucional, cuyo impacto valora cada cinco años el Consejo de Política Fiscal y Financiera, compensable en el siguiente quinquenio. Cada Comunidad vela por su equilibrio territorial y tiene el tratamiento fiscal que la Ley fije para el Estado.

Artículo 3

La Ley crea el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas para coordinar la actividad financiera autonómica y la Hacienda del Estado. Lo integran el Ministro de Economía y Hacienda, el Ministro de Administraciones Públicas y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad o Ciudad Autónoma. Entiende, entre otras materias, de la política presupuestaria, del endeudamiento, de las inversiones públicas y del Fondo de Compensación. Su reglamento de régimen interior se aprueba por mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 4

Los recursos de las Comunidades Autónomas son: ingresos de su patrimonio y demás de derecho privado; impuestos, tasas y contribuciones especiales propios; tributos cedidos total o parcialmente; participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; recargos sobre tributos del Estado; participaciones en ingresos del Estado; operaciones de crédito; multas y sanciones; y precios públicos propios. En su caso, también asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado y transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial, que son carga general del Estado.

Artículo 5

Son ingresos de Derecho privado de las Comunidades Autónomas los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio y las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. A estos efectos, su patrimonio lo forman los bienes de su propiedad y los derechos reales o personales de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que no estén afectos al uso o al servicio público.

Artículo 6

Las Comunidades Autónomas pueden establecer y exigir tributos propios conforme a la Constitución y las Leyes. No pueden gravar hechos imponibles ya gravados por el Estado ni por los tributos locales. Si el Estado grava hechos ya gravados por una Comunidad y le resta ingresos, debe instrumentar medidas de compensación o coordinación. Las Comunidades pueden establecer y gestionar tributos sobre materias reservadas a las Corporaciones locales, pero compensándolas para que sus ingresos no mermen ni pierdan crecimiento futuro.

Artículo 7

Las Comunidades Autónomas pueden establecer tasas por usar su dominio público o por servicios o actividades de Derecho público que afecten particularmente al sujeto pasivo, si no son de solicitud voluntaria (no lo es la impuesta por norma ni la imprescindible para la vida privada o social) o si no los presta el sector privado. Las tasas de bienes o competencias transferidos pasan a ser tributos propios. El rendimiento no puede sobrepasar el coste del servicio o actividad, y las tarifas pueden atender a la capacidad económica si su naturaleza lo permite.

Artículo 8

Las Comunidades Autónomas pueden establecer contribuciones especiales cuando el sujeto pasivo obtenga un beneficio o un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de obras públicas que realicen o del establecimiento o ampliación de servicios públicos a su costa. Lo recaudado no puede superar el coste de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.

Artículo 9

Los impuestos propios de las Comunidades Autónomas deben respetar el artículo sexto de la Ley y además: no gravar elementos patrimoniales, rendimientos ni gastos situados o realizados fuera de su territorio; no gravar negocios o actos realizados fuera, ni bienes, derechos u obligaciones nacidos o por cumplir fuera o cuyo adquirente no resida allí; y no obstaculizar la libre circulación ni afectar a la residencia de las personas o a la ubicación de empresas y capitales, ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades.

Artículo 10

Son tributos cedidos los establecidos y regulados por el Estado cuyo producto corresponde a la Comunidad. Se entiende cedido por precepto expreso del Estatuto; una Ley fija su alcance. Puede ser total (todos los hechos imponibles) o parcial (algún hecho imponible o parte de la recaudación), y puede incluir competencias normativas. Atribución: tributos personales, por domicilio fiscal del sujeto pasivo, salvo sucesiones por causa de muerte (domicilio del causante); consumo, por lugar de consumo, de venta o base estadística; operaciones inmobiliarias, por el lugar del inmueble.

Artículo 11

Solo pueden cederse a las Comunidades Autónomas: el IRPF (parcialmente, hasta el 50 %); Patrimonio; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones y Donaciones; IVA (parcialmente, hasta el 50 %); Impuestos Especiales de Fabricación (hasta el 58 % de cada uno, salvo Electricidad e Hidrocarburos); Electricidad; Determinados Medios de Transporte; Tributos sobre el Juego; Hidrocarburos (hasta el 58 % del tipo estatal general y en su totalidad el tipo estatal especial y el autonómico); y el Impuesto sobre el Depósito de Residuos.

Artículo 12

Las Comunidades Autónomas pueden establecer recargos sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, salvo en el Impuesto sobre Hidrocarburos. En los demás Impuestos Especiales y en el IVA solo pueden hacerlo si tienen competencias normativas sobre tipos de gravamen. Los recargos no pueden minorar los ingresos del Estado por esos impuestos ni desvirtuar su naturaleza o estructura.

Artículo 13

Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía participan en los ingresos del Estado mediante su Fondo de Suficiencia Global, que cubre la diferencia entre sus necesidades de gasto y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía. Su valor inicial se fija en Comisión Mixta y evoluciona según la Ley. Solo se revisa por traspaso de servicios o revisión de valoraciones, por efectividad de la cesión de nuevos tributos o por otras circunstancias legales. Pueden existir otras participaciones mediante fondos y mecanismos legales.

Artículo 13 bis. Principio de prudencia financiera

Todas las operaciones financieras de las Comunidades Autónomas están sujetas al principio de prudencia financiera: las condiciones que deben cumplir para minimizar su riesgo y coste. Son financieras las que tienen por objeto activos financieros, pasivos financieros o avales, reavales y otras garantías o apoyos extrapresupuestarios. Las condiciones de los pasivos las fija la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera; las de activos y avales, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Los avales que no cumplan esas condiciones precisan autorización del Estado.

Artículo 14. Endeudamiento de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas pueden concertar crédito a menos de un año para necesidades transitorias de tesorería, y a más de un año si se destina solo a inversión y las anualidades de amortización no superan el 25 % de sus ingresos corrientes del ejercicio. El crédito en el extranjero y la emisión de deuda requieren autorización del Estado (no cuenta como exterior la operación en euros dentro de la Unión Europea), y también todo crédito si se incumplen los objetivos de estabilidad, deuda o regla de gasto. El endeudamiento se coordina en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Artículo 15

El Estado garantiza en todo el territorio el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia, que son la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales. No se cubre ese nivel cuando la cobertura se desvía del nivel medio nacional. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales asegura que cada Comunidad recibe los mismos recursos por habitante, ajustados por necesidades diferenciales; lo nutren las Comunidades con un porcentaje de sus tributos cedidos y el Estado con su aportación, según fije la Ley.

Artículo 16

Los Presupuestos del Estado dotan cada año un Fondo de Compensación, que distribuyen las Cortes Generales, y un Fondo Complementario, ambos carga general del Estado. El de Compensación se nutre con al menos el 22,5 % de la base de cálculo de inversión pública, más el 1,5 % y el 4,02 % de esa cantidad para Ciudades con Estatuto y región ultraperiférica, y se reparte por renta inversa, emigración, desempleo, superficie, insularidad y otros criterios, revisables cada cinco años. El Complementario equivale al 33,33 % del Fondo de Compensación y puede financiar gastos de funcionamiento asociados.

Artículo 17

Las Comunidades Autónomas regulan por sus órganos competentes, según sus Estatutos: sus presupuestos (elaboración, examen, aprobación y control); sus impuestos, tasas y contribuciones especiales propios y los elementos que determinan la deuda tributaria; las competencias normativas de la ley de cesión de tributos; los recargos sobre tributos del Estado; sus operaciones de crédito, sin perjuicio del artículo decimocuarto; el régimen jurídico de su patrimonio, en el marco de la legislación básica del Estado; los Reglamentos Generales de sus tributos propios; y lo que les atribuyan las Leyes.

Artículo 18

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden promover y realizar juntos proyectos concretos de inversión, con aprobación en cada caso de las Cortes Generales y del órgano competente de la Comunidad. Lo que aporten las Comunidades puede provenir, total o parcialmente, de las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial a que tengan derecho.

Artículo 19

La Comunidad aplica y sanciona sus tributos propios. En los cedidos puede asumir competencias normativas (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones, Juego, Medios de Transporte, tipo autonómico de Hidrocarburos, Residuos), respetando la solidaridad, sin discriminar y con presión fiscal equivalente. Puede asumir por delegación la aplicación, sanción y revisión de los cedidos, salvo en IRPF, IVA e Impuestos Especiales de Fabricación. Las competencias pasan al Estado si lo exige la armonización fiscal europea. Los demás tributos estatales los aplica la Administración Tributaria del Estado.

Artículo 20

Las reclamaciones contra actos de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto sobre sus tributos propios las conocen sus propios órganos económico-administrativos. Sobre tributos estatales, la revisión administrativa de sus actos puede corresponderles si lo establece la ley del Estado, en los términos de la ley de cesión y con posibles fórmulas de colaboración. Todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado sobre el sistema tributario. La función unificadora de criterio en tributos estatales corresponde a la Administración Tributaria del Estado.

Artículo 21

Los presupuestos de las Comunidades Autónomas son anuales, con el mismo período que los del Estado; atienden a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera; incluyen todos los gastos e ingresos de sus organismos y entidades, y consignan los beneficios fiscales de sus tributos. Si no se aprueban antes del primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los anteriores. Se elaboran con criterios homogéneos para poder consolidarlos con los del Estado.

Artículo 22

Corresponde al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas. Ello se suma a los sistemas e instituciones de control que adopten sus Estatutos y a los que autorice la Ley, y se entiende sin perjuicio del control que compete al Estado sobre las transferencias de medios financieros según el artículo 150.2 de la Constitución.

Artículo 23

Una Junta Arbitral resuelve los conflictos sobre los puntos de conexión de los tributos y sobre la titularidad del rendimiento o de la gestión, inspección o recaudación de tributos cedidos. Se oye al interesado, y cabe procedimiento simplificado si ninguna cuota líquida supera 125.000 euros. Suscitado el conflicto, se notifica a los interesados, se interrumpe la prescripción y las Administraciones se abstienen, salvo liquidaciones definitivas ya practicadas. Sus resoluciones son ejecutivas e impugnables en vía contencioso-administrativa.

Artículo 24

Preside la Junta Arbitral un jurista de reconocido prestigio, designado por cinco años por el Ministro de Hacienda a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si el conflicto es entre el Estado y Comunidades, son vocales cuatro representantes del Estado (uno de ellos Secretario) y cuatro de cada Comunidad en conflicto; si es entre Comunidades, cuatro del Estado y cuatro de cada Comunidad, con un representante del Estado como Secretario. Su funcionamiento sigue las normas de órganos colegiados de la Ley 30/1992. En el procedimiento simplificado resuelve el presidente.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La LGT fija los principios y normas generales del sistema tributario español y se aplica a todas las Administraciones tributarias (art. 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª CE), sin perjuicio del Convenio de Navarra y del Concierto Económico del País Vasco. También rige las actuaciones de asistencia mutua con la UE, convenios para evitar la doble imposición u otros convenios internacionales; la asistencia mutua puede incluir actuaciones ante obligados tributarios y participa de la naturaleza de las relaciones internacionales (art. 149.1.3.ª CE).

Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos

Los tributos son ingresos públicos consistentes en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública por realizarse el supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de sostener los gastos públicos; también pueden servir a la política económica general. Se clasifican en tasas (uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o servicios o actividades de derecho público), contribuciones especiales (beneficio o aumento de valor por obras o servicios públicos) e impuestos (sin contraprestación, por capacidad económica).

Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario

La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad; se prohíbe cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que minore la deuda devengada. La aplicación del sistema se basa en proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos de las obligaciones formales, respetando los derechos y garantías de los obligados.

Artículo 4. Potestad tributaria

La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las comunidades autónomas y las entidades locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las demás entidades de derecho público solo pueden exigir tributos cuando una ley así lo determine.

Artículo 5. La Administración tributaria

La Administración tributaria la integran los órganos y entidades de derecho público que ejercen las funciones de los títulos III a VII de la ley. En el Estado, aplicación de tributos, potestad sancionadora y revisión corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda salvo encomienda legal; según su ley de creación, corresponden a la AEAT, salvo la nulidad de pleno derecho (art. 217) y las reclamaciones económico-administrativas. CCAA y entidades locales ejercen sus competencias según su normativa; la asistencia mutua es de la AEAT. Caben acuerdos y fórmulas de colaboración.

Artículo 6. Impugnabilidad de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones

El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tienen carácter reglado, no discrecional, y pueden impugnarse tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, en los términos que establezcan las leyes.

Artículo 7. Fuentes del ordenamiento tributario

Los tributos se rigen, por este orden, por la Constitución; los tratados o convenios con cláusulas tributarias (en especial los de doble imposición, art. 96 CE); las normas de la UE y otros organismos con competencias atribuidas (art. 93 CE); la LGT, las leyes de cada tributo y demás leyes tributarias; y los reglamentos de desarrollo y, en lo local, las ordenanzas fiscales. En el Estado, el Ministro de Hacienda dicta disposiciones de desarrollo por orden ministerial cuando lo prevea la ley o reglamento. Son supletorios el derecho administrativo general y el derecho común.

Artículo 8. Reserva de ley tributaria

Deben regularse siempre por ley, entre otros: los elementos que determinan la cuantía de la deuda (hecho imponible, devengo, bases, tipo) y las presunciones sin prueba en contrario; los pagos a cuenta y su importe máximo; obligados y responsables; los beneficios fiscales; recargos e intereses de demora; plazos de prescripción y caducidad y causas de interrupción de la prescripción; infracciones y sanciones; la obligación de declarar; la condonación, moratorias y quitas; los actos reclamables en vía económico-administrativa; y las intervenciones permanentes.

Artículo 9. Identificación y derogación expresa de las normas tributarias

Las leyes y reglamentos con normas tributarias deben mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes. Las leyes y reglamentos que modifiquen normas tributarias deben contener una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas.

Artículo 10. Ámbito temporal de las normas tributarias

Salvo que dispongan otra cosa, las normas tributarias entran en vigor a los veinte días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda y se aplican por plazo indefinido, salvo que fijen uno determinado. Salvo disposición contraria, no son retroactivas: se aplican a los tributos sin período impositivo devengados desde su entrada en vigor y a los demás cuyo período se inicie desde entonces. Las normas sobre infracciones, sanciones y recargos son retroactivas para actos no firmes si resultan más favorables.

Artículo 11. Criterios de sujeción a las normas tributarias

Los tributos se aplican según los criterios de residencia o territorialidad que establezca la ley en cada caso. A falta de previsión legal, los tributos de carácter personal se exigen según el criterio de residencia y los demás según el criterio de territorialidad más adecuado a la naturaleza del objeto gravado.

Artículo 12. Interpretación de las normas tributarias

Las normas tributarias se interpretan según el art. 3.1 del Código Civil; los términos no definidos por la normativa tributaria se entienden en su sentido jurídico, técnico o usual. En el Estado, dictan disposiciones interpretativas el Ministro y los órganos del art. 88.5: las del Ministro obligan a todos los órganos de la Administración Tributaria; las de esos órganos vinculan a los encargados de aplicar los tributos. Se publican en el boletín oficial y pueden someterse a información pública antes de dictarse.

Artículo 13. Calificación

Las obligaciones tributarias se exigen según la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, con independencia de la forma o denominación que le hayan dado los interesados y prescindiendo de los defectos que puedan afectar a su validez.

Artículo 14. Prohibición de la analogía

No se admite la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible ni el de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.

Artículo 15. Conflicto en la aplicación de la norma tributaria

Hay conflicto en la aplicación de la norma cuando se evita el hecho imponible o se minora la base o la deuda con actos o negocios notoriamente artificiosos o impropios para el resultado y sin efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal. Para declararlo, la Administración necesita el previo informe favorable de la Comisión consultiva (art. 159). En la liquidación se aplica la norma de los actos usuales o se eliminan las ventajas obtenidas, con intereses de demora.

Artículo 16. Simulación

Cuando hay simulación, se grava el hecho imponible efectivamente realizado por las partes. La simulación la declara la Administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación, y esa calificación solo produce efectos tributarios. En la regularización se exigen intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente.

Artículo 16. Recursos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía

Recursos de la Hacienda Pública andaluza: los tributarios (producto de tributos propios, cedidos por el Estado y recargos sobre tributos estatales); las asignaciones y transferencias con cargo a recursos del Estado; la Deuda Pública y el recurso al crédito; la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial y otros fondos; otras asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado; las transferencias de la Unión Europea u otras Administraciones; los rendimientos del patrimonio e ingresos de derecho privado; las multas y sanciones; y cualquier otro que le pertenezca por ley.

Artículo 17. Órganos competentes para la administración de los recursos

Los recursos de la Hacienda de la Junta de Andalucía los administra la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda; los de las agencias e instituciones, las personas titulares de su Presidencia o Dirección, sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a otros órganos. Quienes administren esos recursos dependen de dicha Consejería o del órgano, agencia o institución correspondiente en su gestión, entrega o aplicación y en la rendición de cuentas. Las entidades privadas o particulares que manejen o custodien fondos o valores públicos deben prestar fianza.

Artículo 18. Regulación y aplicación de los tributos y demás ingresos

La Comunidad Autónoma establece, regula, gestiona, liquida, recauda, inspecciona y revisa sus tributos propios; en los estatales totalmente cedidos ejerce competencias normativas y, por delegación del Estado, de gestión, liquidación, recaudación, inspección y, en su caso, revisión. Su aplicación corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía, que también recauda en periodo ejecutivo los demás ingresos de derecho público. La Consejería de Hacienda fija la política tributaria según las directrices del Consejo de Gobierno; este, a propuesta de su titular, organiza los servicios.

Artículo 19. Participaciones en el capital de las sociedades mercantiles

Las participaciones que la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias e instituciones tengan en el capital de las sociedades mercantiles forman parte de sus respectivos patrimonios. El artículo alcanza a las tres clases de titulares que nombra: la Administración, sus agencias y sus instituciones.

Artículo 19 bis. Fondos propios de las agencias públicas empresariales

Los fondos propios de las agencias públicas empresariales, que expresan las aportaciones de capital hechas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, forman parte del patrimonio de estas. Se registran en su contabilidad patrimonial como el capital aportado, en su caso, para la constitución o modificación de las agencias públicas empresariales. Generan a favor de la Administración y, en su caso, de sus agencias, derechos de participación en el reparto de las ganancias de la entidad y en el patrimonio resultante de su liquidación.

Artículo 20. Otros recursos económicos

Los restantes derechos económicos, es decir, los no mencionados en los artículos 18 y 19, se gestionan, recaudan, liquidan e inspeccionan con sujeción a tres referencias por este orden: los principios de la propia Ley, las leyes especiales que resulten aplicables y, solo supletoriamente, la normativa estatal sobre la materia.

Artículo 21. Régimen de los derechos económicos de la Hacienda Pública

No cabe enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda, ni conceder exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias, salvo por ley. Transigir o arbitrar exige Decreto acordado en Consejo de Gobierno y autorización del Parlamento si la cuantía litigiosa supera ocho millones de euros o, siendo inferior, si se acredita motivadamente que puede incidir en la estabilidad presupuestaria o la afectación de ingresos o que concurren los requisitos de un crédito extraordinario o suplemento. Los convenios concursales los autoriza el titular de la Consejería de Hacienda.

Artículo 22. Recaudación de los ingresos de Derecho Público

La recaudación puede ser en periodo voluntario o en ejecutivo (pago espontáneo o apremio). Liquidaciones de la Administración: notificadas del 1 al 15, hasta el día 20 del mes posterior; del 16 al último, hasta el día 5 del segundo mes posterior. Providencia de apremio: del 1 al 15, hasta el día 20 de ese mes; del 16 al último, hasta el día 5 del mes siguiente; siempre con prórroga al inmediato hábil siguiente. En sanciones no tributarias los plazos corren desde el día siguiente a la firmeza administrativa. La providencia de apremio tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.

Artículo 22 bis. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública

Los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho Privado. Las cantidades que se adeuden a la Hacienda Pública en virtud de una relación jurídica de Derecho Privado pueden aplazarse o fraccionarse en los casos y con las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 23. Intereses de demora

Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Junta de Andalucía devengan intereses de demora cuando no se ingresan en plazo, en la forma y por el procedimiento de la normativa reguladora del ingreso. El interés de demora resulta de aplicar, para cada año o periodo del período de cálculo, el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Todo ello sin perjuicio de las especialidades tributarias, de lo dispuesto en la propia ley sobre reintegro y devoluciones voluntarias de subvenciones y de lo que prevean otras normas con rango de ley.

Artículo 24. Prescripción de los derechos

Salvo lo que establezcan las leyes reguladoras de cada recurso, prescribe a los cuatro años el derecho de la Hacienda a reconocer o liquidar créditos a su favor (desde el día en que el derecho pudo ejercitarse) y a exigir el pago de los reconocidos o liquidados (desde la fecha de su vencimiento). La prescripción se aplica de oficio, sin que la persona interesada tenga que invocarla. Al cómputo y la interrupción se aplican la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. Los derechos declarados prescritos causan baja en cuentas, previo expediente.

Artículo 24 bis. Derechos económicos de baja cuantía

No se liquidan las deudas de Derecho Público inferiores a la cuantía que cada año fije la Ley del Presupuesto como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación, salvo tasas, precios públicos, sanciones, recargos e intereses asociados a fraccionamientos. Además, la Intervención General anula y da de baja en contabilidad lo pendiente de cobro de un mismo deudor si el acumulado es inferior a la cuantía mínima fijada por esa Ley y son deudas en periodo ejecutivo con antigüedad superior a seis meses desde el vencimiento del periodo voluntario.

Artículo 25. Compensación de deudas

La compensación de deudas se rige por la Ley 58/2003, General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y la normativa propia andaluza aplicable. Son compensables, de oficio o a instancia de la persona o entidad obligada al pago, las deudas a favor de la Hacienda de la Junta derivadas de ingresos tributarios de gestión propia y demás ingresos de derecho público con los créditos reconocidos a favor de los deudores. Se efectúa mediante retención en las órdenes de pago expedidas a su favor, previo acuerdo de compensación notificado.

Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía desde el 1 de enero de 2009. Incluye la garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales, los fondos de convergencia autonómica, el régimen general de cesión de tributos del Estado y los órganos de coordinación de la gestión tributaria. Además, adapta al sistema la normativa de los tributos cedidos y otras disposiciones tributarias.

Artículo 2. Necesidades globales de financiación en el año base. Suficiencia estática

Las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma en el año base se obtienen sumando dos elementos: sus necesidades de financiación en el año 2007 y el importe que le corresponda en el reparto de los recursos adicionales que se integran en el sistema según los artículos 5 y 6.

Artículo 3. Necesidades de financiación en el año 2007

Las necesidades de financiación de 2007 de cada Comunidad Autónoma integran: los recursos definitivos liquidados del sistema en 2007 en términos normativos (con la garantía sanitaria); los ingresos normativos por ITPAJD (el 85% de lo recaudado en 2007), Sucesiones y Donaciones (el doble del valor de 1999, actualizado por el ITE) y Juego; las tasas afectas; la compensación por el Impuesto sobre el Patrimonio; otros impuestos cedidos; servicios traspasados no computados; 655 millones de dotaciones sanitaria e insular, y lo traspasado por el Instituto Social de la Marina.

Artículo 4. Recursos adicionales que se integran en el Sistema

El Estado añade a las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma los importes de los recursos adicionales de los artículos 5 y 6. Por eso, las necesidades globales del año base se determinan primero de forma provisional, con los recursos del artículo 5 y los últimos datos disponibles, y se regularizan en la primera liquidación en que se conozca el reparto definitivo. Las necesidades de 2010 se incrementan con los recursos del artículo 6 y, como consecuencia, se regularizan definitivamente las del año base.

Artículo 5. Recursos adicionales que se integran en el Sistema de Financiación en el año 2009

Se garantiza el statu quo de 2009 y se añaden recursos. Hay 4.900 millones para el estado de bienestar: el 75% según la variación de la población ajustada entre 1999 y 2009, y el 25% según la población ajustada de 2009 (50%), la población potencialmente dependiente (40%) y los dependientes con derecho a prestación (10%). Además, 50 millones para la dispersión superior a la media, 50 millones para la densidad inferior a la media, y la financiación de la normalización lingüística se multiplica por 2,5.

Artículo 6. Recursos adicionales que se integran en el Sistema de Financiación en el año 2010

Para 2010, el Estado incorpora dos importes adicionales de 1.200 millones de euros cada uno: el primero se reparte según las personas dependientes con derecho a prestación registradas en el SISAAD y el segundo según la población ajustada de 2009. Por la gradualidad, estos recursos surten efectos por primera vez en 2012, con la liquidación definitiva de 2010. En la liquidación de 2012 se garantiza que los recursos adicionales, Fondos de Convergencia incluidos, serán un 30% superiores a los incorporados en 2009, que se liquidan en 2011.

Artículo 7. Recursos financieros del Sistema en el año base 2007

Las necesidades globales de financiación del artículo 2 se financian con todos los recursos del sistema en sus valores del año 2007. Esos recursos se relacionan en los artículos 8, 9 y 10.

Artículo 8. Capacidad tributaria

La capacidad tributaria del año base es el conjunto de recursos tributarios de cada Comunidad Autónoma en 2007: ITPAJD, Sucesiones y Donaciones, Juego, tasas afectas, impuestos sobre minoristas de hidrocarburos y medios de transporte (por su valor normativo), tarifa autonómica del IRPF (50%), el 50% del IVA, el 58% de los impuestos sobre la Cerveza, Productos Intermedios y Alcohol, Hidrocarburos y Labores del Tabaco, el Impuesto sobre el Vino y el 100% de la Electricidad. Cada cesión se reparte con un índice territorial.

Artículo 9. Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales

La transferencia del Fondo de Garantía asegura que cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante ajustado para los servicios públicos fundamentales. El Fondo se forma con el 75% de los recursos tributarios normativos de 2007 de cada Comunidad Autónoma y la aportación del Estado. Se reparte por población ajustada: población 30%, superficie 1,8%, dispersión 0,6%, insularidad 0,6%, población protegida equivalente 38%, mayores de 65 años 8,5% y de 0 a 16 años 20,5%. La transferencia es la participación en el Fondo menos el 75% de los recursos tributarios.

Artículo 10. Fondo de Suficiencia Global

El Fondo de Suficiencia Global del año base es la diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de financiación de la Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria más la transferencia del Fondo de Garantía. Primero se fija de forma provisional con el cálculo de 2009, convertido a valores del año base con la variación entre el ITE 2009 y el ITE 2007. Al incorporarse los recursos del artículo 6 se calcula el de 2010, convertido con la variación entre el ITE 2010 y el ITE 2007, y se regulariza definitivamente el del año base.

Artículo 11. Evolución del sistema de financiación. Suficiencia dinámica

Cada año las Comunidades Autónomas reciben entregas a cuenta del IRPF, el IVA, los Impuestos Especiales, el Fondo de Garantía y el Fondo de Suficiencia Global, y al conocerse los valores definitivos se liquida la diferencia. Las entregas usan las previsiones del anteproyecto de presupuestos. La liquidación definitiva de todos los recursos y de los Fondos de convergencia se hace en un solo acto. Si es negativa, se compensa con el resto de la liquidación y, si no basta, con las entregas a cuenta; primero el saldo del Fondo de Garantía, que se cancela ese año.

Artículo 12. Tarifa autonómica del IRPF: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

Las Comunidades Autónomas participan en la recaudación líquida del IRPF mediante una entrega a cuenta del rendimiento definitivo. Su importe resulta de multiplicar la previsión presupuestaria de ingresos de IRPF por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados por el índice de actualización de la tarifa autonómica y por 0,98. Se paga por doceavas partes mensuales, tramitadas como devoluciones de ingresos del IRPF. La liquidación definitiva es la diferencia entre el valor definitivo de la tarifa autonómica y las entregas a cuenta percibidas.

Artículo 13. Cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida por IVA: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

Las Comunidades Autónomas participan en la recaudación líquida del IVA mediante una entrega a cuenta del rendimiento definitivo: el 50% de la recaudación líquida prevista de IVA, multiplicado por el índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma y por 0,98. Se paga por doceavas partes mensuales, como devoluciones de ingresos en el concepto de IVA. La liquidación definitiva es la diferencia entre el valor definitivo de la cesión (fórmula de la letra e) del artículo 8) y las entregas a cuenta percibidas ese año.

Artículo 14. Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Cerveza: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

Las Comunidades Autónomas participan en la recaudación líquida del Impuesto sobre la Cerveza mediante una entrega a cuenta: el 58% de la recaudación líquida prevista por ese impuesto, por el índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma y por 0,98. Se paga por doceavas partes mensuales, tramitadas como devoluciones de ingresos en el concepto de Impuesto sobre la Cerveza. La liquidación definitiva es la diferencia entre el valor definitivo de la cesión (letra f) del artículo 8) y las entregas a cuenta.

Artículo 15. Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

Las Comunidades Autónomas participan en la recaudación líquida de los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas mediante una entrega a cuenta: el 58% de la recaudación líquida prevista, por el índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma y por 0,98. Se paga por doceavas partes mensuales, como devoluciones de ingresos de esos impuestos. La liquidación definitiva es la diferencia entre el valor definitivo de la cesión (letra h) del artículo 8) y las entregas a cuenta.

Artículo 16. Cesión parcial de la recaudación líquida por los tipos estatales del Impuesto sobre Hidrocarburos: determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

Las Comunidades Autónomas participan en la recaudación líquida por los tipos estatales del Impuesto sobre Hidrocarburos: de lo derivado del tipo estatal general reciben el 58% y de lo derivado del tipo estatal especial, el 100%. La entrega a cuenta aplica esos porcentajes a la recaudación prevista, multiplicada por el índice provisional de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos y por 0,98, y se paga por doceavas partes mensuales. El valor definitivo usa la recaudación real y el índice definitivo de entregas; la liquidación es la diferencia con las entregas a cuenta.

Artículo 17. Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre Labores del Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

Las Comunidades Autónomas participan en la recaudación líquida del Impuesto sobre las Labores del Tabaco mediante una entrega a cuenta: 58% de la recaudación líquida prevista × índice provisional de ventas a expendedurías de la Comunidad, ponderadas por los tipos impositivos × 0,98. Se paga por doceavas partes mensuales, como devoluciones de ingresos. La liquidación definitiva es la diferencia entre el valor definitivo de la cesión (letra j del artículo 8) y las entregas a cuenta percibidas ese año.

Artículo 18. Cesión del 100 por cien de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

Las Comunidades Autónomas participan en la recaudación líquida del Impuesto sobre la Electricidad mediante una entrega a cuenta: recaudación líquida prevista × índice provisional de consumo neto de energía eléctrica en la Comunidad × 0,98. Se hace efectiva por doceavas partes mensuales, como devoluciones de ingresos. La liquidación definitiva es la diferencia entre el valor definitivo de la cesión (letra k del artículo 8) y las entregas a cuenta percibidas ese año.

Artículo 19. Transferencia del Fondo de Garantía: Entregas a cuenta y liquidación definitiva

Cada Comunidad recibe (o paga) una entrega a cuenta de la transferencia del Fondo de Garantía: previsión de participación en el Fondo menos el 75% de su previsión de recursos tributarios. El Fondo se nutre del 75% de los recursos tributarios previstos (liquidados o no por el Estado) más la aportación del Estado actualizada con el ITE. Valor normativo del ITPAJD en 2009: 85% de lo recaudado. Pagos por doceavas como operaciones no presupuestarias; si es negativa, se compensa con las entregas del resto de recursos.

Artículo 20. Fondo de Suficiencia Global: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

Entrega a cuenta del Fondo de Suficiencia Global: importe del año base 2007 × (ITE del año / ITE 2007) × 0,98. Si el Fondo es positivo, se paga por doceavas con créditos de la Sección 32 de los PGE; si es a favor del Estado, se ingresa por doceavas compensando con las entregas a cuenta de los recursos tributarios. La liquidación definitiva usa el ITE definitivo. El ITE es la recaudación estatal, sin lo cedido, por IRPF, IVA e Impuestos Especiales de Fabricación. El ministerio competente en materia de hacienda homogeneiza los ITE.

Artículo 21. Revisión del Fondo de Suficiencia Global

El valor del Fondo de Suficiencia Global del año base se revisa por: 1) traspasos de servicios, ampliaciones o revisiones acordados por la Comisión Mixta y aprobados por Real Decreto, con efectos desde el ejercicio siguiente si el Real Decreto se publica antes de que el Gobierno apruebe el proyecto de presupuestos; 2) efectividad de cesión de tributos, acordada por la Comisión Mixta, con efectos desde el ejercicio siguiente a la revisión. Los cambios en tipos estatales de IVA e Impuestos Especiales de Fabricación lo revisan de oficio, sin Comisión Mixta.

Artículo 22. Fondos de Convergencia Autonómica

El artículo crea dos nuevos fondos de convergencia autonómica, que se describen en los artículos siguientes. Su objeto es aproximar a las Comunidades Autónomas de régimen común en financiación por habitante ajustado, favorecer la igualdad y favorecer el equilibrio económico territorial de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Artículo 23. Fondo de Competitividad

El Fondo de Competitividad se nutre de recursos adicionales del Estado y se dota cada año en los PGE. En 2009 equivale al 70% de los recursos adicionales del epígrafe I de la letra A del artículo 5, actualizado después con el ITE. Lo reciben las Comunidades de régimen común cuya financiación homogénea por habitante ajustado sea inferior a la media o a su índice de capacidad fiscal, y se reparte por población ajustada relativa hasta alcanzar el objetivo. Se liquida con los recursos del sistema y el Fondo de Cooperación.

Artículo 24. Fondo de Cooperación

El Fondo de Cooperación se dota con recursos adicionales del Estado según la Ley de PGE; en el primer año que se liquide, 1.200 millones de euros, actualizados con el ITE. Lo reciben las Comunidades de régimen común con PIB per cápita inferior al 90% de la media, densidad inferior al 50% de la media, o crecimiento de población inferior al 90% con densidad inferior a 1,25 veces la media. Dos subfondos: dos tercios, por población relativa ponderada por la distancia del PIB per cápita; un tercio, para crecimiento inferior al 50%, con un máximo del 40% por Comunidad.

Artículo 25. Tributos cedidos

Se cede a las Comunidades Autónomas, total o parcialmente según los casos, el rendimiento en su territorio de dieciséis tributos: IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y AJD, Juego, IVA, Cerveza, Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos, Labores del Tabaco, Electricidad, Determinados Medios de Transporte, Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y Depósito de Residuos. Si el Estado suprime o modifica uno, se extingue o modifica la cesión.

La Hacienda Pública y la actividad financiera

La Ley General Presupuestaria (art. 5.1) define la Hacienda Pública estatal como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos; derechos y obligaciones equivalen a ingresos y gastos. La actividad financiera es obtener ingresos para gastarlos en las necesidades del común. Según la Universidad de Cantabria es pública, reglada, medial o instrumental, presupuestada, de triple contenido, cíclica y esencialmente política.

Concepto y autonomía del Derecho financiero

Sobre la actividad financiera concurren la Economía financiera (ciencia positiva, análisis económico), la Política financiera (ciencia normativa, elección de medios para los fines fijados), la Sociología financiera (repercusiones sociales) y el Derecho financiero (aspectos jurídicos). Ingresos, gastos y presupuesto se estudian juntos bajo los principios de justicia financiera. Para Calvo Ortega, la autonomía nace de unas relaciones sociales que necesitan ordenamiento propio y de principios específicos.

Contenido del Derecho financiero: Derecho tributario y Derecho financiero no tributario

El Derecho financiero tiene dos partes. El Derecho tributario, su contenido principal, estudia los ingresos tributarios en una Parte General y una Parte Especial (impuestos, tasas y contribuciones especiales). El Derecho financiero no tributario abarca ingresos no tributarios (crédito público, patrimonio público, precios públicos, monopolios y transferencias entre Administraciones), gastos y presupuesto. Las multas y sanciones quedan fuera: su función es reprimir y prevenir, no recaudar.

El artículo 31 de la Constitución: contenido, ubicación y antecedentes

El artículo 31 CE recoge en su apartado 1 los criterios de reparto de la carga tributaria (capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad y no confiscación), en el 2 la justicia material del gasto y en el 3 la legalidad tributaria. Está en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título I, con las garantías del artículo 53.1. El deber de contribuir tiene antecedentes desde 1812; el gasto y la reserva de ley, no. Fuentes Quintana enmendó el apartado segundo.

El principio de generalidad

La generalidad nace del «Todos contribuirán…» del artículo 31.1 CE. Según la STC 96/2002, «todos» incluye a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio exteriorizan capacidad económica. Tiene doble significado: el deber no se limita a los españoles y se prohíben los privilegios. No impide exenciones: según la STC 10/2005 son válidas si responden a fines de interés general; no caben las intuitu personae.

El principio de igualdad tributaria

La igualdad (arts. 9 y 14 CE) exige en lo tributario tratar igual situaciones económicamente iguales. No prohíbe toda desigualdad, solo la artificiosa o injustificada (STC 76/1990). La lección 3 de la Universidad de Cantabria describe el razonamiento del Tribunal Constitucional en cuatro pasos: situaciones homogéneas, trato distinto, ausencia de justificación objetiva y razonable, y proporcionalidad. La STC 62/2023 lo resume en tres exigencias. También rige la igualdad en la aplicación de la ley.

El principio de capacidad económica

La capacidad económica es la regla básica del reparto de la carga tributaria. Cumple tres funciones: fundamento de la imposición (buscar la riqueza donde está), límite para el legislador (solo gravar circunstancias reveladoras de capacidad y modular la carga según su intensidad) y programa u orientación (el sistema debe reflejar la capacidad global). Índices: renta, patrimonio y consumo; Arranz añade el tráfico de riqueza. Hay que respetar el mínimo vital.

Los principios de progresividad y de no confiscatoriedad

Progresividad: al aumentar la riqueza, la contribución crece en proporción superior; cumple función redistributiva y se predica del sistema en su conjunto, por lo que un tributo proporcional no es inconstitucional. Su límite es no tener alcance confiscatorio. No confiscatoriedad: ligada a la capacidad económica y a la propiedad (art. 33 CE), impide agotar la riqueza imponible. Según la STC 150/1990, un IRPF con tipo medio del 100 % sería confiscatorio. Afecta a cada tributo y al sistema.

El principio de legalidad tributaria: fundamento y ámbito

La reserva de ley tributaria exige una ley para establecer tributos (arts. 31.3 y 133 CE). Se funda en la autoimposición («No taxation without representation»), la democracia en el reparto, la igualdad y la garantía de la propiedad. El artículo 31.3 habla de «prestación patrimonial de carácter público», concepto más amplio que «tributo», cuya nota es la coactividad (STC 185/1995): solicitud o recepción obligatoria, bien o servicio indispensable, o prestación en monopolio de hecho o de derecho.

El principio de legalidad tributaria: reserva relativa y colaboración del reglamento

Para el Tribunal Constitucional la reserva de ley tributaria es relativa: por ley van la creación del tributo, sus elementos esenciales (hecho imponible, sujeto pasivo, base, tipo y cuota) y las exenciones y beneficios fiscales. La concreción exigida a la ley es máxima en el hecho imponible y menor en el tipo o la base. Cabe la colaboración del reglamento si es indispensable y subordinada; es mayor en las tasas, en los elementos del quantum y en los municipios.

Principios del gasto público: asignación equitativa, eficiencia y economía, y legalidad

El artículo 31.2 CE pide una asignación equitativa de los recursos públicos y que la programación y ejecución del gasto respondan a la eficiencia y la economía. Según la sinopsis, es más un principio de ordenación del gasto que de justicia tributaria, con dos postulados: equidad en la asignación (juicio de valor sobre los fines, guiado por los arts. 39 a 52 CE) y eficiencia y economía (principio técnico). El artículo 133.4 CE añade la legalidad del gasto y de las obligaciones financieras.

La Constitución, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea

La Constitución fija las fuentes formales y materiales y recoge las bases financieras: justicia tributaria (art. 31), reserva de ley (31.3 y 133), potestad tributaria (133), sin iniciativa popular tributaria (87.3), Hacienda general exclusiva del Estado (149.1.14.ª), autonomía financiera autonómica (156 y 157). Tras ella, los tratados: por ley orgánica si atribuyen competencias (art. 93) y con autorización de las Cortes si afectan al deber de contribuir u obligan a la Hacienda. También son fuente las normas de la Unión.

La ley, el decreto-ley y el decreto legislativo en materia financiera

La ley es la fuente interna de máximo rango. El artículo 133.1 CE reserva al Estado, mediante ley, la potestad originaria para establecer tributos; el 133.2 permite a Comunidades Autónomas y corporaciones locales establecer y exigir tributos. No hay reserva de ley orgánica tributaria salvo previsión expresa (LOFCA). Cabe el decreto legislativo con una ley de bases precisa. El decreto-ley no puede afectar al deber de contribuir: no puede alterar el régimen general ni los elementos esenciales de los tributos.

El reglamento, las órdenes interpretativas, las circulares y las demás fuentes

No hay reserva de reglamento: lo que puede regular se define por lo reservado a la ley; su objeto típico son las materias formales, de gestión o procedimiento y los detalles secundarios. Las órdenes interpretativas las dicta el Ministro de Hacienda y, publicadas en el BOE, vinculan a los órganos de gestión. Las circulares son internas y no vinculan a particulares ni a tribunales. Costumbre, uso y precedente administrativo no son fuente. Son supletorios el Derecho administrativo y el común.

Concepto, notas y clasificaciones de los ingresos públicos

Los ingresos públicos son cantidades de dinero que percibe un ente público para financiar su gasto y atender necesidades públicas. Notas (tema 2 de Arranz): son siempre dinero (en especie solo si está previsto), los percibe un ente público (lo «público» es el titular, no el régimen) y financian el gasto. Se clasifican por régimen jurídico (público o privado), por origen, por el ente que los percibe y por periodicidad (ordinarios y extraordinarios). Entre los de Derecho público, los tributarios son los de más volumen.

Ingresos de Derecho privado, de monopolio y transferencias

Ingresos patrimoniales: proceden de la explotación y enajenación de los bienes patrimoniales (los no afectados al uso general o al servicio público), e incluyen herencias, legados y sucesiones. Si el Estado participa como accionista en sociedades privadas, los beneficios que percibe son ingresos de Derecho privado. Del monopolio derivan ingresos tributarios, patrimoniales y monopolísticos en sentido estricto (Sainz de Bujanda). Las transferencias, entregas de dinero entre entes, comprenden participaciones en tributos y subvenciones.

El tributo: notas características, coactividad y fines

El tributo es el ingreso de Derecho público más característico (art. 2.1 LGT): prestación pecuniaria exigida por una Administración por realizar el supuesto al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de sostener el gasto público. Es obligación pecuniaria, a favor de un ente público, nacida del hecho imponible definido por ley. Rasgos: coactividad (obligación ex lege) y fundamento en la capacidad económica. Especies: impuesto, tasa y contribución especial, diferenciadas por el hecho imponible.

El impuesto y sus clases

Impuestos (art. 2.2.c LGT): tributos sin contraprestación cuyo hecho imponible pone de manifiesto la capacidad económica. Son el tributo más sofisticado, más usado y de más recaudación. Clases: directos (renta, patrimonio) e indirectos (consumo); instantáneos (se agotan) y periódicos (tracto sucesivo por períodos); objetivos (no atienden a circunstancias personales y familiares) y subjetivos (sí); reales (cada manifestación por separado) y personales (acumulan en un sujeto). También fiscales y extrafiscales.

La tasa y la contribución especial

Tasa: tributo por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o por servicios o actividades en régimen de Derecho público que afecten o beneficien de modo particular al obligado, si no son de solicitud o recepción voluntaria o no los presta el sector privado. Su núcleo es una actividad administrativa provocada por el particular; el servicio debe prestarse efectivamente (si no, por causa no imputable, se devuelve) y su importe no puede superar el coste. Contribución especial: beneficio o aumento de valor por obras o servicios públicos.

El precio público y las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias

El precio público es un ingreso de Derecho público no tributario (art. 24 Ley 8/1989): contraprestación por servicios o actividades en régimen de Derecho público que, prestándose también por el sector privado, son de solicitud voluntaria. Frente a la tasa: es ex contractu, no ex lege; no le son aplicables los principios tributarios (reserva de ley, capacidad económica); y debe cubrir como mínimo los costes, mientras que el coste es el máximo de la tasa. La STC 185/1995 anuló parte de su regulación original.

Los ingresos crediticios: la Deuda pública

Los ingresos crediticios proceden de operaciones de crédito en que el prestatario es un ente público. El artículo 135.3 CE exige autorización por ley al Estado y a las Comunidades para emitir deuda o contraer crédito; el pago de intereses y capital tiene prioridad absoluta. Maastricht fijó el límite del 60 % del PIB. Según la fuente, la Deuda es un contrato real, unilateral, de Derecho público. Por plazo: Letras del Tesoro (hasta doce meses), Bonos (hasta cinco años) y Obligaciones (más de cinco).

El poder tributario del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales

Según la sinopsis del artículo 133 CE, Estado, Comunidades Autónomas y entes locales son titulares del poder financiero, pero no con la misma naturaleza. Sainz de Bujanda distinguió el poder originario del Estado y el derivado de Comunidades y entes locales; Cazorla Prieto, Martín Queralt y Lozano Serrano ven desfasado ese debate; Ferreiro Lapatza considera originario el del Estado y las Comunidades y derivado el local. Los tres sistemas forman un todo unitario y coordinado.

Los impuestos estatales y la recaudación tributaria

La sinopsis del artículo 31 CE enumera las leyes de los principales impuestos estatales (IRPF, No Residentes, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, IVA, Especiales, Transmisiones Patrimoniales y AJD, Transacciones Financieras y el temporal de solidaridad de las grandes fortunas), más la Ley de Tasas y Precios Públicos y los regímenes especiales. Según la AEAT, en 2025 los ingresos tributarios llegaron a 325.356 millones, un 10,4 % más que en 2024.

Los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas

Las Comunidades de régimen común se financian según la Ley 22/2009 y cuentan con tributos estatales cedidos: Transmisiones Patrimoniales y AJD, Sucesiones y Donaciones, juego, tasas de servicios transferidos, Medios de Transporte, el 50 % del IRPF (tarifa autonómica), el 50 % del IVA, el 58 % de los Especiales de Fabricación y el 100 % de la Electricidad. La Ley 14/1996 les dio por primera vez competencias normativas, ampliadas por la Ley 21/2001. El juego es el cedido con más capacidad normativa.

Los tributos propios de las Comunidades Autónomas y los recargos

Las Comunidades pueden establecer tributos propios con los límites del artículo 157.2 CE y de la LOFCA, pero su recurso principal es la cesión de tributos estatales. Según Medidas 2025, todas las de régimen común salvo Madrid tienen impuestos propios: sobre el agua, emisión de gases, tierras en deficiente aprovechamiento (Andalucía y Asturias) y bolsas de plástico (solo Andalucía). Si el Estado grava el mismo hecho imponible, la Comunidad debe dejar sin efecto el suyo, con compensación (art. 6.2 LOFCA).

Los tributos locales en el sistema tributario

Los entes locales tienen autonomía financiera (art. 142 CE) y pueden establecer y exigir tributos, pero no crearlos ex novo: carecen de potestad legislativa. La ley, estatal o autonómica, fija hecho imponible y sujeto pasivo, y la corporación decide su entrada en vigor y los reglamenta. Sus tributos propios son tasas, contribuciones especiales e impuestos, más recargos. Son obligatorios tres impuestos (Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y Vehículos de Tracción Mecánica) y potestativos dos (Construcciones e Incremento de Valor de los Terrenos).

Artículo 1. Objeto

La Ley regula el régimen jurídico de las tasas y de los precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Son tasas autonómicas: las reguladas en esta Ley, las que se establezcan por ley autonómica y las transferidas por el Estado o por las Corporaciones Locales (art. 7.2 de la LO 8/1980). Son precios públicos los que establezca el Consejo de Gobierno, con sujeción a esta Ley.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica a las tasas y precios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios, con independencia del lugar de realización del hecho imponible. No se aplica a las contraprestaciones por servicios prestados por organismos y entidades públicas en régimen de Derecho Privado, ni a las contraprestaciones coactivas por servicios públicos prestados mediante entidades instrumentales privadas o gestión indirecta, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Artículo 3. Fuentes normativas

Las tasas y precios públicos andaluces se rigen, por este orden: tratados y convenios internacionales y normativa de la UE; esta Ley, la Ley General Tributaria y el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta; las leyes de cada tasa y las disposiciones sobre precios públicos; la Ley 39/2015; y los reglamentos de desarrollo. Es supletoria la legislación estatal de tasas y precios públicos. Las tasas transferidas se rigen por esta Ley y por la normativa estatal o local que les venía siendo aplicable, en tanto no se regulen específicamente.

Artículo 4. Concepto de tasa

Son tasas autonómicas los tributos cuyo hecho imponible es: la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público de la Comunidad, o la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia en régimen de Derecho Público que afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, siempre que esos servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria o no se presten o realicen por el sector privado.

Artículo 5. Concepto de precio público

Son precios públicos autonómicos las contraprestaciones pecuniarias que se pagan por la prestación de servicios, la realización de actividades o, en su caso, la entrega de bienes, efectuadas en régimen de Derecho Público en el ámbito de competencia de la Comunidad, cuando esos servicios, actividades o entregas también los presta el sector privado y son de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

Artículo 6. Régimen presupuestario y de tesorería: principios de unidad de caja, de intervención y de no afectación de los ingresos

Los ingresos previstos por tasas y precios públicos deben figurar individualizados en el Presupuesto de la Comunidad. Lo recaudado se ingresa en la Tesorería General de la Junta (unidad de caja). Estas figuras están sometidas a contabilidad pública y al control interno de la Intervención General de la Junta. Los ingresos se destinan a los gastos generales, salvo que, excepcionalmente y mediante ley, se establezca una afectación concreta.

Artículo 7. Responsabilidades disciplinaria y patrimonial de las autoridades y del personal de la Administración de la Junta de Andalucía, agencias y consorcios

Incurren en falta disciplinaria las autoridades y el personal de la Junta, sus agencias y consorcios que exijan indebidamente una tasa o un precio público o lo exijan en cuantía superior a la establecida, sin perjuicio de otras responsabilidades. Además, los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública andaluza por esas actuaciones o por resoluciones, actuaciones u omisiones que infrinjan la normativa dan lugar a indemnización a cargo de quienes los causaron, conforme al artículo 36 de la Ley 40/2015.

Artículo 25. Establecimiento y regulación

Qué servicios, actividades y bienes se retribuyen con precios públicos lo decide el Consejo de Gobierno por Acuerdo, a propuesta de la consejería que los preste, previo informe preceptivo de la Consejería competente en materia tributaria. Después, la regulación y la cuantía se fijan, en general, por Orden de esa consejería, con informe de la Consejería tributaria y otro preceptivo, vinculante y favorable de la presupuestaria; si el precio es inferior al coste, por Acuerdo del Consejo de Gobierno, con razones justificadas y dotación presupuestaria.

Artículo 26. Determinación y revisión de la cuantía

Con carácter general, el precio público debe cubrir como mínimo el coste total del servicio, actividad o bien, teniendo en cuenta también la utilidad para la persona interesada; se computan costes directos e indirectos, financieros, de amortización y de mantenimiento y desarrollo razonable. Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno puede fijar importes inferiores al coste, no exigirlos o reducirlos, con los requisitos e informes del artículo 25.2.b). Puede fijarse en cuantía fija o en porcentaje sobre parámetros ciertos, y revisarse si varían los costes.

Artículo 27. Presupuesto de hecho

El presupuesto de hecho de los precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía es la prestación de servicios, la realización de actividades o, en su caso, la entrega de bienes, en los supuestos del artículo 5 de la Ley, tal como los fije la norma que configure cada precio público.

Artículo 28. Exigibilidad

Los precios públicos son exigibles en el momento de la entrega del bien, la prestación del servicio o la realización de la actividad que constituyan su presupuesto de hecho. No obstante, la disposición de establecimiento de cada precio puede exigir el pago anticipado, el depósito previo de su importe total o parcial o la constitución de garantía.

Artículo 29. Obligados al pago

Están obligados al pago del precio público las personas físicas o jurídicas y también las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición (art. 35.4 LGT), siempre que reciban los bienes o se beneficien de los servicios o actividades que constituyen el presupuesto de hecho del precio, conforme al artículo 5.

Artículo 30. Órganos competentes para la gestión, liquidación, recaudación e imposición de sanciones en materia de precios públicos

En precios públicos, la gestión, la liquidación, la recaudación en periodo voluntario y la potestad sancionadora corresponden a las Consejerías o entidades que presten el servicio, realicen la actividad o entreguen los bienes (sin perjuicio de lo previsto en el artículo 33 para aplazamientos y fraccionamientos). La recaudación en periodo ejecutivo corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía.

Artículo 31. Autoliquidación, liquidación por la Administración y pago

Artículo 32. Extinción de la deuda

Las deudas derivadas de precios públicos pueden extinguirse, total o parcialmente, por cualquiera de las formas y con los requisitos que prevén el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y sus normas de desarrollo, y el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio).

Artículo 33. Aplazamiento y fraccionamiento del pago

Las deudas por precios públicos en período voluntario pueden aplazarse o fraccionarse por la Agencia Tributaria de Andalucía (si la gestión y recaudación corresponden a la Administración de la Junta o a sus agencias administrativas, salvo delegación) o por las agencias de régimen especial y públicas empresariales, a través de los órganos de sus estatutos, salvo atribución reglamentaria a la Agencia Tributaria. En período ejecutivo, siempre por la Agencia Tributaria de Andalucía. Se exige solicitud del obligado al pago.

Artículo 34. Devolución

El procedimiento para reconocer el derecho a la devolución de un ingreso indebido pagado como precio público se inicia de oficio o a instancia del interesado cuando, por causas no imputables al obligado al pago, no se realice el presupuesto de hecho, y en los demás supuestos del Reglamento de la Tesorería General de la Junta y la gestión recaudatoria. La devolución sigue los procedimientos y órganos de ese Reglamento y de las demás disposiciones autonómicas.

Artículo 35. Recursos

Contra los actos de gestión, liquidación, recaudación e imposición de sanciones en materia de precios públicos caben los recursos que correspondan según la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El artículo no fija recursos propios: remite al régimen general de recursos administrativos.

Artículo 36. Memoria económico-financiera

Toda propuesta de nuevo precio público o de modificación de su cuantía debe incluir una memoria económico-financiera, elaborada por la Consejería o entidad que preste el servicio, realice la actividad o entregue el bien. Contendrá: identificación del bien o servicio, programación del gasto y previsión de ingresos; estudio de costes directos e indirectos; justificación de un importe que cubra como mínimo los costes totales; y, en su caso, las razones para fijar un precio inferior y una estimación anual del coste del beneficio aplicado.

Artículo 252. Hecho imponible

El hecho imponible de la tasa es la actividad administrativa derivada de la inscripción en las convocatorias de selección de personal de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios. Abarca tanto al personal funcionario y estatutario como al laboral.

Artículo 253. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que soliciten la inscripción en las convocatorias de selección de personal que realicen la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios. Paga quien pide inscribirse, con independencia de que después se presente a las pruebas o las supere.

Artículo 254. Cuota tributaria

Tarifas (importes de 2026): A1 y Grupo I laboral, 47,39 €; A2 y Grupo II, 31,30 €; Grupo B, 23,70 €; C1 y Grupo III, 16,08 €; C2 y Grupo IV, 13,41 €; otras agrupaciones profesionales y Grupo V, 13,41 €. Docentes no universitarios: A1, 57,76 €; A2, 45,54 €. Policía Local (categoría de policía, C1, convocatoria unificada): 100 €. El personal laboral fuera del VI Convenio paga según el Grupo equivalente de ese Convenio.

Artículo 255. Devengo

La tasa de inscripción en las pruebas selectivas se devenga cuando se presenta la solicitud de inscripción. Esa solicitud no se tramita si no se ha efectuado el pago correspondiente.

Artículo 256. Beneficios fiscales

Están exentos de la tasa, si tienen reconocida y acreditada su condición: miembros de familias numerosas (especial y general); víctimas del terrorismo y personas del art. 3.a) de la Ley 10/2010; víctimas de violencia de género, doméstica o de ambas (la doméstica, con orden de protección en vigor inscrita o sentencia firme en los últimos diez años); personas con discapacidad igual o superior al 33%; y beneficiarias del ingreso mínimo vital o de la Renta Mínima de Inserción Social. Las condiciones deben concurrir a la fecha del devengo.