Ley 10/2021, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Artículo 2. Ámbito de aplicación

En pocas palabras

La Ley se aplica a las tasas y precios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios, con independencia del lugar de realización del hecho imponible. No se aplica a las contraprestaciones por servicios prestados por organismos y entidades públicas en régimen de Derecho Privado, ni a las contraprestaciones coactivas por servicios públicos prestados mediante entidades instrumentales privadas o gestión indirecta, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Explicación sencilla

Delimita a quién y a qué se aplica la Ley: alcanza a la Administración de la Junta, sus agencias y consorcios aunque el hecho imponible se realice fuera, y deja fuera lo cobrado en régimen de Derecho Privado y las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Regla mnemotécnica

Ámbito «sin fronteras»: da igual dónde se realice el hecho imponible. Fuera quedan el Derecho Privado y la gestión indirecta.

Trampa típica de examen

Pensar que la Ley solo se aplica cuando el hecho imponible se realiza en Andalucía. El artículo la aplica con independencia del lugar de realización del hecho imponible.

Texto del artículo 2 de la Ley 10/2021 (LTPPA)

1. Esta Ley será de aplicación a las tasas y precios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios, con independencia del lugar de realización del hecho imponible. 2. No serán de aplicación los preceptos de esta Ley a: a) Las contraprestaciones por las actividades y los servicios prestados por los organismos y entidades públicas en régimen de Derecho Privado. b) Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de servicios públicos realizados de forma directa mediante las entidades instrumentales privadas reguladas en el artículo 52.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía o mediante gestión indirecta, que tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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