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Ley 10/2021, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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Crear cuenta gratis- Art. 1ObjetoLa Ley regula el régimen jurídico de las tasas y de los precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Son tasas autonómicas: las reguladas en esta Ley, las que se establezcan por ley autonómica y las transferidas por el Estado o por las Corporaciones Locales (art. 7.2 de la LO 8/1980). Son precios públicos los que establezca el Consejo de Gobierno, con sujeción a esta Ley.
- Art. 2Ámbito de aplicaciónLa Ley se aplica a las tasas y precios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios, con independencia del lugar de realización del hecho imponible. No se aplica a las contraprestaciones por servicios prestados por organismos y entidades públicas en régimen de Derecho Privado, ni a las contraprestaciones coactivas por servicios públicos prestados mediante entidades instrumentales privadas o gestión indirecta, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
- Art. 3Fuentes normativasLas tasas y precios públicos andaluces se rigen, por este orden: tratados y convenios internacionales y normativa de la UE; esta Ley, la Ley General Tributaria y el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta; las leyes de cada tasa y las disposiciones sobre precios públicos; la Ley 39/2015; y los reglamentos de desarrollo. Es supletoria la legislación estatal de tasas y precios públicos. Las tasas transferidas se rigen por esta Ley y por la normativa estatal o local que les venía siendo aplicable, en tanto no se regulen específicamente.
- Art. 4Concepto de tasaSon tasas autonómicas los tributos cuyo hecho imponible es: la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público de la Comunidad, o la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia en régimen de Derecho Público que afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, siempre que esos servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria o no se presten o realicen por el sector privado.
- Art. 5Concepto de precio públicoSon precios públicos autonómicos las contraprestaciones pecuniarias que se pagan por la prestación de servicios, la realización de actividades o, en su caso, la entrega de bienes, efectuadas en régimen de Derecho Público en el ámbito de competencia de la Comunidad, cuando esos servicios, actividades o entregas también los presta el sector privado y son de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
- Art. 6Régimen presupuestario y de tesorería: principios de unidad de caja, de intervención y de no afectación de los ingresosLos ingresos previstos por tasas y precios públicos deben figurar individualizados en el Presupuesto de la Comunidad. Lo recaudado se ingresa en la Tesorería General de la Junta (unidad de caja). Estas figuras están sometidas a contabilidad pública y al control interno de la Intervención General de la Junta. Los ingresos se destinan a los gastos generales, salvo que, excepcionalmente y mediante ley, se establezca una afectación concreta.
- Art. 7Responsabilidades disciplinaria y patrimonial de las autoridades y del personal de la Administración de la Junta de Andalucía, agencias y consorciosIncurren en falta disciplinaria las autoridades y el personal de la Junta, sus agencias y consorcios que exijan indebidamente una tasa o un precio público o lo exijan en cuantía superior a la establecida, sin perjuicio de otras responsabilidades. Además, los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública andaluza por esas actuaciones o por resoluciones, actuaciones u omisiones que infrinjan la normativa dan lugar a indemnización a cargo de quienes los causaron, conforme al artículo 36 de la Ley 40/2015.
- Art. 25Establecimiento y regulaciónQué servicios, actividades y bienes se retribuyen con precios públicos lo decide el Consejo de Gobierno por Acuerdo, a propuesta de la consejería que los preste, previo informe preceptivo de la Consejería competente en materia tributaria. Después, la regulación y la cuantía se fijan, en general, por Orden de esa consejería, con informe de la Consejería tributaria y otro preceptivo, vinculante y favorable de la presupuestaria; si el precio es inferior al coste, por Acuerdo del Consejo de Gobierno, con razones justificadas y dotación presupuestaria.
- Art. 26Determinación y revisión de la cuantíaCon carácter general, el precio público debe cubrir como mínimo el coste total del servicio, actividad o bien, teniendo en cuenta también la utilidad para la persona interesada; se computan costes directos e indirectos, financieros, de amortización y de mantenimiento y desarrollo razonable. Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno puede fijar importes inferiores al coste, no exigirlos o reducirlos, con los requisitos e informes del artículo 25.2.b). Puede fijarse en cuantía fija o en porcentaje sobre parámetros ciertos, y revisarse si varían los costes.
- Art. 27Presupuesto de hechoEl presupuesto de hecho de los precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía es la prestación de servicios, la realización de actividades o, en su caso, la entrega de bienes, en los supuestos del artículo 5 de la Ley, tal como los fije la norma que configure cada precio público.
- Art. 28ExigibilidadLos precios públicos son exigibles en el momento de la entrega del bien, la prestación del servicio o la realización de la actividad que constituyan su presupuesto de hecho. No obstante, la disposición de establecimiento de cada precio puede exigir el pago anticipado, el depósito previo de su importe total o parcial o la constitución de garantía.
- Art. 29Obligados al pagoEstán obligados al pago del precio público las personas físicas o jurídicas y también las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición (art. 35.4 LGT), siempre que reciban los bienes o se beneficien de los servicios o actividades que constituyen el presupuesto de hecho del precio, conforme al artículo 5.
- Art. 30Órganos competentes para la gestión, liquidación, recaudación e imposición de sanciones en materia de precios públicosEn precios públicos, la gestión, la liquidación, la recaudación en periodo voluntario y la potestad sancionadora corresponden a las Consejerías o entidades que presten el servicio, realicen la actividad o entreguen los bienes (sin perjuicio de lo previsto en el artículo 33 para aplazamientos y fraccionamientos). La recaudación en periodo ejecutivo corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía.
- Art. 31Autoliquidación, liquidación por la Administración y pago
- Art. 32Extinción de la deudaLas deudas derivadas de precios públicos pueden extinguirse, total o parcialmente, por cualquiera de las formas y con los requisitos que prevén el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y sus normas de desarrollo, y el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio).
- Art. 33Aplazamiento y fraccionamiento del pagoLas deudas por precios públicos en período voluntario pueden aplazarse o fraccionarse por la Agencia Tributaria de Andalucía (si la gestión y recaudación corresponden a la Administración de la Junta o a sus agencias administrativas, salvo delegación) o por las agencias de régimen especial y públicas empresariales, a través de los órganos de sus estatutos, salvo atribución reglamentaria a la Agencia Tributaria. En período ejecutivo, siempre por la Agencia Tributaria de Andalucía. Se exige solicitud del obligado al pago.
- Art. 34DevoluciónEl procedimiento para reconocer el derecho a la devolución de un ingreso indebido pagado como precio público se inicia de oficio o a instancia del interesado cuando, por causas no imputables al obligado al pago, no se realice el presupuesto de hecho, y en los demás supuestos del Reglamento de la Tesorería General de la Junta y la gestión recaudatoria. La devolución sigue los procedimientos y órganos de ese Reglamento y de las demás disposiciones autonómicas.
- Art. 35RecursosContra los actos de gestión, liquidación, recaudación e imposición de sanciones en materia de precios públicos caben los recursos que correspondan según la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El artículo no fija recursos propios: remite al régimen general de recursos administrativos.
- Art. 36Memoria económico-financieraToda propuesta de nuevo precio público o de modificación de su cuantía debe incluir una memoria económico-financiera, elaborada por la Consejería o entidad que preste el servicio, realice la actividad o entregue el bien. Contendrá: identificación del bien o servicio, programación del gasto y previsión de ingresos; estudio de costes directos e indirectos; justificación de un importe que cubra como mínimo los costes totales; y, en su caso, las razones para fijar un precio inferior y una estimación anual del coste del beneficio aplicado.
- Art. 252Hecho imponibleEl hecho imponible de la tasa es la actividad administrativa derivada de la inscripción en las convocatorias de selección de personal de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios. Abarca tanto al personal funcionario y estatutario como al laboral.
- Art. 253Sujetos pasivosSon sujetos pasivos de la tasa las personas que soliciten la inscripción en las convocatorias de selección de personal que realicen la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios. Paga quien pide inscribirse, con independencia de que después se presente a las pruebas o las supere.
- Art. 254Cuota tributariaTarifas (importes de 2026): A1 y Grupo I laboral, 47,39 €; A2 y Grupo II, 31,30 €; Grupo B, 23,70 €; C1 y Grupo III, 16,08 €; C2 y Grupo IV, 13,41 €; otras agrupaciones profesionales y Grupo V, 13,41 €. Docentes no universitarios: A1, 57,76 €; A2, 45,54 €. Policía Local (categoría de policía, C1, convocatoria unificada): 100 €. El personal laboral fuera del VI Convenio paga según el Grupo equivalente de ese Convenio.
- Art. 255DevengoLa tasa de inscripción en las pruebas selectivas se devenga cuando se presenta la solicitud de inscripción. Esa solicitud no se tramita si no se ha efectuado el pago correspondiente.
- Art. 256Beneficios fiscalesEstán exentos de la tasa, si tienen reconocida y acreditada su condición: miembros de familias numerosas (especial y general); víctimas del terrorismo y personas del art. 3.a) de la Ley 10/2010; víctimas de violencia de género, doméstica o de ambas (la doméstica, con orden de protección en vigor inscrita o sentencia firme en los últimos diez años); personas con discapacidad igual o superior al 33%; y beneficiarias del ingreso mínimo vital o de la Renta Mínima de Inserción Social. Las condiciones deben concurrir a la fecha del devengo.