Ley 10/2021, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Artículo 7. Responsabilidades disciplinaria y patrimonial de las autoridades y del personal de la Administración de la Junta de Andalucía, agencias y consorcios

En pocas palabras

Incurren en falta disciplinaria las autoridades y el personal de la Junta, sus agencias y consorcios que exijan indebidamente una tasa o un precio público o lo exijan en cuantía superior a la establecida, sin perjuicio de otras responsabilidades. Además, los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública andaluza por esas actuaciones o por resoluciones, actuaciones u omisiones que infrinjan la normativa dan lugar a indemnización a cargo de quienes los causaron, conforme al artículo 36 de la Ley 40/2015.

Explicación sencilla

Garantiza que cobrar de más o sin título tenga consecuencias para quien lo hace: falta disciplinaria, compatible con responsabilidades de otro orden, y obligación de indemnizar los daños causados a la Hacienda Pública de la Comunidad.

Regla mnemotécnica

Cobrar indebidamente o de más = falta disciplinaria + lo que venga «de otro orden» + indemnizar a la Hacienda.

Trampa típica de examen

Pensar que la falta disciplinaria agota la responsabilidad. El artículo la declara sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse.

Texto del artículo 7 de la Ley 10/2021 (LTPPA)

1. De acuerdo con el régimen disciplinario propio, incurrirán en falta disciplinaria las autoridades y demás personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias y sus consorcios que exijan indebidamente una tasa o un precio público o lo hagan en cuantía superior a la establecida, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de tal actuación. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía por las referidas actuaciones, así como por las resoluciones, actuaciones u omisiones que infrinjan esta Ley y demás normas que regulen esta materia, darán lugar a las correspondientes indemnizaciones a cargo de quienes los hubieren causado, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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