Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas

Artículo 9

Capítulo II. Recursos de las Comunidades Autónomas

En pocas palabras

Los impuestos propios de las Comunidades Autónomas deben respetar el artículo sexto de la Ley y además: no gravar elementos patrimoniales, rendimientos ni gastos situados o realizados fuera de su territorio; no gravar negocios o actos realizados fuera, ni bienes, derechos u obligaciones nacidos o por cumplir fuera o cuyo adquirente no resida allí; y no obstaculizar la libre circulación ni afectar a la residencia de las personas o a la ubicación de empresas y capitales, ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades.

Explicación sencilla

Fija el principio de territorialidad de los impuestos propios autonómicos y prohíbe que distorsionen la libre circulación o la ubicación de personas y empresas, o que trasladen cargas a otras Comunidades.

Regla mnemotécnica

Impuesto autonómico: solo dentro (territorialidad) y sin estorbar (circulación, residencia, empresas) ni exportar cargas a otras Comunidades.

Trampa típica de examen

Olvidar el último límite: además de no obstaculizar la libre circulación, los impuestos propios no pueden comportar cargas trasladables a otras Comunidades.

Texto del artículo 9 de la Ley Orgánica 8/1980 (LOFCA)

Las Comunidades Autónomas podrán establecer sus propios impuestos, respetando, además de lo establecido en el artículo sexto de esta Ley, los siguientes principios: a) No podrán sujetarse elementos patrimoniales situados, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. b) No podrán gravarse, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la comunidad impositora, ni la transmisión o ejercicio de bienes, derechos y obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio o cuyo adquirente no resida en el mismo. c) No podrán suponer obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías y servicios capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las personas o a la ubicación de Empresas y capitales dentro del territorio español, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, uno, a), ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades.

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