LOFCA
Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas
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Crear cuenta gratisCapítulo IPrincipios generales
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- Art. 1Artículo 1Las Comunidades Autónomas tienen autonomía financiera para desarrollar y ejecutar las competencias que les atribuyan las Leyes y sus Estatutos, de acuerdo con la Constitución. Su financiación se rige por la LOFCA y por el Estatuto de cada comunidad; en lo que afecte a la materia se aplican también Leyes ordinarias, Reglamentos y demás normas del Estado y de las Comunidades. Todo ello sin perjuicio de los Tratados o Convenios suscritos o que suscriba España.
- Art. 2Artículo 2La actividad financiera autonómica se coordina con la Hacienda del Estado según estos principios: ingresos sin privilegios ni barreras fiscales; equilibrio económico garantizado por el Estado; nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales; corresponsabilidad; solidaridad; suficiencia de recursos; y lealtad institucional, cuyo impacto valora cada cinco años el Consejo de Política Fiscal y Financiera, compensable en el siguiente quinquenio. Cada Comunidad vela por su equilibrio territorial y tiene el tratamiento fiscal que la Ley fije para el Estado.
- Art. 3Artículo 3La Ley crea el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas para coordinar la actividad financiera autonómica y la Hacienda del Estado. Lo integran el Ministro de Economía y Hacienda, el Ministro de Administraciones Públicas y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad o Ciudad Autónoma. Entiende, entre otras materias, de la política presupuestaria, del endeudamiento, de las inversiones públicas y del Fondo de Compensación. Su reglamento de régimen interior se aprueba por mayoría absoluta de sus miembros.
Capítulo IIRecursos de las Comunidades Autónomas
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- Art. 4Artículo 4Los recursos de las Comunidades Autónomas son: ingresos de su patrimonio y demás de derecho privado; impuestos, tasas y contribuciones especiales propios; tributos cedidos total o parcialmente; participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; recargos sobre tributos del Estado; participaciones en ingresos del Estado; operaciones de crédito; multas y sanciones; y precios públicos propios. En su caso, también asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado y transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial, que son carga general del Estado.
- Art. 5Artículo 5Son ingresos de Derecho privado de las Comunidades Autónomas los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio y las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. A estos efectos, su patrimonio lo forman los bienes de su propiedad y los derechos reales o personales de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que no estén afectos al uso o al servicio público.
- Art. 6Artículo 6Las Comunidades Autónomas pueden establecer y exigir tributos propios conforme a la Constitución y las Leyes. No pueden gravar hechos imponibles ya gravados por el Estado ni por los tributos locales. Si el Estado grava hechos ya gravados por una Comunidad y le resta ingresos, debe instrumentar medidas de compensación o coordinación. Las Comunidades pueden establecer y gestionar tributos sobre materias reservadas a las Corporaciones locales, pero compensándolas para que sus ingresos no mermen ni pierdan crecimiento futuro.
- Art. 7Artículo 7Las Comunidades Autónomas pueden establecer tasas por usar su dominio público o por servicios o actividades de Derecho público que afecten particularmente al sujeto pasivo, si no son de solicitud voluntaria (no lo es la impuesta por norma ni la imprescindible para la vida privada o social) o si no los presta el sector privado. Las tasas de bienes o competencias transferidos pasan a ser tributos propios. El rendimiento no puede sobrepasar el coste del servicio o actividad, y las tarifas pueden atender a la capacidad económica si su naturaleza lo permite.
- Art. 8Artículo 8Las Comunidades Autónomas pueden establecer contribuciones especiales cuando el sujeto pasivo obtenga un beneficio o un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de obras públicas que realicen o del establecimiento o ampliación de servicios públicos a su costa. Lo recaudado no puede superar el coste de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.
- Art. 9Artículo 9Los impuestos propios de las Comunidades Autónomas deben respetar el artículo sexto de la Ley y además: no gravar elementos patrimoniales, rendimientos ni gastos situados o realizados fuera de su territorio; no gravar negocios o actos realizados fuera, ni bienes, derechos u obligaciones nacidos o por cumplir fuera o cuyo adquirente no resida allí; y no obstaculizar la libre circulación ni afectar a la residencia de las personas o a la ubicación de empresas y capitales, ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades.
- Art. 10Artículo 10Son tributos cedidos los establecidos y regulados por el Estado cuyo producto corresponde a la Comunidad. Se entiende cedido por precepto expreso del Estatuto; una Ley fija su alcance. Puede ser total (todos los hechos imponibles) o parcial (algún hecho imponible o parte de la recaudación), y puede incluir competencias normativas. Atribución: tributos personales, por domicilio fiscal del sujeto pasivo, salvo sucesiones por causa de muerte (domicilio del causante); consumo, por lugar de consumo, de venta o base estadística; operaciones inmobiliarias, por el lugar del inmueble.
- Art. 11Artículo 11Solo pueden cederse a las Comunidades Autónomas: el IRPF (parcialmente, hasta el 50 %); Patrimonio; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones y Donaciones; IVA (parcialmente, hasta el 50 %); Impuestos Especiales de Fabricación (hasta el 58 % de cada uno, salvo Electricidad e Hidrocarburos); Electricidad; Determinados Medios de Transporte; Tributos sobre el Juego; Hidrocarburos (hasta el 58 % del tipo estatal general y en su totalidad el tipo estatal especial y el autonómico); y el Impuesto sobre el Depósito de Residuos.
- Art. 12Artículo 12Las Comunidades Autónomas pueden establecer recargos sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, salvo en el Impuesto sobre Hidrocarburos. En los demás Impuestos Especiales y en el IVA solo pueden hacerlo si tienen competencias normativas sobre tipos de gravamen. Los recargos no pueden minorar los ingresos del Estado por esos impuestos ni desvirtuar su naturaleza o estructura.
- Art. 13Artículo 13Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía participan en los ingresos del Estado mediante su Fondo de Suficiencia Global, que cubre la diferencia entre sus necesidades de gasto y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía. Su valor inicial se fija en Comisión Mixta y evoluciona según la Ley. Solo se revisa por traspaso de servicios o revisión de valoraciones, por efectividad de la cesión de nuevos tributos o por otras circunstancias legales. Pueden existir otras participaciones mediante fondos y mecanismos legales.
- Art. 13 bisPrincipio de prudencia financieraTodas las operaciones financieras de las Comunidades Autónomas están sujetas al principio de prudencia financiera: las condiciones que deben cumplir para minimizar su riesgo y coste. Son financieras las que tienen por objeto activos financieros, pasivos financieros o avales, reavales y otras garantías o apoyos extrapresupuestarios. Las condiciones de los pasivos las fija la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera; las de activos y avales, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Los avales que no cumplan esas condiciones precisan autorización del Estado.
- Art. 14Endeudamiento de las Comunidades AutónomasLas Comunidades Autónomas pueden concertar crédito a menos de un año para necesidades transitorias de tesorería, y a más de un año si se destina solo a inversión y las anualidades de amortización no superan el 25 % de sus ingresos corrientes del ejercicio. El crédito en el extranjero y la emisión de deuda requieren autorización del Estado (no cuenta como exterior la operación en euros dentro de la Unión Europea), y también todo crédito si se incumplen los objetivos de estabilidad, deuda o regla de gasto. El endeudamiento se coordina en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
- Art. 15Artículo 15El Estado garantiza en todo el territorio el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia, que son la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales. No se cubre ese nivel cuando la cobertura se desvía del nivel medio nacional. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales asegura que cada Comunidad recibe los mismos recursos por habitante, ajustados por necesidades diferenciales; lo nutren las Comunidades con un porcentaje de sus tributos cedidos y el Estado con su aportación, según fije la Ley.
- Art. 16Artículo 16Los Presupuestos del Estado dotan cada año un Fondo de Compensación, que distribuyen las Cortes Generales, y un Fondo Complementario, ambos carga general del Estado. El de Compensación se nutre con al menos el 22,5 % de la base de cálculo de inversión pública, más el 1,5 % y el 4,02 % de esa cantidad para Ciudades con Estatuto y región ultraperiférica, y se reparte por renta inversa, emigración, desempleo, superficie, insularidad y otros criterios, revisables cada cinco años. El Complementario equivale al 33,33 % del Fondo de Compensación y puede financiar gastos de funcionamiento asociados.
Capítulo IIICompetencias
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- Art. 17Artículo 17Las Comunidades Autónomas regulan por sus órganos competentes, según sus Estatutos: sus presupuestos (elaboración, examen, aprobación y control); sus impuestos, tasas y contribuciones especiales propios y los elementos que determinan la deuda tributaria; las competencias normativas de la ley de cesión de tributos; los recargos sobre tributos del Estado; sus operaciones de crédito, sin perjuicio del artículo decimocuarto; el régimen jurídico de su patrimonio, en el marco de la legislación básica del Estado; los Reglamentos Generales de sus tributos propios; y lo que les atribuyan las Leyes.
- Art. 18Artículo 18El Estado y las Comunidades Autónomas pueden promover y realizar juntos proyectos concretos de inversión, con aprobación en cada caso de las Cortes Generales y del órgano competente de la Comunidad. Lo que aporten las Comunidades puede provenir, total o parcialmente, de las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial a que tengan derecho.
- Art. 19Artículo 19La Comunidad aplica y sanciona sus tributos propios. En los cedidos puede asumir competencias normativas (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones, Juego, Medios de Transporte, tipo autonómico de Hidrocarburos, Residuos), respetando la solidaridad, sin discriminar y con presión fiscal equivalente. Puede asumir por delegación la aplicación, sanción y revisión de los cedidos, salvo en IRPF, IVA e Impuestos Especiales de Fabricación. Las competencias pasan al Estado si lo exige la armonización fiscal europea. Los demás tributos estatales los aplica la Administración Tributaria del Estado.
- Art. 20Artículo 20Las reclamaciones contra actos de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto sobre sus tributos propios las conocen sus propios órganos económico-administrativos. Sobre tributos estatales, la revisión administrativa de sus actos puede corresponderles si lo establece la ley del Estado, en los términos de la ley de cesión y con posibles fórmulas de colaboración. Todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado sobre el sistema tributario. La función unificadora de criterio en tributos estatales corresponde a la Administración Tributaria del Estado.
- Art. 21Artículo 21Los presupuestos de las Comunidades Autónomas son anuales, con el mismo período que los del Estado; atienden a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera; incluyen todos los gastos e ingresos de sus organismos y entidades, y consignan los beneficios fiscales de sus tributos. Si no se aprueban antes del primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los anteriores. Se elaboran con criterios homogéneos para poder consolidarlos con los del Estado.
- Art. 22Artículo 22Corresponde al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas. Ello se suma a los sistemas e instituciones de control que adopten sus Estatutos y a los que autorice la Ley, y se entiende sin perjuicio del control que compete al Estado sobre las transferencias de medios financieros según el artículo 150.2 de la Constitución.
Capítulo IVResolución de conflictos
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- Art. 23Artículo 23Una Junta Arbitral resuelve los conflictos sobre los puntos de conexión de los tributos y sobre la titularidad del rendimiento o de la gestión, inspección o recaudación de tributos cedidos. Se oye al interesado, y cabe procedimiento simplificado si ninguna cuota líquida supera 125.000 euros. Suscitado el conflicto, se notifica a los interesados, se interrumpe la prescripción y las Administraciones se abstienen, salvo liquidaciones definitivas ya practicadas. Sus resoluciones son ejecutivas e impugnables en vía contencioso-administrativa.
- Art. 24Artículo 24Preside la Junta Arbitral un jurista de reconocido prestigio, designado por cinco años por el Ministro de Hacienda a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si el conflicto es entre el Estado y Comunidades, son vocales cuatro representantes del Estado (uno de ellos Secretario) y cuatro de cada Comunidad en conflicto; si es entre Comunidades, cuatro del Estado y cuatro de cada Comunidad, con un representante del Estado como Secretario. Su funcionamiento sigue las normas de órganos colegiados de la Ley 30/1992. En el procedimiento simplificado resuelve el presidente.