Tema 38 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto

La Ley tiene un triple objeto: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública; regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esa actividad; y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

Sujetos: a) Administraciones estatal, autonómicas, de Ceuta y Melilla y local; b) Seguridad Social y sus mutuas; c) organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y reguladores o supervisores; d) entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, incluidas las Universidades públicas; e) corporaciones de Derecho Público y f) Casa del Rey y demás instituciones, en lo sujeto a Derecho Administrativo; g) sociedades mercantiles participadas en más del 50 por 100; h) fundaciones del sector público; i) asociaciones. Solo a) a d) son Administraciones Públicas.

Artículo 3. Otros sujetos obligados

Las disposiciones del capítulo II del título se aplican también a: a) los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales; b) las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Artículo 4. Obligación de suministrar información

Las personas físicas y jurídicas distintas de las de los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben suministrar, previo requerimiento, a la Administración, organismo o entidad del artículo 2.1 a la que estén vinculadas toda la información necesaria para que esta cumpla las obligaciones del título. La obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos previstos en el respectivo contrato.

Artículo 5. Principios generales

Los sujetos del artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información relevante, sin perjuicio de normas más amplias. Rigen los límites del artículo 14 y, especialmente, el del 15: los datos especialmente protegidos solo se publican previa disociación. En sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, reutilizable. Las entidades sin ánimo de lucro con fines exclusivamente de interés social o cultural y presupuesto inferior a 50.000 euros podrán usar medios de la Administración. Todo, comprensible, de acceso fácil y gratuito.

Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación

Los sujetos del ámbito de aplicación del título publicarán información sobre sus funciones, la normativa aplicable y su estructura organizativa, con un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los órganos y su perfil y trayectoria profesional. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto; su grado de cumplimiento y resultados se evaluarán y publicarán periódicamente. En la Administración General del Estado evalúan las inspecciones generales de servicios.

Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento

Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales publicarán su inventario de actividades de tratamiento, en aplicación del artículo 31 de esa misma Ley Orgánica. El artículo no enumera a los sujetos obligados ni detalla el contenido del inventario: para ambas cosas se remite a la citada Ley Orgánica.

Artículo 7. Información de relevancia jurídica

Las Administraciones Públicas publicarán: a) directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que interpreten el Derecho o tengan efectos jurídicos; b) Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos, cuando se soliciten los dictámenes o, si ninguno es preceptivo, al aprobarse; c) proyectos de Reglamentos, una vez solicitados los dictámenes preceptivos, sin que suponga necesariamente audiencia pública; d) memorias e informes de los expedientes normativos, en particular la de análisis de impacto normativo; e) documentos sometidos a información pública.

Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística

Mínimo: a) todos los contratos (menores: cabe publicación trimestral; estadística de pymes: semestral); b) convenios y encomiendas de gestión; c) subvenciones y ayudas; d) presupuestos; e) cuentas anuales, auditorías y fiscalización; f) retribuciones anuales de altos cargos e indemnizaciones al dejar el cargo; g) compatibilidades; h) declaraciones de bienes de representantes locales, sin localización de inmuebles; i) estadística de servicios. Los del artículo 3 publican a) y b) si contratan o convienen con una Administración, y c) si esta concede. Las Administraciones publican sus inmuebles.

Artículo 9. Control

El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones del capítulo es objeto de control por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones que establezcan las medidas necesarias para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tiene la consideración de infracción grave a efectos de aplicar a sus responsables el régimen disciplinario.

Artículo 10. Portal de la Transparencia

La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información de los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación. Incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. La Administración General del Estado, las autonómicas, las de Ceuta y Melilla y las entidades locales podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración.

Artículo 11. Principios técnicos

El Portal de la Transparencia contendrá información publicada conforme a las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, adecuadas a tres principios: accesibilidad (información estructurada sobre los documentos y recursos de información para facilitar su identificación y búsqueda); interoperabilidad (conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad y a las normas técnicas de interoperabilidad); y reutilización (se fomentará la publicación en formatos que la permitan, de acuerdo con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y su normativa de desarrollo).

Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

Artículo 13. Información pública

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 14. Límites al derecho de acceso

El acceso podrá limitarse si perjudica a: seguridad nacional; defensa; relaciones exteriores; seguridad pública; prevención, investigación y sanción de ilícitos; igualdad de partes y tutela judicial efectiva; vigilancia, inspección y control; intereses económicos y comerciales; política económica y monetaria; secreto profesional y propiedad intelectual e industrial; confidencialidad en la toma de decisión; y medio ambiente. La aplicación será justificada y proporcionada. Las resoluciones se publican previa disociación de datos personales, una vez notificadas a los interesados.

Artículo 15. Protección de datos personales

Ideología, afiliación sindical, religión o creencias: acceso solo con consentimiento expreso y por escrito, salvo que el afectado los hubiese hecho manifiestamente públicos. Origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos e infracciones sin amonestación pública: consentimiento expreso o norma con rango de ley. Meramente identificativos del órgano: se concede con carácter general. Sin datos especialmente protegidos: previa ponderación suficientemente razonada. Nada de ello se aplica si hay disociación previa. El tratamiento posterior se rige por la normativa de protección de datos.

Artículo 16. Acceso parcial

Cuando la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

Artículo 17. Solicitud de acceso a la información

La solicitud se dirige al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información; si la poseen personas que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, a la Administración, organismo o entidad del artículo 2.1 a la que estén vinculadas. Puede presentarse por cualquier medio que deje constancia de: identidad del solicitante, información solicitada, dirección de contacto (preferentemente electrónica) y, en su caso, modalidad preferida. No hay obligación de motivar. Cabe usar cualquier lengua cooficial en el territorio en el que radique la Administración.

Artículo 18. Causas de inadmisión

Se inadmiten a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) sobre información en curso de elaboración o de publicación general; b) sobre información auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos); c) que exijan una acción previa de reelaboración; d) dirigidas a un órgano que no tenga la información cuando se desconozca el competente; e) manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia. En la causa d), la resolución indicará el órgano que, a juicio del que inadmite, es competente.

Artículo 19. Tramitación

Si la información no obra en poder del sujeto al que se dirige la solicitud, este la remite al competente, si lo conociera, e informa al solicitante. Si no se identifica de forma suficiente la información, se pide que se concrete en diez días; de no hacerlo, se tiene al solicitante por desistido. Si puede afectar a terceros debidamente identificados, se les conceden quince días para alegaciones. En ambos casos se suspende el plazo para resolver. Si la información fue elaborada en su integridad o parte principal por otro, se le remite la solicitud para que decida.

Artículo 20. Resolución

La resolución que concede o deniega el acceso se notifica al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud llega al órgano competente para resolver; cabe ampliarlo otro mes por volumen o complejidad, previa notificación al solicitante. Se motivan las que deniegan, las de acceso parcial o por otra modalidad y las que dan acceso con oposición de tercero. El silencio desestima. Cabe recurso contencioso-administrativo directo o la reclamación potestativa del artículo 24. Incumplir reiteradamente el plazo es infracción grave.

Artículo 21. Unidades de información

Las Administraciones Públicas del ámbito del título establecerán sistemas para integrar la gestión de las solicitudes de información en su organización interna. En la Administración General del Estado existirán unidades especializadas que recaban y difunden la información, reciben y tramitan las solicitudes, hacen los trámites internos, siguen y controlan su tramitación, llevan un registro, aseguran en la web o sede electrónica la información más solicitada y mantienen un mapa de contenidos. El resto de entidades identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes.

Artículo 22. Formalización del acceso

El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica, salvo que no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Si no puede darse al notificar la resolución, se otorga en un plazo no superior a diez días. Con oposición de tercero, solo tiene lugar cuando, concedido, transcurre el plazo del recurso contencioso-administrativo sin formalizarse o este se resuelve confirmando el derecho. Si la información ya está publicada, la resolución puede limitarse a indicar cómo acceder. El acceso es gratuito, pero las copias o el cambio de formato pueden dar lugar a exacciones.

Artículo 23. Recursos

La reclamación prevista en el artículo siguiente tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Excepción: contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) solo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo.

Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa. Se interpone en un mes desde el día siguiente a la notificación o a los efectos del silencio. Si la denegación se funda en derechos o intereses de terceros, se les da audiencia antes de resolver. Plazo para resolver y notificar: tres meses; pasado, se entiende desestimada. Las resoluciones se publican, previa disociación de datos personales, y el Presidente las comunica al Defensor del Pueblo.

Artículo 25. Ámbito de aplicación

En la Administración General del Estado el título se aplica a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de altos cargos de esa Administración y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de ella; son altos cargos los que lo sean según la normativa de conflictos de intereses. También se aplica a los altos cargos o asimilados según la normativa autonómica o local, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. Su aplicación no afecta, en ningún caso, a la condición de cargo electo.

Artículo 26. Principios de buen gobierno

Las personas del ámbito del título observan la Constitución y el resto del ordenamiento y promueven el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas. Ajustan su actividad a siete principios generales (transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igual, diligencia debida, conducta digna y responsabilidad) y a nueve principios de actuación (plena dedicación, debida reserva, comunicar irregularidades, no aceptar regalos que superen los usos habituales…). Estos principios informan la interpretación y aplicación del régimen sancionador del título.

Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas del ámbito del título se sanciona conforme a la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y, para el resto de Administraciones, de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.

Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria

Enumera las infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria, que lo son cuando las conductas sean culpables: alcance en la administración de fondos públicos, administrar recursos de la Hacienda Pública sin sujeción a sus normas, comprometer gastos u ordenar pagos sin crédito suficiente, omitir la intervención previa preceptiva, no justificar la inversión de fondos, operaciones de crédito sin la preceptiva autorización, incumplimientos ligados a la Ley Orgánica 2/2012 (planes, acuerdos de no disponibilidad), no publicar o no suministrar información y no rendir cuentas.

Artículo 29. Infracciones disciplinarias

Clasifica las infracciones disciplinarias. Muy graves: incumplir el deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía, discriminación y acoso, acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave, acoso laboral… Graves: abuso de autoridad, intervenir habiendo causa de abstención, no guardar el debido sigilo… Leves: incorrección con superiores, compañeros o subordinados y descuido o negligencia. Haber sido sancionado por dos infracciones del mismo nivel en el año anterior, sin recurso posible en vía administrativa, convierte la nueva en la del nivel superior.

Artículo 30. Sanciones

Leves: amonestación. Graves: algunas de estas sanciones: declaración del incumplimiento y su publicación en el BOE o diario oficial que corresponda, y no percepción de la indemnización por cese. Muy graves: esas sanciones en todo caso, más destitución (salvo que ya hubiesen cesado) y no poder ser nombrado alto cargo o asimilado entre cinco y diez años. Si pudieran ser delito, se comunican al Fiscal General del Estado y se detiene el procedimiento hasta que acabe el proceso penal. Las infracciones del artículo 28 conllevan restituir lo indebido e indemnizar a la Hacienda Pública.

Artículo 31. Órgano competente y procedimiento

El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente (propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia). Ordena la incoación el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para miembros del Gobierno y Secretarios de Estado, y ese Ministro para las demás personas al servicio de la Administración General del Estado; en ambos casos instruye la Oficina de Conflictos de Intereses. En el ámbito autonómico y local actúan sus propios órganos. Las resoluciones son recurribles en vía contencioso-administrativa.

Artículo 32. Prescripción

Las infracciones previstas en el título prescriben a los cinco años las muy graves, a los tres años las graves y al año las leves. Las sanciones prescriben en los mismos plazos: cinco años las impuestas por infracciones muy graves, tres años las impuestas por graves y un año las que sean consecuencia de infracciones leves. Para el cómputo de los plazos y las causas de su interrupción se está a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992.

Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril. Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Artículo 34. Fines

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene cuatro finalidades: promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Artículo 35. Composición

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está compuesto por dos órganos: la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Presidente del Consejo lo es también de su Comisión.

Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno

La Comisión ejerce las competencias que le asigna la Ley y las de su normativa de desarrollo. La componen el Presidente, un Diputado, un Senador y un representante de cada uno de estos: Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Ser miembro no exige dedicación exclusiva ni da derecho a remuneración, salvo lo previsto en el artículo siguiente. Al menos una vez al año convoca a los representantes de los organismos autonómicos de funciones similares.

Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Presidente es nombrado por un período no renovable de cinco años, mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso. El Congreso, por mayoría absoluta, debe refrendar el nombramiento en un mes natural. Cesa por expiración del mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave, incapacidad permanente, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.

Artículo 38. Funciones

El Consejo: adoptar recomendaciones, asesorar, informar preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la Ley, evaluar su grado de aplicación con una memoria anual que se presenta ante las Cortes Generales, promover actividades de formación y colaborar con órganos análogos. El Presidente: adoptar criterios de interpretación uniforme, velar por la publicidad, conocer de las reclamaciones del artículo 24, responder consultas facultativas, instar el inicio del procedimiento sancionador y aprobar el anteproyecto de presupuesto.

Artículo 39. Régimen jurídico

El Consejo se rige, además de por esta Ley, por la Ley General Presupuestaria (elabora anualmente un anteproyecto de presupuesto), la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003 y, en lo no previsto en ella, el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 30/1992. El Consejo de Ministros aprueba su Estatuto mediante Real Decreto. Sus puestos los desempeñan, con carácter general, funcionarios públicos. Cuenta con las asignaciones anuales de los Presupuestos Generales del Estado, su patrimonio y otros bienes atribuidos legalmente.

Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno eleva cada año a las Cortes Generales una memoria con dos contenidos: el desarrollo de sus actividades y el grado de cumplimiento de las disposiciones de la Ley. El Presidente del Consejo comparece ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de esa memoria y, además, cuantas veces sea requerido para ello.

Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública

Tres reglas especiales: 1) el acceso de quienes son interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que lo integran se rige por la normativa reguladora de ese procedimiento; 2) las materias con un régimen jurídico específico de acceso a la información se rigen por su normativa específica y por esta Ley con carácter supletorio; 3) esta Ley se aplica, en lo no previsto en sus normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.

Artículo 1. Objeto

La ley regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la transparencia en su doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. La concibe como instrumento para facilitar que la ciudadanía conozca la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de esa actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena.

Artículo 2. Definiciones

Define cuatro conceptos. Información pública: contenidos o documentos, en cualquier formato o soporte, que obren en poder de las personas y entidades del título y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Publicidad activa: obligación de hacer pública por propia iniciativa la información pública de relevancia. Acceso a la información pública: posibilidad de acceder a ella con seguridad sobre su veracidad. Portal de la Junta de Andalucía: dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta, totalmente gratuita.

Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación

Se aplica a la Administración de la Junta, a los Consejos Consultivo, Económico y Social y Audiovisual, a las agencias, a la Administración local y sus entes instrumentales, a las universidades públicas, a las corporaciones de derecho público en sus actividades sujetas al Derecho administrativo, a las sociedades mercantiles con participación superior al 50 por ciento y a fundaciones, asociaciones y fondos. Parlamento, Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas se sujetan en sus funciones de carácter administrativo. Son administraciones públicas andaluzas las de las letras a) a g).

Artículo 4. Obligación de suministrar información

Quienes presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otras funciones administrativas deben suministrar a la entidad del artículo 3.1 a la que estén vinculados, previo requerimiento y en quince días, la información necesaria. La obligación alcanza a adjudicatarios de contratos y a beneficiarios de subvenciones. Si no se atiende, caben multas coercitivas, previo apercibimiento y audiencia: de 100 a 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días, sin exceder del 5% del importe del contrato, subvención o instrumento, o de 3.000 euros si no figura cuantía concreta.

Artículo 5. Otros sujetos obligados

Partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, en todo caso, y las entidades religiosas inscritas, corporaciones, asociaciones y otras entidades que perciban en un año ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales sean ayuda o subvención pública y alcancen como mínimo 5.000 euros, deben cumplir las obligaciones de transparencia de la legislación básica. Las entidades privadas concertadas y las empresas de servicios públicos locales en gestión indirecta asumen obligaciones de publicidad activa.

Artículo 6. Principios básicos

Enumera once principios básicos para interpretar y aplicar la ley: transparencia, libre acceso a la información pública, responsabilidad, no discriminación tecnológica, veracidad, utilidad, gratuidad, facilidad y comprensión, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Cada uno lleva su definición; así, gratuidad (acceso y solicitudes gratuitos, sin perjuicio de exacciones por copias, soportes o transposición a un formato diferente al original) e interoperabilidad (publicación conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad).

Artículo 7. Derechos

Reconoce cuatro derechos. Publicidad activa: que los poderes públicos publiquen, de forma periódica y actualizada, la información veraz relevante para garantizar la transparencia. Acceso a la información pública: acceder a los contenidos o documentos que obren en poder de las personas y entidades sujetas. Resolución motivada: que se motiven las resoluciones que inadmitan, denieguen, concedan el acceso parcial o por modalidad distinta, o lo permitan con oposición de tercero. Uso de la información obtenida: sin autorización previa y sin más limitaciones que las de esta u otras leyes.

Artículo 8. Obligaciones

Quien accede a información pública debe: ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho; realizar el acceso sin afectar a la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretando lo más precisamente posible la petición (la Administración colaborará con la persona solicitante); respetar las obligaciones de la normativa básica para la reutilización de la información; y cumplir las condiciones y requisitos materiales señalados en la resolución cuando el acceso sea presencial en un archivo o dependencia pública.

Artículo 9. Normas generales

Los sujetos del artículo 3 publicarán de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada la información relevante. Las obligaciones del título son mínimas y generales. Con datos especialmente protegidos, la publicidad exige previa disociación. La información estará en sedes electrónicas, portales o páginas web; las entidades sin ánimo de lucro de fines exclusivamente sociales o culturales con presupuesto inferior a 50.000 euros podrán usar los medios electrónicos de la Administración de la que provenga la mayor parte de sus ayudas. Se publica y actualiza, con carácter general, trimestralmente.

Artículo 10. Información institucional y organizativa

Las entidades sujetas publicarán, en lo que les sea aplicable: funciones, normativa, estructura organizativa con organigrama actualizado, delegaciones de competencias vigentes, relaciones de puestos de trabajo con retribuciones anuales, resoluciones de compatibilidad, convenios colectivos, oferta pública de empleo, representantes del personal y agendas institucionales. La Junta añade el inventario de entes, el Inventario General de Bienes y Derechos y el plan e informe anual de la Inspección General de Servicios; las entidades locales, las actas de las sesiones plenarias.

Artículo 11. Información sobre altos cargos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley

Las entidades del artículo 3 harán públicas: la identificación de los altos cargos; las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por los altos cargos y por quienes ejerzan la máxima responsabilidad; las indemnizaciones por cese; las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Junta y las resoluciones de autorización de actividades durante el cargo o tras el cese; y las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, omitiendo en todo caso la localización concreta de los bienes inmuebles.

Artículo 12. Información sobre planificación y evaluación

Las administraciones públicas, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas andaluzas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto. Su grado de cumplimiento y resultados se evaluarán y publicarán periódicamente con los indicadores de medida y valoración. Los planes y programas se publican tan pronto sean aprobados y, en todo caso, en el plazo máximo de 20 días, y permanecen publicados mientras estén vigentes, sin perjuicio de plazos más breves de las entidades locales.

Artículo 13. Información de relevancia jurídica

Las administraciones públicas andaluzas publican: directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que interpreten el Derecho o tengan efectos jurídicos; los anteproyectos de ley cuando sean conocidos por el Consejo de Gobierno y al pedirse dictámenes; los proyectos de ley tras su aprobación por el Consejo de Gobierno; los proyectos de reglamentos al someterse a audiencia o información pública; la Memoria de Análisis de Impacto Normativo; y la relación de normas en curso. En las entidades locales se publica la versión inicial tras la aprobación inicial por el Pleno.

Artículo 14. Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana

Las administraciones públicas andaluzas publicarán: a) el catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con su objeto, trámites y plazos y, en su caso, los formularios asociados, indicando específicamente los que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica; b) las cartas de servicios, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos y la información disponible que permita valorarlos; c) una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras estén en trámite.

Artículo 15. Información sobre contratos, convenios y subvenciones

Las entidades del ámbito de la ley deben publicar: a) todos los contratos (objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento, número de licitadores, adjudicatario, modificaciones, prórrogas, desiertos, resoluciones, desistimientos, renuncias y subcontrataciones); los contratos menores podrán publicarse trimestralmente y se darán datos estadísticos del porcentaje en volumen presupuestario adjudicado por cada procedimiento; b) los convenios suscritos y las encomiendas de gestión; c) las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con su importe, finalidad y beneficiarios.

Artículo 16. Información económica, financiera y presupuestaria

Las personas y entidades del ámbito de la ley deberán, en su caso, publicar como mínimo: a) los presupuestos, con sus principales partidas, su estado de ejecución, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y las actuaciones de control; b) las cuentas anuales y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización de los órganos de control externo; c) la financiación de la Comunidad Autónoma; d) la Deuda Pública, con su evolución, el endeudamiento por habitante y el relativo; e) el gasto en campañas de publicidad institucional.

Artículo 17. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa

Se fomentará la inclusión de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía, y deberá incluirse aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Además, la Administración de la Junta de Andalucía publicará, en la medida en que las posibilidades técnicas y jurídicas lo permitan, toda la información facilitada en el ejercicio del derecho de acceso. El Consejo de Gobierno y las entidades locales, en su ámbito competencial y de autonomía, podrán ampliar reglamentariamente las obligaciones de publicación del título.

Artículo 18. Acceso a la publicidad activa

La información pública objeto de publicidad activa, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, estará disponible a través del Portal de la Junta de Andalucía. Además, la Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del título; esa colaboración podrá instrumentarse mediante la suscripción de convenios interadministrativos.

Artículo 19. Reutilización de la información

La información a la que se refieren los artículos anteriores se podrá reutilizar dentro de los límites de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y demás normativa vigente. A estos efectos, la información de publicidad activa se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento, y deberá utilizar estándares abiertos en los términos de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Artículo 20. Auxilio institucional

Los municipios de menor población o con insuficiente capacidad económica y de gestión podrán cumplir las obligaciones de publicidad activa del título acudiendo a la asistencia técnica de la provincia al municipio, prevista en el artículo 12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, o conforme al artículo 54 de esa misma ley, con respecto a la publicación en sede electrónica de la respectiva Diputación Provincial. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.2.

Artículo 21. Publicidad de los plenos de las entidades locales

Cuando las entidades locales celebren sesiones plenarias, facilitarán su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución.

Artículo 22. Transparencia del funcionamiento de los gobiernos

El Consejo de Gobierno y los órganos colegiados de gobierno de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de municipios, sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, harán públicos antes de sus reuniones el orden del día y, una vez celebradas, los acuerdos aprobados y la información del expediente, según se establezca reglamentariamente. Las consejerías proponentes determinarán, al remitir el expediente al Consejo de Gobierno, la información que deba reservarse; la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras fijará los criterios de coordinación.

Artículo 23. Control

Sin perjuicio del control interno que establezca cada entidad o Administración de acuerdo con sus propias normas organizativas, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía podrá efectuar requerimientos para la subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones establecidas en el título. Podrá hacerlo por iniciativa propia o como consecuencia de denuncia.

Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española y su legislación de desarrollo y en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley.

Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso solo podrá restringirse o denegarse en los términos de la legislación básica. Las limitaciones solo se aplican durante el período determinado por las leyes o mientras se mantenga la razón que las justifique, valorando la posibilidad de acceso parcial. Su aplicación será justificada y proporcionada y atenderá al caso concreto, especialmente a un interés público o privado superior que justifique el acceso. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el acceso se publicarán, previa disociación de los datos personales.

Artículo 26. Protección de datos personales

Para resolver las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales, ya sean de la propia persona solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de conformidad con lo previsto en la legislación básica de acceso a la información pública.

Artículo 27. Acceso parcial

Si a la información solicitada le resulta de aplicación alguno de los límites a que se refiere el artículo 25 de la ley, se otorgará el acceso parcial a la información pública, siempre que sea posible, y de conformidad con lo previsto en la Ley básica de acceso a la información pública.

Artículo 28. Procedimiento de acceso

El procedimiento de acceso se rige por la legislación básica en materia de transparencia y por esta ley. Lo resuelve el órgano o la entidad competente en la materia a la que se refiera la información solicitada. Si la persona interesada conoce la ubicación concreta de un documento o información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable de ese archivo, en los términos previstos en la legislación en materia de archivos.

Artículo 29. Fomento de la tramitación electrónica

Las personas o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley promoverán que las solicitudes se presenten por vía telemática, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6.d). En todo caso tendrán disponibles en sus sedes electrónicas, portales o páginas web, al menos, los modelos normalizados de solicitud. En la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación electrónica de las solicitudes de acceso se hará en el Portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 30. Reglas especiales relativas a las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso

Tres reglas sobre las causas de inadmisión de la legislación básica: a) si se inadmite porque la información está en curso de elaboración o publicación general, la denegación debe especificar el órgano que la elabora y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición; b) los informes preceptivos no pueden considerarse información auxiliar o de apoyo para inadmitir; c) no es reelaboración que justifique inadmitir la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

Artículo 31. Deber de auxilio y colaboración

Las entidades sujetas a la ley establecerán, en sus plataformas de información y guías de orientación, la orientación necesaria para localizar la información que se solicita y los órganos que la posean. Su personal está obligado a ayudar e informar a quienes lo requieran sobre la forma y el lugar en que pueden presentar sus solicitudes de acceso. En ambos deberes se atenderá especialmente a las necesidades de las personas con discapacidad o con otras circunstancias personales que les dificulten el acceso a la información o a los medios electrónicos.

Artículo 32. Plazo de resolución y notificación

Las solicitudes deben resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período si el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiere. La ampliación se notificará a la persona solicitante.

Artículo 33. Reclamaciones frente a las resoluciones

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa. Las resoluciones de las instituciones y entidades del artículo 3.1.b) y 3.2 solo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones del Consejo se publican por medios electrónicos, previa disociación de datos personales y una vez notificadas; la persona titular de su Dirección comunica al Defensor del Pueblo Andaluz las que dicte.

Artículo 34. Materialización del acceso a la información pública

La información se entrega en la forma y formato elegidos por la persona solicitante, salvo pérdida o deterioro del soporte original, falta de equipo técnico para la copia en ese formato, afectación a la propiedad intelectual o que exista una forma o formato más sencilla o económica para el erario público. Si es electrónica, en estándar abierto o, en su defecto, legible con aplicaciones sin licencia comercial de uso. Son gratuitos el examen en el sitio y la entrega por medios electrónicos. Se publicará el listado de tasas y precios públicos; no poder pagarlos no puede impedir el acceso pleno.

Artículo 35. Integración de la transparencia en la gestión

Las entidades a las que se refiere el artículo 3.1 de la ley establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de su organización interna. Además, establecerán medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de la organización.

Artículo 36. Conservación de la información

Las entidades del artículo 3.1 conservarán la información pública que obre en su poder o en el de otras personas o entidades en su nombre, en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de ello, esa información se conservará en estándares abiertos que garanticen su longevidad y manteniendo la capacidad de transformarlos automáticamente a formatos de fácil reproducción y acceso, siempre que sea técnicamente posible.

Artículo 37. Fomento de iniciativas de interoperabilidad

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la interoperabilidad de la información entre administraciones públicas. Lo hará propiciando iniciativas conjuntas de intercambio de información entre las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley.

Artículo 38. Formación

Las administraciones públicas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley establecerán los oportunos instrumentos para facilitar la formación y cualificación profesional de las personas empleadas públicas, en especial de las que deban atender las funciones de información en el ámbito de la transparencia, tanto en lo que afecte a la publicidad activa como en el caso de quienes deban atender las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de acceso.

Artículo 39. Divulgación

Las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la ley contemplarán, dentro de sus actuaciones de divulgación y difusión institucional, actuaciones específicamente dirigidas a facilitar que la ciudadanía conozca la información que resulta accesible y los cauces disponibles para acceder a ella, especialmente en referencia a la accesibilidad que en cada caso esté disponible por medios electrónicos.

Artículo 40. Coordinación administrativa

En la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades y organismos adscritos, la coordinación general en materia de transparencia la ejerce la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. Esta cuenta con una secretaría, que es soporte para preparar los trabajos y oficina administrativa para la relación con las unidades y comisiones de transparencia de cada consejería. La Comisión establece la planificación directiva y puede dictar instrucciones y fijar criterios sobre la publicidad activa y sobre el seguimiento de la planificación operativa de cada consejería.

Artículo 41. Unidades y comisiones de transparencia

En cada consejería existe una unidad de transparencia, cuyas funciones se asignan a una unidad con nivel orgánico mínimo de servicio y que actúa bajo la dependencia de la Viceconsejería. También se constituye en cada consejería una comisión de transparencia, con participación de centros directivos, archivos, entidades instrumentales y demás entidades dependientes. Su funcionamiento se regula por Decreto del Consejo de Gobierno. La Inspección General de Servicios vela por el cumplimiento de las obligaciones de los títulos II y III en la Administración de la Junta y sus entidades instrumentales.

Artículo 42. Planificación

Cada consejería establece un plan operativo en materia de transparencia, que debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones y los procedimientos para realizar la acción de transparencia en la Consejería y sus entidades y organismos adscritos. Los planes se aprueban mediante Orden y se elaboran con la participación de la correspondiente Comisión de Transparencia, según los criterios y requisitos establecidos reglamentariamente. Las actuaciones realizadas y su valoración forman parte de la información pública objeto de publicidad activa.

Artículo 43. Creación y naturaleza

Se crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía como autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma. Es una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional. Ejerce sus funciones con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las administraciones públicas. Se relaciona con la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de la Presidencia.

Artículo 44. Régimen jurídico

El Consejo tiene la consideración de Administración institucional a los efectos de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Se rige por esta ley, por esa disposición adicional y, supletoriamente, por lo dispuesto en ella para las agencias administrativas, y por sus estatutos en materia organizativa y de funcionamiento. Su régimen presupuestario, patrimonial, económico-financiero, de contabilidad e intervención es el del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; el de contratación, el de las administraciones públicas.

Artículo 45. Finalidad

El Consejo actúa en el territorio de Andalucía con dos papeles: como autoridad pública independiente de control en materia de protección de datos, en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre; y como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia, conforme a lo previsto en esta ley y en la legislación básica en la materia.

Artículo 46. Estructura del Consejo

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se compone de dos órganos: la Comisión Consultiva, con la composición y funciones previstas en el artículo 49, y la Dirección, cuyo titular preside también la Comisión Consultiva. La constitución efectiva del Consejo tiene lugar conforme a lo que determinen sus estatutos, que aprueba el Consejo de Gobierno y que contienen en todo caso su estructura, competencias, organización y funcionamiento.

Artículo 47. Dirección del Consejo

La persona que ejerce la Dirección del Consejo es nombrada por el Consejo de Gobierno por 5 años no renovables y, expirado el mandato, sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo titular. La designa el Parlamento de Andalucía, por mayoría absoluta, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional. Actúa con plena independencia, pero debe oír a la Comisión Consultiva en sus propuestas. Solo cesa antes por muerte o incapacitación judicial, renuncia o separación acordada por el Consejo de Gobierno, previo expediente y oída la Comisión Consultiva.

Artículo 48. Funciones de la Dirección

La Dirección del Consejo representa al Consejo; resuelve las reclamaciones contra resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso; adopta criterios de interpretación uniforme; presenta ante el Parlamento de Andalucía un informe anual de actuación; resuelve las consultas de las administraciones y entidades sujetas a la ley; responde a las consultas facultativas de los órganos que resuelven solicitudes de acceso; controla la publicidad activa en los términos del artículo 23, y desempeña las funciones de la legislación sobre protección de datos. La asesora la Comisión Consultiva.

Artículo 49. Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

La Comisión Consultiva es órgano de participación y consulta; sus funciones se determinan en los estatutos. La forman quien ejerce la Dirección y catorce miembros en representación de la Junta, el Parlamento (diputado o diputada), administraciones locales, universidades públicas, entidades de personas consumidoras y usuarias, entidades de intereses económicos y sociales, personas expertas, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas. Los nombra el titular de la Consejería del artículo 43.4; cesan por las causas de la Dirección o a petición de la entidad proponente.

Artículo 50. Régimen jurídico

En materia sancionadora, este artículo se limita a declarar de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El precepto no enumera infracciones ni sanciones.

Artículo 51. Responsables

Artículo 52. Infracciones de carácter disciplinario

Artículo 53. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información

Artículo 54. Infracciones de otras entidades

Artículo 55. Sanciones disciplinarias

Artículo 56. Sanciones a otras entidades

Artículo 57. Procedimiento

Artículo 58. Competencia sancionadora

Artículo 1. Objeto

El Decreto regula la organización administrativa en materia de transparencia en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales adscritas. Lo hace en desarrollo de lo establecido en el Capítulo I del Título V de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

El Decreto se aplica a la Administración de la Junta de Andalucía y a estos entes instrumentales del artículo 3.1 de la Ley 1/2014: agencias; sociedades mercantiles del sector público andaluz; fundaciones del sector público andaluz; asociaciones constituidas por la Administración de la Junta o sus entidades dependientes y órganos de cooperación, en los supuestos en que la secretaría u órgano similar corresponda a aquella o a estas; consorcios y demás entidades con personalidad jurídica no incluidas en las letras anteriores; y fondos sin personalidad jurídica.

Artículo 3. Órganos responsables de la información

En cada Consejería, los titulares de los órganos directivos centrales o periféricos competentes elaboran y ponen a disposición de las Unidades de Transparencia los contenidos de publicidad activa, y dictan y notifican las resoluciones de derecho de acceso, respondiendo de su veracidad, objetividad y actualización. Si la información afecta a más de un órgano directivo, es competente la persona titular de la Viceconsejería o, en su caso, de la Secretaría General de la que dependan. En las entidades instrumentales, los que determinen sus estatutos y, en su defecto, el máximo responsable.

Artículo 4. Órganos y unidades administrativas

La organización de la transparencia pública en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales se integra por órganos y por unidades administrativas. Órganos administrativos son tres: la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, las Comisiones de Transparencia y la Inspección General de Servicios. Unidades administrativas son dos: la Secretaría de Transparencia y las Unidades de Transparencia.

Artículo 5. Funciones de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras

A la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras le corresponde la coordinación general en materia de transparencia en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adscritas. Para ello: dicta instrucciones, fija criterios y adopta e impulsa medidas y actuaciones; establece y coordina la planificación directiva mediante pautas generales; aprueba las directrices para la confección de los planes operativos de las Consejerías; conoce la Memoria de Evaluación anual; y ejerce las demás funciones que se le asignen.

Artículo 6. Secretaría de Transparencia

La Secretaría de Transparencia es soporte de los trabajos de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras y oficina administrativa para la relación con las Unidades y Comisiones de Transparencia. Funciones: asesorar a la Comisión; elaborar las propuestas de instrucciones, medidas y actuaciones; elevarle un informe con la información agregada de las Memorias sectoriales; tramitar las solicitudes de dictámenes al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía con origen en la Comisión; recabar información; y coordinar la actividad de las Unidades de Transparencia.

Artículo 7. Organización de la Secretaría de Transparencia

La Secretaría de Transparencia actúa bajo la dependencia de la Viceconsejería de la Consejería competente en materia de transparencia y queda integrada en su relación de puestos de trabajo. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con los puestos de trabajo que determine la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Artículo 8. Unidades de Transparencia

En cada Consejería existe una Unidad de Transparencia, asignada a una unidad administrativa con nivel orgánico de servicio, bajo la dependencia de la Viceconsejería. Las entidades instrumentales actúan bajo la coordinación de la Unidad de la Consejería o Agencia de la que dependan o estén vinculadas. Por decreto del Consejo de Gobierno pueden constituirse Unidades en agencias por el volumen o especialidad de sus recursos de información. El responsable se identifica en el Portal de la Junta de Andalucía (persona titular, teléfono y correo electrónico) y en los Registros Generales de Documentos.

Artículo 9. Funciones de las Unidades de Transparencia

Las Unidades de Transparencia ejercen, en concreto: coordinar las actuaciones y velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia; colaborar con la Secretaría de Transparencia; seguir la ejecución del Plan Operativo; recabar, difundir y supervisar la información de publicidad activa; dar curso a las solicitudes de acceso recibidas en la Unidad y trasladarlas al órgano o entidad competente para su resolución; apoyar y asesorar a los órganos competentes; asistir a las personas; llevar el control de las solicitudes y comunicar los datos a la Secretaría; e impulsar la formación.

Artículo 10. Formación del personal adscrito a las Unidades de Transparencia

El personal adscrito a las Unidades de Transparencia recibirá formación especializada en el ámbito de la transparencia. Esa formación se recibe a través del Instituto Andaluz de Administración Pública y su fin es que el personal desarrolle eficazmente sus funciones.

Artículo 11. Comisiones de Transparencia

En cada Consejería se constituirá una Comisión de Transparencia. Participan en ella los distintos centros directivos, los archivos y las entidades instrumentales dependientes, para asegurar la implementación de la transparencia de forma homogénea en su ámbito de actuación.

Artículo 12. Composición y funcionamiento de las Comisiones de Transparencia

Preside la Comisión de Transparencia la persona titular de la Viceconsejería. Forman parte, además: la persona responsable de la Unidad de Transparencia; una persona representante de cada centro directivo, con al menos nivel orgánico de jefatura de servicio; las personas responsables de los Archivos Centrales; y la persona titular de la Unidad u órgano responsable de cada entidad instrumental adscrita. La Secretaría la ejerce la persona responsable de la Unidad de Transparencia de la Consejería. Se reúne semestralmente y, en todo caso, cuando la convoque la Presidencia.

Artículo 13. Funciones de las Comisiones de Transparencia

Las Comisiones de Transparencia, en su ámbito, tienen cinco funciones: proponer actuaciones en materia de transparencia; facilitar la colaboración de los centros directivos, archivos y entidades dependientes con la Unidad de Transparencia; elaborar las propuestas del Plan Operativo y la Memoria de Evaluación anual y elevarlas para su aprobación a la persona titular de la Consejería; elaborar y actualizar una relación de contenidos, incluyendo la variable sexo cuando se refieran a personas; y las demás necesarias para una correcta aplicación de las disposiciones.

Artículo 14. Plan operativo y memoria anual

El Plan Operativo comprende las actuaciones de la Consejería y de sus entidades instrumentales e incorpora, como mínimo, ocho contenidos: estructura organizativa; responsabilidades; funciones; procedimientos; objetivos generales y específicos; tareas y medidas; relación de contenidos informativos y fuentes de información; y sistemas de seguimiento y control. En la Memoria Anual se consideran cinco aspectos: actuaciones realizadas; datos estadísticos sobre publicidad activa y derecho de acceso; cumplimiento de objetivos del Plan; propuestas de actuación; y otros aspectos de interés.

Artículo 15. Funciones de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía

A la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía le corresponde velar por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública en todo lo aplicable a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Lo hace de acuerdo con su Reglamento, aprobado por Decreto 314/2002, de 30 de diciembre, mediante las actuaciones ordinarias que se realicen en cumplimiento del Plan General de Inspección y las actuaciones extraordinarias que se ordenen por los órganos competentes.

Artículo 16. Relaciones con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y consultas

Cauces con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Las relaciones institucionales de la Administración de la Junta, a través de la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia. Las derivadas de las competencias del Consejo como autoridad independiente de control, por las personas titulares de las Consejerías o por quienes ejerzan la máxima responsabilidad en las entidades. Las consultas facultativas de los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso, a través de las correspondientes Unidades de Transparencia.

Artículo único. Aprobación de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

El artículo único del Decreto 434/2015 aprueba los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Lo hace en el ejercicio de la previsión contenida en el artículo 46.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 1. Naturaleza jurídica del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 1/2014 y el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999. Se configura como entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus cometidos.

Artículo 2. Independencia

El Consejo ejerce sus funciones con cuatro notas: objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de esas funciones.

Artículo 3. Finalidad del Consejo

En materia de transparencia, el Consejo tiene como finalidad velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en publicidad activa como en la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública. En materia de protección de datos, velar por el cumplimiento de su normativa, garantizando el ejercicio de los derechos que esta reconoce. Ejerce las funciones atribuidas por el Capítulo II del Título V de la Ley 1/2014, de 24 de junio.

Artículo 4. Principios de funcionamiento

La actuación del Consejo debe inspirarse en los principios de los artículos 6 y 43.3 de la Ley 1/2014. Prestará especial atención al contenido de la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Además, ponderará el interés público en el derecho de acceso a la información pública con el derecho de las personas afectadas cuyos datos aparezcan en la información publicada o solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos, y con el resto de límites de la Ley 19/2013.

Artículo 5. Ámbito de actuación del Consejo

En transparencia pública, el Consejo ejerce sus competencias sobre las personas y entidades de los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1/2014, salvo las excepciones, en materia de reclamaciones, del artículo 33.2 de esa Ley. En protección de datos, en aplicación del artículo 82 del Estatuto de Autonomía, las ejerce sobre las instituciones autonómicas de Andalucía, la Administración autonómica, las Administraciones Locales, las universidades del sistema universitario andaluz y las entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas.

Artículo 6. Sede del Consejo

Artículo 7. Régimen jurídico del Consejo

El Consejo tiene la consideración de Administración Institucional a los efectos de la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2007; por eso se configura como entidad pública con personalidad jurídica propia y autonomía orgánica y funcional. Se rige por sus Estatutos y por: la Ley 1/2014; la citada Disposición adicional y, supletoriamente, lo dispuesto para las agencias administrativas; la Ley 19/2013 en sus artículos básicos; la Ley Orgánica 15/1999; la Ley 30/1992, y las demás normas aplicables.

Artículo 8. Estructura y funcionamiento del Consejo

El Consejo tiene dos órganos: la Dirección, unipersonal, y la Comisión Consultiva. A la Dirección se adscriben, como estructura mínima, el Área de Transparencia, el Área de Protección de Datos, la Secretaría General y la Asesoría Jurídica. Los responsables de las Áreas y de la Secretaría General los nombra la persona titular de la Dirección entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1, por libre designación. La Secretaría General sustituye a las Áreas; a ella, Transparencia o Protección de Datos, en ese orden. Los actos de la Dirección son ejecutivos y ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 9. Rango e incompatibilidades de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

La persona titular de la Dirección es Alto Cargo, con rango asimilado a Viceconsejería, y actúa con plena independencia, neutralidad, dedicación exclusiva y objetividad, pero debe oír a la Comisión Consultiva cuando esta deba ser o sea consultada. Se le aplican el régimen de incompatibilidades de los Altos Cargos de la Junta y el de buen gobierno de la Ley 19/2013. El cargo es además incompatible con cargos electos o de designación política, puestos en las Administraciones, la afiliación a partidos, sindicatos u organizaciones empresariales e intereses en empresas relacionadas con el Consejo.

Artículo 10. Funciones de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

La persona titular de la Dirección dirige, gestiona y representa al Consejo y preside la Comisión Consultiva. Le corresponde dictar actos, resoluciones, instrucciones, recomendaciones y directrices; aprobar y remitir el Informe anual al Parlamento, al Consejo de Gobierno, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a la Agencia Española de Protección de Datos; firmar convenios; acordar acciones judiciales y ejercer la potestad sancionadora. En gestión: dirección superior del personal, propuesta de relación de puestos, Anteproyecto de Presupuestos.

Artículo 11. Nombramiento y cese de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Designa el Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, entre personas de reconocido prestigio con experiencia mínima de quince años en materias de administración pública. Nombra el Consejo de Gobierno por decreto, a propuesta de la Consejería competente en transparencia, por cinco años no renovables. Cese anticipado: muerte o incapacitación judicial, renuncia o separación acordada por el Consejo de Gobierno, oída la Comisión Consultiva; la Consejería pide nueva designación en quince días. Suple la Secretaría General. El fin del mandato se comunica al Parlamento con tres meses de antelación.

Artículo 12. Composición y estatuto personal de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

La Comisión Consultiva es el órgano de participación y consulta. La forman la persona que ejerce la Dirección, que la preside, y catorce miembros nombrados por la persona titular de la Consejería competente en transparencia, con efectos desde su publicación en el BOJA. Proponen: Junta (2), Parlamento (1, Diputado), Defensor del Pueblo Andaluz (1), Cámara de Cuentas (1, Consejero), Administraciones Locales (1), Universidades Públicas (1), consumidores (1), sindicatos (2), empresarios (1) y tres personas expertas. Las propuestas se piden con un mes de antelación e incluyen titular y suplente.

Artículo 13. Mandato, renovación y cese de los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

Titulares y suplentes de la Comisión Consultiva desempeñan el cargo cinco años desde la publicación de su nombramiento, prorrogables por una sola vez salvo que se comunique propuesta de nueva persona con un mes de antelación. Cesan anticipadamente en los supuestos del artículo 11.3, por decisión de la entidad proponente o por pérdida de la condición que habilitó su designación. La entidad proponente comunica el cese a la Consejería competente en transparencia con una nueva propuesta; la Consejería nombra y publica en el BOJA. Los nuevos miembros completan el mandato pendiente.

Artículo 14. Régimen de funcionamiento de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

Los miembros de la Comisión Consultiva están sujetos a abstención y recusación y no cobran retribución, sin perjuicio de las indemnizaciones por asistencia. Las decisiones se adoptan por mayoría de los asistentes, con voto de calidad de la Presidencia. Se reúne cada tres meses, y en extraordinaria por decisión de la Presidencia o solicitud motivada de un tercio de los miembros. La Secretaría la ejerce la persona titular de la Secretaría General, con voz y sin voto. Las actas son públicas. Quórum: Presidencia, Secretaría y la mitad de los miembros en primera convocatoria; un tercio en segunda.

Artículo 15. Funciones de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

La Comisión Consultiva asesora a la Dirección y le formula propuestas, es oída en la separación de la persona titular de la Dirección y de sus propios miembros, informa con carácter preceptivo los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales sobre materias del Consejo, analiza la propuesta de Informe anual antes de su remisión al Parlamento y ejerce las que le atribuya la Dirección. Puede pedir información a la Dirección y crear subcomisiones o grupos de trabajo con sus propios miembros. La Dirección le remite trimestralmente información sobre la actividad del Consejo.

Artículo 16. Personal

El personal del Consejo lo determina la relación de puestos de trabajo, y su provisión y régimen se someten a la legislación de función pública de la Junta de Andalucía. La propuesta de relación de puestos la elabora la Dirección. Las funciones que impliquen participación directa o indirecta de potestades públicas o salvaguardia de intereses generales se atribuyen exclusivamente a funcionarios de carrera. Todo el personal debe guardar reserva, incluso después de cesar. El personal funcionario que realice funciones de investigación tiene el carácter de agente de la autoridad.

Artículo 17. Contratación

El Consejo tiene la consideración de administración pública a los efectos de la legislación de contratos del sector público, según el artículo 3.2 d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Su órgano de contratación es la Dirección, sin perjuicio de las competencias que pueda delegar.

Artículo 18. Patrimonio

El régimen de patrimonio del Consejo se ajusta a la legislación de patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la normativa de carácter básico. Su patrimonio lo integran los bienes y derechos que le sean adscritos o cedidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía o por cualquier otra Administración Pública, y todos los que adquiera o reciba por cualquier título.

Artículo 19. Recursos económicos

El Consejo se financia con seis clases de recursos: las asignaciones del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía; las subvenciones que se le concedan; los rendimientos de sus publicaciones, estudios y demás actuaciones; las contraprestaciones derivadas de los convenios que firme; los rendimientos de los bienes o valores de su patrimonio, y cualesquiera otros que pueda recibir según el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 20. Régimen presupuestario y de control

La Dirección aprueba el Anteproyecto de Presupuesto, que se remite a la Consejería competente en materia de Hacienda a través de la Consejería competente en materia de transparencia, para incorporarse como sección del Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. El Consejo está sometido al régimen de presupuestos, intervención y contabilidad del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública y de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio. El control interno y la contabilidad corresponden a una Intervención Delegada.

Artículo 1. Objeto de la ley

La ley orgánica tiene dos objetos: a) adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y completar sus disposiciones; b) garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato del artículo 18.4 de la Constitución. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por ese artículo 18.4, se ejerce con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 y a esta ley orgánica.

Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94

Los Títulos I a IX y los artículos 89 a 94 se aplican a todo tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y al no automatizado de datos contenidos o destinados a un fichero. La ley no se aplica a los tratamientos excluidos por el artículo 2.2 del Reglamento general, a los de personas fallecidas (sin perjuicio del artículo 3) ni a los de materias clasificadas. Régimen electoral, instituciones penitenciarias y Registro Civil, de la Propiedad y Mercantiles: legislación específica y, supletoriamente, Reglamento y ley. Órganos judiciales y Ministerio Fiscal: Reglamento y ley.

Artículo 3. Datos de las personas fallecidas

Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho y sus herederos pueden pedir al responsable o encargado el acceso a sus datos y, en su caso, su rectificación o supresión, salvo prohibición expresa del fallecido o de una ley; esa prohibición no afecta al acceso de los herederos a los datos patrimoniales. También pueden las personas o instituciones designadas expresamente (requisitos por real decreto). Menores: además, representantes legales o Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de interesado. Con discapacidad: además, los designados para funciones de apoyo.

Artículo 4. Exactitud de los datos

Los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. La inexactitud no es imputable al responsable, siempre que haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, cuando los datos inexactos: a) se obtuvieron directamente del afectado; b) se obtuvieron de un mediador o intermediario previsto por las normas del sector, que asume las responsabilidades si comunica datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado; c) se recibieron de otro responsable por el derecho a la portabilidad; d) se obtuvieron de un registro público.

Artículo 5. Deber de confidencialidad

Los responsables y encargados del tratamiento, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, están sujetos al deber de confidencialidad del artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. Esta obligación general es complementaria de los deberes de secreto profesional, de conformidad con su normativa aplicable. Ambas obligaciones se mantienen aun cuando haya finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado

El consentimiento del afectado es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta, mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de sus datos. Si el tratamiento se funda en el consentimiento para una pluralidad de finalidades, debe constar de manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas. No puede supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta tratamientos para finalidades sin relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad

El tratamiento de los datos de un menor de edad solo puede fundarse en su propio consentimiento cuando sea mayor de catorce años, salvo que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para celebrar el acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento. Para los menores de catorce años, el tratamiento fundado en el consentimiento solo es lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen esos titulares.

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos

El tratamiento solo puede considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable cuando lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento, los tipos de datos y las cesiones que procedan, e imponer condiciones especiales como medidas adicionales de seguridad. Solo puede considerarse fundado en una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

Artículo 9. Categorías especiales de datos

A fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición de tratar datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico; sí cabe tratarlos al amparo de los restantes supuestos del artículo 9.2 del Reglamento. Los tratamientos de sus letras g), h) e i) fundados en el Derecho español deben ampararse en una norma con rango de ley, que puede añadir requisitos de seguridad y confidencialidad y amparar tratamientos en el ámbito de la salud.

Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal

El tratamiento de datos de condenas e infracciones penales, y procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de la ejecución de sanciones penales, solo cabe si lo ampara una norma de Derecho de la Unión, esta ley orgánica u otras normas de rango legal. El registro completo puede hacerse conforme a la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Fuera de eso, solo abogados y procuradores, con la información de sus clientes.

Artículo 11. Transparencia e información al afectado

Si los datos se obtienen del afectado, el responsable puede cumplir el deber de información dando la información básica e indicando una dirección electrónica u otro medio de acceso sencillo e inmediato al resto. La información básica contiene, al menos: identidad del responsable y de su representante, finalidad y posibilidad de ejercer los derechos; si hay elaboración de perfiles, también esa circunstancia y el derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas. Si los datos no se obtienen del afectado, se añaden las categorías de datos y las fuentes de las que procedan.

Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos

Los derechos de los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 se ejercen directamente o por representante legal o voluntario. El responsable debe informar de los medios, que serán fácilmente accesibles, y no puede denegar el ejercicio solo porque el afectado opte por otro medio. El encargado puede tramitar las solicitudes si lo prevé el contrato o acto jurídico. La prueba de haber respondido recae en el responsable. Los titulares de la patria potestad pueden actuar por los menores de catorce años. Las actuaciones del responsable son gratuitas, con las salvedades que el artículo cita.

Artículo 13. Derecho de acceso

Si el responsable trata una gran cantidad de datos y el afectado no concreta, puede pedirle, antes de informar, que especifique los datos o actividades de tratamiento. El acceso se entiende otorgado con un sistema de acceso remoto, directo y seguro que garantice de modo permanente el acceso a la totalidad; basta comunicar cómo acceder. Puede considerarse repetitivo ejercerlo más de una vez en seis meses, salvo causa legítima. Si el afectado elige un medio distinto del ofrecido con coste desproporcionado, la solicitud es excesiva y él asume el exceso de costes.

Artículo 14. Derecho de rectificación

Al ejercer el derecho de rectificación, el afectado debe indicar en su solicitud dos cosas: a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Además, cuando sea preciso, debe acompañar la documentación que justifique la inexactitud o el carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

Artículo 15. Derecho de supresión

El derecho de supresión se ejerce conforme al artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. Regla propia: cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición del artículo 21.2 del Reglamento, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento

El derecho a la limitación del tratamiento se ejerce conforme al artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679. Regla propia: el hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.

Artículo 17. Derecho a la portabilidad

Artículo 18. Derecho de oposición

El derecho de oposición y los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercen de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. El artículo no añade ninguna regla propia: se limita a remitir.

Artículo 19. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales

Salvo prueba en contrario, se presume amparado en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto, y en su caso de función o puesto, de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica, si se refiere únicamente a los datos necesarios para su localización profesional y su finalidad es únicamente mantener relaciones con esa persona jurídica. Igual para empresarios individuales y profesionales liberales cuando los datos se refieran a ellos solo en esa condición y no se traten para relacionarse con ellos como personas físicas.

Artículo 20. Sistemas de información crediticia

Salvo prueba en contrario, es lícito tratar impagos en sistemas comunes de información crediticia si: los facilita el acreedor o quien actúe por su cuenta; son deudas ciertas, vencidas y exigibles no reclamadas; el acreedor informó al afectado en el contrato o al requerir el pago; duran mientras persista el incumplimiento, máximo cinco años desde el vencimiento; y la consulta está restringida. El sistema notifica la inclusión en los treinta días siguientes a recibir la deuda, con los datos bloqueados. Sistema y acreedores son corresponsables. La presunción no ampara el perfilado.

Artículo 21. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles

Salvo prueba en contrario, se presumen lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, derivados de una modificación estructural de sociedades o de la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, si son necesarios para el buen fin de la operación y garantizan, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios. Si la operación no llega a concluirse, la entidad cesionaria debe suprimir los datos con carácter inmediato, sin obligación de bloqueo.

Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden tratar imágenes de cámaras para la seguridad de personas, bienes e instalaciones. La vía pública solo se capta en lo imprescindible, con mayor extensión para bienes o instalaciones estratégicos o infraestructuras de transporte, y nunca el interior de un domicilio privado. Se suprimen en un mes desde su captación, salvo para acreditar actos contra personas, bienes o instalaciones: entonces van a la autoridad competente en setenta y dos horas desde que se conoce la grabación. No hay bloqueo. Se informa con un dispositivo visible.

Artículo 23. Sistemas de exclusión publicitaria

Es lícito tratar datos para evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes se hayan negado u opuesto a recibirlas. Pueden crearse sistemas de información, generales o sectoriales, con solo los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Sus responsables comunican la creación a la autoridad de control, que publica la relación en su sede electrónica. El responsable ante quien alguien rechace las comunicaciones comerciales debe informarle de estos sistemas. Quien haga mercadotecnia directa debe consultarlos antes, salvo que el afectado le hubiera dado su consentimiento.

Artículo 24. Tratamiento de datos para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas

Declara lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para garantizar la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Esos tratamientos se rigen por tres normas: el Reglamento (UE) 2016/679, la propia Ley Orgánica 3/2018 y la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Artículo 25. Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública

La función estadística pública trata los datos según su legislación específica, el Reglamento (UE) 2016/679 y la ley orgánica. La comunicación de datos a los órganos estadísticos solo se ampara en el artículo 6.1 e) del Reglamento si la estadística la exige una norma de Derecho de la Unión Europea o figura en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos. Los datos de los artículos 9 y 10 del Reglamento son de aportación estrictamente voluntaria y requieren consentimiento expreso. Los derechos de los artículos 15 a 22 pueden denegarse si hay secreto estadístico.

Artículo 26. Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas

Declara lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo en interés público. Se somete al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, con las especialidades derivadas de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, del Real Decreto 1708/2011, que establece el Sistema Español de Archivos, y de la legislación autonómica que resulte de aplicación.

Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas

El tratamiento de datos de infracciones y sanciones administrativas, incluidos los registros, exige dos condiciones: que el responsable sea el órgano competente para instruir el procedimiento sancionador, declarar la infracción o imponer la sanción, y que se limite a los datos estrictamente necesarios. Si falta alguna, hace falta consentimiento del interesado o autorización por norma con rango de ley. Fuera de esos casos, solo cabe si lo realizan abogados y procuradores para recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento

Responsables y encargados determinan las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE) 2016/679, la ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial, y valoran si procede la evaluación de impacto y la consulta previa. Tendrán en cuenta los mayores riesgos de: discriminación, usurpación de identidad o fraude; privación de derechos; categorías especiales de datos; perfiles; menores y personas con discapacidad; tratamiento masivo, y transferencias habituales sin nivel adecuado de protección.

Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento

Cuando hay varios corresponsables del tratamiento, las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se determinan atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de ellos. El único criterio que da el artículo es, pues, la actividad efectiva de cada corresponsable.

Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea

Si el Reglamento (UE) 2016/679 se aplica, por su artículo 3.2, a un responsable o encargado no establecido en la Unión Europea y el tratamiento se refiere a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o las autoridades autonómicas podrán imponer al representante, solidariamente con aquel, las medidas del Reglamento. Ello no excluye la responsabilidad del responsable o encargado ni la acción de repetición del representante. De los daños y perjuicios del artículo 82 del Reglamento responden solidariamente responsables, encargados y representantes.

Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento

Responsables y encargados o, en su caso, sus representantes mantendrán el registro de actividades de tratamiento del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo la excepción de su apartado 5. El registro podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos y especificará, según sus finalidades, las actividades de tratamiento. Si hay delegado de protección de datos, se le comunicará cualquier adición, modificación o exclusión. Los sujetos del artículo 77.1 publicarán un inventario accesible por medios electrónicos con la información del artículo 30 del Reglamento y su base legal.

Artículo 32. Bloqueo de los datos

El responsable debe bloquear los datos cuando los rectifique o suprima. Bloquear es identificarlos y reservarlos, con medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluida su visualización, salvo su puesta a disposición de jueces y tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes para exigir responsabilidades, solo por el plazo de prescripción de estas; después se destruyen. Si el sistema no permite el bloqueo o exige un esfuerzo desproporcionado, se hace un copiado seguro. Las autoridades de protección de datos pueden fijar excepciones.

Artículo 33. Encargado del tratamiento

El acceso del encargado a los datos necesarios para prestar el servicio no es comunicación de datos si se cumple la normativa. Es responsable, y no encargado, quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro establezca relaciones con los afectados (salvo encargos de contratación del sector público) y quien, figurando como encargado, use los datos para fines propios. Al acabar el servicio, el responsable decide si los datos se destruyen, se devuelven o se entregan a un nuevo encargado. El encargado puede conservarlos bloqueados si pudieran derivarse responsabilidades.

Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos

Deben designar delegado de protección de datos los responsables y encargados en los supuestos del artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, las entidades de las letras a) a o), como colegios profesionales, centros docentes y universidades, entidades de crédito, aseguradoras, centros sanitarios, seguridad privada o federaciones deportivas con datos de menores. Los demás pueden hacerlo voluntariamente. Designaciones, nombramientos y ceses se comunican en diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o a las autoridades autonómicas, que llevan una lista actualizada.

Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos

El cumplimiento de los requisitos para designar al delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, mediante mecanismos voluntarios de certificación. Esos mecanismos tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.

Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos

El delegado es interlocutor del responsable o encargado ante la AEPD y las autoridades autonómicas; puede inspeccionar procedimientos y emitir recomendaciones. Si es persona física integrada en la organización, no puede ser removido ni sancionado por desempeñar sus funciones, salvo dolo o negligencia grave. Se garantiza su independencia, evitando conflictos de intereses. Accede a datos y procesos sin que quepa oponerle confidencialidad o secreto. Si aprecia una vulneración relevante, la documenta y la comunica inmediatamente a los órganos de administración y dirección.

Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos

Si hay delegado designado, el afectado puede dirigirse a él antes de reclamar ante la AEPD o la autoridad autonómica; el delegado le comunicará la decisión en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la reclamación. Si el afectado reclama ante la autoridad, esta puede remitir la reclamación al delegado para que responda en un mes; si no comunica la respuesta, la autoridad continúa el procedimiento. El procedimiento ante la AEPD es el del Título VIII y sus normas de desarrollo; las comunidades autónomas regulan el suyo.

Artículo 38. Códigos de conducta

Los códigos de conducta vinculan a quienes se adhieran y pueden tener mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. Pueden promoverlos también empresas o grupos de empresas. Los adheridos someten al organismo de supervisión las reclamaciones que no consideren procedente atender; si este las rechaza o no se le someten, el afectado puede acudir a la AEPD o a la autoridad autonómica. Los aprueba la AEPD o la autoridad autonómica competente, que mantienen registros interconectados y accesibles por medios electrónicos. Un real decreto fijará el contenido del registro.

Artículo 39. Acreditación de instituciones de certificación

Sin perjuicio de las funciones y poderes de acreditación de la autoridad de control competente, la acreditación de las instituciones de certificación podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La ENAC comunicará a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de protección de datos de las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o revocaciones de las acreditaciones, así como su motivación.

Artículo 40. Régimen de las transferencias internacionales de datos

Las transferencias internacionales de datos se rigen por el Reglamento (UE) 2016/679, por esta ley orgánica y sus normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno, y por las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos y de las autoridades autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus respectivas competencias. En todo caso, a los tratamientos en que consista la propia transferencia se les aplican las disposiciones de esas normas, en particular las que regulan los principios de protección de datos.

Artículo 41. Supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos

La AEPD y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán adoptar cláusulas contractuales tipo para transferencias internacionales, que se someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos. También podrán aprobar normas corporativas vinculantes: el procedimiento se inicia a instancia de una entidad situada en España, dura como máximo nueve meses, se suspende al remitir el expediente al Comité para dictamen y continúa tras su notificación a la autoridad competente.

Artículo 42. Supuestos sometidos a autorización previa de las autoridades de protección de datos

Las transferencias a países u organizaciones internacionales sin decisión de adecuación de la Comisión ni amparo en las garantías previstas requieren autorización previa de la AEPD o, en su caso, de la autoridad autonómica. Puede otorgarse: a) si se basan en cláusulas contractuales que no sean las cláusulas tipo; b) si las realizan los responsables o encargados del artículo 77.1 con base en acuerdos internacionales no normativos, incluidos los memorandos de entendimiento. Duración máxima: seis meses. La remisión del expediente al Comité Europeo suspende el procedimiento.

Artículo 43. Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de protección de datos competente

Los responsables del tratamiento deben informar a la AEPD o, en su caso, a las autoridades autonómicas de cualquier transferencia internacional que pretendan realizar sobre la base de su necesidad para fines relacionados con intereses legítimos imperiosos. También informarán a los afectados de la transferencia y de esos intereses. La información se facilita con carácter previo a la transferencia. No se aplica a las actividades de las autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes públicos.

Artículo 44. Disposiciones generales

La AEPD es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos. Su denominación oficial es «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente». Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Es representante común de las autoridades españolas en el Comité Europeo de Protección de Datos. Colabora con el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la Fiscalía General del Estado.

Artículo 45. Régimen jurídico

La Agencia Española de Protección de Datos se rige por el Reglamento (UE) 2016/679, por esta ley orgánica y por sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia, se rige por las normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Su Estatuto lo aprueba el Gobierno, a propuesta de la propia Agencia, mediante real decreto.

Artículo 46. Régimen económico presupuestario y de personal

La Agencia elabora y aprueba su presupuesto y lo remite al Gobierno para integrarlo, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado. Modificaciones: hasta el 3 % de la cifra inicial del presupuesto total de gastos las autoriza la Presidencia (sin incrementar gastos de personal); las restantes que no excedan del 5 %, el Ministerio de Hacienda; las demás, el Gobierno. El resultado positivo de sus ingresos va a reservas. Personal funcionario o laboral. Aprueba su relación de puestos de trabajo. Control de la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 47. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos

Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de la ley orgánica y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones del artículo 57 y las potestades del artículo 58 de ese reglamento, de la propia ley orgánica y de sus disposiciones de desarrollo. Además, desempeña las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.

Artículo 48. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos

La Presidencia dirige la Agencia, la representa y dicta sus resoluciones, circulares y directrices; la auxilia un Adjunto. Ambos actúan con plena independencia y objetividad. Los nombra el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia, con ratificación de la Comisión de Justicia del Congreso por tres quintos o, en segunda votación, mayoría absoluta con votos de al menos dos grupos. Mandato de cinco años, renovable por otro igual. Cese anticipado: a petición propia o por separación por cuatro causas. Sus actos ponen fin a la vía administrativa y se recurren ante la Audiencia Nacional.

Artículo 49. Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos

El Consejo Consultivo asesora a la Presidencia de la Agencia. Lo integran un Diputado, un Senador, un representante del Consejo General del Poder Judicial, otro de la Administración General del Estado, uno por cada Comunidad Autónoma con Autoridad de protección de datos, representantes y expertos; son dos los expertos de las Organizaciones Empresariales y dos los de las organizaciones sindicales más representativas. Los nombra el Ministro de Justicia por orden publicada en el BOE. Se reúne cuando lo disponga la Presidencia y, en todo caso, una vez al semestre. Sus decisiones no vinculan.

Artículo 50. Publicidad

La Agencia publica las resoluciones de su Presidencia que: declaren haber lugar o no a la atención de los derechos de los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679; pongan fin a los procedimientos sancionadores y a los de apercibimiento; archiven las actuaciones previas de investigación; se dicten respecto de las entidades del artículo 77.1 de la ley orgánica; impongan medidas cautelares; y las demás que disponga su Estatuto.

Artículo 51. Ámbito y personal competente

La Agencia investiga a través de las actuaciones del Título VIII y de los planes de auditoría preventivas. La investigación la realizan funcionarios de la Agencia o funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su Presidencia. En actuaciones conjuntas, el personal de autoridades de control de otros Estados miembros actúa con arreglo a la ley orgánica y bajo la orientación y en presencia del personal de la Agencia. Los funcionarios que investigan son agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y deben guardar secreto, incluso después de haber cesado.

Artículo 52. Deber de colaboración

Las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, y los particulares deben dar a la Agencia los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para investigar. Si no ha podido identificar al responsable por otros medios, la Agencia puede recabar de las Administraciones los datos imprescindibles y, de operadores y prestadores, datos de telefonía (número de origen ocultado, abonado, confirmación de llamada) o de Internet (dirección de protocolo, fecha y hora, abonado). Quedan excluidos los datos de tráfico tratados solo para cumplir la Ley 25/2007.

Artículo 53. Alcance de la actividad de investigación

Quienes investigan pueden recabar informaciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o el envío de documentos y datos, examinarlos donde estén depositados o donde se realicen los tratamientos, obtener copia, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte. El acceso al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado exige su consentimiento o autorización judicial. En órganos u oficinas judiciales, la inspección se efectúa a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 53 bis. Actuaciones de investigación a través de sistemas digitales

Las actuaciones de investigación pueden hacerse por sistemas digitales que, mediante videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre la Agencia y el inspeccionado. Deben garantizar la transmisión y recepción seguras de documentos e información y, en su caso, recoger las evidencias y el resultado asegurando su autoría, autenticidad e integridad. Se usan cuando lo determine la Agencia y con la conformidad del inspeccionado sobre su uso y sobre la fecha y hora.

Artículo 54. Planes de auditoría

La Presidencia de la Agencia puede acordar planes de auditoría preventiva referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad, para analizar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la ley orgánica mediante actividades de investigación. A resultas de ellos puede dictar directrices generales o específicas para un concreto responsable o encargado y pedir, al elaborarlas, la colaboración de los organismos de supervisión de los códigos de conducta y de resolución extrajudicial de conflictos, si los hubiere. Las directrices son de obligado cumplimiento.

Artículo 55. Potestades de regulación. Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos

La Presidencia de la Agencia puede dictar disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad al aplicar el Reglamento (UE) 2016/679 y la ley orgánica; se denominan «Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos». Se elaboran conforme al procedimiento del Estatuto de la Agencia, que debe prever los informes técnicos y jurídicos necesarios y la audiencia a los interesados. Son obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 56. Acción exterior

La Agencia Española de Protección de Datos es titular de la acción exterior del Estado en protección de datos. Las comunidades autónomas, mediante sus autoridades autonómicas, son sujetos de la acción exterior en sus competencias y pueden celebrar acuerdos internacionales administrativos y acuerdos no normativos, estos últimos no vinculantes jurídicamente. La Agencia es la representante común en el Comité Europeo de Protección de Datos, informa a las autonómicas de sus decisiones y recaba su parecer en materias de su competencia. Colabora con otros Estados, en particular en Iberoamérica.

Artículo 57. Autoridades autonómicas de protección de datos

Las autoridades autonómicas de protección de datos pueden ejercer, de acuerdo con la normativa autonómica, las funciones y potestades de los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679 sobre tres grupos de tratamientos: los del sector público de la Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales de su ámbito territorial (y de quienes presten servicios por gestión directa o indirecta); los de personas físicas o jurídicas para el ejercicio de funciones públicas en materias de competencia autonómica o local; y los previstos expresamente en los Estatutos de Autonomía. Pueden dictar circulares.

Artículo 58. Cooperación institucional

La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convoca a las autoridades autonómicas, por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de la ley orgánica. En todo caso se celebran reuniones semestrales de cooperación. La Presidencia y las autoridades autonómicas pueden solicitar y deben intercambiarse la información necesaria para sus funciones, en particular la relativa al Comité Europeo de Protección de Datos, y pueden constituir grupos de trabajo sobre asuntos de interés común.

Artículo 59. Tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679

Si la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considera que un tratamiento realizado en materias de competencia de las autoridades autonómicas vulnera el Reglamento (UE) 2016/679, puede requerirlas para que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación. Si la autoridad autonómica no atiende el requerimiento en plazo o las medidas adoptadas no suponen la cesación del tratamiento ilícito, la Agencia puede ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 60. Coordinación en caso de emisión de dictamen por el Comité Europeo de Protección de Datos

Cuando las autoridades autonómicas de protección de datos, como autoridades competentes, deban someter su proyecto de decisión al Comité Europeo de Protección de Datos o le soliciten el examen de un asunto, todas las comunicaciones entre el Comité y esas autoridades se practican por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos. En estos casos, la Agencia es asistida por un representante de la Autoridad autonómica en su intervención ante el Comité.

Artículo 61. Intervención en caso de tratamientos transfronterizos

Las autoridades autonómicas tienen la condición de autoridad de control principal o interesada en el procedimiento del artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando se trate de un tratamiento del artículo 57 de la ley orgánica realizado por un responsable o encargado de los previstos en el artículo 56 del Reglamento, salvo que desarrolle significativamente tratamientos de la misma naturaleza en el resto del territorio español. En esos casos intervienen ellas en el procedimiento e informan a la Agencia sobre su desarrollo cuando deba aplicarse el mecanismo de coherencia.

Artículo 62. Coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Europeo de Protección de Datos

Cuando las autoridades autonómicas, como autoridades principales, deban solicitar al Comité Europeo de Protección de Datos una decisión vinculante, todas las comunicaciones entre ellas y el Comité se practican por conducto de la Agencia. Las autoridades autonómicas que sean autoridad interesada no principal informan a la Agencia cuando el asunto se remita al Comité y le facilitan la documentación e información necesarias para su tramitación. La Agencia es asistida por un representante de la autoridad autonómica interesada en su intervención ante el Comité.

Artículo 63. Régimen jurídico

El Título se aplica a los procedimientos de la Agencia cuando un afectado reclame que no se ha atendido su solicitud de ejercicio de los derechos de los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y cuando la Agencia investigue una posible infracción del reglamento o de la ley orgánica. Se rigen por el Reglamento, la ley orgánica, sus disposiciones reglamentarias de desarrollo y, subsidiariamente y en cuanto no las contradigan, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos. El Gobierno los regulará por real decreto, asegurando los derechos de defensa y audiencia.

Artículo 64. Forma de iniciación del procedimiento y duración

Si el procedimiento se refiere solo a la falta de atención de un derecho, se inicia por acuerdo de admisión a trámite y se resuelve en seis meses desde su notificación al reclamante; vencido el plazo, la reclamación puede considerarse estimada. Si versa sobre una posible infracción, se inicia por acuerdo de inicio y dura doce meses como máximo desde él; el de apercibimiento, seis meses; vencidos, caducidad y archivo. Los plazos se suspenden automáticamente al recabar información de la Unión Europea o de otras autoridades de control, y por resolución motivada si es de un órgano jurisdiccional.

Artículo 65. Admisión a trámite de las reclamaciones

La Agencia evalúa la admisibilidad de cada reclamación. Inadmite las que no versen sobre protección de datos, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de infracción; puede inadmitir si, previa advertencia, se adoptaron medidas correctivas y no hubo perjuicio (infracciones del artículo 74) o el derecho queda plenamente garantizado. Antes puede remitirla al delegado de protección de datos o al responsable o encargado, que responde en un mes. La decisión se notifica en tres meses; si no, se entiende que prosigue la tramitación.

Artículo 66. Determinación del alcance territorial

Salvo en los supuestos del artículo 64.4, la Agencia debe, antes de cualquier otra actuación —incluida la admisión a trámite de una reclamación o el comienzo de actuaciones previas de investigación—, examinar su competencia y determinar el carácter nacional o transfronterizo del procedimiento. Si considera que no es la autoridad de control principal, remite la reclamación, sin más trámite, a la que considere competente y lo notifica a quien la hubiera formulado. El acuerdo de remisión implica el archivo provisional del procedimiento.

Artículo 67. Actuaciones previas de investigación

Antes del acuerdo de inicio del procedimiento, y una vez admitida a trámite la reclamación si la hubiese, la Agencia Española de Protección de Datos podrá realizar actuaciones previas de investigación para determinar mejor los hechos y circunstancias que justifican la tramitación. Actuará en todo caso cuando haya que investigar tratamientos que impliquen un tráfico masivo de datos personales. Duración máxima: dieciocho meses desde el acuerdo de admisión a trámite o desde el acuerdo que decida iniciarlas si la Agencia actúa por propia iniciativa.

Artículo 68. Acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora

Concluidas, en su caso, las actuaciones previas, corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos dictar, cuando proceda, el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador. En él se concretan cuatro extremos: los hechos, la identificación de la persona o entidad contra la que se dirige, la infracción que hubiera podido cometerse y su posible sanción. Si la Agencia es autoridad de control principal y debe seguirse el procedimiento del artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, el proyecto de acuerdo de inicio se somete a lo dispuesto en ese artículo.

Artículo 69. Medidas provisionales y de garantía de los derechos

Durante las actuaciones previas o iniciado el procedimiento sancionador, la Agencia podrá acordar motivadamente medidas provisionales necesarias y proporcionadas; en especial, las del artículo 66.1 del Reglamento (UE) 2016/679, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado. Ante un menoscabo grave, podrá ordenar el bloqueo y la cesación del tratamiento y, si se incumple, inmovilizar. Si se reclama por falta de atención en plazo de derechos, podrá obligar a atenderlos en cualquier momento, con resolución motivada y audiencia del responsable.

Artículo 70. Sujetos responsables

Están sujetos al régimen sancionador del Reglamento (UE) 2016/679 y de la ley orgánica cinco sujetos: los responsables de los tratamientos; los encargados de los tratamientos; los representantes de los responsables o encargados no establecidos en el territorio de la Unión Europea; las entidades de certificación, y las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. Al delegado de protección de datos no se le aplica el régimen sancionador del Título.

Artículo 71. Infracciones

Son infracciones los actos y conductas a los que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 y, además, los que resulten contrarios a la propia ley orgánica. El artículo no enumera conductas concretas: define la infracción por remisión a esos tres apartados y a la propia ley.

Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves

Son muy graves y prescriben a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos que menciona el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679. Entre otras: tratar datos vulnerando principios y garantías o sin condición de licitud, usarlos para una finalidad no compatible sin consentimiento ni base legal, omitir el deber de informar, vulnerar la confidencialidad, no atender reiteradamente los derechos, incumplir el bloqueo, resistir u obstruir la inspección y revertir deliberadamente una anonimización. Igual consideración y plazo tienen las del artículo 83.6.

Artículo 73. Infracciones consideradas graves

Son graves y prescriben a los dos años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679. Entre otras: tratar datos de un menor sin el consentimiento exigido, no adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas, encargar el tratamiento sin contrato u otro acto jurídico escrito previo, subcontratar sin autorización previa del responsable, no disponer del registro de actividades, no designar delegado cuando sea exigible o usar un sello no otorgado por entidad acreditada o expirado.

Artículo 74. Infracciones consideradas leves

Son leves y prescriben al año las restantes infracciones de carácter meramente formal de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679. Entre otras: no facilitar toda la información exigida, cobrar un canon que exceda de los costes afrontados, no suprimir datos de una persona fallecida cuando sea exigible, tener un Registro de actividades que no incorpore toda la información, notificar de forma incompleta, tardía o defectuosa una violación de seguridad o no publicar o no comunicar los datos de contacto del delegado.

Artículo 75. Interrupción de la prescripción de la infracción

La prescripción de la infracción se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado. El plazo se reinicia si el expediente sancionador está paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. Cuando la Agencia Española de Protección de Datos sea autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento del artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, lo que interrumpe la prescripción es el conocimiento formal por el interesado del acuerdo de inicio.

Artículo 76. Sanciones y medidas correctivas

Las sanciones se gradúan con los criterios del artículo 83.2 del Reglamento (UE) 2016/679; además podrán valorarse: carácter continuado, vinculación de la actividad con tratamientos, beneficios obtenidos, conducta del afectado que pudo inducir, fusión por absorción posterior no imputable a la absorbente, afectación a menores, tener delegado sin ser obligatorio y sometimiento voluntario a resolución alternativa de conflictos. Se publica en el Boletín Oficial del Estado si sanciona la Agencia, supera un millón de euros y el infractor es persona jurídica; con autoridad autonómica, su normativa.

Artículo 77. Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento

Rige para tratamientos de órganos constitucionales y jurisdiccionales, Administraciones, organismos y entidades de Derecho público, autoridades administrativas independientes, Banco de España, corporaciones de Derecho público (potestades públicas), fundaciones del sector público, Universidades Públicas, consorcios y grupos parlamentarios y políticos locales. Si infringen, la autoridad declara la infracción y fija medidas; puede proponer actuaciones disciplinarias. Se comunica al Defensor del Pueblo o institución autonómica análoga y la Agencia lo publica en su web identificando al infractor.

Artículo 78. Prescripción de las sanciones

Las sanciones prescriben según su importe: al año las de 40.000 euros o menos; a los dos años las de 40.001 a 300.000 euros; a los tres años las superiores a 300.000 euros. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución sancionadora o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Se interrumpe al iniciarse, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución, y vuelve a transcurrir si este queda paralizado más de seis meses por causa no imputable al infractor.

Artículo 79. Los derechos en la Era digital

Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Quienes contribuirán a garantizar su aplicación son dos: los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet.

Artículo 80. Derecho a la neutralidad de Internet

Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios, sin discriminación por dos clases de motivos: técnicos o económicos.

Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet

Todos tienen derecho a acceder a Internet con independencia de su condición personal, social, económica o geográfica. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. El acceso procurará superar la brecha de género (ámbito personal y laboral) y la brecha generacional (acciones de formación y acceso a las personas mayores). La garantía efectiva atenderá la realidad de los entornos rurales y el acceso garantizará condiciones de igualdad a las personas con necesidades especiales.

Artículo 82. Derecho a la seguridad digital

Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. A los proveedores de servicios de Internet les corresponde informar a los usuarios de sus derechos.

Artículo 83. Derecho a la educación digital

El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y un uso crítico y seguro de los medios digitales, con actuaciones de carácter inclusivo. Las Administraciones educativas incluirán en el currículo la competencia digital y los riesgos del mal uso de las TIC, con especial atención a la violencia en la red. El profesorado recibirá competencias digitales y formación. Los títulos universitarios garantizarán formación en su uso y seguridad. Los temarios de acceso a cuerpos superiores y a los que accedan a datos personales incluirán estas materias.

Artículo 84. Protección de los menores en Internet

Padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información. Si la utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en redes sociales y servicios equivalentes puede implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, intervendrá el Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.

Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet

Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar la rectificación ante usuarios que difundan contenidos contra el honor, la intimidad personal y familiar y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Los medios de comunicación digitales que deban atender una rectificación publicarán en sus archivos digitales un aviso aclaratorio de que la noticia original no refleja la situación actual del individuo, en lugar visible junto con la información original.

Artículo 86. Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales

Toda persona puede solicitar motivadamente a los medios de comunicación digitales un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan, cuando la información original no refleje su situación actual por circunstancias posteriores a la publicación y ello le cause un perjuicio. En particular, procede cuando la noticia se refiera a actuaciones policiales o judiciales afectadas en beneficio del interesado por decisiones judiciales posteriores; en ese caso el aviso hará referencia a la decisión posterior.

Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral

Trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador. Este solo puede acceder a sus contenidos para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y garantizar la integridad de los dispositivos. Debe establecer criterios de utilización, con participación de los representantes de los trabajadores, e informar de ellos a los trabajadores. Si admite el uso privado, el acceso exige especificar de modo preciso los usos autorizados y establecer garantías.

Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral

Trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital para garantizar, fuera del tiempo de trabajo, su descanso, permisos y vacaciones y su intimidad personal y familiar. Las modalidades de ejercicio se sujetan a la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. El empleador, previa audiencia de dichos representantes, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los directivos, con las modalidades de ejercicio y acciones de formación y sensibilización.

Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo

Los empleadores pueden tratar imágenes de cámaras o videocámaras para el control de trabajadores o empleados públicos, dentro de su marco legal, informando con carácter previo y de forma expresa, clara y concisa a estos y, en su caso, a sus representantes. Ante un acto ilícito flagrante basta con que exista al menos el dispositivo del artículo 22.4. En ningún caso se admiten videovigilancia ni grabación de sonidos en lugares de descanso o esparcimiento (vestuarios, aseos, comedores y análogos). Grabar sonidos solo cabe por riesgos relevantes para la seguridad.

Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral

Los empleadores pueden tratar los datos obtenidos mediante sistemas de geolocalización para ejercer las funciones de control de trabajadores o empleados públicos, dentro de su marco legal y con sus límites. Con carácter previo deben informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, de la existencia y características de los dispositivos, y también del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.

Artículo 91. Derechos digitales en la negociación colectiva

Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y con la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral. Es una posibilidad («podrán»), no una obligación, y las garantías que se prevén son adicionales.

Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet

Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad deben garantizar la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el de protección de datos personales, al publicar o difundir sus datos a través de servicios de la sociedad de la información. Si la publicación o difusión va a hacerse en redes sociales o servicios equivalentes, deben contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme al artículo 7 de la ley orgánica.

Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet

Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda eliminen, de los resultados obtenidos al buscar por su nombre, los enlaces con información sobre ella que sea inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada o excesiva, o que haya devenido tal por el transcurso del tiempo. También cuando sus circunstancias personales evidencien la prevalencia de sus derechos. El derecho subsiste aunque sea lícito conservar la información en el sitio web y este no la borre. No impide acceder a la información con otros criterios de búsqueda distintos del nombre.

Artículo 94. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes

Toda persona puede obtener, a su simple solicitud, la supresión de los datos personales que ella misma facilitó para su publicación en redes sociales y servicios equivalentes. Los facilitados por terceros se suprimen cuando sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, o cuando sus circunstancias personales evidencien la prevalencia de sus derechos; se exceptúan los facilitados por personas físicas en actividades personales o domésticas. Los facilitados durante la minoría de edad, por él o por terceros, se suprimen sin dilación por simple solicitud.

Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes

Los usuarios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tienen derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores, y a que estos los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible. Los prestadores podrán conservar copia de los contenidos, sin difundirla a través de Internet, cuando la conservación sea necesaria para cumplir una obligación legal.

Artículo 96. Derecho al testamento digital

Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho y sus herederos pueden dirigirse a los prestadores para acceder a los contenidos e impartir instrucciones sobre su utilización, destino o supresión, salvo prohibición expresa del fallecido o de una ley; la prohibición no afecta al acceso de los herederos a los contenidos del caudal relicto. También el albacea o la persona o institución designada. Si el fallecido es menor: representantes legales o Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de interesado. Los requisitos se fijarán por real decreto.

Artículo 97. Políticas de impulso de los derechos digitales

El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de Acceso a Internet con tres objetivos: superar las brechas digitales (entre otras medidas, con un bono social de acceso a Internet), impulsar espacios de conexión de acceso público y fomentar medidas educativas en competencias digitales básicas. Además se aprobará un Plan de Actuación para que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de dispositivos digitales y redes sociales. El Gobierno presentará un informe anual ante la comisión parlamentaria correspondiente del Congreso de los Diputados.

Artículo 1. Objeto

El Reglamento establece dos grupos de normas: las de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las de libre circulación de tales datos. Protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales. La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación material

Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y al no automatizado de datos contenidos o destinados a un fichero. No se aplica al tratamiento: en actividades no comprendidas en el Derecho de la Unión; por los Estados miembros en actividades del capítulo 2 del título V del TUE; por una persona física en actividades exclusivamente personales o domésticas; ni por las autoridades competentes con fines penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública. A las instituciones de la Unión se les aplica el Reglamento (CE) n.º 45/2001.

Artículo 3. Ámbito territorial

1) Tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, tenga lugar este en la Unión o no. 2) Tratamiento de datos de interesados que se encuentren en la Unión por responsable o encargado no establecido en ella, si se relaciona con la oferta de bienes o servicios a esos interesados en la Unión (se les requiera o no su pago) o con el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión. 3) Responsable no establecido en la Unión sino en un lugar donde rige el Derecho de los Estados miembros por el Derecho internacional público.

Artículo 4. Definiciones

Recoge 26 definiciones. Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el interesado). Tratamiento: cualquier operación sobre datos personales, por procedimientos automatizados o no. Responsable: quien, solo o junto con otros, determina los fines y medios. Encargado: quien trata datos por cuenta del responsable. Consentimiento: manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante una declaración o una clara acción afirmativa. Limitación del tratamiento: marcado de los datos conservados para limitar su tratamiento en el futuro.

Artículo 5. Principios relativos al tratamiento

Los datos serán: tratados de manera lícita, leal y transparente; recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos (limitación de la finalidad); adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario (minimización de datos); exactos y, si fuera necesario, actualizados (exactitud); mantenidos de forma que se permita identificar a los interesados no más tiempo del necesario, salvo fines de archivo, investigación o estadísticos conforme al artículo 89.1 (limitación del plazo de conservación); y tratados con seguridad adecuada (integridad y confidencialidad). El responsable responde de cumplirlo y debe ser capaz de demostrarlo (responsabilidad proactiva).

Artículo 6. Licitud del tratamiento

El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una condición: a) consentimiento para uno o varios fines específicos; b) ejecución de un contrato o medidas precontractuales a petición del interesado; c) obligación legal del responsable; d) intereses vitales del interesado o de otra persona física; e) misión en interés público o ejercicio de poderes públicos; f) intereses legítimos del responsable o de un tercero, si no prevalecen los del interesado, en particular si es un niño. La letra f) no se aplica a las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 7. Condiciones para el consentimiento

Si el tratamiento se basa en el consentimiento, el responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado consintió. Si se da en una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud se distinguirá claramente de ellos, de forma inteligible y de fácil acceso y con lenguaje claro y sencillo; no vincula la parte que infrinja el Reglamento. El interesado puede retirarlo en cualquier momento, sin afectar a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a la retirada; será informado de ello antes de consentir y será tan fácil retirarlo como darlo.

Artículo 8. Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la información

Cuando se aplique el artículo 6.1.a) en la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento es lícito si el niño tiene como mínimo 16 años. Si es menor de 16, únicamente lo es si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela, y solo en la medida en que se dio o autorizó. Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior, siempre que no sea inferior a 13 años. El responsable hará esfuerzos razonables para verificarlo, teniendo en cuenta la tecnología disponible. No afecta al Derecho contractual de los Estados miembros.

Artículo 9. Tratamiento de categorías especiales de datos personales

Prohíbe tratar datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, y tratar datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos de salud o de la vida u orientación sexual. La prohibición no se aplica cuando concurre una de las circunstancias del apartado 2, letras a) a j), como el consentimiento explícito del interesado. Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales para datos genéticos, biométricos o de salud.

Artículo 10. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales

El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas, sobre la base del artículo 6, apartado 1, solo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Un registro completo de condenas penales solo podrá llevarse bajo el control de las autoridades públicas.

Artículo 11. Tratamiento que no requiere identificación

Si los fines del tratamiento no requieren o ya no requieren que el responsable identifique al interesado, aquel no estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional para identificarlo con la única finalidad de cumplir el Reglamento. Cuando el responsable sea capaz de demostrar que no está en condiciones de identificarlo, le informará en consecuencia, de ser posible, y no se aplicarán los artículos 15 a 20, excepto cuando el interesado, para ejercer sus derechos en virtud de esos artículos, facilite información adicional que permita su identificación.

Artículo 12. Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado

El responsable facilita la información de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con lenguaje claro y sencillo, por escrito o por otros medios (verbalmente si el interesado lo solicita y se demuestra su identidad por otros medios). Responde a las solicitudes sin dilación indebida y, en cualquier caso, en un mes desde la recepción, prorrogable otros dos meses. Si no da curso, lo comunica a más tardar transcurrido un mes. Es gratuito, pero ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas puede cobrar un canon razonable o negarse a actuar, y debe demostrarlo.

Artículo 13. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado

Cuando los datos se obtienen del interesado, el responsable le informa en el momento en que se obtienen: identidad y contacto del responsable y, en su caso, de su representante; contacto del delegado de protección de datos; fines y base jurídica; intereses legítimos; destinatarios, y transferencias a un tercer país. Además: plazo de conservación o criterios para fijarlo, derechos, retirada del consentimiento, reclamación ante una autoridad de control, si debe facilitar los datos y decisiones automatizadas. No se aplica cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.

Artículo 14. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado

Si los datos no se han obtenido del interesado, el responsable le informa, entre otros extremos, de fines y base jurídica, categorías de datos, destinatarios, derechos y fuente de la que proceden. Lo hace en un plazo razonable y a más tardar dentro de un mes; si los usa para comunicarse con el interesado, a más tardar en la primera comunicación; si prevé comunicarlos a otro destinatario, a más tardar cuando se comuniquen por primera vez. No se aplica, entre otros casos, si el interesado ya dispone de la información o si comunicarla resulta imposible o supone un esfuerzo desproporcionado.

Artículo 15. Derecho de acceso del interesado

El interesado puede obtener del responsable confirmación de si se tratan o no sus datos y, en tal caso, acceder a ellos y a esta información: fines, categorías de datos, destinatarios (en particular en terceros países u organizaciones internacionales), plazo previsto de conservación o criterios para fijarlo, derechos de rectificación, supresión, limitación y oposición, reclamación ante una autoridad de control, origen de los datos y decisiones automatizadas. El responsable facilita una copia; por cualquier otra puede percibir un canon razonable basado en los costes administrativos.

Artículo 16. Derecho de rectificación

El interesado tiene derecho a obtener del responsable del tratamiento, sin dilación indebida, la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Además, teniendo en cuenta los fines del tratamiento, tiene derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

Artículo 17. Derecho de supresión («el derecho al olvido»)

El responsable debe suprimir sin dilación indebida los datos cuando: ya no sean necesarios para los fines; se retire el consentimiento y no haya otro fundamento jurídico; el interesado se oponga en los términos de la letra c); se hayan tratado ilícitamente; lo exija una obligación legal, o se obtuvieran en la oferta de servicios de la sociedad de la información. Si los hizo públicos, adopta medidas razonables para informar a los responsables que los traten. No se aplica si el tratamiento es necesario, entre otros casos, para la libertad de expresión e información o para reclamaciones.

Artículo 18. Derecho a la limitación del tratamiento

El interesado puede obtener la limitación cuando: impugne la exactitud de los datos, en un plazo que permita al responsable verificarla; el tratamiento sea ilícito y se oponga a la supresión y solicite en su lugar limitar su uso; el responsable ya no necesite los datos pero el interesado sí para reclamaciones, o se haya opuesto en virtud del artículo 21.1, mientras se verifica si prevalecen los motivos del responsable. Los datos limitados solo se tratan, salvo su conservación, con su consentimiento o en los demás casos del apartado 2. El responsable informa antes de levantar la limitación.

Artículo 19. Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento

El responsable del tratamiento comunica cualquier rectificación o supresión de datos personales o limitación del tratamiento, efectuada con arreglo al artículo 16, al artículo 17, apartado 1, y al artículo 18, a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. Además, informa al interesado acerca de dichos destinatarios, si este así lo solicita.

Artículo 20. Derecho a la portabilidad de los datos

El interesado tiene derecho a recibir los datos personales que le incumban y que haya facilitado a un responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable sin que lo impida el primero, cuando el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato y se efectúe por medios automatizados. Tiene derecho a la transmisión directa de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible. No se aplica al tratamiento necesario para una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.

Artículo 21. Derecho de oposición

El interesado puede oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, al tratamiento basado en el artículo 6.1, letras e) o f); el responsable deja de tratar los datos salvo que acredite motivos legítimos imperiosos que prevalezcan o para reclamaciones. Si el tratamiento tiene por objeto la mercadotecnia directa, puede oponerse en todo momento y los datos dejan de tratarse para dichos fines. El derecho se menciona explícitamente a más tardar en la primera comunicación, claramente y al margen de cualquier otra información.

Artículo 22. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles

Todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. No se aplica si es necesaria para celebrar o ejecutar un contrato con un responsable, la autoriza el Derecho de la Unión o de los Estados miembros con medidas adecuadas, o se basa en el consentimiento explícito. En los casos de contrato y consentimiento, el responsable garantiza como mínimo intervención humana, expresar su punto de vista e impugnarla.

Artículo 23. Limitaciones

El Derecho de la Unión o de los Estados miembros puede limitar, mediante medidas legislativas, las obligaciones y derechos de los artículos 12 a 22 y 34 (y del 5 en lo que se corresponda con los artículos 12 a 22) si la limitación respeta en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y es necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos de las letras a) a j), como la seguridad del Estado, la defensa o la seguridad pública. La medida contendrá como mínimo, en su caso, las disposiciones de las letras a) a h) del apartado 2.

Artículo 24. Responsabilidad del responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento y los riesgos para las personas físicas. Se revisarán y actualizarán cuando sea necesario. Cuando sean proporcionadas, incluirán las oportunas políticas de protección de datos. La adhesión a códigos de conducta (artículo 40) o a un mecanismo de certificación (artículo 42) podrá usarse como elemento para demostrar el cumplimiento.

Artículo 25. Protección de datos desde el diseño y por defecto

Desde el diseño: el responsable aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, tanto al determinar los medios de tratamiento como en el propio tratamiento, para aplicar los principios de protección de datos, como la minimización. Por defecto: garantizará que solo se traten los datos necesarios para cada fin específico, obligación que se aplica a la cantidad de datos recogidos, la extensión del tratamiento, el plazo de conservación y la accesibilidad. Un mecanismo de certificación del artículo 42 podrá acreditar el cumplimiento.

Artículo 26. Corresponsables del tratamiento

Son corresponsables dos o más responsables que determinan conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento. Fijarán de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas, en particular sobre los derechos del interesado y la información de los artículos 13 y 14, salvo, y en la medida en que, las rija el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El acuerdo podrá designar un punto de contacto y sus aspectos esenciales se pondrán a disposición del interesado, que podrá ejercer sus derechos frente a, y en contra de, cada uno de los responsables.

Artículo 27. Representantes de responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión

Cuando se aplique el artículo 3, apartado 2, el responsable o el encargado designará por escrito un representante en la Unión. No se exige al tratamiento ocasional, sin manejo a gran escala de categorías especiales de datos o de datos de condenas e infracciones penales y que sea improbable que entrañe riesgo, ni a las autoridades u organismos públicos. Estará establecido en uno de los Estados miembros en que estén los interesados y atenderá, junto al responsable o al encargado, o en su lugar, las consultas. Su designación no impide las acciones contra el propio responsable o encargado.

Artículo 28. Encargado del tratamiento

El responsable elegirá únicamente un encargado con garantías suficientes. El encargado no recurrirá a otro sin autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. El tratamiento se rige por contrato u otro acto jurídico, por escrito, inclusive en formato electrónico. Si el otro encargado incumple, el inicial sigue siendo plenamente responsable ante el responsable. La Comisión podrá fijar y una autoridad de control podrá adoptar cláusulas contractuales tipo. El encargado que infrinja el Reglamento al determinar fines y medios será considerado responsable de ese tratamiento.

Artículo 29. Tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento

El encargado del tratamiento y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo podrán tratar esos datos siguiendo instrucciones del responsable, a no ser que estén obligados a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Artículo 30. Registro de las actividades de tratamiento

Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento. Cada encargado y, en su caso, su representante, uno de todas las categorías de actividades de tratamiento por cuenta de un responsable. Constarán por escrito, inclusive en formato electrónico, y se pondrán a disposición de la autoridad de control que lo solicite. No obliga a la empresa u organización que emplee a menos de 250 personas, salvo que el tratamiento pueda entrañar un riesgo, no sea ocasional o incluya categorías especiales de datos o datos de condenas e infracciones penales.

Artículo 31. Cooperación con la autoridad de control

El responsable y el encargado del tratamiento y, en su caso, sus representantes cooperarán con la autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus funciones.

Artículo 32. Seguridad del tratamiento

El responsable y el encargado aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros: seudonimización y cifrado; capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes; capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso de forma rápida; y un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares. La adhesión a un código de conducta o a un mecanismo de certificación podrá servir para demostrar el cumplimiento del apartado 1.

Artículo 33. Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control

El responsable notificará la violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control competente sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de tener constancia de ella, a menos que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas; pasado ese plazo, indicará los motivos de la dilación. El encargado la notificará sin dilación indebida al responsable. Si no es posible facilitar la información simultáneamente, se facilitará de manera gradual. El responsable documentará cualquier violación.

Artículo 34. Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado

Si es probable que la violación de la seguridad entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable la comunica al interesado sin dilación indebida y en lenguaje claro y sencillo. No es necesaria si se cumple alguna de tres condiciones: medidas de protección aplicadas a los datos afectados, como el cifrado; medidas ulteriores que garanticen que ya no exista la probabilidad del alto riesgo, o esfuerzo desproporcionado, caso en que se opta por una comunicación pública o medida semejante.

Artículo 35. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos

Cuando sea probable que un tipo de tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable realiza, antes del tratamiento, una evaluación de impacto y recaba el asesoramiento del delegado de protección de datos, si ha sido nombrado. Se requiere en particular en los casos del apartado 3, como la observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. La autoridad de control establece y publica la lista de tratamientos que la requieren y puede publicar la de los que no. El apartado 7 fija su contenido mínimo.

Artículo 36. Consulta previa

El responsable consulta a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento cuando la evaluación de impacto muestre que entrañaría un alto riesgo si no toma medidas para mitigarlo. Si la autoridad considera que el tratamiento podría infringir el Reglamento, asesora por escrito en ocho semanas desde la solicitud de la consulta, prorrogables seis semanas según la complejidad; de la prórroga informa en un mes desde la recepción de la solicitud, indicando los motivos. Los plazos pueden suspenderse hasta que obtenga la información solicitada.

Artículo 37. Designación del delegado de protección de datos

Responsable y encargado designan delegado de protección de datos siempre que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público (excepto los tribunales en ejercicio de su función judicial), o sus actividades principales requieran observación habitual y sistemática de interesados a gran escala o consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales o de datos de condenas e infracciones penales. Un grupo empresarial puede nombrar uno único si es fácilmente accesible desde cada establecimiento. Puede ser de plantilla o actuar por contrato de servicios.

Artículo 38. Posición del delegado de protección de datos

Responsable y encargado garantizan que el delegado participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones de protección de datos personales, lo respaldan con recursos y acceso a datos y operaciones, y garantizan que no reciba ninguna instrucción en el desempeño de sus funciones. No será destituido ni sancionado por desempeñarlas y rinde cuentas directamente al más alto nivel jerárquico. Los interesados pueden ponerse en contacto con él; está obligado al secreto o la confidencialidad y puede desempeñar otras funciones que no den lugar a conflicto de intereses.

Artículo 39. Funciones del delegado de protección de datos

El delegado de protección de datos tiene como mínimo cinco funciones: informar y asesorar al responsable o encargado y a los empleados que se ocupen del tratamiento; supervisar el cumplimiento del Reglamento, de otras disposiciones y de las políticas del responsable o encargado, incluidas la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal y las auditorías; asesorar, si se le solicita, sobre la evaluación de impacto y supervisar su aplicación; cooperar con la autoridad de control, y actuar como su punto de contacto.

Artículo 40. Códigos de conducta

Estados miembros, autoridades de control, Comité y Comisión promueven los códigos de conducta. Pueden elaborarlos, modificarlos o ampliarlos las asociaciones y otros organismos representativos de categorías de responsables o encargados, que presentan el proyecto a la autoridad de control competente; esta dictamina, lo aprueba si considera suficientes las garantías y lo registra y publica si no se refiere a varios Estados miembros. Si guarda relación con varios, lo presenta antes al Comité. La Comisión puede decidir su validez general en la Unión. El Comité archiva los códigos en un registro.

Artículo 41. Supervisión de códigos de conducta aprobados

Puede supervisar el cumplimiento de un código de conducta un organismo con el nivel adecuado de pericia en relación con el objeto del código y acreditado por la autoridad de control competente. Para acreditarse ha de demostrar independencia y pericia, tener procedimientos de evaluación y supervisión y de tratamiento de reclamaciones, y demostrar que no hay conflicto de intereses. Ante una infracción del código toma las medidas oportunas, incluida la suspensión o exclusión, e informa a la autoridad de control. No se aplica al tratamiento de autoridades y organismos públicos.

Artículo 42. Certificación

Estados miembros, autoridades de control, Comité y Comisión promueven mecanismos de certificación, sellos y marcas de protección de datos. La certificación es voluntaria, está disponible a través de un proceso transparente y no limita la responsabilidad del responsable o encargado. La expiden los organismos de certificación o la autoridad de control competente, por un período máximo de tres años, renovable en las mismas condiciones mientras se cumplan los criterios. Si los criterios los aprueba el Comité, puede dar lugar al Sello Europeo de Protección de Datos.

Artículo 43. Organismo de certificación

Los organismos de certificación con un nivel adecuado de pericia en protección de datos expiden y renuevan las certificaciones una vez informada la autoridad de control. Los acredita la autoridad de control competente, el organismo nacional de acreditación o ambos. La acreditación se expide por un período máximo de cinco años y puede renovarse en las mismas condiciones si el organismo cumple los requisitos. Los organismos comunican a las autoridades de control las razones de la expedición o retirada de la certificación. La acreditación se revoca si sus condiciones no se cumplen.

Artículo 44. Principio general de las transferencias

Solo se pueden transferir datos personales a un tercer país u organización internacional si el responsable y el encargado del tratamiento cumplen las condiciones del capítulo, a reserva de las demás disposiciones del Reglamento. Esas condiciones incluyen las de las transferencias ulteriores desde ese tercer país u organización a otro tercer país u otra organización internacional. Todo el capítulo se aplica para que el nivel de protección de las personas físicas garantizado por el Reglamento no se vea menoscabado.

Artículo 45. Transferencias basadas en una decisión de adecuación

Cabe transferir datos a un tercer país, territorio, sector u organización internacional cuando la Comisión haya decidido que garantizan un nivel de protección adecuado; no hace falta ninguna autorización específica. La Comisión decide mediante acto de ejecución, con revisión periódica al menos cada cuatro años, supervisa de manera continuada y, si la protección deja de ser adecuada, deroga, modifica o suspende la decisión sin efecto retroactivo. Publica la lista en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su página web.

Artículo 46. Transferencias mediante garantías adecuadas

A falta de decisión de adecuación, el responsable o el encargado solo puede transmitir datos a un tercer país u organización internacional si ofrece garantías adecuadas y los interesados cuentan con derechos exigibles y acciones legales efectivas. Sin autorización expresa de una autoridad de control valen: instrumento vinculante entre autoridades u organismos públicos, normas corporativas vinculantes, cláusulas tipo, código de conducta y mecanismo de certificación. Con autorización de la autoridad competente: cláusulas contractuales y disposiciones en acuerdos administrativos.

Artículo 47. Normas corporativas vinculantes

La autoridad de control competente aprueba las normas corporativas vinculantes, conforme al mecanismo de coherencia, si son jurídicamente vinculantes y las cumplen todos los miembros del grupo empresarial o de la unión de empresas, incluidos sus empleados; si confieren expresamente a los interesados derechos exigibles, y si recogen el contenido mínimo del apartado 2 (estructura y contacto, transferencias, principios, derechos, responsabilidad, reclamaciones, auditorías, formación…). La Comisión podrá especificar el formato y los procedimientos de intercambio de información.

Artículo 48. Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el Derecho de la Unión

Una sentencia de un órgano jurisdiccional o una decisión de una autoridad administrativa de un tercer país que exijan a un responsable o encargado transferir o comunicar datos personales únicamente será reconocida o ejecutable si se basa en un acuerdo internacional, como un tratado de asistencia jurídica mutua, vigente entre el país tercero requirente y la Unión o un Estado miembro. Todo ello sin perjuicio de otros motivos para la transferencia al amparo del capítulo.

Artículo 49. Excepciones para situaciones específicas

Sin decisión de adecuación ni garantías adecuadas, solo cabe transferir si se da alguna condición: consentimiento explícito e informado; contrato con el interesado o en su interés; razones importantes de interés público; reclamaciones; intereses vitales, o registro público. En su defecto, si no es repetitiva, afecta a un número limitado de interesados y responde a intereses legítimos imperiosos del responsable, que informa a la autoridad de control y al interesado. Las letras a), b) y c) y el párrafo segundo no se aplican a las autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes públicos.

Artículo 50. Cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos personales

Respecto de terceros países y organizaciones internacionales, la Comisión y las autoridades de control tomarán medidas apropiadas para: crear mecanismos de cooperación internacional; prestarse asistencia mutua a escala internacional (notificación, remisión de reclamaciones, asistencia en las investigaciones e intercambio de información); asociar a partes interesadas a los debates y actividades, y promover el intercambio y la documentación de la legislación y las prácticas, inclusive en materia de conflictos de jurisdicción con terceros países.

Artículo 51. Autoridad de control

Cada Estado miembro establecerá que una o varias autoridades públicas independientes («autoridad de control») supervisen la aplicación del Reglamento, para proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y facilitar la libre circulación de datos en la Unión. Las autoridades cooperan entre sí y con la Comisión. Si hay varias en un Estado, este designa la que las representa en el Comité. Los Estados notifican a la Comisión sus disposiciones legales a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, las modificaciones posteriores.

Artículo 52. Independencia

Cada autoridad de control actúa con total independencia. Sus miembros son ajenos a toda influencia externa, directa o indirecta, y no solicitan ni admiten instrucciones; mientras dure su mandato no participan en actividades profesionales incompatibles, remuneradas o no. El Estado miembro garantiza recursos humanos, técnicos y financieros, locales e infraestructuras; personal propio elegido por la autoridad, y un presupuesto anual, público e independiente, que podrá formar parte del presupuesto general del Estado, con un control financiero que no afecte a su independencia.

Artículo 53. Condiciones generales aplicables a los miembros de la autoridad de control

Cada miembro de la autoridad de control es nombrado mediante un procedimiento transparente por el Parlamento, el Gobierno, el Jefe de Estado o un organismo independiente encargado del nombramiento según el Derecho de los Estados miembros. Debe tener la titulación, la experiencia y las aptitudes necesarias, en particular en protección de datos personales. Sus funciones concluyen por terminación del mandato, dimisión o jubilación obligatoria. Solo puede ser destituido por conducta irregular grave o si deja de cumplir las condiciones exigidas.

Artículo 54. Normas relativas al establecimiento de la autoridad de control

Cada Estado miembro establece por ley: el establecimiento de cada autoridad de control; las cualificaciones y condiciones de idoneidad de sus miembros; las normas de nombramiento; la duración del mandato, no inferior a cuatro años (salvo el primer nombramiento posterior al 24 de mayo de 2016, parte del cual puede ser más breve por nombramiento escalonado); si el mandato es renovable y cuántas veces, y las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades. Miembros y personal están sujetos al deber de secreto profesional durante su mandato y después del mismo.

Artículo 55. Competencia

Cada autoridad de control es competente para desempeñar sus funciones y ejercer sus poderes en el territorio de su Estado miembro. Cuando el tratamiento lo efectúan autoridades públicas u organismos privados que actúan con arreglo al artículo 6, apartado 1, letras c) o e), es competente la autoridad de control del Estado miembro de que se trate y no se aplica el artículo 56. Las autoridades de control no son competentes para controlar los tratamientos efectuados por los tribunales en el ejercicio de su función judicial.

Artículo 56. Competencia de la autoridad de control principal

La autoridad de control del establecimiento principal o del único establecimiento del responsable o encargado es la autoridad de control principal para el tratamiento transfronterizo. No obstante, cada autoridad puede tratar una reclamación o posible infracción que se refiera únicamente a un establecimiento de su Estado miembro o afecte de manera sustancial únicamente a interesados de su Estado: informa sin dilación a la principal, que decide en tres semanas si trata el caso. Si no lo trata, lo trata la autoridad que informó. La principal es el único interlocutor del responsable o encargado.

Artículo 57. Funciones

Enumera las funciones de cada autoridad de control en su territorio: controlar y hacer aplicar el Reglamento, sensibilizar al público (con especial atención a los niños) y a responsables y encargados, asesorar al Parlamento nacional y al Gobierno, tratar reclamaciones, cooperar con otras autoridades y llevar registros internos de infracciones. Su desempeño es gratuito para el interesado y, en su caso, para el delegado de protección de datos; ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas puede establecer una tasa razonable o negarse a actuar, y le corresponde demostrarlo.

Artículo 58. Poderes

Cada autoridad de control dispone de poderes de investigación (información, auditorías, acceso a datos y a locales), correctivos (advertencia si las operaciones previstas pueden infringir el Reglamento, apercibimiento si lo han infringido, órdenes, limitación o prohibición del tratamiento, multa administrativa, suspensión de flujos de datos) y de autorización y consultivos (dictámenes, acreditación, normas corporativas vinculantes). Su ejercicio está sujeto a garantías adecuadas, incluida la tutela judicial efectiva. Cada Estado miembro podrá establecer por ley otros poderes.

Artículo 59. Informe de actividad

Cada autoridad de control elaborará un informe anual de sus actividades, que podrá incluir una lista de tipos de infracciones notificadas y de tipos de medidas adoptadas. Los informes se transmiten al Parlamento nacional, al Gobierno y a las demás autoridades designadas en virtud del Derecho de los Estados miembros, y se ponen a disposición del público, de la Comisión y del Comité.

Artículo 60. Cooperación entre la autoridad de control principal y las demás autoridades de control interesadas

La autoridad de control principal coopera con las demás autoridades interesadas buscando el consenso. Les transmite sin dilación un proyecto de decisión; si alguna formula una objeción pertinente y motivada en cuatro semanas y la principal no la sigue, somete el asunto al mecanismo de coherencia; si prevé seguirla, presenta un proyecto revisado, sujeto a un plazo de dos semanas. Sin objeciones, todas quedan vinculadas. La principal adopta y notifica la decisión; si la reclamación se desestima o rechaza, la adopta la autoridad ante la que se presentó.

Artículo 61. Asistencia mutua

Las autoridades de control se facilitan información útil y se prestan asistencia mutua. La requerida responde sin dilación indebida y a más tardar en un mes desde la solicitud; solo puede negarse si no es competente o si responder infringiría el Reglamento o el Derecho aplicable, y debe explicar sus motivos. No se cobra tasa alguna, aunque cabe convenir indemnización recíproca por gastos específicos en circunstancias excepcionales. Si no se informa en un mes desde la recepción de la solicitud, la requirente puede adoptar una medida provisional en su territorio.

Artículo 62. Operaciones conjuntas de las autoridades de control

Las autoridades de control realizan, en su caso, operaciones conjuntas (incluidas investigaciones y medidas de ejecución). Si el responsable o encargado tiene establecimientos en varios Estados miembros o es probable que un número significativo de interesados de más de uno se vean sustancialmente afectados, una autoridad de cada uno tiene derecho a participar. Los poderes de investigación del personal de la autoridad de origen solo se ejercen bajo la orientación y en presencia de la de acogida. El Estado de acogida responde de los daños; el de origen le restituye íntegramente lo abonado.

Artículo 63. Mecanismo de coherencia

Para contribuir a que el Reglamento se aplique de forma coherente en toda la Unión, las autoridades de control cooperarán entre sí y, en su caso, con la Comisión. Esa cooperación se produce en el marco del mecanismo de coherencia que establece la sección que este artículo abre.

Artículo 64. Dictamen del Comité

El Comité emite dictamen cuando una autoridad de control competente proyecta adoptar alguna de las seis medidas del apartado 1. Además, cualquier autoridad de control, el presidente del Comité o la Comisión pueden pedir que examine un asunto de aplicación general o con efecto en más de un Estado miembro. El dictamen se adopta en ocho semanas por mayoría simple, prorrogables seis más; entretanto la autoridad no adopta su proyecto. Recibido el dictamen, comunica en dos semanas al presidente si mantiene o modifica el proyecto.

Artículo 65. Resolución de conflictos por el Comité

El Comité adopta una decisión vinculante en tres casos: objeción pertinente y motivada de una autoridad interesada que la autoridad principal no sigue o rechaza; puntos de vista enfrentados sobre qué autoridad es competente para el establecimiento principal; y falta de solicitud o de seguimiento del dictamen del Comité. Plazo: un mes desde la remisión, por dos tercios, prorrogable un mes más; si no se logra, dos semanas más por mayoría simple, con voto del presidente si hay empate. La decisión definitiva se adopta a más tardar un mes tras la notificación.

Artículo 66. Procedimiento de urgencia

En circunstancias excepcionales, una autoridad de control interesada que considere urgente proteger los derechos y libertades de interesados puede adoptar inmediatamente medidas provisionales con efectos en su propio territorio y validez no superior a tres meses, y las comunica sin dilación, con sus motivos, a las demás autoridades interesadas, al Comité y a la Comisión. Para medidas definitivas, o si la autoridad competente no actúa, cabe pedir motivadamente al Comité un dictamen o decisión vinculante urgente, que se adopta en dos semanas por mayoría simple.

Artículo 67. Intercambio de información

La Comisión podrá adoptar actos de ejecución de ámbito general para especificar cómo se intercambia información por medios electrónicos entre las autoridades de control, y entre estas y el Comité, en especial el formato normalizado contemplado en el artículo 64. Esos actos se adoptan por el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2.

Artículo 68. Comité Europeo de Protección de Datos

Se crea el Comité Europeo de Protección de Datos como organismo de la Unión con personalidad jurídica, representado por su presidente. Lo componen el director de una autoridad de control de cada Estado miembro y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, o sus representantes; si un Estado tiene varias autoridades, se nombra un representante común conforme a su Derecho. La Comisión participa en actividades y reuniones sin derecho a voto y designa un representante. En los casos del artículo 65, el Supervisor solo vota en las decisiones que el apartado 6 delimita.

Artículo 69. Independencia

El Comité actúa con total independencia en el desempeño de sus funciones o el ejercicio de sus competencias con arreglo a los artículos 70 y 71. No solicitará ni admitirá instrucciones de nadie, sin perjuicio de las solicitudes de la Comisión contempladas en el artículo 70, apartados 1 y 2.

Artículo 70. Funciones del Comité

El Comité garantiza la aplicación coherente del Reglamento, a iniciativa propia o, en su caso, a instancia de la Comisión. Entre otras funciones, asesora a la Comisión y le facilita dictámenes; emite directrices, recomendaciones y buenas prácticas; aprueba criterios de certificación y requisitos de acreditación; alienta códigos de conducta; promueve la cooperación y lleva registros públicos. La Comisión puede señalar un plazo según la urgencia. El Comité hace públicos sus textos y, cuando proceda, consulta a las partes interesadas, que comentan en un plazo razonable.

Artículo 71. Informes

El Comité elabora un informe anual sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento en la Unión y, si procede, en terceros países y organizaciones internacionales. El informe se hace público y se transmite al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. Incluye un examen de la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y buenas prácticas y de las decisiones vinculantes indicadas en el artículo 65.

Artículo 72. Procedimiento

El Comité toma sus decisiones por mayoría simple de sus miembros, salvo que el Reglamento disponga otra cosa. En cambio, su reglamento interno lo adopta por mayoría de dos tercios de sus miembros. El propio Comité organiza sus disposiciones de funcionamiento.

Artículo 73. Presidencia

El Comité elige de entre sus propios miembros, por mayoría simple, a un presidente y a dos vicepresidentes. El mandato, tanto del presidente como de los vicepresidentes, es de cinco años de duración y puede renovarse una vez.

Artículo 74. Funciones del presidente

El presidente del Comité tiene tres funciones: convocar las reuniones y preparar su orden del día; notificar las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 65 a la autoridad de control principal y a las autoridades de control interesadas; y garantizar el ejercicio puntual de las funciones del Comité, en particular en relación con el mecanismo de coherencia. El reparto de funciones entre presidente y vicepresidentes lo determina el Comité en su reglamento interno.

Artículo 75. Secretaría

El Comité cuenta con una secretaría de la que se hace cargo el Supervisor Europeo de Protección de Datos, pero que sigue exclusivamente las instrucciones del presidente del Comité. El personal del Supervisor que participe en las funciones del Comité depende de un superior jerárquico distinto del que desempeña las del Supervisor. El Comité, en consulta con el Supervisor, elabora y publica, si procede, un memorando de entendimiento. La secretaría presta apoyo analítico, administrativo y logístico y responde, en particular, de las siete tareas del apartado 6.

Artículo 76. Confidencialidad

Los debates del Comité son confidenciales cuando el propio Comité lo considere necesario, tal como establezca su reglamento interno. El acceso a los documentos presentados a los miembros del Comité, los expertos y los representantes de terceras partes se rige por el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Artículo 77. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control

Todo interesado que considere que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el Reglamento tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, de su lugar de trabajo o del lugar de la supuesta infracción, sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial. La autoridad ante la que se reclama informa al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación, incluida la posibilidad de acceder a la tutela judicial.

Artículo 78. Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control

Toda persona física o jurídica tiene derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión jurídicamente vinculante de una autoridad de control que le concierna. Todo interesado la tiene también si la autoridad competente no da curso a una reclamación o no le informa en tres meses sobre su curso o resultado. Las acciones se ejercitan ante los tribunales del Estado miembro en que esté establecida la autoridad, que remitirá al tribunal el dictamen o decisión del Comité que haya precedido a la decisión impugnada. Todo ello sin perjuicio de otros recursos administrativos o extrajudiciales.

Artículo 79. Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del tratamiento

Todo interesado tiene derecho a la tutela judicial efectiva si considera que sus derechos según el Reglamento han sido vulnerados por un tratamiento de sus datos personales, sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales, incluida la reclamación ante una autoridad de control. Las acciones se ejercitan ante los tribunales del Estado miembro donde el responsable o encargado tenga un establecimiento o, alternativamente, donde el interesado tenga su residencia habitual, salvo que aquel sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos.

Artículo 80. Representación de los interesados

El interesado puede dar mandato a una entidad, organización o asociación sin ánimo de lucro, correctamente constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro, con objetivos estatutarios de interés público y que actúe en el ámbito de la protección de datos, para que reclame y ejerza en su nombre los derechos de los artículos 77, 78 y 79, y el de ser indemnizado si lo establece el Derecho del Estado miembro. Además, cualquier Estado miembro puede disponer que esas entidades reclamen y ejerzan los derechos de los artículos 78 y 79 con independencia del mandato del interesado.

Artículo 81. Suspensión de los procedimientos

Si un tribunal competente de un Estado miembro tiene información de que ante un tribunal de otro Estado miembro pende un procedimiento sobre el mismo asunto y el tratamiento por el mismo responsable o encargado, se pondrá en contacto con él para confirmarlo. Cualquier tribunal competente distinto de aquel ante el que se ejercitó la acción en primer lugar podrá suspender su procedimiento. Si el otro procedimiento pende en primera instancia, podrá también inhibirse, a instancia de una de las partes, si el primer tribunal es competente y la acumulación es conforme a Derecho.

Artículo 82. Derecho a indemnización y responsabilidad

Quien sufra daños y perjuicios materiales o inmateriales por una infracción del Reglamento tiene derecho a que le indemnice el responsable o el encargado. El responsable que participe responde si la operación incumple el Reglamento; el encargado, únicamente si incumple las obligaciones dirigidas específicamente a los encargados o actúa al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable. Quedan exentos si demuestran que no son en modo alguno responsables del hecho. Si son varios, cada uno responde de todos los daños y quien pague el total puede reclamar a los demás su parte.

Artículo 83. Condiciones generales para la imposición de multas administrativas

Las multas han de ser en cada caso efectivas, proporcionadas y disuasorias, y se imponen a título adicional o sustitutivo de las medidas del artículo 58.2, letras a) a h) y j). Hay dos topes: 10 000 000 EUR o, en empresas, el 2 % del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior (apartado 4: obligaciones del responsable y del encargado, de los organismos de certificación y del de supervisión); y 20 000 000 EUR o el 4 % (apartados 5 y 6: principios básicos, derechos de los interesados, transferencias, incumplimiento de resoluciones). Siempre se opta por la mayor cuantía.

Artículo 84. Sanciones

Los Estados miembros establecen las normas sobre otras sanciones aplicables a las infracciones del Reglamento, en particular las que no se sancionen con multas administrativas conforme al artículo 83, y adoptan todas las medidas necesarias para garantizar su observancia. Esas sanciones han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Cada Estado notifica a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, cualquier modificación posterior.

Artículo 85. Tratamiento y libertad de expresión y de información

Los Estados miembros conciliarán por ley el derecho a la protección de datos con la libertad de expresión y de información, incluido el tratamiento con fines periodísticos y de expresión académica, artística o literaria. Para esos tratamientos establecerán exenciones o excepciones de los capítulos II, III, IV, V, VI, VII y IX, si son necesarias para esa conciliación. Cada Estado notificará a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte y, sin dilación, cualquier modificación posterior, legislativa u otra.

Artículo 86. Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales

Los datos personales de documentos oficiales en posesión de una autoridad pública, un organismo público o una entidad privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por esa autoridad, organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique, a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de los datos personales.

Artículo 87. Tratamiento del número nacional de identificación

Los Estados miembros podrán determinar adicionalmente las condiciones específicas para el tratamiento de un número nacional de identificación o de cualquier otro medio de identificación de carácter general. En ese caso, el número o el medio de identificación se utilizará únicamente con las garantías adecuadas para los derechos y las libertades del interesado con arreglo al Reglamento.

Artículo 88. Tratamiento en el ámbito laboral

Los Estados miembros podrán, mediante disposiciones legislativas o convenios colectivos, establecer normas más específicas sobre el tratamiento de datos de los trabajadores en el ámbito laboral (contratación, organización del trabajo, salud y seguridad, extinción…). Esas normas incluirán medidas para preservar la dignidad humana, los intereses legítimos y los derechos fundamentales, con especial atención a la transparencia, a la transferencia de datos dentro de un grupo empresarial y a los sistemas de supervisión. Se notifican a la Comisión a más tardar el 25 de mayo de 2018.

Artículo 89. Garantías y excepciones aplicables al tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos

El tratamiento con fines de archivo en interés público, de investigación científica o histórica o estadísticos está sujeto a garantías adecuadas: medidas técnicas y organizativas, en particular para la minimización de datos, que podrán incluir la seudonimización. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros puede exceptuar los derechos de los artículos 15, 16, 18 y 21 (investigación científica o histórica o estadísticos) y los de los artículos 15, 16, 18, 19, 20 y 21 (archivo en interés público). Si el tratamiento sirve también a otro fin, las excepciones solo valen para esos fines.

Artículo 90. Obligaciones de secreto

Los Estados miembros podrán adoptar normas específicas para fijar los poderes de las autoridades de control del artículo 58.1, letras e) y f), respecto de responsables o encargados sujetos a secreto profesional o a otras obligaciones de secreto equivalentes, cuando sea necesario y proporcionado para conciliar la protección de datos con la obligación de secreto. Solo se aplican a los datos recibidos como resultado o con ocasión de la actividad cubierta por el secreto. Se notifican a la Comisión a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, sus modificaciones posteriores.

Artículo 91. Normas vigentes sobre protección de datos de las iglesias y asociaciones religiosas

Si en un Estado miembro iglesias, asociaciones o comunidades religiosas aplican, en el momento de la entrada en vigor del Reglamento, un conjunto de normas de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, podrán seguir aplicándolas siempre que sean conformes con el Reglamento. Las iglesias y asociaciones religiosas que las apliquen estarán sujetas al control de una autoridad de control independiente, que podrá ser específica si cumple las condiciones del capítulo VI.

Artículo 92. Ejercicio de la delegación

La delegación de poderes de los artículos 12.8 y 43.8 se otorga a la Comisión por tiempo indefinido a partir del 24 de mayo de 2016. El Parlamento Europeo o el Consejo pueden revocarla en cualquier momento; la revocación surte efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior que indique, y no afecta a los actos delegados ya en vigor. La Comisión notifica cada acto delegado simultáneamente a ambos, y el acto solo entra en vigor si en tres meses ninguno formula objeciones; el plazo se amplía tres meses a iniciativa de uno u otro.

Artículo 93. Procedimiento de comité

La Comisión estará asistida por un comité, que será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Cuando se haga referencia al apartado 2 de este artículo, se aplicará el artículo 5 de ese Reglamento; cuando se haga referencia al apartado 3, se aplicará su artículo 8, en relación con su artículo 5.

Artículo 94. Derogación de la Directiva 95/46/CE

Queda derogada la Directiva 95/46/CE con efecto a partir del 25 de mayo de 2018. Toda referencia a la Directiva derogada se entenderá hecha al Reglamento, y toda referencia al Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, establecido por el artículo 29 de esa Directiva, se entenderá hecha al Comité Europeo de Protección de Datos establecido por el Reglamento.

Artículo 95. Relación con la Directiva 2002/58/CE

El Reglamento no impondrá obligaciones adicionales a las personas físicas o jurídicas en materia de tratamiento en el marco de la prestación de servicios públicos de comunicaciones electrónicas en redes públicas de comunicación de la Unión, en los ámbitos en los que estén sujetas a obligaciones específicas con el mismo objetivo establecidas en la Directiva 2002/58/CE.

Artículo 96. Relación con acuerdos celebrados anteriormente

Los acuerdos internacionales que impliquen la transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales, celebrados por los Estados miembros antes del 24 de mayo de 2016 y que cumplan lo dispuesto en el Derecho de la Unión aplicable antes de esa fecha, seguirán en vigor hasta que sean modificados, sustituidos o revocados.

Artículo 97. Informes de la Comisión

A más tardar el 25 de mayo de 2020, y después cada cuatro años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la evaluación y revisión del Reglamento; los informes se harán públicos. Examinará en particular el capítulo V (transferencias a países terceros u organizaciones internacionales) y el capítulo VII (cooperación y coherencia). Puede solicitar información a los Estados miembros y a las autoridades de control, tendrá en cuenta las posiciones y conclusiones del Parlamento Europeo y del Consejo y, en caso necesario, propondrá modificar el Reglamento.

Artículo 98. Revisión de otros actos jurídicos de la Unión en materia de protección de datos

La Comisión presentará, si procede, propuestas legislativas para modificar otros actos jurídicos de la Unión en materia de protección de datos personales, a fin de garantizar la protección uniforme y coherente de las personas físicas en relación con el tratamiento. Se tratará en particular de las normas sobre el tratamiento por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión y sobre la libre circulación de tales datos.

Artículo 99. Entrada en vigor y aplicación

El Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. Son dos momentos distintos: el de la entrada en vigor, fijado por un plazo desde la publicación, y el de la aplicación, fijado por una fecha concreta.

Gobierno abierto, e-Administración y Nueva Gobernanza según Pont Vidal

Pont Vidal (GAPP, INAP, 2016): el Gobierno abierto es una administración en red, con tres ejes (transparencia, participación y colaboración, según la OGP); la transparencia es su distintivo fundamental. El Gov 2.0 es una especificidad suya ligada a las TIC. La e-Administración no es un modelo, sino un instrumento. La Nueva Gobernanza Pública es una práctica en red de actores públicos y privados, con ejes en evaluación y gobernanza.

Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos

Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto se sustanciará una consulta pública a través del portal web, recabando la opinión de los sujetos y organizaciones más representativos potencialmente afectados sobre: los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. Además, cuando la norma afecte a derechos e intereses legítimos, el centro directivo publicará el texto en el portal web para dar audiencia a los afectados y recabar aportaciones. Puede prescindirse de todos estos trámites —consulta, audiencia e información públicas— en las normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones graves de interés público. Y puede omitirse solo la consulta previa cuando la propuesta no tenga impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes o regule aspectos parciales de una materia.

Artículo 1. Objeto

La Ley regula el derecho de participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales de Andalucía, en igualdad y de manera real y efectiva, directamente o mediante entidades de participación ciudadana, y fomenta su ejercicio, en el marco de la Constitución, el Estatuto y los tratados comunitarios. Comprende en todo caso el derecho a participar plenamente en las decisiones derivadas de las funciones de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas.

Artículo 2. Finalidades

Finalidades de la Ley: promover la participación y la cultura participativa; mejorar la eficacia mediante la construcción colectiva; fortalecer la comunicación gobierno-ciudadanía; facilitar la iniciativa ciudadana; establecer mecanismos de rendición de cuentas; fomentar especialmente la participación de mujeres, menores, mayores y colectivos vulnerables; difundir hábitos participativos desde la infancia; vertebrar la sociedad civil; y favorecer la colaboración autonómica-local, preferentemente mediante convenios de cooperación.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica al ejercicio de las competencias de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales de Andalucía. Se aplica a: la Administración de la Junta, incluidos sus órganos superiores de gobierno; sus agencias (administrativas, de régimen especial o públicas empresariales) y las entidades de derecho público de la DA 2.ª de la Ley 9/2007; las entidades locales, incluidos sus órganos de gobierno; y los entes instrumentales de derecho público locales, en particular sus agencias.

Artículo 4. Principios básicos

Principios para interpretar y aplicar la Ley: universalidad, transversalidad, transparencia, veracidad, eficacia, perdurabilidad (participación continua y sostenida), facilidad y comprensión, perspectiva de género, accesibilidad y no discriminación tecnológica, gobernanza democrática, rendición de cuentas (evaluación ciudadana de las políticas), buena fe (exigible a ciudadanía y Administraciones), igualdad de oportunidades y accesibilidad de personas con discapacidad, y vertebración social.

Artículo 5. Órganos y mecanismos de participación existentes de las entidades locales

Para garantizar el desarrollo eficaz y la colaboración y coordinación de la Ley, se tendrán en cuenta los órganos y mecanismos de participación ya existentes en las entidades locales, como consejos, comisiones y mesas de debate, porque tienen la finalidad de canalizar y propiciar la implicación ciudadana en la toma de decisiones.

Artículo 6. El derecho a la participación ciudadana

Tienen derecho a participar en los asuntos públicos autonómicos y locales, directamente o mediante entidades, quienes tengan capacidad de obrar y la condición política de andaluces, y los extranjeros residentes en Andalucía. Son entidades de participación: entidades privadas sin ánimo de lucro constituidas válidamente, que actúen en Andalucía y con fines participativos o sobre la materia; entidades representativas de intereses colectivos; agrupaciones sin personalidad jurídica (con comisión y representante); y sindicatos, organizaciones empresariales y colegios profesionales.

Artículo 7. Participación de los andaluces y andaluzas en el exterior

La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para fomentar y facilitar la participación efectiva de la ciudadanía andaluza en el exterior, conforme al Estatuto de Autonomía y a la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo.

Artículo 8. Otros derechos en los procesos de participación ciudadana

El derecho de participación de personas y entidades incluye: la iniciativa para promover procesos participativos en los supuestos de la Ley; recabar la colaboración de las Administraciones andaluzas en esos procesos; y que se publique la información sobre los procedimientos con participación de forma gratuita, comprensible y accesible durante todo el proceso. Todas las personas y entidades del artículo 6 disponen de la información pública sobre la materia, según los títulos II y III de la Ley 1/2014 (publicidad activa y acceso).

Artículo 9. Obligaciones de las Administraciones Públicas andaluzas respecto a la participación ciudadana

En los procesos de participación, las Administraciones andaluzas deben: integrar la participación individual o colectiva, presencial o telemática; garantizar el acceso, adaptando estructuras y facilitándolo a los colectivos vulnerables; promover la participación por TIC (espacios interactivos en sedes, portales o webs y sistemas de votación y encuesta electrónicos); fomentar las TIC en colectivos con dificultades y disponer cauces alternativos; impulsar convenios, en especial con ONG y voluntariado; cumplir la protección de datos; y dar publicidad a la participación.

Artículo 10. Definición

Procesos de participación ciudadana: conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el tiempo, desarrollados por las Administraciones Públicas andaluzas en el ámbito de sus competencias, para posibilitar el ejercicio del derecho de participación, en igualdad y de forma real y efectiva, individual o colectiva, en la dirección y gestión de los asuntos públicos autonómicos y locales.

Artículo 11. Consideraciones generales básicas

En los procesos de participación de las entidades locales se garantiza, en todo caso, el principio de autonomía local. Todos los procesos de la Ley, cualquiera que sea su tipo u objeto (artículos 12 y 13), deben ajustarse al ordenamiento jurídico y respetar las competencias atribuidas a las distintas Administraciones Públicas.

Artículo 12. Procesos de participación ciudadana

Los procesos de participación ciudadana son cinco: deliberación participativa; participación en la elaboración de presupuestos; participación mediante consultas populares; participación en la proposición de políticas públicas y elaboración de normas; y participación en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la prestación de los servicios públicos.

Artículo 13. Objeto de los procesos de participación ciudadana

Los procesos de participación pueden versar, siempre que no sean contrarios al ordenamiento, sobre: proposición, adopción, seguimiento y evaluación de políticas públicas de singular impacto o relevancia; elaboración de instrumentos de planificación; priorización sobre aspectos puntuales del gasto; elaboración de leyes y reglamentos; y prestación, seguimiento y evaluación de los servicios públicos.

Artículo 14. Inicio de los procesos de participación ciudadana

Las Administraciones andaluzas pueden iniciar los procesos de participación de oficio o a instancia de las personas físicas o entidades de participación del artículo 6, cuando así lo prevea la ley. Si transcurren tres meses desde la presentación de la iniciativa ciudadana sin acordarse el inicio, podrá entenderse rechazada la petición.

Artículo 15. Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de procesos de participación ciudadana

No pueden convocarse ni desarrollarse procesos de participación: entre la convocatoria de elecciones a Cortes Generales y la constitución de las nuevas Cámaras; entre la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía y 90 días después de la toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de la Junta; y entre la convocatoria y la celebración de un referéndum que afecte a su ámbito territorial. Los procesos locales, tampoco entre la convocatoria de elecciones municipales y 90 días después de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal.

Artículo 16. Eficacia de los procesos de participación ciudadana

Los procesos participativos no alteran ni menoscaban las potestades y competencias del ámbito de gobierno correspondiente. Si el proceso no se inicia o no concluye, la Administración debe justificar o motivar las causas; si sus resultados no se asumen total o parcialmente, el órgano que decide debe motivarlo. Complementan los procesos de las normas generales y sectoriales. La Ley es directamente exigible, pero su omisión o infracción no afecta en ningún caso a la validez y eficacia del acto o decisión.

Artículo 17. Procesos de participación ciudadana en el ámbito local

Cada entidad local debe fijar, mediante reglamento u ordenanza, los requisitos y el procedimiento de los procesos de participación ciudadana en su ámbito. Esa regulación local ha de ajustarse a las previsiones de la Ley 7/2017 y a la demás normativa aplicable.

Artículo 18. Definición y ámbito

El proceso de deliberación participativa es el contraste de argumentos y motivaciones expuestos en un debate público, integrado en un procedimiento de decisión o de formulación o adopción de una política pública, en los supuestos del artículo 13.a) y b). En él, los órganos competentes de la Administración pública andaluza o de las entidades locales abren un espacio para conocer los intereses, posiciones y propuestas de la ciudadanía.

Artículo 19. Inicio de los procesos de deliberación participativa

Los procesos de deliberación participativa se hacen inmediatamente después del inicio del procedimiento de decisión o de formulación y adopción de una política pública. Su inicio exige acuerdo expreso del centro directivo competente por razón de la materia, del presidente de la entidad local afectada o del órgano competente de esa entidad. Excepcionalmente caben en fases sucesivas si la política adquiere una trascendencia imprevista o sus características se transforman sustancialmente.

Artículo 20. Tramitación de la iniciativa ciudadana para realizar procesos de deliberación participativa

En el ámbito autonómico, la iniciativa ciudadana para pedir un proceso de deliberación participativa exige al menos 20.000 firmas válidas de personas físicas con derecho de participación (art. 6). En el local, las que fijen los reglamentos de participación, que pueden tomar como referencia el art. 48.3 y nunca superar el mínimo autonómico. Los promotores se dirigen al órgano del art. 19.1 con una breve descripción del asunto y un cauce de comunicación, preferentemente telemático. Acordado el proceso, se inicia en 30 días como máximo desde la resolución.

Artículo 21. Acuerdo Básico Participativo

El Acuerdo Básico Participativo lo adopta el órgano competente para iniciar el proceso, una vez acordado su inicio. Debe fijar como mínimo: el tipo de proceso; el asunto, concretado en una propuesta o proyecto inicial; el órgano responsable de la coordinación; la duración máxima de la deliberación, que no puede pasar de cuatro meses desde la publicación de su apertura en el boletín oficial (ampliable de forma motivada a seis en casos de especial complejidad); y las vías de información del proceso.

Artículo 22. Desarrollo del proceso de deliberación participativa

Aprobado el Acuerdo Básico Participativo, se hace público en la sede electrónica, portal o web del órgano que acordó el inicio (con su texto íntegro) y se publica en el BOJA o en el boletín oficial de la provincia; caben otros instrumentos para garantizar accesibilidad y no discriminación tecnológica. Concluida la deliberación, el centro directivo competente por razón de la materia o el órgano competente elabora un informe final con conclusiones y valoración, que se publica en sede, portal o web y, si se considera oportuno, en boletines oficiales.

Artículo 23. Procesos de participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma

Las consejerías, dentro de su ámbito competencial, pueden establecer procesos de participación ciudadana para priorizar aspectos puntuales del gasto que prevean incorporar a sus anteproyectos de estados de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Estos procesos se desarrollan reglamentariamente conforme a los principios del capítulo II del título III, sin perjuicio de las particularidades del procedimiento presupuestario.

Artículo 24. Procesos de presupuestos participativos de las entidades locales

Las entidades locales pueden iniciar procesos de participación, como presupuestos participativos, para priorizar aspectos determinados de sus presupuestos, de modo que la asignación del gasto tenga en cuenta las prioridades manifestadas por la ciudadanía oída previamente. La Junta de Andalucía fomenta su promoción y difusión con base en los principios de universalidad y autorreglamentación, y colabora en su impulso mediante acciones positivas, información, formación y sensibilización.

Artículo 25. Consultas populares

Las Administraciones Públicas andaluzas pueden recabar la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas públicas de su competencia mediante las consultas populares del artículo 78 del Estatuto de Autonomía, conforme a esta Ley y sus reglamentos, para valorar los efectos reales de sus actuaciones públicas u orientar decisiones sobre ellas.

Artículo 26. Instrumentos de consulta popular

Las consultas populares pueden adoptar seis modalidades: encuestas (técnicas demoscópicas); audiencias públicas (procedimiento oral y público para escuchar a los afectados antes de decidir); foros de participación (espacios de debate creados por la Administración sobre los efectos de una política pública); paneles ciudadanos (espacios de información temporales que responden a consultas de la Administración, en especial sobre expectativas de futuro); jurados ciudadanos (grupos que analizan los efectos de una acción, proyecto o programa); y consultas participativas.

Artículo 27. Iniciativa ciudadana para proponer políticas públicas

Las personas y entidades del artículo 6 pueden proponer políticas públicas en competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas. En el ámbito autonómico la iniciativa exige al menos 20.000 firmas de personas físicas con derecho de participación; en el local, las firmas válidas que fijen los reglamentos de participación, que pueden tomar como referencia el artículo 48.3 y no pueden exceder el mínimo autonómico. Requisitos y procedimiento, por reglamento.

Artículo 28. Participación en los procesos de elaboración de leyes y reglamentos en la Administración de la Junta de Andalucía a través de sugerencias

La participación en la elaboración de leyes y reglamentos de la Junta se rige por la legislación básica estatal y la pueden ejercer las personas y entidades del artículo 6. Antes de iniciar el procedimiento se hace una consulta pública a través del Portal de la Junta de Andalucía, con un tiempo no inferior a quince días naturales. Puede omitirse en normas presupuestarias u organizativas, por razones graves de interés público, si la propuesta no tiene impacto significativo, no impone obligaciones relevantes, regula aspectos parciales o en tramitación urgente, justificándolo en el expediente.

Artículo 29. Propuestas de iniciativas reglamentarias

Las personas y entidades de participación ciudadana del artículo 6 pueden presentar a la Administración de la Junta de Andalucía, en materias de su competencia, propuestas para que tramite iniciativas reglamentarias. Quedan exceptuadas las disposiciones de carácter organizativo del Gobierno y la Administración de la Junta. Requisitos y procedimiento, por reglamento.

Artículo 30. Participación en los procesos de elaboración de ordenanzas locales

El órgano competente de la Administración local puede acordar procesos de participación ciudadana para elaborar los anteproyectos de ordenanzas y reglamentos locales, en los que participan las personas del artículo 6. Las entidades locales fomentan en ellos la participación de los colectivos más directamente afectados. Terminado el proceso, la ordenanza o reglamento se aprueba según el artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 31. Participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas

Las personas y entidades del artículo 6 pueden participar en el seguimiento de las políticas públicas de la Junta a través de los órganos colegiados sectoriales de participación ciudadana, ante los que los titulares de los órganos directivos responsables presentan un informe explicativo, con el contenido y la periodicidad que fije el reglamento o, en su defecto, esos órganos. La participación directa se regula por reglamento, sin perjuicio de la Ley 1/2014. La evaluación se hace en el marco de la ley del sistema de evaluación (art. 138 del Estatuto).

Artículo 32. Participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos

Las personas y entidades de participación ciudadana pueden participar en la prestación de los servicios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo que establece la Ley 7/2017 y la normativa sectorial que sea aplicable a cada servicio.

Artículo 33. Objeto

El capítulo VII regula las consultas participativas autonómicas y locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme al artículo 78 del Estatuto de Autonomía. Quedan fuera de la Ley las consultas reguladas por la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía.

Artículo 34. Definición

La consulta participativa, autonómica o local, es el instrumento de participación que busca conocer la opinión de un sector o colectivo de la población, mediante votación de contenido no referendario, sobre asuntos de interés público que le afecten. La autonómica versa sobre competencias de la Comunidad Autónoma y la local sobre competencias de las entidades locales andaluzas (atendiendo a la Ley 7/1985). Si la consulta popular local es de carácter general, el municipio pide autorización al Gobierno de la nación.

Artículo 35. Participación en las consultas participativas

Con carácter general pueden participar en las consultas participativas autonómicas o locales todas las personas mayores de 16 años del sector o colectivo con interés directo en el tema consultado que reúnan los requisitos del artículo 6.1. Este límite de edad puede obviarse en asuntos que afecten directamente a la infancia y a sus derechos.

Artículo 36. Sistema de votación

En las consultas participativas se participa mediante un sistema de votación, universal para el sector o colectivo de la población con interés directo en el tema consultado, en el que el voto es igual, libre, directo y secreto, en la forma que se determine reglamentariamente.

Artículo 37. Asuntos objeto de consulta participativa

Las consultas participativas solo pueden plantearse sobre asuntos de interés público de la competencia de la Administración convocante, sobre cuestiones motivadas por el ejercicio de esa competencia y que tengan relevancia para la vida ordinaria de un determinado sector o colectivo de la población.

Artículo 38. Asuntos excluidos de la consulta participativa

No pueden someterse a consulta participativa asuntos contrarios al ordenamiento jurídico; ajenos a la competencia de la Comunidad Autónoma o de las entidades locales andaluzas; que cuestionen la dignidad de la persona o los derechos fundamentales y libertades públicas; referidos a la organización institucional autonómica o local o a los recursos de la Hacienda Pública autonómica o de las Haciendas locales; ni, en general, los asuntos cuya gestión por la ciudadanía constituye el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución.

Artículo 39. Vinculación de la consulta participativa

Las consultas participativas son consultivas y no vinculantes. Si el órgano competente autonómico o local se aparta del resultado o lo asume, debe motivar expresamente las razones o intereses públicos de su decisión en el plazo máximo de 30 días desde la finalización del proceso de consulta. La motivación se publica, al menos, en la sede electrónica, portal o web del órgano que tiene la iniciativa de la convocatoria y, si se considera oportuno, en los boletines oficiales.

Artículo 40. Ámbito territorial

En las consultas autonómicas el ámbito es la Comunidad Autónoma o uno inferior. En las locales de las diputaciones, la provincia o un ámbito superior al municipal e inferior al provincial. En las de los ayuntamientos, el término municipal o un ámbito inferior: pueden convocarse consultas de distrito en municipios de gran población, o en el ámbito de una entidad de gestión descentralizada o de un ente desconcentrado, conforme a la Ley 7/1985.

Artículo 41. Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de la consulta participativa

Las consultas participativas no pueden convocarse ni desarrollarse: entre la convocatoria de elecciones a Cortes Generales y la constitución de las nuevas Cámaras; entre la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía y 90 días después de la toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de la Junta; entre la convocatoria y la celebración de un referéndum que afecte a su ámbito territorial. Las locales, además, tampoco entre la convocatoria de elecciones municipales y 90 días después de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal.

Artículo 42. Registro de consultas participativas

La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un registro de consultas participativas, adscrito al centro directivo competente en materia de participación ciudadana, para inscribir las consultas realizadas o promovidas al amparo de esta Ley. Su funcionamiento se regulará por reglamento.

Artículo 43. Iniciativa para la convocatoria de consultas participativas

Las consultas participativas autonómicas y locales pueden ser de iniciativa institucional o ciudadana (del sector o colectivo con interés directo en el tema). La iniciativa es informada por los órganos competentes por razón de la materia, y el Consejo Consultivo de Andalucía dictamina, una vez promovida, la adecuación al ordenamiento jurídico de la propuesta y el cumplimiento de las exigencias de esta Ley.

Artículo 44. Iniciativa institucional para las consultas participativas autonómicas

La iniciativa institucional de las consultas participativas autonómicas corresponde al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, o al diez por ciento de los ayuntamientos andaluces por acuerdo de mayoría absoluta de sus plenos, que deben representar en conjunto al menos 500.000 habitantes empadronados mayores de 16 años e incluir al menos un ayuntamiento de cada provincia.

Artículo 45. Iniciativa ciudadana para las consultas participativas autonómicas

Para solicitar una consulta participativa autonómica por iniciativa ciudadana hace falta el apoyo de al menos 30.000 firmas válidas de personas con derecho a participar en ella según el artículo 35.

Artículo 46. Convocatoria de la consulta participativa autonómica

Convoca las consultas participativas autonómicas el presidente o presidenta de la Junta, previo acuerdo del Consejo de Gobierno; si la iniciativa es suya, da cuenta al Consejo de Gobierno. La convocatoria se hace por decreto de la Presidencia en el plazo de 45 días desde el acuerdo del Consejo de Gobierno. El decreto se publica en el BOJA con al menos 45 días de antelación al inicio de la votación y, en los cinco días siguientes, en la web de la Administración convocante y en al menos un medio de comunicación de mayor difusión.

Artículo 47. Limitaciones a la realización de consultas participativas autonómicas

Por la complejidad de las consultas participativas autonómicas, el reglamento fijará cuántas pueden hacerse cada año según el asunto y el colectivo destinatario, con un máximo de tres consultas anuales. Sobre el mismo objeto no pueden promoverse otras consultas hasta pasados dos años desde la celebración de la consulta o desde la inadmisión de la iniciativa.

Artículo 48. Iniciativa para las consultas participativas locales

La iniciativa institucional local la ejerce la corporación por acuerdo de mayoría simple, a propuesta del presidente, de al menos dos grupos políticos del pleno o de un tercio de sus miembros. La ciudadana exige firmas según la población: hasta 5.000 habitantes, el 10 %; de 5.001 a 50.000, 500 más el 7 % del exceso; de 50.001 a 100.000, 3.650 más el 5 %; más de 100.000, 6.150 más el 3 %, con tope de 30.000. En ámbitos acotados, el reglamento local, sin superar el 10 % de los vecinos a consultar.

Artículo 49. Competencia para convocar la consulta participativa local

Convoca las consultas participativas locales la alcaldía o, en su caso, la presidencia de la diputación provincial, previo acuerdo motivado del pleno por mayoría absoluta. La convocatoria se hace por decreto en el plazo de 45 días desde el acuerdo del pleno. El decreto se publica en el boletín oficial de la provincia con al menos treinta días de antelación al inicio de la votación y, en cinco días desde esa publicación, íntegramente en el tablón de anuncios y, en su caso, en la web de la corporación.

Artículo 50. Limitaciones a la realización de consultas participativas locales

Por la complejidad de las consultas participativas locales, el reglamento determinará cuántas pueden hacerse cada año según el asunto y el colectivo destinatario. Una vez publicado el decreto de convocatoria, no pueden promoverse otras consultas sobre el mismo objeto hasta pasados dos años desde la celebración de la consulta o desde la inadmisión de la iniciativa.

Artículo 61. Coordinación administrativa general

En la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, la coordinación general en participación ciudadana corresponde a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. Cuenta con una secretaría de soporte para preparar sus trabajos y que actúa como oficina administrativa de relación con las unidades de participación ciudadana. La Comisión establece la planificación directiva, puede dictar instrucciones y fijar criterios sobre la implementación de la participación y el seguimiento de la planificación operativa de cada consejería.

Artículo 62. Coordinación operativa

La promoción transversal de los derechos de la ciudadanía y el fomento de la participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas corresponden a la persona titular del centro directivo competente en participación ciudadana. Sus funciones: fomentar la cultura participativa; relacionarse con las entidades de participación; asesorar en los procesos; formar; favorecer la cultura participativa en centros educativos (con la consejería de educación) y en la infancia y adolescencia (con la de infancia); coordinar los mecanismos de las consejerías y agencias; y otras afines.

Artículo 63. Unidades de participación ciudadana

En cada consejería habrá una unidad de participación ciudadana, cuyas funciones se asignan a una unidad con nivel orgánico mínimo de servicio, que actúa bajo la dependencia de la viceconsejería para impulsar la participación en la consejería y sus entidades instrumentales y aplicar los criterios e instrucciones que se establezcan. Su funcionamiento se regula por decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 64. Participación ciudadana en las Administraciones locales andaluzas

Las Administraciones locales andaluzas, en uso de su potestad de autoorganización, encomiendan las funciones de coordinación, impulso y fomento de la participación ciudadana a órganos o áreas concretas de su estructura. Las entidades locales que por insuficiente capacidad económica y de gestión no puedan ejercerlas pueden pedir asistencia técnica a la diputación provincial, conforme a la normativa básica de régimen local.

Artículo 65. Sistema público de participación digital

La Junta creará un sistema público de participación digital. El centro directivo de política digital aplicada al gobierno abierto asume, de forma transversal, la dirección técnica y el desarrollo de las plataformas TIC de participación. Habrá una plataforma en software libre con herramientas de información, deliberación, voto y seguimiento; autenticación que asegure que cada usuario es un sujeto del artículo 6; el portal de la Junta como punto de acceso general; gestión de cada proceso por el centro directivo proponente; y acceso en edificios públicos y con unidades móviles.

Artículo 66. Colaboración administrativa para la puesta en marcha del sistema público de participación digital

La Administración de la Junta de Andalucía, a través del centro directivo competente en dirección, impulso y gestión de la política digital en lo relativo a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto, puede suscribir acuerdos de colaboración con las entidades locales para poner en marcha y utilizar las plataformas de participación ciudadana necesarias para ejercer este derecho.

Concepto de Gobierno Abierto y de Estado abierto

La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto (14 de diciembre de 2017) lo define como «una cultura de gobernanza» que promueve transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Estado abierto: todos los poderes, instituciones independientes y niveles de gobierno colaboran para esos fines. El V Plan de España 2025-2029 lo ve como modelo de gobernanza; Andalucía (Acuerdo de 26 de septiembre de 2017), como «un nuevo paradigma en continua evolución».

Los pilares del Gobierno Abierto: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas

Según el glosario del V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029, la Alianza para el Gobierno Abierto fija cuatro principios: transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración. Transparencia: información pública abierta, completa, oportuna y gratuita. Participación: la ciudadanía contribuye a decidir políticas públicas. Rendición de cuentas: informar, justificar y responder ante la ciudadanía. La colaboración figura en la definición de Administración Abierta. La OCDE cita transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación.

La participación según la OCDE: partes interesadas, niveles y ciclo de las políticas

La Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto (2017) define partes interesadas y participación (todas las formas de intervenir en el ciclo de las políticas y en los servicios). Niveles: información (inicial, unidireccional), consulta (más avanzado, bidireccional) e implicación (oportunidad y recursos para colaborar en todas las fases). El ciclo de las políticas tiene cuatro fases: prioridades, redacción, ejecución y seguimiento y evaluación. Alfabetización en gobierno abierto: conciencia, conocimientos y competencias necesarios.

La Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto (2017): sus diez disposiciones

El Consejo de la OCDE adoptó la Recomendación sobre Gobierno Abierto el 14 de diciembre de 2017, a propuesta del Comité de Gobernanza Pública, tras consultas en 2016-2017 (una pública en línea de dos meses). No es jurídicamente vinculante: es un compromiso político; admite la adhesión de no miembros. Tiene diez disposiciones: entorno propicio (1, 2, 3, 7 y 8), marco de aplicación (4, 5, 6 y 9) y camino por recorrer (10: pasar del gobierno abierto al Estado abierto). Informes de aplicación: plazo máximo de tres años; el primero, en septiembre de 2023; el siguiente, previsto para 2028.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y la Declaración de Gobierno Abierto de 2011

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), creada en 2011 y con más de 70 países, promueve transparencia, colaboración, rendición de cuentas y participación mediante compromisos concretos; España está desde su creación. Para unirse hay que respaldar la Declaración de Gobierno Abierto (septiembre de 2011), de forma voluntaria y no vinculante; cumplir criterios de elegibilidad en cuatro áreas (transparencia fiscal, acceso a la información, declaración de bienes y participación ciudadana); superar el Values Check; designar un organismo y enviar carta de intención.

Funcionamiento de la OGP: planes de acción, cocreación, IRM y órganos

Los planes de acción son el núcleo de la participación en la OGP: gobierno y sociedad civil definen juntos compromisos concretos (cocreación). Según el glosario del V Plan, los Planes de Acción Nacionales se implementan en períodos de dos o cuatro años. Otros elementos: el IRM (evalúa los compromisos con informes independientes), el Comité Directivo (gobiernos y sociedad civil), la Cumbre Global (bienal), el Desafío de Gobierno Abierto (diez áreas) y la Estrategia 2023-2028 (cinco objetivos). España fue elegida en marzo de 2023 copresidenta del Comité Directivo.

Los planes de Gobierno Abierto de España (I a IV) y el Foro de Gobierno Abierto

Según el V Plan, desde que España entró en la OGP en 2011 el Gobierno ha impulsado una transformación basada en transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración; el hito normativo fue la Ley 19/2013. Planes: I (2012-2014), Ley de Transparencia; II (2014-2016), Portal de Transparencia; III (2017-2019), Foro de Gobierno Abierto y creación conjunta; IV (2020-2024), más participación, integridad transversal y todos los niveles territoriales (Convenio de Tromsø, SIAGE, HazLab). El Foro, creado en 2017, es un órgano colegiado paritario de administraciones y sociedad civil.

El V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029

El V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029 rige del 6 de octubre de 2025 al 6 de octubre de 2029. Valores: transparencia, participación inclusiva, rendición de cuentas e innovación; ejes transversales: Agenda 2030 e inclusión, igualdad y accesibilidad. Suprime los ejes del IV Plan y tiene 10 compromisos: nueve de la AGE y el décimo, «Estado Abierto», de comunidades autónomas y entidades locales. 218 iniciativas (123 centrales, 82 autonómicas, 13 locales). Cinco fases de elaboración; 424 propuestas en consulta pública.

El Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía (Acuerdo de 26 de septiembre de 2017)

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2017 aprueba la formulación del Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía, para la Junta y sus entidades instrumentales de la Ley 1/2014. Tres fines: ciudadanía en el centro, corresponsabilidad en las decisiones y mejores servicios. Seis objetivos y cuatro elementos de contenido. Coordina la Viceconsejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática; la propuesta inicial va a agentes sociales e información pública, y la definitiva, al Consejo de Gobierno.

Las iniciativas de Andalucía en el V Plan de Gobierno Abierto

El compromiso 10 del V Plan, «Estado Abierto», reúne las iniciativas autonómicas y de la FEMP. Andalucía aporta 25 (10.4.1 a 10.4.25); el grupo más numeroso, 9, contribuye a administración abierta. Entre ellas: apertura de datos y reutilización; sellos de integridad; @rchivA como fuente de datos abiertos; el Asistente Virtual de Atención Administrativa, de la Agencia Digital de Andalucía, 24 horas los 365 días; el Plan de Capacitación y Emprendimiento Digital (ejes: ciudadanía, empleo, profesionales TIC, educación y salud); y formación obligatoria en transparencia y continua en integridad.

La Sociedad de la Información según la Cumbre Mundial de Ginebra (2003)

La primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) se celebró en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003. Su Declaración de Principios busca una Sociedad de la Información «centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo», basada en la Carta de la ONU y la Declaración Universal. Su fundamento es la libertad de opinión y de expresión (art. 19); la comunicación es su «eje central»; las TIC son «un medio, y no un fin». Quiere convertir la brecha digital en oportunidad digital. Enumera once principios fundamentales.

La Década Digital de la Unión Europea: objetivos y metas para 2030

La Decisión (UE) 2022/2481, de 14 de diciembre de 2022, establece el programa de la Década Digital para 2030. Metas en cuatro ámbitos: capacidades (80 % de personas de 16 a 74 años con capacidades básicas; 20 millones de especialistas TIC); infraestructuras (gigabit y 5G, 20 % de los semiconductores de vanguardia, 10.000 nodos de proximidad, primer ordenador con aceleración cuántica en 2025); empresas (75 % con nube, macrodatos o IA; más del 90 % de pymes con intensidad digital básica; duplicar unicornios); servicios públicos (100 % en línea, historial médico y eID). Seguimiento con el DESI.

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025: objetivos y ejes

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 desarrolla el eje 5 y parte de los ejes 4 y 9 de España Digital 2025, y se integra en el componente 11 del Plan de Recuperación. Tres objetivos: servicios digitales accesibles y seguros; Administración «guiada por datos»; y acceso a tecnologías emergentes. Tres ejes: 1, transformación digital de la AGE; 2, proyectos de alto impacto (sanidad, justicia, empleo); 3, MPTFP, comunidades autónomas y entidades locales. 2.600 millones en 2021-2023 y 17 medidas.

Tendencias en la Administración: automatización e IA, datos, nube y ciberseguridad

El eje 1 del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 tiene cinco bloques: Administración orientada a la ciudadanía (medidas 1-4), automatización inteligente, transparencia y datos, entornos digitales líquidos y ciberseguridad. Medida 5: automatización inteligente con IA. Medida 6: datos compartidos y almacén corporativo contra los silos. Medida 7: infraestructuras cloud y NubeSARA; medida 8: Puesto de Trabajo Inteligente. Medida 9: Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que facilita cumplir el ENS.

La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 y la IA en el sector público

La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 refuerza la ENIA de 2020. Tres ejes y ocho palancas: eje 1, palancas clave (supercomputación, almacenamiento sostenible, modelos y corpus de lenguaje, talento); eje 2, IA en los sectores público y privado y marco de ciberseguridad con una ley; eje 3, IA transparente, responsable y humanística: la AESIA. Novedad: ALIA, modelo fundacional en castellano y lenguas cooficiales. Palanca 5: incubadora GovTech, servicios comunes de IA y gobernanza de datos de la AGE.

La Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2022 (BOJA núm. 203) aprueba la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025; su formulación se aprobó el 3 de agosto de 2021, con cuatro años de ámbito temporal, y la coordinó la Agencia Digital de Andalucía. Referencias: Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital y Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019. Cinco principios (colaboración, ciberseguridad en la digitalización, cultura, servicios públicos seguros y resiliencia), ocho objetivos estratégicos y ocho líneas de actuación; la segunda, AndalucíaCERT.