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A1.1100 · Grupo I · Gestión pública y sistemas de información

Tema 37 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

La Administración electrónica. La información y los derechos de las personas.

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Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 9–14, 16–17, 26–28, 41, 43, 53 y 70. Ver la norma

  1. Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento

    Las Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados comprobando su nombre y apellidos o razón social según consten en el DNI o documento equivalente. Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, en certificados cualificados de sello electrónico, o mediante cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, siempre que exista registro previo del usuario que garantice su identidad y previa comunicación al órgano estatal competente en administración digital.

  2. Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

    Los interesados pueden firmar por cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento y la integridad e inalterabilidad del documento. Si optan por relacionarse electrónicamente, son válidos a efectos de firma los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados cualificados de firma, los de sello electrónico cualificado y avanzado basados en certificados cualificados de sello, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido con registro previo del usuario y previa comunicación al órgano estatal competente.

  3. Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo

    Con carácter general, para cualquier actuación del procedimiento basta con que el interesado acredite previamente su identidad. Las Administraciones solo pueden exigir el uso de firma para cinco actuaciones: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

  4. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

    Las Administraciones deben garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente, poniendo a su disposición los canales, sistemas y aplicaciones necesarios. Deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse por esa vía que lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes en el registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de ellos no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma puede realizarla válidamente un funcionario público habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia.

  5. Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas

    Quienes tienen capacidad de obrar conforme al artículo 3 son titulares, en sus relaciones con las Administraciones, de un catálogo de derechos: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos, que han de facilitarles el ejercicio de sus derechos; exigir responsabilidades a las Administraciones y autoridades; obtener y utilizar los medios de identificación y firma de esta ley; a la protección de datos; y cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes.

  6. Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

    Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, y los empleados públicos para los trámites propios de su condición. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican electrónicamente o no.

  7. Artículo 16. Registros

    Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que se asiente todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo o entidad vinculada, pudiendo anotarse también la salida de documentos oficiales. Los organismos vinculados pueden tener su propio registro, interoperable e interconectado con el general, que funciona como portal de acceso a todos ellos. Las disposiciones de creación de los registros se publican en el diario oficial. Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico de la Administración a la que se dirijan o de cualquier otro sujeto del artículo 2.1, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes. Lo presentado presencialmente deberá ser digitalizado por la oficina de asistencia en materia de registros para incorporarlo al expediente electrónico, devolviéndose los originales al interesado.

  8. Artículo 17. Archivo de documentos

    Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados. Los documentos se conservarán en un formato que garantice la autenticidad, integridad y conservación, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido, asegurando la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes. Su eliminación deberá ser autorizada conforme a la normativa aplicable. Los medios o soportes contarán con las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación, e identifiquen a los usuarios y controlen los accesos.

  9. Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas

    Documento público administrativo es el válidamente emitido por un órgano de una Administración Pública. Se emiten por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma. Para que un documento electrónico sea válido necesita cinco cosas: información archivada en soporte electrónico con formato identificable, datos de identificación, referencia temporal, los metadatos mínimos exigidos y la firma electrónica que corresponda.

  10. Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas

    Cada Administración determinará los órganos competentes para expedir copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las realizadas por una Administración tienen validez en las restantes. Pueden hacerse mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada, manteniéndose un registro actualizado de funcionarios habilitados, interoperable e interconectado con los de las demás Administraciones, en el que constarán al menos los que presten servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros.

  11. Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo

    Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que se opongan a ello.

  12. Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones

    Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos, y siempre que el interesado esté obligado a esa vía. Solo caben en papel dos supuestos: la comparecencia espontánea del interesado que pide la notificación personal en ese momento, y la entrega directa por un empleado público cuando sea necesaria para asegurar la eficacia de la actuación. Sea cual sea el medio, la notificación vale si permite acreditar el envío o puesta a disposición, la recepción o acceso, las fechas y horas, el contenido íntegro y la identidad de remitente y destinatario. Nunca se practican electrónicamente las que lleven elementos no convertibles a formato electrónico ni las que contengan medios de pago como cheques. Si el interesado es notificado por varios cauces, vale la fecha de la primera.

  13. Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

    Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en la sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única, o por ambos sistemas. Se entienden practicadas en el momento en que se accede a su contenido. Cuando la notificación electrónica sea obligatoria o el interesado la haya elegido expresamente, se entiende rechazada si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella. Los interesados pueden acceder a sus notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico.

  14. Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo

    Los interesados en un procedimiento tienen derecho, entre otros, a conocer el estado de la tramitación, a no presentar documentos originales salvo que la norma lo exija, a no aportar datos que ya obren en poder de la Administración, y a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.

  15. Artículo 70. Expediente Administrativo

    El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Tiene formato electrónico y se forma agregando ordenadamente documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, con un índice numerado cuando se remita, y debe constar en él copia electrónica certificada de la resolución. Al remitirlo se envía completo, foliado, autentificado y con índice también autentificado. No forma parte del expediente la información de carácter auxiliar o de apoyo —notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos— ni los juicios de valor.

Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 38–46 y 155–158. Ver la norma

  1. Artículo 38. La sede electrónica

    La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Establecer una sede conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios accesibles a través de ella. Cada Administración determina las condiciones e instrumentos de creación de sus sedes con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad, garantizando en todo caso la identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas. Dispondrán de sistemas que permitan comunicaciones seguras cuando sean necesarias, publicarán respetando la accesibilidad y los estándares abiertos, y se identificarán mediante certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

  2. Artículo 39. Portal de internet

    El portal de internet es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

  3. Artículo 40. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas

    Las Administraciones podrán identificarse mediante un sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado. Esos certificados incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente y, en su caso, la identidad de la persona titular cuando se trate de sellos de órganos administrativos. La relación de sellos utilizados por cada Administración, con las características de los certificados y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, y cada Administración facilitará la verificación de sus sellos. Además, se entenderá identificada la Administración respecto de la información que publique como propia en su portal de internet.

  4. Artículo 41. Actuación administrativa automatizada

    Es actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración en el marco de un procedimiento administrativo en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. En estos casos deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano responsable a efectos de impugnación.

  5. Artículo 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada

    Para la actuación administrativa automatizada, cada Administración podrá determinar los supuestos de utilización de dos sistemas de firma electrónica: el sello electrónico de Administración, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, basado en certificado reconocido o cualificado; y el código seguro de verificación (CSV) vinculado a la Administración, órgano, organismo o entidad, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

  6. Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas

    Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. Cada Administración determinará los sistemas de firma que debe utilizar su personal, que podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en que presta servicios. Por razones de seguridad pública, los sistemas de firma podrán referirse sólo al número de identificación profesional del empleado público.

  7. Artículo 44. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación

    Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones, órganos, organismos públicos y entidades de Derecho Público serán válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores. Si los participantes pertenecen a una misma Administración, será ella quien determine las condiciones y garantías, que comprenderán al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. Si pertenecen a distintas Administraciones, esas condiciones se establecerán mediante convenio suscrito entre ellas. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado y la protección de los datos transmitidos.

  8. Artículo 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica

    Las Administraciones podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma. Para favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma, cuando una Administración utilice sistemas de firma distintos de los basados en certificado reconocido o cualificado y remita o ponga a disposición de otros órganos, organismos, entidades de Derecho Público o Administraciones documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en certificado reconocido o cualificado.

  9. Artículo 46. Archivo electrónico de documentos

    Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esa naturaleza, en el mismo formato en que se originaron o en otro que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlos, garantizando siempre la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes. Los medios o soportes contarán con las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación, aseguren la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de la legislación de protección de datos y la recuperación y conservación a largo plazo.

  10. Artículo 46 bis. Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos

    Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, los datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y los datos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Esos datos no podrán transferirse a un tercer país u organización internacional, salvo que exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando lo exija el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

  11. Artículo 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas

    Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, cada Administración deberá facilitar el acceso de las demás a los datos de los interesados que obren en su poder, especificando condiciones, protocolos y criterios con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. En ningún caso cabrá un tratamiento ulterior para fines incompatibles con el fin inicial, si bien no se considera incompatible el tratamiento con fines de archivo en interés público, investigación científica e histórica o estadísticos. Fuera de ese caso, la Administración cesionaria que pretenda un tratamiento ulterior para una finalidad que estime compatible deberá comunicarlo previamente a la cedente, que podrá oponerse motivadamente en el plazo de diez días; si la cedente es la Administración General del Estado, podrá además suspender cautelarmente la transmisión por razones de seguridad nacional. Mientras la cedente no comunique su decisión, la cesionaria no podrá emplear los datos para la nueva finalidad.

  12. Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad

    El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán tener en cuenta las Administraciones para sus decisiones tecnológicas, de modo que se garantice la interoperabilidad. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

  13. Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración

    Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera que lo solicite las aplicaciones desarrolladas por sus servicios o contratadas y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información asociada esté especialmente protegida por una norma; cedente y cesionaria podrán acordar la repercusión del coste. Esas aplicaciones podrán declararse de fuentes abiertas. Con carácter previo a adquirir, desarrollar o mantener una aplicación, las Administraciones deberán consultar el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, para comprobar si existen soluciones reutilizables; y de existir una solución disponible, estarán obligadas a usarla, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria.

  14. Artículo 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones

    Las Administraciones mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión. La Administración General del Estado mantendrá ese directorio general, prestará apoyo para la libre reutilización e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

Real Decreto 203/2021, Reglamento de actuación por medios electrónicos

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

    El Reglamento desarrolla dos leyes: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. Su ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015 y en el artículo 2 de la Ley 40/2015.

  2. Artículo 2. Principios generales

    El sector público deberá respetar en sus actuaciones y relaciones electrónicas: a) neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso (estándares abiertos y, en su caso y de forma complementaria, de uso generalizado); b) accesibilidad (igualdad y no discriminación, en particular de personas con discapacidad y mayores); c) facilidad de uso (minimizar el conocimiento necesario); d) interoperabilidad (compartir datos); e) proporcionalidad (garantías y medidas de seguridad adecuadas); f) personalización y proactividad (servicios precumplimentados).

  3. Artículo 3. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

    Están obligados a relacionarse electrónicamente, al menos, los sujetos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015. Las personas físicas no obligadas pueden optar por ello al inicio del procedimiento o en una fase posterior, y también dejar de hacerlo, comunicándolo al órgano competente para tramitarlo: los efectos se producen a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que este tenga constancia. En el ámbito estatal la obligatoriedad puede establecerse por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden de la persona titular del Departamento competente.

  4. Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos

    Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos de su ámbito competencial a través de alguno o algunos de estos canales: presencial (oficinas de asistencia que se determinen), portales de internet y sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015.

  5. Artículo 5. Portales de internet de las Administraciones Públicas

    Portal de internet es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público y que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada. Cada Administración podrá determinar los contenidos y canales mínimos de sus portales y criterios obligatorios de imagen institucional. Los portales dispondrán de sistemas que permitan establecer medidas de seguridad conforme al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero (Esquema Nacional de Seguridad).

  6. Artículo 6. Creación y supresión de portales de internet en el ámbito estatal

    En el ámbito estatal los portales se crean o suprimen por orden de la persona titular del ministerio o resolución de la persona titular del órgano superior (Administración General del Estado) y por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección (organismos y entidades). Crear exige informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital y posterior comunicación a dos ministerios; suprimir, previa comunicación a ambos. La dirección incluirá el dominio de segundo nivel «.gob.es» y los portales estarán referenciados en el PAGe.

  7. Artículo 7. Punto de Acceso General electrónico

    Las Administraciones Públicas contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), que facilita el acceso a servicios, trámites e información y dispone de una sede electrónica que da acceso a todas las sedes y sedes asociadas; esa sede podrá incluir un área personalizada. El PAGe de la Administración General del Estado lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital; en su sede está alojada la Dirección Electrónica Habilitada única y podrá interoperar con portales web oficiales de la Unión Europea.

  8. Artículo 8. Carpeta Ciudadana del sector público estatal

    La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de las personas interesadas en su relación con el sector público estatal. Además del interesado pueden acceder sus representantes legales y quien ostente un poder general otorgado por él e inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos. Es accesible a través de la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y podrá ofrecer, entre otras funcionalidades, seguimiento de procedimientos, acceso a comunicaciones y notificaciones, conocer qué datos obran en poder del sector público estatal y obtener certificaciones.

  9. Artículo 9. Sedes electrónicas de las Administraciones Públicas

    Una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante ella se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas. Su titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de sus competencias.

  10. Artículo 10. Creación y supresión de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas

    Pueden crearse una o varias sedes asociadas a una sede electrónica por razones técnicas y organizativas; la asociada es sede a todos los efectos. El acto de creación o supresión se publica en el boletín oficial que corresponda (en las entidades locales, el de la provincia) y en el directorio del PAGe, y determina, al menos, ámbito de aplicación, dirección electrónica de referencia, titular y órgano u órganos gestores. En el ámbito estatal se hace por orden o resolución con informe previo favorable de dos ministerios, que exige una memoria justificativa y económica.

  11. Artículo 11. Contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas

    Toda sede o sede asociada tiene un contenido mínimo: identificación de la sede y de su titular, acto de creación, información de uso (mapa), sistemas de identificación y firma admitidos, normativa del Registro, fecha y hora oficial y calendario de días inhábiles, incidencias técnicas, y relación actualizada de servicios y de actuaciones automatizadas. Y, al menos, estos servicios: acceso a trámites con plazos máximos, enlace de sugerencias y quejas, verificación de certificados y sellos, comprobación de documentos con código seguro de verificación, modelos y directorio de oficinas.

  12. Artículo 12. Responsabilidad sobre la sede electrónica o sede electrónica asociada

    El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede asociada responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia accesibles desde ella. Si la sede contiene un enlace o vínculo a otra sede, responde el titular de esta última. Si contiene procedimientos o servicios cuya competencia corresponde a otro órgano, organismo o entidad, de la misma o de diferente Administración, responde el titular de la competencia. En estos dos casos, sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la sede respecto de la incorporación de los contenidos.

  13. Artículo 13. Actuación administrativa automatizada

    La tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, entre otras formas, de manera automatizada. En el ámbito estatal, la determinación de una actuación como automatizada se autoriza por resolución del titular del órgano administrativo competente por razón de la materia o del órgano ejecutivo competente del organismo o entidad, y se publica en la sede electrónica o sede asociada. La resolución expresa los recursos que procedan, el órgano y el plazo, y establece medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos.

  14. Artículo 14. Régimen de subsanación

    Si el obligado a usar medios electrónicos no los utiliza, se le requiere subsanar en diez días; si no, se le tendrá por desistido o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite, previa resolución. Igual para las personas físicas no obligadas que hayan optado por la vía electrónica. En solicitudes de iniciación, la fecha de subsanación es la de presentación. Diez días también por incumplir formatos y estándares u otro defecto subsanable; este último plazo es ampliable hasta cinco días por dificultades especiales, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

  15. Artículo 15. Sistemas de identificación, firma y verificación

    Las Administraciones admiten sistemas de firma electrónica conformes a la normativa vigente. Para identificarse ellas pueden usar: identificación de sedes y sedes asociadas, sello electrónico, firma para la actuación automatizada, firma de su personal e intercambio de datos en entornos cerrados. Los sistemas del artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015 requieren autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital. La Administración no responde del uso por terceros de los medios del interesado, salvo que concurran los requisitos del artículo 32 de la Ley 40/2015.

  16. Artículo 16. Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros sistemas de identificación

    La Administración General del Estado dispondrá de una plataforma para verificar la vigencia y el contenido de los certificados cualificados admitidos en el sector público, libre y gratuitamente para este. Órgano responsable: la Secretaría General de Administración Digital. Está disponible para todo el sector público previa formalización del instrumento de adhesión. Su declaración de prácticas de validación es pública, electrónica y gratuita. Los prestadores cualificados de servicios de confianza deben facilitarle acceso electrónico y gratuito para verificar la vigencia de sus certificados.

  17. Artículo 17. Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal

    La política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal la constituyen las directrices y normas técnicas sobre el uso de certificados y firma electrónica. Contiene en todo caso: su ámbito de aplicación; los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante la Administración General del Estado y sus organismos y entidades; y las especificaciones técnicas y operativas de los servicios de confianza. La aprueba por Resolución la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y se publica en el BOE y en la sede electrónica del PAGe.

  18. Artículo 18. Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas

    Las sedes electrónicas y sedes asociadas se identifican y garantizan una comunicación segura mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente, ajustados al Esquema Nacional de Interoperabilidad y a la normativa de identidad y firma electrónica. En el ámbito estatal se identifican mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web; las direcciones que sean sede deben hacerlo constar de forma visible e inequívoca, seguir la imagen institucional de la Administración General del Estado e incluir el nombre de dominio «.gob.es».

  19. Artículo 19. Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica

    Las Administraciones pueden identificarse con sello electrónico basado en certificado cualificado, que incluye el número de identificación fiscal y la denominación y, en su caso, la identidad del titular en los sellos de órganos administrativos. La relación de sellos de cada Administración es pública y accesible por medios electrónicos. En el ámbito estatal los crea por resolución la persona titular de la Subsecretaría o de la Presidencia o Dirección del organismo o entidad; el certificado contiene al menos la denominación «sello electrónico» y el nombre y el NIF del suscriptor.

  20. Artículo 20. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada

    En la tramitación automatizada, cada Administración Pública puede determinar los supuestos de utilización de estos sistemas de firma: a) sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado; b) código seguro de verificación vinculado a la Administración, órgano, organismo o entidad, que permite en todo caso comprobar la integridad del documento accediendo a la sede electrónica. Cada Administración determina los medios de firma admitidos en sus entidades de derecho privado cuando tramiten de forma automatizada ejerciendo potestades administrativas.

  21. Artículo 21. Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada

    Las Administraciones pueden usar código seguro de verificación (CSV) en actuaciones automatizadas. Vincula al órgano, organismo o entidad y, en su caso, al firmante, y permite comprobar la integridad del documento en la sede o sede asociada de forma directa y gratuita. Si el documento se modifica, surge otro con CSV diferente. En el ámbito estatal exige resolución, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital; la verificación en sede estará disponible al menos cinco años, salvo plazo superior en normativa especial.

  22. Artículo 22. Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas

    La actuación de la Administración por medios electrónicos se realiza mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado público a través del que se ejerza la competencia. Cada Administración determina los sistemas de firma de su personal, que podrán identificar conjuntamente al titular del puesto o cargo y a la Administración u órgano en que presta servicios. Los certificados de empleado público serán cualificados. Cada Administración determina los medios de firma admitidos en sus entidades de derecho privado cuando ejerzan potestades administrativas.

  23. Artículo 23. Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional

    Los prestadores cualificados de servicios de confianza podrán consignar un número de identificación profesional en el certificado de empleado público, a petición de su Administración, para actuaciones que afecten a información clasificada, seguridad pública, defensa nacional u otras con anonimato legalmente justificado. En el ámbito estatal lo solicita el titular de la Subsecretaría o de la Presidencia o Dirección del organismo. La Administración solicitante conserva la documentación de la identidad del titular. Son cualificados y limitados a las actuaciones que justificaron su emisión.

  24. Artículo 24. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes

    El personal de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades podrá identificarse con los sistemas de la Ley 39/2015 que se establezcan según el nivel de seguridad del trámite de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad. Podrá firmar con certificados electrónicos cualificados facilitados a sus empleados, utilizables en el desempeño efectivo del puesto, para trámites y actuaciones por razón del mismo, o para relacionarse con las Administraciones públicas cuando estas lo admitan. Los registros de personal podrán recoger los datos para la identificación electrónica.

  25. Artículo 25. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación

    Los documentos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones entre Administraciones, órganos, organismos y entidades de derecho público son válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores. Si los participantes son de una misma Administración, esta fija las condiciones y garantías, que comprenden al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos; si son de distintas, se fijan por convenio. En el ámbito estatal las establece la Secretaría General de Administración Digital. Rige el Esquema Nacional de Seguridad.

  26. Artículo 26. Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento

    Los interesados podrán identificarse con cualquier sistema con registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Se admiten: a) certificados cualificados de firma electrónica y b) de sello electrónico, de prestadores de la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza»; c) clave concertada y otros sistemas que las Administraciones consideren válidos, previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital, denegable solo por motivos de seguridad pública. Uno de los sistemas a) y b) debe ser posible para todo procedimiento.

  27. Artículo 27. Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas

    Fija los atributos mínimos de los certificados usados para identificarse. Persona física (certificado cualificado de firma): nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Número de Identificación Consular Central o NIF que conste de manera inequívoca. Representante de persona jurídica: denominación y NIF de la persona jurídica, más nombre y apellidos y DNI, NIE o NIF del representante. Persona jurídica (certificado cualificado de sello): denominación y NIF. La identidad del solicitante se comprueba conforme al artículo 7 de la Ley 6/2020.

  28. Artículo 28. Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas

    Los sistemas de clave concertada u otros que las Administraciones consideren válidos para identificar a personas físicas deben ajustarse al Esquema Nacional de Seguridad y contener, como mínimo, nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Consular Central o NIF, y el pasaporte si así se establece. Los autoriza previamente la Secretaría General de Administración Digital; solo cabe denegar por seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad. En el ámbito estatal se crean por orden o resolución; si abarcan toda la AGE, por Acuerdo del Consejo de Ministros.

  29. Artículo 29. Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso

    Si el interesado opta por relacionarse electrónicamente, valen como firma: a) firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada con certificado cualificado; b) sello electrónico cualificado y avanzado con certificado cualificado; c) cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, con registro previo como usuario. Uno de los de a) y b) debe ser posible en todos los procedimientos y trámites. Los de c) necesitan autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital, que solo podrá denegarse por motivos de seguridad pública.

  30. Artículo 30. Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado

    El interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015 que no disponga de medios electrónicos puede ser identificado o firmar mediante personal funcionario público habilitado. Debe identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso, del que queda constancia por escrito. El funcionario le entrega la documentación del trámite y copia del consentimiento. En el ámbito estatal, el funcionario ha de estar inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.

  31. Artículo 31. Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado

    Crea el Registro de Funcionarios Habilitados de la AGE y sus organismos y entidades. Constan inscritos: a) los habilitados para la identificación y firma electrónica de interesados; b) los habilitados para expedir copias auténticas, a quienes habilitan los órganos de emisión, custodia o archivo de los documentos; c) el personal de las oficinas de asistencia en materia de registros. Lo gestiona la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital. Su funcionamiento se regula por orden conjunta.

  32. Artículo 32. Acreditación en la actuación por medio de representante

    Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por representante: persona física con capacidad de obrar o persona jurídica si lo prevén sus Estatutos. Los representantes de obligados a relacionarse electrónicamente también lo están. La representación se acredita por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, entre otros: apoderamiento apud acta (personal o electrónico), inscripción en el registro electrónico de apoderamientos, certificado electrónico cualificado de representante o documento público notarial o inscripción en un registro mercantil.

  33. Artículo 33. Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado

    En el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE se inscriben los apoderamientos generales del artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015 otorgados apud acta, y pueden inscribirse los del 6.4.b) y 6.4.c) si el organismo o entidad no tiene registro particular. Consta el bastanteo de los servicios jurídicos. Lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con la colaboración del de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Cada organismo o entidad puede tener registro particular, donde no caben los poderes del 6.4.a). Son interoperables y no públicos.

  34. Artículo 34. Acreditación de la representación mediante certificado electrónico cualificado de representante

    La representación puede acreditarse ante la Administración con un certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica acorde al artículo 28 y al Anexo I del Reglamento (UE) 910/2014 (Reglamento eIDAS) y a la Política marco de Firma Electrónica y de certificados, que además se haya expedido a quien tenga un poder general para cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. Si el certificado es de alcance no general, su aceptación queda sujeta al Reglamento eIDAS, a esa Política Marco y, además, a los requisitos que disponga cada Administración.

  35. Artículo 35. Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil

    Si la representación resulta de documento público notarial o de certificación de un registro mercantil, el interesado debe aportar la certificación registral electrónica o, al menos, expresar el código seguro u otro sistema de acceso y verificación del documento electrónico. Las Administraciones verifican autenticidad e integridad con acceso electrónico y gratuito a la dirección que habilitan el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores. Para comprobar vigencia, revocación o cese de representaciones inscritas, consultan electrónica y gratuitamente el Registro Mercantil.

  36. Artículo 36. Autorización de representantes de terceros por la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes

    La AGE y sus organismos y entidades pueden habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas autorizadas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas. Se requiere la firma previa de un convenio con la organización o corporación, que especifica al menos los procedimientos y trámites y las condiciones y obligaciones de la entidad firmante y de los habilitados, y determina la presunción de validez de la representación. Los trámites se publican en la sede electrónica del PAGe y en las sedes respectivas.

  37. Artículo 37. Registro electrónico

    Las Administraciones disponen de registros electrónicos plenamente interoperables. Cada Administración tiene un Registro Electrónico General donde se asienta todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo o entidad; estos organismos y entidades pueden tener registro propio, interoperable e interconectado con el General. Admiten documentos electrónicos normalizados y cualquier otra solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier Administración. No se tienen por presentados los documentos cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

  38. Artículo 38. Registro Electrónico General de la Administración General del Estado

    El Registro Electrónico General de la AGE lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es el conjunto agregado de: a) los asientos de las aplicaciones de las unidades que anotan en registro; b) las anotaciones de cualquier aplicación que dé soporte a procedimientos específicos; c) las anotaciones del servicio electrónico para solicitudes, escritos y comunicaciones sin modelos normalizados. Sus anotaciones tienen plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas.

  39. Artículo 39. Presentación y tratamiento de documentos en registro

    Las Administraciones pueden determinar formatos y estándares de los documentos. Si se detecta código malicioso en documentos ya registrados, se requiere su subsanación. Los documentos en soporte no electrónico se presentan en las oficinas de asistencia en materia de registros; digitalizados, son copia electrónica auténtica y se devuelven inmediatamente. Si el tamaño excede la capacidad del SIR, la remisión puede sustituirse por la puesta a disposición en un repositorio de intercambio de ficheros. El archivo corresponde al órgano competente para la tramitación.

  40. Artículo 40. Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado

    Las Oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo y se crean, modifican o suprimen conforme al artículo 59.2 de la Ley 40/2015. La Administración General del Estado cuenta con un directorio geográfico de ellas, gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al que el órgano del que dependa cada Oficina comunica de forma inmediata la norma que la cree, modifique o suprima. Entre sus funciones: digitalizar y anotar en registro, emitir recibo con fecha y hora y expedir copias electrónicas auténticas.

  41. Artículo 41. Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios electrónicos

    Cuando la relación con las Administraciones Públicas deba ser electrónica, se comunican al interesado por esos medios, al menos: la fecha y, en su caso, hora de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración; la fecha de recepción de la solicitud en el órgano competente, el plazo máximo para resolver y notificar y los efectos del silencio; y las solicitudes de pronunciamiento a un órgano de la Unión Europea, de informe preceptivo o de pronunciamiento jurisdiccional, el procedimiento europeo no finalizado y el requerimiento de anulación o revisión entre administraciones.

  42. Artículo 42. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

    Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en la sede electrónica o sede asociada, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o por ambos sistemas; si son ambos, cuenta el acceso o rechazo ocurrido en primer lugar. La comparecencia voluntaria del no obligado, con posterior acceso o rechazo expreso, tiene plenos efectos jurídicos. El acuse de recibo identifica acto, destinatario, fechas y horas. El sucesor comunica la sucesión en 15 días hábiles. Los emisores de ámbito estatal notifican en la DEHú y, de forma complementaria, pueden hacerlo en su sede.

  43. Artículo 43. Aviso de puesta a disposición de la notificación

    Sea la notificación en papel o electrónica, se envía al interesado o a su representante un aviso de su puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única, en la sede electrónica o sede asociada o en ambas. El aviso es meramente informativo: su falta no impide la plena validez de la notificación, y se practica si se ha comunicado un dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico. Si el obligado a relacionarse electrónicamente no tiene datos de contacto, en los procedimientos iniciados de oficio la primera notificación se hace en papel.

  44. Artículo 44. Notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada única

    La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) es el sistema de información para la notificación electrónica; la gestiona el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el de Política Territorial y Función Pública y se aloja en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. Ante una incidencia técnica, los emisores podrán ampliar el plazo no vencido. El acceso al contenido, el rechazo expreso o la presunción de rechazo por el transcurso de diez días naturales desde la puesta a disposición dan por efectuada la notificación.

  45. Artículo 45. Notificación electrónica en sede electrónica o sede electrónica asociada

    Antes de acceder al contenido de la notificación en la sede electrónica o sede asociada, el interesado es informado de que la comparecencia y acceso, el rechazo expreso o la presunción de rechazo por el transcurso de diez días naturales desde la puesta a disposición dan por efectuado el trámite y el procedimiento continúa. Debe quedar constancia de ello con fecha y hora. El estado se sincroniza automáticamente con la Dirección Electrónica Habilitada única si la notificación también está en ella. La obligación de notificar en plazo se cumple con la puesta a disposición.

  46. Artículo 46. Documento administrativo electrónico

    Documento administrativo electrónico es la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que haya sido generada, recibida o incorporada por las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones sujetas a Derecho administrativo. Si el órgano actuante debe facilitar al interesado un ejemplar, se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso electrónico.

  47. Artículo 47. Requisitos de validez y eficacia de las copias auténticas de documentos

    Tiene la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado original, o de otra copia auténtica, la realizada, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas se expiden siempre a partir de un original o de otra copia auténtica y tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales.

  48. Artículo 48. Órganos competentes para la emisión de copias auténticas de documentos en el ámbito estatal

    En el ámbito estatal expiden copias auténticas: los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales; los de custodia y archivo de documentos; los que hayan previsto sus normas de competencia; y las oficinas de asistencia en materia de registros, respecto de lo presentado por las personas interesadas. La expedición podrá hacerse mediante actuación administrativa automatizada o por personal funcionario habilitado inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado. Los titulares de esos órganos designan a los habilitados.

  49. Artículo 49. Emisión de copias de documentos aportados en papel por el interesado

    Cuando el interesado presenta en papel una copia de un documento público administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente administrativo, la Administración Pública la digitaliza y ese proceso genera una copia electrónica que tiene el mismo valor que la copia presentada en papel.

  50. Artículo 50. Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos

    Todos los documentos administrativos electrónicos llevan asociada una de dos modalidades de referencia temporal: marca de tiempo (asignación electrónica de la fecha y, en su caso, la hora) o sello electrónico cualificado de tiempo (fecha y hora, con intervención de un prestador cualificado de servicios de confianza). Los sellos no cualificados se asimilan a todos los efectos a las marcas de tiempo. La marca de tiempo se usa cuando las normas reguladoras no establezcan el sello cualificado. Los prestadores de sellado de tiempo deben estar en la «Lista de confianza».

  51. Artículo 51. Configuración del expediente administrativo electrónico

    El foliado de los expedientes administrativos electrónicos se lleva a cabo mediante un índice electrónico autenticado, que garantiza la integridad del expediente y permite su recuperación siempre que sea preciso. Un mismo documento electrónico puede formar parte de distintos expedientes administrativos. El índice lo firma el titular del órgano que conforme el expediente para su tramitación, o bien puede ser sellado electrónicamente cuando el expediente se forme de manera automática, a través de un sistema que garantice su integridad.

  52. Artículo 52. Ejercicio del derecho de acceso al expediente electrónico y obtención de copias de los documentos electrónicos

    El derecho de acceso al expediente electrónico de las personas interesadas que se relacionen electrónicamente con las Administraciones Públicas y, en su caso, a obtener copia total o parcial, se entiende satisfecho con su puesta a disposición en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en la sede electrónica o sede asociada que corresponda. La Administración destinataria de la solicitud remite al interesado o a su representante la dirección electrónica o localizador y garantiza el acceso el tiempo que determine la política de gestión de documentos electrónicos.

  53. Artículo 53. Tiempo de conservación y destrucción de documentos

    Los documentos en papel que no puedan devolverse al interesado al presentarlos se conservan a su disposición seis meses una vez digitalizados; el mismo plazo rige para los presentados en formato electrónico dentro de un dispositivo, una vez incorporados al expediente. La Administración correspondiente puede fijar reglamentariamente un plazo mayor. Después, la destrucción se hace según las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte o del órgano autonómico competente, y siempre que no tengan valor histórico, artístico u otro relevante ni un valor especial por su firma u otras expresiones.

  54. Artículo 54. Conservación de documentos electrónicos

    Las Administraciones Públicas y sus organismos públicos y entidades de derecho público deben conservar en soporte electrónico todos los documentos de un expediente y los de valor probatorio creados al margen de un procedimiento. Cada Administración regula los períodos mínimos de conservación. Si hay procedimientos judiciales que afecten o puedan afectar a los documentos, se conservan hasta que conste su terminación en las sucesivas instancias. La conservación comprende, como mínimo, identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato.

  55. Artículo 55. Archivo electrónico único

    El archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de documentos y expedientes electrónicos y de otras agrupaciones documentales o de información, una vez finalizados los procedimientos o actuaciones. En el de la Administración General del Estado serán accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal, una vez finalizados los procedimientos y en los plazos que determine la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

  56. Artículo 56. Relaciones interadministrativas e interorgánicas por medios electrónicos

    De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes. La misma obligación se aplica a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

  57. Artículo 57. Comunicaciones en la Administración General del Estado

    Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de esta deben utilizar medios electrónicos para comunicarse entre sí. Las comunicaciones se efectúan a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, del registro del organismo o entidad de que se trate o por cualquier otro medio electrónico que permita dejar constancia de su recepción. La obligación alcanza a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando ejerzan potestades administrativas.

  58. Artículo 58. Adhesión a sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas

    Las Administraciones Públicas y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes pueden adherirse voluntariamente a las sedes electrónicas o sedes asociadas disponibles, de titularidad de la misma Administración o de otra Administración Pública. La adhesión se hace mediante la formalización del correspondiente instrumento de adhesión y sin que se constituya como sede electrónica asociada.

  59. Artículo 59. Adhesión a la Carpeta Ciudadana del sector público estatal

    Las Administraciones Públicas pueden integrar sus áreas personalizadas o carpetas ciudadanas, si las hubiere, o determinadas funcionalidades de las mismas, con la Carpeta Ciudadana prevista en el artículo 8 del Reglamento. Con ello el interesado puede acceder a sus contenidos o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, independientemente de cuál haya sido su punto de acceso.

  60. Artículo 60. Sistema de interconexión de Registros

    Las aplicaciones o sistemas de información del Registro Electrónico General de cada Administración y del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público deben ser interoperables. Las interconexiones entre Registros se realizan a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En la Administración General del Estado deben permitir además la interoperabilidad con los sistemas de gestión de expedientes.

  61. Artículo 61. Transmisiones de datos

    Las transmisiones de datos del artículo 155 de la Ley 40/2015 tienen la consideración de certificados administrativos. Si el interesado no aporta datos que ya obren en poder de las Administraciones, el órgano tramitador los incorpora si puede acceder a ellos electrónicamente; excepcionalmente, los solicita por otros medios y conserva la acreditación de lo que imposibilitó el acceso. Toda transmisión se efectúa a solicitud del órgano o entidad tramitadora, que identifica datos, titulares y finalidad. El cesionario responde del correcto acceso y de la utilización de los datos.

  62. Artículo 62. Plataformas de intermediación de datos

    Las plataformas de intermediación de datos dejan constancia de la fecha y hora de la transmisión y del procedimiento, trámite o actuación a que se refiere la consulta, y deben ser interoperables con la Plataforma de Intermediación de la Administración General del Estado y entre ellas. La adhesión exige garantizar las condiciones de seguridad exigidas por los cedentes. La Plataforma estatal la gestiona la Secretaría General de Administración Digital y es el punto de conexión con el sistema técnico del Reglamento (UE) n.º 2018/1724.

  63. Artículo 63. Remisión electrónica de expedientes administrativos en el ámbito de las Administraciones públicas mediante puesta a disposición

    Cuando una Administración Pública solicita a otra un expediente electrónico, la remisión por esta, a través de un nodo de interoperabilidad, de la dirección electrónica o localizador que dé acceso al expediente puesto a disposición equivale a la remisión del mismo. Se exige que se garantice la integridad del acceso durante el tiempo que determine la correspondiente política de gestión de documentos electrónicos y el cumplimiento de la normativa de interoperabilidad aplicable al tipo de expediente. El mismo procedimiento se puede utilizar dentro de una misma Administración Pública.

  64. Artículo 64. Reutilización de sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas

    Las Administraciones Públicas ponen a disposición de la que lo solicite las aplicaciones de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información asociada sea objeto de especial protección por una norma; cedentes y cesionarias pueden acordar repercutir el coste. Mantienen directorios de aplicaciones, interoperables con el Directorio general de la Administración General del Estado, que deben consultar antes de adquirir, desarrollar o mantener una aplicación. La no reutilización de una solución disponible se justifica en términos de eficiencia.

  65. Artículo 65. Adhesión a las plataformas de la Administración General del Estado

    La adhesión a plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado la realiza el órgano competente de cada Administración, que acepta en su integridad las condiciones de uso. Los modelos de adhesión se aprueban por Resolución de la Secretaría General de Administración Digital o, en su caso, del órgano competente de la plataforma. No cambia la titularidad de las actuaciones administrativas. Para comunidades autónomas y entidades locales es voluntaria, pero la no adhesión debe justificarse en términos de eficiencia.

Decreto 622/2019, de administración electrónica de la Junta de Andalucía

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  1. Artículo 1. Objeto y finalidad

    El decreto tiene por objeto establecer los principios generales y adoptar medidas de simplificación administrativa y racionalización organizativa, así como el uso de los medios electrónicos por la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades del artículo 2. Sus finalidades son tres: mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa; garantizar los derechos de la ciudadanía; y preservar la seguridad jurídica determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos. Ciudadanía: todos aquellos a quienes se reconozca capacidad de obrar.

  2. Artículo 2. Ámbito de aplicación

    Se aplica a la Administración de la Junta de Andalucía (organización central y periférica) y a las agencias administrativas. A las agencias públicas empresariales, a las de régimen especial y a los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 se les aplica cuando el decreto se refiera específicamente a ellos y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. No se aplica a ninguna de esas entidades en sus relaciones de derecho privado. A las entidades instrumentales privadas, en cuanto a los portales de Internet (artículos 15 y 16) y los Registros Electrónicos (artículos 47 y 48).

  3. Artículo 3. Principios generales

    Seis principios de simplificación y racionalización: orientación y servicio efectivo a la ciudadanía; eficacia y eficiencia; celeridad; economía procedimental y organizativa; racionalización y agilidad de procedimientos y actividades materiales de gestión; transparencia administrativa. En administración electrónica, ocho: accesibilidad y no discriminación; reducción de la brecha digital (personas mayores o con discapacidad); seguridad; conservación; interoperabilidad; proporcionalidad; impulso de la actuación administrativa automatizada; usabilidad. Se garantiza la protección de datos.

  4. Artículo 4. Competencias de las Consejerías

    Cada Consejería encomendará a uno de sus órganos directivos las funciones de impulso, implantación, coordinación, seguimiento y evaluación de las determinaciones del decreto. Esas funciones se ejercen en el ámbito de la Consejería correspondiente, de sus entidades instrumentales y consorcios adscritos, y dentro del marco de la planificación y coordinación general que establezcan las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital.

  5. Artículo 5. Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa

    La Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa es un órgano colegiado decisorio y de asesoramiento, adscrito a la Secretaría General con competencias en administración pública. Preside la persona titular de la Viceconsejería de esa materia; vicepresidencia primera, la de la Secretaría General; vicepresidencia segunda, la del órgano directivo central de transformación digital. Vocalías: telecomunicaciones y seguridad TIC, jefatura de la Inspección General de Servicios y Secretarías Generales Técnicas. La secretaría asiste con voz pero sin voto.

  6. Artículo 6. Criterios para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas

    Los criterios se aplican en el diseño y rediseño funcional de los procedimientos y al tramitarlos. De simplificación y agilización: unificar o eliminar procedimientos, reducir términos y plazos, suprimir trámites sin valor añadido, proactividad, modelos de declaración, respuesta inmediata o resolución automatizada, agilizar comunicaciones, desconcentrar competencias y orientación a la ciudadanía. De reducción de cargas: suprimir cargas y documentación, aportar esta en la audiencia anterior a la propuesta de resolución, declaraciones responsables, agrupación y normalización documental.

  7. Artículo 7. Memoria de cumplimiento de los principios de buena regulación en los procedimientos de elaboración de normas de la Junta de Andalucía

    Los proyectos de disposiciones reglamentarias y los anteproyectos de ley deben incorporar una memoria que justifique los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En los reglamentos expone ocho extremos (interés general, objetivos, medidas menos restrictivas, rango, trámites, cargas, plazo máximo e impacto, no coincidencia de órganos), sintetizados en el preámbulo. En los anteproyectos de ley se añaden tres (silencio desestimatorio, nuevos trámites, límites a actividades económicas) y se sintetizan en la exposición de motivos.

  8. Artículo 8. Informe en materia de simplificación y organización

    El órgano directivo central con competencias en organización de los servicios públicos y simplificación administrativa informa, con carácter preceptivo y no vinculante, las disposiciones reglamentarias y los proyectos de ley antes de su aprobación, en lo relativo a organización y procedimientos administrativos. No hace falta informe en las delegaciones de competencias. Lo solicita la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería promotora, con memoria y proyecto. El plazo de emisión se interrumpe si se pide subsanación de deficiencias o ampliación de información.

  9. Artículo 9. Revisión normativa

    La Consejería de administración pública elabora, al menos cada cuatro años, Planes de Calidad y Simplificación Normativa; los aprueba el Consejo de Gobierno mediante acuerdo, y esa Consejería impulsa y coordina su seguimiento y revisión. Objetivo: revisar, simplificar y, en su caso, consolidar las disposiciones vigentes del Derecho propio. Valoran, al menos: reducir normas, adaptarlas a la buena regulación, consolidar y simplificar, y rediseñar procedimientos. El informe de evaluación, previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental, se publica en el Portal de la Junta de Andalucía.

  10. Artículo 10. Registro de Procedimientos y Servicios

    Se crea el Registro de Procedimientos y Servicios como inventario de los procedimientos y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos. Es único. Lo mantiene la Consejería competente en administración pública; las Consejerías responden de la integridad, veracidad y actualización de sus datos. Alta y modificación: en la fecha de publicación de la norma o acto en el diario oficial; si el servicio carece de norma, cuando sea efectiva su creación. Baja: al derogarse la disposición o quedar sin efecto el acto que lo creó. No es público ni tiene efectos constitutivos.

  11. Artículo 11. Catálogo de Procedimientos y Servicios

    El Catálogo de Procedimientos y Servicios ofrece información general, permanente y actualizada sobre los procedimientos administrativos y servicios dirigidos a la ciudadanía. Se nutre del Registro de Procedimientos y Servicios y comprende, al menos, la información de los apartados 8 y 9 del artículo 10. Su gestión y funcionamiento corresponden a la Consejería competente en materia de administración pública. Está publicado en el Portal de la Junta de Andalucía y en las sedes electrónicas, y es el instrumento de publicidad activa de los procedimientos administrativos.

  12. Artículo 12. Formularios

    Los formularios se inscriben en el Registro de Procedimientos y Servicios y son intuitivos, accesibles y de lenguaje claro e inclusivo (principios de accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad). Incluyen cláusula de protección de datos, señalan los datos de aportación obligatoria y permiten oponerse expresamente a la consulta de datos. La persona física elige medios presenciales o electrónicos. Los obligatorios se publican en el BOJA; si la presentación es solo electrónica, a efectos informativos. Se normalizan e inscriben previa solicitud de la Secretaría General Técnica.

  13. Artículo 13. Manual y herramientas para simplificación de procedimientos y agilización de trámites

    El Manual para la simplificación de los procedimientos administrativos y agilización de trámites es la guía de orientación para facilitar el análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos, de acuerdo con los criterios del artículo 6, y se aprueba por orden de la Consejería competente en materia de administración pública. Esa misma Consejería elabora y mantiene actualizadas otras herramientas, como guías de orientación para los órganos directivos, útiles también para elaborar disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos o modifiquen los existentes.

  14. Artículo 14. Régimen general de los puntos de acceso electrónico

    Punto de acceso electrónico es el conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet que ofrece a la ciudadanía, de forma fácil e integrada, el acceso a la información y a los recursos y servicios disponibles. Responde a diez principios (veracidad, transparencia, publicidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad y actualización) y atiende a la identidad corporativa y a las normas sobre la presencia de la Junta en Internet. Tipos: Portal de la Junta de Andalucía, portales de Internet específicos y sedes electrónicas.

  15. Artículo 15. Portal de la Junta de Andalucía

    El Portal de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es) es el punto de acceso general electrónico: su titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta y ofrece servicios e informaciones de manera gratuita. Da acceso a la información institucional, de transparencia y participación, a todos los puntos de acceso electrónico y a los datos en formato abierto. La infraestructura la mantiene la Consejería competente en política digital aplicada al Gobierno Abierto; las Consejerías responden de la integridad, veracidad y actualización de sus datos.

  16. Artículo 16. Portales de Internet específicos

    Pueden crearse portales específicos para difundir la información de una concreta competencia o materia; su creación y supresión se guía por criterios de racionalidad, eficiencia y proximidad a la ciudadanía. En el ámbito de una Consejería se crean por orden de su titular, previo informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en política digital aplicada al Gobierno Abierto. La orden fija el ámbito y el titular responsable. Los perfiles de contratante y el punto general de entrada de facturas electrónicas se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por el decreto.

  17. Artículo 17. Creación y requisitos de las sedes electrónicas

    Son sedes electrónicas los puntos de acceso electrónico creados específicamente con esa denominación. Hay cuatro tipos: general, de cada Consejería, derivadas y compartidas. Se crean mediante orden, que establece la Consejería, agencia o consorcio titular y responsable, la dirección electrónica, el ámbito de aplicación y los contenidos y servicios. La identificación o firma electrónica de la ciudadanía en los procedimientos tiene lugar necesariamente en una sede electrónica. Se garantiza la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de sus contenidos y servicios.

  18. Artículo 18. Contenidos y servicios de las sedes electrónicas

    Los puntos de acceso que sean sede deben hacerlo constar de forma visible e inequívoca. Toda sede tiene doce contenidos y servicios mínimos, letras a) a l): identificación de la sede y de su titularidad; fecha y hora oficial, la misma para todas las sedes; información de uso; relación de procedimientos y acceso al Catálogo; acceso al Registro Electrónico Único y al calendario de días inhábiles; directorio de códigos de órganos; sistemas de identificación y firma admitidos; sellos electrónicos; Carpeta Ciudadana; notificaciones electrónicas; sedes derivadas, y sugerencias y reclamaciones.

  19. Artículo 19. Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía

    En la Sede electrónica general, además de los contenidos mínimos del artículo 18, se encuentran todos los procedimientos y los servicios de administración electrónica; en particular, acceso a la relación de sedes, al directorio geográfico de oficinas de asistencia, al Registro electrónico de apoderamientos, a la pasarela de pagos y al sistema para contrastar copias en papel. Se crea por orden conjunta de administración pública y transformación digital. Mantenimiento y evolución tecnológica: transformación digital; gestión de contenidos generales: administración pública.

  20. Artículo 20. Sedes electrónicas de las Consejerías, sedes derivadas y sedes compartidas

    Cada Consejería tiene una sede electrónica creada por orden suya, previo informe preceptivo favorable de la Consejería de transformación digital. Las sedes derivadas de la sede de una Consejería, o para una agencia o consorcio dependiente, se crean por orden, previo informe preceptivo y vinculante de transformación digital. Las derivadas de la sede general, por orden conjunta de administración pública y transformación digital. Las compartidas con otras Administraciones, por convenio de colaboración suscrito por transformación digital y las Consejerías afectadas, publicado en el BOJA.

  21. Artículo 21. Política de firma electrónica

    La política de firma electrónica que rige en la Administración de la Junta de Andalucía, en sus agencias y, en su caso, en los consorcios adscritos no se desarrolla en el articulado: el artículo 21 se limita a declarar que es la que se establece en el Anexo I.

  22. Artículo 22. Identificación y firma de la ciudadanía mediante sistemas no basados en certificados electrónicos

    Para identificarse ante la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, pueden admitirse los sistemas no basados en certificados electrónicos del Anexo II; para firmar por medios electrónicos se consideran válidos los del Anexo III, en sus términos y condiciones. En los asientos registrales de entrada de los documentos firmados así se hace constar el concreto sistema de firma utilizado. Si se admite uno de estos sistemas de firma para un trámite o procedimiento, siempre es además de los sistemas del artículo 21.

  23. Artículo 23. Apoderamientos electrónicos

    La ciudadanía puede otorgar apoderamientos electrónicos conforme a la legislación del procedimiento administrativo común. Esos apoderamientos deben constar en el Registro correspondiente, y en ese mismo Registro constan también los funcionarios públicos habilitados para su inscripción, en los términos establecidos en el artículo 45.

  24. Artículo 24. Identificación y firma electrónica de autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía

    Autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía pueden usar cuatro sistemas de firma: los del DNI, el certificado proporcionado con carácter general a la ciudadanía, el certificado de personal y el sistema del artículo 25. El certificado de personal solo puede usarse en el ejercicio de las funciones propias del puesto o para relacionarse con las Administraciones Públicas cuando estas lo admitan; debe usarse cuando sea requerido y no se usa si sus datos son inexactos o incorrectos, si no reflejan su relación con la Administración o si lo aconsejan razones de seguridad.

  25. Artículo 25. Sistema de identificación y firma del personal para los trámites y actuaciones que realice con la Administración de la Junta de Andalucía por razón de su condición de empleado público

    La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias admitirán, para los trámites que su personal realice con ella como empleado público, el sistema de identificación de GUIA (Gestión Unificada de Identidades de Andalucía), plataforma corporativa que gestiona las autorizaciones de acceso a los sistemas de información. Además, podrán admitirlo como firma electrónica, en particular para permisos y licencias, si se acredita la autenticidad de la voluntad y el consentimiento, en los términos reglamentarios y para sistemas categorizados de nivel bajo conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

  26. Artículo 26. Registro Electrónico Único

    Hay un registro electrónico único para los órganos y entidades del artículo 2.1, con constancia de la entrada y salida de documentos. Lo gestiona la Consejería de administración pública; el soporte tecnológico es de la de transformación digital. Es accesible en las sedes electrónicas, se rige por su fecha y hora oficial, recibe automáticamente los documentos y emite un justificante que llega inmediatamente a la dirección electrónica indicada. Las dudas sobre emisión o recepción las gestiona el órgano o entidad competente para tramitar el documento. Es interoperable con otros registros.

  27. Artículo 27. Presentación de documentos

    Los formularios relacionan los documentos exigidos y el Registro admite otros voluntarios. Lo presentado en papel en una oficina de atención en materia de registros se digitaliza allí y se devuelven los originales, salvo custodia por la Administración o soportes no digitalizables. Se rechaza el escrito en que no conste nombre, firma y DNI, con destinatario desconocido o dirigido a una Administración no integrada en el sistema de interoperabilidad; cabe pedir recibo del intento. Caben límites de tamaño justificados y rechazar documentos con código malicioso, informando al presentador.

  28. Artículo 28. Funcionamiento del Registro Electrónico Único

    El Registro Electrónico Único funciona ininterrumpidamente para recibir solicitudes, escritos y comunicaciones. Solo puede interrumpirse por razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo indispensable y por el tiempo imprescindible. En ese caso el órgano competente podrá ampliar los plazos no vencidos y deberá publicar la incidencia técnica y la ampliación concreta del plazo por los mismos medios en que se publicó el establecimiento de dicho plazo.

  29. Artículo 29. Comunicaciones electrónicas interiores en la Administración de la Junta de Andalucía

    Las comunicaciones entre los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, y de estos con las agencias y consorcios adscritos, se realizan por medios electrónicos, asegurando la interoperabilidad y mediante estándares abiertos y, en su caso y de forma complementaria, estándares de uso generalizado por la ciudadanía. Se garantiza su trazabilidad integral y, cuando sea necesario, su carácter fehaciente. Las comunicaciones electrónicas internas se regulan por orden conjunta de las Consejerías competentes en administración pública y transformación digital.

  30. Artículo 30. Medios de notificación electrónica y vías de acceso

    La Junta, sus agencias y, en su caso, los consorcios pueden notificar electrónicamente: a) en el sistema de notificaciones de la Junta, al que accede el interesado o su representante con identificación electrónica o, en su caso, un funcionario habilitado que la entrega en persona si aquellos comparecen espontáneamente en las oficinas de asistencia en materia de registros y lo piden; b) en la sede o dirección electrónica habilitada de otras Administraciones, previo convenio de la Consejería de transformación digital. Cabe usarlos alternativa o conjuntamente; es eficaz la primera notificación.

  31. Artículo 31. Sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía

    El sistema de notificaciones electrónicas de la Junta es el del Anexo IV. La ciudadanía puede darse de alta en cualquier momento con los medios de identificación de los artículos 21 y 22. Cabe el alta de oficio de quienes no lo hayan hecho voluntariamente si están obligados a relacionarse por medios electrónicos o si, sin estarlo, son interesados en un procedimiento. La Consejería de transformación digital responde de su mantenimiento y funcionamiento y coordina sus contenidos y servicios; los órganos y entidades del artículo 2.1 aportan la información y gestionan la puesta a disposición.

  32. Artículo 32. Avisos de notificación

    La ciudadanía puede indicar un correo electrónico y, opcionalmente, un dispositivo electrónico para recibir avisos de notificación por cinco vías: los formularios de los procedimientos; el sistema de notificaciones de la Junta; un punto centralizado de datos de contacto común a todas las Administraciones, cuando esté habilitado y accesible; los registros administrativos en que deba o pueda inscribirse para ejercer una actividad; y cualquier otra vía que se articule. Los medios indicados por la persona interesada son preferentes. La falta de aviso no impide la plena validez de la notificación.

  33. Artículo 33. Comunicación previa y notificación a personas obligadas a relacionarse por medios electrónicos en procedimientos iniciados de oficio

    En procedimientos de oficio, al obligado a relacionarse electrónicamente que no esté de alta en el sistema de notificaciones se le da de alta de oficio si se conocen sus datos de aviso. Si no se conocen, en información o actuaciones previas se le podrá enviar una comunicación en papel dándole diez días para darse de alta; después, alta de oficio sin datos de aviso. Sin alta ni aviso previo, el órgano gestor hace en papel la primera notificación. No procede si se inicia por convocatoria publicada en BOJA con solicitud electrónica obligatoria: alta de oficio con los datos de la solicitud.

  34. Artículo 34. Notificaciones a personas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos y que no hayan optado por la notificación electrónica

    Las notificaciones en papel a personas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos, y que no hayan optado por la notificación electrónica, se ponen además a su disposición por los medios del artículo 30.1 para que puedan acceder a su contenido de forma voluntaria, ofreciéndoles que el resto de notificaciones se hagan por medios electrónicos. Si la persona interesada es notificada por distintos medios, la fecha de notificación es la de la que se produjo en primer lugar.

  35. Artículo 35. Garantías de constancia y permanencia de la notificación electrónica y de su rechazo

    Los medios de notificación electrónica expresan la fecha y hora de puesta a disposición. Estados: no leída (puesta a disposición, mientras no cambie); leída (acceso al contenido); rechazada (rechazo o, para obligados o quienes eligieron el medio, diez días naturales sin acceder; accesible a efectos informativos); caducada (no obligados que no eligieron el medio, pasado el plazo de la normativa básica; no disponible, pero no rechazada). Antes del acceso se indica que puede rechazarse y que entonces se entenderá practicada. Permanecen en el sistema al menos cinco años.

  36. Artículo 36. Impulso de los medios electrónicos

    La Administración de la Junta adoptará las medidas adecuadas para implantar medios electrónicos en la gestión de su actividad, en las comunicaciones, relaciones, trámites y servicios con la ciudadanía y en sus comunicaciones internas. Su aplicación en ningún caso podrá implicar restricciones o discriminaciones en el acceso de la ciudadanía a servicios, actuaciones o procedimientos, y se promoverán acciones contra el riesgo de exclusión digital. Su uso garantizará la titularidad y el ejercicio de la competencia por el órgano que la tenga atribuida y los requisitos formales y materiales.

  37. Artículo 37. Desarrollo de soluciones para la tramitación electrónica de los procedimientos

    Pasar a medios electrónicos un procedimiento o servicio antes tramitado en papel exige un estudio previo de rediseño funcional y simplificación, a cargo del órgano o unidad administrativa competente por razón de la materia. Si las series documentales carecen de tabla de valoración, debe iniciarse el procedimiento para elaborarla. Los sistemas que produzcan o custodien documentos electrónicos se inscriben en el Registro General de los Sistemas de Información de la Junta de Andalucía. En todo caso se garantiza la plena interoperabilidad.

  38. Artículo 38. Carpeta Ciudadana

    La Carpeta Ciudadana es un servicio de administración electrónica para acceder a la información personal en poder de las Administraciones Públicas y a los procedimientos en que se es persona interesada. Se accede desde el punto de acceso general electrónico, las sedes electrónicas y las aplicaciones móviles específicas. Sus certificados, tarjetas y carnés tienen la consideración de copia electrónica auténtica. La Consejería competente en administración pública gestiona y supervisa el contenido; el soporte tecnológico es de la de transformación digital.

  39. Artículo 39. Relaciones obligatorias por medios electrónicos

    El deber de relacionarse por medios electrónicos no puede imponerse mediante actos administrativos generales de convocatoria. Tiene que estar previsto en una disposición normativa de rango legal o en una de rango reglamentario; en este segundo caso debe quedar acreditado que las personas afectadas tienen garantizado el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios por su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos.

  40. Artículo 40. Actuación administrativa automatizada

    Se promoverá activamente la actuación administrativa automatizada, en especial para decisiones por fórmulas matemáticas, certificación de hechos o datos preexistentes (incluso del silencio administrativo), constatación mecánica de requisitos, comunicación de actos preexistentes y práctica de notificaciones electrónicas. No cabe en actividades que supongan juicios de valor. La aprobación se publica, al menos, en la sede electrónica correspondiente. La actuación se imputa a la persona titular del órgano o entidad responsable del sello electrónico o código seguro de verificación.

  41. Artículo 41. Publicación de actos y tablón de edictos electrónico

    Cuando una disposición o acto dictado por la Administración de la Junta de Andalucía deba publicarse en un diario oficial, se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de otros diarios oficiales. Si se trata de notificaciones infructuosas, esa publicación es previa y complementaria a la del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para mejorar la difusión pueden implantarse medios electrónicos adicionales, en particular tablones de edictos electrónicos en la sede electrónica de la Consejería o entidad actuante y avisos de publicación.

  42. Artículo 42. Comprobación, constancia y verificación de datos y documentos no aportados por las personas interesadas

    Los datos y documentos que ya obren en poder de la Administración se comprueban de manera automatizada o de oficio por la persona instructora, preferentemente mediante consultas y transmisiones electrónicas de datos. Si no pueden obtenerse, se comunica a la persona interesada para que los aporte. Si hay discrepancias o algo que aclarar, el órgano competente puede requerir actuaciones a la persona interesada. Los datos en poder de otras Administraciones Públicas se obtienen conforme a los convenios de colaboración o, en su caso, los instrumentos o instrucciones de acceso.

  43. Artículo 43. Gestión documental

    La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo de vida de los documentos y expedientes administrativos, para garantizar su protección, custodia, recuperación, conservación física y lógica y el mantenimiento de su contexto. Tiene seis finalidades principales; las fuentes de información para el Gobierno Abierto deben dar los datos desagregados por sexo. Se rige por la legislación de documentos, archivos y patrimonio documental, la política de gestión de documentos electrónicos y, supletoriamente, el decreto.

  44. Artículo 44. Pagos electrónicos

    La Consejería competente en materia de hacienda determina los medios de pago electrónico utilizables en la Administración de la Junta de Andalucía, que se rigen por la normativa específica que dicte y, supletoriamente, por el decreto. En todo caso, la implantación de aplicaciones y sistemas informáticos de soporte a los pagos electrónicos se ajusta al decreto, y sus vías de acceso electrónico se acomodan a lo que establece el capítulo III respecto a los puntos de acceso electrónico.

  45. Artículo 45. Registro electrónico de apoderamientos

    La Administración de la Junta de Andalucía dispone de un Registro electrónico de apoderamientos, único para todos los órganos, agencias y, en su caso, consorcios incluidos en el ámbito del decreto. Pueden inscribirse los apoderamientos o representaciones otorgados a terceras personas, los bastanteos de poderes y las personas adheridas a un convenio para la habilitación de representación de colectivos. Lo gestiona la Consejería competente en materia de administración pública, cuya persona titular fija por orden las personas funcionarias habilitables, los modelos de poderes y los formularios.

  46. Artículo 46. Funcionarios públicos habilitados

    SIRHUS actúa como sistema de constancia de los funcionarios públicos habilitados para identificación y firma electrónica en nombre de personas interesadas no obligadas a relacionarse electrónicamente que no dispongan de medios, y para expedir copias auténticas. Habilita la persona titular del órgano directivo central con competencia en materia de personal de la Consejería de adscripción o unidad equivalente en las agencias. La de identificación y firma alcanza a toda clase de procedimientos. Se cancela al llegar la fecha de baja, por revocación anterior o por cese en el puesto.

  47. Artículo 47. Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía

    Se crea el Registro Electrónico de Órganos Colegiados como herramienta de gestión y coordinación para identificar los órganos colegiados adscritos o en los que participa la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, y sus acuerdos. Quedan excluidos diez tipos de órganos, como el Consejo de Gobierno o los órganos colegiados de contratación. Las Consejerías y entidades instrumentales responden de las inscripciones, de efectos meramente declarativos. Coordina la Consejería competente en materia de administración pública, que lo regula mediante orden.

  48. Artículo 48. Registro Electrónico de Convenios de la Administración de la Junta de Andalucía

    Se crea el Registro Electrónico de Convenios para inventariar los convenios de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. La coordinación, el seguimiento de la calidad de la información y el correcto funcionamiento son de la Consejería competente en materia de administración pública, que lo regula mediante orden. Contiene al menos tipología, título, fecha de suscripción, vigencia, partes firmantes, objeto y compromisos económicos. Inscriben y actualizan las Consejerías y entidades instrumentales que los suscriban; los efectos son meramente declarativos.

Decreto 204/1995, de atención directa a los ciudadanos

En este tema: arts. 1–8. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    El Decreto tiene por objeto regular las funciones generales de atención al ciudadano que se describen en sus diferentes capítulos. El ámbito que fija es el de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía.

  2. Artículo 2. Responsabilidad de informar

    Los servicios centrales y periféricos de las Consejerías y Organismos Autónomos deben adoptar las medidas necesarias para que la información administrativa al ciudadano se desarrolle integrada en los procesos de ejecución de sus competencias. Esa función incumbe al personal adscrito a dichos servicios, en la forma y con el alcance previstos en los artículos siguientes del capítulo.

  3. Artículo 3. Tipos de información administrativa

    La información administrativa al ciudadano tiene dos modalidades. La general orienta e ilustra a quienes hayan de relacionarse con la Administración Andaluza, busca facilitar el acceso a los servicios públicos y trata de fines, competencias, funcionamiento, procedimientos, documentación, listas públicas y localización de dependencias. La particular posibilita el ejercicio de derechos e intereses legítimos concretos: aspectos jurídicos o técnicos de las iniciativas, estado de tramitación para el interesado e identificación de autoridades y personal responsables.

  4. Artículo 4. Características de la información administrativa

    La información facilitada será clara y sucinta y se suministrará por el medio más claro para su comprensión, así como en la forma y por los medios que dispongan la ley o los reglamentos. Tiene exclusivamente carácter ilustrativo, trata sobre el ordenamiento vigente o sobre hechos y situaciones producidas, y no origina derechos ni expectativas de derecho ni puede lesionar, directa o indirectamente, derechos o intereses de solicitantes, interesados, terceras personas o la Administración.

  5. Artículo 5. Información administrativa general

    La información administrativa general corresponde a las unidades o puestos de trabajo que singularmente puedan existir para esa función en cada centro o dependencias y, en su defecto, al personal que designe la autoridad responsable. Debe facilitarse sin demora ni restricciones sobre el tiempo de respuesta o sobre el medio de comunicación o soporte elegido por el solicitante, siempre que ese medio o soporte se encuentre a disposición del centro que haya de producir la información.

  6. Artículo 6. Información administrativa particular

    La información administrativa particular corresponde a las jefaturas de sección u órganos asimilados con responsabilidades en la materia o el procedimiento. La Administración dispondrá medios y cauces adecuados, incluida la comunicación personal si se solicita o si la confidencialidad o complejidad lo requiere y así se acuerda con el solicitante; las entrevistas se programan con horarios previos de citas y en ningún caso supondrán obstáculo o demora al ejercicio de los derechos. Para conocer el estado de tramitación u obtener copias hay que acreditar previamente la legitimación.

  7. Artículo 7. Oficinas de Información Administrativa

    Sin perjuicio de las funciones de información que deban desarrollar los distintos Centros Directivos, las Oficinas de Información Administrativa adscritas a la Consejería de Gobernación ejercen la información administrativa general en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. Para ello, los Centros directivos producen, actualizan y remiten periódicamente y con antelación suficiente la información de base a la Consejería de Gobernación, al mismo tiempo que a sus unidades de información, y esta Consejería adopta las medidas de coordinación.

  8. Artículo 8. Tablones de anuncios

    Los servicios centrales y periféricos de las Consejerías y Organismos Autónomos dispondrán de un tablón de anuncios permanente, situado en un lugar accesible para el público y destacado, de forma que atraiga la atención y su contenido resulte fácilmente legible. En él se exhibirá la información general que deba ponerse en conocimiento de los ciudadanos y así se haya ordenado.

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