Tema 36 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Informática y sistema informático: hardware, software y personas usuarias. Dato e información

La informática es el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores; viene del francés «informatique» (information + automatique). Un sistema informático recoge, almacena, procesa y transmite información. Componentes: hardware (soporte físico, tangible), software (soporte lógico, intangible) y componente humano (personas usuarias y personal técnico). Dato: representación simbólica sin procesar y sin significado por sí solo (la cifra 38); información: datos procesados y organizados que adquieren significado. Esquema: entrada, proceso y salida.

Representación de la información: sistema binario, bit, byte y múltiplos; codificación de caracteres

Los ordenadores representan toda la información en binario (0 y 1). El bit es la unidad mínima de información; con n bits se representan 2 elevado a n valores. El byte u octeto son 8 bits y toma 256 valores (0 a 255). Símbolos: byte «B», bit «bit» (o «b»). Capacidad en bytes; velocidad en bits por segundo. Prefijos decimales del SI (potencias de 1000: kB, MB, GB, TB, PB) y binarios de la IEC (potencias de 1024: KiB, MiB, GiB, TiB, PiB). ASCII (1963) usa 7 bits y 128 caracteres, sin ñ ni tildes. Unicode va de U+0000 a U+10FFFF; UTF-8 usa de 1 a 4 bytes y es compatible con ASCII.

La arquitectura de Von Neumann y la unidad central de proceso

Von Neumann (1945, informe del EDVAC): programa almacenado, con instrucciones y datos en la misma memoria. Elementos: CPU (unidad de control y ALU), memoria principal, entrada y salida y buses. La CPU no lee a la vez instrucción y dato: cuello de botella de Von Neumann; Harvard separa memorias y buses. La UC lee, descodifica y coordina; la ALU hace operaciones aritméticas y lógicas; los registros son las memorias más rápidas. Ciclo: búsqueda, descodificación y ejecución. El reloj se mide en Hz (GHz). Un núcleo es una unidad de proceso completa.

La placa base: zócalo, chipset, buses, firmware, ranuras de expansión y puertos

Placa base: la tarjeta principal. Elementos: zócalo (socket) del procesador; chipset, que gestiona la comunicación; ranuras de memoria RAM; buses de datos, de direcciones y de control; ranuras de expansión PCI Express (sustituyó a PCI y AGP); conectores SATA y M.2; y firmware (BIOS o su sucesor UEFI, con Secure Boot y arranque GPT), que hace la POST. Puertos: USB 2.0 480 Mbit/s; USB 3.2 Gen 1 (antes 3.0) 5 Gbit/s; Gen 2 10; Gen 2x2 20; USB4 40 (80 en la 2.0). USB-C es un conector, no una versión. HDMI y DisplayPort (VESA) son digitales de vídeo y audio; VGA, analógico; RJ-45, Ethernet.

La memoria: RAM, ROM, caché y memoria virtual

RAM: memoria principal, de lectura y escritura, volátil y de acceso aleatorio. DRAM: se refresca, más barata, memoria principal (DDR4, DDR5). SRAM: sin refresco, más rápida y cara, para la caché. Módulos DIMM (sobremesa) y SO-DIMM (portátiles). ROM, no volátil: PROM (una vez), EPROM (luz ultravioleta), EEPROM (eléctricamente), de la que deriva la flash, donde hoy va el firmware. Caché: L1, la más cercana al núcleo, rápida y pequeña. Orden: registros, caché, RAM, almacenamiento. Memoria virtual: almacenamiento como extensión de la RAM (pagefile.sys en C:\).

Periféricos de entrada, de salida y de entrada/salida; impresoras y pantallas

Periféricos de entrada (teclado, ratón, escáner, micrófono, cámara web, lector de código de barras), de salida (monitor, impresora, altavoces, proyector, plóter) y mixtos (pantalla táctil, multifunción, auriculares con micrófono). Impresoras de impacto (matricial) y sin impacto (inyección de tinta, láser con tóner, térmica). Resolución en ppp (dpi), velocidad en ppm; impresoras en CMYK, pantallas en RGB. Pantallas: diagonal en pulgadas (2,54 cm), HD 1280 × 720, Full HD 1920 × 1080, 4K UHD 3840 × 2160; CRT, LCD y OLED.

Tipos de software, firmware, lenguajes de programación, compiladores e intérpretes

Software de sistema o de base (sistema operativo, drivers, utilidades), de aplicación (procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores…) y de programación (editores, compiladores, intérpretes, depuradores, IDE). Firmware: software en memoria no volátil de un dispositivo, como la BIOS o la UEFI. Lenguajes: máquina (binario), ensamblador (bajo nivel, mnemónicos) y alto nivel (C, C++, Java, Python, JavaScript, COBOL). El compilador traduce todo y genera un ejecutable (.exe); el intérprete va instrucción a instrucción sin ejecutable. C y C++ se compilan; Python y JavaScript se interpretan.

Licencias de software: propietario, libre, de código abierto, freeware, shareware y dominio público

Propietario: uso, copia o modificación restringidos y sin código fuente. Libre (FSF): libertades 0 a 3 (ejecutar, estudiar y cambiar, redistribuir, distribuir versiones modificadas); el código fuente es necesario para la 1 y la 3, y libre no significa gratis. Copyleft: las copias y versiones modificadas mantienen las libertades (GNU GPL). Código abierto: OSI, 10 criterios. Freeware: gratis, sin modificación ni código fuente. Shareware: hay que pagar para seguir usándolo. Dominio público: sin derechos patrimoniales. LibreOffice: libre, de The Document Foundation, con licencia MPL 2.0.

Concepto de red, clasificación por extensión, topologías y modelos cliente-servidor y entre iguales

Una red conecta equipos para intercambiar información y compartir recursos. Por extensión: PAN (dispositivos de una persona, pocos metros, p. ej. Bluetooth), LAN (oficina o edificios cercanos; inalámbrica, WLAN), MAN (una ciudad) y WAN (lugares muy alejados, incluso países). Topologías: bus (cable común; si se corta, cae la red), estrella (dispositivo central, normalmente un switch; la más habitual en las LAN), anillo (cada equipo con sus dos contiguos) y malla (caminos alternativos). Modelos: cliente-servidor (servicios centralizados) y P2P (cada equipo es cliente y servidor).

Componentes de una LAN, Ethernet y Wi-Fi, direcciones MAC e IP y DHCP

LAN: tarjeta de red (NIC, con MAC propia), switch (envía cada trama al puerto del destinatario por su MAC), router (une redes distintas y elige la ruta por la IP), punto de acceso, par trenzado UTP o STP con RJ-45 (máximo 100 m por tramo en Ethernet) y fibra óptica. Ethernet: IEEE 802.3; Wi-Fi: IEEE 802.11 (2,4, 5 y, desde Wi-Fi 6E, 6 GHz). MAC: 48 bits, 12 dígitos hexadecimales. IPv4: 32 bits; IPv6: 128. Privadas: 10.x, 172.16 a 172.31 y 192.168.x; 127.0.0.1 es localhost. DHCP asigna la IP automáticamente; ipconfig /all muestra IP y MAC.

Conceptos de almacenamiento y tipos de dispositivos: magnéticos, de estado sólido, ópticos, NAS y nube

La capacidad se mide en bytes (1 byte = 8 bits): 1 GB = 1000 MB en prefijo decimal y 1 GiB = 1024 MiB en binario. La velocidad se valora por el tiempo de acceso y la tasa de transferencia (MB/s). La RAM es volátil; ROM, flash y discos, no. HDD: platos que giran (5.400 o 7.200 rpm), piezas móviles. SSD, pendrive, SD y microSD: memoria flash sin piezas móviles. CD 700 MB (650 MB los de 74 min); DVD 4,7/8,5 GB; Blu-ray 25/50 GB. ROM solo lectura, R una vez, RW regrabable. NAS: almacenamiento en la red local; nube: servidores de un proveedor por Internet.

Particiones, formateo y sistemas de archivos (FAT32, exFAT, NTFS, ext4)

Partición: división lógica de un disco que funciona como disco independiente; en Windows forma un volumen con letra (C:, D:). MBR: estilo antiguo, solo cuatro entradas (más, con una extendida dividida en unidades lógicas) y hasta 2 TB. GPT: nació con UEFI, más de 2 TB y hasta 128 particiones en Windows. Formatear elimina los archivos; el completo además busca sectores defectuosos. FAT32: máximo 4 GB por archivo, sin permisos ni cifrado. exFAT: archivos muy grandes, USB y tarjetas. NTFS: Windows, journaling, permisos, cifrado, compresión y cuotas. ext4: GNU/Linux, journaling.

Operaciones básicas de mantenimiento: copias de seguridad, actualizaciones, desfragmentación, limpieza y antivirus

Copias: completa (todo, más espacio, restaura sola), incremental (cambios desde la última copia de cualquier tipo, menos espacio; restaura con la completa y todas las incrementales) y diferencial (cambios desde la última completa; restaura con la completa y la última diferencial). Regla 3-2-1: 3 copias, 2 soportes, 1 fuera. Windows Update corrige vulnerabilidades. Desfragmentar y optimizar unidades actúa semanalmente; a los SSD se les aplica TRIM. Liberador de espacio y Sensor de almacenamiento limpian. Microsoft Defender Antivirus, en Seguridad de Windows.

Principios de la seguridad, autenticación y autorización, factores de autenticación, MFA y contraseñas seguras

Principios: confidencialidad (solo acceden las personas autorizadas), integridad (información exacta, completa y no alterada sin autorización) y disponibilidad (accesible cuando se necesita). El ENS (RD 311/2022) añade autenticidad y trazabilidad: cinco dimensiones. Identificación: decir quién se es; autenticación: demostrarlo; autorización, posterior: permisos. Factores: algo que se sabe, se tiene y se es. MFA: dos o más de categorías distintas (2FA si son dos); contraseña más PIN no lo es. INCIBE: contraseñas largas y variadas, no reutilizadas, gestor y verificación en dos pasos.

Amenazas: tipos de malware, ingeniería social (phishing, smishing, vishing) y medidas de protección

Malware: programa para dañar un equipo, robar información o tomar su control. Virus: se inserta en un archivo y se propaga al ejecutarlo. Gusano: se replica solo por la red. Troyano: se hace pasar por software legítimo. Ransomware: bloquea o cifra y pide rescate. Spyware: envía datos a terceros. Keylogger: registra teclas. Adware: publicidad. Botnet: red de dispositivos infectados (spam, DDoS), no un programa. Phishing (correo), smishing (SMS), vishing (llamadas). Protección: antivirus, cortafuegos, cifrado, VPN, copias, actualizaciones y desconfiar de enlaces y adjuntos.

La tarjeta gráfica, la refrigeración del procesador (disipador y ventilador) y la medida del rendimiento en FLOPS

La tarjeta gráfica transmite al monitor lo que se va a mostrar y genera la información y los efectos gráficos, para que la CPU no se ocupe de ello; sus componentes principales son la GPU y la memoria de vídeo, y se estudia junto a los dispositivos de salida. El procesador se monta sobre un disipador térmico (heat sink) de cobre o aluminio, con base y aletas, que suele llevar un ventilador (fan); la caja lleva otro ventilador. El rendimiento de cálculo se mide en FLOPS; la TOP500 ordena por LINPACK (HPL), da Rmax y Rpeak en petaflop/s, y un exaflop/s son 1.000 petaflop/s.

Tipos de datos básicos en programación: entero, coma flotante, booleano, cadena de caracteres, lista y tupla

Tipos básicos con sus nombres en Python: entero (int), sin parte decimal y de precisión ilimitada, también en hexadecimal, octal o binario; coma flotante (float), con punto decimal o exponente (3.14, 1e3), y en código con punto aunque en español se escriba coma; complejo (complex), con sufijo j; booleano (bool), con exactamente dos valores, True y False, subtipo del entero; cadena (str), secuencia inmutable de caracteres Unicode; lista (list), secuencia mutable; tupla (tuple), secuencia inmutable para datos heterogéneos.

El software de servidor web: Apache HTTP Server y nginx

El software de servidor web sirve las páginas y recursos de un sitio a los navegadores que los piden por HTTP o HTTPS. Apache HTTP Server (Apache o httpd) es de la Apache Software Foundation, de código abierto y portable (Linux, Windows, macOS, Unix); se configura por directorio con .htaccess, admite hosts virtuales y módulos dinámicos, TLS/SSL, MPM, HTTP/2, caché y proxy inverso, con más de cien módulos. nginx («engine x») es servidor HTTP, proxy inverso, caché, balanceador de carga, proxy TCP/UDP y de correo; lo escribió Igor Sysoev y usa la licencia BSD de 2 cláusulas.

La virtualización del escritorio: escritorio virtual e infraestructura de escritorio virtual (VDI)

Un escritorio virtual es un puesto de trabajo que se ejecuta en una máquina virtual de un servidor o de la nube, no en el equipo de la persona usuaria. La VDI es la tecnología para empresas que centraliza esos escritorios. Un hipervisor asigna CPU, memoria y almacenamiento a cada máquina virtual, que es un entorno aislado con su sistema operativo, aplicaciones y configuración. Se accede desde casi cualquier dispositivo con internet. Ventajas: seguridad, administración centralizada, escalabilidad, ahorro, flexibilidad (teletrabajo, BYOD) y continuidad.

Malvertising y warshipping. El sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) y la familia ISO/IEC 27000

Según INCIBE, el malvertising manipula publicidad en línea para infectar dispositivos: al acceder al anuncio se instala software malicioso sin saberlo; el warshipping envía a una empresa un paquete con dispositivos electrónicos que, conectados a un equipo, pueden robar información. La ISO/IEC 27000 da la visión general y el vocabulario de los SGSI; en España es la UNE-EN ISO/IEC 27000. Para INCIBE, un SGSI es un conjunto de políticas que siguen la ISO/IEC 27001 para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Software de aplicación especializado: el diseño asistido por ordenador (CAD) y los asistentes conversacionales de inteligencia artificial

El diseño asistido por ordenador (DAO; en inglés CAD) usa la informática para crear dibujos técnicos o planos y estudia su aplicación al diseño y la fabricación de productos industriales; el software CAD sirve para eso. Un chatbot de IA simula la conversación humana con técnicas como el procesamiento del lenguaje natural (PLN). INCIBE cita Siri y Alexa (asistentes virtuales) y ChatGPT y Copilot (herramientas web). ChatGPT es un modelo de lenguaje de OpenAI basado en aprendizaje profundo. Riesgos: phishing, smishing, desinformación, perfiles falsos y código malicioso.

Artículo 1. Objeto

El Código tiene cinco objetos: facilitar el uso adecuado de las TIC por los profesionales públicos; asegurar la protección de los derechos de la ciudadanía, de los profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía y de la propia Junta; mejorar los servicios que la Administración presta a la ciudadanía; propiciar la seguridad de la información y de los sistemas frente a riesgos o actuaciones no adecuadas; y fomentar el adecuado desarrollo de la sociedad de la información y facilitar el gobierno abierto.

Artículo 2. Definiciones

Los términos del Código se entienden en el sentido de tres normativas: la de protección de datos personales, la de procedimiento administrativo común y la de seguridad de las TIC. Equipamiento TIC del puesto de trabajo son todos los recursos que la Administración pone a disposición del profesional para su trabajo (ordenadores, pantallas, redes, portátiles, teléfonos, impresoras y escáneres, exclusivos o compartidos) y el software instalado en ellos. Tratamiento de datos personales es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, por procedimientos automatizados o no.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

El Código se aplica a todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía (Consejerías, Agencias Administrativas y Agencias de Régimen Especial), incluido el personal no judicial de la Administración de Justicia de competencia andaluza, y al de otras entidades instrumentales del Título III de la Ley 9/2007 cuando use sistemas, equipamiento TIC o redes propiedad o bajo supervisión de la Administración. Se les denomina «los profesionales» y deben conocerlo y cumplirlo en presencial y en teletrabajo; en este, además, según los términos y condiciones que se establezcan o acuerden.

Artículo 4. Principios de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

En el uso de las TIC los profesionales deberán respetar seis principios: a) servicio y proximidad a la ciudadanía; b) responsabilidad, profesionalidad y cualificación profesional; c) seguridad; d) protección de datos personales, tanto de la ciudadanía como de los profesionales; e) eficacia en el desempeño de las funciones y eficiencia en la utilización de los recursos públicos; y f) accesibilidad de las tecnologías y contenidos, especialmente en la relación con la ciudadanía.

Artículo 5. Uso del equipamiento TIC del puesto de trabajo

Los profesionales usarán el equipamiento TIC y las redes cuyo acceso se les haya facilitado, de forma compatible con sus funciones. La puesta a disposición solo cede el uso, no la propiedad. No permitirán su uso a terceros no debidamente autorizados; lo cuidarán y conservarán; no lo alterarán ni harán reparaciones, mantenimiento o mejoras; no alterarán el software ni instalarán otro nuevo, aunque sea de libre uso o gratuito; seguirán los protocolos de su Consejería o Agencia para incidencias y solicitudes, y usarán los mecanismos de bloqueo en caso de desatención temporal.

Artículo 6. Uso de las aplicaciones y sistemas

Los profesionales utilizarán exclusivamente las aplicaciones y sistemas que la Administración de la Junta de Andalucía les haya habilitado para sus funciones, que podrán pertenecer a otras Administraciones Públicas u otras entidades. Atenderán a las guías, instrucciones y manuales, y a los protocolos para gestionar incidencias y solicitudes de permisos. Deberán cerrar las sesiones al finalizar el uso de la aplicación; se recomienda hacerlo con las funcionalidades de la propia aplicación («desconexión», «cerrar sesión», «salir» o similar) y no simplemente cerrando la ventana.

Artículo 7. Acceso a equipamiento, aplicaciones y sistemas

Los profesionales usarán los mecanismos de acceso implantados para el equipamiento, las aplicaciones y los sistemas. Custodiarán diligentemente sus credenciales, sin revelarlas ni ponerlas al alcance de terceros, y serán responsables de toda la actividad realizada con ellas. Si sospechan que otra persona las está utilizando, las cambiarán inmediatamente y notificarán la incidencia de seguridad. No intentarán obtener por medios ilícitos derechos de acceso superiores a los que les correspondan ni utilizar las credenciales de otras personas.

Artículo 8. Uso de la información

Los profesionales protegerán la información y evitarán su alteración indebida, inutilización, destrucción, robo, revelación o uso no autorizado. El acceso, incluso a lo elaborado por uno mismo, no confiere derecho alguno. Solo la usarán para sus funciones. Seguirán las prácticas de seguridad y propiedad intelectual sobre los ficheros que introduzcan, evitando el código dañino. Protegerán el papel: no lo dejarán en impresoras, escáneres o faxes ni sobre las mesas al final de la jornada. En investigación, datos masivos o inteligencia artificial atenderán los códigos éticos aplicables.

Artículo 9. Almacenamiento y formato de la información

La información se almacenará en los sistemas, herramientas corporativas o estructuras comunes habilitados por la Administración, disponible para quien pudiera necesitarla y según las directrices sobre carpetas, nomenclaturas y roles. Con carácter general evitarán los dispositivos extraíbles, admisibles exclusivamente como instrumento de transporte de ficheros con las medidas de seguridad establecidas. No usarán cuentas particulares en la nube. Usarán preferentemente formatos basados en estándares abiertos y velarán por la accesibilidad de lo que se publique en los sitios web de la Junta.

Artículo 10. Tratamiento de datos personales

Los profesionales solo realizarán tratamientos de datos personales siguiendo las instrucciones del responsable o, en su caso, del encargado del tratamiento y utilizando los medios dispuestos para ello; no tratarán datos personales fuera de los medios establecidos por el responsable o encargado. Están obligados a cumplir el deber de confidencialidad sobre los datos personales en cuyo tratamiento participen y deberán conocer los datos de contacto del delegado de protección de datos de su organización.

Artículo 11. Internet

Internet se usa como herramienta de servicio, productividad y conocimiento, con finalidad adecuada a su ámbito profesional y sin detrimento de sus funciones, la seguridad o el rendimiento de la red. No accederán a contenidos no éticos, ofensivos, ilegales o atentatorios contra la dignidad humana, ni a páginas no fiables o sospechosas. La Administración podrá restringir total o parcialmente el acceso a contenidos, y la navegación podrá ser monitorizada y registrada en su totalidad. Atenderán a las recomendaciones sobre navegadores y no intentarán alterar o eludir los controles.

Artículo 12. Correo electrónico

El correo corporativo (credencial personal e intransferible) es solo para fines profesionales y sus mensajes pueden ser información pública. Se consultará con frecuencia suficiente; en ausencias, respuesta automática. No se usarán cuentas no corporativas ni se accederá a las no asignadas. Se valorará la «copia oculta» y se comprobarán destinatarios. No se abrirán mensajes sospechosos, se revisará el SPAM y no se guardará en él información permanente. Desde dispositivos ajenos, ni descargar información ni guardar credenciales. Los ficheros que excedan el límite, por herramientas corporativas.

Artículo 13. Herramientas de colaboración

Los profesionales utilizarán las herramientas que incorporen funcionalidades de reuniones virtuales, mensajería instantánea y compartición de ficheros como herramientas de servicio, productividad y colaboración, con las directrices, medios y habilitación que, en su caso, les haya establecido la Administración de la Junta de Andalucía. Las utilizarán exclusivamente para el desempeño de sus funciones.

Artículo 14. Redes sociales

Los profesionales podrán usar las redes sociales para sus funciones como herramientas de comunicación, atención a la ciudadanía, participación y transparencia, según lo establecido por la Administración. Quienes atiendan un perfil corporativo: velarán por la protección de datos (con carácter general no se publican datos personales, aunque caben enlaces a portales o sedes electrónicas donde sí figuren) y por la actualización, calidad, integridad, consistencia y fiabilidad; no lo usarán como sustitutivo de canales oficiales; no emitirán opiniones personales y respetarán las de la ciudadanía.

Artículo 15. Política de seguridad

Los profesionales deberán conocer y cumplir la política de seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación aplicable en su Consejería o Agencia, así como los instrumentos que la desarrollen. Son dos deberes (conocer y cumplir) sobre dos objetos (la política de seguridad y sus instrumentos de desarrollo).

Artículo 16. Contraseñas

Las contraseñas son secretas: los profesionales no las revelarán por ningún medio, salvo lo previsto en el apartado del Código relativo al fin del desempeño de las funciones, y mantendrán la privacidad y custodia de los soportes en que, en su caso, las guarden. Respetarán las políticas de cambio, cambiándolas a la mayor brevedad posible cuando sea requerido y con las reglas de fortaleza establecidas por el responsable del recurso correspondiente. Cuidarán de que no queden guardadas en un dispositivo que no vayan a utilizar (renovación de equipo o de teléfono móvil, traslado o uso temporal).

Artículo 17. Certificados electrónicos

Los profesionales no instalarán ni utilizarán certificados electrónicos de otras personas. Prestarán especial cuidado en que su certificado no quede alojado en un dispositivo que no vayan a utilizar, en especial en situaciones de renovación de equipo, renovación de teléfono móvil, traslado o uso temporal o provisional de un equipo. Si el certificado reside en una tarjeta criptográfica, esta deberá permanecer siempre bajo custodia del titular del certificado.

Artículo 18. Notificación de incidencias

Los profesionales notificarán cualquier incidencia o anomalía que detecten en el uso de las TIC: pérdida o sustracción de información o de dispositivos, accesos no autorizados, uso inadecuado de sus credenciales, código dañino o malicioso, necesidad de recuperar datos y toda situación que pueda comprometer la seguridad, el buen uso y funcionamiento de los recursos. Las violaciones de seguridad que afecten a datos personales se notificarán a la mayor brevedad posible al responsable o, en su caso, encargado del tratamiento. En ambos casos, por los medios señalados por su Consejería o Agencia.

Artículo 19. Conductas prohibidas

Se prohíbe instalar, visualizar, acceder o remitir ficheros o mensajes racistas, xenófobos, pornográficos, sexistas, de apología del terrorismo o contrarios a los derechos humanos, la intimidad, el honor, la imagen, la dignidad o los menores; instalar y enviar o reenviar deliberadamente código dañino; instalar, visualizar, reproducir o descargar contenidos con propiedad industrial o intelectual sin licencia o derecho; captar y difundir sin autorización imágenes o sonidos de dependencias y personas; y usar herramientas de monitorización o penetración, salvo las unidades TIC en sus funciones.

Artículo 20. Fin del desempeño de las funciones

Si un profesional deja sus funciones o tiene una baja temporal con interrupción prolongada, comunicará a la persona responsable de su unidad administrativa u órgano, al menos: las aplicaciones y sistemas que utilizaba; los espacios colaborativos en que participa y los que administra; las cuentas no personales que atendía y los recursos protegidos por contraseña, con esta si la creó él o es su único depositario; y los certificados de representante de órganos que tuviera otorgados. Si se extingue la relación, devolverá todos los dispositivos TIC asignados.

Artículo 21. Realización de comprobaciones y exigencia de responsabilidades

Los profesionales tendrán en consideración que la Administración de la Junta de Andalucía, mediante los mecanismos formales y técnicos que considere oportunos, podrá comprobar la correcta utilización de todos los recursos comprendidos en el Código, de forma periódica o cuando resulte conveniente por razones específicas de seguridad o del servicio. Cuando detecte en el uso de dichos recursos actuaciones irregulares, ilícitas o ilegales, procederá al ejercicio de las acciones pertinentes para exigir las responsabilidades que correspondan.

La Sede Electrónica General de la Junta de Andalucía. Sistemas de identificación y firma

La Sede Electrónica General es el punto de acceso en internet para tramitar con la Junta (Decreto 622/2019 y Ley 39/2015). Acceso al Catálogo de Procedimientos y Servicios, a la Presentación electrónica general (formulario genérico para escritos sin formulario específico), a sugerencias, reclamaciones y facturas electrónicas, y a servicios digitales como Carpeta ciudadana, Notificaciones, Plataforma de pagos y Verificación de documentos. Firma: Anexo I; sin certificado, Anexo II para identificar y Anexo III para firmar. Admite certificado y Cl@ve. Servicio 012: 012 o 955 012 012.

Cl@ve, sistema común de identificación y firma

Cl@ve es una plataforma común de identificación, autenticación y firma electrónica que permite usar las mismas credenciales en distintas administraciones; la Junta la admite en su sede junto al certificado. Modalidades: Cl@ve Móvil (app, QR o confirmación, sin contraseñas), Cl@ve PIN (código elegido + PIN al móvil, validez limitada), Cl@ve Permanente (usuario y contraseña duraderos, reforzada con códigos SMS de un solo uso para más seguridad) y Cl@ve Firma (firma en la nube). Requiere registro previo, presencial o por internet, con nivel básico o avanzado.

El Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Junta de Andalucía

La notificación electrónica es la puesta a disposición del contenido a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Junta (Notific@). Obligados: personas jurídicas, profesionales colegiados, representantes de obligados y empleados públicos en trámites por su condición; las personas físicas, si lo eligen. Alta de oficio o voluntaria (certificado cualificado o Cl@ve, correo obligatorio). El aviso por correo o SMS no es la notificación. A los 10 días naturales sin acceso se entiende rechazada. Estados: no leídas, leídas, rechazadas (pueden leerse luego sin cambiar estado) y caducadas.

La Carpeta Ciudadana de la Junta de Andalucía

La Carpeta Ciudadana reúne en un punto la información administrativa de cada persona en los sistemas de la Junta (citas, tarjetas, certificados, expedientes, notificaciones, registros, pagos) y permite gestiones como pedir cita o acceder a notificaciones. Acceso con certificado o Cl@ve, como «Persona física» o «Persona jurídica»; web y app. No almacena datos: los recaba de otros sistemas al acceder. Abrir una notificación desde ella tiene el mismo efecto jurídico. Incluye agenda, personalización de avisos, campana de no leídos y Registro de Parejas de Hecho.

Ventanilla electrónica (VEAJA), verificación de documentos (HCV) y supresión de certificados en papel (SCSP)

VEAJA (Ventanilla electrónica de la Junta) permite presentar solicitudes a la Junta o a cualquier otra Administración y consultar su estado; sus formularios van asociados a procedimientos de Trew@ y es una instancia de VEA. HCV (Herramienta Centralizada de Verificación) unifica la verificación por código de documentos firmados electrónicamente, sin almacenarlos; al personal le ofrece validación de firmas, visor y descarga de documentación de ORVE. SCSP sustituye los certificados en papel por una consulta electrónica entre Administraciones.

Política informática de la Junta de Andalucía: la Agencia Digital de Andalucía y la estrategia de administración digital

La Agencia Digital de Andalucía se creó por la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 3/2020 (presupuesto 2021) como agencia administrativa; sus Estatutos, Decreto 128/2021. Integra todos los servicios TIC y de gobierno abierto, horizontales y verticales, y define y ejecuta los instrumentos TIC, de ciberseguridad, gobierno abierto y estrategia digital. Cada Consejería o agencia conserva la dirección funcional de sus sistemas y prioriza sus necesidades TIC. Estrategia 2030 aprobada el 8-4-2026. Red Corporativa: 2-6-1998. Orden de 21-2-2005: código fuente público.

Código de Conducta en el uso de las TIC (I): aprobación, ámbito, principios, equipamiento y acceso

El Código de Conducta TIC se aprobó por Resolución de 22-10-2020 (BOJA 208, de 27-10-2020), entró en vigor al día siguiente y dejó sin efecto el manual de 2004. Se aplica al personal de Consejerías y agencias (incluido el no judicial de Justicia) y de otras entidades que usen medios de la Junta, también en teletrabajo; si choca con la política de seguridad de una Consejería, prevalece esta. Seis principios. El equipamiento se cede en uso: no prestarlo, no repararlo, no instalar software aunque sea gratuito, bloquearlo al dejarlo. Cerrar sesión y custodiar credenciales.

Código de Conducta en el uso de las TIC (II): información, datos personales, internet, correo y redes sociales

La información se protege y se usa solo para las funciones; acceder a ella no da derecho a poseerla, copiarla ni divulgarla. Se guarda en sistemas corporativos; los extraíbles se evitan y solo valen para transportar ficheros con medidas de seguridad; nada de nubes particulares; formatos abiertos preferentes. Datos personales con confidencialidad. Internet con fin profesional y navegación monitorizable. Correo corporativo solo profesional, posible información pública, respuesta automática en ausencias, sin almacenar. Perfiles corporativos sin opiniones personales.

Código de Conducta en el uso de las TIC (III): seguridad, conductas prohibidas y fin del desempeño

Hay que conocer y cumplir la política de seguridad TIC propia. Contraseñas secretas (salvo en el fin del desempeño), con cambios y fortaleza. No se usan certificados ajenos; la tarjeta criptográfica la custodia su titular. Se notifican las incidencias. Prohibido: contenidos ilícitos u ofensivos, código dañino, contenidos sin licencia, captar imágenes o sonidos sin autorización y herramientas de captura de tráfico o penetración, salvo las unidades TIC. Al cesar se comunican aplicaciones, cuentas no personales y certificados, y se devuelven los dispositivos.

La política de seguridad TIC de la Junta de Andalucía (Decreto 1/2011)

La política de seguridad TIC de la Junta la regula el Decreto 1/2011, modificado por los Decretos 70/2017 y 171/2020. Diez principios, entre ellos gestión del riesgo y función diferenciada. Organización corporativa: Comité de Seguridad TIC (colegiado, en la CISI, al menos una reunión por semestre, con su Grupo de Respuesta a Incidentes), Unidad de Seguridad TIC Corporativa y Grupo de Personas Expertas. En cada Consejería, Comité no colegiado y Unidad nombrada por él. Cada Consejería y entidad aprueba su política por su titular. El 171/2020 añadió la Seguridad Interior. Marco estatal: ENS.

Tipos de sistemas de información

Un sistema de información recoge, almacena, procesa y distribuye información para las operaciones y decisiones. La clasificación en TPS (transacciones, por lotes o en tiempo real), sistemas de informes, DSS («qué pasaría si»), EIS (alta dirección) y sistemas expertos es doctrinal, no normativa. El almacén de datos centraliza datos para analizarlos y el data mart es un subconjunto por áreas. En la Junta, los Estatutos de la Agencia Digital hablan de servicios TIC horizontales y verticales, y la Agencia califica de horizontales a GIRO, SIRhUS, SUR y SIREC.

Sistemas corporativos horizontales de gestión: GIRO, SIRhUS, SUR y SIREC

Sistemas corporativos horizontales de la Junta. GIRO: gestión económico-financiera integral (presupuesto, patrimonio, control, contabilidad), implantado por Orden de 17-12-2014, en vigor el 1-1-2015, obligatorio en su ámbito; sustituyó a Júpiter, que siguió para 2014 y anteriores. SIRhUS: sistema único de recursos humanos (Orden de 24-9-1999), de la planificación a la nómina y el capítulo I; sus documentos valen como originales. SUR: gestión de ingresos. SIREC: contratación pública electrónica (art. 40 del Decreto-ley 13/2020), a través del Portal de Licitación Electrónica.

Plataformas corporativas de tramitación y firma: Trew@, PTw@ndA, @firma, Port@firmas, BandeJA y otras

Plataformas corporativas de la Agencia Digital: Trew@ (motor de tramitación que modela procedimientos y su flujo de trabajo, del proyecto w@ndA); PTw@ndA (escritorio de tramitación de los expedientes modelados en Trew@); @firma (autenticación y firma con certificados); Port@firmas (firma de documentos de distintos sistemas usando @firma; PDF en PDF/A); Notific@; BandeJA (comunicaciones interiores entre órganos, Orden de 3-2-2021, sin papel ni registro en @ries); ReJA (alzada, reposición y revisión); HRE (remisión a órganos judiciales); Inform@ (informes); HCV y SCSP.

Registro y archivo: @ries y @rchivA

@ries soporta el Registro Electrónico Único de la Junta: registro de entrada y salida unificado. Vertiente presencial (asiento, digitalización conforme a SICRES, salidas) y telemática (vía servicios web). Interconecta los registros de todos los organismos y conecta con otras Administraciones a través del SIR. Por tener fe pública, solo lo usa el personal funcionario. @rchivA gestiona íntegramente los documentos en su ciclo vital, es el archivo electrónico único, tramita transferencias, custodia, consulta y préstamo; se accede por la Red Corporativa y su portal ciudadano es @rchivAWeb.

Artículo 6. Criterios para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas

Los criterios se aplican en el diseño y rediseño funcional de los procedimientos y al tramitarlos. De simplificación y agilización: unificar o eliminar procedimientos, reducir términos y plazos, suprimir trámites sin valor añadido, proactividad, modelos de declaración, respuesta inmediata o resolución automatizada, agilizar comunicaciones, desconcentrar competencias y orientación a la ciudadanía. De reducción de cargas: suprimir cargas y documentación, aportar esta en la audiencia anterior a la propuesta de resolución, declaraciones responsables, agrupación y normalización documental.

Artículo 7. Memoria de cumplimiento de los principios de buena regulación en los procedimientos de elaboración de normas de la Junta de Andalucía

Los proyectos de disposiciones reglamentarias y los anteproyectos de ley deben incorporar una memoria que justifique los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En los reglamentos expone ocho extremos (interés general, objetivos, medidas menos restrictivas, rango, trámites, cargas, plazo máximo e impacto, no coincidencia de órganos), sintetizados en el preámbulo. En los anteproyectos de ley se añaden tres (silencio desestimatorio, nuevos trámites, límites a actividades económicas) y se sintetizan en la exposición de motivos.

Artículo 8. Informe en materia de simplificación y organización

El órgano directivo central con competencias en organización de los servicios públicos y simplificación administrativa informa, con carácter preceptivo y no vinculante, las disposiciones reglamentarias y los proyectos de ley antes de su aprobación, en lo relativo a organización y procedimientos administrativos. No hace falta informe en las delegaciones de competencias. Lo solicita la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería promotora, con memoria y proyecto. El plazo de emisión se interrumpe si se pide subsanación de deficiencias o ampliación de información.

Artículo 9. Revisión normativa

La Consejería de administración pública elabora, al menos cada cuatro años, Planes de Calidad y Simplificación Normativa; los aprueba el Consejo de Gobierno mediante acuerdo, y esa Consejería impulsa y coordina su seguimiento y revisión. Objetivo: revisar, simplificar y, en su caso, consolidar las disposiciones vigentes del Derecho propio. Valoran, al menos: reducir normas, adaptarlas a la buena regulación, consolidar y simplificar, y rediseñar procedimientos. El informe de evaluación, previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental, se publica en el Portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Registro de Procedimientos y Servicios

Se crea el Registro de Procedimientos y Servicios como inventario de los procedimientos y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos. Es único. Lo mantiene la Consejería competente en administración pública; las Consejerías responden de la integridad, veracidad y actualización de sus datos. Alta y modificación: en la fecha de publicación de la norma o acto en el diario oficial; si el servicio carece de norma, cuando sea efectiva su creación. Baja: al derogarse la disposición o quedar sin efecto el acto que lo creó. No es público ni tiene efectos constitutivos.

Artículo 11. Catálogo de Procedimientos y Servicios

El Catálogo de Procedimientos y Servicios ofrece información general, permanente y actualizada sobre los procedimientos administrativos y servicios dirigidos a la ciudadanía. Se nutre del Registro de Procedimientos y Servicios y comprende, al menos, la información de los apartados 8 y 9 del artículo 10. Su gestión y funcionamiento corresponden a la Consejería competente en materia de administración pública. Está publicado en el Portal de la Junta de Andalucía y en las sedes electrónicas, y es el instrumento de publicidad activa de los procedimientos administrativos.

Artículo 12. Formularios

Los formularios se inscriben en el Registro de Procedimientos y Servicios y son intuitivos, accesibles y de lenguaje claro e inclusivo (principios de accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad). Incluyen cláusula de protección de datos, señalan los datos de aportación obligatoria y permiten oponerse expresamente a la consulta de datos. La persona física elige medios presenciales o electrónicos. Los obligatorios se publican en el BOJA; si la presentación es solo electrónica, a efectos informativos. Se normalizan e inscriben previa solicitud de la Secretaría General Técnica.

Artículo 13. Manual y herramientas para simplificación de procedimientos y agilización de trámites

El Manual para la simplificación de los procedimientos administrativos y agilización de trámites es la guía de orientación para facilitar el análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos, de acuerdo con los criterios del artículo 6, y se aprueba por orden de la Consejería competente en materia de administración pública. Esa misma Consejería elabora y mantiene actualizadas otras herramientas, como guías de orientación para los órganos directivos, útiles también para elaborar disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos o modifiquen los existentes.

El estudio del trabajo administrativo: aspectos, técnicas y productividad

Cávero (1958), a partir de Hinojosa Petit y del «Bureau of the Budget», fija tres aspectos que estudiar: distribución, procedimiento y volumen del trabajo, y tres partes: Cuadro de Distribución del Trabajo, Cuadro de Procedimiento y Medición del Trabajo. Simplificar es trabajar con menor esfuerzo y en menos tiempo. Liñán (1961): estudio de métodos y medida del trabajo. Carta (1962): productividad global (todos los factores) o parcial (uno); la medición exige análisis de funciones, de procedimientos y de resultados; solo el 60 o el 70 por 100 del trabajo es mensurable.

El Cuadro de Distribución del Trabajo

Según Cávero (1958), el Cuadro de Distribución del Trabajo se forma con la lista de tareas (lo que hace cada empleado y su tiempo, en formularios con nombre, categoría, unidad y fecha) y la lista de actividades (las principales de la unidad, con renglón de «Varias»). Columnas: 1.ª actividades por orden de importancia; 2.ª tiempo total de cada actividad; luego una por empleado, con sus tareas y su tiempo. Se analiza con seis grupos de preguntas: tiempo por actividad, esfuerzos, preparación y habilidad, tareas no conexas, división del trabajo y reparto imparcial.

El Cuadro de Procedimiento de Trabajo

Según Cávero (1958), el Cuadro de Procedimiento abarca un sistema completo (quién, cómo, cuándo y porqué de cada fase) y da una visión dinámica en forma de diagrama. Se elabora en seis puntos: identificar la actividad, fijar partida y llegada, seleccionar símbolos y numerar etapas, describirlas, determinar tiempos y distancias, y totalizar. Cinco signos: operación, inspección, demora, transporte y archivo. Columnas: distancias, tiempo, signos, número de etapa y descripción. El análisis pregunta qué, por qué, cómo acortar, cuándo, quién y cómo.

La diagramación de los procedimientos: por trámites y por tareas

El Manual de la AGE (2014) define la diagramación como la representación gráfica de la estructura lógica de un proceso, para detectar puntos débiles. Dos enfoques: por trámites (cada trámite de cada unidad, normalmente en rectángulos unidos por líneas de flujo) y por tareas (todas las tareas de cada trámite con transiciones y responsables; detecta duplicaciones, cargas desiguales, actividades sin valor añadido y exceso de traslados). El Manual de la Junta (2010) pide un diagrama de flujo, con la herramienta model@.

La descripción de la situación actual del procedimiento

En el Manual de la Junta (2010), la Descripción de la situación actual busca conocer y documentar el procedimiento. Seis actuaciones: análisis de la normativa (por contenido, carácter y Administración), clasificación de requisitos y obligaciones de información, descripción de la tramitación con diagrama de flujo, clasificación de la documentación (decisión, transmisión, constancia, juicio y ciudadanía), soporte informático y nivel de telematización, y datos de gestión. Parte del Registro de Procedimientos Administrativos y termina en un documento de descripción con su diagrama.

La medición del trabajo y el cronometraje

Para Cávero (1958), la medición es la última etapa del método y comprueba la cuantía del trabajo, el número de empleados y la aportación de cada uno; sirve, entre otras cosas, para decidir (una segunda revisión con un 0,1 por 100 de errores frente al 12 por 100 de la primera resultó innecesaria), suprimir embotellamientos y calcular personal. Liñán (1961): el cronometraje tiene inconvenientes que lo harían impracticable en los problemas generales. Hacienda (1963): Hoja de Métodos, Ficha de Especificaciones, Hoja de cronometraje y Resumen de Cronometrajes, base de la prima.

El muestreo del trabajo («Work Sampling»)

Para Liñán (1961), el «Work Sampling» mide el porcentaje de tiempo inactivo y sus causas. Tippett lo usó primero en 1934 («snap-reading», industria textil inglesa); Morrow lo aplicó en EE. UU. como «Ratio-delay»; tras Brisley (1952), Factory propuso «Work Sampling»; en España, «Muestreo de Trabajo» o «Control Estadístico de Actividades» (São Paulo, 1954). Seis fases, con nivel de confianza más aceptado del 95 por 100. Ruiz Cubiles (1964) lo llama «estimación de tiempos»: más barato y sencillo que el cronometraje pero menos exacto; requisitos: instantaneidad, aleatoriedad e información previa.

La medición de los tiempos de tramitación

El Manual de la Junta (2010) usa cuatro indicadores: TMR (del inicio a la finalización y notificación), TME (expediente en espera de ser tramitado), TMI (tramitación interrumpida o suspendida por causa específica) y TMER = TMR - TME - TMI, que da el margen de mejora. El Manual de la AGE (2014) mide por diferencia de fechas, sobre todos los expedientes o una muestra: el tiempo completo se desglosa en tiempo efectivo de actividad y tiempo externo; las medias eliminan el máximo y el mínimo; el tiempo medio de tramitación por el número de expedientes da la carga de trabajo real.

La simplificación administrativa: concepto, principios y fases

El Manual de la Junta (2010) define la simplificación como acciones para analizar, identificar, clasificar y proponer mejoras de los procedimientos (menos cargas, trámites más ágiles). Lo aprueba la Orden de 22 de febrero de 2010 (BOJA núm. 52, de 17 de marzo) como guía de orientación. Antecedentes: artículo 133.1 del Estatuto y Plan de Medidas del Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2009. Once principios. Tres fases: descripción, diagnóstico y mejora, e implantación y mejora continua. Siempre antes de aplicar medios electrónicos, con el órgano gestor implicado.

Reducción de requisitos, obligaciones de información y documentación

En la fase de Diagnóstico y mejora del Manual de la Junta (2010), este bloque reduce las cargas de acreditar requisitos y cumplir obligaciones de información con cuatro criterios: A) sustituir autorizaciones por comunicaciones previas con control posterior (obligatorio en las actividades de servicios afectadas por la Directiva de Servicios); B) revisar o suprimir requisitos y obligaciones; C) reducir datos y documentos (declaraciones responsables, momento de aportación, intercambio de datos; el Decreto 68/2008 suprime fotocopias del DNI y del empadronamiento); D) normalizar formularios.

Agilización de la secuencia de la tramitación administrativa

Según el Manual de la Junta (2010), la agilización de la tramitación busca reducir plazos y tiempos de respuesta con once criterios: plazos de resolución breves (siempre máximos); silencio positivo a instancia de parte; diagnóstico de tiempos; actuación de oficio; unificación de procedimientos; eliminación de trámites o tareas; racionalización de cargas (desconcentración, delegación de competencias y de firma, encomienda de gestión); comunicaciones interiores telemáticas; Guías de Tramitación de la Familia; normalización documental; y Servicios de Respuesta Inmediata (SERI).

Gestión electrónica, participación e implantación y mejora continua

En el Manual de la Junta (2010), la gestión electrónica tiene aspectos obligatorios (información, formularios, iniciación, pago, notificaciones con consentimiento expreso y consulta del expediente) y complementarios (gestión electrónica en todas las fases, proactividad, actuación automatizada, información de gestión, tablón, acceso a datos). Participación: información general y particular (CLARA, si la aplicación está integrada) e instrumentos. Implantación y mejora continua: adecuación normativa (Ley 6/2006, Informe Mandelkern, EIN), desarrollo tecnológico y evaluación (EFQM).

Procedimiento, trámite y familias de procedimientos

Anexo I del Manual de la Junta (2010), con la definición del Ministerio de Administraciones Públicas: el procedimiento es el proceso por el que un órgano decide sobre pretensiones de la ciudadanía o prestaciones y servicios a su cargo. El trámite agrupa actividades con una misma función en cada fase; tiene un hito (aspecto formal) y aporta a la voluntad administrativa (aspecto material). En w@nda, fase = trámite y metafases = fases. La familia agrupa procedimientos por similitud de tramitación, documentación e información, no por materia ni órgano; hay hasta 19, con sus Guías (GTF).

Cargas administrativas y carga de trabajo

El Anexo I del Manual de la Junta (2010) llama cargas administrativas a los costes de la información que solo se recoge porque lo exige la normativa; no todas pueden eliminarse. Se miden sobre todo con el Modelo de Costes Estándar: precio (costes salariales más generales) x tiempo x cantidad (población x frecuencia). La carga de trabajo es el esfuerzo de la propia Administración, «el volumen de actividades» para prestar los servicios: en un procedimiento, suma de los tiempos del personal en cada trámite; en una tarea, tiempo x frecuencia x número de personas; sin espera ni inactividad.

Innovación pública, gobernanza de datos e inteligencia artificial según Ramió

Ramió (CLAD, 2021): el hexágono de la innovación de Oliván agrupa seis vectores (tec, open, trans, fast, proto, co). La gobernanza de datos valora los datos como activo, reparte responsabilidades y fija normas de calidad y uso; su máximo responsable es el CDO. Propone una unidad central de gobernanza de datos («confederal pero integrado»). Fases para la IA: digitalizar, gobernanza de datos, asociar small data en big data sectorial, incorporar la IA.

Artículo 1. Objeto y fines

El Decreto-ley establece medidas extraordinarias y urgentes para promover la racionalización administrativa, como proceso integral y continuo: optimizar la organización y los recursos humanos y reordenar, simplificar, normalizar y automatizar progresivamente los procedimientos, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y facilitar la actividad económica en Andalucía. Persigue ocho fines, letras a) a h), entre ellos eliminar órganos colegiados, avanzar en la transformación digital y lograr un uso sencillo, masivo, eficaz y seguro de los canales.

Artículo 2. Principio de transversalidad organizativa para la coordinación en la simplificación administrativa

La Administración pública autonómica establecerá fórmulas institucionales y organizativas flexibles, dúctiles y, en su caso, de carácter temporal, que permitan hacer frente a los asuntos que transcienden las atribuciones propias de las consejerías. Es el contenido del principio de transversalidad organizativa para la coordinación en la simplificación administrativa.

Artículo 3. Deber general de promoción de la simplificación administrativa

Todas las entidades y órganos del sector público autonómico deben promover de forma efectiva la simplificación en sus ámbitos de competencias, con menor carga para ciudadanía y operadores económicos, y optar por las alternativas más simplificadoras. Los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta que consideren que el Decreto-ley exige modificar normas de su competencia propondrán la modificación y concretarán su contenido. Si el procedimiento afecta específicamente a un colectivo, deberá preverse su participación; la de otras administraciones podrá solicitarse.

Artículo 4. Deber general de promoción de mecanismos de coordinación y colaboración

La Administración pública autonómica promoverá, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración y el ejercicio conjunto de facultades de intervención sobre actividades, con el fin de impulsar la simplificación administrativa y la agilidad en la tramitación y ejecución de proyectos concretos o sectores específicos.

Artículo 5. Deber general de promoción de sistemas de acompañamiento individualizado

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la implantación de sistemas de gestión pública de acompañamiento individualizado a la ciudadanía y a las entidades particulares, para la tramitación y ejecución de los procedimientos dirigidos a la ciudadanía.

Artículo 6. Modificación de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Modifica la Ley 6/2006, del Gobierno de Andalucía. El anteproyecto de ley (art. 43.3) y el proyecto de reglamento (art. 45.1 b) irán acompañados de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que justifica la norma y estima sus impactos. El reglamento lo inicia el órgano directivo competente, previo acuerdo de la persona titular de la Consejería. Añade dos disposiciones adicionales: al anteproyecto de Ley del Presupuesto no se le aplica la MAIN, y la Consejería competente en planificación económica informa las estrategias y planes con contenido económico-financiero.

Artículo 7. Modificación de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras

Da nueva redacción al artículo 35 de la Ley 3/2004. Las actuaciones que afecten o puedan afectar a ingresos y gastos públicos deben valorar sus repercusiones y atenerse a las disponibilidades presupuestarias. La Consejería competente en materia de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuestos, informa preceptivamente en diez días hábiles en los supuestos de las letras a) a f); el informe simplificado se emite en cinco días hábiles. El plazo se interrumpe si se pide subsanación, ampliación o documentos; si no se atiende en tres meses, se entiende que el órgano proponente desiste.

Artículo 8. Modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

Modifica la Ley 12/2007, de igualdad de género. El informe de impacto de género de leyes, decretos legislativos y reglamentos queda integrado en el impacto por razón de género de la MAIN (art. 6.2). La Consejería competente en materia de presupuestos, en coordinación con las demás y con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emite el del proyecto de Ley del Presupuesto (art. 8). Los planes de igualdad son de inscripción obligatoria en registro público (art. 27.5) y las ofertas públicas de empleo de la Junta llevan evaluación del impacto de género incluida en la MAIN (art. 31.3).

Artículo 9. Modificación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas

Redacta de nuevo el artículo 139 de la Ley 18/2003. Los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias que apruebe el Consejo de Gobierno, y las disposiciones generales dictadas en su desarrollo, deben tener en cuenta de forma efectiva la igualdad por razón de género y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989. A tal fin, la MAIN incluirá el informe de evaluación del impacto por razón de género y de evaluación de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

Artículo 10. Modificación del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género

Modifica el Decreto 17/2012. El informe de evaluación del impacto de género acompaña, con carácter preceptivo, al acuerdo de iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición y forma parte de la MAIN (art. 4.2). El centro directivo competente para emitir la MAIN la remite al Instituto Andaluz de la Mujer, junto con las observaciones de la Unidad de igualdad de género de la Consejería y el proyecto de disposición, antes de su envío a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras o, si ese trámite no es necesario, antes de su aprobación (art. 6).

Artículo 11. Modificación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

Modifica el apartado 1 d) del artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Ese párrafo pasa a referirse a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, así como a cualquier otro informe que conforme los expedientes de elaboración de los textos normativos, con ocasión de la publicidad de estos.

Artículo 12. Modificación del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía

Modifica el Decreto 622/2019 en veintiséis apartados. Regula las funciones y la composición de la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa; los criterios de simplificación y de reducción de cargas; la MAIN, su contenido y la Memoria Abreviada; el informe preceptivo y no vinculante de simplificación; el Plan de Calidad y Simplificación Normativa, cada dos años; las sedes electrónicas general, derivadas y compartidas; la Plataforma de Intermediación de datos; la comprobación automatizada y la Red de Oficinas de asistencia en materia de registros.

Artículo 13. Modificación de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 23 de octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos de la política informática de la Junta de Andalucía

Modifica la Orden de 23 de octubre de 2012: las referencias a la Dirección General de Política Digital se entienden hechas a la Agencia Digital de Andalucía. Nuevo artículo 5: los contratos de suministro y de servicios TIC requieren informe favorable de la Agencia, salvo los menores, igual que sus prórrogas y las modificaciones de coste superior al 20% del importe inicial, sustanciales o que alteren el contenido técnico. El informe se entiende favorable a los diez días hábiles (fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) o a los veinte (resto), y vale doce meses.

Artículo 14. Modificación del Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía

Añade un apartado 6 a la disposición adicional cuarta del Decreto 128/2021, de Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía. Como encargado del tratamiento de datos personales, la Agencia está autorizada, de manera general, a realizar las actividades de tratamiento necesarias para sus funciones y competencias y a contribuir a garantizar que el responsable cumpla los principios del artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos. Para ello colaborará con el responsable en el análisis de riesgos y, en su caso, en la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

Artículo 15. Delimitación

La gobernanza pública por proyectos se llevará a cabo preferentemente a través de tramitaciones conjuntas de proyectos y gestión coordinada de procedimientos, sin perjuicio de aquellas otras modalidades que permita el ordenamiento jurídico estatal o autonómico y que contribuyan a la implantación, desarrollo y culminación de proyectos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 16. Instrumentos de colaboración

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá instrumentos de colaboración y coordinación para impulsar la simplificación. Permitirán, entre otros, el ejercicio conjunto de las facultades de intervención sobre actividades económicas (policía, inspección y sanción), el otorgamiento y control de títulos habilitantes, la ejecución de proyectos o la ágil resolución de procedimientos. La colaboración entre Administraciones públicas podrá articularse por convenios; la coordinación en materias específicas, por protocolos coordinados entre órganos y organismos del sector público.

Artículo 17. Gestión y mejora continua de los procesos horizontales e internos

La Administración de la Junta de Andalucía identificará todos sus procesos horizontales o transversales, que son los que afectan a más de una Consejería o ente instrumental, así como los procesos internos que afecten o tramiten las mismas, revisando y eliminando las actuaciones que no les añadan valor y estandarizándolos, con el fin de alcanzar mejoras en la calidad de los servicios e incrementar la eficacia y la eficiencia.

Artículo 18. Tramitación conjunta de proyectos

La Administración de la Junta promoverá que los actos de intervención que afecten a diversas actividades incluidas en un solo procedimiento se integren ante una única instancia, en los proyectos susceptibles de tramitación conjunta y en los que se declaren de agilización administrativa. El Consejo de Gobierno, a instancia de la Consejería competente en materia de administración pública, determinará el órgano autonómico ante el cual se realizarán todos los trámites. Ese órgano coordinará los trámites, sin perjuicio de los actos y resoluciones de los demás órganos competentes.

Artículo 19. Gestión coordinada de procedimientos

La gestión coordinada es un marco de trabajo instrumental, organizativo y, en su caso, temporal para ejercer una competencia o el conjunto coordinado de competencias de distintas Administraciones, organismos u órganos. Se acuerda por orden de la Consejería competente por razón de la materia, por orden conjunta si son varias y mediante convenio si se trata de distintas Administraciones públicas. Sus instrumentos contienen el marco y el horizonte temporal, la documentación y la persona responsable de la coordinación, y pueden prever un único informe y la resolución simultánea o sucesiva.

Artículo 20. Utilización de las encomiendas de gestión administrativas para la gestión compartida de proyectos

La Administración de la Junta de Andalucía podrá utilizar las encomiendas de gestión interadministrativas para la gestión compartida de proyectos cuando sea necesaria la realización de actividades de carácter material o técnico, en los términos de la normativa básica estatal y del artículo 105 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, potenciará las encomiendas de gestión a otros órganos o entidades de derecho público para el cumplimiento del objetivo y finalidad del Decreto-ley.

Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo

En los procedimientos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, la regla general es el silencio estimatorio. Se exceptúan los de la Ley 9/2001 y los de las letras a) a i): ley o norma europea o internacional en contra, derecho de petición, dominio o servicio público, daño al medio ambiente o al patrimonio histórico y cultural, responsabilidad patrimonial, impugnación, revisión de oficio a solicitud, ingresos no tributarios y personal. En los iniciados de oficio rige la normativa básica estatal y la sectorial.

Artículo 22. Plazos de resolución

El plazo máximo para notificar la resolución expresa es el que fije la norma reguladora del procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley, de directa aplicación o básica, establezca uno mayor o así lo prevea el derecho de la Unión Europea. Si las normas reguladoras no fijan plazo máximo, este será de tres meses, contados conforme a la normativa básica estatal.

Artículo 23. Transcurso y suspensión del plazo para la emisión de informes y dictámenes en los procedimientos administrativos

El apartado 1 está derogado. Lo que preveía no se aplica a los informes económico-financieros ni a los de la Intervención General, el Gabinete Jurídico, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social de Andalucía, que siguen su normativa específica. Vencido el plazo máximo para emitir un informe o dictamen preceptivo sin pronunciamiento, las actuaciones pueden seguir, pero no cabe resolver sin ese informe. La suspensión del plazo por informes preceptivos internos se acuerda por resolución expresa del órgano llamado a resolver.

Artículo 24. Agilidad en la tramitación de informes sectoriales

Si en un mismo procedimiento hay que pedir varios informes sectoriales de la Comunidad Autónoma o de su competencia regulatoria, el órgano competente los solicita todos de modo simultáneo, salvo que expresamente no sea posible según su normativa específica o cause demoras innecesarias. No son sucesivos, salvo que un trámite sea consecuencia del anterior o causa del siguiente o lo establezca la norma. No cabe resolución sin los informes preceptivos. Un mismo órgano que informe a varios efectos emite un único informe, salvo modificaciones sustanciales en la documentación.

Artículo 25. Cláusula general de intervención

Los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a los principios generales de la Constitución, la normativa básica estatal y la autonómica, velarán por el cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable. Para ello podrán, en el ámbito de sus competencias y con los límites de la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias necesarias.

Artículo 26. Principio de mínima intervención administrativa

Para velar por el cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable, los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía no establecerán medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos ni que exijan requisitos para ejercer una actividad, salvo que se motive la necesidad para la protección del interés general y respetando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad.

Artículo 27. Supuestos

La Junta impulsará las declaraciones responsables y las comunicaciones. La declaración responsable se exige cuando la normativa pide acreditar requisitos para reconocer o ejercer un derecho o facultad; la comunicación, cuando solo hay que poner en conocimiento datos identificativos u otros relevantes. Para una misma actividad o derecho se exige una u otra, no las dos. Pueden operar de forma preferente y alternativa a la autorización, licencia o inscripción registral, y sustituir a la aportación de documentos si la persona no se ha opuesto al acceso (art. 28 de la Ley 39/2015).

Artículo 28. Requisitos

En todo caso, y para los supuestos del artículo anterior, las declaraciones responsables y las comunicaciones se someten a tres bloques de requisitos: los de la normativa básica estatal, las previsiones del propio Decreto-ley y, además, la norma sectorial que sea de aplicación. A la declaración responsable podrán acompañarse los certificados de verificación documental emitidos por las entidades colaboradoras de certificación previstas en el Decreto-ley.

Artículo 29. Funciones de comprobación y control

En comprobación y control puede requerirse en cualquier momento la documentación necesaria. Si, tras expediente y previa audiencia, se acredita inexactitud, falsedad u omisión esencial, o la no presentación de la declaración responsable, de la documentación requerida o de la comunicación, no se puede continuar con el derecho o actividad. Se acordará restituir la situación jurídica al momento previo y la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo que, a falta de regulación expresa, no será inferior a seis meses ni superior a cinco años.

Artículo 30. Autorizaciones, licencias y registros

La Junta solo usará la autorización o licencia previa para el acceso y ejercicio de actividades económicas en condiciones de mercado cuando concurra, motivada y ponderada, alguna circunstancia: a) operadores: orden público, seguridad o salud públicas o medioambiente en el lugar concreto; b) instalaciones o infraestructuras físicas susceptibles de generar daños; en ambas, si no basta declaración responsable o comunicación; c) número limitado de operadores; d) normativa de la Unión Europea o tratados internacionales. Los trámites en registros se harán de oficio si se dispone de la información.

Artículo 31. Eficacia extraterritorial

Las autorizaciones y licencias otorgadas por cualquier otra Administración del Estado tienen eficacia en Andalucía para el acceso y ejercicio de actividades económicas en condiciones de mercado por operadores legalmente establecidos en el territorio nacional y para supuestos equivalentes: aquellos con normativa de la Unión Europea armonizada, legislación estatal común o legislaciones autonómicas sectoriales que fijen un estándar equivalente. Esa eficacia se subordina a que, antes del inicio de la actividad, el interesado realice una comunicación que identifique la autorización o licencia.

Artículo 32. Actuación y comprobación de oficio

Con carácter general, la Administración de la Junta de Andalucía comprueba o verifica de oficio y proactivamente el cumplimiento de los requisitos o condiciones para reconocer un derecho o desarrollar una actividad, y siempre que resulte posible con la intervención de las personas interesadas, con la salvedad de la normativa de la Unión Europea o básica estatal o de razones de interés general y sin perjuicio de la protección de datos. Deberá comprobar la información mediante los servicios o sistemas habilitados, salvo oposición de los interesados o que no esté disponible en ellos.

Artículo 33. Documentación en poder de la Administración

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o elaborados por cualquier otra. La Junta podrá consultarlos o recabarlos salvo oposición del interesado, que entonces indicará quién los emitió o ante quién se presentaron. No se requerirán datos o documentos no exigidos por la normativa o ya aportados a cualquier Administración. El acceso se hace preferentemente por la Plataforma de Intermediación de datos de la Junta u otros sistemas electrónicos habilitados. Se suscribirán convenios con otras Administraciones.

Artículo 34. Comprobación automatizada

La Administración autonómica, cuando ejerza competencias administrativas, podrá hacer comprobaciones o verificaciones automatizadas de la información que precise, conforme al artículo 41 de la Ley 40/2015 y a la normativa de protección de datos personales. Requiere identificar la información en el diseño y rediseño funcional de procedimientos, trámites y servicios, y se realiza sin intervención del personal que gestiona los expedientes y sin más dilaciones que las derivadas de las plataformas o sistemas, sin perjuicio de la supervisión y control por empleado público.

Artículo 35. Concepto

Los interesados pueden obtener de una entidad colaboradora de certificación un certificado que acredite la verificación de la documentación a presentar ante la Administración autonómica; válidamente emitido, produce plenos efectos. La verificación es la revisión, informe y/o validación de la documentación. No impide las potestades de la Administración, cuya verificación y comprobación hará en todo caso un funcionario público; no sustituye al visado colegial; su uso es siempre voluntario. No se aplica a las Entidades Urbanísticas Certificadoras ni a las de régimen específico.

Artículo 36. Acreditación y registro

Acredita la Consejería competente en administración pública, salvo que la normativa sectorial lo atribuya a la competente por razón de la materia; el silencio es desestimatorio. Pueden acreditarse los colegios profesionales y otras entidades con régimen específico. Los requisitos mínimos pueden demostrarse por declaración responsable; su incumplimiento sobrevenido hace perder la acreditación, previo expediente contradictorio. La inscripción en el Registro General, público y accesible, se hace de oficio y dura cinco años como máximo.

Artículo 37. Funciones

Corresponden a las entidades colaboradoras de certificación las funciones de comprobación, informe y certificación de verificación documental, con el alcance que se determine reglamentariamente, para agilizar la comprobación administrativa y garantizar la seguridad del tráfico jurídico y de las actividades económicas. Deben desarrollarlas por sí mismas o, los colegios profesionales, a través de su personal. No sustituyen las potestades de la Administración autonómica. No se aplica a las entidades sujetas a un régimen específico.

Artículo 38. Obligaciones

Además de lo que derive del reglamento, las entidades colaboradoras de certificación deben: a) crear y mantener un registro permanente e interoperable con la Administración de las certificaciones que emitan; b) mantener expedientes y documentación en formato consultable, garantizando la confidencialidad; c) mantener los requisitos y condiciones que justificaron su inscripción en el Registro; d) cumplir las condiciones de la resolución de inscripción, del Decreto-ley y de la legislación sectorial; e) emplear métodos, sistemas y medios oficialmente aprobados o acreditados.

Artículo 39. Incompatibilidades

Las entidades colaboradoras de certificación no podrán tener relación jurídica con quienes las contraten, ni con quienes participen en el diseño o ejecución de la actividad o proyecto sujeto a su consideración, que pueda producir dependencia, subordinación o conflicto de intereses que afecte a su objetividad e independencia de criterio. Existe tal dependencia, al menos, cuando concurran las causas de abstención y recusación. La incompatibilidad se exige en idéntica forma a los profesionales colegiados que pudieran actuar en funciones de certificación.

Artículo 40. Responsabilidad

Las entidades colaboradoras de certificación son responsables de los certificados que emitan y quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el propio Decreto-ley. El artículo se limita a esas dos afirmaciones: no fija plazos, cuantías ni órganos.

Artículo 41. Entidades habilitadas

La Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos y entidades de derecho público, cuando estos ejerzan potestades administrativas, podrán habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados, que siempre podrán comparecer por sí mismos. Exige la firma previa de un convenio, que determina la presunción de validez de la representación, aunque puede requerirse su acreditación. La Consejería competente en administración pública aprueba el modelo normalizado de convenio.

Artículo 42. Ámbito de aplicación

El capítulo tipifica las infracciones y sanciones por incumplir las obligaciones de las declaraciones responsables y comunicaciones, la intervención administrativa para el desarrollo de una actividad y las actuaciones de las entidades colaboradoras de certificación y entidades habilitadas, siempre que no estén recogidas en la normativa sectorial aplicable. Se califican como leves, graves o muy graves. No cabe sanción por infringir el Decreto-ley sin un procedimiento instruido conforme a este capítulo.

Artículo 43. Disposiciones generales

Los órganos competentes comprueban que se cumple lo previsto en declaraciones responsables y comunicaciones, la intervención administrativa y las actuaciones de las entidades colaboradoras de certificación y habilitadas, con la potestad de inspección. Si al tramitar un sancionador aparecen indicios de delito, el órgano competente para resolver lo comunica al Ministerio Fiscal o a la Autoridad Judicial y suspende la tramitación hasta la notificación de la resolución del Fiscal o el pronunciamiento firme del juez. Igual suspensión cabe desde que conozca actuaciones penales por el mismo hecho.

Artículo 44. Responsables

Responden las personas físicas y jurídicas y, en su caso, las entidades sin personalidad, que realicen la conducta tipificada a título de dolo o culpa. En concreto: quienes tengan la obligación de presentar o presenten declaración responsable o comunicación; en las entidades colaboradoras de certificación, quienes suscriban los certificados, y la propia entidad si tiene constancia y conocimiento de que la actuación era infracción; y el personal de las entidades habilitadas que realice la transacción electrónica, además de la entidad habilitada cuando tenga constancia y conocimiento.

Artículo 45. Infracciones leves

Son infracciones leves: la inexactitud, falsedad u omisión de carácter no esencial en manifestaciones o datos de la declaración responsable o comunicación; incumplir por primera vez los requerimientos específicos o medidas cautelares en el plazo concedido; no subsanar, o no acreditar la subsanación, de deficiencias en el plazo del acta, si no son infracción grave o muy grave; la falta de colaboración en las funciones de comprobación y control; el incumplimiento por simple negligencia de la normativa sectorial; y no comunicar la modificación de un dato no esencial.

Artículo 46. Infracciones graves

Son graves: iniciar actividades o proyectos sin la declaración responsable o comunicación; la inexactitud, falsedad u omisión esencial (lo es siempre la relativa a acceso al empleo público, titularidad y naturaleza de la actividad, seguridad, medioambiente y salud de consumidores); no poseer la documentación o el proyecto; la falta de firma técnica; obstaculizar el control; incumplir repetidamente requerimientos y medidas cautelares; certificados, informes o actas no ajustados a la realidad; proyectos contrarios a la normativa sectorial; no comunicar cambios esenciales; y reincidir en leves.

Artículo 47. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves: el incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones aplicables a la actividad o proyecto; las tipificadas como graves cuando de ellas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave o inminente; la negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector, siempre que no esté ya recogida en la normativa sectorial de aplicación; y la reincidencia en infracciones graves por la que se hubiese sido sancionado en los dos años anteriores.

Artículo 48. Infracciones continuadas o permanentes

Infracción permanente: un único ilícito que se mantiene en el tiempo y puede interrumpirse por la sola voluntad de la persona infractora. Infracción continuada: pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo o semejante precepto administrativo, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Pueden dar lugar a ellas los supuestos de las letras a), b), c), e), f) y g) de las infracciones leves, las mismas letras de las graves y las letras a), c) y d) de las muy graves.

Artículo 49. Reiteración y reincidencia

Reiteración: comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Reincidencia: comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año, con igual declaración por resolución firme en vía administrativa. Lo que las separa es la naturaleza de las infracciones: distinta en la reiteración, la misma en la reincidencia.

Artículo 50. Medidas provisionales

Artículo 51. Prescripción de las infracciones

Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. El plazo se cuenta desde la fecha en que la infracción se haya cometido; en las continuadas o permanentes, desde la fecha de finalización de la conducta infractora. La iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento de la persona o entidad interesada interrumpe la prescripción, y el plazo se reinicia si el expediente está paralizado más de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente responsable o infractora.

Artículo 52. Clases de sanciones

Las infracciones se sancionan con sanciones pecuniarias (multa) y, cuando proceda, no pecuniarias; ambas son compatibles y pueden imponerse a la vez en infracciones graves y muy graves. Las no pecuniarias, para graves o muy graves, pueden ser: suspensión de la actividad o del proyecto o clausura del establecimiento; inhabilitación de 6 meses a cinco años; decomiso de los bienes obtenidos; y pérdida de la condición de entidad colaboradora de certificación o de entidad habilitada, con prohibición de nueva acreditación o habilitación entre 6 meses y 5 años.

Artículo 53. Cuantía de las sanciones pecuniarias

Multas: infracciones leves, hasta 3.000 euros; graves, de 3.001 a 60.000 euros; muy graves, de 60.001 a 600.000 euros. En cualquier caso, la sanción pecuniaria debe ser, como mínimo, el equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción más los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando ese importe sea superior al límite inferior de la sanción, y sin perjuicio de las sanciones no pecuniarias procedentes.

Artículo 54. Graduación de las sanciones

Al imponer sanciones debe guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción aplicada, conforme al principio de proporcionalidad y con la debida motivación. Criterios de graduación: la trascendencia social de la infracción; la gravedad y naturaleza del perjuicio causado y la imposibilidad de su reparación; la cuantía del beneficio obtenido; la continuidad o persistencia en la conducta infractora; el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; y la reiteración o reincidencia en los términos del artículo 49.

Artículo 55. Obligación de restitución

Las personas declaradas responsables tienen la obligación de restituir el estado de las cosas a la situación previa a la comisión de la infracción. Hay que retener dos datos: quién queda obligado (las personas declaradas responsables) y a qué (devolver las cosas a como estaban antes de cometerse la infracción).

Artículo 56. Caducidad del procedimiento

El procedimiento sancionador debe resolverse y notificarse la resolución a la persona interesada en el plazo máximo de seis meses desde su iniciación; la caducidad se produce en la forma y modo previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, la persona instructora del expediente podrá proponer la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y exigidas para ello en la citada ley.

Artículo 57. Prescripción de las sanciones

Las sanciones por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución sancionadora o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Lo interrumpe la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, y vuelve a transcurrir si está paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor. Si el recurso se desestima presuntamente, se cuenta desde el día siguiente al fin del plazo legal para resolverlo.

Artículo 58. Competencias sancionadoras

Incoa el órgano directivo competente por la materia donde se aporte la declaración responsable o comunicación; instruye la persona empleada pública designada. Sancionan: el titular del órgano directivo periférico, las leves y las graves de cuantía inferior a 30.000 euros; el del órgano directivo central, las graves de 30.000 euros o más; el de la Consejería competente, las muy graves. La pérdida de acreditación como entidad colaboradora, siempre el titular de la Consejería de administración pública. En el sector público instrumental, quien ejerza la potestad sancionadora según sus estatutos.

Artículo 75. Instrucción, resolución y notificación de los procedimientos de resolución contractual

Los procedimientos de resolución contractual tramitados conforme al artículo 212 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales, su Administración institucional y los consorcios adscritos deben ser instruidos, resueltos y notificados en el plazo máximo de ocho meses. Ese plazo se aplica también a los que tramiten los órganos de contratación de las Entidades Locales y las Universidades Públicas radicadas en el territorio de Andalucía.

Concepto de Gobierno Abierto y de Estado abierto

La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto (14 de diciembre de 2017) lo define como «una cultura de gobernanza» que promueve transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Estado abierto: todos los poderes, instituciones independientes y niveles de gobierno colaboran para esos fines. El V Plan de España 2025-2029 lo ve como modelo de gobernanza; Andalucía (Acuerdo de 26 de septiembre de 2017), como «un nuevo paradigma en continua evolución».

Los pilares del Gobierno Abierto: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas

Según el glosario del V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029, la Alianza para el Gobierno Abierto fija cuatro principios: transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración. Transparencia: información pública abierta, completa, oportuna y gratuita. Participación: la ciudadanía contribuye a decidir políticas públicas. Rendición de cuentas: informar, justificar y responder ante la ciudadanía. La colaboración figura en la definición de Administración Abierta. La OCDE cita transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación.

La participación según la OCDE: partes interesadas, niveles y ciclo de las políticas

La Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto (2017) define partes interesadas y participación (todas las formas de intervenir en el ciclo de las políticas y en los servicios). Niveles: información (inicial, unidireccional), consulta (más avanzado, bidireccional) e implicación (oportunidad y recursos para colaborar en todas las fases). El ciclo de las políticas tiene cuatro fases: prioridades, redacción, ejecución y seguimiento y evaluación. Alfabetización en gobierno abierto: conciencia, conocimientos y competencias necesarios.

La Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto (2017): sus diez disposiciones

El Consejo de la OCDE adoptó la Recomendación sobre Gobierno Abierto el 14 de diciembre de 2017, a propuesta del Comité de Gobernanza Pública, tras consultas en 2016-2017 (una pública en línea de dos meses). No es jurídicamente vinculante: es un compromiso político; admite la adhesión de no miembros. Tiene diez disposiciones: entorno propicio (1, 2, 3, 7 y 8), marco de aplicación (4, 5, 6 y 9) y camino por recorrer (10: pasar del gobierno abierto al Estado abierto). Informes de aplicación: plazo máximo de tres años; el primero, en septiembre de 2023; el siguiente, previsto para 2028.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y la Declaración de Gobierno Abierto de 2011

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), creada en 2011 y con más de 70 países, promueve transparencia, colaboración, rendición de cuentas y participación mediante compromisos concretos; España está desde su creación. Para unirse hay que respaldar la Declaración de Gobierno Abierto (septiembre de 2011), de forma voluntaria y no vinculante; cumplir criterios de elegibilidad en cuatro áreas (transparencia fiscal, acceso a la información, declaración de bienes y participación ciudadana); superar el Values Check; designar un organismo y enviar carta de intención.

Funcionamiento de la OGP: planes de acción, cocreación, IRM y órganos

Los planes de acción son el núcleo de la participación en la OGP: gobierno y sociedad civil definen juntos compromisos concretos (cocreación). Según el glosario del V Plan, los Planes de Acción Nacionales se implementan en períodos de dos o cuatro años. Otros elementos: el IRM (evalúa los compromisos con informes independientes), el Comité Directivo (gobiernos y sociedad civil), la Cumbre Global (bienal), el Desafío de Gobierno Abierto (diez áreas) y la Estrategia 2023-2028 (cinco objetivos). España fue elegida en marzo de 2023 copresidenta del Comité Directivo.

Los planes de Gobierno Abierto de España (I a IV) y el Foro de Gobierno Abierto

Según el V Plan, desde que España entró en la OGP en 2011 el Gobierno ha impulsado una transformación basada en transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración; el hito normativo fue la Ley 19/2013. Planes: I (2012-2014), Ley de Transparencia; II (2014-2016), Portal de Transparencia; III (2017-2019), Foro de Gobierno Abierto y creación conjunta; IV (2020-2024), más participación, integridad transversal y todos los niveles territoriales (Convenio de Tromsø, SIAGE, HazLab). El Foro, creado en 2017, es un órgano colegiado paritario de administraciones y sociedad civil.

El V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029

El V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029 rige del 6 de octubre de 2025 al 6 de octubre de 2029. Valores: transparencia, participación inclusiva, rendición de cuentas e innovación; ejes transversales: Agenda 2030 e inclusión, igualdad y accesibilidad. Suprime los ejes del IV Plan y tiene 10 compromisos: nueve de la AGE y el décimo, «Estado Abierto», de comunidades autónomas y entidades locales. 218 iniciativas (123 centrales, 82 autonómicas, 13 locales). Cinco fases de elaboración; 424 propuestas en consulta pública.

El Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía (Acuerdo de 26 de septiembre de 2017)

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2017 aprueba la formulación del Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía, para la Junta y sus entidades instrumentales de la Ley 1/2014. Tres fines: ciudadanía en el centro, corresponsabilidad en las decisiones y mejores servicios. Seis objetivos y cuatro elementos de contenido. Coordina la Viceconsejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática; la propuesta inicial va a agentes sociales e información pública, y la definitiva, al Consejo de Gobierno.

Las iniciativas de Andalucía en el V Plan de Gobierno Abierto

El compromiso 10 del V Plan, «Estado Abierto», reúne las iniciativas autonómicas y de la FEMP. Andalucía aporta 25 (10.4.1 a 10.4.25); el grupo más numeroso, 9, contribuye a administración abierta. Entre ellas: apertura de datos y reutilización; sellos de integridad; @rchivA como fuente de datos abiertos; el Asistente Virtual de Atención Administrativa, de la Agencia Digital de Andalucía, 24 horas los 365 días; el Plan de Capacitación y Emprendimiento Digital (ejes: ciudadanía, empleo, profesionales TIC, educación y salud); y formación obligatoria en transparencia y continua en integridad.

La Sociedad de la Información según la Cumbre Mundial de Ginebra (2003)

La primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) se celebró en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003. Su Declaración de Principios busca una Sociedad de la Información «centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo», basada en la Carta de la ONU y la Declaración Universal. Su fundamento es la libertad de opinión y de expresión (art. 19); la comunicación es su «eje central»; las TIC son «un medio, y no un fin». Quiere convertir la brecha digital en oportunidad digital. Enumera once principios fundamentales.

La Década Digital de la Unión Europea: objetivos y metas para 2030

La Decisión (UE) 2022/2481, de 14 de diciembre de 2022, establece el programa de la Década Digital para 2030. Metas en cuatro ámbitos: capacidades (80 % de personas de 16 a 74 años con capacidades básicas; 20 millones de especialistas TIC); infraestructuras (gigabit y 5G, 20 % de los semiconductores de vanguardia, 10.000 nodos de proximidad, primer ordenador con aceleración cuántica en 2025); empresas (75 % con nube, macrodatos o IA; más del 90 % de pymes con intensidad digital básica; duplicar unicornios); servicios públicos (100 % en línea, historial médico y eID). Seguimiento con el DESI.

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025: objetivos y ejes

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 desarrolla el eje 5 y parte de los ejes 4 y 9 de España Digital 2025, y se integra en el componente 11 del Plan de Recuperación. Tres objetivos: servicios digitales accesibles y seguros; Administración «guiada por datos»; y acceso a tecnologías emergentes. Tres ejes: 1, transformación digital de la AGE; 2, proyectos de alto impacto (sanidad, justicia, empleo); 3, MPTFP, comunidades autónomas y entidades locales. 2.600 millones en 2021-2023 y 17 medidas.

Tendencias en la Administración: automatización e IA, datos, nube y ciberseguridad

El eje 1 del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 tiene cinco bloques: Administración orientada a la ciudadanía (medidas 1-4), automatización inteligente, transparencia y datos, entornos digitales líquidos y ciberseguridad. Medida 5: automatización inteligente con IA. Medida 6: datos compartidos y almacén corporativo contra los silos. Medida 7: infraestructuras cloud y NubeSARA; medida 8: Puesto de Trabajo Inteligente. Medida 9: Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que facilita cumplir el ENS.

La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 y la IA en el sector público

La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 refuerza la ENIA de 2020. Tres ejes y ocho palancas: eje 1, palancas clave (supercomputación, almacenamiento sostenible, modelos y corpus de lenguaje, talento); eje 2, IA en los sectores público y privado y marco de ciberseguridad con una ley; eje 3, IA transparente, responsable y humanística: la AESIA. Novedad: ALIA, modelo fundacional en castellano y lenguas cooficiales. Palanca 5: incubadora GovTech, servicios comunes de IA y gobernanza de datos de la AGE.

La Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2022 (BOJA núm. 203) aprueba la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025; su formulación se aprobó el 3 de agosto de 2021, con cuatro años de ámbito temporal, y la coordinó la Agencia Digital de Andalucía. Referencias: Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital y Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019. Cinco principios (colaboración, ciberseguridad en la digitalización, cultura, servicios públicos seguros y resiliencia), ocho objetivos estratégicos y ocho líneas de actuación; la segunda, AndalucíaCERT.