Tema 42 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Concepto de subvención

Subvención es toda disposición dineraria de los sujetos del artículo 3 a favor de personas públicas o privadas con tres requisitos: sin contraprestación directa, sujeta a un objetivo, proyecto, actividad, comportamiento o situación, y con objeto de fomentar una actividad de utilidad pública o interés social o promover una finalidad pública. Quedan fuera las aportaciones entre Administraciones para financiar globalmente su actividad, las cuotas de entidades locales a sus asociaciones y los supuestos del apartado 4, como las prestaciones de la Seguridad Social o los beneficios fiscales.

Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo

Las subvenciones de las Administraciones públicas se ajustan a la ley. A estos efectos lo son la Administración General del Estado, las entidades que integran la Administración local y la Administración de las comunidades autónomas. También se ajustan a ella los organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en la medida en que sus subvenciones sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. A las demás entregas dinerarias sin contraprestación de esos entes que se rijan por derecho privado se aplican los principios de gestión y los de información.

Artículo 4. Exclusiones del ámbito de aplicación de la ley

Quedan fuera del ámbito de la ley cuatro supuestos: los premios otorgados sin la previa solicitud del beneficiario; las subvenciones de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General; las de la Ley Orgánica 3/1987, de Financiación de los Partidos Políticos; y las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, en los términos de los Reglamentos del Congreso y del Senado, y a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y grupos políticos de las corporaciones locales, según su propia normativa.

Artículo 5. Régimen jurídico de las subvenciones

Las subvenciones se rigen, en los términos del artículo 3, por la ley y sus disposiciones de desarrollo, por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado. Las que otorguen consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones u organismos o entes dependientes de ellas, y las que deriven de convenios entre estas, se regulan según el instrumento jurídico de creación o el propio convenio, que en todo caso deben ajustarse a las disposiciones de la ley.

Artículo 6. Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea

Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se rigen por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas. Los procedimientos de concesión y de control regulados en la ley tienen carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a esas subvenciones.

Artículo 7. Responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea

Las Administraciones públicas o sus órganos o entidades gestoras que gestionen y controlen ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea asumen las responsabilidades derivadas de esas actuaciones, incluidas las que sobrevengan por decisiones de los órganos de la Unión. Resuelven sobre ellas, previa audiencia de las entidades afectadas, los órganos de la Administración General del Estado y sus entidades competentes para coordinar cada fondo o, en su defecto, para proponer o coordinar los pagos. En defecto de pago voluntario, el importe se deduce de futuros libramientos.

Artículo 8. Principios generales

Quien proponga establecer subvenciones debe concretar antes, en un plan estratégico, los objetivos y efectos pretendidos, el plazo necesario, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las bases reguladoras hacen referencia al plan en el que se integran. Si los objetivos afectan al mercado, deben dirigirse a corregir fallos claramente identificados con efectos mínimamente distorsionadores. La gestión se rige por publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia.

Artículo 9. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones

Si los proyectos de subvención deben comunicarse conforme a los artículos 87 a 89 del Tratado, se comunican a la Comisión de la Unión Europea y la subvención no puede hacerse efectiva hasta ser considerada compatible con el mercado común. Antes de otorgar subvenciones deben aprobarse las bases reguladoras, que se publican en el BOE o en el diario oficial correspondiente. Además se exige: competencia del órgano concedente, crédito adecuado y suficiente, tramitación del procedimiento, fiscalización previa y aprobación del gasto por el órgano competente.

Artículo 10. Órganos competentes para la concesión de subvenciones

En la Administración General del Estado conceden subvenciones los Ministros, los Secretarios de Estado y los presidentes o directores de sus organismos y entidades, previa consignación presupuestaria. Más de 12 millones de euros exige autorización previa del Consejo de Ministros o, si lo establece la normativa reguladora, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que no implica aprobar el gasto. En concurrencia competitiva se obtiene antes de aprobar la convocatoria. Cabe desconcentrar por real decreto. En las corporaciones locales rige la legislación de régimen local.

Artículo 11. Beneficiarios

Es beneficiario la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento o que esté en la situación que legitima la concesión. Si es persona jurídica y lo prevén las bases, también lo son sus miembros asociados que se comprometan a ejecutar actividades en nombre y por cuenta de aquella. Si las bases lo prevén expresamente, pueden serlo agrupaciones y comunidades de bienes sin personalidad; la agrupación hace constar en solicitud y resolución los compromisos e importes de cada miembro, nombra un representante o apoderado único y no puede disolverse hasta la prescripción.

Artículo 12. Entidades colaboradoras

Es entidad colaboradora la que, en nombre y por cuenta del órgano concedente, entrega y distribuye los fondos a los beneficiarios cuando lo establezcan las bases, o colabora en la gestión sin previa entrega y distribución; esos fondos en ningún caso integran su patrimonio. Pueden serlo organismos y entes públicos, sociedades mercantiles de participación pública íntegra o mayoritaria, las asociaciones de la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 y demás personas jurídicas con solvencia y eficacia. Comunidades autónomas y corporaciones locales pueden serlo del Estado, y a la inversa.

Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora

Pueden ser beneficiario o entidad colaboradora quienes estén en la situación que fundamenta la subvención o cumplan las bases y la convocatoria. El apartado 2 enumera las prohibiciones, salvo que la normativa reguladora las exceptúe por la naturaleza de la subvención. Para subvenciones de más de 30.000 euros, las personas con ánimo de lucro sujetas a la Ley 3/2004 acreditan sus plazos de pago, salvo otra previsión de las bases, en 10 días hábiles desde la notificación de la propuesta provisional. La prohibición que no derive de sentencia firme no puede exceder de cinco años.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios

El beneficiario debe: cumplir el objetivo; justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora; someterse a comprobación y control financiero, nacional y comunitario; comunicar otras subvenciones o ingresos tan pronto como se conozca y, en todo caso, antes de la justificación; acreditar antes de dictarse la propuesta de resolución que está al corriente tributario y con la Seguridad Social; disponer de libros y registros; conservar los justificantes, incluidos los electrónicos; adoptar medidas de difusión y reintegrar. La rendición de cuentas se instrumenta con la justificación.

Artículo 15. Obligaciones de las entidades colaboradoras

La entidad colaboradora debe: entregar a los beneficiarios los fondos según los criterios de las bases reguladoras y del convenio suscrito con la entidad concedente; comprobar, en su caso, las condiciones del otorgamiento y la realización de la actividad; justificar la entrega de los fondos ante el órgano concedente y, en su caso, entregar la justificación de los beneficiarios; y someterse a comprobación y control financiero. Si la colaboradora es la Administración General del Estado, sus organismos públicos o una comunidad autónoma, el control lo hacen sus propios órganos dependientes.

Artículo 16. Convenios y contratos con Entidades Colaboradoras

Entre el órgano concedente y la entidad colaboradora se formaliza un convenio de colaboración. Vigencia máxima: cuatro años, con modificación y prórroga por mutuo acuerdo antes de que finalice; las prórrogas no pueden superar el período inicial y el total no puede exceder de seis años, salvo subsidiación de préstamos (hasta su total cancelación). El apartado 3 fija el contenido mínimo. Las colaboradoras sujetas a derecho privado se seleccionan con publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación; si se aplica plenamente la ley de contratos, la selección se rige por ella y hay contrato.

Artículo 17. Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones

En la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho público, las bases reguladoras las establecen los ministros correspondientes, por orden ministerial, previo informe de los servicios jurídicos y de la Intervención Delegada, y se publican en el «Boletín Oficial del Estado»; no hace falta orden si las normas sectoriales ya incluyen las bases. En las corporaciones locales se aprueban en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, por ordenanza general de subvenciones o por ordenanza específica. El apartado 3 fija su contenido mínimo, de la letra a) a la n).

Artículo 18. Publicidad de las subvenciones

La Base de Datos Nacional de Subvenciones opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones. Las administraciones concedentes deben remitirle información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas. Los beneficiarios deben dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos de la Ley 19/2013, de transparencia (si se usa la previsión de su artículo 5.4, la Base de Datos sirve de medio electrónico para cumplirlo), y dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación, en los términos reglamentariamente establecidos.

Artículo 19. Financiación de las actividades subvencionadas

La normativa reguladora puede exigir financiación propia, que debe acreditarse, y determina el régimen de compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos. El importe de las subvenciones en ningún caso puede superar, aisladamente o en concurrencia con otras, el coste de la actividad subvencionada. La alteración de las condiciones puede dar lugar a modificar la resolución. Los rendimientos financieros incrementan la subvención y se aplican a la actividad, salvo que las bases dispongan motivadamente lo contrario; no rige si el beneficiario es una Administración pública.

Artículo 20. Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

La Base de Datos Nacional de Subvenciones la administra y custodia la Intervención General de la Administración del Estado. Inscribe a las personas incursas en ciertas prohibiciones hasta 10 años después de acabar la prohibición. Suministran la información: en el sector público estatal, los titulares de los órganos concedentes; en comunidades autónomas y entidades locales, su Intervención u órgano que designen. La información es reservada, salvo las cesiones tasadas; violar el secreto es siempre falta disciplinaria muy grave. Convocar sin seguir el procedimiento es causa de anulabilidad.

Artículo 21. Régimen de garantías

El artículo no fija por sí mismo ninguna regla sobre las garantías: se limita a decir que su régimen, sus medios de constitución, su depósito y su cancelación se establecerán reglamentariamente. Esas garantías son las que tengan que constituir tanto los beneficiarios como las entidades colaboradoras.

Artículo 22. Procedimientos de concesión

El procedimiento ordinario es la concurrencia competitiva: se comparan las solicitudes, se ordenan según los criterios fijados y se adjudican las de mayor valoración. La propuesta la formula al órgano concedente un órgano colegiado, cuya composición fijan las bases, a través del órgano instructor. Excepcionalmente, si las bases lo prevén, cabe el prorrateo. Concesión directa: nominativas en los presupuestos, impuestas por norma de rango legal y, con carácter excepcional, por razones de interés público, social, económico o humanitario. No cabe superar la cuantía de la convocatoria.

Artículo 23. Iniciación

El procedimiento se inicia siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, publicada en la BDNS y, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado». No hay que aportar documentos ya en poder de la Administración actuante si se indican fecha y órgano y no han pasado más de cinco años desde el fin del procedimiento. Si se admite declaración responsable, la documentación se requiere antes de la propuesta de resolución, en un plazo no superior a 15 días. Subsanación de la solicitud: plazo máximo e improrrogable de 10 días; si no, se le tiene por desistido.

Artículo 24. Instrucción

Instruye el órgano que designe la convocatoria, que actúa de oficio. La instrucción comprende la petición de informes (plazo de emisión de 10 días, salvo que el instructor pida uno menor o mayor, que no puede exceder de dos meses) y la evaluación de las solicitudes; cabe una fase de preevaluación. El órgano colegiado informa del resultado de la evaluación y el instructor formula la propuesta de resolución provisional, motivada, con 10 días para alegaciones. Examinadas estas, se formula la definitiva. Las propuestas no crean derecho alguno mientras no se notifique la resolución de concesión.

Artículo 25. Resolución

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resuelve. La resolución se motiva conforme a las bases reguladoras y hace constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. El plazo máximo para resolver y notificar no puede exceder de seis meses, salvo plazo mayor por norma con rango de ley o por normativa de la Unión Europea, y se computa desde la publicación de la convocatoria, salvo que esta posponga sus efectos. Vencido sin notificación, los interesados pueden entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.

Artículo 26. Notificación de la resolución

La resolución del procedimiento se notifica a los interesados conforme al artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de esa notificación o publicación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 59 de la misma ley.

Artículo 27. Reformulación de las solicitudes

Si la subvención financia actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la propuesta de resolución provisional es inferior al solicitado, se puede instar del beneficiario que reformule su solicitud para ajustar compromisos y condiciones a la subvención otorgable, siempre que las bases reguladoras lo hayan previsto. Cuando la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remite con todo lo actuado al órgano competente para resolver. La reformulación debe respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención y los criterios de valoración.

Artículo 28. Concesión directa

La resolución de concesión y, en su caso, los convenios que canalicen estas subvenciones fijan condiciones y compromisos. Los convenios son el instrumento habitual para las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado o en los de las corporaciones locales. El Gobierno aprueba por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales de las subvenciones del artículo 22.2 c), con un contenido mínimo: objeto, régimen jurídico, beneficiarios y modalidades de ayuda, procedimiento y justificación.

Artículo 29. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios

Subcontratar es concertar con terceros la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada; no lo es contratar los gastos necesarios para realizarla por sí mismo. Solo cabe si la normativa reguladora lo prevé y hasta el porcentaje de las bases; si no lo fijan, hasta el 50 por ciento del importe de la actividad. Si lo concertado excede del 20 por ciento de la subvención y esta supera 60.000 euros, contrato escrito y autorización previa de la entidad concedente. Los contratistas quedan obligados solo ante el beneficiario. El apartado 7 lista con quién no cabe concertar en ningún caso.

Artículo 30. Justificación de las subvenciones públicas

La justificación se documenta como se determine reglamentariamente: cuenta justificativa, módulos o estados contables. Rendir la cuenta es acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora; forma y plazo los fijan las bases y, en su defecto, tres meses como máximo desde el fin del plazo de realización. Los gastos se acreditan con facturas o documentos equivalentes, también facturas electrónicas. En inmuebles, además, certificado de tasador independiente acreditado e inscrito. No justificar o hacerlo de forma insuficiente lleva al reintegro.

Artículo 31. Gastos subvencionables

Son subvencionables los gastos que respondan indubitadamente a la actividad, sean estrictamente necesarios y se realicen en plazo (si no hay plazo, antes de acabar el año natural de la concesión), sin superar el valor de mercado. Salvo que las bases dispongan otra cosa, gasto realizado es el pagado antes de terminar el período de justificación. Bienes inventariables: destino no inferior a cinco años si son inscribibles y a dos el resto. Nunca subvencionables: intereses deudores de cuentas bancarias; intereses, recargos y sanciones; gastos de procedimientos judiciales.

Artículo 32. Comprobación de subvenciones

El órgano concedente comprueba tres cosas: la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. La entidad colaboradora, en su caso, realiza en nombre y por cuenta del órgano concedente las comprobaciones previstas en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 15.

Artículo 33. Comprobación de valores

La Administración puede comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados por uno o varios medios: precios medios, cotizaciones, registros fiscales, dictamen de peritos de la Administración, tasación pericial contradictoria u otras pruebas admitidas. El valor comprobado es la base para calcular la subvención y se notifica motivado con la resolución de liquidación. El beneficiario puede promover la tasación pericial contradictoria dentro del plazo del primer recurso. Si la diferencia es inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento, vale la tasación de su perito; si no, perito tercero.

Artículo 34. Procedimiento de aprobación del gasto y pago

Antes de la convocatoria o de la concesión directa debe aprobarse el gasto. La resolución de concesión conlleva el compromiso del gasto. Se paga previa justificación del beneficiario; se pierde el derecho al cobro, total o parcial, por falta de justificación o por las causas del artículo 37. Caben pagos a cuenta, si la naturaleza de la subvención lo justifica, y pagos anticipados, previstos con sus garantías en la normativa reguladora. No se paga si el beneficiario no está al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social o es deudor por resolución de reintegro.

Artículo 35. Retención de pagos

Acordado el inicio del procedimiento de reintegro, el órgano concedente puede acordar como medida cautelar la suspensión de los libramientos de pago pendientes, a iniciativa propia o de una decisión de la Comisión Europea, o a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado o de la autoridad pagadora, sin superar el importe fijado en la propuesta o resolución de inicio, con los intereses de demora. Exige resolución motivada y notificada. Es proporcional, dura hasta la resolución del expediente y se levanta si desaparece su causa o el interesado propone garantía suficiente.

Artículo 36. Invalidez de la resolución de concesión

Son causas de nulidad de la resolución de concesión las del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 y la carencia o insuficiencia de crédito. Son causas de anulabilidad las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas de esta ley. En esos supuestos el órgano concedente procede a la revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación obliga a devolver lo percibido. No procede la revisión de oficio cuando concurra alguna causa de reintegro del artículo siguiente.

Artículo 37. Causas de reintegro

Procede el reintegro de lo percibido, con interés de demora desde el pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro (o hasta que el deudor ingrese, si es antes), entre otros, por: obtener la subvención falseando u ocultando condiciones; incumplir total o parcialmente objetivo, actividad o proyecto; no justificar o hacerlo insuficientemente; no adoptar las medidas de difusión; resistencia, excusa, obstrucción o negativa al control; y demás supuestos de la normativa reguladora. También se reintegra, con interés de demora, el exceso sobre el coste de la actividad.

Artículo 38. Naturaleza de los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigencia

Las cantidades a reintegrar son ingresos de derecho público y se cobran conforme a la Ley General Presupuestaria. El interés de demora en materia de subvenciones es el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro. El destino de los reintegros de fondos de la Unión Europea es el que, en su caso, determine la normativa comunitaria. Los procedimientos para exigir el reintegro tienen siempre carácter administrativo.

Artículo 39. Prescripción

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años. Se cuenta, según el caso, desde que venció el plazo para presentar la justificación, desde la concesión (supuesto del artículo 30.7) o desde que venció el período en que debían cumplirse o mantenerse condiciones u obligaciones. Se interrumpe por acciones de la Administración con conocimiento formal del beneficiario o entidad colaboradora, por recursos, remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o denuncia ante el Ministerio Fiscal, y por actuaciones fehacientes de aquellos.

Artículo 40. Obligados al reintegro

Beneficiarios y entidades colaboradoras deben reintegrar la totalidad o parte de lo percibido más los intereses de demora, con independencia de las sanciones. Responden solidariamente los miembros de las entidades del artículo 11, los representantes legales del beneficiario sin capacidad de obrar y los socios de sociedades disueltas y liquidadas, estos hasta el límite de su cuota de liquidación. Responden subsidiariamente los administradores de sociedades mercantiles y los representantes legales de otras personas jurídicas. Por fallecimiento, la obligación se transmite a los causahabientes.

Artículo 41. Competencia para la resolución del procedimiento de reintegro

El órgano concedente es el competente para exigir el reintegro al beneficiario o entidad colaboradora cuando aprecie alguno de los supuestos del artículo 37. Si el reintegro lo acuerdan los órganos de la Unión Europea, ejecuta esos acuerdos el órgano a quien corresponda la gestión del recurso. Si la subvención la concedió la Comisión Europea u otra institución comunitaria y la obligación de restituir surge de una actuación fiscalizadora de instituciones españolas distinta del control financiero, el acuerdo lo dicta el órgano gestor nacional, de oficio o a propuesta.

Artículo 42. Procedimiento de reintegro

El procedimiento de reintegro se rige por el título VI de la Ley 30/1992, con las especialidades de esta ley. Se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente (propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia) y también a consecuencia del informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado. Se garantiza en todo caso la audiencia. El plazo máximo para resolver y notificar es de 12 meses desde el acuerdo de iniciación; si vence sin notificar resolución expresa, caduca. La resolución pone fin a la vía administrativa.

Artículo 43. Coordinación de actuaciones

El pronunciamiento del órgano gestor sobre la aplicación de los fondos por los perceptores de subvenciones se entiende sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General de la Administración del Estado. Lo que diga el órgano gestor deja a salvo ese control.

Artículo 44. Objeto y competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones

El control financiero se ejerce sobre beneficiarios y entidades colaboradoras por las subvenciones de la Administración General del Estado y sus organismos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de la Unión Europea. Su objeto es verificar la obtención, el cumplimiento, la justificación, la realidad de las operaciones, la financiación y los hechos no declarados. Compete a la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio del Tribunal de Cuentas. Puede consistir en exámenes y comprobaciones y extenderse a personas asociadas a los beneficiarios.

Artículo 45. Control de ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos europeos

En las ayudas con fondos europeos, la Intervención General de la Administración del Estado establece la coordinación de controles. En las ayudas del Reglamento (UE) 2021/2116 coordina los controles, que realizan la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la propia Intervención General y los órganos de control interno de las comunidades autónomas; además elabora los planes anuales de control y los remite a la Comisión Europea. En las demás del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y en las del Fondo Europeo de Desarrollo Rural es el organismo de certificación público nacional.

Artículo 46. Obligación de colaboración

Beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación deben colaborar y facilitar la documentación requerida por los órganos de control. Estos tienen libre acceso a la documentación, incluidos programas y archivos informáticos, a los locales de negocio y a la información de las cuentas bancarias, y pueden obtener copia o retener facturas y documentos de operaciones con indicios. La negativa se considera resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos del artículo 37.

Artículo 47. Facultades del personal controlador

Los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, en el control financiero, son agentes de la autoridad, como los de los órganos de control según la normativa comunitaria. Autoridades y quienes ejerzan funciones públicas deben colaborar con ellos. Juzgados y tribunales facilitan a la Administración, de oficio o a requerimiento, los datos con trascendencia, respetando el secreto sumarial. El Servicio Jurídico del Estado asiste a los funcionarios citados por órgano jurisdiccional. La cesión de datos personales a la Intervención no requiere consentimiento.

Artículo 48. Deberes del personal controlador

El personal controlador debe guardar confidencialidad y secreto sobre los asuntos que conozca por su trabajo. Los datos, informes o antecedentes obtenidos solo pueden usarse para los fines del control, como fundamento para exigir el reintegro y, en su caso, para comunicar a los órganos competentes hechos que puedan constituir infracción administrativa, responsabilidad contable o penal. Si el funcionario actuante aprecia hechos de ese tipo, debe ponerlo en conocimiento de la Intervención General de la Administración del Estado para que, si procede, remita lo actuado al órgano competente.

Artículo 49. Del procedimiento de control financiero

El control se adecúa al plan anual de auditorías que aprueba la Intervención General de la Administración del Estado y se inicia mediante notificación a beneficiarios y entidades colaboradoras. Si aparecen causas de devolución distintas de las del artículo 37, se informa al órgano concedente y puede suspenderse; la suspensión acaba al comunicarse las medidas o a los tres meses del acuerdo sin comunicación. La Intervención puede acordar medidas cautelares. Las actuaciones deben concluir en 12 meses desde la notificación del inicio, ampliables hasta 12 más por complejidad u ocultación.

Artículo 50. Documentación de las actuaciones de control financiero

Las actuaciones de control financiero se documentan en diligencias, que reflejan los hechos relevantes puestos de manifiesto, y en informes, cuyo contenido, estructura y requisitos se fijan reglamentariamente. Los informes se notifican a los beneficiarios o entidades colaboradoras controlados y una copia va al órgano gestor que concedió la subvención, señalando en su caso la necesidad de iniciar expedientes de reintegro y sancionador. Diligencias e informes son documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

Artículo 51. Efectos de los informes de control financiero

Si el informe de la Intervención General de la Administración del Estado recoge la procedencia del reintegro, el órgano gestor acuerda en dos meses el inicio del expediente y lo notifica al beneficiario o entidad colaboradora, que tiene 15 días para alegar. Si hay disconformidad con el informe de actuación, la Intervención puede elevarlo al Consejo de Ministros (más de 12 millones de euros) o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (resto). La Intervención informa las alegaciones en un mes y la resolución no puede separarse de su criterio.

Artículo 52. Concepto de infracción

Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la propia ley. Para sancionarlas no se exige dolo: son sancionables incluso a título de simple negligencia.

Artículo 53. Responsables

Responden de las infracciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y los entes sin personalidad del artículo 11.3, que incurran en los supuestos tipificados. En particular: los beneficiarios y los miembros de las personas o entidades del artículo 11.2 y 11.3, segundo párrafo, respecto de las actividades que se comprometieron a realizar; las entidades colaboradoras; el representante legal de los beneficiarios que carezcan de capacidad de obrar; y las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación obligadas a colaborar (artículo 46).

Artículo 54. Supuestos de exención de responsabilidad

Las acciones u omisiones tipificadas en la ley no dan lugar a responsabilidad por infracción administrativa en materia de subvenciones en tres supuestos: cuando las realicen quienes carezcan de capacidad de obrar; cuando concurra fuerza mayor; y cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó.

Artículo 55. Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal

Si la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador mientras no haya sentencia firme, sobreseimiento o archivo de las actuaciones, o devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. La pena impuesta por la autoridad judicial excluye la sanción administrativa. Si no se estima la existencia de delito, la Administración inicia o continúa el expediente sancionador con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

Artículo 56. Infracciones leves

Son infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones de la ley y de las bases reguladoras que no sean infracciones graves o muy graves ni operen como elemento de graduación de la sanción. En particular: presentar las cuentas justificativas fuera de plazo, inexactas o incompletas; incumplir obligaciones formales, contables o registrales o de conservación de justificantes; los de las entidades colaboradoras del artículo 15; la resistencia, obstrucción, excusa o negativa al control financiero; y la falta de colaboración del artículo 46 cuando impida contrastar la información.

Artículo 57. Infracciones graves

Es grave: no comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad; incumplir las condiciones alterando sustancialmente los fines; no justificar los fondos transcurrido el plazo; obtener la condición de entidad colaboradora falseando u ocultando requisitos; no verificar la entidad colaboradora las condiciones del otorgamiento, si deriva obligación de reintegro; no suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones; y las que tipifique como graves la normativa de la Unión Europea.

Artículo 58. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves: obtener una subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado; no aplicar, en todo o en parte, las cantidades recibidas a los fines de la subvención; la resistencia, excusa, obstrucción o negativa al control cuando impida verificar el empleo de los fondos, el cumplimiento de la finalidad o la concurrencia de otras ayudas; la falta de entrega de los fondos a los beneficiarios por las entidades colaboradoras, cuando así se establezca; y las demás que tipifique como muy graves la normativa de la Unión Europea.

Artículo 59. Clases de sanciones

Las infracciones se sancionan con sanciones pecuniarias y, cuando proceda, no pecuniarias. La multa puede ser fija (entre 75 y 6.000 euros) o proporcional (del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados). Las no pecuniarias, solo para infracciones graves o muy graves, duran hasta cinco años: pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales o de actuar como entidad colaboradora, y prohibición de contratar con las Administraciones públicas.

Artículo 60. Graduación de las sanciones

Gradúan la sanción: comisión repetida (sanción firme en vía administrativa por otra de la misma naturaleza, grave o muy grave, en los cuatro años anteriores); resistencia, negativa u obstrucción al control; medios fraudulentos; ocultación de datos; y retraso en las obligaciones formales, solo para leves. En infracciones graves o muy graves suman 10 a 75 puntos las dos primeras, 20 a 100 la tercera y 10 a 50 la cuarta. Las sanciones leves no superan en conjunto la subvención inicialmente concedida; las graves y muy graves, el triple de lo indebidamente obtenido, aplicado o no justificado.

Artículo 61. Sanciones por infracciones leves

Cada infracción leve se sanciona con multa de 75 a 900 euros. Como excepción, se sancionan con multa de 150 a 6.000 euros: la inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad y registros; no llevar la contabilidad o los registros legalmente establecidos; la llevanza de contabilidades diversas; el uso de cuentas con significado distinto; no aportar pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o negarse a exhibirlos; los incumplimientos de las entidades colaboradoras del artículo 15; y la falta de colaboración del artículo 46 cuando impida contrastar la información.

Artículo 62. Sanciones por infracciones graves

Las infracciones graves se sancionan con multa proporcional del tanto al doble de lo indebidamente obtenido, aplicado o no justificado (en entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados). Si el perjuicio supera el 50 por ciento de la subvención y excede de 30.000 euros, y concurre alguna circunstancia de los párrafos b) y c) del artículo 60.1, cabe además, hasta tres años: no obtener subvenciones, ayudas ni avales, no contratar y no ser entidad colaboradora. No suministrar información: multa de 3000 euros, previo apercibimiento, reiterable cada mes.

Artículo 63. Sanciones por infracciones muy graves

Muy graves: multa proporcional del doble al triple de lo indebidamente obtenido, aplicado o no justificado (en entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados). No se sancionan las de los párrafos b) y d) del artículo 58 si se reintegró con intereses de demora sin previo requerimiento. Si el perjuicio excede de 30.000 euros y concurre alguna circunstancia del artículo 60.1 b) y c), cabe además, hasta cinco años: no obtener subvenciones, ayudas ni avales, no contratar y no ser entidad colaboradora. Cabe publicarlas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Artículo 64. Desarrollo reglamentario del régimen de infracciones y sanciones

Los reglamentos de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente, con tres límites: no constituir nuevas infracciones o sanciones, no alterar la naturaleza de las que la ley contempla y no alterar sus límites. Han de contribuir a identificar más correctamente las conductas o a determinar con más precisión las sanciones.

Artículo 65. Prescripción de infracciones y sanciones

Infracciones y sanciones prescriben a los cuatro años. Para las infracciones se cuenta desde el día en que se cometieron; para las sanciones, desde el día siguiente a aquel en que adquirió firmeza la resolución que las impuso. La interrupción del plazo se rige por el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La prescripción se aplica de oficio, aunque el interesado también puede solicitar que se declare.

Artículo 66. Competencia para la imposición de sanciones

Sancionan los ministros o secretarios de Estado concedentes; si concede otra entidad, el titular del ministerio de adscripción. Perder subvenciones, ayudas y avales, no contratar o no ser entidad colaboradora: Ministro de Hacienda. El ministro designa instructor si la función no está atribuida. Corporaciones locales: sus órganos de gobierno. No informar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones: inicia el Interventor General de la Administración del Estado y resuelve el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo si responde un órgano de la Administración General del Estado.

Artículo 67. Procedimiento sancionador

Las sanciones se imponen mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se da audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo, y que se tramita conforme al capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El procedimiento se inicia de oficio, como consecuencia de la comprobación desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero. Los acuerdos de imposición de sanciones ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 68. Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones

Artículo 69. Responsabilidades

Solidarios en la sanción pecuniaria, según su participación: miembros, partícipes o cotitulares de entidades del artículo 11.3 que sean comunidades de bienes u otra unidad económica o patrimonio separado. Subsidiarios: administradores de sociedades mercantiles o representantes legales de otras personas jurídicas que no hagan lo que les incumbe, adopten acuerdos que posibiliten los incumplimientos o consientan el de sus dependientes. En entidades disueltas y liquidadas las sanciones pendientes pasan a los socios, solidarios: hasta su cuota de liquidación si la ley limita su responsabilidad.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico

El Reglamento tiene por objeto desarrollar la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las subvenciones que otorguen las Administraciones Públicas se ajustan a tres fuentes: la Ley General de Subvenciones, el propio Reglamento y las normas reguladoras de cada subvención, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley y en la Disposición Final Primera del Reglamento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Ley y Reglamento se aplican a toda disposición dineraria del artículo 2.1 de la Ley, se llame como se llame. Financiación global: aportaciones que financian total o parcialmente, con carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad de una Administración o entidad pública dependiente. Dentro: convenios en que solo la Administración beneficiaria tiene competencias propias de ejecución (salvo actividad impuesta por ley) y los que financian a sujetos privados. Fuera: convenios con contraprestación, planes conjuntos, competencias compartidas y cuotas a organismos internacionales.

Artículo 3. Ayudas en especie

Son ayudas en especie las entregas de bienes, derechos o servicios adquiridos con la finalidad exclusiva de entregarlos a terceros que cumplan las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley; se sujetan a la Ley y al Reglamento. No se les aplica el procedimiento de gestión presupuestaria del artículo 34 de la Ley, y los requisitos del pago se refieren a la entrega. Si la adquisición es posterior a la convocatoria, rige el artículo 34.1 (aprobación del gasto previa a la convocatoria). Se reintegra un importe equivalente al precio de adquisición y, en todo caso, el interés de demora.

Artículo 4. Régimen jurídico de las subvenciones a intereses u otras contraprestaciones de operaciones de crédito subvencionadas por la Administración General del Estado

Para los intereses u otras contraprestaciones de operaciones de crédito subvencionados por la Administración General del Estado a través de agentes privados de intermediación financiera, el Consejo de Ministros aprueba por Real Decreto las normas especiales reguladoras, en los términos de los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley General de Subvenciones. Para las operaciones que instrumente el Instituto de Crédito Oficial se está al artículo 53.2 de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para 2006, y demás normativa específica.

Artículo 5. Entregas dinerarias sin contraprestación otorgadas por fundaciones del sector público y entes de derecho público dependientes de la Administración General del Estado que se rijan por el derecho privado

Las entidades vinculadas o dependientes del Estado del artículo 3.2 de la Ley (las del párrafo primero, si no ejercen potestades administrativas) y las fundaciones del sector público estatal sujetan sus entregas dinerarias sin contraprestación a los principios de gestión y de información. El procedimiento, que elabora la entidad, contempla: órgano competente; contenido del acuerdo (objeto, finalidad y condiciones, requisitos de los perceptores, criterios de selección y cuantía máxima); publicidad; tramitación y justificación. Entrega directa: solo en los casos del artículo 22.2 de la Ley.

Artículo 6. Subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación otorgadas por consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas y subvenciones derivadas de convenios

Subvenciones de consorcios, mancomunidades u otras personificaciones creadas por varias Administraciones. Si se rigen por Derecho administrativo y sus fundadoras no pertenecen o dependen de una misma Administración: contenido básico de la Ley y del Reglamento, y el estatuto indica la norma en lo no básico. Si se rigen por derecho privado: principios del artículo 8 y deberes de información del artículo 20 de la Ley, salvo que las otorguen en ejercicio de potestades administrativas (regla anterior). Los convenios de gestión conjunta deben especificar la normativa aplicable con esos criterios.

Artículo 7. Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea

Las subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas del artículo 3 de la Ley y financiadas total o parcialmente con fondos de la Unión Europea se regulan por la normativa comunitaria y por las normas nacionales de desarrollo o transposición. Supletoriamente se aplican los procedimientos de concesión y de control de la Ley. El régimen de reintegros e infracciones y sanciones administrativas de la Ley también se les aplica, cuando así proceda de acuerdo con la normativa comunitaria.

Artículo 8. Objeto y naturaleza jurídica

La Junta Consultiva de Subvenciones está adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda y es el órgano consultivo en materia de subvenciones de los órganos y entidades del sector público estatal, sin perjuicio de las competencias de otros órganos consultivos. Se rige por las normas de su Capítulo y por las de órganos colegiados de la Ley 30/1992 y de la Ley 6/1997. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales pueden instarle informes; las Comunidades Autónomas pueden además crear sus propias Juntas Consultivas en su ámbito territorial.

Artículo 9. Composición, funcionamiento y competencias

Composición y funcionamiento: Orden Ministerial conjunta. Competencias: informar lo que se le someta, proponer medidas o instrucciones generales e informar anteproyectos de modificación de la Ley y proyectos de reglamento. Sus informes no versan sobre el procedimiento de control ni sobre la corrección de reintegros o sanciones. Los piden: Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales y Directores Generales; Presidentes o Directores de organismos y entidades estatales; Presidentes de organizaciones representativas; titulares de Consejerías y Presidentes de Corporaciones Locales.

Artículo 10. Principios directores

Los planes estratégicos de subvenciones son un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad pública. La Administración General del Estado promueve, a través de las Conferencias Sectoriales, su coordinación con las políticas de las demás Administraciones. Deben ser coherentes con los programas plurianuales ministeriales y ajustarse, en todo caso, a las restricciones de política económica y de estabilidad presupuestaria de cada ejercicio.

Artículo 11. Ámbito de los planes estratégicos

Se aprueba un plan estratégico por cada Ministerio, que abarca las subvenciones de sus órganos y de los organismos y demás entes públicos vinculados. Caben planes especiales, de ámbito inferior al ministerial, cuando su importancia justifique un desarrollo particularizado, y planes conjuntos, cuando en su gestión participen varios Ministerios u Organismos de distinto ámbito ministerial. Los planes y programas sectoriales se consideran planes estratégicos si recogen el contenido del artículo siguiente. Vigencia: tres años, salvo que la especial naturaleza del sector aconseje otra duración.

Artículo 12. Contenido del plan estratégico

Contenido del plan: objetivos estratégicos; líneas de subvención, cada una con áreas de competencia y sectores, objetivos y efectos, plazo, costes y fuentes de financiación y plan de acción; seguimiento y evaluación continua, con indicadores; y resultados de la evaluación de planes anteriores. Puede reducirse a una memoria explicativa de objetivos, costes y fuentes de financiación en las subvenciones de concesión directa y en las que el titular del Departamento determine motivadamente por su escasa relevancia económica o social. Los planes son programáticos: no crean derechos ni obligaciones.

Artículo 13. Competencia para su aprobación

Los planes estratégicos de los apartados 1 y 2 del artículo 11 del Reglamento los aprueba el Ministro o Ministros responsables de su ejecución, y se remiten a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y a las Cortes Generales para su conocimiento. Los planes y sus actualizaciones deben publicarse en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas; la Intervención General de la Administración del Estado dicta las Instrucciones para poner en marcha esa publicación.

Artículo 14. Seguimiento de planes estratégicos de subvenciones

Los planes se actualizan anualmente. Cada Departamento ministerial emite antes del 30 de abril de cada año un informe sobre el grado de avance del plan, sus efectos y sus repercusiones presupuestarias y financieras. El informe y el plan actualizado se remiten a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y se comunican a las Cortes Generales. La Intervención General de la Administración del Estado realiza el control financiero; cada año el Ministro de Economía y Hacienda, en la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, selecciona los planes de seguimiento especial.

Artículo 15. Efectos del incumplimiento del plan estratégico de subvenciones

Si de los informes de seguimiento emitidos por los Ministerios y de los informes de la Intervención General de la Administración del Estado resulta que hay líneas de subvenciones que no alcanzan el nivel de consecución de objetivos deseado, o el adecuado al nivel de recursos invertidos, esas líneas podrán ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminadas.

Artículo 16. Comunicación a la Unión Europea de proyectos de establecimiento, concesión o modificación de una subvención

En las subvenciones del artículo 9.1 de la Ley no puede iniciarse ningún procedimiento de concesión sin haber comunicado los proyectos de establecimiento, concesión o modificación a los órganos competentes de la Unión Europea. El pago queda condicionado, en todo caso, a que esos órganos decidan no formular objeciones o declaren la subvención compatible con el mercado común, lo que debe constar en el acto de concesión. Las condiciones que imponga la Unión Europea se trasladan al beneficiario y se entienden asumidas si en quince días desde su notificación no renuncia a la subvención.

Artículo 17. Delegación y desconcentración de competencias

La delegación de la facultad de conceder subvenciones lleva implícita la de comprobar la justificación y la de incoar, instruir y resolver el procedimiento de reintegro, salvo que la resolución de delegación disponga otra cosa; conlleva además, según la norma habilitante, la aprobación del gasto, salvo exclusión expresa. La desconcentración se entiende completa: abarca la concesión, las facultades de comprobación y, en su caso, la incoación, instrucción y resolución del reintegro, aunque el Real Decreto que la apruebe puede imponer limitaciones.

Artículo 18. Cumplimiento de obligaciones tributarias

Al corriente: circunstancias de la normativa tributaria y, en todo caso: autoliquidaciones de renta, sociedades o no residentes, pagos a cuenta, IVA y declaraciones de suministro de información presentadas (plazo vencido en los doce meses precedentes al mes anterior a la solicitud de la certificación); sin deudas o sanciones tributarias con el Estado en periodo ejecutivo, salvo aplazadas, fraccionadas o suspendidas; sin deudas tributarias con la Comunidad Autónoma o Entidad local del concedente; ni responsabilidades civiles por delito contra la Hacienda Pública declaradas por sentencia firme.

Artículo 19. Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social

Los beneficiarios o las entidades colaboradoras están al corriente con la Seguridad Social cuando no tengan deudas por cuotas o conceptos de recaudación conjunta, ni las derivadas del incumplimiento de las obligaciones de cotización, ni cualesquiera otras deudas con la Seguridad Social de naturaleza pública. A efectos de expedir las certificaciones del artículo 22 del Reglamento, también se les considera al corriente cuando las deudas estén aplazadas, regularizadas por convenio concursal o acuerdo singular, en moratoria o suspendidas con ocasión de su impugnación.

Artículo 20. Residencia fiscal

No pueden ser beneficiarios ni entidades colaboradoras quienes residan fiscalmente en territorios identificados reglamentariamente como paraísos fiscales, salvo que sean órganos consultivos de la Administración española o que la normativa reguladora lo exceptúe por la naturaleza de la subvención. Se mira el periodo impositivo de la declaración anual cuyo plazo venció en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior a la solicitud de la subvención, salvo cambio de domicilio fiscal declarado después. No residentes no obligados a declaración anual: el mes anterior a la solicitud.

Artículo 21. Obligaciones por reintegro de subvenciones

Se está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro cuando no se tienen deudas con la Administración concedente por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo; si contra el beneficiario o la entidad colaboradora no procede la vía de apremio, cuando no haya deudas no atendidas en periodo voluntario. También se está al corriente si las deudas están aplazadas, fraccionadas o se ha acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la resolución de reintegro.

Artículo 22. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la residencia fiscal

Las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditan con certificaciones que el solicitante presenta ante el órgano concedente; quien no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos, con declaración responsable. La certificación es positiva o negativa y se expide en el plazo de su normativa, nunca superior a 20 días. Se emiten preferentemente por medios electrónicos. Si las bases lo prevén, la solicitud conlleva autorizar al órgano concedente a obtenerlas, salvo denegación expresa. Quien no resida fiscalmente en España presenta certificado de su país.

Artículo 22 bis. Informe de Procedimientos Acordados

El Informe de Procedimientos Acordados se hace sobre la documentación proporcionada por la sociedad auditada: el detalle de facturas pendientes de pago a proveedores, excluidos los del mismo grupo de sociedades, a una fecha de corte o de referencia que, como máximo, debe ser anterior en un mes a la emisión del informe. Vale seis meses desde la fecha de referencia. El auditor debe realizar, al menos, cinco procedimientos: contrastar el total con los registros contables, verificar una muestra de facturas, analizar pagos posteriores y comprobar facturas del Libro Registro de IVA soportado.

Artículo 23. Efectos de las certificaciones

Las certificaciones y, en su caso, el Informe de Procedimientos Acordados se expiden a los efectos exclusivos que en ellos consten: no originan derechos ni expectativas de derechos a favor de los solicitantes ni de terceros, no interrumpen ni suspenden los plazos de prescripción y no sirven de medio de notificación. Su contenido no afecta a lo que resulte de actuaciones posteriores de comprobación o investigación. Las certificaciones del artículo 22 valen seis meses a contar desde la fecha de expedición.

Artículo 24. Simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

La declaración responsable sustituye a las certificaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 22 en siete casos: Mutualidades de funcionarios, colegios de huérfanos y similares; becas a alumnos para formación profesional reglada; becas a investigadores; cuantía por beneficiario que no supere 3.000 euros; las que establezca el Ministro de Economía y Hacienda por Orden Ministerial o el órgano autonómico o local competente; Administraciones Públicas y su sector público, salvo previsión contraria en las bases; y acción social y cooperación internacional de entidades sin fines lucrativos.

Artículo 25. Acreditación del cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones se realiza mediante declaración responsable. Quien la formula es el propio beneficiario o la entidad colaboradora; el artículo no menciona ningún otro medio de acreditación.

Artículo 26. Acreditación del cumplimiento de otras obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley

En los casos no previstos en los artículos anteriores, el beneficiario o la entidad colaboradora acreditan que no están incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley mediante declaración responsable, que se presenta ante el órgano concedente de la subvención.

Artículo 27. Apreciación de la prohibición de obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora

Las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora de los párrafos a), b), d), e), f), g) y h) del apartado 2 del artículo 13 de la Ley se aprecian directamente. Subsisten mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinen o durante el tiempo que se haya dispuesto en la sentencia o resolución firme. La enumeración no incluye el párrafo c).

Artículo 28. Alcance y duración de la prohibición cuando derive de la resolución de contratos

Si la prohibición deriva de la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, su alcance y duración son los mismos que se acuerden para la prohibición de contratar. La resolución que establezca la prohibición para contratar, regulada en el artículo 19 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), debe pronunciarse también sobre la prohibición para obtener subvenciones.

Artículo 29. Registros de solicitantes de subvenciones

La Administración concedente puede crear registros en los que los solicitantes se inscriben voluntariamente, aportando la documentación de su personalidad y capacidad de obrar y, en su caso, de la representación. Sus certificados eximen de presentarla en cada convocatoria si no han cambiado los datos inscritos. En el ámbito estatal, el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Subvenciones, puede establecer mecanismos de coordinación. Cada órgano titular de un registro, o el Ministro en nombre de todos, puede concertar convenios con las autoridades autonómicas.

Artículo 30. Publicidad de las subvenciones

La publicidad de las subvenciones no recibe en este artículo una regulación propia: se realiza de acuerdo con lo establecido para la publicidad de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Artículo 31. Publicidad de la subvención por parte del beneficiario

Las bases reguladoras deben establecer las medidas de difusión que adopta el beneficiario para dar publicidad al carácter público de la financiación. Deben adecuarse al objeto subvencionado en forma y duración y, si hay otras fuentes de financiación con publicidad obligada, ser análogas a las de estas. Si se incumple y aún es posible cumplir, el órgano concedente debe requerir al beneficiario con un plazo no superior a 15 días; sin ese trámite no cabe revocación ni reintegro. Si ya no es posible, puede establecer medidas alternativas, también con plazo no superior a 15 días.

Artículo 32. Aportación de financiación propia en las actividades subvencionadas

Salvo que las bases digan otra cosa, el presupuesto de la actividad presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, sirve de referencia para determinar el importe final de la subvención, calculado como un porcentaje del coste final; el exceso de financiación pública se calcula según la proporción que debe alcanzar la aportación respecto del coste total. Si la aportación pública se fijó como importe cierto, sin referencia a porcentaje o fracción, la diferencia de financiación queda de cuenta del beneficiario y solo se reintegra lo que rebase el coste total de la actividad.

Artículo 33. Comunicación de subvenciones concurrentes

Si se solicita una subvención y ya se había concedido otra anterior incompatible para la misma finalidad, se hace constar en la segunda solicitud; la resolución de concesión debe, en su caso, condicionar sus efectos a la renuncia a las subvenciones previamente obtenidas y al reintegro de lo percibido. Obtenida la nueva, el beneficiario lo comunica a la entidad que otorgó la primera, que puede modificar su acuerdo de concesión y declarar la pérdida total o parcial del derecho. Procede el reintegro si la Administración conoce que se percibieron subvenciones incompatibles sin la renuncia.

Artículo 34. Exceso de financiación sobre el coste de la actividad

Si las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas, compatibles entre sí, exceden del coste del proyecto o actividad, el beneficiario debe reintegrar el exceso junto con los intereses de demora, uniendo las cartas de pago a la justificación. El reintegro se hace a favor de las Entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por cada una. Pero si es la Administración la que advierte el exceso, exige el reintegro por el importe total del exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por ella.

Artículo 42. Régimen general de garantías

Procede constituir garantías cuando las bases lo impongan; con varios solicitantes, pueden eximir a algunos beneficiarios si queda asegurado el cumplimiento. Salvo previsión expresa en contrario, quedan exonerados: Administraciones Públicas y su sector público, subvenciones inferiores a 3.000 euros, exentas por Ley de cauciones y no lucrativas de acción social y cooperación internacional. Salvo que las bases digan lo contrario, la constituyen quienes tengan domicilio fuera del territorio nacional, sin establecimiento permanente ni carácter de órgano consultivo de la Administración española.

Artículo 43. Supuestos en los que se podrán exigir garantías

Las bases reguladoras de la subvención podrán exigir la constitución de garantías en tres casos: en los procedimientos de selección de entidades colaboradoras; cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados; y cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por beneficiarios y entidades colaboradoras.

Artículo 44. Garantías en los procedimientos de selección de entidades colaboradoras

Si la colaboración se formaliza mediante contrato, el régimen de garantías es el de la normativa de contratación administrativa. En los demás casos, cuando las entidades colaboradoras se seleccionen por un procedimiento sometido a publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, las bases reguladoras pueden fijar una garantía provisional para los participantes. La cancelación se acuerda en quince días desde que finaliza el procedimiento de selección, aunque la garantía de la entidad seleccionada puede retenerse hasta la formalización de la colaboración.

Artículo 45. Exigencia de garantías en pagos a cuenta o anticipados

Cuando las bases reguladoras contemplen la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados, podrán establecer un régimen de garantías de los fondos entregados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley. El texto lo formula como posibilidad: «podrán establecer».

Artículo 46. Importe de las garantías

La garantía se constituye por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado, incrementada en el porcentaje que establezcan las bases reguladoras. Ese porcentaje no podrá superar el 20 por ciento de dicha cantidad.

Artículo 47. Extensión de las garantías

Artículo 48. Formas de constitución de las garantías

Si las bases reguladoras exigen garantías por pagos a cuenta o anticipados, estas se constituyen a disposición del órgano concedente. Las modalidades, características y requisitos son los establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.

Artículo 49. Garantías prestadas por terceros

Las garantías presentadas por terceros solo se admiten si el fiador presta fianza con carácter solidario y renuncia expresamente al derecho de excusión. El avalista o asegurador se considera parte interesada en los procedimientos que afecten directamente a la garantía prestada, en los términos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 50. Constitución de las garantías

Las garantías se constituyen en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en los establecimientos públicos equivalentes de las Entidades Locales, según la Administración ante la que hayan de surtir efecto. Si la subvención la concedió una representación en el exterior, se depositan en la sede de la respectiva Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular, sin perjuicio de las especialidades al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley.

Artículo 51. Ejecución de las garantías

Acordado el reintegro por el órgano competente y transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, ese órgano solicita la incautación de la garantía, por el importe que resulte del artículo 37 de la Ley. La ejecuta la Caja General de Depósitos, o la caja o establecimiento público equivalente de la Entidad local, a instancia del órgano competente para acordar el reintegro. Si la garantía no basta, la Administración cobra la diferencia continuando el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 52. Cancelación de las garantías

Las garantías de esta Subsección se cancelan por acuerdo del órgano concedente en dos casos: comprobada de conformidad la adecuada justificación del anticipo, o reintegradas las cantidades anticipadas. Plazos máximos: tres meses desde el reintegro o liquidación del anticipo; seis meses desde la entrada de la justificación en la administración. Se suspenden por requerimientos o aclaraciones y se reanudan al ser atendidos. Si la garantía se extiende más allá por causas no imputables al interesado, la Administración reembolsa su coste de mantenimiento, previa acreditación del importe.

Artículo 53. Garantías en cumplimiento de compromisos asumidos por entidades colaboradoras

Si las bases prevén garantías de entidades colaboradoras, los medios de constitución y el procedimiento de cancelación constan en el convenio; si la colaboración se formaliza por contrato, rigen las garantías de la contratación administrativa. Cuando hay entrega o distribución de fondos, salvo excepción de las bases, se garantiza el importe total recibido más los intereses de demora hasta seis meses después de acabar el plazo de justificación. Si los compromisos se extienden más allá, las garantías no pueden mantenerse una vez cumplidos ni superar la cantidad a reintegrar.

Artículo 54. Garantías y otras medidas cautelares en cumplimiento de compromisos asumidos por beneficiarios

Las garantías de compromisos de beneficiarios pueden adoptar, además de las formas previstas para pagos a cuenta o anticipados, las de hipoteca o prenda. Pueden exigirse como requisito para conceder, para pagar o como parte de la justificación. Su constitución, extensión, acreditación, cancelación y ejecución se prevén en las bases reguladoras. Si las bases las exigen y no se constituyen y acreditan: desestimación de la solicitud o retención del pago, con pérdida definitiva del derecho al cobro si el requerimiento previo del órgano concedente no se atiende en 15 días.

Artículo 55. Procedimientos de concesión de subvenciones

El procedimiento ordinario de concesión es el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22.1 de la Ley. Las bases reguladoras pueden exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes que reúnan los requisitos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria sea suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. La concesión directa solo cabe en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley.

Artículo 56. Tramitación anticipada

La convocatoria puede aprobarse en un ejercicio anterior al de su resolución si el gasto se ejecuta en la misma anualidad de la concesión y se da una de dos circunstancias: que exista normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, o que exista en el proyecto de Presupuestos sometido a las Cortes Generales para el ejercicio siguiente. La cuantía total máxima es estimada y la concesión queda condicionada al crédito en el momento de resolver. El certificado de existencia de crédito lo sustituye otro de la oficina presupuestaria del Departamento Ministerial.

Artículo 57. Subvenciones plurianuales

Puede autorizarse la convocatoria de subvenciones cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquel en que recaiga la resolución de concesión. La convocatoria indica la cuantía total máxima y su distribución por anualidades, dentro de los límites del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria; la distribución es estimada si los solicitantes pueden optar por el pago anticipado, y modificarla exige expediente de reajuste de anualidades. Con pagos a cuenta, la resolución distribuye la cuantía según el ritmo de ejecución y cada ejercicio se imputa previa justificación equivalente.

Artículo 58. Aprobación del gasto por una cuantía máxima y distribución entre créditos presupuestarios

La convocatoria fija necesariamente la cuantía total máxima y los créditos presupuestarios a los que se imputa; no se puede conceder por encima sin nueva convocatoria. Excepcionalmente puede fijar una cuantía adicional, que no requiere nueva convocatoria, si los créditos no están disponibles al convocar pero se prevé obtenerlos antes de la resolución de concesión; su efectividad se condiciona a la declaración de disponibilidad del crédito. El órgano concedente publica los créditos disponibles antes de resolver, en los mismos medios que la convocatoria, sin abrir plazo de solicitudes.

Artículo 59. Convocatoria abierta

La convocatoria abierta es el acto administrativo que acuerda de forma simultánea varios procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario, para una misma línea de subvención. Concreta el número de resoluciones sucesivas y, para cada una, el importe máximo, el plazo máximo de resolución y el plazo de solicitudes. La cantidad no aplicada en un periodo puede trasladarse a resoluciones posteriores si lo prevén expresamente las bases, lo acuerda expresamente el órgano concedente y no se menoscaban los derechos de los solicitantes del periodo de origen.

Artículo 60. Criterios de valoración

Las bases reguladoras deben recoger los criterios de valoración de las solicitudes. Si se toma en consideración más de un criterio, hay que precisar la ponderación relativa de cada uno. Si la valoración se articula en varias fases, se indica en cuáles se aplica cada criterio y el umbral mínimo de puntuación exigido para continuar. Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible precisar la ponderación, se considera que todos los criterios tienen el mismo peso relativo.

Artículo 61. Determinación de la actividad a realizar por el beneficiario

Si la subvención impulsa una actividad del beneficiario, este se entiende comprometido a realizarla en los términos de su solicitud, con las modificaciones aceptadas por la Administración que no alteren la finalidad de la concesión. Si se le propone reformular la solicitud y no contesta en el plazo otorgado, se mantiene la solicitud inicial. Si la Administración propone modificar las condiciones o la forma de realización, la aceptación se entiende otorgada si la propuesta las explicita claramente, no hay oposición en 15 días desde su notificación y no se daña derecho de tercero.

Artículo 62. Contenido de la resolución

En la resolución de concesión deben quedar claramente identificados los compromisos asumidos por los beneficiarios. Cuando el importe de la subvención y su percepción dependan de que el beneficiario realice una actividad propuesta por él mismo, debe quedar claramente identificada esa propuesta o el documento donde se formuló.

Artículo 63. Resolución

El órgano competente resuelve en quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución. La resolución acuerda el otorgamiento, la desestimación y la no concesión, y la de concesión pone fin a la vía administrativa salvo excepción de la Ley o de las bases. Si las bases lo prevén, puede incluir una relación ordenada de solicitudes no estimadas por rebasarse el crédito; si un beneficiario renuncia y se libera crédito suficiente para al menos una, se concede al siguiente por puntuación sin nueva convocatoria, con diez días improrrogables para acceder a la propuesta.

Artículo 64. Modificación de la resolución

Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario puede solicitar la modificación de su contenido si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras. La modificación se puede autorizar siempre que no dañe derechos de tercero. La solicitud debe presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Artículo 65. Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos

Son subvenciones nominativas aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto. El procedimiento se inicia de oficio por el centro gestor del crédito, o a instancia del interesado, y termina con la resolución de concesión o el convenio, que tienen el carácter de bases reguladoras. Deben incluir: objeto y beneficiarios; crédito y cuantía; compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas; plazos y modos de pago, anticipos y garantías; y plazo y forma de justificación.

Artículo 66. Subvenciones de concesión directa impuesta a la Administración por una norma de rango legal

Las subvenciones de concesión directa cuyo otorgamiento o cuantía impone una norma de rango legal se rigen por esa norma y por las demás de específica aplicación a la Administración correspondiente. En la Administración General del Estado, las Entidades Locales y sus organismos públicos se aplican supletoriamente la Ley General de Subvenciones y el Reglamento, salvo en lo que afecte a publicidad y concurrencia. Si la Ley remite a un convenio de colaboración, se le aplica el artículo 65.3. El pago solo es exigible si hay crédito adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio.

Artículo 67. Subvenciones de concesión directa en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública

Excepcionalmente pueden concederse directamente las subvenciones del artículo 22.2 c) de la Ley General de Subvenciones. En la Administración General del Estado y sus organismos públicos, el Consejo de Ministros aprueba por Real Decreto las normas especiales reguladoras, a propuesta del Ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda. Ese Real Decreto tiene carácter de bases reguladoras. El expediente incluye una memoria justificativa del órgano gestor y el informe de Economía y Hacienda, el último antes de elevarlo, salvo dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

Artículo 68. Subcontratación de las actividades subvencionadas

Realizar la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario, salvo excepción en las bases reguladoras. Si estas permiten subcontratar sin fijar límite cuantitativo, el tope es el 50 por 100 del importe de la actividad, sumando los precios de todos los subcontratos. Hay vinculación, entre otros, por relación conyugal o análoga, consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo, relación laboral retribuida con pagos periódicos o derecho a más de un 50 por ciento del beneficio. La Administración podrá comprobar el coste y el valor de mercado de lo subcontratado.

Artículo 69. Modalidades de justificación de la subvención

La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión podrá revestir tres modalidades: 1) cuenta justificativa, en una de las formas previstas en la Sección 2.ª del Capítulo; 2) acreditación por módulos; y 3) presentación de estados contables.

Artículo 70. Ampliación del plazo de justificación

El órgano concedente podrá ampliar el plazo de presentación de la justificación, salvo precepto en contra en las bases reguladoras, sin exceder de la mitad del mismo y siempre que no se perjudiquen derechos de tercero. Las condiciones y el procedimiento son los del artículo 49 de la Ley 30/1992. Si vence el plazo sin justificación, el órgano competente requiere al beneficiario para que la presente en el plazo improrrogable de quince días; no hacerlo conlleva la exigencia del reintegro y demás responsabilidades, y hacerlo en ese plazo adicional no exime de las sanciones que correspondan.

Artículo 71. Forma de justificación

La justificación de la subvención tendrá la estructura y el alcance que determinen las correspondientes bases reguladoras. Si el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecia defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento y le concederá un plazo de diez días para corregirlos.

Artículo 72. Contenido de la cuenta justificativa

La cuenta justificativa contiene, con carácter general: 1) una memoria de actuación, con actividades y resultados; y 2) una memoria económica con: relación clasificada de gastos e inversiones, facturas o documentos equivalentes, certificado de tasador independiente si se adquieren inmuebles, criterios de reparto de costes generales y/o indirectos, relación de otros ingresos o subvenciones, los tres presupuestos y, en su caso, la carta de pago de reintegro de remanentes. Si por el objeto o la naturaleza de la subvención no fuera precisa esa documentación, las bases determinan el contenido.

Artículo 73. Validación y estampillado de justificantes de gasto

Los gastos se justifican con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o en fotocopia compulsada; esta última, cuando así lo hayan establecido las bases reguladoras. Si las bases lo establecen, los justificantes originales se marcan con una estampilla que indica la subvención para cuya justificación se presentan y si el importe se imputa total o parcialmente; si es parcialmente, se indica además la cuantía exacta afectada por la subvención.

Artículo 74. Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor

Las bases pueden reducir la información de la memoria económica si la cuenta se acompaña de informe de auditor inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que la revisa con el alcance que fijen las bases, e incorpora una memoria económica abreviada. Si el beneficiario está obligado a auditar sus cuentas anuales, revisa el mismo auditor, salvo que las bases prevean otro; si no, lo designa él, salvo que las bases prevean su nombramiento por el órgano concedente. El gasto de la revisión podrá ser subvencionable si lo establecen las bases y hasta el límite que fijen.

Artículo 75. Cuenta justificativa simplificada

Para subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, la cuenta justificativa simplificada podrá valer como documento con validez jurídica para la justificación, si lo prevén las bases reguladoras. Contiene: memoria de actuación; relación clasificada de gastos e inversiones; detalle de otros ingresos o subvenciones; y, en su caso, carta de pago de reintegro de remanentes no aplicados y de sus intereses. El órgano concedente comprueba, con las técnicas de muestreo acordadas en las bases, los justificantes que estime oportunos, y puede requerir su remisión al beneficiario.

Artículo 76. Ámbito de aplicación de los módulos

Las bases reguladoras podrán prever la concesión y justificación a través de módulos si se cumplen tres requisitos: a) que la actividad subvencionable o los recursos necesarios sean medibles en unidades físicas; b) que exista evidencia o referencia del valor de mercado de la actividad o de los recursos; y c) que el importe unitario de los módulos, que podrá tener una parte fija y otra variable según el nivel de actividad, se determine sobre la base de un informe técnico motivado. La concreción de los módulos y el informe técnico podrán hacerse de forma diferenciada para cada convocatoria.

Artículo 77. Actualización y revisión de módulos

Si las bases reguladoras o las órdenes de convocatoria que de ellas se deriven aprueban valores específicos para módulos cuya cuantía se proyecte a lo largo de más de un ejercicio presupuestario, las bases indicarán la forma de actualización, que se justifica en el informe técnico del apartado c) del artículo 76. Si por circunstancias sobrevenidas se modifican las condiciones económicas, financieras o técnicas tenidas en cuenta, el órgano competente aprobará la revisión del importe de los módulos, motivada a través del pertinente informe técnico.

Artículo 78. Justificación a través de módulos

Con régimen de módulos, la justificación se hace presentando: 1) una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones, con actividades y resultados; y 2) una memoria económica justificativa con, como mínimo: a) acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas consideradas como módulo; b) cuantía de la subvención calculada sobre las actividades cuantificadas y los módulos de las bases o, en su caso, de las órdenes de convocatoria; y c) detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad.

Artículo 79. Obligaciones formales de los beneficiarios en régimen de módulos

En el régimen de módulos, los beneficiarios están dispensados de la obligación de presentar libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil. La dispensa cede si las bases reguladoras de la subvención contienen una previsión expresa en contrario.

Artículo 80. Supuestos de justificación a través de estados contables

Las bases podrán prever la justificación mediante estados contables cuando: a) la información para determinar la cuantía de la subvención pueda deducirse directamente de los estados financieros incorporados a la información contable de obligada preparación por el beneficiario; y b) esa información contable haya sido auditada. Podrán prever además un informe complementario del auditor. Si el alcance de la auditoría no se considera suficiente, las bases fijan el adicional, y la retribución adicional del auditor podrá ser gasto subvencionable si lo establecen y hasta el límite que fijen.

Artículo 81. Empleo de medios electrónicos en la justificación de las subvenciones

Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de justificación de las subvenciones siempre que las bases reguladoras hayan establecido su admisibilidad. Las bases deberán indicar los trámites que, en su caso, puedan cumplimentarse por esa vía y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables, que deberán ajustarse a las especificaciones que se establezcan por Orden del Ministro de Economía y Hacienda.

Artículo 82. Justificación de subvenciones percibidas por entidades públicas estatales

Salvo precepto en contra en las bases, si un organismo o ente del sector público estatal percibe de otra entidad de ese sector una subvención sometida a la Ley General de Subvenciones, la justifica conforme al artículo 75, sin el máximo de 60.000 euros, si: a) está sometido a control financiero permanente de la Intervención General de la Administración del Estado; y b) se usa la cuenta justificativa. En ese control se revisan los sistemas de justificación y una muestra de las cuentas; si no concuerdan con los registros o justificantes, se emiten informes separados a los órganos concedentes.

Artículo 83. Gastos subvencionables

El gasto se considera pagado con la cesión a los acreedores del derecho de cobro de la subvención o con la entrega de un efecto mercantil garantizado por entidad financiera o compañía de seguros. Si al acabar el plazo de justificación solo se pagó parte, rige la proporcionalidad. Si faltan las ofertas preceptivas o se adjudicó sin adecuada justificación a una que no era la más favorable económicamente, el órgano concedente podrá recabar tasación pericial a cuenta del beneficiario y la subvención se calcula por el menor de los dos valores. Las bases podrán fijar la fracción de coste indirecto.

Artículo 84. Comprobación de la adecuada justificación de la subvención

El órgano concedente comprueba la justificación documental con el método establecido en las bases reguladoras, revisando la documentación que deban aportar el beneficiario o la entidad colaboradora. Si el pago se realiza previa aportación de la cuenta justificativa, la comprobación formal para la liquidación podrá comprender exclusivamente la memoria de actuación, la relación clasificada de gastos e inversiones y el detalle de otros ingresos o subvenciones. En ese caso, las facturas o documentos análogos se comprueban en los cuatro años siguientes sobre una muestra representativa.

Artículo 85. Comprobación de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvención

El órgano concedente de la subvención tiene la obligación de elaborar anualmente un plan anual de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas. El plan deberá indicar si la comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o a una muestra de las concedidas y, en este último caso, su forma de selección; también contendrá los principales aspectos a comprobar y el momento de su realización.

Artículo 86. Efectos de las alteraciones de las condiciones de la subvención en la comprobación de la subvención

Si el beneficiario pone de manifiesto en la justificación alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, habiéndose omitido la autorización administrativa previa, el órgano concedente podrá aceptar la justificación presentada, siempre que no se dañen derechos de terceros. Esa aceptación en el acto de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder.

Artículo 87. Tasación pericial contradictoria

La Administración solicita al colegio, asociación o corporación profesional una lista de colegiados o asociados dispuestos a ser peritos terceros; el primero se elige por sorteo público y los siguientes por orden correlativo. Si no hay colegio o profesionales dispuestos, se pide al Banco de España que designe una sociedad de tasación. El perito tercero podrá exigir provisión de honorarios mediante depósito en 10 días, el 50 por ciento cada parte; quien no deposite acepta la valoración del perito de la otra. El beneficiario obligado al pago de los honorarios tiene 15 días para justificarlo.

Artículo 88. Pago de la subvención

El pago se hace previa justificación por el beneficiario y en la parte proporcional a lo justificado, salvo que la normativa reguladora prevea pagos anticipados. Si se concede por concurrir una situación en el perceptor, basta acreditarla. Salvo que las bases digan lo contrario y según disponibilidades presupuestarias, hay pagos anticipados en acción social y cooperación internacional de entidades sin fines lucrativos y para otras entidades sin recursos suficientes. Al expediente de pago se une certificación del órgano de seguimiento. La certificación de la solicitud vale seis meses.

Artículo 89. Pérdida del derecho al cobro de la subvención

Se pierde el derecho al cobro, total o parcial, de la subvención en dos supuestos: falta de justificación o concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. El procedimiento para declarar la procedencia de esa pérdida es el establecido en el artículo 42 de la misma Ley.

Artículo 90. Devolución a iniciativa del perceptor

Devolución voluntaria es la que realiza el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. La convocatoria debe dar publicidad de los medios disponibles para que el beneficiario pueda efectuarla. Cuando se produce, la Administración calcula los intereses de demora conforme al artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Artículo 91. Reintegro por incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención

El beneficiario debe cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión y cumplir los compromisos asumidos; si no, hay reintegro total o parcial, según las bases reguladoras. Con inversiones o gastos de distinta naturaleza, la ejecución se ajusta a la distribución de la resolución de concesión, sin compensar unos conceptos con otros salvo que las bases o la resolución digan otra cosa. En los casos del artículo 32.1 del Reglamento, reintegro proporcional si el coste efectivo final es inferior al presupuestado.

Artículo 92. Reintegro por incumplimiento de la obligación de justificación

Si vence el plazo de justificación sin haberla presentado, se acuerda el reintegro, previo requerimiento del artículo 70.3 del Reglamento. También se entiende incumplida la obligación de justificar cuando la Administración, en comprobación o control financiero, detecta gastos que no responden a la actividad subvencionada, que no fueron coste subvencionable, que ya fueron financiados por otras subvenciones o recursos, o justificados con documentos que no reflejan la realidad. Entonces se reintegra la subvención correspondiente a cada gasto, sin perjuicio de las responsabilidades.

Artículo 93. Reintegro por incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de la financiación pública recibida

Procede el reintegro por incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida cuando el beneficiario no adopta las medidas establecidas en las bases reguladoras ni tampoco las medidas alternativas propuestas por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del Reglamento.

Artículo 94. Reglas generales

El acuerdo de inicio del reintegro indica la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado. Se notifica al beneficiario o, en su caso, a la entidad colaboradora, con quince días para alegar o presentar documentos. El inicio interrumpe la prescripción para exigir el reintegro. La resolución identifica al obligado, las obligaciones incumplidas, la causa y el importe a reintegrar con la liquidación de los intereses de demora; se notifica al interesado requiriéndole el reintegro en el plazo y forma del Reglamento General de Recaudación.

Artículo 95. Cantidades a reintegrar por fundaciones del sector público estatal, organismos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado

Las deudas por razón de acuerdos de reintegro que tengan con la Administración General del Estado las fundaciones del sector público estatal o los organismos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella podrán extinguirse de dos formas: mediante la deducción de sus importes en futuros libramientos o mediante su compensación con deudas de la Administración General del Estado vencidas, líquidas y exigibles.

Artículo 96. Inicio del procedimiento de reintegro a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado

Si el informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado pone de manifiesto una causa de reintegro y propone iniciar el procedimiento, el órgano gestor debe acordar el inicio o manifestar su discrepancia. El acuerdo se adopta en un mes desde que se reciba el informe, traslada la propuesta, se notifica al beneficiario o a la entidad colaboradora y se comunica a la Intervención General. Pasado el mes sin inicio ni discrepancia, se levantan las cautelares, no se considera interrumpida la prescripción por el control financiero y el gestor sigue obligado.

Artículo 97. Trámite de alegaciones

Notificado el inicio del procedimiento de reintegro, el interesado puede presentar alegaciones y documentación sobre los hechos del informe de control financiero que motivaron el inicio. No se tienen en cuenta hechos, documentos o alegaciones que el sujeto controlado pudo aportar en el control financiero y no aportó. Si el control financiero finalizó por resistencia, excusa, obstrucción o negativa, solo se admiten alegaciones y documentación tendentes a constatar que esa circunstancia no se produjo durante el control, sin que quepa subsanar la falta de colaboración una vez concluido.

Artículo 98. Valoración de alegaciones

Si el beneficiario o el sujeto controlado no presenta alegaciones, el órgano competente podrá, sin más trámite, resolver el procedimiento de reintegro en los mismos términos del acuerdo de inicio y sin necesidad de dar traslado a la Intervención General de la Administración del Estado para informe de reintegro. Si se presentan alegaciones, el órgano gestor deberá expresar su opinión, indicando cuál es a su parecer el importe exigible de reintegro y señalando las causas por las que se separa, en su caso, del importe inicialmente exigido.

Artículo 99. Informe de reintegro

Las alegaciones del beneficiario y el parecer del órgano gestor son examinados por el órgano de control que emitió el informe de control financiero de subvenciones, y dan lugar al Informe de reintegro. Este informe se emite en el plazo de un mes desde la recepción completa de la documentación, toma como punto de partida el informe de control financiero o, en su caso, la resolución de la discrepancia manifestada, valora las alegaciones y el parecer del órgano gestor y concluye concretando el importe de reintegro a exigir.

Artículo 100. Propuesta de resolución de procedimiento de reintegro

La propuesta de resolución del procedimiento de reintegro deberá trasladar el contenido del Informe de reintegro. Si el órgano gestor no comparte el criterio recogido en ese informe, con carácter previo a la resolución tramitará la discrepancia en los términos establecidos en el artículo 155 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 101. Resolución del procedimiento de reintegro

El régimen de resolución del procedimiento de reintegro se ajusta a los artículos 41 y 42 de la Ley General de Subvenciones. Una vez recaída la resolución, y simultáneamente a su notificación al interesado, el órgano gestor da traslado de ella a la Intervención General de la Administración del Estado, a través del órgano controlador correspondiente. Además, el órgano controlador podrá requerir del gestor información sobre el estado de tramitación de los expedientes de reintegro.

Artículo 102. Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador se ajusta a la Ley 39/2015; el plazo máximo para notificar la resolución expresa es de seis meses, salvo que el Derecho de la Unión Europea establezca otro superior. Se inicia de oficio. Los órganos de control financiero y los órganos y entidades colaboradoras que conozcan hechos que puedan constituir infracción los comunican a los órganos competentes para sancionar, con las circunstancias relevantes y los medios de prueba de que dispongan. Las diligencias e informes que documentan las actuaciones de control financiero son documentos públicos de valor probatorio.

Artículo 103. Tramitación del procedimiento sancionador a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado

Si la Intervención General de la Administración del Estado propone, tras el control financiero, iniciar expediente sancionador, el órgano competente lo inicia por los hechos trasladados o comunica al órgano controlador por qué considera que no procede. Si el interesado alega, el Instructor debe solicitar informe a la Intervención General, preceptivo y determinante para la resolución, que el órgano controlador emite en un mes. Igual se procede si en fase de resolución se acuerdan actuaciones complementarias. La resolución se comunica a la Intervención por conducto del órgano controlador.

Artículo único. Aprobación del Reglamento

El artículo único se limita a aprobar el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyo texto se inserta a continuación. No contiene plazos, órganos ni cifras: su único contenido es el acto de aprobación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Regula la elaboración de las bases de las subvenciones regladas (estructura y contenido mínimo) y los procedimientos de concesión y su tramitación electrónica. Subvención: toda disposición dineraria a favor de personas públicas o privadas, incluida en el ámbito de la Ley 38/2003, realizada por la Administración de la Junta y sus agencias. Con fondos de la UE rigen las normas comunitarias y las nacionales de desarrollo o transposición; las de la Junta, supletoriamente. Quedan fuera ciertas aportaciones dinerarias y, en todo caso, las transferencias de financiación y de asignación nominativa.

Artículo 2. Clasificación de las subvenciones

Según el procedimiento de concesión, las subvenciones son regladas o de concesión directa. Las regladas pueden iniciarse de oficio (concurrencia competitiva: se comparan las solicitudes en un único procedimiento, se fija una prelación y se resuelven de forma conjunta) o a solicitud de la persona interesada (concurrencia no competitiva: por una determinada situación de la persona beneficiaria, sin comparación ni prelación, de forma independiente). Las de concesión directa son nominativas, de imposición legal o excepcionales.

Artículo 3. Utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos

La Junta y sus agencias utilizarán y facilitarán medios electrónicos, informáticos y telemáticos para todos los trámites de concesión, sin perjuicio de las publicaciones en el BOJA y en tablones electrónicos o medios de comunicación. La ciudadanía tiene derecho a solicitar por medios electrónicos. Las normas que aprueben las bases podrán obligar a usar solo medios electrónicos a personas jurídicas o colectivos de personas físicas con acceso garantizado a la tecnología. Los órganos tramitadores tendrán en su sede electrónica un sistema de consulta en tiempo real, previa identificación.

Artículo 4. Procedimiento de elaboración de las bases reguladoras de la concesión

Antes de aprobar las bases se pide informe a la Intervención General, a la Secretaría General Técnica, a la Consejería competente en Administración Pública y al Gabinete Jurídico; los dos últimos no se piden si la Consejería se ajusta a las bases tipo sin exigir otro documento con la solicitud. Si hay compromiso de pago en fecha determinada, informe de la Dirección General de tesorería, según quién ordene el pago (diez días, vinculante); con fondos europeos, de la Dirección General competente. Se aprueban por Orden o, en su caso, Decreto del Consejo de Gobierno, y se publican en el BOJA.

Artículo 5. Estructura de las bases reguladoras

El contenido mínimo de las bases de las subvenciones regladas sigue diecinueve apartados, de la a) a la r): objeto; régimen jurídico; requisitos de personas beneficiarias y entidades colaboradoras; cuantía y gastos subvencionables; limitaciones presupuestarias; financiación y compatibilidad; entidades colaboradoras; clase de procedimiento; solicitudes; criterios objetivos; tramitación y resolución; notificaciones; obligaciones; forma y secuencia del pago; medidas de garantía; justificación; posibilidad de modificar la resolución; causas de reintegro y criterios para graduar incumplimientos.

Artículo 6. Objeto

Las bases reguladoras deben definir el objeto de las subvenciones o, en general, la finalidad de interés público o social para la que se otorgan. Además, si la Orden o el Decreto que aprueba las bases reguladoras incluye también la convocatoria de las subvenciones, ese hecho debe hacerse constar expresamente.

Artículo 7. Régimen jurídico de las subvenciones

Las bases reguladoras deben indicar expresamente que las subvenciones se ajustarán a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, que aprueba su Reglamento, y de las demás normas de desarrollo; al Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; a este Reglamento y a las propias bases. En las cofinanciadas con fondos europeos se hará constar además que se ajustarán a la normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable.

Artículo 8. Requisitos de las personas beneficiarias y de las entidades colaboradoras

Las bases reguladoras fijan los requisitos de las personas beneficiarias (y, en su caso, de los miembros de las entidades y demás solicitantes de los artículos 11.2 y 11.3, párrafo segundo, de la Ley 38/2003), la forma de acreditarlos y el periodo durante el que deben mantenerse. Atendiendo a la naturaleza de la subvención, podrán exceptuar a personas beneficiarias y entidades colaboradoras de todas o algunas de las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, y también de acreditar que no tienen deudas en periodo ejecutivo de ingresos de derecho público de la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables

Las bases concretarán el porcentaje máximo de la subvención respecto del presupuesto total de las actividades subvencionadas y, en su caso, la cuantía máxima o el importe cierto; cuando proceda, podrán fijar una cuantía mínima. El importe en ningún caso podrá superar, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, el coste de la actividad. Si hay varias líneas, se enumerarán con sus conceptos subvencionables. Excepcionalmente, y si lo prevén las bases, el órgano concedente prorrateará el importe global máximo entre las personas beneficiarias.

Artículo 10. Limitaciones presupuestarias

Las bases deben decir que la concesión está limitada por las disponibilidades presupuestarias; la cuantía total máxima por línea cuando incluyan convocatoria en concurrencia competitiva (con distribución por anualidades si hay gasto plurianual) y el régimen de control (fiscalización previa o control financiero). Excepcionalmente, esa convocatoria podrá fijar una cuantía adicional sin nueva convocatoria, condicionada a declarar disponible el crédito antes de la resolución de concesión. También podrá prever una resolución complementaria por aumentos sobrevenidos del crédito.

Artículo 11. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones

Si se exige a la persona beneficiaria un importe o porcentaje de financiación propia, las bases reguladoras deben indicarlo expresamente. En su caso, especificarán la participación de la Unión Europea en la financiación y el fondo europeo que corresponda, así como la participación de la Administración General del Estado. También determinarán el régimen de compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, de Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 12. Entidades colaboradoras

Cuando la entrega y distribución de los fondos públicos a las personas beneficiarias se haga a través de una entidad colaboradora como instrumento de gestión, debe establecerse así en las bases reguladoras. Esas bases contendrán las condiciones de solvencia y eficacia que han de reunir las entidades colaboradoras y una relación de sus obligaciones legales.

Artículo 13. Clases de procedimientos de concesión

Las bases reguladoras determinarán el procedimiento de concesión de las subvenciones regladas. Ese procedimiento se inicia de una de estas dos formas: de oficio y en régimen de concurrencia competitiva, o a solicitud de la persona interesada y en régimen de concurrencia no competitiva.

Artículo 14. Solicitudes

Sobre las solicitudes, las bases reguladoras deben contener tres cosas: una referencia al formulario al que han de ajustarse las solicitudes de las personas interesadas; el lugar o medio de presentación; y el plazo de presentación o, en su caso, la previsión expresa de que lo fije el acto de convocatoria. Las solicitudes presentadas fuera de plazo son inadmitidas.

Artículo 15. Criterios objetivos para la concesión de la subvención

En concurrencia competitiva, las bases contienen los criterios objetivos de otorgamiento con su ponderación, por orden decreciente de importancia salvo que haya un solo criterio, y en todo caso los fijados por norma de rango legal. Salvo justificación expresa al elaborar las bases, deben incluirse: compromiso medioambiental, igualdad de género, empleos estables creados y, en su caso, mantenidos, perspectiva de discapacidad, impacto en la salud y seguridad laboral. En las cofinanciadas con fondos europeos, también los previstos en los documentos de programación.

Artículo 16. Tramitación y resolución

Sobre tramitación y resolución, las bases contienen como mínimo: órganos de instrucción y resolución (pueden prever un órgano colegiado para la evaluación y, en su caso, la propuesta de resolución); documentación a aportar por beneficiarias provisionales y suplentes; opción entre subvenciones; aceptación; reformulación; motivación de la resolución; plazo máximo para adoptar y notificar y sentido desestimatorio del silencio; terminación convencional; medios de notificación o publicación. Suplentes son quienes cumplen los requisitos pero no obtienen puntuación suficiente en la evaluación previa.

Artículo 17. Notificaciones

Las bases especificarán que, siempre que las personas interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio electrónico, las notificaciones que deban cursárseles personalmente se practicarán por ese medio en la sede electrónica que la Administración de la Junta de Andalucía o las agencias les hayan asignado. Para ello, el formulario de solicitud tendrá un apartado donde la persona interesada pueda señalar expresamente el medio electrónico como preferente e indicar, para el caso de comunicación, una dirección electrónica.

Artículo 18. Obligaciones de las personas beneficiarias

Las bases, según las circunstancias de cada caso, deben relacionar las obligaciones de las personas beneficiarias fijadas en la Ley 38/2003, en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, en las propias bases y en otras normas aplicables, y determinar, en su caso, los estados contables y registros específicos exigibles para la comprobación y control. Además podrán establecer, de manera justificada, la obligación de acreditar antes de proponerse el pago que se está al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no se es deudor de la Junta.

Artículo 19. Forma y secuencia del pago

Regla general: pago previa justificación; cabe prever pagos anticipados, con las garantías que fijen las bases. Si se justifica antes del cobro: pago único o pago fraccionado mediante pagos a cuenta según el ritmo de ejecución. Si se justifica después del cobro: hoy, por el artículo 124.4 del TRLGHPA, no puede abonarse más del 50 % sin justificar los pagos anteriores, salvo subvenciones de importe igual o inferior a 6.000 euros (el texto del Reglamento dice 75 por 100 y 6.050 euros, cifras desplazadas). Si el importe se fija en porcentaje del presupuesto total, se liquida aplicando ese porcentaje al coste de la actividad efectivamente realizada, sin sobrepasar el importe autorizado en la resolución.

Artículo 20. Medidas de garantía

Cuando la Consejería correspondiente lo estime procedente para proteger los intereses públicos, podrán establecerse en las bases reguladoras garantías a favor del órgano concedente de la subvención, junto con los medios de constitución de esas garantías y el procedimiento de cancelación.

Artículo 21. Justificación de la subvención

Las bases deben contener el plazo y la forma de justificación, por la persona beneficiaria o la entidad colaboradora en su caso, del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los fondos: cuenta justificativa, módulos o estados contables. Las subvenciones a corporaciones locales se justifican con un certificado de la intervención de la entidad, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para la que se concedieron. La justificación comprende el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior.

Artículo 22. Iniciación

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio y se tramita en régimen de concurrencia competitiva. Se inicia mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que puede incluirse en la Orden o Decreto que apruebe las bases reguladoras o figurar como acto independiente publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 23. Solicitudes

La solicitud se ajusta al formulario de la convocatoria: datos identificativos y medio o lugar de notificaciones y declaraciones responsables (requisitos, circunstancias excluyentes, otras subvenciones, veracidad). El consentimiento expreso para recabar información que pide el texto se sustituye hoy por la no oposición (artículo 28.2 de la Ley 39/2015). Las bases solo pueden exigir los documentos estrictamente necesarios; como regla general no se acompañan documentos. El Reglamento permite no presentar los que obren en poder de la Junta o sus agencias si no han pasado más de cinco años desde que finalizó el procedimiento; hoy el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 reconoce ese derecho respecto de los documentos de cualquier Administración. La aportación se hace preferentemente por el Registro electrónico único.

Artículo 24. Subsanación de solicitudes

Si las solicitudes no reúnen los requisitos exigidos, el órgano instructor requiere de manera conjunta a las personas interesadas para que subsanen en diez días, con indicación de que, si no lo hacen, se les tendrá por desistidas de su solicitud, previa resolución (hoy, artículo 68.1 de la Ley 39/2015). El texto permite ampliar el plazo hasta cinco días más cuando aportar los documentos exija algún trámite en el extranjero, pero esa ampliación no cabe hoy en la concurrencia competitiva (artículo 68.2 de la Ley 39/2015).

Artículo 25. Evaluación previa

La evaluación previa la realiza el órgano designado en las bases y comprende el análisis y valoración de las solicitudes según los criterios de aquellas; el órgano puede realizar cuantas actuaciones estime necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos. Da lugar a que el órgano instructor o, en su caso, colegiado emita la propuesta provisional de resolución. El informe de evaluación incluye la relación de solicitudes con orden preferente, y la suma de los importes solicitados que recoge no puede superar el crédito presupuestario previsto en la convocatoria.

Artículo 26. Audiencia, reformulación y aceptación

Dictada la propuesta provisional, el órgano instructor concede diez días para que, en un único documento, las beneficiarias provisionales y suplentes aleguen, reformulen su solicitud si el importe propuesto es inferior al solicitado (respetando objeto, condiciones, finalidad y criterios de valoración) y presenten los documentos, pudiendo comunicar su aceptación si las bases lo prevén. La propuesta se tiene por aceptada: si el importe es inferior al solicitado, al transcurrir el plazo para reformular sin comunicar el desistimiento; si es el solicitado, cuando no se comunique el desistimiento.

Artículo 27. Propuesta definitiva de resolución

El órgano instructor o, en su caso, el órgano colegiado analiza las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia y formula la propuesta definitiva de resolución. Esa propuesta tiene un tope: no puede superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria, de acuerdo con el artículo 10.

Artículo 28. Resolución

La resolución la adopta el órgano competente con un contenido mínimo: personas beneficiarias, actividad y plazo de ejecución con el inicio de su cómputo; cuantía, aplicación presupuestaria y, en su caso, distribución plurianual; participación de la Unión Europea si hay cofinanciación; forma y secuencia del pago y garantías de los anticipos; condiciones; plazo y forma de justificación; y, en su caso, que se desestima el resto de solicitudes. Ha de ser motivada, razonando el otorgamiento por el mejor cumplimiento de la finalidad.

Artículo 29. Terminación convencional

Si las bases reguladoras lo establecen, el procedimiento puede finalizar por acuerdo entre el órgano concedente y las personas interesadas sobre la cuantía de la subvención, respetando objeto, condiciones, finalidad y criterios de valoración. Pueden proponerlo las personas solicitantes y el órgano instructor, en cualquier momento anterior a la propuesta provisional de resolución. Con la conformidad del instructor y de todas las personas solicitantes se remite al órgano competente para resolver, y este decide con libertad de criterio. El acuerdo tiene iguales efectos que la resolución.

Artículo 30. Publicación sustitutiva de la notificación

Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas interesadas —en particular el requerimiento de subsanación, el trámite de audiencia y la resolución— se publican en el tablón de anuncios o medios de comunicación señalados en las bases reguladoras, que podrá ser la sede electrónica de la Consejería o agencia. En todo caso, esa publicación sustituye a la notificación personal y surte sus mismos efectos. Además, si las bases lo prevén, esos actos se podrán comunicar en el lugar o medio señalado en la solicitud.

Artículo 31. Publicación trimestral de las subvenciones concedidas

A efectos de general conocimiento, las subvenciones concedidas se publican trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, expresando la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, la persona o entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades (hoy, artículo 123.4 del TRLGHPA). Las excepciones que el texto refiere al artículo 18.3.c) y d) de la Ley 38/2003 se entienden hoy hechas a los supuestos del artículo 20.8 de esa Ley.

Artículo 32. Modificación de la resolución de concesión

El procedimiento de modificación se inicia siempre de oficio por acuerdo del órgano que otorgó la resolución, por propia iniciativa, por petición razonada de otros órganos o a instancia de la persona beneficiaria. Esta puede instarlo, salvo previsión contraria de las bases, sin variar destino o finalidad ni elevar la cuantía; la ampliación del plazo de justificación no puede exceder de la mitad del inicial. El escrito se presenta de forma inmediata y antes de que finalice el plazo de ejecución y de justificación. La resolución se dicta y notifica en un plazo no superior a dos meses.

Artículo 33. Procedimiento

Rige la Sección 1.ª del Capítulo con estas salvedades: se inicia a solicitud de la persona interesada; cada solicitud se tramita, resuelve y notifica de forma individual; el plazo de subsanación puede ampliarse hasta cinco días más; dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud se comunica la fecha de entrada, el plazo máximo para resolver y el efecto desestimatorio del silencio; si las bases exigen aceptación expresa, se presenta en quince días o la concesión queda sin efecto; la resolución se motiva con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Artículo 34. Normas comunes al procedimiento de concesión de las subvenciones directas

Estas subvenciones se rigen por su propia normativa y, en lo no regulado, por la sección anterior con reglas específicas: la solicitud añade el importe, el proyecto y dos declaraciones responsables, y, cuando sea susceptible de ello, memoria y presupuesto. La resolución y, en su caso, los convenios tienen carácter de bases reguladoras. El plazo máximo para adoptar y notificar la resolución es de tres meses, con silencio desestimatorio. Los órganos titulares de la competencia para conceder pueden exceptuar prohibiciones por resolución motivada, previa a la propuesta e indelegable.

Artículo 35. Normas especiales de la concesión de las subvenciones nominativas y de imposición legal

El procedimiento para la concesión de las subvenciones nominativas o impuestas por normas con rango de ley se inicia de oficio por el órgano gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención. También puede iniciarse a solicitud de la persona interesada cuando así lo establezcan las normas en las que estén previstas. Para que sea exigible el pago de las impuestas por norma de rango de ley hace falta crédito adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio económico.

Artículo 36. Normas especiales de la concesión de las subvenciones excepcionales

El procedimiento de concesión de las subvenciones excepcionales se inicia mediante solicitud de la persona interesada. En él hay que motivar dos cosas: las razones de interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, y la inexistencia de bases reguladoras a las que puedan acogerse.

Artículo 113. Régimen jurídico

Las subvenciones de la Administración de la Junta y sus agencias se rigen por la Ley 38/2003, la demás normativa básica estatal, este Título y sus normas de desarrollo, incluidas las bases reguladoras. Las de fondos europeos, por las normas comunitarias y las nacionales de desarrollo o transposición; supletorias, las de concesión y control de la Junta. Las de capital con fondos comunitarios adecuan sus pagos al régimen de las ayudas europeas. Las de entidades locales para inversiones de fomento del empleo, por su normativa específica; supletorios, la Ley 38/2003 y el Real Decreto 887/2006.

Artículo 114. Principios generales

Las subvenciones del Título se otorgan y gestionan con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los fondos públicos. En todo caso se respetan las normas del Derecho de la Unión Europea que les afecten, reguladoras de la supresión de barreras comerciales entre los Estados miembros y de la libre competencia entre las empresas.

Artículo 115. Órganos competentes

Conceden las subvenciones, previa consignación presupuestaria para este fin, las personas titulares de las Consejerías y de la presidencia o dirección de sus agencias, en sus respectivos ámbitos. No obstante, hace falta Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de subvenciones que conlleven la aprobación de un gasto superior a 3.000.000 de euros. Todos los acuerdos de concesión deben ser motivados, razonando el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que lo justifique.

Artículo 116. Persona o entidad beneficiaria

Es beneficiaria quien haya de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento o se encuentre en la situación que legitima la concesión. No puede serlo quien tenga deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Junta, salvo aplazadas, fraccionadas o suspendidas; se acredita antes de la propuesta de resolución. Debe publicitar que subvenciona la Junta, indicando Consejería o agencia. Tampoco las empresas sancionadas o condenadas en firme por prácticas laborales discriminatorias ni, cuando proceda, los sancionados en firme contra la Memoria Democrática.

Artículo 117. Entidades colaboradoras

Las bases o normas reguladoras pueden establecer que los fondos se entreguen y distribuyan a través de una entidad colaboradora, que actúa en nombre y por cuenta de la entidad concedente; la subvención en ningún caso integra su patrimonio. Pueden serlo las del artículo 12 de la Ley 38/2003 y, en particular, entidades instrumentales de la Junta, locales andaluzas y financieras, fundaciones bajo su protectorado y demás personas jurídicas solventes y eficaces. No pueden ser beneficiarias en los procedimientos que gestionen y deben colaborar en la restitución si hay causa de reintegro.

Artículo 117 bis. Colaboración social en la gestión de subvenciones

La Junta y las entidades de derecho público de su sector público pueden articular convenios de colaboración social para que los beneficiarios actúen mediante colaboradores sociales: asistencia, presentación electrónica de documentos y solicitudes de información, estas dos previa autorización. La entidad colaboradora no puede ser colaborador social en el mismo procedimiento. La representación se presume válida, pero debe estar formalizada. Incumplir el convenio supone su resolución; incumplir el documento de adhesión, la exclusión. Los formaliza la persona titular de la Consejería de Hacienda.

Artículo 118. Normas reguladoras

Las normas reguladoras las aprueban las personas titulares de las Consejerías correspondientes y se publican en el Boletín Oficial de la Junta. Antes, los proyectos pasan a informe de la Intervención General, que se emite en quince días desde la entrada de la solicitud y versa únicamente sobre la normativa económico-presupuestaria y contable. Alcanza en todo caso al plan estratégico, la automatización, los requisitos a certificar por el órgano instructor, el pago y la justificación. Las del Plan de Cooperación Municipal se trasladan antes al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales para informe.

Artículo 119. Contenido de las normas reguladoras

Las normas reguladoras concretan como mínimo: objeto, requisitos de los beneficiarios y forma y plazo de solicitud, procedimiento, criterios objetivos y su ponderación, órganos y plazo de notificación, y criterios de graduación de incumplimientos, proporcionales. Además: finalidad, mantenimiento de requisitos, pago y garantías, justificación, criterios medioambientales, de empleo estable y de renta y patrimonio, información a los órganos de control, límite presupuestario y costes indirectos. Deben prever el control previo o financiero y valorar la igualdad de género, salvo justificación.

Artículo 120. Procedimiento de concesión

El procedimiento ordinario se inicia siempre de oficio y se tramita en concurrencia competitiva. A solicitud del interesado cabe conceder por la mera concurrencia de una situación, sin comparar ni prelacionar solicitudes; también de forma directa. La solicitud autoriza al órgano gestor a recabar las certificaciones de las agencias tributarias estatal y andaluza y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Evalúa el órgano instructor, o uno colegiado si las bases lo prevén. Plazo máximo para resolver y notificar: seis meses, salvo ley o norma europea; vencido, silencio desestimatorio.

Artículo 120 bis. Procedimiento de gestión presupuestaria

Salvo las del PFEA, las del FEAGA, ciertas del FEADER y las que determine la persona titular de la Consejería de Hacienda previo informe de la Intervención General: la convocatoria de subvenciones regladas conlleva la aprobación del gasto; la concesión directa, la aprobación y la disposición; la resolución de concesión, la disposición. Las convocatorias fijan el importe del gasto aprobado, cuantía máxima, y los créditos de imputación. Una Orden de Hacienda, oídas las Consejerías con competencia en subvenciones, fija el procedimiento.

Artículo 121. Modificación de las resoluciones de concesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia debe hacerse constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones.

Artículo 122. Coste de la actividad subvencionada

El importe de las subvenciones en ningún caso puede ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona o entidad beneficiaria, ni aisladamente ni en concurrencia con subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Artículo 122 bis. Base de Datos de Subvenciones

Artículo 123. Publicidad y Base de Datos de Subvenciones

La Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía promueve la transparencia, mejora la gestión, ayuda a la planificación estratégica y lucha contra el fraude, y es el instrumento de publicidad activa de las subvenciones. La Intervención General la administra y custodia, suministra la información a la Base de Datos Nacional y dicta las instrucciones. Consejerías y agencias le comunican convocatorias y subvenciones concedidas, y publican estas trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con programa y crédito, beneficiario, cantidad y finalidad.

Artículo 124. Pago y justificación

No puede proponerse el pago sin comprobar formalmente la justificación; si pasan los seis meses del artículo 124 bis sin comprobarla, pueden solicitarse intereses de demora. La falta de justificación imputable al beneficiario impide proponerle el pago de subvenciones posteriores del mismo programa presupuestario, salvo excepción motivada por especial interés social, indelegable. Con justificación posterior al cobro no se abona más del 50% sin justificar los pagos anteriores, salvo subvenciones de 6.000 euros o menos.

Artículo 124 bis. Comprobación de la adecuada justificación y de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvención

El órgano concedente comprueba formalmente la documentación justificativa en seis meses desde su presentación, sin contar interrupciones justificadas ni dilaciones no imputables a él, y elabora un plan anual de comprobación material. La petición de datos o informes interrumpe como máximo seis meses para todas las peticiones; aportar documentos sin requerimiento suma un mes. Si se justifica tras el cobro y no se presenta en plazo, se requiere por quince días como máximo; la resolución de inicio del reintegro se acuerda y notifica en quince días como máximo.

Artículo 124 ter. Aplazamientos y fraccionamientos de reintegros de subvenciones

No pueden aplazarse ni fraccionarse, y la solicitud se inadmite: los reintegros que sean créditos contra la masa en caso de concurso, los resultantes de Decisiones de la Comisión Europea de recuperación de ayudas de Estado y los de remanentes no aplicados con sus intereses de demora, salvo los intereses de remanentes devueltos antes de iniciarse el reintegro. Los demás, en período voluntario o ejecutivo, pueden aplazarse a solicitud del obligado si su situación económico-financiera le impide transitoriamente pagar y garantiza el reintegro.

Artículo 124 quáter. Devolución a iniciativa del perceptor

Devolución voluntaria es la que hace la persona beneficiaria sin previo requerimiento de la Administración; esta calcula los intereses de demora hasta la devolución efectiva. Antes de iniciarse el reintegro puede solicitarse compensación, o aplazamiento o fraccionamiento, con reconocimiento de deuda: no se inicia el reintegro; en la compensación no se devengan intereses tras la solicitud si se estima; en el aplazamiento, salvo inadmisión, no se ejecuta la garantía. Las convocatorias deben dar publicidad de los medios disponibles.

Artículo 125. Reintegro

Procede el reintegro con interés de demora desde el pago de la subvención hasta que se acuerde su procedencia, en los casos del artículo 37 de la Ley 38/2003 y por incumplir normas medioambientales, previa resolución administrativa o judicial firme. Lo reintegrable es ingreso de derecho público. El interés de demora es el legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria fijen otro. El plazo máximo para resolver y notificar es de doce meses desde el acuerdo de iniciación.

Artículo 126. Responsables de la obligación de reintegro

Los administradores de personas jurídicas responden subsidiariamente del reintegro si no realizan los actos de su incumbencia, adoptan acuerdos que hagan posibles los incumplimientos o consienten el de quienes de ellos dependan; y, en todo caso, de las obligaciones pendientes de las que hayan cesado en sus actividades. En sociedades disueltas y liquidadas, los socios o partícipes responden solidariamente hasta el límite de su cuota de liquidación. En la extinción o disolución sin liquidación, la obligación pasa a quienes sucedan o sean beneficiarios de la operación.

Artículo 127. Competencia para la resolución del procedimiento de reintegro

Resuelve el reintegro el órgano o entidad concedente de la subvención, y el órgano que dicta la resolución la notifica indicando forma y plazo de pago. La Agencia Tributaria de Andalucía resuelve o inadmite las solicitudes de compensación y las de aplazamiento y fraccionamiento del artículo 124 ter. En subvenciones gestionadas por el Organismo Pagador de Andalucía de los Fondos Europeos Agrarios, este resuelve las compensaciones de créditos y deudas de procedimientos de su competencia y los aplazamientos en período voluntario de reintegros que haya acordado.

Artículo 128. Actuaciones de control

Cuando los hechos y circunstancias que motivan el reintegro se conocen por actuaciones de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía, esta da traslado al órgano o entidad concedente de la subvención de las actas e informes de comprobación en que se plasmen los resultados de los controles realizados, para la instrucción y resolución del procedimiento de reintegro.

Artículo 129. Régimen sancionador

El régimen sancionador de subvenciones en la Junta de Andalucía es el del Título IV de la Ley 38/2003; acuerdan e imponen las sanciones las personas titulares de las respectivas Consejerías. Los administradores de personas jurídicas responden subsidiariamente de la sanción en los mismos casos del artículo 126. Los auditores de cuentas cometen infracción administrativa leve si su informe de la cuenta justificativa no se ajusta al alcance de las bases reguladoras y no se cumple la normativa general aplicable. La Consejería competente en Hacienda puede establecer directrices generales.

Artículo 30. Reglas especiales de fiscalización en materia de subvenciones

En subvenciones, la persona titular de la Intervención General puede acordar que la fiscalización del compromiso se limite a los extremos de los párrafos a), b) y c) del artículo 90.3 del Texto Refundido y a los que ella determine, incluida la certificación del órgano instructor sobre los requisitos para ser beneficiarias. La justificación se fiscaliza sobre la comprobación formal del órgano concedente, que la certifica según el modelo aprobado por la persona titular de la Intervención General. En los reintegros, este emite la certificación del artículo 1.4.c) del Decreto-ley 1/2020.

Artículo 85. Objeto del control financiero de subvenciones

El control financiero de subvenciones verifica siete extremos: la adecuada y correcta obtención; el cumplimiento de las obligaciones de gestión y aplicación; la justificación; la realidad y regularidad de las actuaciones financiadas; la financiación de las actividades; los hechos no declarados a la Administración; y que la subvención, sola o con otras, no supere el coste de la actividad o inversión. Puede consistir, entre otras actuaciones, en el examen de registros contables o la comprobación material de inversiones. Con fondos de la Unión Europea se atiende a las disposiciones comunitarias.

Artículo 86. Personas y entidades sometidas al control financiero de subvenciones

El control financiero de subvenciones se ejerce respecto de las personas beneficiarias y, en su caso, las entidades colaboradoras, por las subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes otorgadas con cargo al Presupuesto, financiadas con fondos propios, con fondos de la Unión Europea o con subvenciones finalistas del Estado. Puede extenderse a personas vinculadas con las beneficiarias, proveedoras, clientes y demás relacionadas con las operaciones financiadas, a quienes se notifican las actuaciones que les conciernan.

Artículo 87. Obligación de colaboración y delimitación del alcance de la misma

Las personas beneficiarias, las entidades colaboradoras y las terceras personas relacionadas con la subvención deben colaborar y facilitar la documentación requerida por la Intervención General y por los órganos de control financiero según la normativa comunitaria. El personal funcionario encargado del control tiene la consideración de agente de la autoridad a efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato. Las autoridades y quienes trabajen en oficinas o entidades del sector público deben prestarle colaboración y apoyo.

Artículo 88. Procedimiento de control financiero de subvenciones

Como regla general se seleccionan subvenciones con pago y justificación culminados a 31 de diciembre del año anterior. El inicio lo notifica la Intervención actuante. El procedimiento se resuelve en seis meses como máximo, ampliables por otro plazo igual con autorización de la persona titular de la Intervención General (especial complejidad u ocultación). Tres meses es el tope no computable del asesoramiento, la ampliación por aportación tardía y el fin de la suspensión sin medidas comunicadas. El plazo corre desde la comunicación del inicio hasta el informe definitivo.

Artículo 89. Los informes de control financiero de subvenciones

Los resultados se plasman en informes con la estructura que fije la Intervención General, firmados por la persona a cargo de la Intervención actuante. El provisional se remite a la persona beneficiaria, al órgano concedente y, en su caso, a la entidad colaboradora para alegaciones en diez días; después se emite el definitivo, y sin alegaciones el provisional se eleva a definitivo. Si no se detectan errores o incumplimientos puede omitirse el trámite de alegaciones. Cabe un informe de recomendaciones al órgano concedente, que en seis meses informa de las implantadas.

Artículo 90. Actuaciones del órgano concedente

Si el informe de control financiero concluye que procede el reintegro total o parcial, el órgano concedente debe acordar y comunicar a la Intervención General el inicio del procedimiento de reintegro en el plazo máximo de dos meses desde su recepción. El acuerdo se notifica a la persona beneficiaria y/o entidad colaboradora. Si el control acabó por resistencia, excusa, obstrucción o negativa, solo caben alegaciones tendentes a constatar que no se produjo. La resolución no puede separarse del criterio del informe de la Intervención actuante, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 91. Procedimiento de discrepancia sobre los informes de control financiero de subvenciones

Iniciado el reintegro, el órgano gestor, antes de la propuesta de resolución de reintegro, puede plantear motivadamente discrepancia ante la persona titular de la Intervención General a través de la persona titular de la Viceconsejería de su departamento. La Intervención General informa en un mes desde la recepción; si el informe es desfavorable, el órgano concedente opta en un mes entre aceptar el criterio y continuar el reintegro o instar que se eleve el asunto al órgano competente por el procedimiento del artículo 35. La discrepancia suspende el plazo de resolución del reintegro.

Artículo 92. Informe de seguimiento de los informes con propuesta de reintegros

Los órganos concedentes deben notificar antes del 30 de marzo de cada ejercicio el estado de los procedimientos de reintegro propuestos en informes de control financiero de subvenciones de ejercicios anteriores. Con esa información, los servicios centrales de la Intervención General emiten antes del 30 de junio un informe anual de seguimiento. Sus destinatarios son, en todo caso, las personas titulares de las Consejerías de adscripción, para que se ordene el inmediato inicio y resolución del expediente, y se comunica a la Agencia Tributaria de Andalucía.

Artículo 133. Administración y custodia de la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía

La Intervención General administra y custodia la información registrada en la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía y suministra información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. La Base andaluza integra todas las subvenciones y ayudas de órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias que deban registrarse en la Base nacional. Fines: promover la transparencia, mejorar la gestión, ayudar a la planificación estratégica y luchar contra el fraude. Es además el instrumento de publicidad activa de las subvenciones (Ley 1/2014, de 24 de junio).