Tema 41 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 26. Contratos privados

Son contratos privados: a) los de las Administraciones Públicas con objeto distinto de los del artículo 25.1 a) y b); b) los de poderes adjudicadores que no son Administración Pública; c) los de entidades del sector público que no son poder adjudicador. Los primeros se rigen en preparación y adjudicación por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, y en efectos, modificación y extinción por el derecho privado. Los de la letra b), por el Título I del Libro Tercero; los de la c), por los artículos 321 y 322.

Artículo 188. Régimen jurídico

Los efectos de los contratos administrativos se rigen por dos fuentes: las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, tanto generales como particulares, o el documento descriptivo que los sustituya.

Artículo 189. Vinculación al contenido contractual

Los contratos deben cumplirse a tenor de sus cláusulas. La regla se establece sin perjuicio de las prerrogativas que la legislación establece en favor de las Administraciones Públicas.

Artículo 190. Enumeración

Dentro de los límites de la Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas de su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista, suspender la ejecución, acordar la resolución y determinar sus efectos. Tiene además facultades de inspección de las actividades del contratista, sin derecho general a inspeccionar sus instalaciones, salvo que estas y sus condiciones técnicas sean determinantes para las prestaciones.

Artículo 191. Procedimiento de ejercicio

Para ejercer las prerrogativas debe darse audiencia al contratista. En el sector público estatal se exige informe previo del Servicio Jurídico, salvo en los artículos 109 y 195. Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico en: interpretación, nulidad y resolución con oposición del contratista; modificaciones no previstas en el pliego superiores al 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido, con precio igual o superior a 6.000.000 de euros; y reclamaciones de 50.000 euros o más. Los acuerdos ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos.

Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

Los pliegos o el documento descriptivo pueden prever penalidades por cumplimiento defectuoso o por incumplir compromisos o condiciones especiales de ejecución. Deben ser proporcionales a la gravedad: cada una no puede superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total el 50 por cien. Ante un incumplimiento parcial imputable al contratista, la Administración puede optar por la resolución o por las penalidades determinadas en el pliego o documento descriptivo. Los pliegos de los acuerdos marco también pueden preverlas.

Artículo 193. Demora en la ejecución

El contratista debe cumplir el plazo total y los parciales. La mora no precisa intimación previa. Ante demora imputable en el plazo total, la Administración opta entre resolver o imponer penalidades diarias de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio, IVA excluido; el pliego puede fijar otras si se justifica en el expediente. Cada múltiplo del 5 por 100 del precio, IVA excluido, faculta al órgano de contratación para resolver o continuar con nuevas penalidades. Igual para los plazos parciales si lo prevé el pliego o se presume razonablemente imposible cumplir el plazo total.

Artículo 194. Daños y perjuicios e imposición de penalidades

Si hay incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o demora y no está prevista penalidad, o la prevista no cubre los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. Las penalidades se imponen por acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado; el acuerdo es inmediatamente ejecutivo y se hacen efectivas deduciéndolas de los pagos totales o parciales al contratista o, cuando no puedan deducirse de ellos, sobre la garantía constituida.

Artículo 195. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos

La resolución por demora la acuerda el órgano de contratación o el que tenga atribuida esa competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, si este formula oposición, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. Si el retraso no es imputable al contratista y este ofrece cumplir si se amplía el plazo inicial, el órgano de contratación se lo concederá por un plazo, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que pida otro menor. El responsable del contrato informa sobre si el retraso le fue imputable.

Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros

El contratista indemniza los daños y perjuicios causados a terceros por las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Responde la Administración, dentro de los límites señalados en las leyes, si son consecuencia inmediata y directa de una orden suya, y también por los vicios del proyecto en el contrato de obras (pudiendo repetir contra el redactor del proyecto) o en el de suministro de fabricación. Los terceros pueden requerir al órgano de contratación, dentro del año siguiente al hecho, para que, oído el contratista, informe a quién corresponde la responsabilidad; ello interrumpe la prescripción.

Artículo 197. Principio de riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, no de la Administración. El propio artículo deja a salvo una única reserva: lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239.

Artículo 198. Pago del precio

El pago puede ser total o parcial, con abonos a cuenta (también por operaciones preparatorias, con garantía). La Administración aprueba la conformidad en treinta días desde la entrega y paga en los treinta días siguientes a esa aprobación; si se demora, abona intereses y costes de cobro. La factura se presenta en treinta días. Demora superior a cuatro meses: suspensión, avisando con un mes de antelación; superior a seis: resolución. Los abonos a cuenta solo se embargan por salarios y cuotas sociales o por deudas con subcontratistas y suministradores. Las Comunidades Autónomas pueden reducir los plazos.

Artículo 199. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas

Transcurrido el plazo del artículo 198.4, los contratistas pueden reclamar por escrito a la Administración contratante el pago y, en su caso, los intereses de demora. Si pasa un mes sin contestación, se entiende reconocido el vencimiento del plazo de pago y cabe recurso contencioso-administrativo contra la inactividad, con solicitud de pago inmediato como medida cautelar. El órgano judicial la adopta salvo que la Administración acredite que no procede el pago o que la cuantía no es la exigible, caso en que se limita a esta. Hay condena en costas si la estimación es total.

Artículo 200. Transmisión de los derechos de cobro

El contratista puede ceder conforme a derecho su derecho de cobro frente a la Administración. Para que la cesión sea efectiva frente a ella es requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo, también en las segundas y sucesivas cesiones. Conocida la cesión, el mandamiento de pago se expide a favor del cesionario; antes, los mandamientos a nombre del contratista o del cedente surten efectos liberatorios. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica no producen efectos frente a la Administración, que puede oponer al cesionario todas las excepciones causales.

Artículo 201. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

Los órganos de contratación tomarán medidas para garantizar que, en la ejecución, los contratistas cumplen las obligaciones medioambientales, sociales o laborales del derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o el derecho internacional que vincule al Estado, en particular las del anexo V. Pueden además comprobarlo durante la licitación respecto de candidatos y licitadores. El incumplimiento, en especial los impagos o retrasos reiterados de salarios o la aplicación grave y dolosa de condiciones salariales inferiores a convenio, da lugar a penalidades.

Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden

Los órganos de contratación pueden establecer condiciones especiales de ejecución vinculadas al objeto del contrato, no discriminatorias, compatibles con el Derecho de la Unión Europea e indicadas en el anuncio de licitación y en los pliegos. Es obligatoria al menos una de las del apartado 2 (económicas, de innovación, medioambientales o sociales), la de protección de datos si hay cesión de datos y la de desperdicio alimentario en servicios de alimentación en instituciones públicas. Los pliegos pueden prever penalidades o darles carácter de obligación esencial. Se exigen a todos los subcontratistas.

Artículo 203. Potestad de modificación del contrato

Los contratos administrativos solo pueden modificarse por razones de interés público, por el procedimiento del artículo 191 con las particularidades del 207. Quedan aparte la sucesión del contratista, la cesión, la revisión de precios y la ampliación del plazo. Durante su vigencia solo caben dos supuestos: modificación prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 204) y, excepcionalmente, no prevista (art. 205). Fuera de ellos procede resolver y celebrar otro contrato. Se formalizan (art. 153) y se publican (arts. 207 y 63).

Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Los contratos de las Administraciones Públicas pueden modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial si el pliego de cláusulas administrativas particulares lo advirtió expresamente. La cláusula debe ser clara, precisa e inequívoca y detallar alcance, límites y naturaleza, condiciones verificables de forma objetiva y procedimiento; no puede suponer nuevos precios unitarios no previstos. El pliego no puede prever modificaciones que alteren la naturaleza global del contrato; sustituir alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual no la altera.

Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales

Las modificaciones no previstas en el pliego exigen un supuesto del apartado 2 y limitarse a lo estrictamente indispensable. Supuestos: a) prestaciones adicionales, si el cambio de contratista no es posible y la cuantía no excede del 50 por ciento del precio inicial, IVA excluido; b) circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, sin alterar la naturaleza global y con el mismo 50 por ciento; c) modificaciones no sustanciales. Es sustancial, entre otros casos, la que excede del 15 por ciento en obras o del 10 por ciento en los demás contratos.

Artículo 206. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato

En las modificaciones del artículo 205, las acordadas por el órgano de contratación son obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Si la modificación no resulta obligatoria, solo se acuerda previa conformidad por escrito del contratista; en caso contrario, el contrato se resuelve conforme a la letra g) del apartado 1 del artículo 211.

Artículo 207. Especialidades procedimentales

Las modificaciones del artículo 204 se acuerdan en la forma especificada en los pliegos. Antes de las del artículo 205 se da audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si los preparó un tercero ajeno al órgano de contratación por un contrato de servicios, por plazo no inferior a tres días. Los contratos sujetos a regulación armonizada, salvo los del anexo IV, publican anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea» en los casos de las letras a) y b) del artículo 205.2. En todo caso, anuncio en el perfil de contratante en 5 días desde la aprobación.

Artículo 208. Suspensión de los contratos

Si la Administración acuerda la suspensión o esta tiene lugar por el artículo 198.5, se extiende un acta, de oficio o a solicitud del contratista, con las circunstancias que la motivan y la situación de hecho. La Administración abona los daños y perjuicios efectivamente sufridos; salvo que el pliego diga otra cosa, solo: mantenimiento de la garantía definitiva, indemnizaciones laborales, gastos salariales del personal adscrito, alquileres o mantenimiento de maquinaria y pólizas de seguro. Solo se indemnizan períodos documentados en el acta. El derecho a reclamar prescribe en un año.

Artículo 209. Extinción de los contratos

Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación

El contrato se entiende cumplido cuando el contratista realiza la totalidad de la prestación, según sus términos y a satisfacción de la Administración. Exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización, o en el plazo del pliego; se comunica a la Intervención cuando sea preceptivo. Se fija un plazo de garantía desde la recepción, salvo que no resulte necesario. Excepto en obras, la liquidación se acuerda, notifica y abona dentro de treinta días desde el acta de recepción o conformidad.

Artículo 211. Causas de resolución

Causas de resolución: muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o extinción de la personalidad jurídica; declaración de concurso o de insolvencia; mutuo acuerdo; demora del contratista; demora en el pago de la Administración; incumplimiento de la obligación principal y de las esenciales calificadas en los pliegos; imposibilidad de ejecutar la prestación o modificaciones superiores al 20 por ciento del precio inicial; las específicas de cada categoría de contrato, e impago de salarios o incumplimiento de Convenios colectivos. Si concurren varias, rige la primera en el tiempo.

Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución

La resolución la acuerda el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. Por impago de salarios, a instancia de los representantes de los trabajadores, salvo subrogación y deuda superior al 5 por ciento del precio de adjudicación. La insolvencia y las modificaciones fuera de los artículos 204 y 205 dan siempre lugar a resolución. Por muerte del contratista individual cabe continuar con herederos o sucesores. En concurso, la Administración puede continuar con garantías adicionales: complementaria de al menos un 5 por 100. Plazo máximo de los expedientes: ocho meses.

Artículo 213. Efectos de la resolución

Por mutuo acuerdo, los derechos se acomodan a lo estipulado. El incumplimiento de la Administración determina el pago de daños y perjuicios al contratista. Por incumplimiento culpable del contratista se incauta la garantía y se indemniza lo que exceda de ella. Por la letra g) del artículo 211, indemnización del 3 por ciento de la prestación dejada de realizar. El acuerdo se pronuncia sobre la garantía. Puede iniciarse la nueva adjudicación, con tramitación de urgencia; hasta el nuevo contrato, el contratista adopta las medidas necesarias; su impugnación se resuelve en quince días hábiles.

Artículo 214. Cesión de los contratos

Al margen de la sucesión del contratista y de la subrogación hipotecaria, la modificación subjetiva solamente es posible por cesión cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos. Requisitos mínimos: autorización previa y expresa del órgano de contratación (dos meses para notificar; después se entiende otorgada); que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe o, en concesiones, explotado una quinta parte del plazo, salvo concurso; cesionario con capacidad, solvencia y sin prohibición de contratar; y escritura pública.

Artículo 215. Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a los pliegos. En todo caso comunicará por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación y a más tardar al iniciar la ejecución, la intención de subcontratar. Si los pliegos obligaron a indicarlo en la oferta, los subcontratos que no se ajusten a ella esperarán veinte días, salvo autorización expresa anterior. La infracción puede acarrear, si lo prevén los pliegos, penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato o la resolución. Los subcontratos tienen naturaleza privada.

Artículo 216. Pagos a subcontratistas y suministradores

El contratista debe abonar a subcontratistas o suministradores el precio pactado en plazos no más desfavorables que los de la Ley 3/2004, computados desde la aceptación o verificación de los bienes o servicios, siempre que la factura se haya entregado en plazo. La aceptación se efectuará en un máximo de treinta días desde la entrega o la prestación; si no, se entiende producida. La demora da derecho a intereses y a la indemnización por los costes de cobro. Los subcontratistas del artículo 4.1 de la Ley 25/2013 usarán factura electrónica si su importe supera los 5.000 euros.

Artículo 217. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores

Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar los pagos de los contratistas a subcontratistas o suministradores. La comprobación y las penalidades son obligatorias en contratos de obras y de servicios de valor estimado superior a 5 millones de euros con subcontratación igual o superior al 30 por ciento del precio. Acreditado el impago por resolución judicial o arbitral firme, procede en todo caso penalidad de hasta el cinco por ciento del precio, reiterable cada mes hasta el límite conjunto del 50 por ciento. Responde la garantía definitiva.

Artículo 218. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas

Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos, las Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados, conforme a las normas del capítulo en el que se ubica el artículo.

Artículo 219. Funcionalidad y límites

Uno o varios órganos de contratación del sector público podrán celebrar acuerdos marco con una o varias empresas para fijar las condiciones de los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado, sin recurrir a ellos de forma abusiva ni de modo que se obstaculice, restrinja o falsee la competencia. Su duración no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados, y se justificará en el expediente. La duración de los contratos basados es independiente, pero solo podrán adjudicarse durante la vigencia del acuerdo marco.

Artículo 220. Procedimiento de celebración de acuerdos marco

Para celebrar un acuerdo marco se siguen las normas de procedimiento de las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo. Adjudicar contratos basados queda condicionado a que, en treinta días desde la formalización, se haya remitido el anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (si hay regulación armonizada) y publicado en el perfil de contratante, y en el «Boletín Oficial del Estado» si el acuerdo marco es de la Administración General del Estado. En los casos del artículo 155.3 puede no publicarse determinada información, justificándolo en el expediente.

Artículo 221. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco

Los contratos basados se celebran entre las empresas y los órganos de contratación que fueron originariamente partes del acuerdo marco, salvo el artículo 227.4. Con una única empresa se adjudican según los términos del acuerdo, pudiendo consultarla por escrito. Con varias: si constan todos los términos, con o sin nueva licitación según prevea el pliego; si no constan, con nueva licitación. En ella se invita a todas las empresas en condiciones de realizar el objeto, o como mínimo a tres si el contrato no está sujeto a regulación armonizada; las ofertas se presentan por escrito.

Artículo 222. Modificación de los acuerdos marco y de los contratos basados en un acuerdo marco

Los acuerdos marco y los contratos basados pueden modificarse según las reglas generales, pero por contrato basado no caben modificaciones sustanciales respecto del acuerdo marco. Los precios unitarios resultantes de modificar el acuerdo marco no pueden superar en un 20 por ciento a los anteriores ni los que las empresas parte ofrezcan en el mercado para los mismos productos. Los adjudicatarios pueden proponer sustituir bienes por otros con avances tecnológicos si el precio no sube más del 10 por 100 del inicial de adjudicación, salvo otro límite en el pliego.

Artículo 223. Delimitación

Los órganos de contratación pueden articular sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, sin que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. Es un proceso totalmente electrónico, de duración limitada y determinada en los pliegos, abierto durante toda su vigencia a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de selección. Puede articularse en categorías definidas objetivamente de productos, obras o servicios.

Artículo 224. Implementación

Para contratar en un sistema dinámico de adquisición se siguen las normas del procedimiento restringido, con especialidades. Se admite a todos los solicitantes que cumplan los criterios de selección, sin limitar el número de candidatos. Las comunicaciones se hacen únicamente por medios electrónicos. Antes de adjudicar contratos específicos hay que publicar anuncio de licitación en el perfil de contratante y dar acceso libre, directo y completo a los pliegos durante toda la vigencia. La participación es gratuita. Los cambios de vigencia se comunican a la Comisión Europea.

Artículo 225. Incorporación de empresas al sistema

Durante toda la vigencia del sistema cualquier empresario interesado puede solicitar participar. El plazo mínimo para presentar solicitudes es de treinta días desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Las solicitudes se evalúan en los diez días hábiles siguientes a su recepción, prorrogables a quince días hábiles en casos concretos justificados. Se informa lo antes posible de la admisión o no. Puede exigirse en cualquier momento de la vigencia una nueva declaración responsable, que se aporta en cinco días hábiles desde el requerimiento.

Artículo 226. Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición

Cada contrato en un sistema dinámico de adquisición debe ser objeto de una licitación. Se invita a todas las empresas previamente admitidas al sistema o, si hay categorías, en la categoría correspondiente. El plazo mínimo de ofertas es de diez días desde el envío de la invitación escrita. Se adjudica a la mejor oferta. Son irregulares o inaceptables las ofertas que no se ajusten a los pliegos, las presentadas fuera de plazo, las que muestren indicios de colusión o corrupción, las anormalmente bajas y las que superen el presupuesto base de licitación.

Artículo 227. Funcionalidad y principios de actuación

Las entidades del sector público pueden centralizar la contratación de obras, servicios y suministros atribuyéndola a servicios especializados. Las centrales de contratación adquieren suministros y servicios para otros entes del sector público, o adjudican contratos o celebran acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición de obras, suministros o servicios destinados a ellos. En los acuerdos marco centralizados pueden celebrar contratos basados otros entes identificados en el pliego regulador, si esa circunstancia consta en la convocatoria de licitación.

Artículo 228. Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales

Las Comunidades Autónomas crean sus centrales de contratación en la forma que prevean las normas de desarrollo que dicten. Las Corporaciones Locales pueden crearlas por acuerdo del Pleno, y también pueden crear las suyas Ceuta y Melilla. Mediante acuerdos, Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas, Entidades locales y sus organismos y entidades dependientes pueden adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras entidades del sector público. Una misma Administración, ente u organismo no puede contratar la provisión de la misma prestación a través de varias centrales de contratación.

Artículo 229. Régimen general

El Ministro de Hacienda y Función Pública puede declarar de contratación centralizada suministros, obras y servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas. La declaración obliga a los entes del sector público estatal indicados, salvo contratos declarados secretos o reservados. El resto de entidades puede solicitar la adhesión a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. El órgano de contratación es la Junta de Contratación Centralizada. Se contrata mediante contrato, acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición.

Artículo 230. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la información

La competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y sus elementos complementarios o auxiliares, en el ámbito obligatorio del apartado 2 del artículo anterior y no declarados de adquisición centralizada, corresponde en todo caso al órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada, oídos los Departamentos ministeriales u organismos interesados en la compra. El Ministro de Hacienda y Función Pública puede atribuirla a otros órganos y entidades estatales cuando circunstancias especiales o el volumen de adquisiciones así lo aconsejen.

Artículo 231. Proyecto de obras

La adjudicación de un contrato de obras requiere la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponde al órgano de contratación, salvo que esa competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. Si se adjudican conjuntamente proyecto y obra, la ejecución de esta queda condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación.

Artículo 232. Clasificación de las obras

Para elaborar los proyectos, las obras se clasifican, según su objeto y naturaleza, en: a) primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación; b) reparación simple; c) conservación y mantenimiento; d) demolición. Primer establecimiento: crea un bien inmueble. Reforma: ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un inmueble ya existente. Reparación: enmienda un menoscabo por causas fortuitas o accidentales; es gran reparación si afecta fundamentalmente a la estructura resistente. Conservación: menoscabo por el natural uso del bien.

Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración

El proyecto de obras comprende, al menos: memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, presupuesto, programa de trabajos, referencias para el replanteo, estudio de seguridad y salud (o el básico) y lo que prevean otras normas. En obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y en los restantes proyectos, cabe simplificar, refundir o suprimir documentos si lo resultante basta para definir, valorar y ejecutar las obras. Incluye estudio geotécnico salvo que sea incompatible con la obra.

Artículo 234. Presentación del proyecto por el empresario

La contratación conjunta de proyecto y obra es excepcional y solo cabe, justificándolo en el expediente, cuando motivos de orden técnico obliguen a vincular al empresario a los estudios de las obras o cuando la dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieran soluciones propias de las empresas. El contratista presenta el proyecto para su supervisión, aprobación y replanteo; sin acuerdo sobre precios queda exonerado de ejecutar y cobra la redacción del proyecto. En obras singulares hidráulicas o de transporte: tres meses y 5 por 100 de compensación.

Artículo 235. Supervisión de proyectos

Antes de aprobar el proyecto, si el presupuesto base de licitación del contrato de obras es igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deben solicitar un informe a las oficinas o unidades de supervisión de los proyectos, que verifican que se han tenido en cuenta las disposiciones generales legales o reglamentarias y la normativa técnica aplicable. Por debajo de esa cifra el informe es facultativo, salvo que las obras afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, en cuyo caso es igualmente preceptivo.

Artículo 236. Replanteo del proyecto

Aprobado el proyecto y antes de aprobar el expediente de contratación de la obra se efectúa el replanteo, que consiste en comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos. En obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras se dispensa del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, pero no se inicia la ejecución hasta formalizar la ocupación. Si ceden terrenos o locales Entidades públicas, bastan los acuerdos de cesión y aceptación. Realizado el replanteo, el proyecto se incorpora al expediente.

Artículo 237. Comprobación del replanteo

La ejecución del contrato de obras comienza con el acta de comprobación del replanteo. Dentro del plazo que consigne el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras efectúa, en presencia del contratista, la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación. Se extiende acta del resultado, firmada por ambas partes interesadas, y se remite un ejemplar al órgano que celebró el contrato.

Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista

Las obras se ejecutan con estricta sujeción a las estipulaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato, y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, dé al contratista la Dirección facultativa de las obras. Las instrucciones verbales deben ratificarse por escrito en el más breve plazo posible para que sean vinculantes para las partes. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista responde de todos los defectos que puedan advertirse en la construcción.

Artículo 239. Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente del contratista, este tiene derecho a una indemnización por los daños y perjuicios producidos en la ejecución del contrato. Son casos de fuerza mayor: a) los incendios causados por la electricidad atmosférica; b) los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes; c) los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

Artículo 240. Certificaciones y abonos a cuenta

Para el pago, la Administración expide mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones de la obra ejecutada conforme a proyecto en ese período, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Sus abonos son pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones de la medición final, y no suponen aprobación ni recepción de las obras. El contratista también tiene derecho a abonos a cuenta por operaciones preparatorias, como instalaciones y acopio de materiales o equipos, asegurándolos mediante garantía.

Artículo 241. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado

Si la naturaleza de la obra lo permite cabe retribuir a tanto alzado, sin precios unitarios. Puede ser de precio cerrado: el precio ofertado se mantiene invariable y no se abonan las modificaciones necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto. Requiere: previsión en el pliego de cláusulas administrativas particulares (que puede excluir unidades y abonarlas por precios unitarios); unidades definidas en el proyecto y replanteadas antes de la licitación, con acceso al terreno; abono mensual proporcional a la obra ejecutada; y variantes ofertadas bajo la misma modalidad.

Artículo 242. Modificación del contrato de obras

Las modificaciones acordadas conforme al artículo 206 obligan al contratista; si suprimen o reducen unidades de obra, no puede reclamar indemnización. Los precios de unidades no previstas los fija la Administración, previa audiencia del contratista (mínimo tres días hábiles). Las unidades que queden ocultas se comunican a la Intervención con antelación mínima de cinco días. No es modificación el exceso de mediciones que no supere el 10 por ciento del precio del contrato inicial. Continuación provisional: hasta el 20 por ciento del precio inicial; proyecto en seis meses y expediente en ocho.

Artículo 243. Recepción y plazo de garantía

A la recepción concurren un facultativo designado por la Administración, el director de las obras y el contratista, asistido si quiere de su facultativo. El órgano de contratación aprueba la certificación final en tres meses desde esta; en obras de valor estimado superior a doce millones de euros y liquidación especialmente compleja, los pliegos pueden ampliarlo sin superar cinco meses. El plazo de garantía comienza al levantarse el acta de recepción y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. El director facultativo informa en los quince días anteriores a su cumplimiento.

Artículo 244. Responsabilidad por vicios ocultos

Si, expirada la garantía, la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función por vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento del contratista, este responde de los daños y perjuicios durante quince años desde la recepción. En ese plazo responde también de los daños materiales por vicios o defectos de elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad. Las acciones por daños materiales prescriben a los dos años desde que se produzcan o manifiesten. Pasados los quince años sin daño, se extingue la responsabilidad.

Artículo 245. Causas de resolución

Además de las causas generales de la Ley, el contrato de obras tiene cuatro causas de resolución propias: la demora injustificada en la comprobación del replanteo; la suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses; la suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración; y el desistimiento.

Artículo 246. Efectos de la resolución

La resolución da lugar a comprobar, medir y liquidar las obras realizadas, con citación del contratista. Indemnizaciones, IVA excluido: 2 por cien del precio de la adjudicación por demora injustificada del replanteo; 3 por cien por desistimiento antes de iniciar las obras o suspensión de su iniciación por la Administración más de cuatro meses; 6 por cien del precio de las obras dejadas de realizar por desistimiento una vez iniciadas o suspensión de más de ocho meses. Si urge continuar las obras, el contratista puede impugnar la valoración y el órgano de contratación resuelve en quince días.

Artículo 247. Estudio de viabilidad

Antes de decidir construir y explotar unas obras en concesión se acuerda un estudio de viabilidad. Se somete a información pública un mes, prorrogable por idéntico plazo, y a informe, en un mes, de las Administraciones afectadas cuando la obra no figure en el planeamiento urbanístico. Cabe la iniciativa privada: tres meses para comunicar si se tramita, o un plazo mayor no superior a seis; el silencio equivale a no aceptación. Si culmina en concesión, salvo estudio insuficiente, su autor suma 5 puntos porcentuales o, de no ser adjudicatario, recupera los gastos incrementados en un 5 por cien.

Artículo 248. Anteproyecto de construcción y explotación de las obras

Aprobado el estudio de viabilidad, la Administración concedente podrá acordar la redacción de un anteproyecto, en función de la complejidad de las obras y del grado de definición de sus características. Contendrá, como mínimo, memoria, planos, presupuesto (incluido el coste de las expropiaciones) y un estudio del régimen de utilización y explotación. Se somete a información pública un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de su complejidad, y a informe de las Administraciones afectadas. Los licitadores podrán introducir variantes cuando el pliego lo autorice.

Artículo 249. Proyecto de las obras y replanteo de este

Si las obras son definidas en todas sus características por la Administración concedente, se procede a la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto y al reconocimiento de la utilidad pública de la obra a efectos de expropiación forzosa. Cuando no existiera anteproyecto, el proyecto se somete, antes de su aprobación definitiva, a la tramitación prevista para los anteproyectos. El concesionario responde de los daños derivados de los defectos del proyecto cuando le corresponda su presentación o haya introducido mejoras en el propuesto por la Administración.

Artículo 250. Pliegos de cláusulas administrativas particulares

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la concesión de obras se refieren, al menos, a los aspectos de las letras a) a m): objeto, capacidad y solvencia, cesión del contrato y de participaciones, contenido de las proposiciones, retribución, garantías, plazos, penalidades y reparto de riesgos. En todo caso hay cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento de las participaciones. Las mejoras de los licitadores no pueden referirse a la ubicación de la obra. El riesgo operacional corresponde en todo caso al contratista. Las respuestas a las aclaraciones son vinculantes.

Artículo 251. Efectos, cumplimiento y extinción

Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de obras se regulan por la propia Ley 9/2017, con dos grupos de exclusiones: los artículos 208 y 210 quedan excluidos; y el apartado 2 del artículo 192, el artículo 193 y el artículo 195 tampoco resultan de aplicación, salvo en la fase de construcción.

Artículo 252. Modalidades de ejecución de las obras

Las obras se realizan conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y en los plazos del pliego, y pueden ejecutarse con ayuda de la Administración. El concesionario puede contratar con terceros, en todo o en parte, la ejecución que le corresponda. La ayuda puede consistir en ejecutar la Administración por su cuenta parte de la obra, que deberá tener características propias y ser objeto de recepción formal, o en su financiación parcial. El sistema de ayudas públicas debe respetar en todo caso la transferencia efectiva del riesgo operacional.

Artículo 253. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros

El control de la ejecución de las obras que el concesionario contrate con terceros corresponde al propio concesionario. Ese control debe ajustarse al plan que el concesionario elabore y que resulte aprobado por el órgano de contratación. El órgano de contratación podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de inspección que estime oportunas.

Artículo 254. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras

Las obras se ejecutan a riesgo y ventura del concesionario, que además asume el riesgo operacional de la concesión, salvo para la parte de la obra que pudiera ser ejecutada por cuenta de la Administración, a la que se aplica el régimen general del contrato de obras. Si la fuerza mayor implica mayores costes para el concesionario, se ajusta el plan económico-financiero. Si impide por completo realizar las obras, se resuelve el contrato y el órgano de contratación abona al concesionario el importe total de las ejecutadas y los mayores costes por endeudamiento con terceros.

Artículo 255. Modificación del proyecto

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en la Subsección 4.ª, Sección 3.ª, Capítulo I, Título I, del Libro Segundo de la Ley y en la letra b) del apartado 1 del artículo 261. El plan económico-financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes.

Artículo 256. Comprobación de las obras

Al terminar las obras, la Administración concedente levanta un acta de comprobación; su levantamiento y contenido se ajustan al pliego de cláusulas administrativas particulares. La acompañan un documento de valoración de la obra pública ejecutada, expedido por el órgano de contratación y con la inversión realizada, y, en su caso, una declaración de cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. Con abonos parciales, se suma la certificación final. Aprobar el acta lleva implícita la apertura al uso público e inicia la fase de explotación y la garantía de la obra ejecutada por terceros.

Artículo 257. Derechos del concesionario

Derechos del concesionario: explotar las obras y percibir la tarifa por uso durante la concesión; mantener el equilibrio económico (artículo 270); usar los bienes de dominio público necesarios, incluidas aguas y materiales que aparezcan, estos exclusivamente para construir y previa autorización; recabar de la Administración expropiaciones, servidumbres y desahucios; ceder la concesión (artículo 214) e hipotecarla, con autorización previa del órgano de contratación en ambos casos; titulizar sus derechos de crédito; y los demás que reconozcan las leyes o los pliegos de condiciones.

Artículo 258. Obligaciones del concesionario

Obligaciones generales del concesionario: ejecutar las obras conforme al contrato; explotarlas asumiendo el riesgo operacional, con la continuidad y en los términos del contrato u ordenados después por el órgano de contratación; admitir a todo usuario según los principios de igualdad, universalidad y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de la tarifa; cuidar del buen orden, la calidad y el uso de las obras; indemnizar los daños a terceros que le sean imputables según el artículo 196; proteger el dominio público vinculado; y las demás previstas en ley o en el pliego.

Artículo 259. Uso y conservación de las obras

El concesionario cuida de aplicar las normas sobre uso, policía y conservación. Su personal de explotación, en ausencia de agentes de la autoridad, puede adoptar medidas y formular denuncias; sirven de prueba las obtenidas por personal acreditado con medios previamente homologados. Puede impedir el uso a quien no abone la tarifa, sin perjuicio de la legislación sectorial. Debe mantener las obras según la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y de seguridad. Los pliegos pueden prever mecanismos de calidad con ventajas o penalizaciones, sin limitar el riesgo operacional.

Artículo 260. Zonas complementarias de explotación comercial

Las obras pueden incluir otras zonas o terrenos para actividades complementarias, comerciales o industriales, necesarias o convenientes por su utilidad para los usuarios y susceptibles de aprovechamiento económico diferenciado: hostelería, estaciones de servicio, zonas de ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros. Se implantan conforme a los pliegos generales o particulares y, en su caso, a la legislación o el planeamiento urbanístico. Quedan sujetas a la unidad de gestión y control de la Administración concedente y las explota el concesionario, directamente o a través de terceros.

Artículo 261. Prerrogativas y derechos de la Administración

El órgano de contratación o, en su caso, el que determine la legislación específica puede: interpretar los contratos; modificarlos unilateralmente por interés público debidamente justificado; decidir el restablecimiento del equilibrio económico (artículo 270); acordar la resolución (artículos 279 y 280); establecer, en su caso, tarifas máximas; vigilar e inspeccionar; asumir la explotación en caso de secuestro o intervención; imponer penalidades; ejercer funciones de policía; e imponer temporalmente condiciones de uso ante situaciones excepcionales, abonando la indemnización que proceda.

Artículo 262. Modificación de las obras

El órgano de contratación puede acordar la modificación de las obras, así como su ampliación, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en la Ley. En su caso, se revisa el plan económico-financiero para acomodarlo a las nuevas circunstancias. Toda modificación que afecte al equilibrio económico de la concesión se rige por las normas generales de modificación y por el artículo 270.

Artículo 263. Secuestro o intervención de la concesión

El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, puede acordar el secuestro o intervención si este no puede afrontar, temporalmente y con grave daño social, la explotación por causas ajenas o incurre en incumplimiento grave que la ponga en peligro. Se ejecuta si no corrige la deficiencia en el plazo fijado. El órgano explota directamente la obra, percibe la contraprestación y designa uno o varios interventores, por cuenta y riesgo del concesionario. Máximo tres años, prórrogas incluidas. Si al acabar no garantiza la asunción completa de sus obligaciones, se resuelve el contrato.

Artículo 264. Penalidades por incumplimiento del concesionario

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares fijan un catálogo de incumplimientos leves y graves. El órgano de contratación puede imponer penalidades económicas proporcionales, con límite del 10 por cien del presupuesto total de la obra en fase de construcción y, en explotación, del 20 por cien anual de los ingresos del año anterior; si el daño supera ese máximo, el límite se amplía hasta el valor del daño. Los graves pueden dar lugar a resolución o a secuestro temporal según los pliegos. Caben además multas coercitivas de 3.000 euros diarios a falta de legislación específica.

Artículo 265. Financiación de las obras

Las obras las financia, total o parcialmente, el concesionario, que en todo caso asume el riesgo operacional. Por razones de rentabilidad económica o social, o por singulares exigencias del fin público o interés general, la Administración puede aportar recursos públicos: financiación conjunta de la obra mediante subvenciones o préstamos reintegrables, con o sin interés, respetando en todo caso el riesgo operacional del concesionario. La construcción puede financiarse además con aportaciones de otras Administraciones, según convenio, y de otros organismos nacionales o internacionales.

Artículo 266. Aportaciones Públicas a la construcción y garantías a la financiación

Las Administraciones Públicas pueden financiar las obras con aportaciones durante la fase de ejecución (artículo 252) o una vez concluidas; su importe lo fijan los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía máxima de los pliegos. Pueden ser no dinerarias, del órgano de contratación o de otra Administración con convenio. Los inmuebles entregados se integran en el patrimonio afecto a la concesión y revierten a la Administración al extinguirse. Han de estar previstas en el pliego y no pueden incrementarse tras la adjudicación. Igual régimen para garantías, avales y otras medidas de apoyo.

Artículo 267. Retribución por la utilización de las obras

El concesionario percibe de los usuarios o de la Administración una retribución por el uso de las obras, llamada tarifa, con naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. Las tarifas de los usuarios las fija el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación y son máximas: caben inferiores. La Administración puede abonar según disponibilidad y/o utilización; en pagos por disponibilidad, los pliegos prevén índices de corrección automáticos. También se retribuye con la zona comercial y debe separar contablemente aportaciones públicas, tarifas y zona comercial.

Artículo 268. Aportaciones públicas a la explotación

Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario aportaciones para garantizar la viabilidad económica de la explotación de las obras. En todo caso han de estar previstas en el pliego de condiciones y no podrán incrementarse después de la adjudicación, sin perjuicio del reequilibrio del artículo 270. Son: a) subvenciones, anticipos reintegrables y préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza, desde el inicio de la explotación o en su transcurso; b) ayudas, incluidas todo tipo de garantías, en casos excepcionales por razones de interés público.

Artículo 269. Obras diferenciadas

Cuando dos o más obras mantengan una relación funcional, la concesión de obras no pierde su naturaleza aunque la utilización de una parte no esté sujeta a remuneración, siempre que esa parte sea también competencia de la Administración concedente e incida en la explotación de la concesión. El pliego de cláusulas administrativas particulares distinguirá la parte remunerada de la que no lo es. Los licitadores presentarán un plan económico-financiero que contemple ambas partes. Para determinar las tarifas se tendrá en cuenta, en todo caso, el importe total de las obras realizadas.

Artículo 270. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato

La concesión debe mantener su equilibrio económico. Se restablece si la Administración la modifica (art. 262) o si sus actuaciones obligatorias rompen de forma directa y sustancial la economía del contrato; fuera de eso, únicamente por fuerza mayor (art. 239). No hay derecho por incumplirse las previsiones de demanda. Medidas: tarifas, retribución, reducción del plazo y, en ciertos casos y con más de un 50 % de tarifas de usuarios, prórroga de hasta el 15 % de la duración inicial. El contratista puede desistir, sin indemnización, si los costes suben al menos el 5 % de la cifra de negocios.

Artículo 271. Emisión de obligaciones y otros títulos

El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, exterior e interior, emitiendo obligaciones, bonos u otros títulos semejantes admitidos en derecho. No podrán emitirse títulos cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice después del término de la concesión. Las emisiones de obligaciones podrán contar con el aval del Estado y de sus organismos públicos, conforme a la normativa presupuestaria. La emisión deberá comunicarse al órgano de contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada emisión se realice.

Artículo 272. Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario

Pueden emitirse valores que representen una participación en derechos de crédito del concesionario (tarifas, ingresos comerciales y aportaciones de la Administración). La cesión se formaliza en escritura pública. Se representan en títulos o anotaciones en cuenta, en una o varias emisiones. La emisión requiere autorización previa del órgano de contratación: según el apartado 1, dos meses para notificar y silencio estimatorio; el apartado 6 habla de un mes y silencio desestimatorio. Ante una causa de resolución imputable al concesionario, la Administración puede optar entre el secuestro o intervención y resolver.

Artículo 273. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos

Las concesiones de obras, con los bienes y derechos que lleven incorporados, son hipotecables conforme a la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación. No se admite la hipoteca en garantía de deudas que no guarden relación con la concesión. Las solicitudes de autorización se resuelven en un mes y se entienden desestimadas si no se resuelven y notifican en ese plazo. Los derechos del apartado 3 solo podrán pignorarse en garantía de deudas relacionadas con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de contratación, que se publica en boletín oficial.

Artículo 274. Derechos del acreedor hipotecario

Ante un grave deterioro del valor de la concesión hipotecada imputable al concesionario, el acreedor hipotecario puede pedir al órgano de contratación que se pronuncie y, si se confirma, que la Administración, previa audiencia del concesionario, le ordene hacer o no hacer lo que proceda; si ejercita esta acción se entiende que renuncia a la del artículo 117 de la Ley Hipotecaria. Antes de resolver por incumplimiento, la Administración dará audiencia al acreedor por si ofrece subrogarse. Impagada la deuda al vencimiento, tiene las facultades del apartado 3 si las prevé la escritura de hipoteca.

Artículo 275. Ejecución de la hipoteca

El adjudicatario en la ejecución hipotecaria queda subrogado en la posición del concesionario, previa autorización administrativa. Quien desee participar como postor o eventual adjudicatario, incluso el acreedor hipotecario si la legislación sectorial no lo impide, debe comunicarlo al órgano de contratación; la autorización se notifica en el plazo máximo de 15 días, es reglada y se otorga si el peticionario cumple los requisitos exigidos al concesionario. Si la subasta queda desierta o nadie es autorizado, la Administración puede acordar el secuestro o intervención o resolver la concesión.

Artículo 276. Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional

Cuando proceda la resolución de la concesión y existan titulares de derechos o cargas inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad: a) la Administración, comenzado el procedimiento, solicitará certificación del Registro para el expediente, a fin de que esos titulares puedan ser oídos; b) el registrador, al expedirla, extenderá nota al margen de la inscripción sobre la iniciación del procedimiento; c) para cancelar los asientos hacen falta resolución administrativa firme y el abono o depósito de las cantidades garantizadas, con el límite de las indemnizaciones del artículo 280.

Artículo 277. Créditos participativos

Se admiten los créditos participativos para financiar la construcción y explotación, o solo la explotación, de las obras objeto de concesión; el prestamista participa sobre los ingresos del concesionario. El concesionario puede amortizar anticipadamente el capital en las condiciones pactadas. Excepcionalmente, las Administraciones Públicas pueden otorgarlos: entonces, salvo estipulación expresa en contrario, no cabe amortización anticipada, a no ser que implique abonar el valor actual neto de los beneficios futuros esperados. Su obtención se comunica al órgano de contratación en un mes.

Artículo 278. Prórroga del plazo de las concesiones y extinción de la concesión por transcurso del plazo

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones de acuerdo con el artículo 29 solo podrán prorrogarse conforme al último inciso del apartado 3 del artículo 270. Las concesiones de obras hidráulicas se rigen, en cuanto a su duración, por el artículo 134.a) del texto refundido de la Ley de Aguas. La concesión se entiende extinguida por cumplimiento cuando transcurre el plazo inicialmente establecido o el resultante de las prórrogas acordadas o de las reducciones decididas. Quedan igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión y a la explotación de sus zonas comerciales.

Artículo 279. Causas de resolución

Son causas de resolución de la concesión de obras, además de las del artículo 211 salvo sus letras d) y e): a) la ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciarla por falta de interesados autorizados; b) la demora superior a seis meses del órgano de contratación en entregar la contraprestación, los terrenos o los medios auxiliares; c) el rescate de la explotación; d) la supresión de la explotación por interés público; e) la imposibilidad de explotar por acuerdos posteriores de la Administración; f) el secuestro o intervención por plazo superior al establecido.

Artículo 280. Efectos de la resolución

Si la resolución es imputable a la Administración, esta abona las inversiones en expropiación, obras y bienes necesarios según su grado de amortización (lineal); la cantidad se fija en tres meses, salvo otro plazo en el pliego. Si no le es imputable, se abona la valoración de la concesión conforme al artículo 281. Si es imputable al concesionario, se le incauta la garantía e indemniza los daños en lo que excedan de ella. En los supuestos del 279 b), c), d) y e) la Administración indemniza daños y perjuicios: beneficios futuros y pérdida de valor de obras no entregadas.

Artículo 281. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración

Si la concesión de obras se resuelve por causas no imputables a la Administración, el órgano de contratación debe licitarla de nuevo por subasta al alza, con el precio como único criterio. Si queda desierta, nueva licitación en un mes como máximo, con tipo del 50 por ciento de la primera. El adjudicatario paga en dos meses desde la adjudicación. Entre la resolución y la apertura de ofertas de la primera licitación no pueden pasar más de tres meses. La Administración abona al primitivo concesionario el valor de la concesión en tres meses.

Artículo 282. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración

El tipo de la primera licitación se fija por los flujos futuros de caja de la explotación entre la resolución y la reversión, actualizados al interés de las obligaciones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos. Los flujos se cuantifican por la media aritmética de un período equivalente a los años que restan, sin actualización por inflación. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos puede modificar instrumento y diferencial, previo informe de la Oficina Nacional de Evaluación. Si la obra no está terminada, el tipo es el 70 por cien de la inversión ejecutada.

Artículo 283. Destino de las obras a la extinción de la concesión

Al extinguirse la concesión, el concesionario debe entregar a la Administración concedente, en buen estado de conservación y uso, las obras, los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y los de la zona de explotación comercial, si la hubiera; todo queda reflejado en un acta de recepción formal, ajustada al artículo 243. Los pliegos pueden prever que deban ser demolidos por el concesionario, reponiendo los bienes al estado anterior a la construcción. Los bienes afectos que vayan a revertir a la Administración no pueden ser objeto de embargo.

Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios

La Administración puede gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares; no pueden prestarse así los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Si se trata de servicios públicos, antes de contratar debe haberse establecido su régimen jurídico. El contrato expresará con claridad el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional como en el territorial.

Artículo 285. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación

Los pliegos de la concesión de servicios deben, al menos: definir el objeto, previendo su división en lotes; fijar las condiciones de prestación y, en su caso, las tarifas, su revisión y el canon; distribuir los riesgos, correspondiendo en todo caso el riesgo operacional al contratista; definir capacidad y solvencia; y prever la cesión del contrato y de participaciones. Se considera en todo caso cambio de control la cesión del 51 por ciento de las participaciones. El expediente va precedido de un estudio de viabilidad, vinculante si concluye en la inviabilidad del proyecto.

Artículo 286. Efectos, cumplimiento y extinción

Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de servicios se regulan por la propia Ley 9/2017, con exclusión de los artículos 208 y 210. Tampoco resultan de aplicación el apartado 2 del artículo 192, el artículo 193 y el artículo 195, salvo en la fase de construcción cuando el contrato comprenda la ejecución de obras.

Artículo 287. Ejecución del contrato de concesión de servicios

El concesionario debe organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características del contrato y dentro de sus plazos y, en su caso, ejecutar las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación. Si la concesión recae sobre un servicio público, la Administración conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. La concesión únicamente puede hipotecarse si conlleva obras o instalaciones fijas necesarias para el servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión.

Artículo 288. Obligaciones generales

El concesionario debe: prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares su uso mediante el abono, en su caso, de las tarifas aprobadas, y seguir prestándolo, si el contrato se extingue por cumplimiento, hasta que se formalice el nuevo; cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar instrucciones; indemnizar los daños a terceros, excepto los imputables a la Administración; respetar la no discriminación por nacionalidad en los contratos de suministro consecuencia de la concesión; y cumplir las demás de la legislación, el pliego y la documentación contractual.

Artículo 289. Prestaciones económicas

El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, incluida una retribución fijada en función de la utilización del servicio, que percibe directamente de los usuarios o de la propia Administración. Las pactadas se denominan tarifas, tienen naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario y se revisan, en su caso, en la forma establecida en el contrato. El concesionario lleva contabilidad diferenciada a disposición de la entidad contratante. Si el pliego lo establece, abona a la Administración concedente un canon o participación.

Artículo 290. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico

La Administración puede modificar el servicio y las tarifas únicamente por razones de interés público y si concurren las circunstancias legales de modificación. Si afecta al régimen financiero, se compensa. Este se restablece por esas modificaciones, por actuaciones obligatorias de la concedente o por fuerza mayor, no por incumplirse las previsiones de demanda. En ciertos supuestos el plazo puede ampliarse hasta un 15 por ciento de su duración inicial. El contratista puede desistir si el contrato deviene extraordinariamente oneroso: incremento de costes de al menos el 5 por ciento.

Artículo 291. Reversión

Al finalizar el plazo de la concesión, el servicio revierte a la Administración y el contratista entrega las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato, en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. Durante un período prudencial anterior, que debe fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adopta las disposiciones para que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir no pueden ser objeto de embargo.

Artículo 292. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares

Si la Administración no paga al concesionario la contraprestación económica o no le entrega los medios auxiliares a que se obligó, dentro de los plazos previstos en el contrato, y no procede la resolución del contrato o el concesionario no la solicita, este tiene derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquellos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.

Artículo 293. Incumplimiento del concesionario

Cuando el contrato recae sobre un servicio público y, por causas ajenas al concesionario o por su incumplimiento, se deriva una perturbación grave y no reparable por otros medios, la Administración podrá acordar su secuestro o intervención en los términos del artículo 263. En todo caso, el concesionario abonará los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. En cualquier caso, al incumplimiento del concesionario se le aplica el régimen de penalidades del artículo 264 de la concesión de obras, siempre que sea compatible con la naturaleza de la concesión de servicios.

Artículo 294. Causas de resolución

Causas: las del artículo 211, salvo sus letras d) y e), y además: a) ejecución hipotecaria desierta o imposible de iniciar por falta de interesados autorizados; b) demora de la Administración superior a seis meses en entregar la contraprestación o medios auxiliares; c) rescate por interés público, acreditando que la gestión directa es más eficaz y eficiente; d) supresión del servicio por interés público; e) explotación imposible por acuerdos posteriores de la Administración; f) secuestro superior al plazo del artículo 263.3 sin que el contratista garantice asumir por completo sus obligaciones.

Artículo 295. Efectos de la resolución

Resolución imputable a la Administración: esta abona en todo caso las inversiones en expropiación de terrenos, obras y bienes necesarios para la explotación, según su grado de amortización, con criterio lineal. No imputable: se abona la valoración de la concesión del artículo 281. Se entienden no imputables las letras a), b) y f) del 211 y a) y f) del 294. Letra b) del 294: interés de demora de la Ley 3/2004 desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la liquidación de la indemnización. Letras b), c), d) y e) del 294: indemnización de daños y perjuicios, incluidos los beneficios futuros.

Artículo 296. Subcontratación

En el contrato de concesión de servicios la subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. A esa subcontratación le resulta de aplicación la regulación establecida en los artículos 215, 216 y 217 de la propia Ley.

Artículo 297. Regulación supletoria

En lo no previsto en el Capítulo respecto al contrato de concesión de servicios, a este se le aplica la regulación que la Ley establece respecto al contrato de concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de la concesión de servicios.

Artículo 298. Arrendamiento

En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asume durante el plazo de vigencia del contrato la obligación de mantener el objeto del mismo. Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Administración como canon de mantenimiento se fijan separadamente de las que constituyen el precio del arriendo.

Artículo 299. Contratos de fabricación

A los contratos de fabricación se les aplican directamente las normas generales y especiales del contrato de obras que el órgano de contratación determine en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. Quedan a salvo las relativas a su publicidad y procedimiento de adjudicación, que se acomodarán, en todo caso, al contrato de suministro.

Artículo 300. Entrega y recepción

El contratista debe entregar los bienes en el tiempo y lugar fijados en el contrato y conforme a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. No tiene derecho a indemnización por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo mora de la Administración al recibirlos. Si la recepción formal es posterior a la entrega, la Administración responde de la custodia entre una y otra. Recibidos de conformidad bienes o productos perecederos, la Administración responde de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la del suministrador por vicios o defectos ocultos.

Artículo 301. Pago del precio

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración, con arreglo a las condiciones del contrato. Si el precio se determina mediante precios unitarios, se puede incrementar el número de unidades a suministrar hasta el 10 por ciento del precio del contrato sin tramitar expediente de modificación, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.

Artículo 302. Pago en metálico y en otros bienes

Si razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejan, el pliego de cláusulas administrativas particulares puede prever que el precio se pague parte en dinero y parte en otros bienes de la misma clase, sin que el importe de estos supere en ningún caso el 50 por cien del precio total. El compromiso de gasto se limita a lo no satisfecho con bienes. La entrega la acuerda el órgano de contratación e implica por sí sola la baja en inventario y, en su caso, la desafectación. Ese importe se valora en la adjudicación y debe consignarse expresamente en las ofertas.

Artículo 303. Facultades de la Administración en el proceso de fabricación

La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato. Puede ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

Artículo 304. Gastos de entrega y recepción

Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes del suministro al lugar convenido son de cuenta del contratista. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos, se hace constar así en el acta de recepción y se dan al contratista las instrucciones precisas para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

Artículo 305. Vicios o defectos durante el plazo de garantía

Si en el plazo de garantía se acreditan vicios o defectos, la Administración puede reclamar al contratista la reposición de los bienes inadecuados o su reparación si fuese suficiente; el contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes. Si el órgano de contratación estima que no son aptos para el fin pretendido por vicios imputables al contratista y se presume que reponer o reparar no bastará, puede rechazarlos antes de expirar el plazo, quedando exento de pago o recuperando el precio. Sin reparos ni denuncia al terminar el plazo, el contratista queda exento.

Artículo 306. Causas de resolución

Además de las causas generales, el contrato de suministro se resuelve por: a) el desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de su iniciación por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses desde la fecha señalada en el contrato para la entrega; b) el desistimiento una vez iniciada la ejecución o la suspensión del suministro por plazo superior a ocho meses acordada por la Administración. En ambos casos, salvo que en el pliego se señale otro plazo menor.

Artículo 307. Efectos de la resolución

La resolución del suministro da lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos realizados; cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, esta abona el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. En los supuestos de la letra a) del artículo anterior, el contratista solo tiene derecho a una indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación, IVA excluido. En los de la letra b), al 6 por ciento del precio de adjudicación de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.

Artículo 308. Contenido y límites

Salvo que los pliegos o el documento contractual dispongan otra cosa, los servicios que desarrollen productos protegidos por propiedad intelectual o industrial llevan aparejada su cesión a la Administración contratante; aun excluida, el órgano de contratación podrá autorizar su uso al sector público. No cabe instrumentar la contratación de personal mediante contratos de servicios, incluidos los menores, ni consolidar a quienes hicieron los trabajos. En aplicaciones informáticas el objeto puede definirse por componentes. Proyecto y dirección de obra pueden contratarse juntos, motivándolo.

Artículo 309. Determinación del precio

El pliego de cláusulas administrativas fija el sistema de precio de los servicios: componentes de la prestación, unidades de ejecución o de tiempo, tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, honorarios por tarifas o una combinación. Con unidades de ejecución, y si el pliego lo establece, no es modificación la variación del número de unidades realmente ejecutadas, que puede recogerse en la liquidación si no supone un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. En servicios complejos con inversión inicial cabe una retribución que compense.

Artículo 310. Régimen de contratación para actividades docentes

En los contratos de actividades docentes en centros del sector público (cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración, seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o actividades similares), siempre que las realicen personas físicas, la Ley no se aplica a la preparación y adjudicación. Puede establecerse el pago parcial anticipado, previa constitución de garantía por el contratista, sin que pueda autorizarse su cesión. Para acreditar la existencia del contrato basta la designación o nombramiento por autoridad competente.

Artículo 311. Ejecución, responsabilidad del contratista y cumplimiento de los contratos de servicios

El contrato se ejecuta con sujeción a su clausulado y a los pliegos y según las instrucciones del responsable del contrato, si se hubiere designado; en otro caso, de los servicios dependientes del órgano de contratación. El contratista responde de la calidad técnica y de las consecuencias de omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas. La Administración puede rechazar la prestación con vicios imputables al contratista y, en garantía, reclamar la subsanación. Los contratos de mera actividad o de medios se extinguen por el cumplimiento del plazo o de las prórrogas.

Artículo 312. Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía

En los servicios con prestaciones directas a la ciudadanía: a) antes de contratar debe fijarse su régimen jurídico, que declare la actividad asumida como propia por la Administración; b) el adjudicatario presta el servicio con continuidad, cuida de su buen orden e indemniza los daños a terceros, salvo los imputables a la Administración; c) los bienes afectos no pueden embargarse; d) cabe secuestro o intervención ante perturbación grave; e) la Administración conserva los poderes de policía; f) con carácter general, se presta en dependencias diferenciadas; g) causas de resolución añadidas.

Artículo 313. Causas y efectos de la resolución

Además de las generales, son causas de resolución de los servicios: a) desistimiento antes de iniciar la prestación o suspensión de la iniciación, por causa imputable al órgano de contratación, por más de cuatro meses; b) desistimiento una vez iniciada o suspensión por más de ocho meses acordada por este; ambas, salvo plazo menor en el pliego; c) los complementarios se resuelven, en todo caso, al resolverse el principal. El contratista percibe el precio de lo realizado y recibido. En a) y c), 3 por ciento del precio de adjudicación; en b), 6 por ciento de lo dejado de prestar; IVA excluido.

Artículo 314. Subsanación de errores y corrección de deficiencias

Si el contrato consiste en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de contratación exige al contratista subsanar los defectos imputables en un plazo no superior a dos meses. Si no se corrigen, la Administración opta entre resolver (incautación de la garantía e indemnización del 25 por ciento del precio) o dar un nuevo plazo de un mes improrrogable (penalidad del 25 por ciento). Otro incumplimiento: resolución, indemnización igual al precio pactado y pérdida de la garantía. La renuncia antes del último plazo: indemnización de la mitad del precio y pérdida de la garantía.

Artículo 315. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto

Si el presupuesto de la obra se desvía en más de un 20 por ciento, por exceso o por defecto, del coste real por errores u omisiones imputables al contratista consultor, se minora el precio del proyecto: desviación de más del 20 y menos del 30, indemnización del 30 por ciento; de más del 30 y menos del 40, del 40; de más del 40, del 50, IVA excluido. Se abona en un mes desde la notificación de la resolución. Además responde de los daños por defectos del proyecto: 50 por ciento de su importe, hasta cinco veces el precio pactado, exigible en diez años desde la recepción.

Artículo 1. Objeto

El Decreto desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cinco materias: a) órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades del sector público andaluz dependientes o vinculadas a ella con competencias en contratación; b) Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía; c) Registro de Contratos de la Junta de Andalucía; d) contratación de obras, bienes y servicios homologados; e) otras disposiciones de desarrollo de esa Ley.

Artículo 2. Órganos de contratación

Consejerías: su titular es el órgano de contratación y celebra en su nombre los contratos de asuntos propios de la Consejería, salvo cuando, con arreglo a la ley, celebrarlos o autorizarlos corresponda al Consejo de Gobierno. Agencias: los que determinen sus estatutos. Entidades con independencia funcional o especial autonomía: su normativa específica. Sociedades mercantiles y fundaciones: la capacidad para contratar de sus representantes se rige por sus estatutos y el derecho privado aplicable. Consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007: sus estatutos.

Artículo 3. Competencias del Consejo de Gobierno

En los casos previstos legalmente, necesitan autorización del Consejo de Gobierno para celebrar contratos los titulares de las Consejerías y los órganos de contratación de agencias, entidades de la adicional segunda de la Ley 9/2007, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del artículo 12.3. Se obtiene antes de aprobar el expediente y lleva implícita la aprobación del gasto. También autoriza la modificación que sea causa de resolución y la resolución. Excepcionalmente autoriza contratar con no clasificados, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública.

Artículo 4. Otras competencias de las personas titulares de las Consejerías y de las entidades

Además de ser órganos de contratación, los titulares de las Consejerías: a) acuerdan la continuación provisional de las obras cuando la modificación exija suspender la ejecución y ello cause graves perjuicios al interés público (en agencias y entidades de la adicional segunda, sus órganos de contratación); b) dan cuenta al Consejo de Gobierno, en dos meses como máximo, del acuerdo de tramitación de emergencia; c) fijan la cuantía a partir de la cual las agencias dependientes necesitan su autorización; d) declaran los contratos secretos o reservados, sin posibilidad de delegación.

Artículo 5. Órganos colegiados de asistencia a los órganos de contratación

Mesas de contratación y comités de expertos asisten al órgano de contratación. La mesa valora las ofertas y propone la adjudicación; es potestativa en los negociados sin anuncio de licitación (salvo imperiosa urgencia) y en los del artículo 159.6. La integran la Presidencia (nivel al menos de Jefatura de Servicio), al menos cuatro vocales y la Secretaría, con voz y voto. Su composición se publica en el perfil de contratante con siete días de antelación mínima. El personal técnico asiste con voz y sin voto. No pueden formar parte los cargos públicos representativos ni el personal eventual.

Artículo 6. Funcionamiento de las Mesas de contratación

Para la válida constitución de la Mesa deben estar presentes la mayoría absoluta de los miembros o sus suplentes y, en todo caso, las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría y los dos vocales con funciones de asesoramiento jurídico y de control económico-presupuestario del órgano. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos. El funcionamiento se ajusta a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007 y al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, en lo que constituya legislación básica.

Artículo 7. Funciones de las Mesas de contratación

En el abierto la Mesa califica la documentación general y la garantía provisional, comunicando los defectos subsanables; determina los excluidos; abre las proposiciones en acto público; las valora y clasifica en orden decreciente; tramita las anormales o desproporcionadas, y propone la adjudicación, que se declare desierta la licitación o el desistimiento. En el restringido examina la documentación, y la selección de solicitantes corresponde al órgano de contratación, que puede delegarla en la Mesa en el pliego. En el negociado, cuando interviene, califica, valora y propone la adjudicación.

Artículo 8. Composición de la Mesa de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo

En los procedimientos de diálogo competitivo, además de los miembros especificados en el artículo 5.2 del Decreto, son vocales de la Mesa de contratación, con voz y voto, las personas especialmente cualificadas en la materia que constituya el objeto del contrato. Las designa el órgano de contratación y su número no puede ser inferior a un tercio de los componentes de la Mesa.

Artículo 9. Funciones de la Mesa de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo

En el diálogo competitivo la Mesa: a) elabora, antes de iniciar cualquier expediente de contrato de colaboración entre el sector público y el privado, el documento de evaluación previa; b) examina la documentación administrativa al seleccionar candidaturas; c) sus miembros con competencia técnica pueden asistir al órgano de contratación, a petición de este; d) determina el número de soluciones a examinar en la fase siguiente; e) propone declarar el fin del diálogo; f) valora y clasifica las proposiciones; g) requiere aclaraciones sobre la oferta más ventajosa; h) propone la adjudicación.

Artículo 10. Composición de la Mesa de contratación en los concursos de proyectos

En los concursos de proyectos la Mesa se constituye en Jurado, integrado por los miembros especificados en el artículo 5.2 y hasta cinco vocales más, con voz y voto, designados por el órgano de contratación entre personas de notoria competencia en la materia objeto del concurso. Los miembros del Jurado son personas físicas independientes de los participantes. Si a estos se les exige una determinada cualificación o experiencia, al menos una tercera parte de los miembros del Jurado debe poseer la misma u otra equivalente.

Artículo 11. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción

El Registro de Licitadores inscribe y acredita, salvo prueba en contrario, ante los órganos de contratación del sector público de la Junta, de las entidades locales andaluzas y de sus entes dependientes, las condiciones de aptitud para contratar y la concurrencia o no de prohibiciones de contratar. Se inscriben personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia y clasificación. Es único, está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y su contenido se prueba con certificación del Servicio que lo gestiona.

Artículo 12. Finalidad y funciones

El Registro de Licitadores tiene como finalidad facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos de contratación. Sus funciones son cinco: inscribir a las empresas y profesionales que lo soliciten y reúnan los requisitos del Decreto, así como las prohibiciones de contratar; emitir las certificaciones de inscripción; modificar y actualizar los datos y, en su caso, suspender o cancelar la inscripción; custodiar la documentación aportada; y facilitar información sobre quienes estén incursos en prohibiciones de contratar.

Artículo 13. Gestión electrónica

El Registro de Licitadores se gestiona por medios electrónicos, en los términos que regule una Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. Aun así, las personas interesadas tienen derecho a elegir en todo momento si emplean o no medios electrónicos para relacionarse con el órgano al que está adscrito el Registro. Los datos inscribibles constan en formato electrónico y los documentos en papel podrán digitalizarse con garantías de autenticidad, integridad y conservación. El acceso a la tramitación electrónica se hace a través del portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 14. Clases de inscripciones

Las inscripciones en el Registro pueden ser voluntarias u obligatorias. Es obligatoria la inscripción de las prohibiciones de contratar declaradas por la Administración de la Junta de Andalucía, por las entidades locales andaluzas y, en su caso, por las demás entidades del ámbito subjetivo del Registro de Licitadores, en los casos del artículo 50.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. En todos los casos no previstos ahí la inscripción es voluntaria.

Artículo 15. Práctica de la inscripción de las prohibiciones de contratar

La Dirección General competente en materia de Patrimonio inscribe de oficio las prohibiciones de contratar del artículo 50.4 de la Ley 30/2007 cuya declaración corresponda a la Junta, a las entidades locales andaluzas y al resto de entidades del ámbito del Registro; los órganos gestores de contratación deben comunicar al Registro las sanciones y resoluciones firmes. Las acordadas por resolución judicial o del titular del Ministerio de Economía y Hacienda se inscriben y publican al recibirse su comunicación. La inscripción expresa fecha, causa legal, duración y extensión de efectos.

Artículo 16. Efectos de la inscripción de las prohibiciones de contratar

Las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49.1.e) y 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, declaradas por la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, por las entidades comprendidas en el ámbito subjetivo del Registro de Licitadores, no producen efectos hasta que consten en el Registro de Licitadores.

Artículo 17. Datos a inscribir en el Registro de Licitadores y carácter voluntario de la inscripción

Pueden solicitar la inscripción las personas físicas empresarias o profesionales y las jurídicas, nacionales o extranjeras. Datos: personalidad y capacidad de obrar (personas jurídicas), facultades de representantes o apoderados, autorizaciones o habilitaciones profesionales, solvencia, clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y documentación complementaria. La inscripción es voluntaria y cada cual decide qué datos refleja, pero la clasificación exige que consten los de los párrafos a) y c), y los de b), c) y d) exigen los de personalidad y capacidad de obrar.

Artículo 18. Solicitud de inscripción en el Registro de Licitadores

La solicitud de inscripción voluntaria se dirige a la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, en el modelo del Anexo I, con: ficha del licitador (Anexo II), certificación de no estar incurso en incompatibilidad o prohibición (Anexo III), documentación acreditativa y declaración responsable (Anexo IV). Puede presentarse por medios electrónicos, con copias digitalizadas garantizadas con firma electrónica reconocida, o no electrónicos, con original, copia auténtica o compulsada, o fotocopia con declaración responsable de autenticidad.

Artículo 19. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y representación

Las personas jurídicas acreditan su capacidad de obrar con las escrituras o documentos de constitución inscritos y el NIF; las físicas, con DNI, NIF o NIE, o consintiendo la consulta de su identidad. La representación se acredita con escrituras de apoderamiento bastanteadas por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y la identificación de cada representante (o autorización del Anexo V). Los extranjeros comunitarios aportan documentos fehacientes de su inscripción en el Registro procedente; los no comunitarios, documentación según su país con certificación de la oficina consular.

Artículo 20. Documentación complementaria

La solvencia puede acreditarse con los documentos de los artículos 64 al 68 de la Ley 30/2007 o con la certificación de clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Caben también habilitaciones profesionales, certificados de calidad y de gestión medioambiental, la declaración sobre el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla y, para constructoras, la inscripción en su Registro de Empresas Acreditadas. Las certificaciones tributarias y de Seguridad Social actualizan datos en seis meses desde su expedición; el justificante del IAE, en un año.

Artículo 21. Subsanación, resolución y certificación de inscripción

Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al solicitante para que subsane en diez días, o se le tendrá por desistido. Resuelve, por resolución motivada, la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, que asigna un número registral en caso de inscripción. El plazo para resolver y notificar es de tres meses; sin resolución expresa notificada, podrá entenderse estimada. La resolución se notifica junto con la certificación de inscripción y contra ella cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 22. Efectos de la inscripción voluntaria

La inscripción permite sustituir la documentación del artículo 130.1 de la Ley 30/2007 por una certificación del Registro y una declaración responsable (Anexo VI) de que las circunstancias no han variado. Los órganos de contratación de la Junta y sus entidades con acceso al Registro incorporan de oficio la certificación en todo caso; el resto, si el pliego o el anuncio lo prevén. La manifestación se reitera, en caso de adjudicación, al formalizar el contrato. La certificación es electrónica, o en papel si se opta por la comunicación no electrónica. La inscripción tiene eficacia indefinida.

Artículo 23. Obligaciones de las empresas y profesionales licitadores inscritos

Los licitadores inscritos deben comunicar al Registro de Licitadores, en diez días desde su eficacia, cualquier modificación de los datos inscritos, con la documentación acreditativa; mantener actualizados los datos que puedan perder vigencia y comunicar las circunstancias que prohíben contratar. La solicitud sigue el modelo del Anexo VII. Tras la modificación se expide y notifica nueva certificación. La información incorrecta o la falta de comunicación cancela los asientos afectados; la omisión con dolo, culpa o negligencia, o la falsedad, acarrea prohibición de contratar.

Artículo 24. Competencias relativas a la modificación y rectificación de los datos

La Dirección General competente en materia de Patrimonio vela por la veracidad y exactitud de los datos del Registro de Licitadores: puede recabar información de los inscritos y de los registros públicos y rectificar o cancelar de oficio asientos cuando se acredite que no se corresponden con la realidad. Los órganos competentes en materia de contratación deben comunicar al Registro las modificaciones de datos inscritos de que tengan constancia. La rectificación de oficio la realiza el órgano al que está adscrito el Registro, previa audiencia del inscrito.

Artículo 25. Suspensión y cancelación de la inscripción

La suspensión de la inscripción procede de oficio, por el órgano del que depende el Registro, cuando se incurre en prohibición de contratar, y se mantiene mientras dure la causa. La Dirección General competente en materia de Patrimonio cancela la inscripción por: a) falta de actualización de datos; b) muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, o extinción de la personalidad jurídica, fusión o absorción de la empresa; c) incumplimiento de los requisitos de inscripción; d) solicitud del interesado (Anexo VII). En a), b) y c), previo expediente con audiencia.

Artículo 26. Acceso al Registro de Licitadores

El Registro de Licitadores es público para quienes tengan interés legítimo en conocer su contenido; el acceso se rige por el artículo 37 de la Ley 30/1992. Sus datos pueden consultarlos los órganos de contratación del sector público andaluz mencionados en el artículo 11.1. Las empresas y profesionales afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Los datos personales quedan sujetos, en todo caso, a las limitaciones de difusión y a la tutela de la Ley Orgánica 15/1999 y su Reglamento (Real Decreto 1720/2007).

Artículo 27. Colaboración

El Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía colabora, en el desarrollo de su actividad, con el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y con los Registros de Licitadores de otras Comunidades Autónomas. Además, facilita a otras Administraciones Públicas la información que precisen para el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con el artículo 307 de la Ley 30/2007.

Artículo 28. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción

El Registro de Contratos inscribe los datos básicos de los contratos adjudicados por los órganos de contratación de la Administración de la Junta, sus entidades instrumentales públicas y privadas, los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 y las entidades vinculadas; también modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción. Es obligatorio inscribir los contratos administrativos o privados, incluso sin pago de precio, y los patrimoniales. Es único y está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio.

Artículo 29. Finalidad y funciones

El Registro de Contratos es el sistema oficial central de información sobre la contratación de la Administración de la Junta y de las entidades del artículo anterior: soporte para el conocimiento, análisis e investigación, la estadística, las obligaciones de información y la difusión pública. Funciones: a) elaborar la memoria anual, que examina y valora la Comisión Consultiva de Contratación Pública; b) confeccionar las relaciones estadísticas; c) suministrar información a los órganos de contratación; d) comunicar los datos básicos al Registro de Contratos del Sector Público del Estado.

Artículo 30. Supuestos de exclusión

Como regla, no se inscriben en el Registro de Contratos los negocios, contratos y relaciones jurídicas del artículo 4.1 de la Ley 30/2007. Hay dos salvedades: sí se inscriben los contemplados en los párrafos o) y p) de dicho artículo y, en aquellos casos en que sea obligatorio por otras disposiciones, los referidos en los párrafos c) y d).

Artículo 31. Registro de los datos relativos a los contratos

Los órganos gestores de la contratación deben haber registrado los datos básicos de los contratos adjudicados a través del Sistema Integrado Júpiter, a medida que se tramite el expediente en sus fases contables y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la formalización. Las entidades que no usan Júpiter en su gestión económica inscriben por medios electrónicos, en dos meses desde la formalización. Se sigue el modelo del Anexo VIII. La Dirección General competente en materia de Patrimonio puede recabar otros datos y documentos de los expedientes.

Artículo 32. Acceso al Registro de Contratos

La Dirección General competente en materia de Patrimonio, a la que está adscrito el Registro de Contratos, tiene acceso a la totalidad de la aplicación informática, centraliza la información y la procesa. Los órganos gestores de la contratación acceden únicamente a los datos de los contratos cuyos expedientes hayan tramitado, aunque pueden solicitar información sobre otros contratos inscritos. El Registro facilita acceso electrónico a los órganos de la Junta y sus entidades vinculadas o dependientes que lo precisen, en particular a los de fiscalización del gasto o inspección de tributos.

Artículo 33. Exactitud de los datos y subsanación de errores

La información inscrita en el Registro de Contratos debe ser veraz, exacta y completa en función del expediente de contratación, conforme a las circulares o instrucciones de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. Si se observan insuficiencias o defectos en los datos inscritos, esa Dirección General lo pone en conocimiento del órgano gestor de la contratación correspondiente, al objeto de que se adopten las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas.

Artículo 34. Obras, bienes y servicios homologados

Para racionalizar la adjudicación puede declararse la necesaria uniformidad de obras, bienes y servicios. Las empresas y sus bienes y servicios, una vez seleccionados, son homologados; la homologación de obras se desarrolla por Orden de Hacienda. La Administración de la Junta y sus agencias administrativas están obligadas a contratar lo homologado. Las entidades del apartado 5 (así, Universidades públicas y entidades locales) pueden adherirse por convenio con Hacienda. Una Orden de Hacienda, previo informe de la Comisión Central de Homologación, puede obligar a las entidades del apartado 6.

Artículo 35. Órganos con competencias en materia de bienes y servicios homologados

Tres órganos tienen competencias en bienes y servicios homologados: la persona titular de la Consejería competente en Hacienda, la Dirección General competente en Patrimonio y la Comisión Central de Homologación. A la persona titular de la Consejería le corresponde iniciar de oficio y resolver los procedimientos de homologación en el ámbito de la Junta, sin perjuicio del artículo 43. A la Dirección General, declarar la necesaria uniformidad, tramitar la selección, elaborar, publicar y actualizar el Catálogo y aprobar las instrucciones. A la Comisión, las competencias del artículo 40.

Artículo 36. Declaración de necesaria uniformidad de bienes y servicios

La declaración de necesaria uniformidad de bienes y servicios se hace por resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, que determina el tipo de bien o servicio, y se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, a iniciativa en su caso de las entidades del artículo 34.4 y 5, pueden proponer a esa persona titular la declaración respecto de los bienes y servicios que precisen para el ejercicio de sus específicas competencias.

Artículo 37. Sistemas de selección de bienes y servicios homologados

Los bienes y servicios homologados se seleccionan por los sistemas de racionalización técnica de la contratación pública del Título II del Libro III de la Ley 30/2007. El resultado de la selección comprende las características de los bienes y servicios, sus precios unitarios y las empresas con las que podrán celebrarse los contratos; esos bienes y servicios integran el Catálogo. En el supuesto del artículo 36.2, las Secretarías Generales Técnicas pueden proponer, para su aprobación por la Dirección General de Patrimonio, las especificaciones y criterios de valoración técnicos.

Artículo 38. Contratación de bienes y servicios homologados

Una vez homologados, los bienes y servicios se contratan por las Consejerías y entidades del artículo 34.4 y 5 mediante los procedimientos de los sistemas de racionalización técnica de la Ley 30/2007. Solo pueden contratarse los homologados, con las empresas incluidas en el Catálogo, y los órganos de contratación deben comunicar la contratación a la Dirección General de Patrimonio antes de la formalización del pago. Las empresas homologadas están obligadas a celebrar los contratos con todos los órganos y entidades que lo soliciten, ajustándose a los términos y especificaciones establecidos.

Artículo 39. Comisión Central de Homologación

La Comisión Central de Homologación es un órgano colegiado adscrito a la Dirección General competente en Patrimonio. La preside la persona titular de la Dirección General de coordinación de la contratación pública; la Vicepresidencia es de la Subdirección General, Coordinación o equivalente de esa Dirección General. La integran además un letrado del Gabinete Jurídico, un representante de la Intervención General y la Secretaría (persona funcionaria de Patrimonio, al menos jefatura de servicio, con voz y voto). A la Presidencia la suple la Vicepresidencia. Caben comisiones técnicas.

Artículo 40. Funciones de la Comisión Central de Homologación

La Comisión Central de Homologación tiene cinco funciones: las propias de Mesa de Contratación en los procedimientos de selección de empresas y bienes y servicios homologados; autorizar la contratación de bienes o servicios declarados de necesaria uniformidad pero no homologados, o que por la peculiaridad de la necesidad deban contratarse fuera del Catálogo; proponer instrucciones a Patrimonio; informar con carácter vinculante la declaración de necesaria uniformidad y los procedimientos de selección en Consejerías distintas de Hacienda; y asistir en materia de homologación.

Artículo 41. Funcionamiento de la Comisión Central de Homologación

El funcionamiento de la Comisión Central de Homologación se ajusta a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en lo que constituya legislación básica. Además, en virtud del artículo 89.1.c) de la Ley 9/2007, la Comisión puede aprobar sus propias normas de funcionamiento.

Artículo 42. Autorización de la Comisión Central de Homologación para contratar fuera de la homologación

La autorización de la Comisión para los supuestos del artículo 40.b) la solicita la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería que pretenda contratar o de la que dependa la agencia administrativa. Se acompaña de memoria justificativa, cuantía o presupuesto, proyecto de pliego de prescripciones técnicas y, en bienes y servicios informáticos, informe favorable de la Consejería de política informática. Los servicios técnicos de Patrimonio informan. La Comisión otorga o deniega en tres meses desde la recepción de la solicitud; sin contestación, se entiende otorgada.

Artículo 43. Homologación de bienes y servicios en el ámbito de otras Consejerías

Las Consejerías, en el ámbito de sus competencias, pueden homologar bienes y servicios de su específica utilización. La declaración de necesaria uniformidad la realizan los órganos gestores de la contratación de las Consejerías, y la iniciación de oficio y la resolución de los procedimientos de selección corresponden a las personas titulares de las Consejerías; en ambos casos, previo informe favorable de la Comisión Central de Homologación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.d).

Artículo 44. Adquisición de vehículos

Para adjudicar los contratos de suministro de vehículos homologados hace falta la autorización previa de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. Además, la adjudicación debe ajustarse a las instrucciones que dicte la persona titular de ese centro directivo.

Artículo 45. Suministro de bienes y servicios informáticos homologados

En el suministro de bienes y servicios informáticos homologados cuenta la distribución competencial entre Consejerías en materia de política informática. Tres reglas: a) el centro directivo correspondiente de la Consejería competente en esa materia informa con carácter vinculante los procedimientos de declaración de necesaria uniformidad; b) en los sistemas de racionalización, una persona en representación de esa Consejería, que será miembro de la Comisión Central de Homologación, participa en la valoración técnica; c) el informe vinculante no sustituye a la autorización de la Comisión.

Artículo 46. Suspensión de la homologación

La Dirección General competente en materia de Patrimonio puede suspender la homologación de un bien o servicio, de un grupo o de alguna empresa. Inicia de oficio y resuelve previa audiencia de la empresa; se publica en el Catálogo. Motivos: actualización o revisión del Catálogo, incumplimiento o cumplimiento defectuoso, prohibición de contratar sobrevenida y casos específicos de los pliegos. Efecto: pérdida temporal de la condición. Se recupera al desaparecer la causa, por resolución de la persona titular de esa Dirección General. Los períodos por distintas causas se acumulan.

Artículo 47. Colaboración con otras Administraciones Públicas

La Administración de la Junta de Andalucía colaborará con otras Administraciones Públicas en relación con los bienes y servicios homologados. Para ello podrá: a) establecer intercambios de información sobre la nueva aparición en el mercado de productos de tecnología más cualificada; b) facilitar información sobre los niveles de comportamiento de las empresas en la ejecución de sus compromisos contractuales, con especial referencia al servicio postventa; c) facilitar una mutua comunicación sobre los precios alcanzados, que permita perfeccionar los mecanismos contractuales.

Artículo 48. Pliegos de cláusulas administrativas generales

Los pliegos de cláusulas administrativas generales se aprueban por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública y del Gabinete Jurídico y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Para tecnologías de la información: Orden de Hacienda y, en su caso, conjunta con la Consejería de política informática. Se publican en el BOJA y en la plataforma de contratación. La Comisión Consultiva informa con carácter previo los pliegos particulares con estipulaciones contrarias a los generales.

Artículo 49. Modelos de Pliegos de cláusulas administrativas particulares

La Comisión Consultiva de Contratación Pública podrá recomendar a los órganos de contratación la utilización de modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares. Esos modelos han de estar previamente informados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y aprobados por los órganos de contratación. Los pliegos particulares que se ajusten al contenido de los modelos no requerirán nuevo informe del Gabinete Jurídico.

Artículo 50. Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía

Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se adoptan las disposiciones y medidas para gestionar la plataforma electrónica de contratación de la Junta, cauce de publicidad por internet que incluye el perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta, entidades instrumentales, consorcios y entidades vinculadas. La plataforma debe tener un dispositivo que acredite fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública. Hacienda integrará, previo convenio en su caso, otras instituciones y entidades del sector público de Andalucía.

Artículo 51. Sistema informático para la tramitación electrónica de los expedientes de contratación

La Consejería competente en materia de Hacienda implantará un sistema informático para la planificación y gestión de la tramitación electrónica de los expedientes de contratación que lleven a cabo los órganos gestores de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales y vinculadas. Su utilización será obligatoria para esos órganos a partir de la implantación efectiva del sistema. Objeto: garantizar los principios de homogeneidad, integridad y seguridad jurídica en la tramitación electrónica de dichos expedientes.

Artículo 52. Homogeneidad de los procedimientos de adjudicación establecidos en las instrucciones de ámbito interno

La Consejería competente en materia de Hacienda garantiza la homogeneidad de los procedimientos de adjudicación de las instrucciones internas: las del artículo 175 de la Ley 30/2007, para entidades del sector público andaluz que sean poderes adjudicadores sin carácter de Administración Pública, cuando adjudiquen contratos no sujetos a regulación armonizada; y las del 176, para las restantes, que no son poderes adjudicadores. Aprobarlas requiere informe previo del Gabinete Jurídico. Se ponen a disposición de las empresas y profesionales interesados y se publican en el perfil de contratante.

Artículo 53. Medidas para promover la igualdad de género

1) La Administración de la Junta podrá establecer condiciones especiales de ejecución para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. 2) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalarán la preferencia en la adjudicación a empresas que, al acreditar su solvencia técnica, tengan la marca de excelencia en igualdad o medidas de igualdad duraderas y efectivas, si su proposición iguala a las más ventajosas. 3) No se formalizarán contratos con empresas sancionadas o condenadas en firme por alentar o tolerar prácticas laborales discriminatorias.

Artículo 54. Medidas para promover el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

Los órganos de contratación de la Administración de la Junta señalarán, en los pliegos de prescripciones técnicas, la normativa vigente de prevención de riesgos laborales específicamente aplicable al objeto del contrato. Esos pliegos podrán fijar los requisitos básicos de prevención que deben cumplir los bienes y servicios, para que sean seguros y adecuados en su uso, y podrán incorporar especificaciones técnicas de seguridad y salud laboral vinculadas con la fabricación del producto suministrado o utilizado en el servicio u obra contratada o que deba incluirse en el diseño proyectado.

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 1. Creación, competencias y adscripción

Se crea el Tribunal como órgano especializado con plena independencia funcional, competente en la Junta y sus entidades instrumentales que sean poderes adjudicadores para resolver recursos especiales en materia de contratación y cuestiones de nulidad, reclamaciones en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales, recursos de contratos de seguridad pública, decidir sobre medidas provisionales o cautelares pedidas antes del recurso, y lo que le atribuya la normativa europea o estatal básica. Se adscribe orgánicamente a la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 2. Composición

El Tribunal lo forman la Presidencia y cuatro Vocales, ampliables por Decreto del Consejo de Gobierno si el volumen de asuntos lo aconseja. Los nombra el Consejo de Gobierno por Acuerdo, a propuesta de la Consejería competente en Hacienda, entre funcionarios de carrera con Derecho y más de quince años de actividad (Presidencia) o diez (Vocalías). El mandato es de cinco años, renovable una vez, con prórroga hasta la toma de posesión de los nuevos. Los puestos se proveen por libre designación. Rige la representación equilibrada.

Artículo 3. Causas y procedimiento de cese y suspensión en el ejercicio del cargo

Presidencia y Vocales son independientes e inamovibles y solo cesan por: expiración del mandato, renuncia aceptada por el Consejo de Gobierno, pérdida de la nacionalidad española, incumplimiento grave, condena firme a pena privativa de libertad o inhabilitación por delito, o incapacidad sobrevenida. En los dos primeros, el cese se formaliza por Decreto del Consejo de Gobierno. En los demás, la remoción la acuerda el Consejo de Gobierno tras un procedimiento con informe del Gabinete Jurídico y audiencia; la resolución debe dictarse y notificarse en tres meses desde la iniciación.

Artículo 4. Secretaría

El Tribunal está asistido por la persona titular de la Secretaría, que actúa con voz y sin voto. El puesto se provee por los sistemas de provisión de la normativa de función pública, entre funcionarios del Grupo A, Subgrupo A1, de la Junta de Andalucía, con licenciatura o grado en Derecho y antigüedad superior a tres años.

Artículo 5. Funciones de la Presidencia

La Presidencia del Tribunal: ostenta su representación; ejerce las competencias de la presidencia de órganos colegiados del artículo 93.1 de la Ley 9/2007; acuerda el reparto de asuntos entre las Vocalías y la propia Presidencia; prepara la propuesta de resolución de los asuntos que tenga asignados y hace su ponencia ante los demás miembros; dirige la organización y gestión del Tribunal; y cualquier otra que le atribuyan las disposiciones.

Artículo 6. Funciones de las Vocalías

Las personas titulares de las Vocalías: ejercen las competencias que el artículo 94.1 de la Ley 9/2007 atribuye a las Vocalías de los órganos colegiados; preparan la propuesta de resolución de los asuntos que tengan asignados y hacen la ponencia ante los restantes miembros del Tribunal, debidamente convocados; y ejercen cualquier otra función que les atribuyan las disposiciones o les asigne la Presidencia.

Artículo 7. Funciones de la Secretaría

La persona titular de la Secretaría: ejerce las competencias que el artículo 95.2 de la Ley 9/2007 atribuye a la Secretaría de los órganos colegiados; coordina al personal adscrito al Tribunal en la tramitación de los procedimientos; custodia la documentación del Tribunal; y ejerce cualquier otra función que le atribuyan las disposiciones o le asigne la Presidencia.

Artículo 8. Funcionamiento

El Tribunal se rige por el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007 y la normativa de órganos colegiados de la Ley 40/2015. Se divide en al menos dos Secciones, presididas por la Presidencia (delegable en un Vocal de la Sección), creadas por acuerdo de la Presidencia. Ante ausencia temporal de Presidencia o Vocalías, el Consejo de Gobierno puede designar suplentes; si no lo hace para la Presidencia, la sustituye el Vocal de mayor antigüedad en el órgano y edad. Puede asistir personal experto con voz sin voto y aprobar normas de régimen interno.

Artículo 9. Régimen de personal y medios materiales

El Tribunal dispone del personal de la relación de puestos de trabajo aprobada a propuesta de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública, y de los medios materiales que le asigne la Consejería competente en materia de Hacienda. Su personal funcionario se provee por el procedimiento aplicable al personal funcionario de la Junta de Andalucía.

Artículo 10

Artículo 11. Convenios con el Parlamento de Andalucía, las Instituciones de autogobierno del Capítulo VI del Título IV del Estatuto de Autonomía y con las Universidades Públicas

Previa celebración del oportuno convenio, el Tribunal puede resolver los recursos y cuestiones de nulidad del artículo 1.1.a) contra actos de contratación del Parlamento de Andalucía, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Económico y Social de Andalucía. El convenio se celebra con la persona titular de la Consejería competente en Hacienda y fija cómo se sufragan los gastos. Lo mismo vale para las Universidades Públicas de Andalucía.

Artículo 1. Naturaleza y ámbito

La Comisión Consultiva de Contratación Pública es el órgano colegiado consultivo específico en contratación del sector público de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades vinculadas, dependientes o de su titularidad sujetas a la legislación de contratos. Está adscrita a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería competente en materia de Hacienda. Además pueden consultarla las entidades locales andaluzas, las universidades públicas andaluzas y las organizaciones empresariales con representatividad en Andalucía.

Artículo 2. Funciones

La Comisión informa sobre cualquier asunto de contratación del sector público y, con carácter preceptivo, sobre: anteproyectos de ley y proyectos reglamentarios de contratación; pliegos generales antes de su aprobación; pliegos particulares contrarios a los generales; y contratos con no clasificados, antes de que el Consejo de Gobierno autorice la exención. Además: informa sobre bajas temerarias si lo pide el órgano de contratación, formula recomendaciones, valora la memoria anual, propone al titular de Hacienda la resolución sobre prohibición de contratar y elabora normas e instrucciones.

Artículo 3. Estructura y representación equilibrada

Los órganos de la Comisión Consultiva de Contratación Pública son cuatro: el Pleno, la Comisión Permanente, la Presidencia y la Secretaría General. En el Pleno y en la Comisión Permanente deben observarse las normas de representación equilibrada de mujeres y hombres del artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6. Competencias del Pleno y de la Comisión Permanente

El Pleno emite los informes preceptivos del párrafo b) del artículo 2.1 y, en el caso del párrafo a), solo cuando los anteproyectos de ley o proyectos de reglamento tengan por objeto específico regular la contratación del sector público y no solo un aspecto relacionado con ella. También conoce de los asuntos y expedientes que, por su especial trascendencia, le eleve la Comisión Permanente. La Comisión Permanente conoce de todos los asuntos que no correspondan al Pleno.

Artículo 7. Presidencia de la Comisión Consultiva de Contratación Pública

La Presidencia tiene las funciones que el artículo 93 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, atribuyen a la presidencia de los órganos colegiados, y dirime con su voto los empates. En vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente es sustituido por el Vicepresidente y, en su defecto, por el miembro representante de la Administración de la Junta de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

Artículo 8. Vocales y asesores

Los vocales del Pleno y de la Comisión Permanente deben tener especial preparación y competencia en gestión de contratación del sector público. Las Consejerías, agencias y entidades con mayor volumen de contratación a que se refieren los artículos 4.1.j) y 5.1.f) son las que resulten de la memoria anual sobre contratación, elaborada con los datos del Registro de Contratos. A las reuniones pueden asistir, con voz y sin voto, los asesores técnicos necesarios, designados por la Presidencia.

Artículo 9. Secretaría General

Corresponde a la Secretaría General: dar soporte técnico y administrativo a los órganos de la Comisión; gestionar el Registro de Contratos y elaborar con sus datos la memoria anual sobre contratación; preparar la información de los asuntos; estudiar y elaborar las propuestas de acuerdos del Pleno y la Comisión Permanente; asistir con voz y voto a sus reuniones; impulsar y ejecutar los acuerdos; gestionar el archivo; y las demás que el artículo 25 de la Ley 30/1992 atribuye a los secretarios y las que le asigne el Presidente. El apartado 1 está derogado.

Artículo 10. Convocatoria y sesiones

La convocatoria de los órganos de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, su constitución, la celebración de sesiones y la adopción de acuerdos no tienen regulación propia en el Decreto: se rigen por el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 11. Solicitud de informes

La Comisión emite sus informes a solicitud de los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Presidencia o Dirección de los organismos autónomos y demás entidades del artículo 1.1. Las entidades locales andaluzas y las organizaciones empresariales los solicitan a través de su Presidencia, y las universidades públicas andaluzas a través del titular del Rectorado.

Artículo 12. Elaboración de informes

Las peticiones de informe deben acompañarse de la documentación de la consulta y de cualquier otra necesaria. La Comisión puede requerir antecedentes, informes y documentación, que deben remitirse en diez días. El Presidente puede constituir ponencias, con técnicos cualificados si lo estima necesario; su secretario es el Secretario General. Los informes se emiten en treinta días, salvo que una disposición o los plazos del procedimiento permitan o exijan otro, y se trasladan a quien los pidió por medio de la Secretaría General.

Artículo 13. Publicidad

Artículo 14. Carácter de los informes

Como regla general, los informes que emite la Comisión Consultiva de Contratación Pública no tienen carácter vinculante. Solo lo tienen cuando una disposición lo prevea de forma expresa; sin esa previsión expresa, el informe no es vinculante.