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Decreto 39/2011, de organización de la contratación de la Junta de Andalucía

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Art. 1ObjetoEl Decreto desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cinco materias: a) órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades del sector público andaluz dependientes o vinculadas a ella con competencias en contratación; b) Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía; c) Registro de Contratos de la Junta de Andalucía; d) contratación de obras, bienes y servicios homologados; e) otras disposiciones de desarrollo de esa Ley.
Art. 2Órganos de contrataciónConsejerías: su titular es el órgano de contratación y celebra en su nombre los contratos de asuntos propios de la Consejería, salvo cuando, con arreglo a la ley, celebrarlos o autorizarlos corresponda al Consejo de Gobierno. Agencias: los que determinen sus estatutos. Entidades con independencia funcional o especial autonomía: su normativa específica. Sociedades mercantiles y fundaciones: la capacidad para contratar de sus representantes se rige por sus estatutos y el derecho privado aplicable. Consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007: sus estatutos.
Art. 3Competencias del Consejo de GobiernoEn los casos previstos legalmente, necesitan autorización del Consejo de Gobierno para celebrar contratos los titulares de las Consejerías y los órganos de contratación de agencias, entidades de la adicional segunda de la Ley 9/2007, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del artículo 12.3. Se obtiene antes de aprobar el expediente y lleva implícita la aprobación del gasto. También autoriza la modificación que sea causa de resolución y la resolución. Excepcionalmente autoriza contratar con no clasificados, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública.
Art. 4Otras competencias de las personas titulares de las Consejerías y de las entidadesAdemás de ser órganos de contratación, los titulares de las Consejerías: a) acuerdan la continuación provisional de las obras cuando la modificación exija suspender la ejecución y ello cause graves perjuicios al interés público (en agencias y entidades de la adicional segunda, sus órganos de contratación); b) dan cuenta al Consejo de Gobierno, en dos meses como máximo, del acuerdo de tramitación de emergencia; c) fijan la cuantía a partir de la cual las agencias dependientes necesitan su autorización; d) declaran los contratos secretos o reservados, sin posibilidad de delegación.
Art. 5Órganos colegiados de asistencia a los órganos de contrataciónMesas de contratación y comités de expertos asisten al órgano de contratación. La mesa valora las ofertas y propone la adjudicación; es potestativa en los negociados sin anuncio de licitación (salvo imperiosa urgencia) y en los del artículo 159.6. La integran la Presidencia (nivel al menos de Jefatura de Servicio), al menos cuatro vocales y la Secretaría, con voz y voto. Su composición se publica en el perfil de contratante con siete días de antelación mínima. El personal técnico asiste con voz y sin voto. No pueden formar parte los cargos públicos representativos ni el personal eventual.
Art. 6Funcionamiento de las Mesas de contrataciónPara la válida constitución de la Mesa deben estar presentes la mayoría absoluta de los miembros o sus suplentes y, en todo caso, las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría y los dos vocales con funciones de asesoramiento jurídico y de control económico-presupuestario del órgano. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos. El funcionamiento se ajusta a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007 y al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, en lo que constituya legislación básica.
Art. 7Funciones de las Mesas de contrataciónEn el abierto la Mesa califica la documentación general y la garantía provisional, comunicando los defectos subsanables; determina los excluidos; abre las proposiciones en acto público; las valora y clasifica en orden decreciente; tramita las anormales o desproporcionadas, y propone la adjudicación, que se declare desierta la licitación o el desistimiento. En el restringido examina la documentación, y la selección de solicitantes corresponde al órgano de contratación, que puede delegarla en la Mesa en el pliego. En el negociado, cuando interviene, califica, valora y propone la adjudicación.
Art. 8Composición de la Mesa de contratación en los procedimientos de diálogo competitivoEn los procedimientos de diálogo competitivo, además de los miembros especificados en el artículo 5.2 del Decreto, son vocales de la Mesa de contratación, con voz y voto, las personas especialmente cualificadas en la materia que constituya el objeto del contrato. Las designa el órgano de contratación y su número no puede ser inferior a un tercio de los componentes de la Mesa.
Art. 9Funciones de la Mesa de contratación en los procedimientos de diálogo competitivoEn el diálogo competitivo la Mesa: a) elabora, antes de iniciar cualquier expediente de contrato de colaboración entre el sector público y el privado, el documento de evaluación previa; b) examina la documentación administrativa al seleccionar candidaturas; c) sus miembros con competencia técnica pueden asistir al órgano de contratación, a petición de este; d) determina el número de soluciones a examinar en la fase siguiente; e) propone declarar el fin del diálogo; f) valora y clasifica las proposiciones; g) requiere aclaraciones sobre la oferta más ventajosa; h) propone la adjudicación.
Art. 10Composición de la Mesa de contratación en los concursos de proyectosEn los concursos de proyectos la Mesa se constituye en Jurado, integrado por los miembros especificados en el artículo 5.2 y hasta cinco vocales más, con voz y voto, designados por el órgano de contratación entre personas de notoria competencia en la materia objeto del concurso. Los miembros del Jurado son personas físicas independientes de los participantes. Si a estos se les exige una determinada cualificación o experiencia, al menos una tercera parte de los miembros del Jurado debe poseer la misma u otra equivalente.
Art. 11Ámbito subjetivo, objetivo y adscripciónEl Registro de Licitadores inscribe y acredita, salvo prueba en contrario, ante los órganos de contratación del sector público de la Junta, de las entidades locales andaluzas y de sus entes dependientes, las condiciones de aptitud para contratar y la concurrencia o no de prohibiciones de contratar. Se inscriben personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia y clasificación. Es único, está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y su contenido se prueba con certificación del Servicio que lo gestiona.
Art. 12Finalidad y funcionesEl Registro de Licitadores tiene como finalidad facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos de contratación. Sus funciones son cinco: inscribir a las empresas y profesionales que lo soliciten y reúnan los requisitos del Decreto, así como las prohibiciones de contratar; emitir las certificaciones de inscripción; modificar y actualizar los datos y, en su caso, suspender o cancelar la inscripción; custodiar la documentación aportada; y facilitar información sobre quienes estén incursos en prohibiciones de contratar.
Art. 13Gestión electrónicaEl Registro de Licitadores se gestiona por medios electrónicos, en los términos que regule una Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. Aun así, las personas interesadas tienen derecho a elegir en todo momento si emplean o no medios electrónicos para relacionarse con el órgano al que está adscrito el Registro. Los datos inscribibles constan en formato electrónico y los documentos en papel podrán digitalizarse con garantías de autenticidad, integridad y conservación. El acceso a la tramitación electrónica se hace a través del portal de la Junta de Andalucía.
Art. 14Clases de inscripcionesLas inscripciones en el Registro pueden ser voluntarias u obligatorias. Es obligatoria la inscripción de las prohibiciones de contratar declaradas por la Administración de la Junta de Andalucía, por las entidades locales andaluzas y, en su caso, por las demás entidades del ámbito subjetivo del Registro de Licitadores, en los casos del artículo 50.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. En todos los casos no previstos ahí la inscripción es voluntaria.
Art. 15Práctica de la inscripción de las prohibiciones de contratarLa Dirección General competente en materia de Patrimonio inscribe de oficio las prohibiciones de contratar del artículo 50.4 de la Ley 30/2007 cuya declaración corresponda a la Junta, a las entidades locales andaluzas y al resto de entidades del ámbito del Registro; los órganos gestores de contratación deben comunicar al Registro las sanciones y resoluciones firmes. Las acordadas por resolución judicial o del titular del Ministerio de Economía y Hacienda se inscriben y publican al recibirse su comunicación. La inscripción expresa fecha, causa legal, duración y extensión de efectos.
Art. 16Efectos de la inscripción de las prohibiciones de contratarLas prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49.1.e) y 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, declaradas por la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, por las entidades comprendidas en el ámbito subjetivo del Registro de Licitadores, no producen efectos hasta que consten en el Registro de Licitadores.
Art. 17Datos a inscribir en el Registro de Licitadores y carácter voluntario de la inscripciónPueden solicitar la inscripción las personas físicas empresarias o profesionales y las jurídicas, nacionales o extranjeras. Datos: personalidad y capacidad de obrar (personas jurídicas), facultades de representantes o apoderados, autorizaciones o habilitaciones profesionales, solvencia, clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y documentación complementaria. La inscripción es voluntaria y cada cual decide qué datos refleja, pero la clasificación exige que consten los de los párrafos a) y c), y los de b), c) y d) exigen los de personalidad y capacidad de obrar.
Art. 18Solicitud de inscripción en el Registro de LicitadoresLa solicitud de inscripción voluntaria se dirige a la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, en el modelo del Anexo I, con: ficha del licitador (Anexo II), certificación de no estar incurso en incompatibilidad o prohibición (Anexo III), documentación acreditativa y declaración responsable (Anexo IV). Puede presentarse por medios electrónicos, con copias digitalizadas garantizadas con firma electrónica reconocida, o no electrónicos, con original, copia auténtica o compulsada, o fotocopia con declaración responsable de autenticidad.
Art. 19Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y representaciónLas personas jurídicas acreditan su capacidad de obrar con las escrituras o documentos de constitución inscritos y el NIF; las físicas, con DNI, NIF o NIE, o consintiendo la consulta de su identidad. La representación se acredita con escrituras de apoderamiento bastanteadas por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y la identificación de cada representante (o autorización del Anexo V). Los extranjeros comunitarios aportan documentos fehacientes de su inscripción en el Registro procedente; los no comunitarios, documentación según su país con certificación de la oficina consular.
Art. 20Documentación complementariaLa solvencia puede acreditarse con los documentos de los artículos 64 al 68 de la Ley 30/2007 o con la certificación de clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Caben también habilitaciones profesionales, certificados de calidad y de gestión medioambiental, la declaración sobre el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla y, para constructoras, la inscripción en su Registro de Empresas Acreditadas. Las certificaciones tributarias y de Seguridad Social actualizan datos en seis meses desde su expedición; el justificante del IAE, en un año.
Art. 21Subsanación, resolución y certificación de inscripciónSi la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al solicitante para que subsane en diez días, o se le tendrá por desistido. Resuelve, por resolución motivada, la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, que asigna un número registral en caso de inscripción. El plazo para resolver y notificar es de tres meses; sin resolución expresa notificada, podrá entenderse estimada. La resolución se notifica junto con la certificación de inscripción y contra ella cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Art. 22Efectos de la inscripción voluntariaLa inscripción permite sustituir la documentación del artículo 130.1 de la Ley 30/2007 por una certificación del Registro y una declaración responsable (Anexo VI) de que las circunstancias no han variado. Los órganos de contratación de la Junta y sus entidades con acceso al Registro incorporan de oficio la certificación en todo caso; el resto, si el pliego o el anuncio lo prevén. La manifestación se reitera, en caso de adjudicación, al formalizar el contrato. La certificación es electrónica, o en papel si se opta por la comunicación no electrónica. La inscripción tiene eficacia indefinida.
Art. 23Obligaciones de las empresas y profesionales licitadores inscritosLos licitadores inscritos deben comunicar al Registro de Licitadores, en diez días desde su eficacia, cualquier modificación de los datos inscritos, con la documentación acreditativa; mantener actualizados los datos que puedan perder vigencia y comunicar las circunstancias que prohíben contratar. La solicitud sigue el modelo del Anexo VII. Tras la modificación se expide y notifica nueva certificación. La información incorrecta o la falta de comunicación cancela los asientos afectados; la omisión con dolo, culpa o negligencia, o la falsedad, acarrea prohibición de contratar.
Art. 24Competencias relativas a la modificación y rectificación de los datosLa Dirección General competente en materia de Patrimonio vela por la veracidad y exactitud de los datos del Registro de Licitadores: puede recabar información de los inscritos y de los registros públicos y rectificar o cancelar de oficio asientos cuando se acredite que no se corresponden con la realidad. Los órganos competentes en materia de contratación deben comunicar al Registro las modificaciones de datos inscritos de que tengan constancia. La rectificación de oficio la realiza el órgano al que está adscrito el Registro, previa audiencia del inscrito.
Art. 25Suspensión y cancelación de la inscripciónLa suspensión de la inscripción procede de oficio, por el órgano del que depende el Registro, cuando se incurre en prohibición de contratar, y se mantiene mientras dure la causa. La Dirección General competente en materia de Patrimonio cancela la inscripción por: a) falta de actualización de datos; b) muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, o extinción de la personalidad jurídica, fusión o absorción de la empresa; c) incumplimiento de los requisitos de inscripción; d) solicitud del interesado (Anexo VII). En a), b) y c), previo expediente con audiencia.
Art. 26Acceso al Registro de LicitadoresEl Registro de Licitadores es público para quienes tengan interés legítimo en conocer su contenido; el acceso se rige por el artículo 37 de la Ley 30/1992. Sus datos pueden consultarlos los órganos de contratación del sector público andaluz mencionados en el artículo 11.1. Las empresas y profesionales afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Los datos personales quedan sujetos, en todo caso, a las limitaciones de difusión y a la tutela de la Ley Orgánica 15/1999 y su Reglamento (Real Decreto 1720/2007).
Art. 27ColaboraciónEl Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía colabora, en el desarrollo de su actividad, con el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y con los Registros de Licitadores de otras Comunidades Autónomas. Además, facilita a otras Administraciones Públicas la información que precisen para el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con el artículo 307 de la Ley 30/2007.
Art. 28Ámbito subjetivo, objetivo y adscripciónEl Registro de Contratos inscribe los datos básicos de los contratos adjudicados por los órganos de contratación de la Administración de la Junta, sus entidades instrumentales públicas y privadas, los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 y las entidades vinculadas; también modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción. Es obligatorio inscribir los contratos administrativos o privados, incluso sin pago de precio, y los patrimoniales. Es único y está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio.
Art. 29Finalidad y funcionesEl Registro de Contratos es el sistema oficial central de información sobre la contratación de la Administración de la Junta y de las entidades del artículo anterior: soporte para el conocimiento, análisis e investigación, la estadística, las obligaciones de información y la difusión pública. Funciones: a) elaborar la memoria anual, que examina y valora la Comisión Consultiva de Contratación Pública; b) confeccionar las relaciones estadísticas; c) suministrar información a los órganos de contratación; d) comunicar los datos básicos al Registro de Contratos del Sector Público del Estado.
Art. 30Supuestos de exclusiónComo regla, no se inscriben en el Registro de Contratos los negocios, contratos y relaciones jurídicas del artículo 4.1 de la Ley 30/2007. Hay dos salvedades: sí se inscriben los contemplados en los párrafos o) y p) de dicho artículo y, en aquellos casos en que sea obligatorio por otras disposiciones, los referidos en los párrafos c) y d).
Art. 31Registro de los datos relativos a los contratosLos órganos gestores de la contratación deben haber registrado los datos básicos de los contratos adjudicados a través del Sistema Integrado Júpiter, a medida que se tramite el expediente en sus fases contables y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la formalización. Las entidades que no usan Júpiter en su gestión económica inscriben por medios electrónicos, en dos meses desde la formalización. Se sigue el modelo del Anexo VIII. La Dirección General competente en materia de Patrimonio puede recabar otros datos y documentos de los expedientes.
Art. 32Acceso al Registro de ContratosLa Dirección General competente en materia de Patrimonio, a la que está adscrito el Registro de Contratos, tiene acceso a la totalidad de la aplicación informática, centraliza la información y la procesa. Los órganos gestores de la contratación acceden únicamente a los datos de los contratos cuyos expedientes hayan tramitado, aunque pueden solicitar información sobre otros contratos inscritos. El Registro facilita acceso electrónico a los órganos de la Junta y sus entidades vinculadas o dependientes que lo precisen, en particular a los de fiscalización del gasto o inspección de tributos.
Art. 33Exactitud de los datos y subsanación de erroresLa información inscrita en el Registro de Contratos debe ser veraz, exacta y completa en función del expediente de contratación, conforme a las circulares o instrucciones de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. Si se observan insuficiencias o defectos en los datos inscritos, esa Dirección General lo pone en conocimiento del órgano gestor de la contratación correspondiente, al objeto de que se adopten las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas.
Art. 34Obras, bienes y servicios homologadosPara racionalizar la adjudicación puede declararse la necesaria uniformidad de obras, bienes y servicios. Las empresas y sus bienes y servicios, una vez seleccionados, son homologados; la homologación de obras se desarrolla por Orden de Hacienda. La Administración de la Junta y sus agencias administrativas están obligadas a contratar lo homologado. Las entidades del apartado 5 (así, Universidades públicas y entidades locales) pueden adherirse por convenio con Hacienda. Una Orden de Hacienda, previo informe de la Comisión Central de Homologación, puede obligar a las entidades del apartado 6.
Art. 35Órganos con competencias en materia de bienes y servicios homologadosTres órganos tienen competencias en bienes y servicios homologados: la persona titular de la Consejería competente en Hacienda, la Dirección General competente en Patrimonio y la Comisión Central de Homologación. A la persona titular de la Consejería le corresponde iniciar de oficio y resolver los procedimientos de homologación en el ámbito de la Junta, sin perjuicio del artículo 43. A la Dirección General, declarar la necesaria uniformidad, tramitar la selección, elaborar, publicar y actualizar el Catálogo y aprobar las instrucciones. A la Comisión, las competencias del artículo 40.
Art. 36Declaración de necesaria uniformidad de bienes y serviciosLa declaración de necesaria uniformidad de bienes y servicios se hace por resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, que determina el tipo de bien o servicio, y se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, a iniciativa en su caso de las entidades del artículo 34.4 y 5, pueden proponer a esa persona titular la declaración respecto de los bienes y servicios que precisen para el ejercicio de sus específicas competencias.
Art. 37Sistemas de selección de bienes y servicios homologadosLos bienes y servicios homologados se seleccionan por los sistemas de racionalización técnica de la contratación pública del Título II del Libro III de la Ley 30/2007. El resultado de la selección comprende las características de los bienes y servicios, sus precios unitarios y las empresas con las que podrán celebrarse los contratos; esos bienes y servicios integran el Catálogo. En el supuesto del artículo 36.2, las Secretarías Generales Técnicas pueden proponer, para su aprobación por la Dirección General de Patrimonio, las especificaciones y criterios de valoración técnicos.
Art. 38Contratación de bienes y servicios homologadosUna vez homologados, los bienes y servicios se contratan por las Consejerías y entidades del artículo 34.4 y 5 mediante los procedimientos de los sistemas de racionalización técnica de la Ley 30/2007. Solo pueden contratarse los homologados, con las empresas incluidas en el Catálogo, y los órganos de contratación deben comunicar la contratación a la Dirección General de Patrimonio antes de la formalización del pago. Las empresas homologadas están obligadas a celebrar los contratos con todos los órganos y entidades que lo soliciten, ajustándose a los términos y especificaciones establecidos.
Art. 39Comisión Central de HomologaciónLa Comisión Central de Homologación es un órgano colegiado adscrito a la Dirección General competente en Patrimonio. La preside la persona titular de la Dirección General de coordinación de la contratación pública; la Vicepresidencia es de la Subdirección General, Coordinación o equivalente de esa Dirección General. La integran además un letrado del Gabinete Jurídico, un representante de la Intervención General y la Secretaría (persona funcionaria de Patrimonio, al menos jefatura de servicio, con voz y voto). A la Presidencia la suple la Vicepresidencia. Caben comisiones técnicas.
Art. 40Funciones de la Comisión Central de HomologaciónLa Comisión Central de Homologación tiene cinco funciones: las propias de Mesa de Contratación en los procedimientos de selección de empresas y bienes y servicios homologados; autorizar la contratación de bienes o servicios declarados de necesaria uniformidad pero no homologados, o que por la peculiaridad de la necesidad deban contratarse fuera del Catálogo; proponer instrucciones a Patrimonio; informar con carácter vinculante la declaración de necesaria uniformidad y los procedimientos de selección en Consejerías distintas de Hacienda; y asistir en materia de homologación.
Art. 41Funcionamiento de la Comisión Central de HomologaciónEl funcionamiento de la Comisión Central de Homologación se ajusta a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en lo que constituya legislación básica. Además, en virtud del artículo 89.1.c) de la Ley 9/2007, la Comisión puede aprobar sus propias normas de funcionamiento.
Art. 42Autorización de la Comisión Central de Homologación para contratar fuera de la homologaciónLa autorización de la Comisión para los supuestos del artículo 40.b) la solicita la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería que pretenda contratar o de la que dependa la agencia administrativa. Se acompaña de memoria justificativa, cuantía o presupuesto, proyecto de pliego de prescripciones técnicas y, en bienes y servicios informáticos, informe favorable de la Consejería de política informática. Los servicios técnicos de Patrimonio informan. La Comisión otorga o deniega en tres meses desde la recepción de la solicitud; sin contestación, se entiende otorgada.
Art. 43Homologación de bienes y servicios en el ámbito de otras ConsejeríasLas Consejerías, en el ámbito de sus competencias, pueden homologar bienes y servicios de su específica utilización. La declaración de necesaria uniformidad la realizan los órganos gestores de la contratación de las Consejerías, y la iniciación de oficio y la resolución de los procedimientos de selección corresponden a las personas titulares de las Consejerías; en ambos casos, previo informe favorable de la Comisión Central de Homologación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.d).
Art. 44Adquisición de vehículosPara adjudicar los contratos de suministro de vehículos homologados hace falta la autorización previa de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. Además, la adjudicación debe ajustarse a las instrucciones que dicte la persona titular de ese centro directivo.
Art. 45Suministro de bienes y servicios informáticos homologadosEn el suministro de bienes y servicios informáticos homologados cuenta la distribución competencial entre Consejerías en materia de política informática. Tres reglas: a) el centro directivo correspondiente de la Consejería competente en esa materia informa con carácter vinculante los procedimientos de declaración de necesaria uniformidad; b) en los sistemas de racionalización, una persona en representación de esa Consejería, que será miembro de la Comisión Central de Homologación, participa en la valoración técnica; c) el informe vinculante no sustituye a la autorización de la Comisión.
Art. 46Suspensión de la homologaciónLa Dirección General competente en materia de Patrimonio puede suspender la homologación de un bien o servicio, de un grupo o de alguna empresa. Inicia de oficio y resuelve previa audiencia de la empresa; se publica en el Catálogo. Motivos: actualización o revisión del Catálogo, incumplimiento o cumplimiento defectuoso, prohibición de contratar sobrevenida y casos específicos de los pliegos. Efecto: pérdida temporal de la condición. Se recupera al desaparecer la causa, por resolución de la persona titular de esa Dirección General. Los períodos por distintas causas se acumulan.
Art. 47Colaboración con otras Administraciones PúblicasLa Administración de la Junta de Andalucía colaborará con otras Administraciones Públicas en relación con los bienes y servicios homologados. Para ello podrá: a) establecer intercambios de información sobre la nueva aparición en el mercado de productos de tecnología más cualificada; b) facilitar información sobre los niveles de comportamiento de las empresas en la ejecución de sus compromisos contractuales, con especial referencia al servicio postventa; c) facilitar una mutua comunicación sobre los precios alcanzados, que permita perfeccionar los mecanismos contractuales.
Art. 48Pliegos de cláusulas administrativas generalesLos pliegos de cláusulas administrativas generales se aprueban por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública y del Gabinete Jurídico y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Para tecnologías de la información: Orden de Hacienda y, en su caso, conjunta con la Consejería de política informática. Se publican en el BOJA y en la plataforma de contratación. La Comisión Consultiva informa con carácter previo los pliegos particulares con estipulaciones contrarias a los generales.
Art. 49Modelos de Pliegos de cláusulas administrativas particularesLa Comisión Consultiva de Contratación Pública podrá recomendar a los órganos de contratación la utilización de modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares. Esos modelos han de estar previamente informados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y aprobados por los órganos de contratación. Los pliegos particulares que se ajusten al contenido de los modelos no requerirán nuevo informe del Gabinete Jurídico.
Art. 50Plataforma de contratación de la Junta de AndalucíaPor Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se adoptan las disposiciones y medidas para gestionar la plataforma electrónica de contratación de la Junta, cauce de publicidad por internet que incluye el perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta, entidades instrumentales, consorcios y entidades vinculadas. La plataforma debe tener un dispositivo que acredite fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública. Hacienda integrará, previo convenio en su caso, otras instituciones y entidades del sector público de Andalucía.
Art. 51Sistema informático para la tramitación electrónica de los expedientes de contrataciónLa Consejería competente en materia de Hacienda implantará un sistema informático para la planificación y gestión de la tramitación electrónica de los expedientes de contratación que lleven a cabo los órganos gestores de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales y vinculadas. Su utilización será obligatoria para esos órganos a partir de la implantación efectiva del sistema. Objeto: garantizar los principios de homogeneidad, integridad y seguridad jurídica en la tramitación electrónica de dichos expedientes.
Art. 52Homogeneidad de los procedimientos de adjudicación establecidos en las instrucciones de ámbito internoLa Consejería competente en materia de Hacienda garantiza la homogeneidad de los procedimientos de adjudicación de las instrucciones internas: las del artículo 175 de la Ley 30/2007, para entidades del sector público andaluz que sean poderes adjudicadores sin carácter de Administración Pública, cuando adjudiquen contratos no sujetos a regulación armonizada; y las del 176, para las restantes, que no son poderes adjudicadores. Aprobarlas requiere informe previo del Gabinete Jurídico. Se ponen a disposición de las empresas y profesionales interesados y se publican en el perfil de contratante.
Art. 53Medidas para promover la igualdad de género1) La Administración de la Junta podrá establecer condiciones especiales de ejecución para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. 2) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalarán la preferencia en la adjudicación a empresas que, al acreditar su solvencia técnica, tengan la marca de excelencia en igualdad o medidas de igualdad duraderas y efectivas, si su proposición iguala a las más ventajosas. 3) No se formalizarán contratos con empresas sancionadas o condenadas en firme por alentar o tolerar prácticas laborales discriminatorias.
Art. 54Medidas para promover el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laboralesLos órganos de contratación de la Administración de la Junta señalarán, en los pliegos de prescripciones técnicas, la normativa vigente de prevención de riesgos laborales específicamente aplicable al objeto del contrato. Esos pliegos podrán fijar los requisitos básicos de prevención que deben cumplir los bienes y servicios, para que sean seguros y adecuados en su uso, y podrán incorporar especificaciones técnicas de seguridad y salud laboral vinculadas con la fabricación del producto suministrado o utilizado en el servicio u obra contratada o que deba incluirse en el diseño proyectado.
Art. 55Artículo 55
Art. 56Artículo 56
Art. 57Artículo 57
Art. 58Artículo 58