Tema 40 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 99. Objeto del contrato

El objeto debe ser determinado y puede definirse por necesidades o funcionalidades, sin solución única. No cabe fraccionarlo para disminuir la cuantía y eludir publicidad o procedimiento. Si la naturaleza o el objeto lo permiten, se divide en lotes; no dividir exige motivos válidos justificados en el expediente, salvo en concesión de obras. Pueden limitarse los lotes a los que se oferta o que se adjudican, indicándolo en el anuncio y en el pliego. La oferta integradora exige cuatro requisitos. Cada lote constituye un contrato, salvo otra previsión en el pliego u ofertas integradoras.

Artículo 100. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. Debe ser adecuado a los precios del mercado y se desglosa en el pliego o documento regulador indicando costes directos e indirectos y otros eventuales gastos. Si los salarios forman parte del precio total, indica los costes salariales con desagregación de género y categoría profesional, a partir del convenio laboral de referencia. No es necesario aprobarlo antes de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición.

Artículo 101. Valor estimado

El valor estimado se calcula sin IVA: en obras, suministros y servicios es el importe total pagadero; en concesiones, el importe neto de la cifra de negocios de la concesionaria. Incluye opciones eventuales, prórrogas, primas y las modificaciones al alza previstas. El método de cálculo debe figurar en todo caso en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. En servicios sin precio total de hasta cuarenta y ocho meses se toma el valor de toda la duración; si la superan o no tienen duración cierta, el valor mensual por 48. Con lotes se atiende al valor global de todos.

Artículo 102. Precio

Los contratos del sector público tienen siempre un precio cierto, con el IVA incluido e indicado como partida independiente. Con carácter general se expresa en euros, aunque puede preverse su pago total o parcial en otra moneda. Puede formularse en precios unitarios o a tanto alzado. Excepcionalmente caben precios provisionales tras un procedimiento negociado, un diálogo competitivo o una asociación para la innovación, y en ellos no cabe la revisión de precios. Se prohíbe el pago aplazado en los contratos de las Administraciones Públicas, con las excepciones del apartado 8.

Artículo 103. Procedencia y límites

Los precios solo pueden ser objeto de revisión periódica y predeterminada. Previa justificación en el expediente, cabe en contratos de obra, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, de suministro de energía y en otros con período de recuperación de la inversión igual o superior a cinco años. Salvo en suministro de energía, tiene lugar cuando se ha ejecutado al menos el 20 por ciento del importe (no exigible en concesión de servicios) y ha transcurrido un año desde la formalización. La fórmula es invariable durante la vigencia del contrato.

Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ejecución

Si la cláusula de revisión se aplica sobre períodos en los que el contratista ha incurrido en mora, se tienen en cuenta los índices de precios de las fechas establecidas en el contrato para realizar la prestación en plazo. Si los índices del período real de ejecución producen un coeficiente inferior, se aplican estos últimos. Todo ello sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes.

Artículo 105. Pago del importe de la revisión

El importe de las revisiones que procedan se hace efectivo de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales. Para su cobertura se tramita a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto. Los posibles desajustes respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices de precios aplicables, se pueden hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato.

Artículo 115. Consultas preliminares del mercado

Los órganos de contratación podrán hacer estudios de mercado y consultar a operadores económicos para preparar la licitación e informarles de sus planes y requisitos. Pueden asesorarse de expertos o autoridades independientes, colegios profesionales o, con carácter excepcional, operadores económicos. Antes se publica en el perfil de contratante su objeto, inicio y terceros participantes. Las actuaciones constan en un informe motivado, que forma parte del expediente y se publica en el perfil. No se revelan las soluciones de otros participantes y participar no impide intervenir después.

Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido

Los contratos de las Administraciones Públicas requieren un expediente previo, iniciado por el órgano de contratación y publicado en el perfil de contratante. Abarca la totalidad del objeto e incorpora los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, el certificado de existencia de crédito y, en su caso, la fiscalización previa. Justifica, entre otros extremos, el procedimiento de licitación, el valor estimado con los costes laborales si existiesen y la decisión de no dividir en lotes. Con aportaciones de distinta procedencia hay un solo expediente.

Artículo 117. Aprobación del expediente

Completado el expediente, el órgano de contratación lo aprueba por resolución motivada y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación. Implica también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido establecerse antes o de que las normas de desconcentración o el acto de delegación dispongan lo contrario; entonces se recaba la aprobación del órgano competente. Se publica en el perfil de contratante. Los expedientes pueden ultimarse, incluso con adjudicación y formalización, aunque la ejecución deba iniciarse el ejercicio siguiente.

Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores

Son contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras o a 15.000 euros en suministro o servicios, sin perjuicio del artículo 229. El expediente exige informe del órgano de contratación que justifique motivadamente la necesidad y que no se altera el objeto para evitar los umbrales, aprobación del gasto y factura; ese informe no se exige si se paga por anticipos de caja fija u otro sistema similar y el valor estimado no excede de 5.000 euros. En obras se añade el presupuesto y, si el trabajo afecta a la estabilidad, seguridad o estanqueidad, el informe de supervisión.

Artículo 119. Tramitación urgente del expediente

Cabe tramitación urgente si el contrato responde a una necesidad inaplazable o su adjudicación debe acelerarse por razones de interés público, con declaración de urgencia motivada del órgano de contratación. El expediente tiene preferencia de despacho: cinco días para informes y trámites, ampliables hasta diez por complejidad u otra causa justificada. Abierto el procedimiento de adjudicación, los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad, salvo los que el artículo exceptúa. El inicio de la ejecución no puede exceder de un mes desde la formalización.

Artículo 120. Tramitación de emergencia

Cuando la Administración deba actuar de manera inmediata por acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional, el órgano de contratación puede, sin tramitar expediente, ordenar la ejecución de lo necesario o contratar libremente, sin sujetarse a los requisitos formales, incluso el de crédito suficiente. Si contrata la Administración General del Estado o demás entidades públicas estatales, se da cuenta al Consejo de Ministros en treinta días como máximo. El inicio de la ejecución no puede superar un mes desde el acuerdo.

Artículo 121. Pliegos de cláusulas administrativas generales

El Consejo de Ministros podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública y previo dictamen del Consejo de Estado, para los contratos de la Administración General del Estado y demás Administraciones Públicas estatales. Se ajustan a la Ley y a sus disposiciones de desarrollo. Las Comunidades Autónomas y las entidades de la Administración Local podrán aprobarlos según sus normas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente autonómico, si lo hubiera.

Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares los aprueba el órgano de contratación antes de la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación o, de no existir, de la adjudicación. Después solo pueden modificarse por error material, de hecho o aritmético; en otro caso hay retroacción de actuaciones. Incluyen, entre otras menciones, los criterios de solvencia y adjudicación y la obligación de respetar la normativa de protección de datos. Sus cláusulas son parte integrante de los contratos. Pueden establecer penalidades.

Artículo 123. Pliego de prescripciones técnicas generales

El Consejo de Ministros podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas generales, a propuesta del Ministro correspondiente y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. A esos pliegos han de ajustarse la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y las demás entidades que gocen de la condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal.

Artículo 124. Pliego de prescripciones técnicas particulares

El órgano de contratación aprueba los pliegos y documentos con las prescripciones técnicas particulares, que rigen la realización de la prestación y definen sus calidades y sus condiciones sociales y ambientales. Debe hacerlo con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato o, de no existir esta, antes de su adjudicación. Después solo podrán modificarse por error material, de hecho o aritmético; en otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.

Artículo 125. Definición de determinadas prescripciones técnicas

Define, a efectos de la Ley: «prescripción o especificación técnica» (en obras, las prescripciones contenidas principalmente en los pliegos que definen las características de un material, producto o suministro; en suministro o servicios, la especificación que figura en un documento); «norma» (aprobada por un organismo de normalización reconocido, de aplicación repetida o continuada y cumplimiento no obligatorio: internacional, europea o nacional); «evaluación técnica europea» (producto de construcción); «especificación técnica común» (ámbito de las TIC) y «referencia técnica».

Artículo 126. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas

Las prescripciones técnicas darán a los empresarios acceso en condiciones de igualdad y no crearán obstáculos injustificados a la competencia. Tendrán en cuenta la accesibilidad universal, salvo en casos debidamente justificados, y criterios de sostenibilidad si el objeto afecta o puede afectar al medio ambiente. Se formulan por rendimiento o exigencias funcionales, por referencia a especificaciones con la mención «o equivalente», o combinando ambas. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, no harán referencia a marcas, patentes o tipos.

Artículo 127. Etiquetas

Etiqueta es cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que obras, productos, servicios, procesos o procedimientos cumplen determinados requisitos. Los órganos de contratación podrán exigir una etiqueta específica en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución si se cumplen todas las condiciones de las letras a) a f). Si la exigen, deberán aceptar las etiquetas equivalentes y otros medios adecuados de prueba. La carga de la prueba de la equivalencia recae, en todo caso, en el candidato o licitador.

Artículo 128. Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba

Los órganos de contratación podrán exigir un informe de pruebas de un organismo de evaluación de la conformidad, o un certificado expedido por este, como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución. Si exigen certificados de un organismo determinado, deberán aceptar los de otros equivalentes. Supletoriamente deberán aceptar otros medios de prueba adecuados, como un informe técnico del fabricante, cuando el empresario no tenga acceso a aquellos ni pueda obtenerlos en plazo por causa no imputable a él.

Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad

El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que candidatos o licitadores puedan obtener información sobre las obligaciones relativas a fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y contratación de un número o porcentaje específico de estas. Si facilita esa información, solicitará que manifiesten haberlas tenido en cuenta al elaborar sus ofertas, sin que ello obste a la aplicación del artículo 149.

Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general imponga la subrogación, el pliego facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores afectados. La empresa que venía efectuando la prestación debe proporcionarla al órgano de contratación, a requerimiento de este, con los listados del personal. El pliego contemplará penalidades dentro de los límites del artículo 192. Si los costes laborales superan los informados, el contratista tiene acción directa contra el antiguo contratista.

Artículo 131. Procedimiento de adjudicación

La adjudicación se realiza ordinariamente con pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio y por procedimiento abierto o restringido; las concesiones de servicios especiales del Anexo IV, por el restringido. Caben el negociado sin publicidad (artículo 168), el diálogo competitivo o la licitación con negociación (artículo 167) y la asociación para la innovación (artículo 177). Los contratos menores pueden adjudicarse directamente. En asistencia sanitaria urgente de valor estimado inferior a 30.000 euros no rigen las normas de preparación y adjudicación.

Artículo 132. Principios de igualdad, transparencia y libre competencia

Los órganos de contratación darán a licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y actuarán con transparencia y proporcionalidad. No puede limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro, salvo en los contratos reservados de la disposición adicional cuarta. La contratación no se concebirá para eludir la publicidad o el procedimiento ni para restringir artificialmente la competencia. Los hechos que puedan infringir la legislación de defensa de la competencia se notifican a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o a las autoridades autonómicas.

Artículo 133. Confidencialidad

Los órganos de contratación no pueden divulgar la información que los empresarios designen como confidencial al presentar su oferta: secretos técnicos o comerciales, aspectos confidenciales de las ofertas e informaciones que puedan falsear la competencia. Ese deber no alcanza a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni de los informes del procedimiento: solo a documentos de difusión restringida. Tampoco impide divulgar las partes no confidenciales de los contratos. El contratista guarda la confidencialidad cinco años desde que conoce la información, salvo plazo mayor.

Artículo 134. Anuncio de información previa

Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa sobre los contratos de obras, suministros o servicios sujetos a regulación armonizada que proyecten adjudicar. Se publica, a su elección, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante. Cubre un máximo de 12 meses desde la fecha de envío, salvo en los servicios especiales del Anexo IV, en que puede abarcar un plazo superior. Si a las cuarenta y ocho horas de confirmada la recepción no hay notificación de la publicación, puede publicarse a nivel nacional.

Artículo 135. Anuncio de licitación

El anuncio de licitación de los contratos de las Administraciones Públicas se publica en el perfil de contratante, salvo en los procedimientos negociados sin publicidad. En los contratos de la Administración General del Estado y de sus entidades vinculadas con naturaleza de Administración Pública, además en el «Boletín Oficial del Estado»; en los sujetos a regulación armonizada, además en el «Diario Oficial de la Unión Europea». No se publica antes que en dicho Diario, salvo falta de notificación a las 48 horas de la confirmación de la recepción.

Artículo 136. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones

Los órganos de contratación fijan los plazos de presentación de ofertas y solicitudes según el tiempo razonablemente necesario para prepararlas, atendida la complejidad del contrato y respetando los plazos mínimos de la Ley. Deben ampliar el plazo inicial si no se atendió un requerimiento de información relevante o si se introducen modificaciones significativas en los pliegos: clasificación requerida, importe y plazo, obligaciones del adjudicatario y cambio o variación del objeto. Presentar proposiciones no puede suponer la exigencia de cantidad alguna a los licitadores.

Artículo 137. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente

Cuando el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, los plazos establecidos en la Sección dedicada a la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas se reducen. El artículo no detalla la reducción: remite a la forma prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 119 y a las demás disposiciones de la Ley.

Artículo 138. Información a interesados

El acceso a los pliegos es electrónico, por el perfil de contratante: libre, directo, completo y gratuito, desde la publicación del anuncio de licitación o el envío de la invitación. Excepcionalmente cabe acceso no electrónico (circunstancias técnicas, confidencialidad o, en concesiones, seguridad excepcional): se advierte en el anuncio o invitación y el plazo se prolonga cinco días, salvo tramitación urgente. La información adicional se da a más tardar 6 días antes del fin del plazo de ofertas si se pidió al menos 12 días antes; 4 días en ciertos expedientes urgentes.

Artículo 139. Proposiciones de los interesados

Las proposiciones se ajustan a los pliegos; presentarlas supone aceptar incondicionadamente todas sus cláusulas, sin salvedad ni reserva, y autorizar a la mesa y al órgano de contratación a consultar el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Son secretas hasta su apertura. Cada licitador presenta una sola proposición y no puede ir en unión temporal si lo hace individualmente ni figurar en más de una unión: la infracción supone la no admisión de todas sus propuestas. El IVA se indica como partida independiente.

Artículo 140. Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

En el procedimiento abierto la proposición lleva una declaración responsable ajustada al documento europeo único de contratación: sociedad válidamente constituida y representación, clasificación o solvencia, ausencia de prohibición de contratar y correo electrónico para notificaciones. También declaran las empresas cuya solvencia se usa, cada miembro de una unión temporal y cada lote si varía la solvencia. Los justificantes pueden pedirse, en todo caso, antes de adjudicar. Los requisitos deben concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en la perfección del contrato.

Artículo 141. Declaración responsable y otra documentación

El pliego incluye, junto con la exigencia de declaración responsable, el modelo al que debe ajustarse, que seguirá el formulario de documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, sin perjuicio de la letra c) del apartado 4 del artículo 159. Si se establece la intervención de mesa de contratación, es esta la que califica la declaración responsable y la documentación; cuando aprecia defectos subsanables, da al empresario un plazo de tres días para corregirlos.

Artículo 142. Admisibilidad de variantes

El órgano de contratación puede tomar en consideración variantes cuando haya criterios de adjudicación distintos del precio y los pliegos las prevean, expresando sus requisitos mínimos, modalidades y características y su vinculación con el objeto del contrato. La posibilidad se indica en el anuncio de licitación, precisando sobre qué elementos y en qué condiciones se autoriza. En suministros o servicios no puede rechazarse una variante autorizada solo porque daría lugar a un contrato de servicios en vez de suministro, o a la inversa.

Artículo 143. Subasta electrónica

La subasta electrónica es un proceso electrónico repetitivo que sigue a una primera evaluación completa de las ofertas. Cabe en procedimientos abiertos, restringidos y licitaciones con negociación, si las especificaciones pueden fijarse de manera precisa y las prestaciones no son de carácter intelectual. Se indica en el anuncio de licitación. Entre el envío de las invitaciones y su comienzo median, al menos, dos días hábiles. Puede tener varias fases y no puede divulgarse la identidad de los licitadores. No se usa en contratos relacionados con la calidad alimentaria.

Artículo 144. Sucesión en el procedimiento

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato hay una fusión, escisión o transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, sucede a la empresa licitadora o candidata en su posición la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente. Condición: reunir capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acreditar solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato

Los contratos se adjudican con una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio, evaluada con criterios económicos y cualitativos; previa justificación en el expediente cabe la mejor relación coste-eficacia. Los criterios deben estar vinculados al objeto del contrato y figurar en los pliegos y en el anuncio. En servicios del Anexo IV y prestaciones de carácter intelectual, la calidad supone al menos el 51 por ciento de la puntuación. Las mejoras son prestaciones adicionales suficientemente especificadas, pasan a formar parte del contrato y no pueden modificarse.

Artículo 146. Aplicación de los criterios de adjudicación

Con un solo criterio, este se relaciona con los costes: el precio o la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Con varios, se da preponderancia a los valorables mediante fórmulas. En abierto o restringido, si los criterios de juicio de valor pesan más que los automáticos, los valora un comité de expertos de al menos tres miembros, no adscritos al órgano proponente, o un organismo técnico especializado; en lo demás, la mesa o los servicios del órgano de contratación. Las fórmulas se evalúan después. En varias fases, umbral mínimo del 50 por ciento en los criterios cualitativos.

Artículo 147. Criterios de desempate

Los pliegos pueden fijar criterios específicos de desempate, vinculados al objeto del contrato: trabajadores con discapacidad por encima de lo exigido, empresas de inserción, entidades sin ánimo de lucro en prestaciones sociales o asistenciales, Comercio Justo e igualdad entre mujeres y hombres. La documentación se aporta al producirse el empate, no antes. En defecto de previsión se aplican por orden: mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en exclusión social, menor porcentaje de contratos temporales, mayor porcentaje de mujeres y sorteo.

Artículo 148. Definición y cálculo del ciclo de vida

El ciclo de vida de un producto, obra o servicio abarca todas las fases consecutivas o interrelacionadas de su existencia, desde la investigación y el desarrollo hasta la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización. Su coste incluye, total o parcialmente, los costes sufragados por el órgano de contratación u otros usuarios (adquisición, utilización, mantenimiento y final de vida) y los imputados a externalidades medioambientales, si su valor monetario puede determinarse y verificarse. Los pliegos indican los datos a facilitar y el método.

Artículo 149. Ofertas anormalmente bajas

Una oferta presuntamente anormal solo se excluye tras el procedimiento de este artículo. La mesa o, en su defecto, el órgano de contratación identifica las ofertas con los parámetros objetivos de los pliegos; de las empresas de un mismo grupo solo se toma la más baja. Se requiere al licitador, con plazo suficiente, que justifique y desglose precios o costes, y se solicita asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa eleva propuesta motivada y el órgano de contratación excluye la oferta y adjudica a la mejor según el orden de clasificación.

Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato

La mesa o, en su defecto, el órgano de contratación clasifica las proposiciones por orden decreciente; con el precio como único criterio, la mejor oferta es la del precio más bajo. Ante indicios fundados de colusión en contratos sujetos a regulación armonizada, se trasladan a la autoridad de competencia, que informa en 20 días hábiles, y la licitación se suspende. El mejor clasificado tiene diez días hábiles para aportar documentación y garantía definitiva; si no lo hace, se entiende retirada su oferta y se le exige el 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

Artículo 151. Resolución y notificación de la adjudicación

La resolución de adjudicación debe ser motivada, se notifica a los candidatos y licitadores y se publica en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. Notificación y publicidad deben permitir interponer recurso suficientemente fundado e incluyen: las razones del descarte de candidatos, los motivos de exclusión de licitadores con el desglose de valoraciones, y el nombre del adjudicatario con las características y ventajas de su proposición. La notificación indica el plazo de formalización y se realiza por medios electrónicos.

Artículo 152. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración

Antes de la formalización, el órgano de contratación puede decidir no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento; lo notifica a candidatos o licitadores, informa a la Comisión Europea si el contrato se anunció en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y compensa los gastos. No adjudicar exige razones de interés público justificadas en el expediente e impide nueva licitación mientras subsistan. El desistimiento exige una infracción no subsanable de las normas de preparación o de adjudicación y no impide licitar de inmediato.

Artículo 153. Formalización de los contratos

Los contratos de las Administraciones Públicas se formalizan en documento administrativo; el contratista puede pedir escritura pública a su cargo. Si cabe recurso especial, no se formaliza antes de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación (las Comunidades Autónomas pueden incrementarlo sin exceder de un mes); después se requiere al adjudicatario para formalizar en cinco días. En los restantes casos, no más tarde de quince días hábiles. Si no se formaliza por causa del adjudicatario: 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

Artículo 154. Anuncio de formalización de los contratos

La formalización se publica, junto con el contrato, en el perfil de contratante en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento; si el contrato está sujeto a regulación armonizada, además en el «Diario Oficial de la Unión Europea», al que el anuncio se envía a más tardar 10 días después de la formalización. Los contratos basados en un acuerdo marco se publican trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre. Para no publicar datos se solicita informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, evacuado en un máximo de diez días.

Artículo 155. Comunicación a los candidatos y a los licitadores

Los órganos de contratación informan a cada candidato y licitador, en el plazo más breve posible, de las decisiones sobre acuerdos marco, adjudicación o admisión a un sistema dinámico de adquisición. A petición del interesado, y en cualquier caso en quince días desde la recepción de una solicitud por escrito, comunican: a los candidatos descartados, por qué se desestimó su candidatura; a los licitadores descartados, por qué se desestimó su oferta; y a quien presentó una oferta admisible, las ventajas de la seleccionada, el nombre del adjudicatario y el desarrollo de las negociaciones.

Artículo 156. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación

En el procedimiento abierto todo empresario interesado puede presentar proposición y queda excluida toda negociación. En contratos sujetos a regulación armonizada el plazo mínimo es de treinta y cinco días (obras, suministros y servicios) y treinta (concesiones) desde el envío del anuncio; puede reducirse a quince días con anuncio de información previa o por urgencia, y en cinco días si se aceptan ofertas por medios electrónicos. En contratos no armonizados: quince días desde el día siguiente a la publicación en el perfil de contratante, y veintiséis en obras y concesiones.

Artículo 157. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación

La Mesa de contratación califica la documentación del artículo 140, presentada en sobre o archivo electrónico distinto, y después abre y examina las proposiciones y formula la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. Con pluralidad de criterios, la proposición va en dos sobres: juicio de valor y fórmulas. La apertura debe hacerse en el plazo máximo de veinte días desde el fin del plazo de presentación; la de la oferta económica, en acto público salvo que se prevean medios electrónicos. La propuesta no crea derecho alguno, pero apartarse de ella exige motivación.

Artículo 158. Adjudicación

En el procedimiento abierto, si el único criterio es el precio, la adjudicación debe recaer en el plazo máximo de quince días desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Con pluralidad de criterios, o con el único del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo es de dos meses desde la apertura, salvo otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Ambos se amplían en quince días hábiles si hay que seguir los trámites del artículo 149.4. Si no se adjudica en plazo, los licitadores pueden retirar su proposición y recuperar la garantía provisional, de existir.

Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado

Cabe en obras de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros y en suministros y servicios bajo las cantidades de los artículos 21.1.a) y 22.1.a), con juicios de valor que no superen el veinticinco por ciento (cuarenta y cinco en prestaciones intelectuales). Anuncio solo en el perfil de contratante; plazo mínimo de quince días, veinte en obras. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores, sin garantía provisional, valoración técnica en siete días. En obras inferiores a 80.000 euros y suministros y servicios inferiores a 60.000: diez días hábiles, sin acreditar solvencia ni garantía definitiva.

Artículo 160. Caracterización

En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada puede presentar una solicitud de participación, pero solo presentan proposiciones los empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, seleccione el órgano de contratación. Está prohibida toda negociación de los términos del contrato con solicitantes o candidatos. Los pliegos pueden prever primas o compensaciones por los gastos de la oferta en contratos de servicios cuando presentarla implique determinados desarrollos. Es especialmente adecuado para servicios intelectuales de especial complejidad.

Artículo 161. Solicitudes de participación

Plazo para presentar solicitudes de participación en el procedimiento restringido. Contratos sujetos a regulación armonizada: el suficiente y, en cualquier caso, no inferior a treinta días desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea; en situación de urgencia, en obras, suministros y servicios, no inferior a quince días desde el envío del anuncio. Contratos no sujetos a regulación armonizada: como mínimo quince días desde la publicación del anuncio. Las solicitudes llevan la documentación del artículo 140, salvo la garantía provisional.

Artículo 162. Selección de candidatos

Antes del anuncio de licitación, el órgano de contratación fija los criterios objetivos de solvencia (de entre los artículos 87 a 91) para elegir a los candidatos. Señala un número mínimo de empresarios a invitar, no inferior a cinco, y puede fijar también un máximo. Si cumplen los criterios menos candidatos que ese mínimo, puede continuar con ellos, sin invitar a quien no solicitó participar ni a quien no reúna las condiciones. Criterios, mínimo y, en su caso, máximo se indican en el anuncio de licitación. La invitación a los seleccionados se hace simultáneamente y por escrito.

Artículo 163. Contenido de las invitaciones e información a los candidatos

Las invitaciones contienen una referencia al anuncio de licitación publicado e indican: fecha límite de recepción de ofertas; dirección de envío y lengua o lenguas; documentos a adjuntar, en su caso; criterios de adjudicación y su ponderación relativa u orden decreciente de importancia, si no figurasen en el anuncio; y lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. Incluyen además las indicaciones para acceder por medios electrónicos a los pliegos. Si se permite el acceso no electrónico, la invitación lo indica y explica cómo se pone la documentación a disposición de los candidatos.

Artículo 164. Proposiciones

Plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento restringido. Contratos sujetos a regulación armonizada: el suficiente y, en cualquier caso, no inferior a treinta días desde el envío de la invitación escrita. Puede reducirse: a diez días si se envió anuncio de información previa; a no menos de diez días en situación de urgencia; y en cinco días si se aceptan ofertas por medios electrónicos. En las concesiones de obras y de servicios solo cabe esta última reducción. Contratos no sujetos a regulación armonizada: no inferior a diez días desde el envío de la invitación.

Artículo 165. Adjudicación

En el procedimiento restringido, la adjudicación del contrato se rige por lo previsto en la Ley para el procedimiento abierto, con una única salvedad: no se aplica lo que se refiere a la necesidad de calificar previamente la documentación a que se refiere el artículo 140.

Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación

En los procedimientos con negociación adjudica el órgano de contratación al licitador justificadamente elegido, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. El pliego de cláusulas administrativas particulares determina: los aspectos económicos y técnicos a negociar; las necesidades y las características exigidas; el procedimiento para negociar, con máxima transparencia, publicidad y no discriminación; los requisitos mínimos de todas las ofertas; y los criterios de adjudicación. Salvo las circunstancias del artículo 168, se publica anuncio de licitación.

Artículo 167. Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación

La licitación con negociación cabe en contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando: a) la prestación requiera un trabajo previo de diseño o adaptación; b) incluya un proyecto o soluciones innovadoras; c) no pueda adjudicarse sin negociaciones previas; d) no puedan fijarse con precisión las especificaciones técnicas; e) en un abierto o restringido previo solo hubiera ofertas irregulares o inaceptables; f) servicios sociales personalísimos para dar continuidad a quienes ya eran beneficiarios.

Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad

Negociado sin publicidad, solo en casos tasados: a) obras, suministros, servicios y concesiones: falta de ofertas o solicitudes adecuadas, empresario único (obra de arte, razones técnicas, derechos exclusivos) y contratos secretos o reservados; b) obras, suministros y servicios: imperiosa urgencia y ofertas irregulares o inaceptables previas; c) suministros: investigación, entregas adicionales (tres años por regla general), bolsas de materias primas y cese de proveedor; d) servicios: ganador de un concurso de proyectos; e) obras y servicios: repetición de similares, dentro de tres años.

Artículo 169. Tramitación del procedimiento de licitación con negociación

La licitación con negociación exige, en todo caso, anuncio de licitación. Si se limita el número de empresas, el mínimo de candidatos invitados será de tres. Puede articularse en fases sucesivas. Durante la negociación rige la igualdad de trato y los cambios se comunican por escrito. No se negocian los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. En el expediente constan invitaciones, ofertas, razones de aceptación o rechazo y ventajas obtenidas. Al concluir se fija un plazo común para ofertas nuevas o revisadas; la mesa verifica, valora y propone, y el órgano de contratación adjudica.

Artículo 170. Especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad

El procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación solo se usa cuando se dé alguna de las situaciones del artículo 168 y se tramita con arreglo a las normas del artículo 169, en lo que resulten de aplicación según el número de participantes, a excepción de lo relativo a la publicidad previa. Si únicamente participa un candidato, la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación deberá negociar con él, siempre y cuando sea posible.

Artículo 171. Información a los licitadores

En los procedimientos con negociación, el licitador que haya presentado una oferta admisible puede pedir por escrito que se le informe del desarrollo de las negociaciones. Contesta la mesa de contratación o, en su defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación, lo antes posible y siempre dentro de los quince días siguientes al de recepción de la solicitud. La mesa o, en su defecto, el órgano de contratación puede no comunicar determinados datos amparándose en la excepción de confidencialidad del artículo 155.3.

Artículo 172. Caracterización

En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de estos, para desarrollar una o varias soluciones que servirán de base a las ofertas de los candidatos elegidos. Cualquier empresa interesada puede presentar solicitud de participación en respuesta al anuncio de licitación, aportando la información y documentación para la selección cualitativa que pida el órgano de contratación. Puede utilizarse en los casos del artículo 167 y debe ir precedido de anuncio de licitación.

Artículo 173. Primas o compensaciones

En el diálogo competitivo, los órganos de contratación podrán establecer en el documento descriptivo primas o compensaciones para todos o algunos de los participantes. Si no son para todos, se reconocen a quienes obtuvieron los primeros puestos en el orden de clasificación de las ofertas, y su cuantía debe ser suficiente para fomentar la participación. Si se reconocen, el expediente debe acreditar la cobertura financiera. El pago se hace conforme al artículo 198, contando los plazos desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Artículo 174. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación

Los órganos de contratación dan a conocer sus necesidades y requisitos en el anuncio de licitación y los definen en él o en un documento descriptivo, que no podrá modificarse después; ahí figuran también los criterios de adjudicación y un plazo de ejecución aproximado. Se aplican normas del procedimiento restringido (artículos 160, 161 y 162). Si se limita el número de empresas invitadas a dialogar, el mínimo de candidatos capacitados será de tres. Las invitaciones indican fecha y lugar de inicio de la consulta, lengua, documentos de aptitud y ponderación u orden decreciente de los criterios.

Artículo 175. Diálogo con los candidatos

La mesa especial del diálogo competitivo dialoga con los candidatos seleccionados sobre todos los aspectos del contrato, con trato igual y sin revelar soluciones ni datos confidenciales sin previo consentimiento. Puede articularse en fases sucesivas si así se indicó en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo. El licitador descartado puede pedir por escrito información, que se da en quince días. La mesa propone el fin del diálogo, el órgano de contratación lo declara cerrado y la mesa invita a presentar la oferta definitiva indicando fecha límite, dirección y lengua.

Artículo 176. Presentación, examen de las ofertas y adjudicación

Las ofertas incluyen todos los elementos requeridos y necesarios para el proyecto. La mesa puede pedir precisiones, aclaraciones, ajustes o información complementaria, sin modificar los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación. La mesa evalúa las ofertas según los criterios de adjudicación del anuncio de licitación o del documento descriptivo y selecciona la de mejor relación calidad precio; puede negociar con ese licitador para confirmar compromisos financieros u otras condiciones, sin alterar elementos sustanciales. Elevada la propuesta, adjudica el órgano de contratación.

Artículo 177. Caracterización del procedimiento de asociación para la innovación

La asociación para la innovación es un procedimiento para desarrollar productos, servicios u obras innovadores y comprar después los resultantes, si se ajustan a los niveles de rendimiento y costes máximos acordados. Los pliegos determinan la necesidad que el mercado no cubre, los requisitos mínimos y el régimen de propiedad intelectual e industrial. Puede crearse con uno o varios socios que actúen por separado. La fase de investigación y desarrollo se rige por normas reglamentarias, pliegos y, supletoriamente, el contrato de servicios; la de ejecución, por el contrato de la prestación de que se trate.

Artículo 178. Selección de candidatos

Cualquier empresario puede solicitar participar en respuesta a una convocatoria de licitación, aportando la información sobre los criterios objetivos de solvencia pedida por el órgano de contratación. Plazo mínimo de recepción de solicitudes: treinta días desde el envío del anuncio de licitación si el contrato está sujeto a regulación armonizada; en otro caso, no menos de veinte días desde la publicación del anuncio en el perfil de contratante. Solo los invitados presentan proyectos de investigación e innovación. Si se limita el número de candidatos, el mínimo de invitados a negociar es tres.

Artículo 179. Negociación y adjudicación de la asociación

Seleccionados los candidatos, el órgano de contratación les invita a presentar sus proyectos. Los contratos se adjudican únicamente por la mejor relación calidad-precio. Salvo disposición en contrario, se negocian las ofertas iniciales y las ulteriores, excepto la definitiva; nunca los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. Caben fases sucesivas si se indicó en el anuncio de licitación y en los pliegos. Se exige igual trato e informar por escrito de los cambios, con tiempo para modificar ofertas. Los datos confidenciales no se revelan sin acuerdo previo, que no puede ser una renuncia general.

Artículo 180. Estructura de la asociación para la innovación

La asociación para la innovación se estructura en fases sucesivas, fija objetivos intermedios para los socios y prevé el pago de la retribución en plazos adecuados. Al final de cada fase, el órgano de contratación puede resolver la asociación o, si hay varios socios, reducir su número resolviendo contratos individuales, siempre que los pliegos lo hayan previsto con sus condiciones. Ni la resolución ni la reducción dan lugar a indemnización, salvo la contraprestación por los trabajos realizados. Las soluciones y datos confidenciales de un socio no se revelan sin su acuerdo.

Artículo 181. Adquisiciones derivadas del procedimiento de asociación para la innovación

Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de contratación analiza si los resultados alcanzan los niveles de rendimiento y costes acordados y resuelve sobre la adquisición de las obras, servicios o suministros resultantes. Las adquisiciones se hacen en los términos del pliego de cláusulas administrativas particulares; si hay varios empresarios, se elige a quién comprar con los criterios objetivos del pliego. Si la adquisición conlleva prestaciones sucesivas, solo puede durar un máximo de cuatro años desde la recepción de la resolución sobre la adquisición.

Artículo 182. Configuración y seguimiento de la asociación para la innovación por parte del órgano de contratación

El órgano de contratación velará por que la estructura de la asociación para la innovación, y en particular la duración y el valor de sus fases, reflejen el grado de innovación de la solución propuesta y la secuencia de las actividades de investigación y de innovación necesarias para desarrollar una solución innovadora aún no disponible en el mercado. El valor estimado de los suministros, servicios u obras no será desproporcionado respecto de la inversión necesaria para su desarrollo.

Artículo 183. Ámbito de aplicación

Los concursos de proyectos son procedimientos para obtener planos o proyectos, principalmente en arquitectura, urbanismo, ingeniería y procesamiento de datos, mediante una selección que, tras la licitación, se encomienda a un jurado. Hay dos tipos: los organizados dentro de la adjudicación de un contrato de servicios y los que tienen premios o pagos a los participantes. Estas normas son obligadas para proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo de especial complejidad. Son armonizados desde los umbrales del artículo 22.1 a) y b).

Artículo 184. Bases del concurso

Las normas de organización del concurso de proyectos se establecen conforme a la Subsección y se ponen a disposición de quienes estén interesados en participar. Si se admiten premios o pagos, las bases deben indicar, según el caso, la cantidad fija que se abonará como premio o como compensación por los gastos de los participantes. La valoración de las propuestas se refiere a su calidad y a sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales.

Artículo 185. Participantes

El órgano de contratación puede limitar el número de participantes; entonces hay dos fases: selecciona entre los solicitantes con criterios objetivos, claros y no discriminatorios, que figuran en las bases y en el anuncio de licitación, e invita simultáneamente y por escrito a presentar propuestas. No cabe limitar el acceso a un ámbito territorial ni a personas físicas o jurídicas. La segunda fase puede tener dos sub-fases, idea concisa y propuesta, valoradas por el Jurado; el mínimo de candidatos es tres y quien supera la primera tiene derecho a compensación.

Artículo 186. Publicidad

La licitación del concurso de proyectos se publica en la forma del artículo 135. Si el órgano de contratación se propone adjudicar un contrato de servicios ulterior por procedimiento negociado sin publicidad, debe indicarlo en el anuncio de licitación del concurso. Los resultados se publican en la forma del artículo 154, pero puede no publicarse si se prevé que su divulgación dificultaría la aplicación de la ley, sería contraria al interés público, perjudique intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o podría perjudicar la competencia leal entre proveedores de servicios.

Artículo 187. Jurado y decisión del concurso

Finalizado el plazo de presentación de propuestas se constituye un jurado, designado conforme a las bases; no interviene la mesa de contratación. Lo forman personas físicas independientes de los participantes y, si se exige una cualificación profesional específica, al menos dos tercios deben poseerla u otra equivalente. Decide sobre proyectos anónimos y clasifica en un informe firmado. El órgano de contratación adjudica al participante indicado por el jurado. Los plazos de pago de premios cuentan desde que la adjudicación sea notificada.

Artículo 231. Proyecto de obras

La adjudicación de un contrato de obras requiere la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponde al órgano de contratación, salvo que esa competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. Si se adjudican conjuntamente proyecto y obra, la ejecución de esta queda condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación.

Artículo 232. Clasificación de las obras

Para elaborar los proyectos, las obras se clasifican, según su objeto y naturaleza, en: a) primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación; b) reparación simple; c) conservación y mantenimiento; d) demolición. Primer establecimiento: crea un bien inmueble. Reforma: ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un inmueble ya existente. Reparación: enmienda un menoscabo por causas fortuitas o accidentales; es gran reparación si afecta fundamentalmente a la estructura resistente. Conservación: menoscabo por el natural uso del bien.

Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración

El proyecto de obras comprende, al menos: memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, presupuesto, programa de trabajos, referencias para el replanteo, estudio de seguridad y salud (o el básico) y lo que prevean otras normas. En obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y en los restantes proyectos, cabe simplificar, refundir o suprimir documentos si lo resultante basta para definir, valorar y ejecutar las obras. Incluye estudio geotécnico salvo que sea incompatible con la obra.

Artículo 234. Presentación del proyecto por el empresario

La contratación conjunta de proyecto y obra es excepcional y solo cabe, justificándolo en el expediente, cuando motivos de orden técnico obliguen a vincular al empresario a los estudios de las obras o cuando la dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieran soluciones propias de las empresas. El contratista presenta el proyecto para su supervisión, aprobación y replanteo; sin acuerdo sobre precios queda exonerado de ejecutar y cobra la redacción del proyecto. En obras singulares hidráulicas o de transporte: tres meses y 5 por 100 de compensación.

Artículo 235. Supervisión de proyectos

Antes de aprobar el proyecto, si el presupuesto base de licitación del contrato de obras es igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deben solicitar un informe a las oficinas o unidades de supervisión de los proyectos, que verifican que se han tenido en cuenta las disposiciones generales legales o reglamentarias y la normativa técnica aplicable. Por debajo de esa cifra el informe es facultativo, salvo que las obras afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, en cuyo caso es igualmente preceptivo.

Artículo 236. Replanteo del proyecto

Aprobado el proyecto y antes de aprobar el expediente de contratación de la obra se efectúa el replanteo, que consiste en comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos. En obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras se dispensa del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, pero no se inicia la ejecución hasta formalizar la ocupación. Si ceden terrenos o locales Entidades públicas, bastan los acuerdos de cesión y aceptación. Realizado el replanteo, el proyecto se incorpora al expediente.

Artículo 247. Estudio de viabilidad

Antes de decidir construir y explotar unas obras en concesión se acuerda un estudio de viabilidad. Se somete a información pública un mes, prorrogable por idéntico plazo, y a informe, en un mes, de las Administraciones afectadas cuando la obra no figure en el planeamiento urbanístico. Cabe la iniciativa privada: tres meses para comunicar si se tramita, o un plazo mayor no superior a seis; el silencio equivale a no aceptación. Si culmina en concesión, salvo estudio insuficiente, su autor suma 5 puntos porcentuales o, de no ser adjudicatario, recupera los gastos incrementados en un 5 por cien.

Artículo 248. Anteproyecto de construcción y explotación de las obras

Aprobado el estudio de viabilidad, la Administración concedente podrá acordar la redacción de un anteproyecto, en función de la complejidad de las obras y del grado de definición de sus características. Contendrá, como mínimo, memoria, planos, presupuesto (incluido el coste de las expropiaciones) y un estudio del régimen de utilización y explotación. Se somete a información pública un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de su complejidad, y a informe de las Administraciones afectadas. Los licitadores podrán introducir variantes cuando el pliego lo autorice.

Artículo 249. Proyecto de las obras y replanteo de este

Si las obras son definidas en todas sus características por la Administración concedente, se procede a la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto y al reconocimiento de la utilidad pública de la obra a efectos de expropiación forzosa. Cuando no existiera anteproyecto, el proyecto se somete, antes de su aprobación definitiva, a la tramitación prevista para los anteproyectos. El concesionario responde de los daños derivados de los defectos del proyecto cuando le corresponda su presentación o haya introducido mejoras en el propuesto por la Administración.

Artículo 250. Pliegos de cláusulas administrativas particulares

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la concesión de obras se refieren, al menos, a los aspectos de las letras a) a m): objeto, capacidad y solvencia, cesión del contrato y de participaciones, contenido de las proposiciones, retribución, garantías, plazos, penalidades y reparto de riesgos. En todo caso hay cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento de las participaciones. Las mejoras de los licitadores no pueden referirse a la ubicación de la obra. El riesgo operacional corresponde en todo caso al contratista. Las respuestas a las aclaraciones son vinculantes.

Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios

La Administración puede gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares; no pueden prestarse así los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Si se trata de servicios públicos, antes de contratar debe haberse establecido su régimen jurídico. El contrato expresará con claridad el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional como en el territorial.

Artículo 285. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación

Los pliegos de la concesión de servicios deben, al menos: definir el objeto, previendo su división en lotes; fijar las condiciones de prestación y, en su caso, las tarifas, su revisión y el canon; distribuir los riesgos, correspondiendo en todo caso el riesgo operacional al contratista; definir capacidad y solvencia; y prever la cesión del contrato y de participaciones. Se considera en todo caso cambio de control la cesión del 51 por ciento de las participaciones. El expediente va precedido de un estudio de viabilidad, vinculante si concluye en la inviabilidad del proyecto.

Artículo 1. Objeto

El Decreto desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cinco materias: a) órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades del sector público andaluz dependientes o vinculadas a ella con competencias en contratación; b) Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía; c) Registro de Contratos de la Junta de Andalucía; d) contratación de obras, bienes y servicios homologados; e) otras disposiciones de desarrollo de esa Ley.

Artículo 2. Órganos de contratación

Consejerías: su titular es el órgano de contratación y celebra en su nombre los contratos de asuntos propios de la Consejería, salvo cuando, con arreglo a la ley, celebrarlos o autorizarlos corresponda al Consejo de Gobierno. Agencias: los que determinen sus estatutos. Entidades con independencia funcional o especial autonomía: su normativa específica. Sociedades mercantiles y fundaciones: la capacidad para contratar de sus representantes se rige por sus estatutos y el derecho privado aplicable. Consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007: sus estatutos.

Artículo 3. Competencias del Consejo de Gobierno

En los casos previstos legalmente, necesitan autorización del Consejo de Gobierno para celebrar contratos los titulares de las Consejerías y los órganos de contratación de agencias, entidades de la adicional segunda de la Ley 9/2007, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del artículo 12.3. Se obtiene antes de aprobar el expediente y lleva implícita la aprobación del gasto. También autoriza la modificación que sea causa de resolución y la resolución. Excepcionalmente autoriza contratar con no clasificados, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública.

Artículo 4. Otras competencias de las personas titulares de las Consejerías y de las entidades

Además de ser órganos de contratación, los titulares de las Consejerías: a) acuerdan la continuación provisional de las obras cuando la modificación exija suspender la ejecución y ello cause graves perjuicios al interés público (en agencias y entidades de la adicional segunda, sus órganos de contratación); b) dan cuenta al Consejo de Gobierno, en dos meses como máximo, del acuerdo de tramitación de emergencia; c) fijan la cuantía a partir de la cual las agencias dependientes necesitan su autorización; d) declaran los contratos secretos o reservados, sin posibilidad de delegación.

Artículo 5. Órganos colegiados de asistencia a los órganos de contratación

Mesas de contratación y comités de expertos asisten al órgano de contratación. La mesa valora las ofertas y propone la adjudicación; es potestativa en los negociados sin anuncio de licitación (salvo imperiosa urgencia) y en los del artículo 159.6. La integran la Presidencia (nivel al menos de Jefatura de Servicio), al menos cuatro vocales y la Secretaría, con voz y voto. Su composición se publica en el perfil de contratante con siete días de antelación mínima. El personal técnico asiste con voz y sin voto. No pueden formar parte los cargos públicos representativos ni el personal eventual.

Artículo 6. Funcionamiento de las Mesas de contratación

Para la válida constitución de la Mesa deben estar presentes la mayoría absoluta de los miembros o sus suplentes y, en todo caso, las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría y los dos vocales con funciones de asesoramiento jurídico y de control económico-presupuestario del órgano. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos. El funcionamiento se ajusta a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007 y al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, en lo que constituya legislación básica.

Artículo 7. Funciones de las Mesas de contratación

En el abierto la Mesa califica la documentación general y la garantía provisional, comunicando los defectos subsanables; determina los excluidos; abre las proposiciones en acto público; las valora y clasifica en orden decreciente; tramita las anormales o desproporcionadas, y propone la adjudicación, que se declare desierta la licitación o el desistimiento. En el restringido examina la documentación, y la selección de solicitantes corresponde al órgano de contratación, que puede delegarla en la Mesa en el pliego. En el negociado, cuando interviene, califica, valora y propone la adjudicación.

Artículo 8. Composición de la Mesa de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo

En los procedimientos de diálogo competitivo, además de los miembros especificados en el artículo 5.2 del Decreto, son vocales de la Mesa de contratación, con voz y voto, las personas especialmente cualificadas en la materia que constituya el objeto del contrato. Las designa el órgano de contratación y su número no puede ser inferior a un tercio de los componentes de la Mesa.

Artículo 9. Funciones de la Mesa de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo

En el diálogo competitivo la Mesa: a) elabora, antes de iniciar cualquier expediente de contrato de colaboración entre el sector público y el privado, el documento de evaluación previa; b) examina la documentación administrativa al seleccionar candidaturas; c) sus miembros con competencia técnica pueden asistir al órgano de contratación, a petición de este; d) determina el número de soluciones a examinar en la fase siguiente; e) propone declarar el fin del diálogo; f) valora y clasifica las proposiciones; g) requiere aclaraciones sobre la oferta más ventajosa; h) propone la adjudicación.

Artículo 10. Composición de la Mesa de contratación en los concursos de proyectos

En los concursos de proyectos la Mesa se constituye en Jurado, integrado por los miembros especificados en el artículo 5.2 y hasta cinco vocales más, con voz y voto, designados por el órgano de contratación entre personas de notoria competencia en la materia objeto del concurso. Los miembros del Jurado son personas físicas independientes de los participantes. Si a estos se les exige una determinada cualificación o experiencia, al menos una tercera parte de los miembros del Jurado debe poseer la misma u otra equivalente.

Artículo 11. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción

El Registro de Licitadores inscribe y acredita, salvo prueba en contrario, ante los órganos de contratación del sector público de la Junta, de las entidades locales andaluzas y de sus entes dependientes, las condiciones de aptitud para contratar y la concurrencia o no de prohibiciones de contratar. Se inscriben personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia y clasificación. Es único, está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y su contenido se prueba con certificación del Servicio que lo gestiona.

Artículo 12. Finalidad y funciones

El Registro de Licitadores tiene como finalidad facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos de contratación. Sus funciones son cinco: inscribir a las empresas y profesionales que lo soliciten y reúnan los requisitos del Decreto, así como las prohibiciones de contratar; emitir las certificaciones de inscripción; modificar y actualizar los datos y, en su caso, suspender o cancelar la inscripción; custodiar la documentación aportada; y facilitar información sobre quienes estén incursos en prohibiciones de contratar.

Artículo 13. Gestión electrónica

El Registro de Licitadores se gestiona por medios electrónicos, en los términos que regule una Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. Aun así, las personas interesadas tienen derecho a elegir en todo momento si emplean o no medios electrónicos para relacionarse con el órgano al que está adscrito el Registro. Los datos inscribibles constan en formato electrónico y los documentos en papel podrán digitalizarse con garantías de autenticidad, integridad y conservación. El acceso a la tramitación electrónica se hace a través del portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 14. Clases de inscripciones

Las inscripciones en el Registro pueden ser voluntarias u obligatorias. Es obligatoria la inscripción de las prohibiciones de contratar declaradas por la Administración de la Junta de Andalucía, por las entidades locales andaluzas y, en su caso, por las demás entidades del ámbito subjetivo del Registro de Licitadores, en los casos del artículo 50.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. En todos los casos no previstos ahí la inscripción es voluntaria.

Artículo 15. Práctica de la inscripción de las prohibiciones de contratar

La Dirección General competente en materia de Patrimonio inscribe de oficio las prohibiciones de contratar del artículo 50.4 de la Ley 30/2007 cuya declaración corresponda a la Junta, a las entidades locales andaluzas y al resto de entidades del ámbito del Registro; los órganos gestores de contratación deben comunicar al Registro las sanciones y resoluciones firmes. Las acordadas por resolución judicial o del titular del Ministerio de Economía y Hacienda se inscriben y publican al recibirse su comunicación. La inscripción expresa fecha, causa legal, duración y extensión de efectos.

Artículo 16. Efectos de la inscripción de las prohibiciones de contratar

Las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49.1.e) y 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, declaradas por la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, por las entidades comprendidas en el ámbito subjetivo del Registro de Licitadores, no producen efectos hasta que consten en el Registro de Licitadores.

Artículo 17. Datos a inscribir en el Registro de Licitadores y carácter voluntario de la inscripción

Pueden solicitar la inscripción las personas físicas empresarias o profesionales y las jurídicas, nacionales o extranjeras. Datos: personalidad y capacidad de obrar (personas jurídicas), facultades de representantes o apoderados, autorizaciones o habilitaciones profesionales, solvencia, clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y documentación complementaria. La inscripción es voluntaria y cada cual decide qué datos refleja, pero la clasificación exige que consten los de los párrafos a) y c), y los de b), c) y d) exigen los de personalidad y capacidad de obrar.

Artículo 18. Solicitud de inscripción en el Registro de Licitadores

La solicitud de inscripción voluntaria se dirige a la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, en el modelo del Anexo I, con: ficha del licitador (Anexo II), certificación de no estar incurso en incompatibilidad o prohibición (Anexo III), documentación acreditativa y declaración responsable (Anexo IV). Puede presentarse por medios electrónicos, con copias digitalizadas garantizadas con firma electrónica reconocida, o no electrónicos, con original, copia auténtica o compulsada, o fotocopia con declaración responsable de autenticidad.

Artículo 19. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y representación

Las personas jurídicas acreditan su capacidad de obrar con las escrituras o documentos de constitución inscritos y el NIF; las físicas, con DNI, NIF o NIE, o consintiendo la consulta de su identidad. La representación se acredita con escrituras de apoderamiento bastanteadas por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y la identificación de cada representante (o autorización del Anexo V). Los extranjeros comunitarios aportan documentos fehacientes de su inscripción en el Registro procedente; los no comunitarios, documentación según su país con certificación de la oficina consular.

Artículo 20. Documentación complementaria

La solvencia puede acreditarse con los documentos de los artículos 64 al 68 de la Ley 30/2007 o con la certificación de clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Caben también habilitaciones profesionales, certificados de calidad y de gestión medioambiental, la declaración sobre el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla y, para constructoras, la inscripción en su Registro de Empresas Acreditadas. Las certificaciones tributarias y de Seguridad Social actualizan datos en seis meses desde su expedición; el justificante del IAE, en un año.

Artículo 21. Subsanación, resolución y certificación de inscripción

Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al solicitante para que subsane en diez días, o se le tendrá por desistido. Resuelve, por resolución motivada, la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, que asigna un número registral en caso de inscripción. El plazo para resolver y notificar es de tres meses; sin resolución expresa notificada, podrá entenderse estimada. La resolución se notifica junto con la certificación de inscripción y contra ella cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 22. Efectos de la inscripción voluntaria

La inscripción permite sustituir la documentación del artículo 130.1 de la Ley 30/2007 por una certificación del Registro y una declaración responsable (Anexo VI) de que las circunstancias no han variado. Los órganos de contratación de la Junta y sus entidades con acceso al Registro incorporan de oficio la certificación en todo caso; el resto, si el pliego o el anuncio lo prevén. La manifestación se reitera, en caso de adjudicación, al formalizar el contrato. La certificación es electrónica, o en papel si se opta por la comunicación no electrónica. La inscripción tiene eficacia indefinida.

Artículo 23. Obligaciones de las empresas y profesionales licitadores inscritos

Los licitadores inscritos deben comunicar al Registro de Licitadores, en diez días desde su eficacia, cualquier modificación de los datos inscritos, con la documentación acreditativa; mantener actualizados los datos que puedan perder vigencia y comunicar las circunstancias que prohíben contratar. La solicitud sigue el modelo del Anexo VII. Tras la modificación se expide y notifica nueva certificación. La información incorrecta o la falta de comunicación cancela los asientos afectados; la omisión con dolo, culpa o negligencia, o la falsedad, acarrea prohibición de contratar.

Artículo 24. Competencias relativas a la modificación y rectificación de los datos

La Dirección General competente en materia de Patrimonio vela por la veracidad y exactitud de los datos del Registro de Licitadores: puede recabar información de los inscritos y de los registros públicos y rectificar o cancelar de oficio asientos cuando se acredite que no se corresponden con la realidad. Los órganos competentes en materia de contratación deben comunicar al Registro las modificaciones de datos inscritos de que tengan constancia. La rectificación de oficio la realiza el órgano al que está adscrito el Registro, previa audiencia del inscrito.

Artículo 25. Suspensión y cancelación de la inscripción

La suspensión de la inscripción procede de oficio, por el órgano del que depende el Registro, cuando se incurre en prohibición de contratar, y se mantiene mientras dure la causa. La Dirección General competente en materia de Patrimonio cancela la inscripción por: a) falta de actualización de datos; b) muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, o extinción de la personalidad jurídica, fusión o absorción de la empresa; c) incumplimiento de los requisitos de inscripción; d) solicitud del interesado (Anexo VII). En a), b) y c), previo expediente con audiencia.

Artículo 26. Acceso al Registro de Licitadores

El Registro de Licitadores es público para quienes tengan interés legítimo en conocer su contenido; el acceso se rige por el artículo 37 de la Ley 30/1992. Sus datos pueden consultarlos los órganos de contratación del sector público andaluz mencionados en el artículo 11.1. Las empresas y profesionales afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Los datos personales quedan sujetos, en todo caso, a las limitaciones de difusión y a la tutela de la Ley Orgánica 15/1999 y su Reglamento (Real Decreto 1720/2007).

Artículo 27. Colaboración

El Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía colabora, en el desarrollo de su actividad, con el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y con los Registros de Licitadores de otras Comunidades Autónomas. Además, facilita a otras Administraciones Públicas la información que precisen para el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con el artículo 307 de la Ley 30/2007.

Artículo 28. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción

El Registro de Contratos inscribe los datos básicos de los contratos adjudicados por los órganos de contratación de la Administración de la Junta, sus entidades instrumentales públicas y privadas, los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 y las entidades vinculadas; también modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción. Es obligatorio inscribir los contratos administrativos o privados, incluso sin pago de precio, y los patrimoniales. Es único y está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio.

Artículo 29. Finalidad y funciones

El Registro de Contratos es el sistema oficial central de información sobre la contratación de la Administración de la Junta y de las entidades del artículo anterior: soporte para el conocimiento, análisis e investigación, la estadística, las obligaciones de información y la difusión pública. Funciones: a) elaborar la memoria anual, que examina y valora la Comisión Consultiva de Contratación Pública; b) confeccionar las relaciones estadísticas; c) suministrar información a los órganos de contratación; d) comunicar los datos básicos al Registro de Contratos del Sector Público del Estado.

Artículo 30. Supuestos de exclusión

Como regla, no se inscriben en el Registro de Contratos los negocios, contratos y relaciones jurídicas del artículo 4.1 de la Ley 30/2007. Hay dos salvedades: sí se inscriben los contemplados en los párrafos o) y p) de dicho artículo y, en aquellos casos en que sea obligatorio por otras disposiciones, los referidos en los párrafos c) y d).

Artículo 31. Registro de los datos relativos a los contratos

Los órganos gestores de la contratación deben haber registrado los datos básicos de los contratos adjudicados a través del Sistema Integrado Júpiter, a medida que se tramite el expediente en sus fases contables y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la formalización. Las entidades que no usan Júpiter en su gestión económica inscriben por medios electrónicos, en dos meses desde la formalización. Se sigue el modelo del Anexo VIII. La Dirección General competente en materia de Patrimonio puede recabar otros datos y documentos de los expedientes.

Artículo 32. Acceso al Registro de Contratos

La Dirección General competente en materia de Patrimonio, a la que está adscrito el Registro de Contratos, tiene acceso a la totalidad de la aplicación informática, centraliza la información y la procesa. Los órganos gestores de la contratación acceden únicamente a los datos de los contratos cuyos expedientes hayan tramitado, aunque pueden solicitar información sobre otros contratos inscritos. El Registro facilita acceso electrónico a los órganos de la Junta y sus entidades vinculadas o dependientes que lo precisen, en particular a los de fiscalización del gasto o inspección de tributos.

Artículo 33. Exactitud de los datos y subsanación de errores

La información inscrita en el Registro de Contratos debe ser veraz, exacta y completa en función del expediente de contratación, conforme a las circulares o instrucciones de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. Si se observan insuficiencias o defectos en los datos inscritos, esa Dirección General lo pone en conocimiento del órgano gestor de la contratación correspondiente, al objeto de que se adopten las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas.

Artículo 34. Obras, bienes y servicios homologados

Para racionalizar la adjudicación puede declararse la necesaria uniformidad de obras, bienes y servicios. Las empresas y sus bienes y servicios, una vez seleccionados, son homologados; la homologación de obras se desarrolla por Orden de Hacienda. La Administración de la Junta y sus agencias administrativas están obligadas a contratar lo homologado. Las entidades del apartado 5 (así, Universidades públicas y entidades locales) pueden adherirse por convenio con Hacienda. Una Orden de Hacienda, previo informe de la Comisión Central de Homologación, puede obligar a las entidades del apartado 6.

Artículo 35. Órganos con competencias en materia de bienes y servicios homologados

Tres órganos tienen competencias en bienes y servicios homologados: la persona titular de la Consejería competente en Hacienda, la Dirección General competente en Patrimonio y la Comisión Central de Homologación. A la persona titular de la Consejería le corresponde iniciar de oficio y resolver los procedimientos de homologación en el ámbito de la Junta, sin perjuicio del artículo 43. A la Dirección General, declarar la necesaria uniformidad, tramitar la selección, elaborar, publicar y actualizar el Catálogo y aprobar las instrucciones. A la Comisión, las competencias del artículo 40.

Artículo 36. Declaración de necesaria uniformidad de bienes y servicios

La declaración de necesaria uniformidad de bienes y servicios se hace por resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, que determina el tipo de bien o servicio, y se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, a iniciativa en su caso de las entidades del artículo 34.4 y 5, pueden proponer a esa persona titular la declaración respecto de los bienes y servicios que precisen para el ejercicio de sus específicas competencias.

Artículo 37. Sistemas de selección de bienes y servicios homologados

Los bienes y servicios homologados se seleccionan por los sistemas de racionalización técnica de la contratación pública del Título II del Libro III de la Ley 30/2007. El resultado de la selección comprende las características de los bienes y servicios, sus precios unitarios y las empresas con las que podrán celebrarse los contratos; esos bienes y servicios integran el Catálogo. En el supuesto del artículo 36.2, las Secretarías Generales Técnicas pueden proponer, para su aprobación por la Dirección General de Patrimonio, las especificaciones y criterios de valoración técnicos.

Artículo 38. Contratación de bienes y servicios homologados

Una vez homologados, los bienes y servicios se contratan por las Consejerías y entidades del artículo 34.4 y 5 mediante los procedimientos de los sistemas de racionalización técnica de la Ley 30/2007. Solo pueden contratarse los homologados, con las empresas incluidas en el Catálogo, y los órganos de contratación deben comunicar la contratación a la Dirección General de Patrimonio antes de la formalización del pago. Las empresas homologadas están obligadas a celebrar los contratos con todos los órganos y entidades que lo soliciten, ajustándose a los términos y especificaciones establecidos.

Artículo 39. Comisión Central de Homologación

La Comisión Central de Homologación es un órgano colegiado adscrito a la Dirección General competente en Patrimonio. La preside la persona titular de la Dirección General de coordinación de la contratación pública; la Vicepresidencia es de la Subdirección General, Coordinación o equivalente de esa Dirección General. La integran además un letrado del Gabinete Jurídico, un representante de la Intervención General y la Secretaría (persona funcionaria de Patrimonio, al menos jefatura de servicio, con voz y voto). A la Presidencia la suple la Vicepresidencia. Caben comisiones técnicas.

Artículo 40. Funciones de la Comisión Central de Homologación

La Comisión Central de Homologación tiene cinco funciones: las propias de Mesa de Contratación en los procedimientos de selección de empresas y bienes y servicios homologados; autorizar la contratación de bienes o servicios declarados de necesaria uniformidad pero no homologados, o que por la peculiaridad de la necesidad deban contratarse fuera del Catálogo; proponer instrucciones a Patrimonio; informar con carácter vinculante la declaración de necesaria uniformidad y los procedimientos de selección en Consejerías distintas de Hacienda; y asistir en materia de homologación.

Artículo 41. Funcionamiento de la Comisión Central de Homologación

El funcionamiento de la Comisión Central de Homologación se ajusta a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en lo que constituya legislación básica. Además, en virtud del artículo 89.1.c) de la Ley 9/2007, la Comisión puede aprobar sus propias normas de funcionamiento.

Artículo 42. Autorización de la Comisión Central de Homologación para contratar fuera de la homologación

La autorización de la Comisión para los supuestos del artículo 40.b) la solicita la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería que pretenda contratar o de la que dependa la agencia administrativa. Se acompaña de memoria justificativa, cuantía o presupuesto, proyecto de pliego de prescripciones técnicas y, en bienes y servicios informáticos, informe favorable de la Consejería de política informática. Los servicios técnicos de Patrimonio informan. La Comisión otorga o deniega en tres meses desde la recepción de la solicitud; sin contestación, se entiende otorgada.

Artículo 43. Homologación de bienes y servicios en el ámbito de otras Consejerías

Las Consejerías, en el ámbito de sus competencias, pueden homologar bienes y servicios de su específica utilización. La declaración de necesaria uniformidad la realizan los órganos gestores de la contratación de las Consejerías, y la iniciación de oficio y la resolución de los procedimientos de selección corresponden a las personas titulares de las Consejerías; en ambos casos, previo informe favorable de la Comisión Central de Homologación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.d).

Artículo 44. Adquisición de vehículos

Para adjudicar los contratos de suministro de vehículos homologados hace falta la autorización previa de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. Además, la adjudicación debe ajustarse a las instrucciones que dicte la persona titular de ese centro directivo.

Artículo 45. Suministro de bienes y servicios informáticos homologados

En el suministro de bienes y servicios informáticos homologados cuenta la distribución competencial entre Consejerías en materia de política informática. Tres reglas: a) el centro directivo correspondiente de la Consejería competente en esa materia informa con carácter vinculante los procedimientos de declaración de necesaria uniformidad; b) en los sistemas de racionalización, una persona en representación de esa Consejería, que será miembro de la Comisión Central de Homologación, participa en la valoración técnica; c) el informe vinculante no sustituye a la autorización de la Comisión.

Artículo 46. Suspensión de la homologación

La Dirección General competente en materia de Patrimonio puede suspender la homologación de un bien o servicio, de un grupo o de alguna empresa. Inicia de oficio y resuelve previa audiencia de la empresa; se publica en el Catálogo. Motivos: actualización o revisión del Catálogo, incumplimiento o cumplimiento defectuoso, prohibición de contratar sobrevenida y casos específicos de los pliegos. Efecto: pérdida temporal de la condición. Se recupera al desaparecer la causa, por resolución de la persona titular de esa Dirección General. Los períodos por distintas causas se acumulan.

Artículo 47. Colaboración con otras Administraciones Públicas

La Administración de la Junta de Andalucía colaborará con otras Administraciones Públicas en relación con los bienes y servicios homologados. Para ello podrá: a) establecer intercambios de información sobre la nueva aparición en el mercado de productos de tecnología más cualificada; b) facilitar información sobre los niveles de comportamiento de las empresas en la ejecución de sus compromisos contractuales, con especial referencia al servicio postventa; c) facilitar una mutua comunicación sobre los precios alcanzados, que permita perfeccionar los mecanismos contractuales.

Artículo 48. Pliegos de cláusulas administrativas generales

Los pliegos de cláusulas administrativas generales se aprueban por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública y del Gabinete Jurídico y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Para tecnologías de la información: Orden de Hacienda y, en su caso, conjunta con la Consejería de política informática. Se publican en el BOJA y en la plataforma de contratación. La Comisión Consultiva informa con carácter previo los pliegos particulares con estipulaciones contrarias a los generales.

Artículo 49. Modelos de Pliegos de cláusulas administrativas particulares

La Comisión Consultiva de Contratación Pública podrá recomendar a los órganos de contratación la utilización de modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares. Esos modelos han de estar previamente informados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y aprobados por los órganos de contratación. Los pliegos particulares que se ajusten al contenido de los modelos no requerirán nuevo informe del Gabinete Jurídico.

Artículo 50. Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía

Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se adoptan las disposiciones y medidas para gestionar la plataforma electrónica de contratación de la Junta, cauce de publicidad por internet que incluye el perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta, entidades instrumentales, consorcios y entidades vinculadas. La plataforma debe tener un dispositivo que acredite fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública. Hacienda integrará, previo convenio en su caso, otras instituciones y entidades del sector público de Andalucía.

Artículo 51. Sistema informático para la tramitación electrónica de los expedientes de contratación

La Consejería competente en materia de Hacienda implantará un sistema informático para la planificación y gestión de la tramitación electrónica de los expedientes de contratación que lleven a cabo los órganos gestores de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales y vinculadas. Su utilización será obligatoria para esos órganos a partir de la implantación efectiva del sistema. Objeto: garantizar los principios de homogeneidad, integridad y seguridad jurídica en la tramitación electrónica de dichos expedientes.

Artículo 52. Homogeneidad de los procedimientos de adjudicación establecidos en las instrucciones de ámbito interno

La Consejería competente en materia de Hacienda garantiza la homogeneidad de los procedimientos de adjudicación de las instrucciones internas: las del artículo 175 de la Ley 30/2007, para entidades del sector público andaluz que sean poderes adjudicadores sin carácter de Administración Pública, cuando adjudiquen contratos no sujetos a regulación armonizada; y las del 176, para las restantes, que no son poderes adjudicadores. Aprobarlas requiere informe previo del Gabinete Jurídico. Se ponen a disposición de las empresas y profesionales interesados y se publican en el perfil de contratante.

Artículo 53. Medidas para promover la igualdad de género

1) La Administración de la Junta podrá establecer condiciones especiales de ejecución para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. 2) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalarán la preferencia en la adjudicación a empresas que, al acreditar su solvencia técnica, tengan la marca de excelencia en igualdad o medidas de igualdad duraderas y efectivas, si su proposición iguala a las más ventajosas. 3) No se formalizarán contratos con empresas sancionadas o condenadas en firme por alentar o tolerar prácticas laborales discriminatorias.

Artículo 54. Medidas para promover el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

Los órganos de contratación de la Administración de la Junta señalarán, en los pliegos de prescripciones técnicas, la normativa vigente de prevención de riesgos laborales específicamente aplicable al objeto del contrato. Esos pliegos podrán fijar los requisitos básicos de prevención que deben cumplir los bienes y servicios, para que sean seguros y adecuados en su uso, y podrán incorporar especificaciones técnicas de seguridad y salud laboral vinculadas con la fabricación del producto suministrado o utilizado en el servicio u obra contratada o que deba incluirse en el diseño proyectado.

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58