Tema 43 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 15. Contrato de concesión de servicios

En la concesión de servicios uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. La contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, bien ese derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación implica transferir al concesionario el riesgo operacional, en los términos del apartado cuarto del artículo anterior.

Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación

La prórroga la acuerda el órgano de contratación y obliga al empresario si se preavisa con al menos dos meses (salvo plazo mayor en el pliego), excepto si la Administración se demoró más de seis meses en el pago; no cabe por consentimiento tácito. Suministros y servicios de prestación sucesiva y arrendamiento de bienes muebles: máximo cinco años con prórrogas, con las excepciones del apartado 4. Concesiones que sobrepasen cinco años: tope de 40, 25 o 10 años. Prórroga por no haberse formalizado el nuevo contrato: máximo nueve meses. Contratos menores: un año, sin prórroga.

Artículo 203. Potestad de modificación del contrato

Los contratos administrativos solo pueden modificarse por razones de interés público, por el procedimiento del artículo 191 con las particularidades del 207. Quedan aparte la sucesión del contratista, la cesión, la revisión de precios y la ampliación del plazo. Durante su vigencia solo caben dos supuestos: modificación prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 204) y, excepcionalmente, no prevista (art. 205). Fuera de ellos procede resolver y celebrar otro contrato. Se formalizan (art. 153) y se publican (arts. 207 y 63).

Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Los contratos de las Administraciones Públicas pueden modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial si el pliego de cláusulas administrativas particulares lo advirtió expresamente. La cláusula debe ser clara, precisa e inequívoca y detallar alcance, límites y naturaleza, condiciones verificables de forma objetiva y procedimiento; no puede suponer nuevos precios unitarios no previstos. El pliego no puede prever modificaciones que alteren la naturaleza global del contrato; sustituir alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual no la altera.

Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales

Las modificaciones no previstas en el pliego exigen un supuesto del apartado 2 y limitarse a lo estrictamente indispensable. Supuestos: a) prestaciones adicionales, si el cambio de contratista no es posible y la cuantía no excede del 50 por ciento del precio inicial, IVA excluido; b) circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, sin alterar la naturaleza global y con el mismo 50 por ciento; c) modificaciones no sustanciales. Es sustancial, entre otros casos, la que excede del 15 por ciento en obras o del 10 por ciento en los demás contratos.

Artículo 206. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato

En las modificaciones del artículo 205, las acordadas por el órgano de contratación son obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Si la modificación no resulta obligatoria, solo se acuerda previa conformidad por escrito del contratista; en caso contrario, el contrato se resuelve conforme a la letra g) del apartado 1 del artículo 211.

Artículo 207. Especialidades procedimentales

Las modificaciones del artículo 204 se acuerdan en la forma especificada en los pliegos. Antes de las del artículo 205 se da audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si los preparó un tercero ajeno al órgano de contratación por un contrato de servicios, por plazo no inferior a tres días. Los contratos sujetos a regulación armonizada, salvo los del anexo IV, publican anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea» en los casos de las letras a) y b) del artículo 205.2. En todo caso, anuncio en el perfil de contratante en 5 días desde la aprobación.

Artículo 209. Extinción de los contratos

Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación

El contrato se entiende cumplido cuando el contratista realiza la totalidad de la prestación, según sus términos y a satisfacción de la Administración. Exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización, o en el plazo del pliego; se comunica a la Intervención cuando sea preceptivo. Se fija un plazo de garantía desde la recepción, salvo que no resulte necesario. Excepto en obras, la liquidación se acuerda, notifica y abona dentro de treinta días desde el acta de recepción o conformidad.

Artículo 211. Causas de resolución

Causas de resolución: muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o extinción de la personalidad jurídica; declaración de concurso o de insolvencia; mutuo acuerdo; demora del contratista; demora en el pago de la Administración; incumplimiento de la obligación principal y de las esenciales calificadas en los pliegos; imposibilidad de ejecutar la prestación o modificaciones superiores al 20 por ciento del precio inicial; las específicas de cada categoría de contrato, e impago de salarios o incumplimiento de Convenios colectivos. Si concurren varias, rige la primera en el tiempo.

Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución

La resolución la acuerda el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. Por impago de salarios, a instancia de los representantes de los trabajadores, salvo subrogación y deuda superior al 5 por ciento del precio de adjudicación. La insolvencia y las modificaciones fuera de los artículos 204 y 205 dan siempre lugar a resolución. Por muerte del contratista individual cabe continuar con herederos o sucesores. En concurso, la Administración puede continuar con garantías adicionales: complementaria de al menos un 5 por 100. Plazo máximo de los expedientes: ocho meses.

Artículo 213. Efectos de la resolución

Por mutuo acuerdo, los derechos se acomodan a lo estipulado. El incumplimiento de la Administración determina el pago de daños y perjuicios al contratista. Por incumplimiento culpable del contratista se incauta la garantía y se indemniza lo que exceda de ella. Por la letra g) del artículo 211, indemnización del 3 por ciento de la prestación dejada de realizar. El acuerdo se pronuncia sobre la garantía. Puede iniciarse la nueva adjudicación, con tramitación de urgencia; hasta el nuevo contrato, el contratista adopta las medidas necesarias; su impugnación se resuelve en quince días hábiles.

Artículo 214. Cesión de los contratos

Al margen de la sucesión del contratista y de la subrogación hipotecaria, la modificación subjetiva solamente es posible por cesión cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos. Requisitos mínimos: autorización previa y expresa del órgano de contratación (dos meses para notificar; después se entiende otorgada); que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe o, en concesiones, explotado una quinta parte del plazo, salvo concurso; cesionario con capacidad, solvencia y sin prohibición de contratar; y escritura pública.

Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios

La Administración puede gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares; no pueden prestarse así los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Si se trata de servicios públicos, antes de contratar debe haberse establecido su régimen jurídico. El contrato expresará con claridad el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional como en el territorial.

Artículo 285. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación

Los pliegos de la concesión de servicios deben, al menos: definir el objeto, previendo su división en lotes; fijar las condiciones de prestación y, en su caso, las tarifas, su revisión y el canon; distribuir los riesgos, correspondiendo en todo caso el riesgo operacional al contratista; definir capacidad y solvencia; y prever la cesión del contrato y de participaciones. Se considera en todo caso cambio de control la cesión del 51 por ciento de las participaciones. El expediente va precedido de un estudio de viabilidad, vinculante si concluye en la inviabilidad del proyecto.

Artículo 286. Efectos, cumplimiento y extinción

Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de servicios se regulan por la propia Ley 9/2017, con exclusión de los artículos 208 y 210. Tampoco resultan de aplicación el apartado 2 del artículo 192, el artículo 193 y el artículo 195, salvo en la fase de construcción cuando el contrato comprenda la ejecución de obras.

Artículo 287. Ejecución del contrato de concesión de servicios

El concesionario debe organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características del contrato y dentro de sus plazos y, en su caso, ejecutar las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación. Si la concesión recae sobre un servicio público, la Administración conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. La concesión únicamente puede hipotecarse si conlleva obras o instalaciones fijas necesarias para el servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión.

Artículo 288. Obligaciones generales

El concesionario debe: prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares su uso mediante el abono, en su caso, de las tarifas aprobadas, y seguir prestándolo, si el contrato se extingue por cumplimiento, hasta que se formalice el nuevo; cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar instrucciones; indemnizar los daños a terceros, excepto los imputables a la Administración; respetar la no discriminación por nacionalidad en los contratos de suministro consecuencia de la concesión; y cumplir las demás de la legislación, el pliego y la documentación contractual.

Artículo 289. Prestaciones económicas

El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, incluida una retribución fijada en función de la utilización del servicio, que percibe directamente de los usuarios o de la propia Administración. Las pactadas se denominan tarifas, tienen naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario y se revisan, en su caso, en la forma establecida en el contrato. El concesionario lleva contabilidad diferenciada a disposición de la entidad contratante. Si el pliego lo establece, abona a la Administración concedente un canon o participación.

Artículo 290. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico

La Administración puede modificar el servicio y las tarifas únicamente por razones de interés público y si concurren las circunstancias legales de modificación. Si afecta al régimen financiero, se compensa. Este se restablece por esas modificaciones, por actuaciones obligatorias de la concedente o por fuerza mayor, no por incumplirse las previsiones de demanda. En ciertos supuestos el plazo puede ampliarse hasta un 15 por ciento de su duración inicial. El contratista puede desistir si el contrato deviene extraordinariamente oneroso: incremento de costes de al menos el 5 por ciento.

Artículo 291. Reversión

Al finalizar el plazo de la concesión, el servicio revierte a la Administración y el contratista entrega las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato, en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. Durante un período prudencial anterior, que debe fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adopta las disposiciones para que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir no pueden ser objeto de embargo.

Artículo 292. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares

Si la Administración no paga al concesionario la contraprestación económica o no le entrega los medios auxiliares a que se obligó, dentro de los plazos previstos en el contrato, y no procede la resolución del contrato o el concesionario no la solicita, este tiene derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquellos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.

Artículo 293. Incumplimiento del concesionario

Cuando el contrato recae sobre un servicio público y, por causas ajenas al concesionario o por su incumplimiento, se deriva una perturbación grave y no reparable por otros medios, la Administración podrá acordar su secuestro o intervención en los términos del artículo 263. En todo caso, el concesionario abonará los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. En cualquier caso, al incumplimiento del concesionario se le aplica el régimen de penalidades del artículo 264 de la concesión de obras, siempre que sea compatible con la naturaleza de la concesión de servicios.

Artículo 294. Causas de resolución

Causas: las del artículo 211, salvo sus letras d) y e), y además: a) ejecución hipotecaria desierta o imposible de iniciar por falta de interesados autorizados; b) demora de la Administración superior a seis meses en entregar la contraprestación o medios auxiliares; c) rescate por interés público, acreditando que la gestión directa es más eficaz y eficiente; d) supresión del servicio por interés público; e) explotación imposible por acuerdos posteriores de la Administración; f) secuestro superior al plazo del artículo 263.3 sin que el contratista garantice asumir por completo sus obligaciones.

Artículo 295. Efectos de la resolución

Resolución imputable a la Administración: esta abona en todo caso las inversiones en expropiación de terrenos, obras y bienes necesarios para la explotación, según su grado de amortización, con criterio lineal. No imputable: se abona la valoración de la concesión del artículo 281. Se entienden no imputables las letras a), b) y f) del 211 y a) y f) del 294. Letra b) del 294: interés de demora de la Ley 3/2004 desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la liquidación de la indemnización. Letras b), c), d) y e) del 294: indemnización de daños y perjuicios, incluidos los beneficios futuros.

Artículo 296. Subcontratación

En el contrato de concesión de servicios la subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. A esa subcontratación le resulta de aplicación la regulación establecida en los artículos 215, 216 y 217 de la propia Ley.

Artículo 297. Regulación supletoria

En lo no previsto en el Capítulo respecto al contrato de concesión de servicios, a este se le aplica la regulación que la Ley establece respecto al contrato de concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de la concesión de servicios.

Artículo 85

Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. Se gestionan de la forma más sostenible y eficiente entre: gestión directa (propia Entidad Local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local de capital público) o gestión indirecta (formas del contrato de gestión de servicios públicos). La entidad pública empresarial y la sociedad mercantil solo caben si una memoria justificativa acredita que son más sostenibles y eficientes; la memoria se eleva al Pleno y se recaba informe del interventor local.

Artículo 85 bis

Organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales se rigen por los arts. 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, con especialidades: el Pleno los crea, modifica, refunde y suprime y aprueba sus estatutos; quedan adscritos a una Concejalía, Área u órgano equivalente (las EPE también a un organismo autónomo); el máximo directivo ha de ser titulado superior (el profesional privado, con más de cinco años de ejercicio); consejo rector en los organismos autónomos y consejo de administración en las EPE. Los estatutos se aprueban y publican antes de su funcionamiento efectivo.

Artículo 85 ter

Las sociedades mercantiles locales se rigen íntegramente, sea cual sea su forma jurídica, por Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una de las formas del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010, de 2 de julio); la escritura de constitución fija el capital que aportan las Administraciones o entidades del sector público titulares. Los estatutos determinan la designación y funcionamiento de la Junta General, del Consejo de Administración y de los máximos órganos de dirección.

Artículo 86

Las Entidades Locales pueden ejercer la iniciativa pública en actividades económicas si está garantizada la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. El expediente incluye un análisis del mercado y lo aprueba el Pleno, que fija la forma de gestión. Se reservan a las Entidades Locales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. El monopolio exige además la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma. El Estado puede impugnarlos si incumplen la estabilidad presupuestaria.

Artículo 87

La potestad administrativa: concepto y caracteres

El DPEJ define la potestad como un poder general de actuación conferido por el ordenamiento, cuya titularidad no crea sujetos obligados, sino solo afectados y sometidos; puede producir beneficios, gravámenes o situaciones neutrales. Para Fortes Martín, la Ley atribuye las potestades (poder previo, genérico, para fines de interés público y con posibilidad abstracta de producir efectos). Notas: poder jurídico abstracto y genérico; de ejercicio obligatorio, sin desviación de poder; doble naturaleza potestad-función y potestad-deber; y posición de supremacía (prerrogativas).

Potestades regladas y potestades discrecionales

Para Fortes Martín, la norma atribuye la potestad como reglada o como discrecional. Reglada: prefiguración completa de las condiciones; la Administración solo aplica la norma; control judicial pleno (el juez puede sustituir su juicio) y una sola solución correcta. Discrecional: prefiguración incompleta; la norma remite a la Administración las condiciones no prefiguradas; control no pleno en ellas, pero existente, y margen de apreciación sin única solución. No hay discrecionalidad pura ni al margen de la Ley, sino en virtud de la Ley.

La discrecionalidad: concepto y clases

El DPEJ define la discrecionalidad como la potestad atribuida por las leyes sin predeterminar por completo el contenido de las decisiones, que habilita para elegir entre opciones. No la hay si basta la mera cognición; sí si hay operaciones volitivas. Doctrina alemana (Preuss, Bachof, Jesch, Obermayer, Stern). La sinopsis del art. 106 CE distingue discrecionalidad política y técnica (saber profesional). En la técnica (aprobar un examen), el control se reduce a elementos reglados y error ostensible y manifiesto. SSTC 6 y 7/2026: no es una anomalía.

El control de la discrecionalidad: evolución y control directo

El DPEJ define el control de la discrecionalidad como la verificación por los tribunales contencioso-administrativos de la legalidad de las decisiones discrecionales. Las leyes de 1888 y 1894 lo prohibían; la Ley de 1956 consolidó que son controlables al menos en sus elementos reglados; hoy la CE (arts. 24, 103.1 y 106) no admite reductos exentos. Fortes Martín llama control directo al del «cómo» y distingue: elementos reglados (potestad, competencia, supuesto de hecho, procedimiento y fin), hechos determinantes y principios generales del Derecho.

Control indirecto de la discrecionalidad y límites del control judicial

Fortes Martín llama control indirecto al que separa la discrecionalidad de los conceptos jurídicos indeterminados (concreción en el plano cognitivo, una sola solución correcta, fiscalización plena; ej.: «orden público») y del margen de apreciación (varias soluciones razonables, test de razonabilidad; control pleno de la razonabilidad, nunca de la decisión). Para el DPEJ la discrecionalidad elige entre opciones indiferentes; el concepto indeterminado da una única solución justa. El art. 71.2 LJCA impide al juez fijar el contenido discrecional; la motivación es la «piedra angular».

La desviación de poder: concepto y fundamento

El DPEJ define la desviación de poder como el uso de potestades para fines distintos de los contemplados en la norma atributiva; la LJCA (art. 70.2) y la LPAC (art. 48.1) hablan de fines distintos de los fijados en el ordenamiento; antes, art. 83.3 de la Ley de 1956. Fundamento: arts. 106.1 y 103 CE. Se aprecia si el fin es privado del agente y también si es público pero distinto del fijado; no tiene que ser privado ni ilícito (STS 4688/2023). Fortes Martín la proscribe en toda potestad y la califica de vicio invalidante.

La desviación de poder: origen, modalidades y prueba

Para el DPEJ, la doctrina francesa de la desviación de poder es una técnica de control de la discrecionalidad creada por el Conseil d'État; antecedentes: arrêts Duchesne y Syndicat des arrosages Sainte-Cecile; establecimiento: Vernes; consolidación: Les Bats. Desviación pasiva: deliberada pasividad ante una obligación de actuación positiva. La prueba es el conjunto de elementos que demuestran la desviación de los fines. En la UE es motivo del recurso de anulación; según Fedesa, requiere indicios objetivos, pertinentes y concordantes de un fin exclusivo o determinante.

El servicio público: concepto y evolución

La clasificación tradicional de la actividad administrativa se debe a Jordana de Pozas y se sistematizó en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955: policía (imperium o coacción), servicio público (prestaciones a los ciudadanos) y fomento (incentiva a los particulares). El servicio público es principio básico desde el arrêt Terrier (6-2-1903), por las conclusiones de Romieu. La Escuela de Duguit lo expandió; hoy se transita al servicio de interés general. Notas: titularidad pública por Ley (publicatio) y finalidad prestacional.

Servicios esenciales, reserva al sector público y clases de servicios

El art. 128.2 CE permite reservar por ley al sector público recursos o servicios esenciales, sobre todo en monopolio. Reserva no es demanialización; el monopolio es una reserva cualificada, pero la reserva no lo implica; debe ser justificada y proporcionada; admite gestión por particulares; y lo esencial no obliga a reservar. Primera interpretación: STC 26/1981. La LBRL (art. 86.2) reserva a los entes locales agua, residuos y transporte de viajeros; el monopolio exige pleno y aprobación autonómica. Clases: uti singuli (agua en domicilio) y uti universi (alumbrado).

Titularidad y gestión del servicio público; la gestión directa

Fortes Martín distingue la titularidad del servicio público, siempre pública (en monopolio o en libre concurrencia), y su gestión, pública o privada: directa o indirecta si cabe explotación económica, nunca indirecta si implica ejercicio de autoridad. En la indirecta hay relación Administración-prestador y prestador-usuario (admisión y pago). El art. 85 LBRL ordena la forma más sostenible y eficiente: gestión directa por la entidad, organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil pública; las dos últimas exigen memoria justificativa e informe del interventor.

La gestión indirecta tras la Ley 9/2017: concesión de servicios y riesgo operacional

La Ley 9/2017 (LCSP) suprime el contrato de gestión de servicio público y crea, por la Directiva 2014/23/UE, la concesión de servicios: uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso la gestión de un servicio de su titularidad o competencia, a cambio del derecho a explotarlo (con o sin precio), transfiriendo el riesgo operacional (art. 14.4). La separa del contrato de servicios quién asume ese riesgo. No cabe para servicios con ejercicio de autoridad (art. 284.1), y antes debe fijarse su régimen jurídico (publicatio).

Gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta

El art. 277 del TRLCSP regulaba modalidades del contrato de gestión de servicios públicos, que la Ley 9/2017 suprime. Según el DPEJ: gestión interesada, la Administración y el empresario participan en los resultados de la explotación en la proporción del contrato; concierto, se contrata con quien ya realiza prestaciones análogas; sociedad de economía mixta, capital en parte público y en parte privado. A esta última aún se le puede adjudicar directamente una concesión (DA 22.ª, sentencia Acoset). El art. 85.2.B LBRL sigue remitiendo al TRLCSP.

El acto administrativo: concepto

El DPEJ define el acto administrativo como la decisión de una administración pública, de cualquier clase, adoptada en ejercicio de una potestad administrativa; la definición más extendida es la de G. Zanobini (años cincuenta del siglo XX): declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio. García de Enterría, siguiéndolo, excluye la potestad reglamentaria. El concepto legal parte de la LJCA y la LOPJ. Es un acto jurídico, no un hecho material; aplica el ordenamiento sin innovarlo; su prototipo es unilateral. El acto político no es acto administrativo.

Clases de actos administrativos

Fortes Martín clasifica los actos por exteriorización (expresos, tácitos o presuntos), destinatarios (singulares y generales, que no son reglamentos), contenido (declarativos y constitutivos), incidencia (favorables y de gravamen), potestad (reglados y discrecionales), lugar en el procedimiento (resolutorios y de trámite) e impugnación (firmes, consentidos y confirmatorios). DPEJ: el singular se notifica y el general (convocatoria de oposiciones) se publica; el favorable goza de irrevocabilidad y el de gravamen revocable en cualquier momento; el de trámite solo excepcionalmente es recurrible.

Elementos del acto administrativo

Para Fortes Martín, todo acto reúne cinco elementos: subjetivo (Administración y órgano competente; competencia irrenunciable), objetivo (contenido lícito, posible y determinado, o nulo), teleológico o final (el «para qué»: el interés general, so pena de desviación de poder), causal (el «por qué», distinto del fin) y formal (exteriorización; el procedimiento es presupuesto de validez; regla: forma escrita electrónica; los verbales se consignan después por escrito). La motivación basta con una sucinta referencia de hechos y fundamentos y puede ser in aliunde.

Artículo 26. Servicios locales de interés general

Son servicios locales de interés general los que las entidades locales prestan o regulan y garantizan en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, y también las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas del Estatuto de Autonomía. Las entidades locales, de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir los de su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo.

Artículo 27. Principios informadores de los servicios locales de interés general

El régimen de los servicios locales de interés general se inspira y fundamenta en once principios: universalidad; igualdad y no discriminación; continuidad y regularidad; precio adecuado a los costes del servicio; economía, suficiencia y adecuación de medios; objetividad y transparencia en la actuación administrativa; prevención y responsabilidad por la gestión pública; transparencia financiera y en la gestión; calidad en la prestación; calidad medioambiental y desarrollo sostenible; y adecuación entre forma jurídica y fin de la actividad como límite de la discrecionalidad administrativa.

Artículo 28. Clasificación de los servicios locales de interés general

Las entidades locales pueden configurar los servicios locales de interés general como servicio público y servicio reglamentado. Hay servicio público cuando la propia entidad local realiza la actividad objeto de la prestación, de forma directa o mediante contrato administrativo. Hay servicio reglamentado cuando la actividad la realizan particulares conforme a una ordenanza local del servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general.

Artículo 29. Régimen jurídico de los servicios locales de interés general en régimen de servicio reglamentado

Las ordenanzas de servicios reglamentados deben contemplar, entre otros aspectos: del servicio, condiciones técnicas, obligaciones específicas de servicio público, niveles mínimos de calidad en su caso, tarifas o precios y supuestos de subvención; de los usuarios, derechos y deberes; del prestatario, su situación jurídica, sanciones y supuestos de revocación o clausura. Los controles preventivos se rigen por las normas de derecho interno y europeo de la competencia. Los ciudadanos pueden exigir, en vía administrativa o contencioso-administrativa, la vigilancia y cumplimiento de la ordenanza.

Artículo 30. Creación de servicios públicos

Cada servicio público local se crea y regula por ordenanza, y su prestación se inicia al entrar esta en vigor. Solo se excluyen las actuaciones esporádicas o discontinuas (talleres, cursos, jornadas o actividades singulares de cultura, deporte, enseñanza, turismo y similares); si procede exigir precios públicos, son preceptivos los acuerdos de imposición y ordenación. La ordenanza determina al menos: prestaciones, financiación, modalidades de gestión y sanciones al prestador, estándares de calidad, derechos y deberes de los usuarios e inspección. Todo ciudadano puede exigir su prestación.

Artículo 31. Servicios públicos básicos

Los servicios públicos básicos son los esenciales para la comunidad y su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía. En todo caso tienen esa consideración los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 32. Servicios públicos reservados

Se reservan a los municipios los servicios públicos básicos del artículo 92.2.d) del Estatuto; por ley cabe reservar otras actividades y servicios. La reserva habilita para prestarlos en monopolio, que acuerda el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta del número legal de miembros, previo expediente con memoria justificativa, información pública y audiencia a los directamente afectados e informe provincial, obstativo si la reserva afecta de forma relevante al interés económico supramunicipal. Por ordenanza puede declararse obligatoria la recepción y uso de los servicios reservados.

Artículo 33. Modalidades de prestación en régimen de servicio público

Los servicios públicos locales se gestionan de forma directa (por la entidad o sus entes vinculados o dependientes) o indirecta, mediante modalidades contractuales de colaboración. Modalidades directas: propia entidad, agencia pública administrativa, agencia pública empresarial, agencia especial, sociedad mercantil, sociedad interlocal y fundación pública local. Los servicios con ejercicio de autoridad no pueden prestarse por contrato, sociedad mercantil local o interlocal ni fundación. Constituir las entidades de las letras b a g exige memoria de ventajas con estudio económico financiero.

Artículo 34. Agencia pública administrativa local

Las agencias administrativas locales son entidades públicas regidas por el Derecho Administrativo. Realizan actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas de competencia local, salvo las potestades expropiatorias. No pueden crearse para ejercer actividades económicas en régimen de mercado. Su régimen de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad es el de las entidades locales. Tienen las potestades que sus estatutos les atribuyan de manera expresa y un consejo rector.

Artículo 35. Agencia pública empresarial local

Las agencias empresariales locales son entidades públicas que realizan actividades prestacionales, gestionan servicios o producen bienes de interés público susceptibles de contraprestación. No pueden crearse para actividades administrativas. Se rigen por el Derecho Privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de las potestades administrativas atribuidas expresamente en sus estatutos y lo regulado en la legislación de haciendas locales, sus estatutos y demás disposiciones generales. Las rige un consejo de administración.

Artículo 36. Agencia local en régimen especial

Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas que asumen actividades propias de las agencias administrativas y empresariales locales, siempre que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad y requieran especialidades en su régimen jurídico. Se rigen por el Derecho Privado, con excepciones. Actúan conforme a un plan de acción anual y a un contrato plurianual de gestión, que aprueba el pleno de la entidad local. Una comisión de control, regulada en los estatutos, informa sobre la ejecución del contrato de gestión.

Artículo 37. Disposiciones comunes a las agencias locales

La creación, modificación, fusión y supresión de las agencias públicas administrativas locales, de las agencias públicas empresariales locales y de las agencias especiales corresponde al pleno de la entidad local, que deberá aprobar sus estatutos. Los estatutos han de aprobarse y publicarse antes de la entrada en funcionamiento efectivo. Su contenido mínimo es: denominación, funciones y competencias, con expresa indicación de las potestades atribuidas, y determinación de los máximos órganos de dirección del organismo.

Artículo 38. Sociedad mercantil local

Las sociedades mercantiles locales tienen por objeto realizar actividades o gestionar servicios de competencia de la entidad local. Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias sujetas a la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una forma de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital es íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local. El pleno aprueba los estatutos y se constituye como junta general; se publican antes de funcionar.

Artículo 39. Sociedad interlocal

Las entidades locales pueden crear sociedades interlocales, o participar en ellas, para prestar conjuntamente actividades y servicios de su competencia. Esa prestación se considera gestión propia si se cumplen cinco requisitos: capital exclusivo público local, con prohibición expresa de capital privado; control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios; acuerdos por mayoría e integración de los órganos sociales por los entes que la componen; no tener encomendadas actividades de mercado; y prestar su actividad solo en el territorio de las entidades locales que la crean.

Artículo 40. Fundación pública local

Es fundación pública local aquella en la que concurra alguna de estas circunstancias. Primera: aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, o patrimonio fundacional formado, con carácter de permanencia, en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por ellas. Segunda: representación mayoritaria de la entidad local, que existe cuando nombra, directamente o a través de sus entidades o empresas, a más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia.

Artículo 41. Creación, modificación y extinción de la fundación pública local

Requieren acuerdo previo del pleno de la entidad: la creación y extinción de las fundaciones públicas locales, la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria y la modificación de sus fines fundacionales. Ese acuerdo determina las condiciones generales que deben cumplir todos estos actos y designa a la persona que ha de actuar por la entidad en el acto de constitución y, en su caso, a su representación en el patronato.

Artículo 42. Régimen jurídico de la fundación pública local

Las fundaciones públicas locales no pueden ejercer potestades públicas. Solo pueden realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades locales fundadoras y deben contribuir a la consecución de sus fines, sin asumir la titularidad de las competencias de estas. En todo caso, las entidades locales designan a la mayoría de los miembros del patronato. En lo no regulado específicamente en el capítulo se rigen, con carácter general, por la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de aplicación.

Artículo 43. La empresa mixta de colaboración pública-privada

Los entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés económico general constituyendo empresas mixtas o participando en ellas. La empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo capital sólo parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local. En todo caso, su proceso de constitución debe asegurar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado, por lo que la selección del socio privado se sujeta a los procedimientos de concurrencia aplicables según la legislación de contratos del sector público.

Artículo 44. Transparencia en la gestión de los servicios locales de interés económico general

Las empresas a las que las administraciones locales hayan atribuido la gestión de servicios de interés económico general o concedido derechos especiales o exclusivos quedan sujetas a obligaciones de transparencia cuando realicen además otras actividades, actúen en régimen de competencia y reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público. Deben llevar cuentas separadas e informar sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre los métodos de asignación empleados, en los términos de la legislación estatal y del Derecho europeo.