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Crear cuenta gratisTítulo PreliminarDisposiciones generales
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Capítulo IDel ámbito de aplicación de la ley
- Art. 1Objeto
- Art. 2Concepto de subvenciónSubvención es toda disposición dineraria de los sujetos del artículo 3 a favor de personas públicas o privadas con tres requisitos: sin contraprestación directa, sujeta a un objetivo, proyecto, actividad, comportamiento o situación, y con objeto de fomentar una actividad de utilidad pública o interés social o promover una finalidad pública. Quedan fuera las aportaciones entre Administraciones para financiar globalmente su actividad, las cuotas de entidades locales a sus asociaciones y los supuestos del apartado 4, como las prestaciones de la Seguridad Social o los beneficios fiscales.
- Art. 3Ámbito de aplicación subjetivoLas subvenciones de las Administraciones públicas se ajustan a la ley. A estos efectos lo son la Administración General del Estado, las entidades que integran la Administración local y la Administración de las comunidades autónomas. También se ajustan a ella los organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en la medida en que sus subvenciones sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. A las demás entregas dinerarias sin contraprestación de esos entes que se rijan por derecho privado se aplican los principios de gestión y los de información.
- Art. 4Exclusiones del ámbito de aplicación de la leyQuedan fuera del ámbito de la ley cuatro supuestos: los premios otorgados sin la previa solicitud del beneficiario; las subvenciones de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General; las de la Ley Orgánica 3/1987, de Financiación de los Partidos Políticos; y las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, en los términos de los Reglamentos del Congreso y del Senado, y a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y grupos políticos de las corporaciones locales, según su propia normativa.
- Art. 5Régimen jurídico de las subvencionesLas subvenciones se rigen, en los términos del artículo 3, por la ley y sus disposiciones de desarrollo, por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado. Las que otorguen consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones u organismos o entes dependientes de ellas, y las que deriven de convenios entre estas, se regulan según el instrumento jurídico de creación o el propio convenio, que en todo caso deben ajustarse a las disposiciones de la ley.
- Art. 6Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión EuropeaLas subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se rigen por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas. Los procedimientos de concesión y de control regulados en la ley tienen carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a esas subvenciones.
- Art. 7Responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión EuropeaLas Administraciones públicas o sus órganos o entidades gestoras que gestionen y controlen ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea asumen las responsabilidades derivadas de esas actuaciones, incluidas las que sobrevengan por decisiones de los órganos de la Unión. Resuelven sobre ellas, previa audiencia de las entidades afectadas, los órganos de la Administración General del Estado y sus entidades competentes para coordinar cada fondo o, en su defecto, para proponer o coordinar los pagos. En defecto de pago voluntario, el importe se deduce de futuros libramientos.
Capítulo IIDisposiciones comunes a las subvenciones públicas
- Art. 8Principios generalesQuien proponga establecer subvenciones debe concretar antes, en un plan estratégico, los objetivos y efectos pretendidos, el plazo necesario, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las bases reguladoras hacen referencia al plan en el que se integran. Si los objetivos afectan al mercado, deben dirigirse a corregir fallos claramente identificados con efectos mínimamente distorsionadores. La gestión se rige por publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia.
- Art. 9Requisitos para el otorgamiento de las subvencionesSi los proyectos de subvención deben comunicarse conforme a los artículos 87 a 89 del Tratado, se comunican a la Comisión de la Unión Europea y la subvención no puede hacerse efectiva hasta ser considerada compatible con el mercado común. Antes de otorgar subvenciones deben aprobarse las bases reguladoras, que se publican en el BOE o en el diario oficial correspondiente. Además se exige: competencia del órgano concedente, crédito adecuado y suficiente, tramitación del procedimiento, fiscalización previa y aprobación del gasto por el órgano competente.
- Art. 10Órganos competentes para la concesión de subvencionesEn la Administración General del Estado conceden subvenciones los Ministros, los Secretarios de Estado y los presidentes o directores de sus organismos y entidades, previa consignación presupuestaria. Más de 12 millones de euros exige autorización previa del Consejo de Ministros o, si lo establece la normativa reguladora, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que no implica aprobar el gasto. En concurrencia competitiva se obtiene antes de aprobar la convocatoria. Cabe desconcentrar por real decreto. En las corporaciones locales rige la legislación de régimen local.
- Art. 11BeneficiariosEs beneficiario la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento o que esté en la situación que legitima la concesión. Si es persona jurídica y lo prevén las bases, también lo son sus miembros asociados que se comprometan a ejecutar actividades en nombre y por cuenta de aquella. Si las bases lo prevén expresamente, pueden serlo agrupaciones y comunidades de bienes sin personalidad; la agrupación hace constar en solicitud y resolución los compromisos e importes de cada miembro, nombra un representante o apoderado único y no puede disolverse hasta la prescripción.
- Art. 12Entidades colaboradorasEs entidad colaboradora la que, en nombre y por cuenta del órgano concedente, entrega y distribuye los fondos a los beneficiarios cuando lo establezcan las bases, o colabora en la gestión sin previa entrega y distribución; esos fondos en ningún caso integran su patrimonio. Pueden serlo organismos y entes públicos, sociedades mercantiles de participación pública íntegra o mayoritaria, las asociaciones de la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 y demás personas jurídicas con solvencia y eficacia. Comunidades autónomas y corporaciones locales pueden serlo del Estado, y a la inversa.
- Art. 13Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradoraPueden ser beneficiario o entidad colaboradora quienes estén en la situación que fundamenta la subvención o cumplan las bases y la convocatoria. El apartado 2 enumera las prohibiciones, salvo que la normativa reguladora las exceptúe por la naturaleza de la subvención. Para subvenciones de más de 30.000 euros, las personas con ánimo de lucro sujetas a la Ley 3/2004 acreditan sus plazos de pago, salvo otra previsión de las bases, en 10 días hábiles desde la notificación de la propuesta provisional. La prohibición que no derive de sentencia firme no puede exceder de cinco años.
- Art. 14Obligaciones de los beneficiariosEl beneficiario debe: cumplir el objetivo; justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora; someterse a comprobación y control financiero, nacional y comunitario; comunicar otras subvenciones o ingresos tan pronto como se conozca y, en todo caso, antes de la justificación; acreditar antes de dictarse la propuesta de resolución que está al corriente tributario y con la Seguridad Social; disponer de libros y registros; conservar los justificantes, incluidos los electrónicos; adoptar medidas de difusión y reintegrar. La rendición de cuentas se instrumenta con la justificación.
- Art. 15Obligaciones de las entidades colaboradorasLa entidad colaboradora debe: entregar a los beneficiarios los fondos según los criterios de las bases reguladoras y del convenio suscrito con la entidad concedente; comprobar, en su caso, las condiciones del otorgamiento y la realización de la actividad; justificar la entrega de los fondos ante el órgano concedente y, en su caso, entregar la justificación de los beneficiarios; y someterse a comprobación y control financiero. Si la colaboradora es la Administración General del Estado, sus organismos públicos o una comunidad autónoma, el control lo hacen sus propios órganos dependientes.
- Art. 16Convenios y contratos con Entidades ColaboradorasEntre el órgano concedente y la entidad colaboradora se formaliza un convenio de colaboración. Vigencia máxima: cuatro años, con modificación y prórroga por mutuo acuerdo antes de que finalice; las prórrogas no pueden superar el período inicial y el total no puede exceder de seis años, salvo subsidiación de préstamos (hasta su total cancelación). El apartado 3 fija el contenido mínimo. Las colaboradoras sujetas a derecho privado se seleccionan con publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación; si se aplica plenamente la ley de contratos, la selección se rige por ella y hay contrato.
- Art. 17Bases reguladoras de la concesión de las subvencionesEn la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho público, las bases reguladoras las establecen los ministros correspondientes, por orden ministerial, previo informe de los servicios jurídicos y de la Intervención Delegada, y se publican en el «Boletín Oficial del Estado»; no hace falta orden si las normas sectoriales ya incluyen las bases. En las corporaciones locales se aprueban en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, por ordenanza general de subvenciones o por ordenanza específica. El apartado 3 fija su contenido mínimo, de la letra a) a la n).
- Art. 18Publicidad de las subvencionesLa Base de Datos Nacional de Subvenciones opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones. Las administraciones concedentes deben remitirle información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas. Los beneficiarios deben dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos de la Ley 19/2013, de transparencia (si se usa la previsión de su artículo 5.4, la Base de Datos sirve de medio electrónico para cumplirlo), y dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación, en los términos reglamentariamente establecidos.
- Art. 19Financiación de las actividades subvencionadasLa normativa reguladora puede exigir financiación propia, que debe acreditarse, y determina el régimen de compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos. El importe de las subvenciones en ningún caso puede superar, aisladamente o en concurrencia con otras, el coste de la actividad subvencionada. La alteración de las condiciones puede dar lugar a modificar la resolución. Los rendimientos financieros incrementan la subvención y se aplican a la actividad, salvo que las bases dispongan motivadamente lo contrario; no rige si el beneficiario es una Administración pública.
- Art. 20Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)La Base de Datos Nacional de Subvenciones la administra y custodia la Intervención General de la Administración del Estado. Inscribe a las personas incursas en ciertas prohibiciones hasta 10 años después de acabar la prohibición. Suministran la información: en el sector público estatal, los titulares de los órganos concedentes; en comunidades autónomas y entidades locales, su Intervención u órgano que designen. La información es reservada, salvo las cesiones tasadas; violar el secreto es siempre falta disciplinaria muy grave. Convocar sin seguir el procedimiento es causa de anulabilidad.
- Art. 21Régimen de garantíasEl artículo no fija por sí mismo ninguna regla sobre las garantías: se limita a decir que su régimen, sus medios de constitución, su depósito y su cancelación se establecerán reglamentariamente. Esas garantías son las que tengan que constituir tanto los beneficiarios como las entidades colaboradoras.
Título IProcedimientos de concesión y gestión de las subvenciones
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Capítulo IDel procedimiento de concesión
Capítulo IIDel procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva
- Art. 23IniciaciónEl procedimiento se inicia siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, publicada en la BDNS y, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado». No hay que aportar documentos ya en poder de la Administración actuante si se indican fecha y órgano y no han pasado más de cinco años desde el fin del procedimiento. Si se admite declaración responsable, la documentación se requiere antes de la propuesta de resolución, en un plazo no superior a 15 días. Subsanación de la solicitud: plazo máximo e improrrogable de 10 días; si no, se le tiene por desistido.
- Art. 24InstrucciónInstruye el órgano que designe la convocatoria, que actúa de oficio. La instrucción comprende la petición de informes (plazo de emisión de 10 días, salvo que el instructor pida uno menor o mayor, que no puede exceder de dos meses) y la evaluación de las solicitudes; cabe una fase de preevaluación. El órgano colegiado informa del resultado de la evaluación y el instructor formula la propuesta de resolución provisional, motivada, con 10 días para alegaciones. Examinadas estas, se formula la definitiva. Las propuestas no crean derecho alguno mientras no se notifique la resolución de concesión.
- Art. 25ResoluciónAprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resuelve. La resolución se motiva conforme a las bases reguladoras y hace constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. El plazo máximo para resolver y notificar no puede exceder de seis meses, salvo plazo mayor por norma con rango de ley o por normativa de la Unión Europea, y se computa desde la publicación de la convocatoria, salvo que esta posponga sus efectos. Vencido sin notificación, los interesados pueden entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.
- Art. 26Notificación de la resoluciónLa resolución del procedimiento se notifica a los interesados conforme al artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de esa notificación o publicación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 59 de la misma ley.
- Art. 27Reformulación de las solicitudesSi la subvención financia actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la propuesta de resolución provisional es inferior al solicitado, se puede instar del beneficiario que reformule su solicitud para ajustar compromisos y condiciones a la subvención otorgable, siempre que las bases reguladoras lo hayan previsto. Cuando la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remite con todo lo actuado al órgano competente para resolver. La reformulación debe respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención y los criterios de valoración.
Capítulo IIIDel procedimiento de concesión directa
Capítulo IVDel procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública
- Art. 29Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiariosSubcontratar es concertar con terceros la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada; no lo es contratar los gastos necesarios para realizarla por sí mismo. Solo cabe si la normativa reguladora lo prevé y hasta el porcentaje de las bases; si no lo fijan, hasta el 50 por ciento del importe de la actividad. Si lo concertado excede del 20 por ciento de la subvención y esta supera 60.000 euros, contrato escrito y autorización previa de la entidad concedente. Los contratistas quedan obligados solo ante el beneficiario. El apartado 7 lista con quién no cabe concertar en ningún caso.
- Art. 30Justificación de las subvenciones públicasLa justificación se documenta como se determine reglamentariamente: cuenta justificativa, módulos o estados contables. Rendir la cuenta es acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora; forma y plazo los fijan las bases y, en su defecto, tres meses como máximo desde el fin del plazo de realización. Los gastos se acreditan con facturas o documentos equivalentes, también facturas electrónicas. En inmuebles, además, certificado de tasador independiente acreditado e inscrito. No justificar o hacerlo de forma insuficiente lleva al reintegro.
- Art. 31Gastos subvencionablesSon subvencionables los gastos que respondan indubitadamente a la actividad, sean estrictamente necesarios y se realicen en plazo (si no hay plazo, antes de acabar el año natural de la concesión), sin superar el valor de mercado. Salvo que las bases dispongan otra cosa, gasto realizado es el pagado antes de terminar el período de justificación. Bienes inventariables: destino no inferior a cinco años si son inscribibles y a dos el resto. Nunca subvencionables: intereses deudores de cuentas bancarias; intereses, recargos y sanciones; gastos de procedimientos judiciales.
- Art. 32Comprobación de subvencionesEl órgano concedente comprueba tres cosas: la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. La entidad colaboradora, en su caso, realiza en nombre y por cuenta del órgano concedente las comprobaciones previstas en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 15.
- Art. 33Comprobación de valoresLa Administración puede comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados por uno o varios medios: precios medios, cotizaciones, registros fiscales, dictamen de peritos de la Administración, tasación pericial contradictoria u otras pruebas admitidas. El valor comprobado es la base para calcular la subvención y se notifica motivado con la resolución de liquidación. El beneficiario puede promover la tasación pericial contradictoria dentro del plazo del primer recurso. Si la diferencia es inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento, vale la tasación de su perito; si no, perito tercero.
Capítulo VDel procedimiento de gestión presupuestaria
- Art. 34Procedimiento de aprobación del gasto y pagoAntes de la convocatoria o de la concesión directa debe aprobarse el gasto. La resolución de concesión conlleva el compromiso del gasto. Se paga previa justificación del beneficiario; se pierde el derecho al cobro, total o parcial, por falta de justificación o por las causas del artículo 37. Caben pagos a cuenta, si la naturaleza de la subvención lo justifica, y pagos anticipados, previstos con sus garantías en la normativa reguladora. No se paga si el beneficiario no está al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social o es deudor por resolución de reintegro.
- Art. 35Retención de pagosAcordado el inicio del procedimiento de reintegro, el órgano concedente puede acordar como medida cautelar la suspensión de los libramientos de pago pendientes, a iniciativa propia o de una decisión de la Comisión Europea, o a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado o de la autoridad pagadora, sin superar el importe fijado en la propuesta o resolución de inicio, con los intereses de demora. Exige resolución motivada y notificada. Es proporcional, dura hasta la resolución del expediente y se levanta si desaparece su causa o el interesado propone garantía suficiente.
Título IIDel reintegro de subvenciones
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Capítulo IDel reintegro
- Art. 36Invalidez de la resolución de concesiónSon causas de nulidad de la resolución de concesión las del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 y la carencia o insuficiencia de crédito. Son causas de anulabilidad las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas de esta ley. En esos supuestos el órgano concedente procede a la revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación obliga a devolver lo percibido. No procede la revisión de oficio cuando concurra alguna causa de reintegro del artículo siguiente.
- Art. 37Causas de reintegroProcede el reintegro de lo percibido, con interés de demora desde el pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro (o hasta que el deudor ingrese, si es antes), entre otros, por: obtener la subvención falseando u ocultando condiciones; incumplir total o parcialmente objetivo, actividad o proyecto; no justificar o hacerlo insuficientemente; no adoptar las medidas de difusión; resistencia, excusa, obstrucción o negativa al control; y demás supuestos de la normativa reguladora. También se reintegra, con interés de demora, el exceso sobre el coste de la actividad.
- Art. 38Naturaleza de los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigenciaLas cantidades a reintegrar son ingresos de derecho público y se cobran conforme a la Ley General Presupuestaria. El interés de demora en materia de subvenciones es el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro. El destino de los reintegros de fondos de la Unión Europea es el que, en su caso, determine la normativa comunitaria. Los procedimientos para exigir el reintegro tienen siempre carácter administrativo.
- Art. 39PrescripciónEl derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años. Se cuenta, según el caso, desde que venció el plazo para presentar la justificación, desde la concesión (supuesto del artículo 30.7) o desde que venció el período en que debían cumplirse o mantenerse condiciones u obligaciones. Se interrumpe por acciones de la Administración con conocimiento formal del beneficiario o entidad colaboradora, por recursos, remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o denuncia ante el Ministerio Fiscal, y por actuaciones fehacientes de aquellos.
- Art. 40Obligados al reintegroBeneficiarios y entidades colaboradoras deben reintegrar la totalidad o parte de lo percibido más los intereses de demora, con independencia de las sanciones. Responden solidariamente los miembros de las entidades del artículo 11, los representantes legales del beneficiario sin capacidad de obrar y los socios de sociedades disueltas y liquidadas, estos hasta el límite de su cuota de liquidación. Responden subsidiariamente los administradores de sociedades mercantiles y los representantes legales de otras personas jurídicas. Por fallecimiento, la obligación se transmite a los causahabientes.
Capítulo IIDel procedimiento de reintegro
- Art. 41Competencia para la resolución del procedimiento de reintegroEl órgano concedente es el competente para exigir el reintegro al beneficiario o entidad colaboradora cuando aprecie alguno de los supuestos del artículo 37. Si el reintegro lo acuerdan los órganos de la Unión Europea, ejecuta esos acuerdos el órgano a quien corresponda la gestión del recurso. Si la subvención la concedió la Comisión Europea u otra institución comunitaria y la obligación de restituir surge de una actuación fiscalizadora de instituciones españolas distinta del control financiero, el acuerdo lo dicta el órgano gestor nacional, de oficio o a propuesta.
- Art. 42Procedimiento de reintegroEl procedimiento de reintegro se rige por el título VI de la Ley 30/1992, con las especialidades de esta ley. Se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente (propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia) y también a consecuencia del informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado. Se garantiza en todo caso la audiencia. El plazo máximo para resolver y notificar es de 12 meses desde el acuerdo de iniciación; si vence sin notificar resolución expresa, caduca. La resolución pone fin a la vía administrativa.
- Art. 43Coordinación de actuacionesEl pronunciamiento del órgano gestor sobre la aplicación de los fondos por los perceptores de subvenciones se entiende sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General de la Administración del Estado. Lo que diga el órgano gestor deja a salvo ese control.
Título IIIDel control financiero de subvenciones
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- Art. 44Objeto y competencia para el ejercicio del control financiero de subvencionesEl control financiero se ejerce sobre beneficiarios y entidades colaboradoras por las subvenciones de la Administración General del Estado y sus organismos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de la Unión Europea. Su objeto es verificar la obtención, el cumplimiento, la justificación, la realidad de las operaciones, la financiación y los hechos no declarados. Compete a la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio del Tribunal de Cuentas. Puede consistir en exámenes y comprobaciones y extenderse a personas asociadas a los beneficiarios.
- Art. 45Control de ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos europeosEn las ayudas con fondos europeos, la Intervención General de la Administración del Estado establece la coordinación de controles. En las ayudas del Reglamento (UE) 2021/2116 coordina los controles, que realizan la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la propia Intervención General y los órganos de control interno de las comunidades autónomas; además elabora los planes anuales de control y los remite a la Comisión Europea. En las demás del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y en las del Fondo Europeo de Desarrollo Rural es el organismo de certificación público nacional.
- Art. 46Obligación de colaboraciónBeneficiarios, entidades colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación deben colaborar y facilitar la documentación requerida por los órganos de control. Estos tienen libre acceso a la documentación, incluidos programas y archivos informáticos, a los locales de negocio y a la información de las cuentas bancarias, y pueden obtener copia o retener facturas y documentos de operaciones con indicios. La negativa se considera resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos del artículo 37.
- Art. 47Facultades del personal controladorLos funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, en el control financiero, son agentes de la autoridad, como los de los órganos de control según la normativa comunitaria. Autoridades y quienes ejerzan funciones públicas deben colaborar con ellos. Juzgados y tribunales facilitan a la Administración, de oficio o a requerimiento, los datos con trascendencia, respetando el secreto sumarial. El Servicio Jurídico del Estado asiste a los funcionarios citados por órgano jurisdiccional. La cesión de datos personales a la Intervención no requiere consentimiento.
- Art. 48Deberes del personal controladorEl personal controlador debe guardar confidencialidad y secreto sobre los asuntos que conozca por su trabajo. Los datos, informes o antecedentes obtenidos solo pueden usarse para los fines del control, como fundamento para exigir el reintegro y, en su caso, para comunicar a los órganos competentes hechos que puedan constituir infracción administrativa, responsabilidad contable o penal. Si el funcionario actuante aprecia hechos de ese tipo, debe ponerlo en conocimiento de la Intervención General de la Administración del Estado para que, si procede, remita lo actuado al órgano competente.
- Art. 49Del procedimiento de control financieroEl control se adecúa al plan anual de auditorías que aprueba la Intervención General de la Administración del Estado y se inicia mediante notificación a beneficiarios y entidades colaboradoras. Si aparecen causas de devolución distintas de las del artículo 37, se informa al órgano concedente y puede suspenderse; la suspensión acaba al comunicarse las medidas o a los tres meses del acuerdo sin comunicación. La Intervención puede acordar medidas cautelares. Las actuaciones deben concluir en 12 meses desde la notificación del inicio, ampliables hasta 12 más por complejidad u ocultación.
- Art. 50Documentación de las actuaciones de control financieroLas actuaciones de control financiero se documentan en diligencias, que reflejan los hechos relevantes puestos de manifiesto, y en informes, cuyo contenido, estructura y requisitos se fijan reglamentariamente. Los informes se notifican a los beneficiarios o entidades colaboradoras controlados y una copia va al órgano gestor que concedió la subvención, señalando en su caso la necesidad de iniciar expedientes de reintegro y sancionador. Diligencias e informes son documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
- Art. 51Efectos de los informes de control financieroSi el informe de la Intervención General de la Administración del Estado recoge la procedencia del reintegro, el órgano gestor acuerda en dos meses el inicio del expediente y lo notifica al beneficiario o entidad colaboradora, que tiene 15 días para alegar. Si hay disconformidad con el informe de actuación, la Intervención puede elevarlo al Consejo de Ministros (más de 12 millones de euros) o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (resto). La Intervención informa las alegaciones en un mes y la resolución no puede separarse de su criterio.
Título IVInfracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones
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Capítulo IDe las infracciones administrativas
- Art. 52Concepto de infracciónSon infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la propia ley. Para sancionarlas no se exige dolo: son sancionables incluso a título de simple negligencia.
- Art. 53ResponsablesResponden de las infracciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y los entes sin personalidad del artículo 11.3, que incurran en los supuestos tipificados. En particular: los beneficiarios y los miembros de las personas o entidades del artículo 11.2 y 11.3, segundo párrafo, respecto de las actividades que se comprometieron a realizar; las entidades colaboradoras; el representante legal de los beneficiarios que carezcan de capacidad de obrar; y las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación obligadas a colaborar (artículo 46).
- Art. 54Supuestos de exención de responsabilidadLas acciones u omisiones tipificadas en la ley no dan lugar a responsabilidad por infracción administrativa en materia de subvenciones en tres supuestos: cuando las realicen quienes carezcan de capacidad de obrar; cuando concurra fuerza mayor; y cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó.
- Art. 55Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penalSi la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador mientras no haya sentencia firme, sobreseimiento o archivo de las actuaciones, o devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. La pena impuesta por la autoridad judicial excluye la sanción administrativa. Si no se estima la existencia de delito, la Administración inicia o continúa el expediente sancionador con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
- Art. 56Infracciones levesSon infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones de la ley y de las bases reguladoras que no sean infracciones graves o muy graves ni operen como elemento de graduación de la sanción. En particular: presentar las cuentas justificativas fuera de plazo, inexactas o incompletas; incumplir obligaciones formales, contables o registrales o de conservación de justificantes; los de las entidades colaboradoras del artículo 15; la resistencia, obstrucción, excusa o negativa al control financiero; y la falta de colaboración del artículo 46 cuando impida contrastar la información.
- Art. 57Infracciones gravesEs grave: no comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad; incumplir las condiciones alterando sustancialmente los fines; no justificar los fondos transcurrido el plazo; obtener la condición de entidad colaboradora falseando u ocultando requisitos; no verificar la entidad colaboradora las condiciones del otorgamiento, si deriva obligación de reintegro; no suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones; y las que tipifique como graves la normativa de la Unión Europea.
- Art. 58Infracciones muy gravesSon infracciones muy graves: obtener una subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado; no aplicar, en todo o en parte, las cantidades recibidas a los fines de la subvención; la resistencia, excusa, obstrucción o negativa al control cuando impida verificar el empleo de los fondos, el cumplimiento de la finalidad o la concurrencia de otras ayudas; la falta de entrega de los fondos a los beneficiarios por las entidades colaboradoras, cuando así se establezca; y las demás que tipifique como muy graves la normativa de la Unión Europea.
Capítulo IIDe las sanciones
- Art. 59Clases de sancionesLas infracciones se sancionan con sanciones pecuniarias y, cuando proceda, no pecuniarias. La multa puede ser fija (entre 75 y 6.000 euros) o proporcional (del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados). Las no pecuniarias, solo para infracciones graves o muy graves, duran hasta cinco años: pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales o de actuar como entidad colaboradora, y prohibición de contratar con las Administraciones públicas.
- Art. 60Graduación de las sancionesGradúan la sanción: comisión repetida (sanción firme en vía administrativa por otra de la misma naturaleza, grave o muy grave, en los cuatro años anteriores); resistencia, negativa u obstrucción al control; medios fraudulentos; ocultación de datos; y retraso en las obligaciones formales, solo para leves. En infracciones graves o muy graves suman 10 a 75 puntos las dos primeras, 20 a 100 la tercera y 10 a 50 la cuarta. Las sanciones leves no superan en conjunto la subvención inicialmente concedida; las graves y muy graves, el triple de lo indebidamente obtenido, aplicado o no justificado.
- Art. 61Sanciones por infracciones levesCada infracción leve se sanciona con multa de 75 a 900 euros. Como excepción, se sancionan con multa de 150 a 6.000 euros: la inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad y registros; no llevar la contabilidad o los registros legalmente establecidos; la llevanza de contabilidades diversas; el uso de cuentas con significado distinto; no aportar pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o negarse a exhibirlos; los incumplimientos de las entidades colaboradoras del artículo 15; y la falta de colaboración del artículo 46 cuando impida contrastar la información.
- Art. 62Sanciones por infracciones gravesLas infracciones graves se sancionan con multa proporcional del tanto al doble de lo indebidamente obtenido, aplicado o no justificado (en entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados). Si el perjuicio supera el 50 por ciento de la subvención y excede de 30.000 euros, y concurre alguna circunstancia de los párrafos b) y c) del artículo 60.1, cabe además, hasta tres años: no obtener subvenciones, ayudas ni avales, no contratar y no ser entidad colaboradora. No suministrar información: multa de 3000 euros, previo apercibimiento, reiterable cada mes.
- Art. 63Sanciones por infracciones muy gravesMuy graves: multa proporcional del doble al triple de lo indebidamente obtenido, aplicado o no justificado (en entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados). No se sancionan las de los párrafos b) y d) del artículo 58 si se reintegró con intereses de demora sin previo requerimiento. Si el perjuicio excede de 30.000 euros y concurre alguna circunstancia del artículo 60.1 b) y c), cabe además, hasta cinco años: no obtener subvenciones, ayudas ni avales, no contratar y no ser entidad colaboradora. Cabe publicarlas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
- Art. 64Desarrollo reglamentario del régimen de infracciones y sancionesLos reglamentos de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente, con tres límites: no constituir nuevas infracciones o sanciones, no alterar la naturaleza de las que la ley contempla y no alterar sus límites. Han de contribuir a identificar más correctamente las conductas o a determinar con más precisión las sanciones.
- Art. 65Prescripción de infracciones y sancionesInfracciones y sanciones prescriben a los cuatro años. Para las infracciones se cuenta desde el día en que se cometieron; para las sanciones, desde el día siguiente a aquel en que adquirió firmeza la resolución que las impuso. La interrupción del plazo se rige por el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La prescripción se aplica de oficio, aunque el interesado también puede solicitar que se declare.
- Art. 66Competencia para la imposición de sancionesSancionan los ministros o secretarios de Estado concedentes; si concede otra entidad, el titular del ministerio de adscripción. Perder subvenciones, ayudas y avales, no contratar o no ser entidad colaboradora: Ministro de Hacienda. El ministro designa instructor si la función no está atribuida. Corporaciones locales: sus órganos de gobierno. No informar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones: inicia el Interventor General de la Administración del Estado y resuelve el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo si responde un órgano de la Administración General del Estado.
- Art. 67Procedimiento sancionadorLas sanciones se imponen mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se da audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo, y que se tramita conforme al capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El procedimiento se inicia de oficio, como consecuencia de la comprobación desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero. Los acuerdos de imposición de sanciones ponen fin a la vía administrativa.
- Art. 68Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones
- Art. 69ResponsabilidadesSolidarios en la sanción pecuniaria, según su participación: miembros, partícipes o cotitulares de entidades del artículo 11.3 que sean comunidades de bienes u otra unidad económica o patrimonio separado. Subsidiarios: administradores de sociedades mercantiles o representantes legales de otras personas jurídicas que no hagan lo que les incumbe, adopten acuerdos que posibiliten los incumplimientos o consientan el de sus dependientes. En entidades disueltas y liquidadas las sanciones pendientes pasan a los socios, solidarios: hasta su cuota de liquidación si la ley limita su responsabilidad.