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Real Decreto 887/2006, Reglamento de la Ley General de Subvenciones

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Art. 1Objeto y régimen jurídicoEl Reglamento tiene por objeto desarrollar la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las subvenciones que otorguen las Administraciones Públicas se ajustan a tres fuentes: la Ley General de Subvenciones, el propio Reglamento y las normas reguladoras de cada subvención, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley y en la Disposición Final Primera del Reglamento.
Art. 2Ámbito de aplicaciónLey y Reglamento se aplican a toda disposición dineraria del artículo 2.1 de la Ley, se llame como se llame. Financiación global: aportaciones que financian total o parcialmente, con carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad de una Administración o entidad pública dependiente. Dentro: convenios en que solo la Administración beneficiaria tiene competencias propias de ejecución (salvo actividad impuesta por ley) y los que financian a sujetos privados. Fuera: convenios con contraprestación, planes conjuntos, competencias compartidas y cuotas a organismos internacionales.
Art. 3Ayudas en especieSon ayudas en especie las entregas de bienes, derechos o servicios adquiridos con la finalidad exclusiva de entregarlos a terceros que cumplan las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley; se sujetan a la Ley y al Reglamento. No se les aplica el procedimiento de gestión presupuestaria del artículo 34 de la Ley, y los requisitos del pago se refieren a la entrega. Si la adquisición es posterior a la convocatoria, rige el artículo 34.1 (aprobación del gasto previa a la convocatoria). Se reintegra un importe equivalente al precio de adquisición y, en todo caso, el interés de demora.
Art. 4Régimen jurídico de las subvenciones a intereses u otras contraprestaciones de operaciones de crédito subvencionadas por la Administración General del EstadoPara los intereses u otras contraprestaciones de operaciones de crédito subvencionados por la Administración General del Estado a través de agentes privados de intermediación financiera, el Consejo de Ministros aprueba por Real Decreto las normas especiales reguladoras, en los términos de los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley General de Subvenciones. Para las operaciones que instrumente el Instituto de Crédito Oficial se está al artículo 53.2 de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para 2006, y demás normativa específica.
Art. 5Entregas dinerarias sin contraprestación otorgadas por fundaciones del sector público y entes de derecho público dependientes de la Administración General del Estado que se rijan por el derecho privadoLas entidades vinculadas o dependientes del Estado del artículo 3.2 de la Ley (las del párrafo primero, si no ejercen potestades administrativas) y las fundaciones del sector público estatal sujetan sus entregas dinerarias sin contraprestación a los principios de gestión y de información. El procedimiento, que elabora la entidad, contempla: órgano competente; contenido del acuerdo (objeto, finalidad y condiciones, requisitos de los perceptores, criterios de selección y cuantía máxima); publicidad; tramitación y justificación. Entrega directa: solo en los casos del artículo 22.2 de la Ley.
Art. 6Subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación otorgadas por consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas y subvenciones derivadas de conveniosSubvenciones de consorcios, mancomunidades u otras personificaciones creadas por varias Administraciones. Si se rigen por Derecho administrativo y sus fundadoras no pertenecen o dependen de una misma Administración: contenido básico de la Ley y del Reglamento, y el estatuto indica la norma en lo no básico. Si se rigen por derecho privado: principios del artículo 8 y deberes de información del artículo 20 de la Ley, salvo que las otorguen en ejercicio de potestades administrativas (regla anterior). Los convenios de gestión conjunta deben especificar la normativa aplicable con esos criterios.
Art. 7Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión EuropeaLas subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas del artículo 3 de la Ley y financiadas total o parcialmente con fondos de la Unión Europea se regulan por la normativa comunitaria y por las normas nacionales de desarrollo o transposición. Supletoriamente se aplican los procedimientos de concesión y de control de la Ley. El régimen de reintegros e infracciones y sanciones administrativas de la Ley también se les aplica, cuando así proceda de acuerdo con la normativa comunitaria.
Art. 8Objeto y naturaleza jurídicaLa Junta Consultiva de Subvenciones está adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda y es el órgano consultivo en materia de subvenciones de los órganos y entidades del sector público estatal, sin perjuicio de las competencias de otros órganos consultivos. Se rige por las normas de su Capítulo y por las de órganos colegiados de la Ley 30/1992 y de la Ley 6/1997. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales pueden instarle informes; las Comunidades Autónomas pueden además crear sus propias Juntas Consultivas en su ámbito territorial.
Art. 9Composición, funcionamiento y competenciasComposición y funcionamiento: Orden Ministerial conjunta. Competencias: informar lo que se le someta, proponer medidas o instrucciones generales e informar anteproyectos de modificación de la Ley y proyectos de reglamento. Sus informes no versan sobre el procedimiento de control ni sobre la corrección de reintegros o sanciones. Los piden: Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales y Directores Generales; Presidentes o Directores de organismos y entidades estatales; Presidentes de organizaciones representativas; titulares de Consejerías y Presidentes de Corporaciones Locales.
Art. 10Principios directoresLos planes estratégicos de subvenciones son un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad pública. La Administración General del Estado promueve, a través de las Conferencias Sectoriales, su coordinación con las políticas de las demás Administraciones. Deben ser coherentes con los programas plurianuales ministeriales y ajustarse, en todo caso, a las restricciones de política económica y de estabilidad presupuestaria de cada ejercicio.
Art. 11Ámbito de los planes estratégicosSe aprueba un plan estratégico por cada Ministerio, que abarca las subvenciones de sus órganos y de los organismos y demás entes públicos vinculados. Caben planes especiales, de ámbito inferior al ministerial, cuando su importancia justifique un desarrollo particularizado, y planes conjuntos, cuando en su gestión participen varios Ministerios u Organismos de distinto ámbito ministerial. Los planes y programas sectoriales se consideran planes estratégicos si recogen el contenido del artículo siguiente. Vigencia: tres años, salvo que la especial naturaleza del sector aconseje otra duración.
Art. 12Contenido del plan estratégicoContenido del plan: objetivos estratégicos; líneas de subvención, cada una con áreas de competencia y sectores, objetivos y efectos, plazo, costes y fuentes de financiación y plan de acción; seguimiento y evaluación continua, con indicadores; y resultados de la evaluación de planes anteriores. Puede reducirse a una memoria explicativa de objetivos, costes y fuentes de financiación en las subvenciones de concesión directa y en las que el titular del Departamento determine motivadamente por su escasa relevancia económica o social. Los planes son programáticos: no crean derechos ni obligaciones.
Art. 13Competencia para su aprobaciónLos planes estratégicos de los apartados 1 y 2 del artículo 11 del Reglamento los aprueba el Ministro o Ministros responsables de su ejecución, y se remiten a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y a las Cortes Generales para su conocimiento. Los planes y sus actualizaciones deben publicarse en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas; la Intervención General de la Administración del Estado dicta las Instrucciones para poner en marcha esa publicación.
Art. 14Seguimiento de planes estratégicos de subvencionesLos planes se actualizan anualmente. Cada Departamento ministerial emite antes del 30 de abril de cada año un informe sobre el grado de avance del plan, sus efectos y sus repercusiones presupuestarias y financieras. El informe y el plan actualizado se remiten a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y se comunican a las Cortes Generales. La Intervención General de la Administración del Estado realiza el control financiero; cada año el Ministro de Economía y Hacienda, en la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, selecciona los planes de seguimiento especial.
Art. 15Efectos del incumplimiento del plan estratégico de subvencionesSi de los informes de seguimiento emitidos por los Ministerios y de los informes de la Intervención General de la Administración del Estado resulta que hay líneas de subvenciones que no alcanzan el nivel de consecución de objetivos deseado, o el adecuado al nivel de recursos invertidos, esas líneas podrán ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminadas.
Art. 16Comunicación a la Unión Europea de proyectos de establecimiento, concesión o modificación de una subvenciónEn las subvenciones del artículo 9.1 de la Ley no puede iniciarse ningún procedimiento de concesión sin haber comunicado los proyectos de establecimiento, concesión o modificación a los órganos competentes de la Unión Europea. El pago queda condicionado, en todo caso, a que esos órganos decidan no formular objeciones o declaren la subvención compatible con el mercado común, lo que debe constar en el acto de concesión. Las condiciones que imponga la Unión Europea se trasladan al beneficiario y se entienden asumidas si en quince días desde su notificación no renuncia a la subvención.
Art. 17Delegación y desconcentración de competenciasLa delegación de la facultad de conceder subvenciones lleva implícita la de comprobar la justificación y la de incoar, instruir y resolver el procedimiento de reintegro, salvo que la resolución de delegación disponga otra cosa; conlleva además, según la norma habilitante, la aprobación del gasto, salvo exclusión expresa. La desconcentración se entiende completa: abarca la concesión, las facultades de comprobación y, en su caso, la incoación, instrucción y resolución del reintegro, aunque el Real Decreto que la apruebe puede imponer limitaciones.
Art. 18Cumplimiento de obligaciones tributariasAl corriente: circunstancias de la normativa tributaria y, en todo caso: autoliquidaciones de renta, sociedades o no residentes, pagos a cuenta, IVA y declaraciones de suministro de información presentadas (plazo vencido en los doce meses precedentes al mes anterior a la solicitud de la certificación); sin deudas o sanciones tributarias con el Estado en periodo ejecutivo, salvo aplazadas, fraccionadas o suspendidas; sin deudas tributarias con la Comunidad Autónoma o Entidad local del concedente; ni responsabilidades civiles por delito contra la Hacienda Pública declaradas por sentencia firme.
Art. 19Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad SocialLos beneficiarios o las entidades colaboradoras están al corriente con la Seguridad Social cuando no tengan deudas por cuotas o conceptos de recaudación conjunta, ni las derivadas del incumplimiento de las obligaciones de cotización, ni cualesquiera otras deudas con la Seguridad Social de naturaleza pública. A efectos de expedir las certificaciones del artículo 22 del Reglamento, también se les considera al corriente cuando las deudas estén aplazadas, regularizadas por convenio concursal o acuerdo singular, en moratoria o suspendidas con ocasión de su impugnación.
Art. 20Residencia fiscalNo pueden ser beneficiarios ni entidades colaboradoras quienes residan fiscalmente en territorios identificados reglamentariamente como paraísos fiscales, salvo que sean órganos consultivos de la Administración española o que la normativa reguladora lo exceptúe por la naturaleza de la subvención. Se mira el periodo impositivo de la declaración anual cuyo plazo venció en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior a la solicitud de la subvención, salvo cambio de domicilio fiscal declarado después. No residentes no obligados a declaración anual: el mes anterior a la solicitud.
Art. 21Obligaciones por reintegro de subvencionesSe está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro cuando no se tienen deudas con la Administración concedente por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo; si contra el beneficiario o la entidad colaboradora no procede la vía de apremio, cuando no haya deudas no atendidas en periodo voluntario. También se está al corriente si las deudas están aplazadas, fraccionadas o se ha acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la resolución de reintegro.
Art. 22Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la residencia fiscalLas obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditan con certificaciones que el solicitante presenta ante el órgano concedente; quien no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos, con declaración responsable. La certificación es positiva o negativa y se expide en el plazo de su normativa, nunca superior a 20 días. Se emiten preferentemente por medios electrónicos. Si las bases lo prevén, la solicitud conlleva autorizar al órgano concedente a obtenerlas, salvo denegación expresa. Quien no resida fiscalmente en España presenta certificado de su país.
Art. 22 bisInforme de Procedimientos AcordadosEl Informe de Procedimientos Acordados se hace sobre la documentación proporcionada por la sociedad auditada: el detalle de facturas pendientes de pago a proveedores, excluidos los del mismo grupo de sociedades, a una fecha de corte o de referencia que, como máximo, debe ser anterior en un mes a la emisión del informe. Vale seis meses desde la fecha de referencia. El auditor debe realizar, al menos, cinco procedimientos: contrastar el total con los registros contables, verificar una muestra de facturas, analizar pagos posteriores y comprobar facturas del Libro Registro de IVA soportado.
Art. 23Efectos de las certificacionesLas certificaciones y, en su caso, el Informe de Procedimientos Acordados se expiden a los efectos exclusivos que en ellos consten: no originan derechos ni expectativas de derechos a favor de los solicitantes ni de terceros, no interrumpen ni suspenden los plazos de prescripción y no sirven de medio de notificación. Su contenido no afecta a lo que resulte de actuaciones posteriores de comprobación o investigación. Las certificaciones del artículo 22 valen seis meses a contar desde la fecha de expedición.
Art. 24Simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad SocialLa declaración responsable sustituye a las certificaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 22 en siete casos: Mutualidades de funcionarios, colegios de huérfanos y similares; becas a alumnos para formación profesional reglada; becas a investigadores; cuantía por beneficiario que no supere 3.000 euros; las que establezca el Ministro de Economía y Hacienda por Orden Ministerial o el órgano autonómico o local competente; Administraciones Públicas y su sector público, salvo previsión contraria en las bases; y acción social y cooperación internacional de entidades sin fines lucrativos.
Art. 25Acreditación del cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvencionesLa acreditación del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones se realiza mediante declaración responsable. Quien la formula es el propio beneficiario o la entidad colaboradora; el artículo no menciona ningún otro medio de acreditación.
Art. 26Acreditación del cumplimiento de otras obligaciones establecidas en el artículo 13 de la LeyEn los casos no previstos en los artículos anteriores, el beneficiario o la entidad colaboradora acreditan que no están incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley mediante declaración responsable, que se presenta ante el órgano concedente de la subvención.
Art. 27Apreciación de la prohibición de obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradoraLas prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora de los párrafos a), b), d), e), f), g) y h) del apartado 2 del artículo 13 de la Ley se aprecian directamente. Subsisten mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinen o durante el tiempo que se haya dispuesto en la sentencia o resolución firme. La enumeración no incluye el párrafo c).
Art. 28Alcance y duración de la prohibición cuando derive de la resolución de contratosSi la prohibición deriva de la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, su alcance y duración son los mismos que se acuerden para la prohibición de contratar. La resolución que establezca la prohibición para contratar, regulada en el artículo 19 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), debe pronunciarse también sobre la prohibición para obtener subvenciones.
Art. 29Registros de solicitantes de subvencionesLa Administración concedente puede crear registros en los que los solicitantes se inscriben voluntariamente, aportando la documentación de su personalidad y capacidad de obrar y, en su caso, de la representación. Sus certificados eximen de presentarla en cada convocatoria si no han cambiado los datos inscritos. En el ámbito estatal, el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Subvenciones, puede establecer mecanismos de coordinación. Cada órgano titular de un registro, o el Ministro en nombre de todos, puede concertar convenios con las autoridades autonómicas.
Art. 30Publicidad de las subvencionesLa publicidad de las subvenciones no recibe en este artículo una regulación propia: se realiza de acuerdo con lo establecido para la publicidad de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Art. 31Publicidad de la subvención por parte del beneficiarioLas bases reguladoras deben establecer las medidas de difusión que adopta el beneficiario para dar publicidad al carácter público de la financiación. Deben adecuarse al objeto subvencionado en forma y duración y, si hay otras fuentes de financiación con publicidad obligada, ser análogas a las de estas. Si se incumple y aún es posible cumplir, el órgano concedente debe requerir al beneficiario con un plazo no superior a 15 días; sin ese trámite no cabe revocación ni reintegro. Si ya no es posible, puede establecer medidas alternativas, también con plazo no superior a 15 días.
Art. 32Aportación de financiación propia en las actividades subvencionadasSalvo que las bases digan otra cosa, el presupuesto de la actividad presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, sirve de referencia para determinar el importe final de la subvención, calculado como un porcentaje del coste final; el exceso de financiación pública se calcula según la proporción que debe alcanzar la aportación respecto del coste total. Si la aportación pública se fijó como importe cierto, sin referencia a porcentaje o fracción, la diferencia de financiación queda de cuenta del beneficiario y solo se reintegra lo que rebase el coste total de la actividad.
Art. 33Comunicación de subvenciones concurrentesSi se solicita una subvención y ya se había concedido otra anterior incompatible para la misma finalidad, se hace constar en la segunda solicitud; la resolución de concesión debe, en su caso, condicionar sus efectos a la renuncia a las subvenciones previamente obtenidas y al reintegro de lo percibido. Obtenida la nueva, el beneficiario lo comunica a la entidad que otorgó la primera, que puede modificar su acuerdo de concesión y declarar la pérdida total o parcial del derecho. Procede el reintegro si la Administración conoce que se percibieron subvenciones incompatibles sin la renuncia.
Art. 34Exceso de financiación sobre el coste de la actividadSi las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas, compatibles entre sí, exceden del coste del proyecto o actividad, el beneficiario debe reintegrar el exceso junto con los intereses de demora, uniendo las cartas de pago a la justificación. El reintegro se hace a favor de las Entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por cada una. Pero si es la Administración la que advierte el exceso, exige el reintegro por el importe total del exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por ella.
Art. 42Régimen general de garantíasProcede constituir garantías cuando las bases lo impongan; con varios solicitantes, pueden eximir a algunos beneficiarios si queda asegurado el cumplimiento. Salvo previsión expresa en contrario, quedan exonerados: Administraciones Públicas y su sector público, subvenciones inferiores a 3.000 euros, exentas por Ley de cauciones y no lucrativas de acción social y cooperación internacional. Salvo que las bases digan lo contrario, la constituyen quienes tengan domicilio fuera del territorio nacional, sin establecimiento permanente ni carácter de órgano consultivo de la Administración española.
Art. 43Supuestos en los que se podrán exigir garantíasLas bases reguladoras de la subvención podrán exigir la constitución de garantías en tres casos: en los procedimientos de selección de entidades colaboradoras; cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados; y cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por beneficiarios y entidades colaboradoras.
Art. 44Garantías en los procedimientos de selección de entidades colaboradorasSi la colaboración se formaliza mediante contrato, el régimen de garantías es el de la normativa de contratación administrativa. En los demás casos, cuando las entidades colaboradoras se seleccionen por un procedimiento sometido a publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, las bases reguladoras pueden fijar una garantía provisional para los participantes. La cancelación se acuerda en quince días desde que finaliza el procedimiento de selección, aunque la garantía de la entidad seleccionada puede retenerse hasta la formalización de la colaboración.
Art. 45Exigencia de garantías en pagos a cuenta o anticipadosCuando las bases reguladoras contemplen la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados, podrán establecer un régimen de garantías de los fondos entregados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley. El texto lo formula como posibilidad: «podrán establecer».
Art. 46Importe de las garantíasLa garantía se constituye por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado, incrementada en el porcentaje que establezcan las bases reguladoras. Ese porcentaje no podrá superar el 20 por ciento de dicha cantidad.
Art. 47Extensión de las garantías
Art. 48Formas de constitución de las garantíasSi las bases reguladoras exigen garantías por pagos a cuenta o anticipados, estas se constituyen a disposición del órgano concedente. Las modalidades, características y requisitos son los establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
Art. 49Garantías prestadas por tercerosLas garantías presentadas por terceros solo se admiten si el fiador presta fianza con carácter solidario y renuncia expresamente al derecho de excusión. El avalista o asegurador se considera parte interesada en los procedimientos que afecten directamente a la garantía prestada, en los términos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Art. 50Constitución de las garantíasLas garantías se constituyen en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en los establecimientos públicos equivalentes de las Entidades Locales, según la Administración ante la que hayan de surtir efecto. Si la subvención la concedió una representación en el exterior, se depositan en la sede de la respectiva Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular, sin perjuicio de las especialidades al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley.
Art. 51Ejecución de las garantíasAcordado el reintegro por el órgano competente y transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, ese órgano solicita la incautación de la garantía, por el importe que resulte del artículo 37 de la Ley. La ejecuta la Caja General de Depósitos, o la caja o establecimiento público equivalente de la Entidad local, a instancia del órgano competente para acordar el reintegro. Si la garantía no basta, la Administración cobra la diferencia continuando el procedimiento administrativo de apremio.
Art. 52Cancelación de las garantíasLas garantías de esta Subsección se cancelan por acuerdo del órgano concedente en dos casos: comprobada de conformidad la adecuada justificación del anticipo, o reintegradas las cantidades anticipadas. Plazos máximos: tres meses desde el reintegro o liquidación del anticipo; seis meses desde la entrada de la justificación en la administración. Se suspenden por requerimientos o aclaraciones y se reanudan al ser atendidos. Si la garantía se extiende más allá por causas no imputables al interesado, la Administración reembolsa su coste de mantenimiento, previa acreditación del importe.
Art. 53Garantías en cumplimiento de compromisos asumidos por entidades colaboradorasSi las bases prevén garantías de entidades colaboradoras, los medios de constitución y el procedimiento de cancelación constan en el convenio; si la colaboración se formaliza por contrato, rigen las garantías de la contratación administrativa. Cuando hay entrega o distribución de fondos, salvo excepción de las bases, se garantiza el importe total recibido más los intereses de demora hasta seis meses después de acabar el plazo de justificación. Si los compromisos se extienden más allá, las garantías no pueden mantenerse una vez cumplidos ni superar la cantidad a reintegrar.
Art. 54Garantías y otras medidas cautelares en cumplimiento de compromisos asumidos por beneficiariosLas garantías de compromisos de beneficiarios pueden adoptar, además de las formas previstas para pagos a cuenta o anticipados, las de hipoteca o prenda. Pueden exigirse como requisito para conceder, para pagar o como parte de la justificación. Su constitución, extensión, acreditación, cancelación y ejecución se prevén en las bases reguladoras. Si las bases las exigen y no se constituyen y acreditan: desestimación de la solicitud o retención del pago, con pérdida definitiva del derecho al cobro si el requerimiento previo del órgano concedente no se atiende en 15 días.
Art. 55Procedimientos de concesión de subvencionesEl procedimiento ordinario de concesión es el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22.1 de la Ley. Las bases reguladoras pueden exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes que reúnan los requisitos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria sea suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. La concesión directa solo cabe en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley.
Art. 56Tramitación anticipadaLa convocatoria puede aprobarse en un ejercicio anterior al de su resolución si el gasto se ejecuta en la misma anualidad de la concesión y se da una de dos circunstancias: que exista normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, o que exista en el proyecto de Presupuestos sometido a las Cortes Generales para el ejercicio siguiente. La cuantía total máxima es estimada y la concesión queda condicionada al crédito en el momento de resolver. El certificado de existencia de crédito lo sustituye otro de la oficina presupuestaria del Departamento Ministerial.
Art. 57Subvenciones plurianualesPuede autorizarse la convocatoria de subvenciones cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquel en que recaiga la resolución de concesión. La convocatoria indica la cuantía total máxima y su distribución por anualidades, dentro de los límites del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria; la distribución es estimada si los solicitantes pueden optar por el pago anticipado, y modificarla exige expediente de reajuste de anualidades. Con pagos a cuenta, la resolución distribuye la cuantía según el ritmo de ejecución y cada ejercicio se imputa previa justificación equivalente.
Art. 58Aprobación del gasto por una cuantía máxima y distribución entre créditos presupuestariosLa convocatoria fija necesariamente la cuantía total máxima y los créditos presupuestarios a los que se imputa; no se puede conceder por encima sin nueva convocatoria. Excepcionalmente puede fijar una cuantía adicional, que no requiere nueva convocatoria, si los créditos no están disponibles al convocar pero se prevé obtenerlos antes de la resolución de concesión; su efectividad se condiciona a la declaración de disponibilidad del crédito. El órgano concedente publica los créditos disponibles antes de resolver, en los mismos medios que la convocatoria, sin abrir plazo de solicitudes.
Art. 59Convocatoria abiertaLa convocatoria abierta es el acto administrativo que acuerda de forma simultánea varios procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario, para una misma línea de subvención. Concreta el número de resoluciones sucesivas y, para cada una, el importe máximo, el plazo máximo de resolución y el plazo de solicitudes. La cantidad no aplicada en un periodo puede trasladarse a resoluciones posteriores si lo prevén expresamente las bases, lo acuerda expresamente el órgano concedente y no se menoscaban los derechos de los solicitantes del periodo de origen.
Art. 60Criterios de valoraciónLas bases reguladoras deben recoger los criterios de valoración de las solicitudes. Si se toma en consideración más de un criterio, hay que precisar la ponderación relativa de cada uno. Si la valoración se articula en varias fases, se indica en cuáles se aplica cada criterio y el umbral mínimo de puntuación exigido para continuar. Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible precisar la ponderación, se considera que todos los criterios tienen el mismo peso relativo.
Art. 61Determinación de la actividad a realizar por el beneficiarioSi la subvención impulsa una actividad del beneficiario, este se entiende comprometido a realizarla en los términos de su solicitud, con las modificaciones aceptadas por la Administración que no alteren la finalidad de la concesión. Si se le propone reformular la solicitud y no contesta en el plazo otorgado, se mantiene la solicitud inicial. Si la Administración propone modificar las condiciones o la forma de realización, la aceptación se entiende otorgada si la propuesta las explicita claramente, no hay oposición en 15 días desde su notificación y no se daña derecho de tercero.
Art. 62Contenido de la resoluciónEn la resolución de concesión deben quedar claramente identificados los compromisos asumidos por los beneficiarios. Cuando el importe de la subvención y su percepción dependan de que el beneficiario realice una actividad propuesta por él mismo, debe quedar claramente identificada esa propuesta o el documento donde se formuló.
Art. 63ResoluciónEl órgano competente resuelve en quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución. La resolución acuerda el otorgamiento, la desestimación y la no concesión, y la de concesión pone fin a la vía administrativa salvo excepción de la Ley o de las bases. Si las bases lo prevén, puede incluir una relación ordenada de solicitudes no estimadas por rebasarse el crédito; si un beneficiario renuncia y se libera crédito suficiente para al menos una, se concede al siguiente por puntuación sin nueva convocatoria, con diez días improrrogables para acceder a la propuesta.
Art. 64Modificación de la resoluciónUna vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario puede solicitar la modificación de su contenido si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras. La modificación se puede autorizar siempre que no dañe derechos de tercero. La solicitud debe presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
Art. 65Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestosSon subvenciones nominativas aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto. El procedimiento se inicia de oficio por el centro gestor del crédito, o a instancia del interesado, y termina con la resolución de concesión o el convenio, que tienen el carácter de bases reguladoras. Deben incluir: objeto y beneficiarios; crédito y cuantía; compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas; plazos y modos de pago, anticipos y garantías; y plazo y forma de justificación.
Art. 66Subvenciones de concesión directa impuesta a la Administración por una norma de rango legalLas subvenciones de concesión directa cuyo otorgamiento o cuantía impone una norma de rango legal se rigen por esa norma y por las demás de específica aplicación a la Administración correspondiente. En la Administración General del Estado, las Entidades Locales y sus organismos públicos se aplican supletoriamente la Ley General de Subvenciones y el Reglamento, salvo en lo que afecte a publicidad y concurrencia. Si la Ley remite a un convenio de colaboración, se le aplica el artículo 65.3. El pago solo es exigible si hay crédito adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio.
Art. 67Subvenciones de concesión directa en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria públicaExcepcionalmente pueden concederse directamente las subvenciones del artículo 22.2 c) de la Ley General de Subvenciones. En la Administración General del Estado y sus organismos públicos, el Consejo de Ministros aprueba por Real Decreto las normas especiales reguladoras, a propuesta del Ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda. Ese Real Decreto tiene carácter de bases reguladoras. El expediente incluye una memoria justificativa del órgano gestor y el informe de Economía y Hacienda, el último antes de elevarlo, salvo dictamen preceptivo del Consejo de Estado.
Art. 68Subcontratación de las actividades subvencionadasRealizar la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario, salvo excepción en las bases reguladoras. Si estas permiten subcontratar sin fijar límite cuantitativo, el tope es el 50 por 100 del importe de la actividad, sumando los precios de todos los subcontratos. Hay vinculación, entre otros, por relación conyugal o análoga, consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo, relación laboral retribuida con pagos periódicos o derecho a más de un 50 por ciento del beneficio. La Administración podrá comprobar el coste y el valor de mercado de lo subcontratado.
Art. 69Modalidades de justificación de la subvenciónLa justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión podrá revestir tres modalidades: 1) cuenta justificativa, en una de las formas previstas en la Sección 2.ª del Capítulo; 2) acreditación por módulos; y 3) presentación de estados contables.
Art. 70Ampliación del plazo de justificaciónEl órgano concedente podrá ampliar el plazo de presentación de la justificación, salvo precepto en contra en las bases reguladoras, sin exceder de la mitad del mismo y siempre que no se perjudiquen derechos de tercero. Las condiciones y el procedimiento son los del artículo 49 de la Ley 30/1992. Si vence el plazo sin justificación, el órgano competente requiere al beneficiario para que la presente en el plazo improrrogable de quince días; no hacerlo conlleva la exigencia del reintegro y demás responsabilidades, y hacerlo en ese plazo adicional no exime de las sanciones que correspondan.
Art. 71Forma de justificaciónLa justificación de la subvención tendrá la estructura y el alcance que determinen las correspondientes bases reguladoras. Si el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecia defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento y le concederá un plazo de diez días para corregirlos.
Art. 72Contenido de la cuenta justificativaLa cuenta justificativa contiene, con carácter general: 1) una memoria de actuación, con actividades y resultados; y 2) una memoria económica con: relación clasificada de gastos e inversiones, facturas o documentos equivalentes, certificado de tasador independiente si se adquieren inmuebles, criterios de reparto de costes generales y/o indirectos, relación de otros ingresos o subvenciones, los tres presupuestos y, en su caso, la carta de pago de reintegro de remanentes. Si por el objeto o la naturaleza de la subvención no fuera precisa esa documentación, las bases determinan el contenido.
Art. 73Validación y estampillado de justificantes de gastoLos gastos se justifican con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o en fotocopia compulsada; esta última, cuando así lo hayan establecido las bases reguladoras. Si las bases lo establecen, los justificantes originales se marcan con una estampilla que indica la subvención para cuya justificación se presentan y si el importe se imputa total o parcialmente; si es parcialmente, se indica además la cuantía exacta afectada por la subvención.
Art. 74Cuenta justificativa con aportación de informe de auditorLas bases pueden reducir la información de la memoria económica si la cuenta se acompaña de informe de auditor inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que la revisa con el alcance que fijen las bases, e incorpora una memoria económica abreviada. Si el beneficiario está obligado a auditar sus cuentas anuales, revisa el mismo auditor, salvo que las bases prevean otro; si no, lo designa él, salvo que las bases prevean su nombramiento por el órgano concedente. El gasto de la revisión podrá ser subvencionable si lo establecen las bases y hasta el límite que fijen.
Art. 75Cuenta justificativa simplificadaPara subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, la cuenta justificativa simplificada podrá valer como documento con validez jurídica para la justificación, si lo prevén las bases reguladoras. Contiene: memoria de actuación; relación clasificada de gastos e inversiones; detalle de otros ingresos o subvenciones; y, en su caso, carta de pago de reintegro de remanentes no aplicados y de sus intereses. El órgano concedente comprueba, con las técnicas de muestreo acordadas en las bases, los justificantes que estime oportunos, y puede requerir su remisión al beneficiario.
Art. 76Ámbito de aplicación de los módulosLas bases reguladoras podrán prever la concesión y justificación a través de módulos si se cumplen tres requisitos: a) que la actividad subvencionable o los recursos necesarios sean medibles en unidades físicas; b) que exista evidencia o referencia del valor de mercado de la actividad o de los recursos; y c) que el importe unitario de los módulos, que podrá tener una parte fija y otra variable según el nivel de actividad, se determine sobre la base de un informe técnico motivado. La concreción de los módulos y el informe técnico podrán hacerse de forma diferenciada para cada convocatoria.
Art. 77Actualización y revisión de módulosSi las bases reguladoras o las órdenes de convocatoria que de ellas se deriven aprueban valores específicos para módulos cuya cuantía se proyecte a lo largo de más de un ejercicio presupuestario, las bases indicarán la forma de actualización, que se justifica en el informe técnico del apartado c) del artículo 76. Si por circunstancias sobrevenidas se modifican las condiciones económicas, financieras o técnicas tenidas en cuenta, el órgano competente aprobará la revisión del importe de los módulos, motivada a través del pertinente informe técnico.
Art. 78Justificación a través de módulosCon régimen de módulos, la justificación se hace presentando: 1) una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones, con actividades y resultados; y 2) una memoria económica justificativa con, como mínimo: a) acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas consideradas como módulo; b) cuantía de la subvención calculada sobre las actividades cuantificadas y los módulos de las bases o, en su caso, de las órdenes de convocatoria; y c) detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad.
Art. 79Obligaciones formales de los beneficiarios en régimen de módulosEn el régimen de módulos, los beneficiarios están dispensados de la obligación de presentar libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil. La dispensa cede si las bases reguladoras de la subvención contienen una previsión expresa en contrario.
Art. 80Supuestos de justificación a través de estados contablesLas bases podrán prever la justificación mediante estados contables cuando: a) la información para determinar la cuantía de la subvención pueda deducirse directamente de los estados financieros incorporados a la información contable de obligada preparación por el beneficiario; y b) esa información contable haya sido auditada. Podrán prever además un informe complementario del auditor. Si el alcance de la auditoría no se considera suficiente, las bases fijan el adicional, y la retribución adicional del auditor podrá ser gasto subvencionable si lo establecen y hasta el límite que fijen.
Art. 81Empleo de medios electrónicos en la justificación de las subvencionesPodrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de justificación de las subvenciones siempre que las bases reguladoras hayan establecido su admisibilidad. Las bases deberán indicar los trámites que, en su caso, puedan cumplimentarse por esa vía y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables, que deberán ajustarse a las especificaciones que se establezcan por Orden del Ministro de Economía y Hacienda.
Art. 82Justificación de subvenciones percibidas por entidades públicas estatalesSalvo precepto en contra en las bases, si un organismo o ente del sector público estatal percibe de otra entidad de ese sector una subvención sometida a la Ley General de Subvenciones, la justifica conforme al artículo 75, sin el máximo de 60.000 euros, si: a) está sometido a control financiero permanente de la Intervención General de la Administración del Estado; y b) se usa la cuenta justificativa. En ese control se revisan los sistemas de justificación y una muestra de las cuentas; si no concuerdan con los registros o justificantes, se emiten informes separados a los órganos concedentes.
Art. 83Gastos subvencionablesEl gasto se considera pagado con la cesión a los acreedores del derecho de cobro de la subvención o con la entrega de un efecto mercantil garantizado por entidad financiera o compañía de seguros. Si al acabar el plazo de justificación solo se pagó parte, rige la proporcionalidad. Si faltan las ofertas preceptivas o se adjudicó sin adecuada justificación a una que no era la más favorable económicamente, el órgano concedente podrá recabar tasación pericial a cuenta del beneficiario y la subvención se calcula por el menor de los dos valores. Las bases podrán fijar la fracción de coste indirecto.
Art. 84Comprobación de la adecuada justificación de la subvenciónEl órgano concedente comprueba la justificación documental con el método establecido en las bases reguladoras, revisando la documentación que deban aportar el beneficiario o la entidad colaboradora. Si el pago se realiza previa aportación de la cuenta justificativa, la comprobación formal para la liquidación podrá comprender exclusivamente la memoria de actuación, la relación clasificada de gastos e inversiones y el detalle de otros ingresos o subvenciones. En ese caso, las facturas o documentos análogos se comprueban en los cuatro años siguientes sobre una muestra representativa.
Art. 85Comprobación de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvenciónEl órgano concedente de la subvención tiene la obligación de elaborar anualmente un plan anual de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas. El plan deberá indicar si la comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o a una muestra de las concedidas y, en este último caso, su forma de selección; también contendrá los principales aspectos a comprobar y el momento de su realización.
Art. 86Efectos de las alteraciones de las condiciones de la subvención en la comprobación de la subvenciónSi el beneficiario pone de manifiesto en la justificación alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, habiéndose omitido la autorización administrativa previa, el órgano concedente podrá aceptar la justificación presentada, siempre que no se dañen derechos de terceros. Esa aceptación en el acto de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder.
Art. 87Tasación pericial contradictoriaLa Administración solicita al colegio, asociación o corporación profesional una lista de colegiados o asociados dispuestos a ser peritos terceros; el primero se elige por sorteo público y los siguientes por orden correlativo. Si no hay colegio o profesionales dispuestos, se pide al Banco de España que designe una sociedad de tasación. El perito tercero podrá exigir provisión de honorarios mediante depósito en 10 días, el 50 por ciento cada parte; quien no deposite acepta la valoración del perito de la otra. El beneficiario obligado al pago de los honorarios tiene 15 días para justificarlo.
Art. 88Pago de la subvenciónEl pago se hace previa justificación por el beneficiario y en la parte proporcional a lo justificado, salvo que la normativa reguladora prevea pagos anticipados. Si se concede por concurrir una situación en el perceptor, basta acreditarla. Salvo que las bases digan lo contrario y según disponibilidades presupuestarias, hay pagos anticipados en acción social y cooperación internacional de entidades sin fines lucrativos y para otras entidades sin recursos suficientes. Al expediente de pago se une certificación del órgano de seguimiento. La certificación de la solicitud vale seis meses.
Art. 89Pérdida del derecho al cobro de la subvenciónSe pierde el derecho al cobro, total o parcial, de la subvención en dos supuestos: falta de justificación o concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. El procedimiento para declarar la procedencia de esa pérdida es el establecido en el artículo 42 de la misma Ley.
Art. 90Devolución a iniciativa del perceptorDevolución voluntaria es la que realiza el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. La convocatoria debe dar publicidad de los medios disponibles para que el beneficiario pueda efectuarla. Cuando se produce, la Administración calcula los intereses de demora conforme al artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.
Art. 91Reintegro por incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvenciónEl beneficiario debe cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión y cumplir los compromisos asumidos; si no, hay reintegro total o parcial, según las bases reguladoras. Con inversiones o gastos de distinta naturaleza, la ejecución se ajusta a la distribución de la resolución de concesión, sin compensar unos conceptos con otros salvo que las bases o la resolución digan otra cosa. En los casos del artículo 32.1 del Reglamento, reintegro proporcional si el coste efectivo final es inferior al presupuestado.
Art. 92Reintegro por incumplimiento de la obligación de justificaciónSi vence el plazo de justificación sin haberla presentado, se acuerda el reintegro, previo requerimiento del artículo 70.3 del Reglamento. También se entiende incumplida la obligación de justificar cuando la Administración, en comprobación o control financiero, detecta gastos que no responden a la actividad subvencionada, que no fueron coste subvencionable, que ya fueron financiados por otras subvenciones o recursos, o justificados con documentos que no reflejan la realidad. Entonces se reintegra la subvención correspondiente a cada gasto, sin perjuicio de las responsabilidades.
Art. 93Reintegro por incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de la financiación pública recibidaProcede el reintegro por incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida cuando el beneficiario no adopta las medidas establecidas en las bases reguladoras ni tampoco las medidas alternativas propuestas por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del Reglamento.
Art. 94Reglas generalesEl acuerdo de inicio del reintegro indica la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado. Se notifica al beneficiario o, en su caso, a la entidad colaboradora, con quince días para alegar o presentar documentos. El inicio interrumpe la prescripción para exigir el reintegro. La resolución identifica al obligado, las obligaciones incumplidas, la causa y el importe a reintegrar con la liquidación de los intereses de demora; se notifica al interesado requiriéndole el reintegro en el plazo y forma del Reglamento General de Recaudación.
Art. 95Cantidades a reintegrar por fundaciones del sector público estatal, organismos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del EstadoLas deudas por razón de acuerdos de reintegro que tengan con la Administración General del Estado las fundaciones del sector público estatal o los organismos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella podrán extinguirse de dos formas: mediante la deducción de sus importes en futuros libramientos o mediante su compensación con deudas de la Administración General del Estado vencidas, líquidas y exigibles.
Art. 96Inicio del procedimiento de reintegro a propuesta de la Intervención General de la Administración del EstadoSi el informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado pone de manifiesto una causa de reintegro y propone iniciar el procedimiento, el órgano gestor debe acordar el inicio o manifestar su discrepancia. El acuerdo se adopta en un mes desde que se reciba el informe, traslada la propuesta, se notifica al beneficiario o a la entidad colaboradora y se comunica a la Intervención General. Pasado el mes sin inicio ni discrepancia, se levantan las cautelares, no se considera interrumpida la prescripción por el control financiero y el gestor sigue obligado.
Art. 97Trámite de alegacionesNotificado el inicio del procedimiento de reintegro, el interesado puede presentar alegaciones y documentación sobre los hechos del informe de control financiero que motivaron el inicio. No se tienen en cuenta hechos, documentos o alegaciones que el sujeto controlado pudo aportar en el control financiero y no aportó. Si el control financiero finalizó por resistencia, excusa, obstrucción o negativa, solo se admiten alegaciones y documentación tendentes a constatar que esa circunstancia no se produjo durante el control, sin que quepa subsanar la falta de colaboración una vez concluido.
Art. 98Valoración de alegacionesSi el beneficiario o el sujeto controlado no presenta alegaciones, el órgano competente podrá, sin más trámite, resolver el procedimiento de reintegro en los mismos términos del acuerdo de inicio y sin necesidad de dar traslado a la Intervención General de la Administración del Estado para informe de reintegro. Si se presentan alegaciones, el órgano gestor deberá expresar su opinión, indicando cuál es a su parecer el importe exigible de reintegro y señalando las causas por las que se separa, en su caso, del importe inicialmente exigido.
Art. 99Informe de reintegroLas alegaciones del beneficiario y el parecer del órgano gestor son examinados por el órgano de control que emitió el informe de control financiero de subvenciones, y dan lugar al Informe de reintegro. Este informe se emite en el plazo de un mes desde la recepción completa de la documentación, toma como punto de partida el informe de control financiero o, en su caso, la resolución de la discrepancia manifestada, valora las alegaciones y el parecer del órgano gestor y concluye concretando el importe de reintegro a exigir.
Art. 100Propuesta de resolución de procedimiento de reintegroLa propuesta de resolución del procedimiento de reintegro deberá trasladar el contenido del Informe de reintegro. Si el órgano gestor no comparte el criterio recogido en ese informe, con carácter previo a la resolución tramitará la discrepancia en los términos establecidos en el artículo 155 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Art. 101Resolución del procedimiento de reintegroEl régimen de resolución del procedimiento de reintegro se ajusta a los artículos 41 y 42 de la Ley General de Subvenciones. Una vez recaída la resolución, y simultáneamente a su notificación al interesado, el órgano gestor da traslado de ella a la Intervención General de la Administración del Estado, a través del órgano controlador correspondiente. Además, el órgano controlador podrá requerir del gestor información sobre el estado de tramitación de los expedientes de reintegro.
Art. 102Procedimiento sancionadorEl procedimiento sancionador se ajusta a la Ley 39/2015; el plazo máximo para notificar la resolución expresa es de seis meses, salvo que el Derecho de la Unión Europea establezca otro superior. Se inicia de oficio. Los órganos de control financiero y los órganos y entidades colaboradoras que conozcan hechos que puedan constituir infracción los comunican a los órganos competentes para sancionar, con las circunstancias relevantes y los medios de prueba de que dispongan. Las diligencias e informes que documentan las actuaciones de control financiero son documentos públicos de valor probatorio.
Art. 103Tramitación del procedimiento sancionador a propuesta de la Intervención General de la Administración del EstadoSi la Intervención General de la Administración del Estado propone, tras el control financiero, iniciar expediente sancionador, el órgano competente lo inicia por los hechos trasladados o comunica al órgano controlador por qué considera que no procede. Si el interesado alega, el Instructor debe solicitar informe a la Intervención General, preceptivo y determinante para la resolución, que el órgano controlador emite en un mes. Igual se procede si en fase de resolución se acuerdan actuaciones complementarias. La resolución se comunica a la Intervención por conducto del órgano controlador.