Tema 63 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1

La Ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, en la que se entiende comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, acordada imperativamente, sea quien sea su titular e implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. Quedan fuera las ventas forzosas reguladas por la legislación especial sobre abastecimientos, comercio exterior y divisas.

Artículo 2

Solo pueden acordar la expropiación forzosa el Estado, la Provincia o el Municipio. Por causa de utilidad pública pueden ser además beneficiarios las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición. Por causa de interés social puede serlo, aparte de los indicados, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos.

Artículo 3

Las actuaciones del expediente expropiatorio se entienden, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considera propietario o titular a quien conste como tal en registros públicos que produzcan presunción de titularidad solo destruible judicialmente; en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales; y, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.

Artículo 4

Las diligencias se entienden también, siempre que lo soliciten y acrediten debidamente su condición, con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable y con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos. Para cada arrendatario se inicia el respectivo expediente incidental para fijar la indemnización que pueda corresponderle. Si la existencia de esos titulares resulta de los registros que menciona el artículo tercero, su citación en el expediente es preceptiva.

Artículo 5

Las diligencias se entienden con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a que se refiere el artículo dieciocho, los propietarios o titulares no comparecen en el expediente, están incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o la propiedad es litigiosa. También son parte en el expediente quienes presenten títulos contradictorios sobre el objeto que se trata de expropiar.

Artículo 6

Quienes no pueden enajenar sin permiso o resolución judicial los bienes que administran o disfrutan se consideran, sin embargo, autorizados para hacerlo en los supuestos de esta Ley. Las cantidades a que ascienda el justo precio se depositan a disposición de la autoridad judicial para que les dé el destino previsto en las Leyes vigentes.

Artículo 7

Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses no impiden la continuación de los expedientes de expropiación forzosa. El nuevo titular se considera subrogado en las obligaciones y derechos del anterior.

Artículo 8

La cosa expropiada se adquiere libre de cargas. Sin embargo, puede conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado si se dan dos condiciones: que resulte compatible con el nuevo destino que haya de darse al objeto y que exista acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.

Artículo 9

Para proceder a la expropiación forzosa es indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social. Lo que se declara de utilidad pública o interés social es el fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.

Artículo 10

En la expropiación de inmuebles, la utilidad pública se entiende implícita en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto debe hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que las Leyes que regulan categorías determinadas de obras, servicios o concesiones hayan dispuesto otra cosa.

Artículo 11

En todos los casos no previstos en el artículo anterior y relativos a bienes inmuebles, la declaración de utilidad pública debe hacerse mediante Ley aprobada en Cortes, siempre que no se trate de los bienes que, con arreglo a esta Ley, se regulan por disposición especial.

Artículo 12

Respecto a los bienes muebles, la utilidad pública debe declararse expresa y singularmente mediante Ley en cada caso. La excepción: si esa u otra Ley han autorizado la expropiación para una categoría especial de bienes, basta el acuerdo del Consejo de Ministros.

Artículo 13

El interés social determinante de transmisiones forzosas de cosas o derechos, a los fines específicos de los artículos treinta y treinta y uno del Fuero de los Españoles, se sujeta, en cuanto a su declaración, al mismo procedimiento previsto en el artículo anterior.

Artículo 14

La concesión del título de Empresa de interés nacional lleva aneja, sin más, la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios. Esa declaración se refiere a las obras y servicios que requiera el cumplimiento de los fines de la Empresa.

Artículo 15

Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resuelve sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros pueden incluirse también, entre los bienes de necesaria ocupación, los indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate.

Artículo 16

Cuando se trate de expropiar bienes de la Iglesia se observa el régimen establecido al efecto en el Concordato vigente. En lo demás, la expropiación de esos bienes se ajusta a lo preceptuado en esta ley.

Artículo 17

A los efectos del artículo quince, el beneficiario de la expropiación debe formular una relación concreta e individualizada que describa, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Si el proyecto de obras y servicios comprende esa descripción material detallada, la necesidad de ocupación se entiende implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario sigue obligado a formular la relación, a los solos efectos de la determinación de los interesados.

Artículo 18

Recibida la relación señalada en el artículo anterior, el Gobernador civil abre información pública durante un plazo de quince días. En las expropiaciones realizadas por el Estado, la relación se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, y se comunica además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios.

Artículo 19

Cualquier persona puede aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación. En el caso del párrafo segundo del artículo diecisiete, cualquier persona puede formular alegaciones, pero a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación.

Artículo 20

Vistas las alegaciones de quienes comparezcan en la información pública, el Gobernador civil, tras las comprobaciones que estime oportunas, resuelve sobre la necesidad de la ocupación en el plazo máximo de veinte días. La resolución describe detalladamente los bienes y derechos afectados y designa nominalmente a los interesados con los que se entenderán los trámites sucesivos. Solo son interesados a estos efectos las personas definidas en los artículos tercero y cuarto.

Artículo 21

El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio. Se publica en igual forma que la prevista en el artículo dieciocho para el acto que ordena abrir la información pública. Además, debe notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, pero solo en la parte que pueda afectarlas.

Artículo 22

Contra el acuerdo de necesidad de ocupación cabe recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente. Pueden interponerlo los interesados en el procedimiento expropiatorio y quienes hubieran comparecido en la información pública. Plazo para interponerlo: diez días desde la notificación personal o desde la publicación en los «Boletines Oficiales», según los casos. Plazo para resolver: veinte días. La interposición suspende hasta que se dicte resolución expresa. Contra la orden ministerial que resuelve no cabe la vía contencioso-administrativa.

Artículo 23

Si la expropiación solo exige ocupar una parte de una finca rústica o urbana y, a consecuencia de ello, al propietario le resulta antieconómico conservar la parte no expropiada, este puede solicitar a la Administración que la expropiación comprenda la totalidad de la finca. Debe decidirse en el plazo de diez días. La resolución es susceptible del recurso de alzada previsto en el artículo anterior; no se da recurso contencioso-administrativo y se está a lo dispuesto en el artículo cuarenta y seis.

Artículo 24

La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación pueden convenir libremente y por mutuo acuerdo la adquisición de los bienes o derechos; convenidos los términos de la adquisición amistosa, se da por concluido el expediente iniciado. Si en quince días no se llega al acuerdo, se sigue el procedimiento de los artículos siguientes, aunque las partes pueden alcanzar el mutuo acuerdo en cualquier estado posterior de la tramitación.

Artículo 25

El justo precio se determina una vez que es firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables. La firmeza de ese acuerdo es, por tanto, lo que da paso a la determinación del justo precio.

Artículo 26

La fijación del justo precio se tramita como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse. Se abre un expediente individual a cada propietario de bienes expropiables. El expediente es único en dos casos: cuando el objeto de la expropiación pertenece en comunidad a varias personas y cuando varios bienes constituyen una unidad económica.

Artículo 27

A los efectos del artículo anterior, se entiende que existe unidad económica en dos supuestos. En fincas rústicas o urbanas, cuando se hallen inscritas o sean susceptibles de inscripción bajo un mismo número, de acuerdo con la Ley Hipotecaria. En cosas muebles, cuando exista una universidad de hecho o de derecho.

Artículo 28

Cuando el objeto de la expropiación forzosa está constituido por valores mobiliarios, se forman tantas piezas separadas como clases de títulos hayan de expropiarse. Para ello se atiende a las características que puedan influir en su valoración.

Artículo 29

En cada expediente, la Administración requiere a los propietarios para que, en veinte días contados desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estiman el objeto que se expropia; pueden aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes. La valoración ha de ser forzosamente motivada y puede ir avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios se acomodan a las tarifas que apruebe la Administración y son siempre de cuenta de los propietarios.

Artículo 30

La Administración expropiante debe aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en igual plazo de veinte días. Si la acepta, el justo precio queda determinado definitivamente y la Administración lo paga como requisito previo a la ocupación o disposición. Si la rechaza, extiende hoja de aprecio fundada, que se notifica al propietario; este, dentro de los diez días siguientes, puede aceptarla lisa y llanamente o rechazarla, y entonces tiene derecho a hacer alegaciones, con los métodos valorativos que juzgue más adecuados, y a aportar pruebas.

Artículo 31

Si el propietario rechaza el precio fundado ofrecido por la Administración, el expediente de justiprecio se pasa al Jurado provincial de expropiación. El paso al Jurado depende, pues, de ese rechazo del propietario.

Artículo 32

Hay un Jurado provincial de expropiación en cada capital de provincia. Preside el Magistrado que designe el Presidente de la audiencia. Vocales: un Abogado del Estado de la Delegación de Hacienda; dos funcionarios técnicos designados por esta; un representante de la Cámara Agraria Provincial si es propiedad rústica y, si no, de la Cámara de la Propiedad Urbana, de Comercio, Industria y Navegación, Colegio profesional u Organización empresarial; un Notario designado por el Decano del Colegio Notarial; y el Interventor territorial. En Ceuta y Melilla preside el Juez de Primera Instancia.

Artículo 33

Para constituirse y adoptar acuerdos válidamente, los Jurados necesitan en primera convocatoria la asistencia de todos sus miembros; en segunda, la del Presidente y dos Vocales, uno de los apartados a) o b) del artículo anterior y otro de los c) o d). Deciden por mayoría de votos. El Reglamento regula incompatibilidades, excusas, asistencias, dietas (a cargo del expropiante), sanciones y sustituciones. Las funciones administrativas y subalternas son del personal adscrito a los Gobiernos civiles; Secretario: un funcionario del Cuerpo Técnico-administrativo designado por el Gobernador.

Artículo 34

El Jurado de Expropiación decide ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación. Lo hace a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración.

Artículo 35

La resolución del Jurado de expropiación ha de ser necesariamente motivada, razonando los criterios de valoración seguidos en relación con lo dispuesto en la Ley. Se notifica a la Administración y al propietario, ultima la vía gubernativa y contra ella solo procede el recurso contencioso-administrativo. La fecha del acuerdo es el término inicial para la caducidad de la valoración establecida en el artículo 58 de la Ley.

Artículo 36

Las tasaciones se hacen según el valor de los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin contar las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que da lugar a la expropiación ni las previsibles para el futuro. Las mejoras posteriores a la incoación del expediente de expropiación no se indemnizan, salvo que se demuestre que eran indispensables para conservar los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo las realizadas de mala fe.

Artículo 37

Las tasaciones del propietario, de la Administración expropiante y del Jurado Provincial de Expropiación deben ajustarse en todo caso a las normas de valoración que se establecen en los artículos siguientes, salvo lo previsto en el artículo cuarenta y tres de la Ley.

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Las obligaciones, acciones, cuotas y demás modalidades de participación en el capital o en los beneficios de empresas mercantiles se estiman en la media aritmética de tres criterios: 1) la cotización media en el año anterior a la fecha de apertura del expediente; 2) la capitalización al tipo de interés legal del beneficio promedio de la Empresa en los tres ejercicios sociales anteriores; 3) el valor teórico de los títulos, que es la diferencia entre activo real y pasivo exigible en el último balance aprobado.

Artículo 41

Valora las concesiones administrativas cuya legislación especial no trae normas de valoración para expropiación o rescate. Primera: perpetuas de dominio público con canon, artículo 39 menos el canon capitalizado al interés legal. Segunda: de servicios públicos o mineras otorgadas hace más de tres años, rendimientos líquidos de los tres últimos años capitalizados al interés legal, sin bajar del valor material de las instalaciones afectas. Tercera: con menos de tres años o aún en plazo de instalación, artículo 43. Se aplica también a minas de minerales de interés militar y radiactivos.

Artículo 42

El justo precio de los derechos reales sobre bienes inmuebles no se calcula con reglas propias de este artículo: se practica con arreglo a las normas de valoración que señala la vigente legislación del impuesto sobre derechos reales.

Artículo 43

Propietario y Administración pueden tasar con los criterios estimativos que juzguen más adecuados si la evaluación hecha por los artículos anteriores no les resulta conforme con el valor real. El Jurado provincial de expropiación también, si el precio resulta notoriamente inferior o superior a ese valor. El régimen no se aplica en ningún caso a los inmuebles (solo la ley de valoración del suelo) y a los muebles solo si no tienen criterio particular en leyes especiales. Se empieza evaluando por las normas de la Ley; propietario o Administración proponen las rectificaciones y decide el Jurado.

Artículo 44

Cuando se expropia una finca arrendada, la Administración o entidad expropiante hace efectiva al arrendatario la indemnización que corresponda. Antes debe fijarla el Jurado de Expropiación, y su cuantía se determina aplicando las normas de la legislación de Arrendamientos.

Artículo 45

Si en el momento de la ocupación existen cosechas pendientes o se han efectuado labores de barbechera, unas y otras se indemnizan. El momento que cuenta es el de la ocupación, y la indemnización se abona «a quien corresponda»: el artículo no dice que sea al propietario.

Artículo 46

En el supuesto del artículo 23, cuando la Administración rechace la expropiación total, el justiprecio debe incluir la indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca. No es un pago aparte: se incluye en el propio justiprecio.

Artículo 47

En todos los casos de expropiación se abona al expropiado un cinco por ciento como premio de afección. Se paga además del justo precio fijado en la forma establecida en los artículos anteriores: se suma a él, no lo sustituye.

Artículo 48

Una vez determinado el justo precio, se paga la cantidad que resulte en el plazo máximo de seis meses. El pago se verifica mediante talón nominativo al expropiado, o por transferencia bancaria si el expropiado ha manifestado su deseo de recibir el precio precisamente por ese medio.

Artículo 49

El pago del precio está exento de toda clase de gastos, de impuestos y de gravámenes o arbitrios, sean del Estado, de la Provincia o del Municipio. La exención alcanza incluso al de pagos del Estado, que no queda fuera de ella.

Artículo 50

Si el propietario rehúsa recibir el precio, o hay cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, el justiprecio se consigna, por la cantidad objeto de discordia, en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente. Aunque haya litigio o recurso pendiente, el expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización hasta el límite en que exista conformidad con la Administración; esa entrega es provisional y queda subordinada en todo caso al resultado del litigio.

Artículo 51

Pagado o consignado el justo precio, puede ocuparse la finca por vía administrativa o ejercitarse el derecho expropiado, si no se hizo ya por el procedimiento excepcional del artículo siguiente. En la ocupación de inmuebles, solo dependen del consentimiento del titular el domicilio de las personas físicas y jurídicas y los locales cerrados sin acceso al público. En los demás, la Administración expropiante entra y toma posesión directamente, cumplidas las formalidades de la Ley, recabando si es preciso del Delegado del Gobierno el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Artículo 52

Excepcionalmente, por acuerdo del Consejo de Ministros, puede declararse urgente la ocupación, con retención de crédito en el expediente. La declaración cabe en cualquier momento y da por cumplida la necesidad de ocupación. El acta previa se notifica por cédula con ocho días de antelación mínima y la levantan el representante de la Administración, un perito y el Alcalde o Concejal en que delegue. La Administración formula el depósito previo, que se consigna en la Caja de Depósitos, y fija la indemnización por rápida ocupación, sin recurso. Luego ocupa en el plazo máximo de quince días.

Artículo 53

El acta de ocupación, extendida a continuación del pago y acompañada de sus justificantes, es título bastante para que el Registro de la Propiedad y los demás Registros públicos inscriban o tomen razón de la transmisión de dominio y cancelen, en su caso, las cargas, gravámenes y derechos reales que afectaran a la cosa expropiada. Surte iguales efectos el acta acompañada del justificante de la consignación del precio o del resguardo de depósito. Esos documentos son también títulos de inmatriculación en el Registro de la Propiedad.

Artículo 54

El primitivo dueño o sus causahabientes pueden recobrar lo expropiado si no se ejecuta la obra o servicio, si hay parte sobrante o si desaparece la afectación. No hay reversión si a la vez se acuerda otra afectación de utilidad pública o interés social, ni si la afectación dura diez años desde el fin de la obra. Plazo para solicitarla: tres meses desde la notificación; sin ella, cabe antes de veinte años desde la toma de posesión (exceso o desafectación), tras cinco años sin iniciar la obra o con suspensión de más de dos años. Resuelve la Administración titular del bien.

Artículo 55

Para ejercer la reversión hay que restituir la indemnización expropiatoria percibida, actualizada con el índice de precios al consumo entre la iniciación del expediente de justiprecio y el ejercicio del derecho; la Administración fija el importe en el acuerdo que reconoce la reversión. Por excepción, hay nueva valoración si hubo cambios de calificación jurídica, mejoras aprovechables o menoscabo de valor. Sin previo pago o consignación no hay toma de posesión, y debe hacerse en el plazo máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa, bajo pena de caducidad.

Artículo 56

Si transcurren seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin que el justo precio se haya determinado por resolución definitiva, la Administración expropiante culpable de la demora debe abonar al expropiado una indemnización: el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado. Se liquida con efectos retroactivos, una vez efectuado el justiprecio.

Artículo 57

La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devenga el interés legal correspondiente a favor del expropiado. El devengo empieza cuando han transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo 48 y dura hasta que se proceda al pago.

Artículo 58

Si transcurren cuatro años sin que la cantidad fijada como justo precio se haga efectiva o se consigne, hay que evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos del Capítulo III del mismo Título. Pero una vez efectuado el pago o realizada la consignación, no procede el derecho a la retasación, aunque haya transcurrido el plazo de cuatro años.

Artículo 59

Cuando la Administración tenga que expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una consideración de conjunto, el Consejo de Ministros puede acordar, mediante Decreto, que se aplique el procedimiento expropiatorio especial regulado en este capítulo.

Artículo 60

El acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere el artículo anterior hace que se entienda cumplido el trámite de declaración de la necesidad de la ocupación. Alcanza a los bienes que hayan de ser expropiados según el proyecto y replanteo aprobados, y también según los reformados posteriores.

Artículo 61

A efectos del justiprecio, la Administración formula un proyecto que clasifica las zonas o clases de bienes a expropiar en polígonos o grupos determinados, según su diferente naturaleza económica. A cada polígono o grupo le asigna precios máximos y mínimos de valoración, con módulos de aplicación en su caso.

Artículo 62

Sobre el proyecto de precios máximos y mínimos por polígonos o grupos, debidamente razonados, se abre información pública por un mes. La Administración publica edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia donde radican los bienes y el extracto en el «Boletín Oficial del Estado» y en dos diarios de la capital de esa provincia, si los hubiere. Además notifica el proyecto a los Ayuntamientos y Entidades corporativas y sindicales con jurisdicción sobre las zonas e intereses afectados.

Artículo 63

Las entidades notificadas según el artículo anterior, y cualquier otra que justifique un interés directo, pueden reclamar en la información pública únicamente sobre la clasificación en polígonos o grupos. Sobre los precios máximos y mínimos solo están legitimados para reclamar los titulares directos de los bienes o intereses expropiables según el Título primero de la Ley.

Artículo 64

Si en el período de información pública no se presentan reclamaciones, la Administración eleva el proyecto de precios máximos y mínimos a acuerdo definitivo. Ese acuerdo definitivo es firme a todos los efectos.

Artículo 65

Las reclamaciones sobre la clasificación de los bienes a expropiar en polígonos o grupos las considera la Administración antes de tomar acuerdo definitivo sobre ese extremo. El acuerdo debe recaer antes del mes siguiente al cierre de la información y es firme a todos los efectos.

Artículo 66

Las reclamaciones sobre los precios máximos y mínimos dan lugar a que la Administración formule una hoja de aprecio definitivo sobre los precios controvertidos. Esa hoja se notifica al reclamante, que puede rechazarla lisa y llanamente dentro de los diez días siguientes.

Artículo 67

Si el reclamante rechaza la hoja de aprecio de la Administración, el expediente pasa al Jurado Provincial de Expropiación, que fija definitivamente los precios máximos y mínimos controvertidos. Contra ese acuerdo puede reclamarse en vía contenciosa en los términos comunes del artículo ciento veintiséis.

Artículo 68

Los precios máximos y mínimos del proyecto que se refieran a polígonos o grupos sobre los que no se haya suscitado discordia son acordados como firmes por la Administración. Lo no discutido queda, por tanto, firme por acuerdo de la propia Administración.

Artículo 69

Una vez fijados definitivamente los precios máximos y mínimos con sus módulos de aplicación, son preceptivos para valorar las fincas o bienes de los polígonos o grupos respectivos. Solo se admiten diferencias entre las partes sobre su aplicación, que se lleva a cabo por el mismo procedimiento establecido por los artículos veintiséis y siguientes de la Ley.

Artículo 70

Los precios máximos y mínimos conservan su vigencia durante los cinco años siguientes a la fecha de su acuerdo. En casos de extraordinaria alteración del valor de la moneda, el Consejo de Ministros, con audiencia del Consejo de Estado, puede acordar la revisión global o pormenorizada de esos precios antes de que venza la fecha de caducidad.

Artículo 71

Hay causa de interés social para la expropiación forzosa, además de en los casos en que haya lugar con arreglo a las Leyes, cuando una Ley, con esa estimación expresa, ha declarado específicamente la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen en el sentido positivo de una determinada función social y el propietario incumple esa directiva.

Artículo 72

Para aplicar el supuesto anterior hacen falta cuatro requisitos: primero, la declaración positiva de que un bien o categoría de bienes debe sufrir determinadas transformaciones o ser utilizado de manera específica; segundo, que la formule una Ley o un Decreto acordado en Consejo de Ministros; tercero, que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación forzosa frente al incumplimiento; cuarto, que se haya fijado un plazo y a su vencimiento la función resulte total o sustancialmente incumplida por el propietario.

Artículo 73

La expropiación de este capítulo impone al beneficiario la carga de cumplir la función desatendida, causa de la expropiación, en un plazo que no puede exceder del que se señaló al expropiado. Solo cuando el beneficiario sea la Administración y proceda incluir el cumplimiento de esa función en un plan de conjunto más extenso puede excederse ese límite.

Artículo 74

Cuando el beneficiario de la expropiación incumple a su vez la función señalada, la Administración tiene la opción a que se refiere el apartado d) del artículo siguiente y, además, el Gobierno puede sancionar al beneficiario con multa hasta el límite de quinientas mil pesetas.

Artículo 75

Rige el procedimiento general con particularidades: a) la declaración de necesidad de ocupación se sustituye por la de que concurren los requisitos del artículo setenta y dos; b) la Administración puede expropiar directamente para adjudicar a particulares o subastar, y el exceso sobre el precio del expediente es para el expropiado; c) desierta la subasta, segunda licitación con rebaja del veinticinco por ciento; d) desierta la segunda, la Administración puede adquirir la cosa o dejarla en estado público de venta; e) si no opta por adquirirla, el expediente caduca a los seis meses.

Artículo 76

La expropiación de bienes de valor artístico, histórico o arqueológico, sean muebles o inmuebles, se lleva a cabo con arreglo a lo dispuesto en la propia Ley, con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 77

Una vez acordada la expropiación, el Gobernador civil de la provincia puede adoptar cuantas medidas sean necesarias para que no se alteren las condiciones características de la cosa o bien afectado.

Artículo 78

El justo precio se determina mediante tasación pericial por una Comisión de tres académicos: uno designado por la Mesa del Instituto de España, otro por el Ministerio de Educación y Cultura y el tercero por el propietario del bien afectado. La designación puede recaer en académicos de las Academias de Distrito. Preside el primero de los indicados, que decide los empates con voto de calidad.

Artículo 79

La Comisión prevista en el artículo anterior se reúne en el plazo de un mes desde la fecha de la Orden ministerial que acuerda la expropiación. En el mes siguiente debe formular, con informe motivado, el justo precio, que es ejecutorio para la Administración y para el expropiado. Ese justo precio en ningún caso puede ser inferior al que resulte de aplicar las disposiciones del Título II de la Ley.

Artículo 80

El justo precio, a los efectos del precio que la legislación concede a los descubridores de objetos de interés para el Patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Nación, se determina conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores. Se mantienen los porcentajes de participación que reconoce la legislación del Ramo.

Artículo 81

En los casos de expropiación, venta pública, subasta o liquidación de los bienes de este capítulo, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo, para sí o para otra persona pública, obligándose a pagar el precio en un período no superior a dos ejercicios económicos, salvo que el particular interesado acepte otras formas de pago. También puede ejercer el retracto, para sí o para otra persona pública, en un plazo de seis meses desde que tenga conocimiento fehaciente de la transmisión, con las mismas condiciones de pago.

Artículo 82

Se aplica el procedimiento general de la Ley a las expropiaciones de edificios y terrenos que impidan la contemplación de monumentos histórico-artísticos, que constituyan causa de riesgo o de cualquier perjuicio para el mismo, y de cuantos puedan destruir o aminorar la belleza o seguridad de los conjuntos de interés histórico-artístico.

Artículo 83

La indemnización que proceda abonar por la ocupación temporal de inmuebles por causa de excavaciones arqueológicas se determina con arreglo a lo dispuesto en el capítulo séptimo de este mismo título. El artículo no fija cuantías ni plazos: solo remite a ese capítulo.

Artículo 84

Las cuestiones derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este capítulo (el de la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico) se reservan a la jurisdicción contencioso-administrativa, con arreglo al título quinto de la Ley.

Artículo 85

Las expropiaciones por razón de urbanismo y las que realicen las entidades locales se ajustan a la Ley de Régimen Local y demás aplicables y, en lo no previsto, a esta Ley, con tres cambios: 1.ª, el justo precio sigue las reglas y el procedimiento del capítulo tercero del título segundo; 2.ª, en el Jurado Provincial, el funcionario técnico del apartado b) del artículo treinta y dos lo designa la Corporación local interesada; 3.ª, las facultades de la Administración o autoridades gubernativas corresponden íntegramente, en los asuntos locales, a la Corporación o a sus organismos especiales.

Artículo 86

Cuando sea preciso expropiar las tierras que sirven de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Consejo de Ministros acuerda el traslado de la población, de oficio o a instancia de las Corporaciones públicas interesadas. Los preceptos del capítulo se aplican también a la expropiación de instalaciones industriales, siempre que concurran las mismas circunstancias.

Artículo 87

La expropiación se lleva a cabo con arreglo a esta Ley y no se queda en las tierras de necesaria ocupación: comprende la totalidad de los bienes inmuebles sitos en el territorio de la Entidad afectada, salvo que los interesados soliciten que la expropiación se limite a aquellas tierras.

Artículo 88

Los vecinos de la Entidad local tienen dos derechos: una indemnización por los perjuicios que les ocasione el traslado y ser instalados en una porción de terreno de características similares al territorio de la Entidad afectada.

Artículo 89

Son perjuicios indemnizables tres conceptos: A) cambio forzoso de residencia, con gastos de viaje por traslado familiar, transportes de ajuar y elementos de trabajo y jornales perdidos durante esos transportes; B) reducción del patrimonio familiar, referida a las bajas en la producción agropecuaria por mermas de la superficie personalmente aprovechada (propiedad, arrendamiento y disfrute de terrenos comunales por razón de vecindad); C) quebrantos por interrupción de actividades profesionales, comerciales y manuales ejercidas personalmente por el interesado en el lugar de su residencia.

Artículo 90

Los tipos de indemnización abonables por cada uno de los conceptos del artículo anterior se fijan a propuesta del órgano que reglamentariamente se determine por el Consejo de Ministros, y previo dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado.

Artículo 91

Fijados los tipos de indemnización, el Gobernador civil o la autoridad competente en cada caso anuncia, en la forma prevista en el artículo dieciocho, que los interesados pueden solicitar en un plazo de quince días la indemnización a que crean tener derecho, precisando las circunstancias de hecho en que se fundan.

Artículo 92

Presentadas las solicitudes, se fija la indemnización abonable a cada interesado. Contra el acuerdo que se adopte se puede reclamar ante el Jurado Provincial de expropiación en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a la notificación del acuerdo, cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros.

Artículo 93

Artículo 94

Los vecinos pueden solicitar su instalación en el nuevo territorio de la Entidad al presentar la solicitud de indemnización del artículo noventa y uno. Por eso, al publicarse el anuncio previsto en ese artículo debe expresarse la necesidad de que, dentro del plazo en él fijado, los interesados presenten sus solicitudes sobre ese extremo.

Artículo 95

Transcurrido el plazo del artículo anterior se forma una relación de vecinos, con descripción detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas que personal y directamente explotaban. Se expone al público quince días para rectificar errores materiales. Hechas las rectificaciones, se eleva al Consejo de Ministros para que, a través del Instituto Nacional de Colonización, se adquieran fincas adecuadas para establecer a los vecinos que lo hayan solicitado y para erigir la nueva Entidad local que sustituya a la desaparecida.

Artículo 96

El Instituto Nacional de Colonización instala a los vecinos en el nuevo territorio y proporciona a cada uno, en arrendamiento o en propiedad, una vivienda o local de negocio de características similares a la que ocupaban. Se les adjudica también una finca o fincas análogas a las que cultivaban directa y personalmente, como propietarios o a título distinto, cuya propiedad pueden adquirir según la legislación especial de colonización. El patrimonio de la nueva Entidad local se adjudica conforme a esa legislación, con las indemnizaciones que deba percibir la Corporación local desaparecida.

Artículo 97

Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regulan por su legislación especial, incluso en lo relativo a los órganos, medios de valoración y recursos. En lo no previsto en esa legislación especial rige como supletoria la presente Ley.

Artículo 98

Las facultades de incoación y tramitación de los expedientes relacionados con los servicios de Obras Públicas corresponden a los Ingenieros Jefes de los Servicios respectivos, que asumen en esa materia las facultades que la Ley atribuye con carácter general a los Gobernadores civiles.

Artículo 99

Artículo 100

Si el Gobierno acuerda adquirir inmuebles en la zona militar de costas y fronteras, o por otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad nacional, las expropiaciones se ajustan a los artículos 52 y 53 y el expediente lo tramita la Administración militar que corresponda según el ejército al que queden afectos los bienes. En el Jurado Provincial de Expropiación, el funcionario técnico del apartado b) del artículo 32 se sustituye por un técnico militar del Departamento respectivo, Vocal siempre que el Gobierno Militar de la provincia comunique su nombramiento al remitirse el expediente.

Artículo 101

En tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial que no sea para maniobras, las autoridades militares pueden utilizar, previa requisa, toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos, prestaciones personales y, en general, todo cuanto sirva directa o indirectamente a los fines militares.

Artículo 102

Fuera de los casos del artículo anterior solo pueden requisarse: alojamientos para personal, ganado y material; raciones de pan y pienso, combustible, alumbrado, alojamiento y lo necesario para asistir a enfermos o heridos; y medios terrestres, marítimos o aéreos de locomoción o transporte. Estas dos últimas prestaciones no exceden de veinticuatro horas cada vez. En grandes maniobras, la autoridad militar puede requisar propiedades rústicas y urbanas en el territorio y período previamente señalados. Por Decreto cabe la requisa, en vía de ensayo, de los medios de locomoción y transporte.

Artículo 103

En ningún caso puede exigirse la requisa de recursos superiores a los que posean los Municipios. Además, a los Municipios se les deben respetar siempre los víveres necesarios para la alimentación civil durante un tiempo prudencial.

Artículo 104

El derecho de requisa corresponde a la autoridad militar reglamentariamente determinada. Esa autoridad puede delegar el ejercicio del derecho, pero solo dentro de los límites autorizados.

Artículo 105

Toda prestación por requisa da derecho a una indemnización por el importe del servicio prestado, del valor objetivo de lo requisado o de los daños y desperfectos que por su causa se produzcan. Las cantidades no pagadas en un plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se efectuó la requisa, devengan el interés legal. No es indemnizable la prestación de alojamiento, en casas particulares o en edificios públicos, de las fuerzas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y demás personas afectas a los mismos.

Artículo 106

El importe de las indemnizaciones lo fijan la Comisión Central de Valoraciones de requisas y las provinciales. La Central se nombra por Decreto y establece tarifas uniformes y las bases de valoración para las provinciales. Las provinciales se componen de cinco diputados provinciales designados por el Presidente de la Diputación, un Jefe de Intendencia y otro de Intervención, y las preside quien designe la autoridad militar; señalan precios cuando no hay tarifa general y los elevan a la aprobación de la Central. En territorios ocupados pueden constituirse Comisiones especiales de valoración.

Artículo 107

Las normas contenidas en este capítulo se desarrollarán, para su aplicación, mediante un Reglamento especial. Ese Reglamento lo dicta la Presidencia del Gobierno y exige previo informe del Consejo de Estado.

Artículo 108

La Administración, y las personas o entidades subrogadas en sus derechos, pueden ocupar temporalmente terrenos de un particular en cuatro casos: 1) estudios u operaciones facultativas de corta duración, para recoger datos para el proyecto o replanteo de una obra; 2) estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y otros que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública; 3) extracción de materiales necesarios para dichas obras; 4) por interés social, con los requisitos del artículo 72, para los trabajos que el propietario no hace por sí.

Artículo 109

Las viviendas quedan exceptuadas de la ocupación temporal y de la imposición de servidumbres. Cuando su franqueamiento pueda ser de necesidad para los fines aludidos en el artículo anterior, debe obtenerse el permiso expreso de su morador.

Artículo 110

En el caso primero del artículo 108, el funcionario público encargado de los estudios, o el particular autorizado, debe llevar documentos que acrediten su misión, expedidos por la autoridad delegada del Gobierno en el lugar. Los perjuicios se abonan en el acto, previa tasación por peritos designados por el propietario y el facultativo encargado y, sin avenencia, por el Alcalde o su delegado. Si el propietario se resiste a dar el permiso o insiste en su negativa, se da cuenta al Gobernador civil o a la autoridad competente. El Gobernador puede retirar la autorización a instancia de parte.

Artículo 111

A efectos del número segundo del artículo 108, la declaración de utilidad pública o de interés social lleva consigo el derecho a las ocupaciones temporales que exija el fin concreto de la expropiación. Su necesidad se tramita conforme al capítulo II del título II, pero la resolución a que alude el artículo 21 es ejecutiva, sin perjuicio de los procedimientos ulteriores para determinar el justo precio. Si con el dueño de la finca ya se practicaron diligencias anteriores, se suprime la publicidad de las notificaciones, que son personales o, en su caso, por medio del Alcalde.

Artículo 112

Para las ocupaciones del artículo anterior, si es posible evaluar de antemano la indemnización, la Administración intenta antes de la ocupación un convenio con el propietario sobre su importe. El representante de la Administración, o el autorizado para la ocupación, ofrece la cantidad que considere ajustada y el interesado tiene diez días para contestar lisa y llanamente si acepta o rehúsa. Si acepta expresamente o no contesta en ese plazo, se paga o consigna la cantidad ofrecida y la finca puede ocuparse, sin que haya lugar a reclamación de índole alguna.

Artículo 113

Siempre que se rechace expresamente la oferta a que alude el artículo anterior, las partes elevan sus tasaciones, fundadas, al Jurado Provincial de Expropiación. El Jurado resuelve con carácter ejecutorio en el plazo de diez días, siguiéndose los trámites de los artículos 34 y siguientes de la Ley.

Artículo 114

Si no es posible señalar de antemano la importancia y duración de la ocupación, se intenta un convenio con el propietario para fijar una cantidad alzada suficiente para responder de su importe. En caso de desacuerdo, y para determinar en su día el importe definitivo, se procede en la forma del artículo anterior. Antes de ocupar sin haberse pagado el importe definitivo de la indemnización, se hace constar el estado de la finca en relación con cualquier circunstancia que pudiera ofrecer dudas para la valoración definitiva de los daños causados.

Artículo 115

En la ocupación temporal, las tasaciones se refieren siempre a los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, más los perjuicios causados en la finca o los gastos de restituirla a su primitivo estado. La tasación de una ocupación nunca debe alcanzar el valor de la finca. Si a la Administración le parece excesiva, puede pedir la valoración de la expropiación pura y simple y optar por ella siempre que su importe no exceda de una mitad de la de los daños y perjuicios causados.

Artículo 116

En el caso tercero del artículo 108, el valor de los materiales solo se abona si el propietario los tenía recogidos y apilados antes de la notificación de su necesidad para la Administración, o si las canteras estaban abiertas y en explotación antes de esa fecha, acreditándose la necesidad de los materiales y los productos para su uso. Fuera de ese supuesto, debe acreditar que tienen un valor conocido en el mercado y que ha satisfecho la contribución de la industria en el trimestre anterior a la declaración de necesidad de la ocupación. No basta haber utilizado alguno en algún tiempo.

Artículo 117

Cuando la conservación o reparación de una obra de utilidad pública exijan, en todo o en parte, la explotación permanente de una cantera, lo que procede es la expropiación, que se tramita por los trámites de la propia Ley.

Artículo 118

Si la ocupación del caso cuarto del artículo 108 implica para el propietario la pérdida temporal de los beneficios que la propiedad pueda producir, la Administración debe abonarle una renta, determinada automáticamente en el valor del líquido imponible registrado. Si las obras de la Administración determinan en el futuro un aumento de los rendimientos económicos de la propiedad, la Administración ocupante tiene derecho al reembolso de la capitalización de dicho aumento, garantizado con hipoteca legal sobre la finca. Este gravamen es redimible en cualquier momento por el propietario.

Artículo 119

Si, de acuerdo con la legislación vigente, el Estado decide por razones de interés público intervenir una empresa mercantil que haya cesado en el trabajo o haya sido temporalmente clausurada por sanción gubernativa, debe indemnizar a sus titulares el valor efectivo de los daños y deterioros extraordinarios de la maquinaria e instalaciones, siempre que se produzcan precisamente a causa de la intervención. Desaparecida la causa, los titulares pueden solicitar que cese la ocupación; si no les conviene continuar el negocio, lo manifiestan a la Administración, que puede decretar su expropiación.

Artículo 120

Cuando por graves razones de orden o seguridad públicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades, las Autoridades civiles adopten medidas que impliquen destrucción, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares sin las formalidades de los diversos tipos de expropiación, el particular dañado tiene derecho a indemnización. Se rige por las normas sobre los daños de la ocupación temporal de inmuebles y el justiprecio de los muebles, y el expediente se inicia a instancia del perjudicado.

Artículo 121

Da lugar a indemnización, con arreglo al mismo procedimiento, toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que la Ley se refiere, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas discrecionales no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios. En los servicios públicos concedidos paga el concesionario, salvo que el daño tenga su origen en una cláusula impuesta por la Administración y de ineludible cumplimiento para él.

Artículo 122

El daño ha de ser, en todo caso, efectivo, evaluado económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. El derecho de reclamar prescribe al año del hecho que lo motivó. Presentada la reclamación, se entiende desestimada por el transcurso de cuatro meses sin que la Administración resuelva. Desde ese momento, o desde la notificación de la resolución expresa, en su caso, empieza a correr el plazo para el recurso contencioso-administrativo.

Artículo 123

En los servicios concedidos, la reclamación se dirige a la Administración que otorgó la concesión, en la forma prevista en el párrafo segundo del artículo 122. Esa Administración resuelve tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 121. La resolución deja abierta la vía contencioso-administrativa, que pueden utilizar el particular o el concesionario, en su caso.

Artículo 124

Con arreglo al artículo 32, párrafo segundo, del Fuero de los Españoles, nadie puede ser expropiado sino por causas de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes.

Artículo 125

Si la Administración ocupa o intenta ocupar la cosa objeto de la expropiación sin haberse cumplido los requisitos sustanciales de declaración de utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación y previo pago o depósito, según proceda, el interesado puede utilizar, aparte de los demás medios legales procedentes, los interdictos de retener y recobrar, para que los Jueces le amparen y, en su caso, le reintegren en su posesión amenazada o perdida.

Artículo 126

Contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación o a cualquiera de las piezas separadas cabe recurso contencioso-administrativo, salvo el caso del artículo 22.3. Ambas partes pueden recurrir también los acuerdos sobre el justo precio; en este caso el recurso debe fundarse en lesión cuando la cantidad fijada sea inferior o superior en más de una sexta parte a la alegada por el recurrente o en trámite oportuno. En todo caso, puede fundarse en vicio sustancial de forma o en la violación u omisión de los preceptos de la Ley. Estos recursos son de turno preferente.

Artículo 127

Firme la sentencia dictada en vía contencioso-administrativa, se remiten copias de ella al Ministerio interesado, a la Presidencia del Gobierno y al de Hacienda, a los efectos oportunos. Si la sentencia se refiere a Entidades locales, se ejecuta con arreglo a su legislación especial.

Artículo 128

En todos los casos en que, con arreglo a esta Ley, la Administración esté obligada a indemnizar daños y perjuicios, la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa. La regla alcanza a «todos aquellos casos», sin que el artículo recoja excepción alguna.

Artículo 1

Toda intervención administrativa que implique privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos es expropiación forzosa a todos los efectos, y en especial exige habilitación legal, procedimiento formal y garantía jurisdiccional. La enumeración de supuestos del artículo primero de la Ley es enunciativa y admite otros. Sus excepciones comprenden las ventas forzosas de artículos objeto de intervención económica.

Artículo 2

Las expropiaciones de facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos no reguladas por los títulos III y IV de la Ley, pero autorizadas por normas con rango de Ley, se rigen: 1.º por esas normas especiales en extensión, procedimiento y, en su caso, valoración; 2.º preceptivamente por la Ley general y el Reglamento en garantías jurisdiccionales, intervención del Jurado de Expropiación, responsabilidad por demora y reversión; 3.º subsidiariamente, por las disposiciones generales de la Ley y del Reglamento.

Artículo 3

Define tres figuras: expropiante (titular de la potestad expropiatoria), beneficiario (quien representa el interés público o social, está autorizado a instar de la Administración la expropiación y adquiere el bien) y expropiado (propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa, o del derecho expropiado). Estado, Provincia y Municipio son los únicos titulares de la potestad de expropiar. Cuando expropian Provincia o Municipio, los acuerdos recurribles los adopta la Diputación o el Ayuntamiento en pleno.

Artículo 4

Cuando expropiante y beneficiario son sujetos distintos, el titular de la potestad expropiatoria la ejerce en favor del beneficiario y a instancia de este. Además decide ejecutoriamente sobre la procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adopta las demás resoluciones que impliquen ejercicio de la potestad, sin perjuicio de lo que el artículo siguiente atribuye al beneficiario.

Artículo 5

El beneficiario pide a la Administración expropiante iniciar el expediente en su favor, justificando plenamente la procedencia legal y su cualidad de beneficiario. En el expediente: impulsa e informa como parte; formula la relación del artículo 17 de la Ley; conviene la adquisición amistosa; presenta la hoja de aprecio y acepta o rechaza la de los propietarios; paga o consigna el justo precio; abona la demora que le sea imputable; asume la reversión y lo demás que fijen la Ley y el Reglamento.

Artículo 6

Quién es expropiado se determina conforme a los artículos 3 a 7 de la Ley. Los titulares de derechos o intereses sobre el bien expropiado no perciben indemnización independiente, salvo los arrendatarios rústicos o urbanos; los demás pueden hacer valer sus derechos sobre el justo precio de la expropiación principal.

Artículo 7

Para que el adquirente de un bien o derecho en curso de expropiación quede subrogado en el expediente, debe comunicarse a la Administración la transmisión y el nombre y domicilio del nuevo titular. Solo cuentan las transmisiones judiciales, las inter vivos que consten en documento público y las mortis causa respecto de herederos o legatarios.

Artículo 8

La expropiación extingue todas las cargas y derechos anteriores sobre el bien, que por ministerio de la ley pasan a ser derechos sobre el justo precio, con la salvedad del artículo 6 del Reglamento. Si los titulares no se ponen de acuerdo en el reparto del justo precio, la Administración consigna la cantidad total en la Caja General de Depósitos hasta que se resuelvan las discrepancias.

Artículo 9

Puede conservarse algún derecho sobre el bien expropiado si es compatible con el fin al que el bien quedará afectado. La decisión sobre su subsistencia es de la Administración, oyendo antes al titular expropiado principal y al del derecho que se propone mantener; su valoración corresponde al Jurado según las normas generales. No se aplica cuando se promueve directamente una expropiación parcial de facultades o derechos, que se rige por el artículo 2.

Artículo 10

La declaración de utilidad pública e interés social del artículo noveno de la Ley lleva consigo la autorización para expropiar los bienes o derechos necesarios para realizar las obras o establecer los servicios.

Artículo 11

Para inmuebles, la utilidad pública se declara por Ley aprobada en Cortes. No hace falta Ley formal: a) en obras y servicios de planes aprobados del Estado, Provincia o Municipio, con declaración implícita (los planes del Estado se realizan por Orden ministerial; los locales, por sus Organismos competentes); b) si una Ley la declaró genéricamente para categorías de obras, servicios o concesiones: basta Decreto acordado en Consejo de Ministros, salvo otra previsión legal; c) si las normas especiales de los artículos 85 y 97 de la Ley fijan otra forma.

Artículo 12

El interés social como causa de expropiación debe declararse expresa y singularmente mediante Ley en cada caso. Si una Ley lo ha declarado genéricamente para categorías de obras, servicios o concesiones, esa declaración lleva implícita la facultad expropiatoria y basta Decreto acordado en Consejo de Ministros para cada caso. No hace falta declaración formal previa en los supuestos de los artículos 71 y 72 de la Ley.

Artículo 13

Si la expropiación afecta a bienes muebles, la utilidad pública o el interés social deben declararse expresa y concretamente en cada caso mediante Ley. Basta Decreto acordado en Consejo de Ministros cuando otra Ley haya autorizado la expropiación para una categoría o clase especial de bienes.

Artículo 14

La declaración de industria de interés nacional lleva aneja, sin otro requisito, la de utilidad pública de las obras o servicios necesarios para su emplazamiento, instalación o ampliación, en los términos y condiciones de la Ley de 24 de octubre de 1939.

Artículo 15

Declarada la utilidad pública o el interés social de un fin, obra o servicio, la Administración puede resolver sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos estrictamente indispensables, según el procedimiento del capítulo. Si la ocupación se extiende a bienes indispensables para previsibles ampliaciones, quedan afectos al fin, obra o servicio y no pueden calificarse de partes sobrantes a efectos del artículo 54 de la Ley.

Artículo 16

La Administración expropiante, o el beneficiario a través de ella, formula una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos necesarios y, si procede, de los imprescindibles para ampliaciones; no hace falta si un proyecto aprobado reglamentariamente ya los describe. Recoge el estado material y jurídico de cada bien, los propietarios o representantes con residencia y domicilio y los titulares de derechos indemnizables. Si hay que comprobar antes los bienes, se formula tras esas operaciones, con colaboración obligada de autoridades, entidades y particulares.

Artículo 17

La Administración expropiante, a través del Gobernador civil o la autoridad competente, hace pública la relación de bienes y derechos para que en quince días, contados desde la última de las publicaciones, los interesados aleguen sobre la procedencia de la ocupación y el estado material o legal de los bienes. Si expropia el Estado, se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia o provincias y en uno de los diarios de mayor circulación, si los hay, y se remite copia a los Ayuntamientos para su tablón de anuncios.

Artículo 18

Durante el plazo de alegaciones, los titulares de derechos afectados pueden aportar datos para rectificar errores de la relación publicada. Quien se oponga a la ocupación o disposición, por forma o por fondo, debe señalar sus fundamentos y los razonamientos que aconsejen preferir otros bienes y derechos no incluidos en la relación. Para subsanar errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica puede comparecer y alegar ante la Alcaldía, el Gobierno civil u organismo competente.

Artículo 19

Acabado el plazo de alegaciones, se abre otro de veinte días para examinar y calificar la oposición, rectificar y completar los datos sobre titularidad y características de los bienes, e incorporar certificaciones de los Registros de la Propiedad, Fiscales u otras dependencias. Dentro de ese plazo, y previo informe de la Abogacía del Estado, se resuelve sobre la necesidad de ocupación, relacionando bienes, derechos y titulares. Solo son interesados las personas de los artículos 3 y 4 de la Ley y 6 y 7 del Reglamento.

Artículo 20

El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente y se publica como la información pública del artículo 17 y se notifica a los expropiados. La notificación individual es preceptiva: por agente público en el domicilio (o a familiar, empleado o sirviente mayor de edad, o a un vecino ante otros dos) o por correo certificado con acuse de recibo. Si se desconocen titulares o domicilios, edictos simultáneos en el Boletín provincial y en el tablón del Ayuntamiento. Debe incluir texto íntegro, recursos, órgano y plazo; su omisión o error la anula, salvo recurso en tiempo y forma.

Artículo 21

El acuerdo de necesidad de ocupación admite recurso de alzada ante el titular del Departamento competente por razón de la obra, fin o servicio. Pueden interponerlo los interesados y quienes comparecieron en la información pública, en diez días desde la notificación; debe resolverse en veinte días. La alzada suspende el procedimiento hasta que se notifique su resolución, que ha de ser expresa, pero este sigue respecto de los bienes cuyos titulares no hayan recurrido.

Artículo 22

Si la expropiación solo requiere parte de una finca rústica o urbana y conservar el resto resulta antieconómico para el propietario, el titular puede pedir que la expropiación comprenda la totalidad, exponiendo las causas concretas del perjuicio económico (alteración de las condiciones de la finca y de su aprovechamiento rentable). Resuelve el Gobernador civil o autoridad competente en diez días; cabe alzada como en el artículo anterior, pero no recurso contencioso-administrativo contra la resolución ministerial, sin perjuicio del artículo 46 de la Ley en la valoración de perjuicios.

Artículo 23

En la ocupación y expropiación de bienes de la Iglesia católica se aplica el artículo XXII del Concordato y, además del procedimiento del Reglamento, el Jurado de Expropiación, antes de resolver definitivamente sobre el justiprecio, da audiencia por ocho días a la autoridad eclesiástica, indicándole la indemnización que se propone fijar. Si la Iglesia es beneficiaria, se sigue el procedimiento de este título y tiene las facultades del artículo quinto.

Artículo 24

Las normas del capítulo sobre edictos en Boletines Oficiales y tablones de Ayuntamientos, anuncios en periódicos, notificaciones, plazos y su cómputo, e interposición, trámite y resolución de recursos se aplican también a las demás actuaciones del Reglamento, salvo disposición expresa en contra. Los plazos se computan siempre en días hábiles y desde el día siguiente al de la notificación o publicación. Los diarios cobran solo el 50 por 100 de sus tarifas oficiales por los anuncios.

Artículo 25

Reconocida formalmente la necesidad de ocupación, la adquisición por mutuo acuerdo con fondos públicos sigue estos trámites: a) propuesta de la Jefatura del servicio encargado de la expropiación, con el acuerdo alcanzado y los antecedentes para apreciar el valor; b) informe de los servicios técnicos sobre el valor; c) fiscalización del gasto por la Intervención; y d) acuerdo del Ministro u órgano competente de la Corporación Local o Entidad.

Artículo 26

El acuerdo de adquisición se entiende como partida alzada por todos los conceptos y el precio se paga libre de toda clase de gastos e impuestos, según el artículo 49 de la Ley. No procede pagar el premio de afección del artículo 47.

Artículo 27

Si pasan quince días sin resolver sobre la adquisición por mutuo acuerdo, se inicia el expediente ordinario: los beneficiarios proponen al Gobernador civil o autoridad competente iniciar el expediente de justiprecio, remitiendo las actuaciones del artículo 29. Aun así, el precio puede fijarse por mutuo acuerdo en cualquier momento hasta que el Jurado de Expropiación decida sobre el justo precio; si se alcanza, quedan sin efecto las actuaciones previas sobre su determinación.

Artículo 28

El expediente de justiprecio se entiende iniciado, a todos los efectos, el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza el acuerdo de necesidad de ocupación, sea cual sea la fecha de la diligencia de apertura. A continuación la Administración fija la fecha legal de iniciación, a la que deben referirse todas las tasaciones de los bienes o derechos.

Artículo 29

La pieza separada de justiprecio del artículo 26 de la Ley se abre con un extracto de las actuaciones para fijar el precio por mutuo acuerdo y de su resultado. Después figura la descripción exacta del bien que se expropia, que debe ser idéntica a la del acuerdo de necesidad de ocupación.

Artículo 30

Cuando la Administración requiere a los propietarios para que presenten su hoja (de aprecio) a efectos del artículo 29 de la Ley, debe comunicarles también la fecha legal de iniciación del expediente de justiprecio. Los propietarios, al presentar la hoja, pueden discutir esa fecha y razonar que se fije otra.

Artículo 31

Los peritos del número segundo del artículo 29 de la Ley deben tener título profesional expedido por el Estado acorde con la materia sobre la que dictaminan y haber ejercido la profesión durante un año antes de ser requeridos por el particular para la hoja de aprecio. Si no reúnen estas condiciones, la Administración admite la hoja como si estuviera firmada solo por el propietario.

Artículo 32

Si los bienes no son de los del apartado b) del artículo 32 de la Ley, es Vocal del Jurado un Ingeniero industrial (instalaciones industriales) o el funcionario técnico más idóneo a juicio de la entidad expropiante. Ser miembro del Jurado es compatible con defender o asesorar a particulares en expedientes de expropiación. Los miembros deben abstenerse si el expediente afecta a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o si tienen algún derecho o interés sobre los bienes, y entonces se les sustituye de oficio o a instancia de parte.

Artículo 33

Las causas de abstención del artículo anterior son también de recusación y pueden alegarlas el expropiado o el beneficiario mediante escrito razonado de quien sea parte, con la causa. Si el recusado la acepta y el Jurado lo aprueba (constituido por los demás miembros y el suplente del recusado), queda recusado sin más. Si no la acepta, se tramita incidente en pieza separada, que debe resolverse en veinte días y antes que el justiprecio. Estimada la recusación, no cabe recurso; desestimada, se impugna junto con el justiprecio en vía contencioso-administrativa.

Artículo 34

En los casos de abstención y de imposibilidad física o material de asistencia de cualquier miembro del Jurado, el Presidente procede a sustituirlo. Los Vocales del artículo 32 de la Ley deben tener designado un sustituto por el mismo procedimiento que su nombramiento. La falta de asistencia se suple con la sustitución y está prohibido que un Vocal presente represente a uno ausente. El Presidente de la Audiencia, al designar al Magistrado Presidente del Jurado, nombra también un suplente, que ha de ser Magistrado de la misma Audiencia.

Artículo 35

Los Vocales del apartado c) del artículo 32 de la Ley se consideran funcionarios públicos en lo que afecte al desempeño de su función en el Jurado de Expropiación, y solo en esa medida, no con carácter general.

Artículo 36

La ausencia injustificada a las sesiones del Jurado es falta leve si no es reiterada, grave si hay reiteración (corregida con apercibimiento) y muy grave si implica abandono del servicio; quien no pueda asistir debe avisar con antelación al Presidente del Jurado o al de la Audiencia para citar al sustituto. Revelar datos del cargo es leve si es indiscreción irrelevante, aislada y sin daño; grave con reincidencia, perjuicio evidente o riesgo notorio; muy grave con daño evidente al servicio o al prestigio. En lo demás rige el régimen disciplinario de funcionarios.

Artículo 37

El Presidente del Jurado impone la sanción de apercibimiento y da cuenta, en su caso, al Ministerio del que dependa el Vocal. En los demás casos pone los hechos en conocimiento de ese Ministerio para el expediente disciplinario y puede acordar por sí la suspensión preventiva del funcionario en el Jurado. Si la falta la comete el Presidente, estas facultades corresponden al Presidente de la Audiencia respectiva.

Artículo 38

Presidente y Vocales del Jurado cobran asistencias por las sesiones en que participan y, en su caso, dietas y gastos de viaje. Las asistencias son las máximas del Reglamento de Dietas. Las asistencias de cada sesión se prorratean entre los expedientes resueltos en ella; dietas y viajes se imputan al expediente que los origina. El costo definitivo de la intervención del Jurado en cada expediente lo determina el Secretario del Jurado con el visto bueno del Presidente, y lo pagan en definitiva las entidades expropiantes o los beneficiarios.

Artículo 39

A efectos del artículo 34 de la Ley, el plazo para que el Jurado decida ejecutoriamente sobre el justo precio es de ocho días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que el expediente de justo precio haya sido registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación.

Artículo 40

La fecha límite para decidir si se abonan las mejoras hechas en los bienes expropiados, según los módulos del párrafo segundo del artículo 36 de la Ley, es la de iniciación del expediente expropiatorio, de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento.

Artículo 41

Cuando los bienes o derechos expropiados sean de los regulados específicamente en los artículos 39 a 43 de la Ley, las tasaciones del propietario, de la Administración y del Jurado Provincial se hacen con los criterios de esos artículos según su naturaleza. En las hojas de aprecio, los bienes o derechos de naturaleza distinta se clasifican en el mismo orden en que aparecen en esos artículos.

Artículo 42

En la expropiación de fincas rústicas, su valor de venta es el de otras fincas análogas por clase y situación en el mismo término municipal o en la comarca. Comarca es la zona de características geográficas y económicas similares en que se encuentran los bienes.

Artículo 43

Para aplicar el artículo 40 de la Ley: a) la cotización de los títulos es la de la Bolsa del domicilio estatutario o legal de la Empresa; pero si cotizan en más de una Bolsa y hay diferencia igual o superior al 10 por 100 en los valores medios del año anterior, se toma la cotización media del último año en todas ellas; b) el beneficio promedio de las Empresas es el resultante del balance de los tres ejercicios sociales anteriores, capitalizado al interés legal.

Artículo 44

La indemnización a arrendatarios de fincas del artículo 44 de la Ley procede solo cuando la expropiación supone la privación definitiva del uso y disfrute de la finca para el arrendatario. Si la expropiación es compatible con que el contrato siga entre sus partes originales, la indemnización es la de las ocupaciones temporales, sin perjuicio de aplicar en todo caso los párrafos primero y tercero del artículo 43 de la Ley.

Artículo 45

Las indemnizaciones del artículo 45 de la Ley corresponden a quienes, por cualquier título, hubieran de percibir los frutos o cosechas pendientes o hubieran realizado los trabajos de barbechera u otras labores análogas, en la proporción que les corresponda.

Artículo 46

El justiprecio del artículo 46 de la Ley nunca puede ser igual ni superior al que la Administración habría tenido que pagar si hubiera expropiado la totalidad de la finca de que se trate.

Artículo 47

El premio de afección del cinco por ciento se incluye siempre como última partida de las hojas de aprecio de propietarios y Administración y de la valoración del Jurado, y se calcula solo sobre el importe final del justiprecio de los bienes o derechos expropiables. No se aplica a las indemnizaciones complementarias a titulares distintos del propietario, salvo a las de los arrendatarios privados definitivamente del uso y disfrute. Los propietarios no tienen derecho al premio si conservan el uso y disfrute de lo expropiado.

Artículo 48

Fijado el justo precio, el expediente se remite al Ministerio correspondiente o a la Diputación o Ayuntamiento que acordó la expropiación. En el primer caso, el Ministro adopta las medidas para que la Ordenación de Pagos expida el libramiento; si son expropiaciones simultáneas de una misma obra o plan en un mismo término municipal, cabe un único libramiento. Si el beneficiario es un organismo autónomo, se sigue su legislación; en ese caso y si lo es un particular o empresa privada, la Administración, una vez firme el precio, les notifica el lugar y fecha del pago.

Artículo 49

Llegado el libramiento, la autoridad con facultades expropiatorias señala el día del pago, que se anuncia en el «Boletín Oficial» de la provincia; el Alcalde recibe la lista y avisa a cada interesado del día, hora y local. Al acto acuden Alcalde, representante del expropiante, Pagador, Secretario del Ayuntamiento e interesados, y se paga por el orden de la lista. Cabe pedir cobrar en la capital de la provincia. El pago se hace en dinero, solo a los dueños o titulares, y la representación exige poder general o especial.

Artículo 50

Al firmar el «Recibí» no se admite a ningún interesado protesta ni observación alguna. Si alguno tiene algo que objetar, se suspende el pago de su parte y se le advierte de su derecho a elevar la reclamación que proceda. Todas las incidencias del pago se recogen en el acta que debe levantarse.

Artículo 51

Se consigna el justo precio si el titular no acude al pago o rehúsa cobrar; si varios interesados discrepan o hay litigio; si comparece el Ministerio fiscal o personas que no pueden enajenar sin permiso judicial; si no acuden titulares de cargas inscritas sobre inmuebles, y en los demás casos legales. Se consigna el justo precio o la parte discutida más el interés legal, en la Caja General de Depósitos, en metálico, como depósito necesario sin interés. Con litigio con la Administración, el interesado cobra provisionalmente hasta donde haya conformidad.

Artículo 52

La expropiación extingue los arrendamientos y cualesquiera otros derechos relativos a la posesión y ocupación de los bienes expropiados. La Administración solo puede ocupar la cosa cuando los titulares de los derechos hayan cobrado la indemnización que les corresponda según el capítulo III del título II de la Ley, o cuando esta se haya consignado en la Caja General de Depósitos en los supuestos del artículo 51.

Artículo 53

Cumplido, cuando proceda, el requisito del pago o consignación, la autoridad competente notifica a los ocupantes de la finca expropiada el plazo en que deben desalojarla. Ese plazo se fija según las circunstancias, pero respetando siempre los plazos mínimos de la Ley de Arrendamientos Urbanos y demás disposiciones legales.

Artículo 54

Artículo 55

El acta de ocupación se extiende a continuación de la de pago o consignación. Si los bienes o derechos reales son inscribibles en el Registro de la Propiedad, el acta debe contener: datos del beneficiario y de sus representantes; los de quienes reciben el justo precio o, si se consignó, la razón de la consignación; naturaleza, situación, linderos y medida superficial de los inmuebles; naturaleza y extensión del derecho, y la obra o servicio que motivó la expropiación.

Artículo 56

El acuerdo de urgente ocupación debe estar motivado: expone las circunstancias que justifican el procedimiento excepcional del artículo 52 de la Ley, se refiere a los bienes afectados o al proyecto que los determina y al resultado de la información pública (la legal o, en su defecto, de quince días). Contra él no cabe recurso, pero los interesados, desde la publicación de la relación hasta el acta previa, pueden alegar por escrito ante el Organismo expropiante solo para subsanar errores en la relación de bienes.

Artículo 57

Al acta previa a la ocupación debe asistir siempre el beneficiario o quien lo represente. Si no acude el Alcalde o su delegado, se suspende la diligencia y se cita de nuevo con ocho días naturales de antelación, dando cuenta a la autoridad provincial para que ordene su asistencia. Si el beneficiario no tiene reparos, pasa el acta a su Perito, que en el plazo que se fije formula la tasación base de las hojas de depósito previo según la regla cuarta del artículo 52 de la Ley o, en otro caso, los criterios del capítulo III del título II.

Artículo 58

La cantidad determinada se consigna de inmediato en la Caja de Depósitos, salvo que el expropiado, si no hay cuestión sobre su titularidad, prefiera cobrarla renunciando a los intereses legales de la regla cuarta del artículo 52 de la Ley. Si lo cobrado supera el justo precio definitivo, debe reintegrar el exceso, exigible por vía de apremio. En el plazo del Perito se fija en hoja aparte la indemnización del número quinto del artículo 52; el interesado puede objetar, sin carácter de recurso, errores materiales o inadecuada apreciación.

Artículo 59

Si alguien se resiste a la ocupación acordada, el beneficiario acude a la autoridad gubernativa de la provincia, que, tras comprobar que se han cumplido los trámites de la Ley, le presta el auxilio de la fuerza pública para el lanzamiento y la ocupación. Ello sin perjuicio de las responsabilidades penales que sean exigibles.

Artículo 60

Si los bienes son inscribibles en un Registro público, el expropiante o el beneficiario piden la inscripción de la transmisión, constitución o extinción de derechos. Es título bastante el acta de pago o resguardo de depósito, en su caso, y el acta de ocupación. En la urgencia del artículo 52 de la Ley, la inscripción se suspende hasta que, fijado el justo precio, se pague o consigne; entretanto cabe anotación preventiva con el acta previa y el resguardo de depósito provisional, que se convierte en inscripción al acreditarse el pago o consignación.

Artículo 61

Al expropiar patentes o modelos de utilidad del párrafo primero del artículo 99 de la Ley, el Registro de la Propiedad Industrial hace constar si la expropiación es para uso exclusivo del Estado o para la difusión del invento; en este último caso se cancela la inscripción y cesan sus efectos. Basta presentar el «Boletín Oficial del Estado» con la Ley correspondiente y el acta de pago o consignación. Las demás modalidades de propiedad industrial se inscriben según el artículo anterior.

Artículo 62

Si se expropian inmuebles o derechos reales sobre ellos, la inscripción se hace en el Registro de la Propiedad. Si la finca no está inscrita, se inmatricula, salvo que haya pasado a dominio público por la expropiación. Si se expropia el dominio, se inscribe la transmisión y se cancelan las cargas, salvo las compatibles con el nuevo destino que se conserven. Si se expropia un derecho real limitativo, se cancela si el titular registral del dominio es el beneficiario; en otro caso se inscribe a nombre del beneficiario.

Artículo 63

Procede la reversión de los bienes o derechos expropiados en tres casos: si no se ejecuta la obra o no se establece el servicio que motivó la expropiación; si, realizada la obra o establecido el servicio, queda alguna parte sobrante de los bienes expropiados, y si desaparece la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que motivaron la expropiación.

Artículo 64

La obra se entiende no ejecutada, o el servicio no establecido, si sin haberlo sido la Administración manifiesta su propósito de no hacerlo, por notificación directa o por declaraciones o actos que lo impliquen. En todo caso, pasados cinco años desde que los bienes quedaron a disposición de la Administración sin iniciar la obra o el servicio, o dos años desde la fecha prevista, los titulares o causahabientes pueden avisar de su propósito de revertir, y ejercitarla si transcurren otros dos años desde el aviso sin iniciarse.

Artículo 65

En los casos de sobrante y desafectación del artículo 63, la notificación de la Administración de que existen terrenos o bienes sobrantes o de la desafectación faculta a los titulares o a sus causahabientes para pedir la reversión. Sin esa notificación, también procede la reversión si de hecho quedan bienes o terrenos sobrantes y han pasado cinco años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.

Artículo 66

Está prohibido realizar en los terrenos o bienes expropiados obras o establecer servicios distintos de los que motivaron la expropiación. Si por una alteración indebida la reversión no fuera legalmente posible, se aplica lo previsto en el apartado 1 del artículo 121 de la Ley, y además pueden deducirse las responsabilidades previstas en ese precepto.

Artículo 67

Los expropiados o sus causahabientes pueden pedir la declaración de procedencia de la reversión si creen que concurre alguna de las situaciones de los artículos anteriores. El plazo de un mes del artículo 55 de la Ley se cuenta desde la notificación del acto que dé lugar a la reversión, desde que el expropiado comparezca y se dé por notificado de los actos que impliquen la inejecución, o al transcurrir los plazos del artículo 64.2. Contra la resolución cabe alzada y luego contencioso; sin notificación en tres meses, pueden entenderse denegados.

Artículo 68

Declarada la reversión a favor de una persona, los bienes o derechos se valoran de oficio con arreglo al capítulo III del título II de la Ley y a las disposiciones concordantes del Reglamento. En el caso del párrafo 2 del artículo 54 de la Ley, el Jurado de Expropiación solo interviene si el beneficiario y quienes promovieron la reversión no se ponen de acuerdo sobre las mejoras realizadas o los daños producidos.

Artículo 69

Si concurre una causa de reversión, esta procede aunque los bienes o derechos hayan pasado a terceros adquirentes protegidos por la presunción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria; esos terceros pueden repetir contra quien proceda por los daños y perjuicios. En todo caso, los terceros adquirentes tienen derecho a ser oídos en el expediente de reversión para aportar datos y alegaciones en contra.

Artículo 70

La escritura pública para formalizar la reversión solo hace falta si la piden los interesados. Si no, basta como título inscribible la resolución administrativa que declara la reversión y el acta de pago que se levanta al hacerse este. Si hay discrepancias sobre mejoras, daños o incremento de valor y debe intervenir el Jurado de Expropiación, se consigna el valor percibido por los interesados, salvo que el expropiante prefiera recibirlo sin perjuicio de lo que se resuelva; el acta y la resolución serán título inscribible.

Artículo 71

A efectos del artículo 56 de la Ley, la mora empieza tras seis meses contados desde que es firme el acuerdo de necesidad de ocupación. No hay mora si el beneficiario o el expropiado han recurrido el acuerdo del Jurado provincial que fija el justo precio y este acuerdo se dictó antes de cumplirse esos seis meses.

Artículo 72

La responsabilidad por demora se imputa a quien la causa. Si es el beneficiario, el Jurado decide sobre su procedencia y cuantía al fijar el justiprecio. Si el retraso es de la Administración expropiante o del propio Jurado, la responsabilidad entra en el párrafo primero del artículo 121 de la Ley y se hace efectiva por el procedimiento del Reglamento. Si la demora es imputable al expropiado, en ningún caso hay intereses de demora.

Artículo 73

A efectos del artículo 57 de la Ley, el justo precio está definitivamente fijado cuando lo ha sido en vía administrativa. Si se impugna, los intereses se devengan sobre la cantidad que fije la sentencia firme, liquidados con efectos retroactivos desde la fecha legal de inicio de la mora según el artículo 71 hasta la determinación definitiva del justiprecio en vía administrativa.

Artículo 74

A efectos del artículo 58 de la Ley, el justo precio es el fijado administrativamente. La nueva evaluación prevista en ese artículo se hace a instancia del expropiado, que formula una nueva hoja de aprecio en la forma prevista en su artículo 29, sin necesidad de requerimiento de la Administración. Presentada la instancia, se siguen los trámites del capítulo III del título II.

Artículo 75

Cuando una obra exija expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes que puedan considerarse en conjunto, el Ministerio del que dependa la obra redacta y aprueba el proyecto y lo somete al Consejo de Ministros, que mediante Decreto puede acordar aplicar el procedimiento especial del capítulo primero del título III de la Ley.

Artículo 76

El acuerdo del Consejo de Ministros que aplica el procedimiento especial de expropiación por zonas o grupos de bienes lleva implícita la declaración de necesidad de ocupación de los bienes afectados por el proyecto y también por sus reformas posteriores.

Artículo 77

Al clasificar los terrenos o grupos de bienes se atiende, además de a su naturaleza económica, a su situación, calidad o clase, producción, cultivos, rendimiento, valor en venta, riqueza imponible, cuota de contribución y demás características homogéneas. La clasificación incluye obligatoriamente un cuadro razonado de precios máximos y mínimos por polígono o grupo, con sus módulos de aplicación; esos precios los fijan peritos designados por el beneficiario.

Artículo 78

Los edictos del «Boletín Oficial» de la provincia se refieren a la apertura de la información pública e indican lugar, días y horas para examinar el proyecto. En el «Boletín Oficial del Estado» se publica un extracto de esos edictos. El proyecto se notifica a Ayuntamientos y entidades corporativas y sindicales remitiéndoles una copia para que le den publicidad entre vecinos o miembros. Los diarios que inserten edictos cobran sus tarifas según el artículo 24.

Artículo 79

Las reclamaciones presentadas durante la información pública contra el proyecto de clasificación de los bienes en polígonos o grupos las resuelve la Administración dentro del mes siguiente. Contra ese acuerdo no procede recurso alguno, salvo lo dispuesto en el artículo 81.

Artículo 80

Si durante la información pública nadie reclama contra el proyecto de precios máximos y mínimos, la Administración lo eleva a definitivo mediante acuerdo. Ese acuerdo no es susceptible de recurso alguno.

Artículo 81

Si hay reclamaciones contra los precios máximos y mínimos, la Administración formula una hoja de aprecio definitiva y motivada, con la clasificación del bien y los precios máximos aplicables, y la notifica al reclamante, que en diez días contesta lisa y llanamente si la acepta o la rechaza; su silencio equivale a aceptación. Si la rechaza, el expediente se envía en diez días al Jurado Provincial de Expropiación, que fija definitivamente en vía administrativa clasificación y precios; contra ello cabe recurso contencioso.

Artículo 82

En el procedimiento de expropiación por zonas, las clasificaciones de precios máximos y mínimos del proyecto, referidas a polígonos o grupos, que no hayan sido objeto de controversia se consideran firmes y definitivas a todos los efectos.

Artículo 83

Firmes y definitivos los precios, con sus módulos de aplicación en su caso, son preceptivos para valorar las fincas o bienes de cada grupo o polígono. Si la Administración y los interesados discrepan sobre la aplicación de esos precios, la discrepancia se tramita y resuelve por el procedimiento de los artículos 26 y siguientes de la Ley y concordantes del Reglamento.

Artículo 84

Pasados cinco años desde que se fijaron los cuadros de precios máximos y mínimos, los interesados en la expropiación pueden pedir a la Administración expropiante su revisión y actualización, que se tramita por el mismo procedimiento y con las mismas garantías de los artículos anteriores.

Artículo 85

La Administración debe resolver en un mes las peticiones de revisión y actualización de precios. Contra el acuerdo, expreso o tácito, que las desestime, los interesados o sus causahabientes pueden acudir a la vía contenciosa en los términos del artículo 126 de la Ley.

Artículo 86

A los expedientes de expropiación por zonas o grupos de bienes se aplican las disposiciones generales de la Ley y del Reglamento sobre garantías jurisdiccionales, responsabilidad por demora, reversión, beneficiarios de la expropiación y pago y toma de posesión de los bienes expropiados.

Artículo 87

Conforme al artículo 71 de la Ley, el incumplimiento de la función social de la propiedad es una de las causas de interés social que legitiman la expropiación forzosa.

Artículo 88

Los requisitos para expropiar por incumplimiento de la función social son los del artículo 72 de la Ley. La declaración del párrafo 1 de ese artículo debe hacerse por Ley, específicamente o por clases o categorías de bienes; en este último caso hace falta además un Decreto acordado en Consejo de Ministros para la declaración particular de cada caso concreto.

Artículo 89

La subasta de los apartados b) y c) del artículo 75 de la Ley se anuncia mediante edictos en el «Boletín Oficial del Estado» y, al menos, en un periódico de gran circulación en la provincia donde estén los bienes, con la tarifa del artículo 24. Los gastos de esas inserciones se descuentan del precio de licitación antes de entregarlo al expropiado.

Artículo 90

Cuando un bien está en el estado público de venta del artículo 75, apartado d), de la Ley, se hace constar en el Registro especial, si existe, y se publica en edictos que se repiten mensualmente desde la caducidad final del expediente, según el apartado e) del mismo artículo. Estos edictos se ajustan a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 91

Si las leyes especiales que califican una determinada función social de la propiedad con intimación de expropiación forzosa establecen normas especiales de procedimiento, la Ley general de Expropiación Forzosa y este Reglamento se aplican de forma subsidiaria.

Artículo 92

La expropiación de bienes muebles e inmuebles de valor artístico, histórico y arqueológico sigue el procedimiento especial de este capítulo y el de la Ley. Para los inmuebles, ese procedimiento especial solo se aplica si obtuvieron la declaración oficial de su carácter artístico, histórico y arqueológico con una antelación mínima de un año a la fecha de inicio del expediente expropiatorio.

Artículo 93

Una vez acordada la expropiación de un bien de valor artístico, histórico y arqueológico, la autoridad gubernativa puede adoptar cuantas medidas estime necesarias para que no se alteren las características de la cosa o bien, manteniendo la continuidad del destino funcional del inmueble expropiado o de aquel en que estén los objetos expropiables.

Artículo 94

Los académicos que forman la Comisión pericial del artículo 78 de la Ley deben ser, si es posible, especialistas en el estudio de bienes u objetos de la misma clase que los expropiados. Si los bienes pertenecen a la Iglesia católica, se designan con preferencia los académicos de la Comisión diocesana correspondiente, si está constituida.

Artículo 95

En la fecha de la Orden ministerial que acuerda la expropiación, el Ministerio designa a su académico y lo notifica al interesado y al Instituto de España. El propietario, en diez días desde el día siguiente a la notificación, comunica al Instituto de España el nombre y residencia de su académico, con su aceptación por escrito. Preside la Comisión el académico que designe la Mesa del Instituto de España, con voto de calidad y facultades de convocatoria y dirección; la Comisión se constituye en un mes.

Artículo 96

La Comisión emite su dictamen dentro del mes siguiente a su constitución. El justo precio se fija por acuerdo motivado que expresa todos los elementos que justificaron la peritación, y nunca puede ser inferior al que resultaría aplicando el título segundo de la Ley. Si no hay unanimidad, la propuesta del académico disidente se une a la pieza del justo precio. El acuerdo puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa según el artículo 126 de la Ley.

Artículo 97

Además de expropiar, el Estado puede ejercer, para sí o para otra persona pública, el derecho de tanteo y retracto del artículo 81 de la Ley en casos de exportación, venta pública, subasta o liquidación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico, con las condiciones y plazo de ese artículo. Para garantizar el pago del precio, los órganos del Estado deben expedir el libramiento con cargo a los créditos presupuestarios; la misma obligación rige si el particular acepta otras formas o plazos de pago.

Artículo 98

Artículo 99

Regla única: el propietario del bien sobre el que se ha ejercitado el derecho de tanteo o de retracto sigue en la posesión del bien mientras no se le haga efectivo el precio. La posesión se le respeta «en tanto» se paga; haber ejercitado el derecho no basta para privarle de ella.

Artículo 100

Si pasan los plazos del artículo 81 de la Ley sin que el Estado ejercite el tanteo o el retracto, el bien o la cosa quedan de libre disposición de su titular, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Educación Nacional según la Ley del Tesoro Artístico y de la posibilidad de aplicar las normas de la sección primera del capítulo. Los daños causados por el ejercicio de esos derechos o por la demora en pagar el precio se reclaman, cuando proceda, por el capítulo general de indemnización por daños.

Artículo 101

Lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa se aplica a las expropiaciones que lleven a cabo las Entidades locales referentes a obras o servicios incluidos en planes o proyectos municipales o provinciales. Cuando las Entidades locales sean beneficiarias, se aplican las disposiciones generales de la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 102

Las expropiaciones que se hagan por razón de urbanismo se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Suelo y en las disposiciones vigentes o que puedan dictarse en lo sucesivo sobre esa materia. Es una remisión abierta: alcanza también a las normas urbanísticas futuras.

Artículo 103

Cuando existan Comisiones y Organismos encargados no solo de aprobar planes de urbanismo, sino también de ejecutarlos y realizarlos, son ellos quienes designan al funcionario técnico al que se refiere el apartado b) del artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa. La regla exige ambas funciones: aprobación y ejecución.

Artículo 104

Cuando haya que expropiar tierras o instalaciones industriales que sean la base principal de sustento de todas o la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el expropiante debe, a la vez, ponerlo en conocimiento del Consejo de Ministros y remitir al Instituto Nacional de Colonización una relación nominal de los vecinos que deban ser trasladados, indicando los cultivadores personales de tierras en propiedad o arrendamiento, el número de familiares y los bienes afectados.

Artículo 105

En la expropiación que da lugar a traslado de poblaciones, el expediente sigue lo dispuesto en la Ley, pero no se limita a las tierras de necesaria ocupación: se extiende a la totalidad de los bienes inmuebles situados en el territorio de la Entidad afectada. Solo quedan fuera los inmuebles cuyos dueños pidan la exclusión cuando se les requiera para presentar la hoja de aprecio.

Artículo 106

Los vecinos de la Entidad afectada por el traslado tienen derecho a la indemnización por los perjuicios que este les cause y, además, pueden pedir que se les instale en el territorio de la nueva Entidad local que se constituya, en las condiciones que determina el artículo 111 del Reglamento.

Artículo 107

Los tipos aplicables a las indemnizaciones por los perjuicios del artículo 89 de la Ley los determina el Consejo de Ministros, a propuesta de una Comisión formada por un representante del Gobernador civil, un Ingeniero de la Jefatura Agronómica, el Alcalde de la Entidad afectada, un representante de la Organización sindical nombrado por el Delegado provincial y otro del beneficiario de la expropiación.

Artículo 108

Una vez que el Consejo de Ministros establece los tipos de indemnización, previo dictamen del Consejo de Estado, el Gobernador civil ordena publicarlos en la forma del párrafo segundo del artículo 18 de la Ley. Los interesados tienen entonces quince días para pedir por escrito, ante esa autoridad, la indemnización a que crean tener derecho, expresando las circunstancias en que fundan su petición.

Artículo 109

Dentro de los treinta días siguientes al fin del plazo de presentación de instancias, la Comisión del artículo 107 fija la indemnización de cada interesado. Estos pueden recurrir en quince días desde la notificación ante el Jurado Provincial de Expropiación, cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros. El pago se hace según el capítulo IV del título II de la Ley y este Reglamento.

Artículo 110

Quien quiera ser instalado en el territorio de la nueva Entidad local debe decirlo en la misma instancia con la que solicita la indemnización del artículo 91 de la Ley, y acompañar una inscripción detallada de las viviendas que ocupaba y de las fincas afectadas por la expropiación que explotaba personal y directamente.

Artículo 111

La relación de vecinos que quieren ser trasladados se expone al público; hechas las rectificaciones que procedan y pasado el plazo de quince días, se remite al Instituto Nacional de Colonización. Este, con los datos de la relación, los del expropiante y los de los informes que pida, estudia el problema social y su solución mediante el traslado de las familias que voluntariamente lo hayan solicitado a zonas de regadío o a fincas que adquiera por compra voluntaria o por expropiación forzosa.

Artículo 112

Las solicitudes de traslado, junto con la propuesta del Instituto, se elevan a la aprobación del Consejo de Ministros. Este puede autorizar al Instituto para adquirir la finca o fincas adecuadas para establecer a los vecinos que hayan pedido el traslado y para crear la nueva Entidad local.

Artículo 113

Las familias que acepten el traslado a fincas o terrenos del Instituto Nacional de Colonización son instaladas por este de forma discrecional, atendiendo a las circunstancias de cada caso. A cada una se le adjudican lotes o parcelas de terrenos de independencia económica que puedan servir de base a la constitución de patrimonios familiares.

Artículo 114

Para amortizar el valor de los bienes adjudicados a cada familia trasladada, el Instituto Nacional de Colonización designa primero una cantidad entre el 80 por 100 y el total de lo que cada expropiado deba percibir por todos sus bienes expropiados. El Instituto se subroga en los derechos de quienes se trasladen voluntariamente, que al pedir el traslado le confieren por escrito su representación en el expediente, desde las actuaciones de justiprecio hasta el pago, que se hace directamente al Instituto.

Artículo 115

No se retienen para amortizar el lote, y los interesados pueden disponer libremente de ellas, las cantidades que se les abonen por cambio forzoso de residencia, gastos de viaje por traslado familiar, transporte de ajuar y elementos de trabajo, y jornales perdidos durante el tiempo de los traslados. Además, se les reintegra el sobrante, si lo hubiere, de la cantidad retenida para amortización.

Artículo 116

Las familias que quieran ser trasladadas a fincas del Instituto pueden colocarse como cultivadores provisionales mientras se acuerda su instalación definitiva como colonos. En ese momento, si no les convienen los lotes o parcelas ofrecidos, pueden optar por percibir el importe íntegro de la expropiación de sus bienes, sin más obligación por parte del Instituto.

Artículo 117

Si hay que crear una nueva Entidad local, conforme al artículo 95 de la Ley de Expropiación Forzosa, el Instituto se subroga en los derechos de la Entidad desaparecida o afectada: interviene en el expediente en su nombre y hace efectivas las cantidades que el expropiante deba abonarle, que pasan a formar parte del patrimonio de la nueva Entidad.

Artículo 118

La nueva Entidad local que haya que crear en un traslado de poblaciones se constituye en la forma prevista en el Decreto de 28 de octubre de 1955 o en las disposiciones que puedan dictarse en lo sucesivo sobre la materia. El artículo no regula el procedimiento de constitución: lo remite.

Artículo 119

Las expropiaciones por causa de colonización y las de fincas mejorables se rigen por su legislación especial y por las disposiciones reglamentarias dictadas en ejecución de esa legislación. El artículo no las regula: se limita a remitir a esas normas.

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

En las restantes modalidades de la propiedad industrial, el Ministerio de Industria, previo informe de sus Organismos técnicos, puede incoar el expediente de expropiación forzosa en la forma y con los requisitos de la Ley y de este Reglamento. El acuerdo que recaiga se comunica al Registro de la Propiedad Industrial, donde se practican las inscripciones oportunas.

Artículo 124

Las expropiaciones y las requisas que llevan a cabo las autoridades militares de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire se regulan por el Reglamento especial previsto en el artículo 107 de la Ley. La remisión comprende tanto las expropiaciones como las requisas.

Artículo 125

La Administración, y también las personas o Entidades que se hayan subrogado en sus derechos, solo pueden ocupar con carácter temporal terrenos propiedad del particular en los casos previstos en el artículo 108 de la Ley. La facultad es tasada: fuera de esos casos no cabe la ocupación temporal.

Artículo 126

Para pedir al particular permiso para hacer estudios u operaciones facultativas de corta duración en su terreno, se indican la razón y fin de la ocupación y su duración, y se designa al Perito de la Administración. El propietario tiene cuarenta y ocho horas para conceder o denegar y, si concede, designa en la misma contestación a su Perito. Pasadas las cuarenta y ocho horas sin permiso expreso, resuelve el Gobernador civil o la autoridad competente. Si se usan los terrenos para otros fines o más tiempo, puede retirarse la autorización.

Artículo 127

Para las ocupaciones temporales derivadas de una declaración de utilidad pública o interés social y necesarias para el fin de una expropiación: el beneficiario formula una relación concreta e individualizada de los terrenos; el Gobernador civil abre información pública de diez días; si expropia el Estado, se publica en el BOE, en el boletín provincial y en un diario de mayor circulación, y se comunica a los Ayuntamientos; cualquier persona puede alegar; y el Gobernador civil resuelve con carácter ejecutivo.

Artículo 128

La indemnización por estas ocupaciones temporales se rige por los artículos 112 y siguientes de la Ley. Si el particular sostiene que no puede evaluarse de antemano, debe decirlo expresamente al rechazar la oferta y alegar sus razones ante el Jurado Provincial de Expropiación en el trámite del artículo 113 de la Ley. El Jurado da traslado al beneficiario y, en diez días, conteste este o no, resuelve esa cuestión previa; después se aplica el artículo 113 o el 114 de la Ley, según el caso.

Artículo 129

Si el beneficiario considera excesiva la tasación por ocupación temporal y decide recurrir a la expropiación, debe concurrir un requisito: que la fijación del justo precio por los procedimientos de la Ley no exceda de una mitad de los daños y perjuicios causados. En ese caso, el particular afectado tiene todos los derechos que la Ley y el Reglamento reconocen al titular expropiado.

Artículo 130

En las ocupaciones temporales del artículo 116 de la Ley, el beneficiario notifica al propietario la necesidad de la ocupación y las razones del uso de materiales y productos. El propietario tiene cinco días desde la notificación para impugnarla ante el Gobernador civil, que resuelve con carácter ejecutivo, y para acreditar los requisitos legales de la indemnización. Acreditados, el beneficiario ofrece una cantidad y el interesado tiene diez días para aceptarla o rechazarla lisa y llanamente.

Artículo 131

Las discrepancias entre el particular y la Administración sobre las ocupaciones del artículo 118 de la Ley y sobre el aumento de los rendimientos económicos obtenidos por las obras del beneficiario las resuelve el Gobernador civil de la provincia. Su resolución es recurrible ante el Jurado Provincial de Expropiación en quince días desde la notificación.

Artículo 132

La indemnización del artículo 119 de la Ley se evalúa por medio de Peritos designados por el beneficiario y por el particular. Si hay discrepancias entre ellos, las respectivas tasaciones se elevan al Jurado Provincial de Expropiación.

Artículo 139

Si la Administración pública intenta expropiar con infracción de lo dispuesto en las Leyes, el expropiado puede ejercitar ante la Jurisdicción correspondiente las acciones previstas en el título V de la Ley de Expropiación Forzosa. El artículo no las enumera: remite a ese título.

Artículo 140

El recurso contencioso-administrativo del artículo 126 de la Ley puede interponerlo el beneficiario o cualquiera que haya sido parte en el expediente, y se rige por las normas generales de esa jurisdicción. La demanda debe fundarse siempre en uno de dos motivos: lesión, cuando el justo precio fijado sea inferior o superior en más de una sexta parte al alegado por el demandante en el expediente de justiprecio; o vicio sustancial de forma o violación u omisión de los preceptos de la Ley.

Artículo 141

De conformidad con el artículo 128 de la Ley, corresponde a la Jurisdicción Contencioso-administrativa el conocimiento de los recursos sobre indemnización de daños y perjuicios. El Reglamento confirma así el orden jurisdiccional competente en esta materia.

Artículo 47. Administraciones Públicas andaluzas

Exclusivas: procedimiento derivado de las especialidades de la organización propia y estructura de sus órganos y organismos autónomos; bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad; control, inspección y sanción en lo no afectado por el art. 149.1.18.ª CE; organización a efectos contractuales de la Administración propia. Compartidas: régimen jurídico de la Administración y de su personal; procedimiento administrativo común; contratos y concesiones; responsabilidad patrimonial. Expropiación forzosa: ejecutiva. Facultades para incorporar figuras jurídico-privadas necesarias.

Artículo 123. Potestad expropiatoria y responsabilidad patrimonial

Apartado 1: el Consejo de Gobierno podrá ejercer la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en la materia. Apartado 2: la Comunidad Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Artículo 1. Naturaleza

Las Comisiones Provinciales de Valoraciones son órganos colegiados y permanentes de la Administración de la Junta de Andalucía. Tienen naturaleza y participación administrativa, su ámbito es provincial y están especializadas en materia de expropiación forzosa.

Artículo 2. Funciones

Las Comisiones Provinciales de Valoraciones conocen de los procedimientos de determinación del justiprecio de todas las expropiaciones forzosas en que la Administración expropiante sea la Comunidad Autónoma de Andalucía o cualquiera de las entidades locales de su territorio. Ejercen sus funciones conforme a las leyes y al resto del ordenamiento y velan por la aplicación homogénea de los criterios de valoración en las tasaciones que se les sometan.

Artículo 3. Adscripción y sede

Las Comisiones Provinciales de Valoraciones tienen su sede en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y actúan con plena autonomía funcional en el cumplimiento de sus funciones. La Consejería a la que estén adscritas las Delegaciones del Gobierno les facilita la infraestructura administrativa necesaria para su adecuado funcionamiento.

Artículo 4. Composición de las Comisiones Provinciales de Valoraciones

Preside el titular de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno, si es funcionario; si no, el titular de la Delegación designa a un funcionario de cuerpo de titulación superior. Vocales: un Letrado del Gabinete Jurídico; cuatro funcionarios de titulación superior, al menos dos de la Consejería de urbanismo; un Notario; un técnico de la FAMP; uno del Catastro; y, en expropiaciones locales, uno de la entidad local. La Secretaría, con voz y voto, la ejerce un funcionario de titulación superior. Se exige representación equilibrada de mujeres y hombres.

Artículo 5. Funciones de la Presidencia

Corresponde a la Presidencia: representar a la Comisión; acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día, atendiendo en su caso a las peticiones de los demás miembros formuladas con antelación suficiente; presidir las sesiones, moderar los debates y suspenderlos por causas justificadas; dirimir con su voto los empates; asegurar el cumplimiento de las leyes; visar las actas y certificaciones de los acuerdos; y las demás funciones inherentes o previstas en el Reglamento.

Artículo 6. Funciones de las Vocalías

Las personas vocales tienen derecho a: recibir con al menos cinco días hábiles de antelación la convocatoria con el orden del día y copia de las propuestas de acuerdo, con la información de los asuntos disponible en igual plazo; proponer a la Presidencia, individual o colectivamente y por conducto de la Secretaría, la inclusión de asuntos en el orden del día; participar en los debates; votar, formular voto particular y explicar su voto (salvo lo previsto en el artículo 94.1.d) de la Ley 9/2007); formular ruegos y preguntas; y las demás inherentes a su condición.

Artículo 7. Funciones de la Secretaría

Corresponde a la Secretaría: convocar las sesiones por orden de la Presidencia y citar a los miembros; tramitar notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones y demás escritos; preparar el despacho de asuntos y redactar y autorizar las actas; expedir certificaciones de consultas, dictámenes y acuerdos aprobados; velar por la legalidad formal y material de las actuaciones y por el respeto de las reglas de constitución y adopción de acuerdos; recibir los escritos y documentos; organizar y gestionar, en su caso, el registro del órgano; y las demás inherentes o previstas en el Reglamento.

Artículo 8. Abstención y recusación

Los miembros de la Comisión en quienes concurra alguna causa del artículo 23 de la Ley 40/2015 deben abstenerse de intervenir en los expedientes de justiprecio y comunicarlo a la Presidencia por conducto de la Secretaría. En esos casos, la parte expropiada o la persona beneficiaria pueden promover la recusación en cualquier momento de la tramitación, conforme al artículo 24 de esa ley. Ambas reglas se aplican también a la persona ponente que redacte la propuesta de acuerdo de valoración, si se designa.

Artículo 9. Asistencia a las reuniones y deber de sigilo

Los miembros de las Comisiones Provinciales de Valoraciones tienen el derecho y el deber de asistir a las reuniones y de ejercer sus funciones. Quienes ocupan las vocalías ejercen funciones públicas en sus actuaciones como miembros del órgano, actúan con objetividad e independencia de criterio y deben guardar reserva sobre los asuntos que conozcan por su condición.

Artículo 10. Indemnizaciones, dietas y gastos de las personas que componen las Comisiones Provinciales de Valoraciones

Los miembros ajenos a la Administración de la Junta y sus agencias administrativas pueden cobrar asistencias por la concurrencia efectiva a las reuniones, además de dietas y gastos de desplazamiento. Las ponencias o informes propuesta del personal técnico de la Junta, defendidos con asistencia efectiva y ajenos a su trabajo habitual, pueden indemnizarse con importes aprobados por Orden del titular de la Consejería de las Delegaciones del Gobierno, previo informe favorable de Hacienda y certificación de la Secretaría con visto bueno de la Presidencia.

Artículo 11. Inicio del procedimiento

Se inicia con la remisión electrónica del expediente por la Administración expropiante, si el titular no acepta el precio fundado ofrecido, o por la parte expropiada en los supuestos que proceda por ministerio de la ley, que puede presentar la solicitud en registros electrónicos, Correos, consulados, oficinas de asistencia en registros u otros registros. La Comisión, las Administraciones y sus miembros, y los interesados del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 se relacionan electrónicamente. Lo presentado en papel se digitaliza. El Registro Electrónico General de la Junta computa los plazos.

Artículo 12. Ordenación del procedimiento

Los expedientes se tramitan por orden riguroso de incoación entre asuntos de homogénea naturaleza, salvo que la Presidencia disponga otra cosa por orden motivada, de la que quede constancia en el expediente. El procedimiento está sometido al principio de celeridad, se impulsa de oficio en todos sus trámites y por medios electrónicos, y respeta la transparencia y la publicidad. Las Secretarías de las Comisiones son el órgano instructor a efectos de la Ley 39/2015.

Artículo 13. Plazo para emitir el acuerdo de valoración

Los acuerdos de valoración se adoptan y notifican en un máximo de cuatro meses desde el día siguiente a la entrada del expediente en el registro electrónico de la Junta, sin perjuicio de la suspensión y ampliación de la Ley 39/2015. La ampliación la acuerda la Comisión en la sesión convocada para valorar y antes de que venza el plazo; la suspensión, la Secretaría (salvo el caso del artículo 22.2.b), que adopta el órgano competente para resolver). Vencido el plazo, puede entenderse desestimada la pretensión; la paralización imputable al interesado interrumpe el cómputo.

Artículo 14. Contenido del expediente de justiprecio

El expediente de justiprecio incluye como mínimo: a) descripción física, gráfica y jurídica del bien o derecho; b) documentación fehaciente de la aprobación, provisional y definitiva, de la relación de bienes y derechos y del inicio del procedimiento; c) notificación del requerimiento para que la parte expropiada presente su hoja de aprecio; d) su hoja de aprecio, ofertas o condiciones con justificación sucinta o, en su defecto, certificación de no haber atendido el requerimiento; e) hoja de aprecio de la Administración expropiante o de la entidad beneficiaria.

Artículo 15. Calificación del expediente

Recibido el expediente, la Secretaría tiene siete días para comprobar que contiene los documentos preceptivos y calificarlo como expropiatorio o no, notificando a las partes la fecha de recepción, el número de expediente, el plazo máximo para resolver y notificar y los efectos del silencio. Si falta algún documento, se conceden diez días hábiles para aportarlo, con suspensión del plazo de resolución. Si no lo considera expropiatorio, propone la inadmisión, que resuelve la Comisión en la siguiente sesión ordinaria, devolviendo en su caso el expediente.

Artículo 16. Informes técnicos

Comprobado que el expediente está completo y es expropiatorio, la Secretaría recaba electrónicamente los informes técnicos que considere necesarios, citando el precepto que los exija o motivando su conveniencia y concretando los extremos, en general la valoración de los bienes y derechos. Son facultativos y no vinculantes: la Comisión los acepta total o parcialmente o los rechaza. Se emiten en diez días, salvo que otra disposición o los demás plazos permitan o exijan otro. Si no llegan a tiempo, se puede seguir, y el tardío puede no tenerse en cuenta.

Artículo 17. Informe propuesta de la persona ponente

Si se ha designado ponente, la Secretaría le remite electrónicamente copia del expediente para que emita el informe propuesta en treinta días desde su recepción, y lo devuelve a la Secretaría por medios electrónicos. Excepcionalmente, por la complejidad del expediente, el elevado número de partes expropiadas o cualquier otra causa motivada, la persona ponente puede pedir a la Comisión, por medios electrónicos y a través de la Secretaría, quince días hábiles más, que la Comisión concede si lo considera justificado. La atención preferente a otras tareas administrativas no justifica el retraso.

Artículo 18. Propuesta de acuerdo de valoración

La Secretaría elabora la propuesta de acuerdo de valoración a partir de la documentación del expediente y, en su caso, de los informes técnicos y del informe propuesta de la persona ponente, con sus antecedentes, la descripción del bien o derecho y la exposición motivada de la normativa aplicable. Debe emitirla en un máximo de diez días hábiles desde la recepción electrónica del último informe técnico o del informe propuesta del ponente o, en su defecto, en treinta días hábiles desde la calificación del expediente.

Artículo 19. Alegaciones

Durante la tramitación, las partes interesadas pueden formular alegaciones y aportar documentación y pruebas en defensa de sus derechos, preferentemente por medios electrónicos. Si la propuesta de acuerdo de valoración tiene en cuenta nuevos hechos, alegaciones o pruebas no recogidos en el expediente expropiatorio previo, se ponen de manifiesto a los interesados para que aleguen en diez días hábiles. Los informes técnicos, los informes propuesta y las propuestas de acuerdo de valoración no tienen el carácter de nuevos hechos, alegaciones o pruebas.

Artículo 20. Acuerdo de valoración

La Presidencia convoca sesión para que la Comisión emita el acuerdo de valoración, que debe adoptarse y notificarse dentro del plazo del artículo 13. Los acuerdos han de ser siempre motivados, con justificación expresa de los criterios de valoración empleados en relación con la normativa aplicable; sirve de motivación la aceptación de los informes técnicos o del informe propuesta del ponente cuando se incorporen a su texto. Los actos de las Comisiones ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 21. Convocatoria y orden del día de las sesiones

La Presidencia convoca con la periodicidad que acuerde, para que se valore en el plazo del artículo 13. Las sesiones son en la sede, en primera o segunda convocatoria; si nada se dice, la segunda cabe media hora después. Las convocatorias, con orden del día y propuestas, se notifican electrónicamente a titulares y suplentes con al menos cinco días hábiles; las extraordinarias, por urgencia motivada y a instancia propia o de tres o más vocales, con dos días hábiles. El orden del día puede cambiarse por urgencia con 48 horas. Fuera de él solo con todos presentes y urgencia votada por mayoría.

Artículo 22. Régimen de adopción de acuerdos

Para constituirse válidamente y adoptar acuerdos, en primera y segunda convocatoria, deben asistir la Presidencia, la Secretaría y al menos la mitad de los miembros; si no asiste el representante de la Administración expropiante, se hace constar en el acta junto con que fue convocado en tiempo y forma. La Presidencia dirige el debate y somete las propuestas a votación; se aprueban por mayoría de los asistentes con derecho a voto, sin abstenciones; el empate lo dirime el voto de la Presidencia, y las votaciones son nominales. Los acuerdos se notifican preferentemente por medios electrónicos.

Artículo 23. Actas de las sesiones

La Secretaría levanta acta con lugar, fecha y hora de inicio; asistentes y ausentes; asistencia de la Secretaría; orden del día; propuestas sintetizadas; votaciones con sentido y motivación de cada voto; votos particulares escritos en cinco días; transcripción de intervenciones; resoluciones discutidas de la Presidencia; parte dispositiva y hora de cierre. Sin sesión, emite una diligencia. Cabe grabar las sesiones. El acta se aprueba en la misma sesión o en la siguiente, con visto bueno de la Presidencia; remitida electrónicamente, hay cinco días hábiles para conformidad o reparos.

Artículo 24. Comunicaciones, notificaciones y certificaciones

Las comunicaciones a las Administraciones Públicas las firma la Presidencia y las demás la Secretaría, ambas electrónicamente. Las notificaciones siguen los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015: electrónicas obligatoriamente para las Administraciones expropiantes y preferentemente para los interesados. Las certificaciones las expide la Secretaría con visto bueno de la Presidencia, en diez días hábiles desde el siguiente a recibir la petición de quien acredite interés legítimo, por vía electrónica salvo que el interesado no obligado pida otra cosa. Antes de aprobarse el acta, se hace constar.