Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa

Artículo 81

Título III. Procedimientos especiales›Capítulo Primero. De la expropiación por zonas o grupos de bienes

En pocas palabras

Si hay reclamaciones contra los precios máximos y mínimos, la Administración formula una hoja de aprecio definitiva y motivada, con la clasificación del bien y los precios máximos aplicables, y la notifica al reclamante, que en diez días contesta lisa y llanamente si la acepta o la rechaza; su silencio equivale a aceptación. Si la rechaza, el expediente se envía en diez días al Jurado Provincial de Expropiación, que fija definitivamente en vía administrativa clasificación y precios; contra ello cabe recurso contencioso.

Explicación sencilla

Regula el cauce de las reclamaciones contra los precios en la expropiación por zonas: oferta motivada de la Administración, respuesta del reclamante en diez días con silencio positivo para la oferta y, si hay discordia, decisión del Jurado Provincial.

Regla mnemotécnica

Reclamante: 10 días para decir sí o no; calla = acepta. Si dice no, en 10 días al Jurado.

Trampa típica de examen

Creer que el silencio del reclamante equivale a rechazo y lleva el asunto al Jurado: el silencio se estima como aceptación de la oferta de la Administración.

Texto del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (REF)

1. Si se hubiesen presentado reclamaciones contra los precios máximos y mínimos, la Administración formulará una hoja de aprecio definitiva y motivada, en la que necesariamente habrá de constar la clasificación del bien y precios máximos aplicables al mismo, que será notificada al reclamante, el cual contestará lisa y llanamente, en el plazo de diez días, si la acepta o la rechaza. El silencio del interesado se estimará como aceptación de la oferta de la Administración. 2. Si el reclamante rechazase la hoja de aprecio de la Administración, se enviará el expediente dentro del plazo de diez días, a partir del en que se produzca la discordia, al Jurado Provincial de Expropiación, que fijará definitivamente en vía administrativa la clasificación y los precios controvertidos. Contra este acuerdo se dará el recurso contencioso en los términos comunes del artículo 126 de la Ley.

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