Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa

Capítulo ÚnicoCapítulo Único

• Art. 1Artículo 1Toda intervención administrativa que implique privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos es expropiación forzosa a todos los efectos, y en especial exige habilitación legal, procedimiento formal y garantía jurisdiccional. La enumeración de supuestos del artículo primero de la Ley es enunciativa y admite otros. Sus excepciones comprenden las ventas forzosas de artículos objeto de intervención económica.
• Art. 2Artículo 2Las expropiaciones de facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos no reguladas por los títulos III y IV de la Ley, pero autorizadas por normas con rango de Ley, se rigen: 1.º por esas normas especiales en extensión, procedimiento y, en su caso, valoración; 2.º preceptivamente por la Ley general y el Reglamento en garantías jurisdiccionales, intervención del Jurado de Expropiación, responsabilidad por demora y reversión; 3.º subsidiariamente, por las disposiciones generales de la Ley y del Reglamento.
• Art. 3Artículo 3Define tres figuras: expropiante (titular de la potestad expropiatoria), beneficiario (quien representa el interés público o social, está autorizado a instar de la Administración la expropiación y adquiere el bien) y expropiado (propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa, o del derecho expropiado). Estado, Provincia y Municipio son los únicos titulares de la potestad de expropiar. Cuando expropian Provincia o Municipio, los acuerdos recurribles los adopta la Diputación o el Ayuntamiento en pleno.
• Art. 4Artículo 4Cuando expropiante y beneficiario son sujetos distintos, el titular de la potestad expropiatoria la ejerce en favor del beneficiario y a instancia de este. Además decide ejecutoriamente sobre la procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adopta las demás resoluciones que impliquen ejercicio de la potestad, sin perjuicio de lo que el artículo siguiente atribuye al beneficiario.
• Art. 5Artículo 5El beneficiario pide a la Administración expropiante iniciar el expediente en su favor, justificando plenamente la procedencia legal y su cualidad de beneficiario. En el expediente: impulsa e informa como parte; formula la relación del artículo 17 de la Ley; conviene la adquisición amistosa; presenta la hoja de aprecio y acepta o rechaza la de los propietarios; paga o consigna el justo precio; abona la demora que le sea imputable; asume la reversión y lo demás que fijen la Ley y el Reglamento.
• Art. 6Artículo 6Quién es expropiado se determina conforme a los artículos 3 a 7 de la Ley. Los titulares de derechos o intereses sobre el bien expropiado no perciben indemnización independiente, salvo los arrendatarios rústicos o urbanos; los demás pueden hacer valer sus derechos sobre el justo precio de la expropiación principal.
• Art. 7Artículo 7Para que el adquirente de un bien o derecho en curso de expropiación quede subrogado en el expediente, debe comunicarse a la Administración la transmisión y el nombre y domicilio del nuevo titular. Solo cuentan las transmisiones judiciales, las inter vivos que consten en documento público y las mortis causa respecto de herederos o legatarios.
• Art. 8Artículo 8La expropiación extingue todas las cargas y derechos anteriores sobre el bien, que por ministerio de la ley pasan a ser derechos sobre el justo precio, con la salvedad del artículo 6 del Reglamento. Si los titulares no se ponen de acuerdo en el reparto del justo precio, la Administración consigna la cantidad total en la Caja General de Depósitos hasta que se resuelvan las discrepancias.
• Art. 9Artículo 9Puede conservarse algún derecho sobre el bien expropiado si es compatible con el fin al que el bien quedará afectado. La decisión sobre su subsistencia es de la Administración, oyendo antes al titular expropiado principal y al del derecho que se propone mantener; su valoración corresponde al Jurado según las normas generales. No se aplica cuando se promueve directamente una expropiación parcial de facultades o derechos, que se rige por el artículo 2.

Capítulo IDe los requisitos previos a la expropiación forzosa

• Art. 10Artículo 10La declaración de utilidad pública e interés social del artículo noveno de la Ley lleva consigo la autorización para expropiar los bienes o derechos necesarios para realizar las obras o establecer los servicios.
• Art. 11Artículo 11Para inmuebles, la utilidad pública se declara por Ley aprobada en Cortes. No hace falta Ley formal: a) en obras y servicios de planes aprobados del Estado, Provincia o Municipio, con declaración implícita (los planes del Estado se realizan por Orden ministerial; los locales, por sus Organismos competentes); b) si una Ley la declaró genéricamente para categorías de obras, servicios o concesiones: basta Decreto acordado en Consejo de Ministros, salvo otra previsión legal; c) si las normas especiales de los artículos 85 y 97 de la Ley fijan otra forma.
• Art. 12Artículo 12El interés social como causa de expropiación debe declararse expresa y singularmente mediante Ley en cada caso. Si una Ley lo ha declarado genéricamente para categorías de obras, servicios o concesiones, esa declaración lleva implícita la facultad expropiatoria y basta Decreto acordado en Consejo de Ministros para cada caso. No hace falta declaración formal previa en los supuestos de los artículos 71 y 72 de la Ley.
• Art. 13Artículo 13Si la expropiación afecta a bienes muebles, la utilidad pública o el interés social deben declararse expresa y concretamente en cada caso mediante Ley. Basta Decreto acordado en Consejo de Ministros cuando otra Ley haya autorizado la expropiación para una categoría o clase especial de bienes.
• Art. 14Artículo 14La declaración de industria de interés nacional lleva aneja, sin otro requisito, la de utilidad pública de las obras o servicios necesarios para su emplazamiento, instalación o ampliación, en los términos y condiciones de la Ley de 24 de octubre de 1939.

Capítulo IILa necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de derechos

• Art. 15Artículo 15Declarada la utilidad pública o el interés social de un fin, obra o servicio, la Administración puede resolver sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos estrictamente indispensables, según el procedimiento del capítulo. Si la ocupación se extiende a bienes indispensables para previsibles ampliaciones, quedan afectos al fin, obra o servicio y no pueden calificarse de partes sobrantes a efectos del artículo 54 de la Ley.
• Art. 16Artículo 16La Administración expropiante, o el beneficiario a través de ella, formula una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos necesarios y, si procede, de los imprescindibles para ampliaciones; no hace falta si un proyecto aprobado reglamentariamente ya los describe. Recoge el estado material y jurídico de cada bien, los propietarios o representantes con residencia y domicilio y los titulares de derechos indemnizables. Si hay que comprobar antes los bienes, se formula tras esas operaciones, con colaboración obligada de autoridades, entidades y particulares.
• Art. 17Artículo 17La Administración expropiante, a través del Gobernador civil o la autoridad competente, hace pública la relación de bienes y derechos para que en quince días, contados desde la última de las publicaciones, los interesados aleguen sobre la procedencia de la ocupación y el estado material o legal de los bienes. Si expropia el Estado, se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia o provincias y en uno de los diarios de mayor circulación, si los hay, y se remite copia a los Ayuntamientos para su tablón de anuncios.
• Art. 18Artículo 18Durante el plazo de alegaciones, los titulares de derechos afectados pueden aportar datos para rectificar errores de la relación publicada. Quien se oponga a la ocupación o disposición, por forma o por fondo, debe señalar sus fundamentos y los razonamientos que aconsejen preferir otros bienes y derechos no incluidos en la relación. Para subsanar errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica puede comparecer y alegar ante la Alcaldía, el Gobierno civil u organismo competente.
• Art. 19Artículo 19Acabado el plazo de alegaciones, se abre otro de veinte días para examinar y calificar la oposición, rectificar y completar los datos sobre titularidad y características de los bienes, e incorporar certificaciones de los Registros de la Propiedad, Fiscales u otras dependencias. Dentro de ese plazo, y previo informe de la Abogacía del Estado, se resuelve sobre la necesidad de ocupación, relacionando bienes, derechos y titulares. Solo son interesados las personas de los artículos 3 y 4 de la Ley y 6 y 7 del Reglamento.
• Art. 20Artículo 20El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente y se publica como la información pública del artículo 17 y se notifica a los expropiados. La notificación individual es preceptiva: por agente público en el domicilio (o a familiar, empleado o sirviente mayor de edad, o a un vecino ante otros dos) o por correo certificado con acuse de recibo. Si se desconocen titulares o domicilios, edictos simultáneos en el Boletín provincial y en el tablón del Ayuntamiento. Debe incluir texto íntegro, recursos, órgano y plazo; su omisión o error la anula, salvo recurso en tiempo y forma.
• Art. 21Artículo 21El acuerdo de necesidad de ocupación admite recurso de alzada ante el titular del Departamento competente por razón de la obra, fin o servicio. Pueden interponerlo los interesados y quienes comparecieron en la información pública, en diez días desde la notificación; debe resolverse en veinte días. La alzada suspende el procedimiento hasta que se notifique su resolución, que ha de ser expresa, pero este sigue respecto de los bienes cuyos titulares no hayan recurrido.
• Art. 22Artículo 22Si la expropiación solo requiere parte de una finca rústica o urbana y conservar el resto resulta antieconómico para el propietario, el titular puede pedir que la expropiación comprenda la totalidad, exponiendo las causas concretas del perjuicio económico (alteración de las condiciones de la finca y de su aprovechamiento rentable). Resuelve el Gobernador civil o autoridad competente en diez días; cabe alzada como en el artículo anterior, pero no recurso contencioso-administrativo contra la resolución ministerial, sin perjuicio del artículo 46 de la Ley en la valoración de perjuicios.
• Art. 23Artículo 23En la ocupación y expropiación de bienes de la Iglesia católica se aplica el artículo XXII del Concordato y, además del procedimiento del Reglamento, el Jurado de Expropiación, antes de resolver definitivamente sobre el justiprecio, da audiencia por ocho días a la autoridad eclesiástica, indicándole la indemnización que se propone fijar. Si la Iglesia es beneficiaria, se sigue el procedimiento de este título y tiene las facultades del artículo quinto.
• Art. 24Artículo 24Las normas del capítulo sobre edictos en Boletines Oficiales y tablones de Ayuntamientos, anuncios en periódicos, notificaciones, plazos y su cómputo, e interposición, trámite y resolución de recursos se aplican también a las demás actuaciones del Reglamento, salvo disposición expresa en contra. Los plazos se computan siempre en días hábiles y desde el día siguiente al de la notificación o publicación. Los diarios cobran solo el 50 por 100 de sus tarifas oficiales por los anuncios.

Capítulo IIIDe la determinación del justo precio

Capítulo IVDel pago y toma de posesión

Capítulo VResponsabilidad por demora

• Art. 71Artículo 71A efectos del artículo 56 de la Ley, la mora empieza tras seis meses contados desde que es firme el acuerdo de necesidad de ocupación. No hay mora si el beneficiario o el expropiado han recurrido el acuerdo del Jurado provincial que fija el justo precio y este acuerdo se dictó antes de cumplirse esos seis meses.
• Art. 72Artículo 72La responsabilidad por demora se imputa a quien la causa. Si es el beneficiario, el Jurado decide sobre su procedencia y cuantía al fijar el justiprecio. Si el retraso es de la Administración expropiante o del propio Jurado, la responsabilidad entra en el párrafo primero del artículo 121 de la Ley y se hace efectiva por el procedimiento del Reglamento. Si la demora es imputable al expropiado, en ningún caso hay intereses de demora.
• Art. 73Artículo 73A efectos del artículo 57 de la Ley, el justo precio está definitivamente fijado cuando lo ha sido en vía administrativa. Si se impugna, los intereses se devengan sobre la cantidad que fije la sentencia firme, liquidados con efectos retroactivos desde la fecha legal de inicio de la mora según el artículo 71 hasta la determinación definitiva del justiprecio en vía administrativa.
• Art. 74Artículo 74A efectos del artículo 58 de la Ley, el justo precio es el fijado administrativamente. La nueva evaluación prevista en ese artículo se hace a instancia del expropiado, que formula una nueva hoja de aprecio en la forma prevista en su artículo 29, sin necesidad de requerimiento de la Administración. Presentada la instancia, se siguen los trámites del capítulo III del título II.

Capítulo PrimeroDe la expropiación por zonas o grupos de bienes

• Art. 75Artículo 75Cuando una obra exija expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes que puedan considerarse en conjunto, el Ministerio del que dependa la obra redacta y aprueba el proyecto y lo somete al Consejo de Ministros, que mediante Decreto puede acordar aplicar el procedimiento especial del capítulo primero del título III de la Ley.
• Art. 76Artículo 76El acuerdo del Consejo de Ministros que aplica el procedimiento especial de expropiación por zonas o grupos de bienes lleva implícita la declaración de necesidad de ocupación de los bienes afectados por el proyecto y también por sus reformas posteriores.
• Art. 77Artículo 77Al clasificar los terrenos o grupos de bienes se atiende, además de a su naturaleza económica, a su situación, calidad o clase, producción, cultivos, rendimiento, valor en venta, riqueza imponible, cuota de contribución y demás características homogéneas. La clasificación incluye obligatoriamente un cuadro razonado de precios máximos y mínimos por polígono o grupo, con sus módulos de aplicación; esos precios los fijan peritos designados por el beneficiario.
• Art. 78Artículo 78Los edictos del «Boletín Oficial» de la provincia se refieren a la apertura de la información pública e indican lugar, días y horas para examinar el proyecto. En el «Boletín Oficial del Estado» se publica un extracto de esos edictos. El proyecto se notifica a Ayuntamientos y entidades corporativas y sindicales remitiéndoles una copia para que le den publicidad entre vecinos o miembros. Los diarios que inserten edictos cobran sus tarifas según el artículo 24.
• Art. 79Artículo 79Las reclamaciones presentadas durante la información pública contra el proyecto de clasificación de los bienes en polígonos o grupos las resuelve la Administración dentro del mes siguiente. Contra ese acuerdo no procede recurso alguno, salvo lo dispuesto en el artículo 81.
• Art. 80Artículo 80Si durante la información pública nadie reclama contra el proyecto de precios máximos y mínimos, la Administración lo eleva a definitivo mediante acuerdo. Ese acuerdo no es susceptible de recurso alguno.
• Art. 81Artículo 81Si hay reclamaciones contra los precios máximos y mínimos, la Administración formula una hoja de aprecio definitiva y motivada, con la clasificación del bien y los precios máximos aplicables, y la notifica al reclamante, que en diez días contesta lisa y llanamente si la acepta o la rechaza; su silencio equivale a aceptación. Si la rechaza, el expediente se envía en diez días al Jurado Provincial de Expropiación, que fija definitivamente en vía administrativa clasificación y precios; contra ello cabe recurso contencioso.
• Art. 82Artículo 82En el procedimiento de expropiación por zonas, las clasificaciones de precios máximos y mínimos del proyecto, referidas a polígonos o grupos, que no hayan sido objeto de controversia se consideran firmes y definitivas a todos los efectos.
• Art. 83Artículo 83Firmes y definitivos los precios, con sus módulos de aplicación en su caso, son preceptivos para valorar las fincas o bienes de cada grupo o polígono. Si la Administración y los interesados discrepan sobre la aplicación de esos precios, la discrepancia se tramita y resuelve por el procedimiento de los artículos 26 y siguientes de la Ley y concordantes del Reglamento.
• Art. 84Artículo 84Pasados cinco años desde que se fijaron los cuadros de precios máximos y mínimos, los interesados en la expropiación pueden pedir a la Administración expropiante su revisión y actualización, que se tramita por el mismo procedimiento y con las mismas garantías de los artículos anteriores.
• Art. 85Artículo 85La Administración debe resolver en un mes las peticiones de revisión y actualización de precios. Contra el acuerdo, expreso o tácito, que las desestime, los interesados o sus causahabientes pueden acudir a la vía contenciosa en los términos del artículo 126 de la Ley.
• Art. 86Artículo 86A los expedientes de expropiación por zonas o grupos de bienes se aplican las disposiciones generales de la Ley y del Reglamento sobre garantías jurisdiccionales, responsabilidad por demora, reversión, beneficiarios de la expropiación y pago y toma de posesión de los bienes expropiados.

Capítulo IIDe la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad

• Art. 87Artículo 87Conforme al artículo 71 de la Ley, el incumplimiento de la función social de la propiedad es una de las causas de interés social que legitiman la expropiación forzosa.
• Art. 88Artículo 88Los requisitos para expropiar por incumplimiento de la función social son los del artículo 72 de la Ley. La declaración del párrafo 1 de ese artículo debe hacerse por Ley, específicamente o por clases o categorías de bienes; en este último caso hace falta además un Decreto acordado en Consejo de Ministros para la declaración particular de cada caso concreto.
• Art. 89Artículo 89La subasta de los apartados b) y c) del artículo 75 de la Ley se anuncia mediante edictos en el «Boletín Oficial del Estado» y, al menos, en un periódico de gran circulación en la provincia donde estén los bienes, con la tarifa del artículo 24. Los gastos de esas inserciones se descuentan del precio de licitación antes de entregarlo al expropiado.
• Art. 90Artículo 90Cuando un bien está en el estado público de venta del artículo 75, apartado d), de la Ley, se hace constar en el Registro especial, si existe, y se publica en edictos que se repiten mensualmente desde la caducidad final del expediente, según el apartado e) del mismo artículo. Estos edictos se ajustan a lo dispuesto en el artículo anterior.
• Art. 91Artículo 91Si las leyes especiales que califican una determinada función social de la propiedad con intimación de expropiación forzosa establecen normas especiales de procedimiento, la Ley general de Expropiación Forzosa y este Reglamento se aplican de forma subsidiaria.

Capítulo IIIDe la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico

Capítulo IVDe la expropiación por Entidades locales o por razón de urbanismo

• Art. 101Artículo 101Lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa se aplica a las expropiaciones que lleven a cabo las Entidades locales referentes a obras o servicios incluidos en planes o proyectos municipales o provinciales. Cuando las Entidades locales sean beneficiarias, se aplican las disposiciones generales de la Ley de Expropiación Forzosa.
• Art. 102Artículo 102Las expropiaciones que se hagan por razón de urbanismo se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Suelo y en las disposiciones vigentes o que puedan dictarse en lo sucesivo sobre esa materia. Es una remisión abierta: alcanza también a las normas urbanísticas futuras.
• Art. 103Artículo 103Cuando existan Comisiones y Organismos encargados no solo de aprobar planes de urbanismo, sino también de ejecutarlos y realizarlos, son ellos quienes designan al funcionario técnico al que se refiere el apartado b) del artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa. La regla exige ambas funciones: aprobación y ejecución.

Capítulo VDe la expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones

• Art. 104Artículo 104Cuando haya que expropiar tierras o instalaciones industriales que sean la base principal de sustento de todas o la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el expropiante debe, a la vez, ponerlo en conocimiento del Consejo de Ministros y remitir al Instituto Nacional de Colonización una relación nominal de los vecinos que deban ser trasladados, indicando los cultivadores personales de tierras en propiedad o arrendamiento, el número de familiares y los bienes afectados.
• Art. 105Artículo 105En la expropiación que da lugar a traslado de poblaciones, el expediente sigue lo dispuesto en la Ley, pero no se limita a las tierras de necesaria ocupación: se extiende a la totalidad de los bienes inmuebles situados en el territorio de la Entidad afectada. Solo quedan fuera los inmuebles cuyos dueños pidan la exclusión cuando se les requiera para presentar la hoja de aprecio.
• Art. 106Artículo 106Los vecinos de la Entidad afectada por el traslado tienen derecho a la indemnización por los perjuicios que este les cause y, además, pueden pedir que se les instale en el territorio de la nueva Entidad local que se constituya, en las condiciones que determina el artículo 111 del Reglamento.
• Art. 107Artículo 107Los tipos aplicables a las indemnizaciones por los perjuicios del artículo 89 de la Ley los determina el Consejo de Ministros, a propuesta de una Comisión formada por un representante del Gobernador civil, un Ingeniero de la Jefatura Agronómica, el Alcalde de la Entidad afectada, un representante de la Organización sindical nombrado por el Delegado provincial y otro del beneficiario de la expropiación.
• Art. 108Artículo 108Una vez que el Consejo de Ministros establece los tipos de indemnización, previo dictamen del Consejo de Estado, el Gobernador civil ordena publicarlos en la forma del párrafo segundo del artículo 18 de la Ley. Los interesados tienen entonces quince días para pedir por escrito, ante esa autoridad, la indemnización a que crean tener derecho, expresando las circunstancias en que fundan su petición.
• Art. 109Artículo 109Dentro de los treinta días siguientes al fin del plazo de presentación de instancias, la Comisión del artículo 107 fija la indemnización de cada interesado. Estos pueden recurrir en quince días desde la notificación ante el Jurado Provincial de Expropiación, cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros. El pago se hace según el capítulo IV del título II de la Ley y este Reglamento.
• Art. 110Artículo 110Quien quiera ser instalado en el territorio de la nueva Entidad local debe decirlo en la misma instancia con la que solicita la indemnización del artículo 91 de la Ley, y acompañar una inscripción detallada de las viviendas que ocupaba y de las fincas afectadas por la expropiación que explotaba personal y directamente.
• Art. 111Artículo 111La relación de vecinos que quieren ser trasladados se expone al público; hechas las rectificaciones que procedan y pasado el plazo de quince días, se remite al Instituto Nacional de Colonización. Este, con los datos de la relación, los del expropiante y los de los informes que pida, estudia el problema social y su solución mediante el traslado de las familias que voluntariamente lo hayan solicitado a zonas de regadío o a fincas que adquiera por compra voluntaria o por expropiación forzosa.
• Art. 112Artículo 112Las solicitudes de traslado, junto con la propuesta del Instituto, se elevan a la aprobación del Consejo de Ministros. Este puede autorizar al Instituto para adquirir la finca o fincas adecuadas para establecer a los vecinos que hayan pedido el traslado y para crear la nueva Entidad local.
• Art. 113Artículo 113Las familias que acepten el traslado a fincas o terrenos del Instituto Nacional de Colonización son instaladas por este de forma discrecional, atendiendo a las circunstancias de cada caso. A cada una se le adjudican lotes o parcelas de terrenos de independencia económica que puedan servir de base a la constitución de patrimonios familiares.
• Art. 114Artículo 114Para amortizar el valor de los bienes adjudicados a cada familia trasladada, el Instituto Nacional de Colonización designa primero una cantidad entre el 80 por 100 y el total de lo que cada expropiado deba percibir por todos sus bienes expropiados. El Instituto se subroga en los derechos de quienes se trasladen voluntariamente, que al pedir el traslado le confieren por escrito su representación en el expediente, desde las actuaciones de justiprecio hasta el pago, que se hace directamente al Instituto.
• Art. 115Artículo 115No se retienen para amortizar el lote, y los interesados pueden disponer libremente de ellas, las cantidades que se les abonen por cambio forzoso de residencia, gastos de viaje por traslado familiar, transporte de ajuar y elementos de trabajo, y jornales perdidos durante el tiempo de los traslados. Además, se les reintegra el sobrante, si lo hubiere, de la cantidad retenida para amortización.
• Art. 116Artículo 116Las familias que quieran ser trasladadas a fincas del Instituto pueden colocarse como cultivadores provisionales mientras se acuerda su instalación definitiva como colonos. En ese momento, si no les convienen los lotes o parcelas ofrecidos, pueden optar por percibir el importe íntegro de la expropiación de sus bienes, sin más obligación por parte del Instituto.
• Art. 117Artículo 117Si hay que crear una nueva Entidad local, conforme al artículo 95 de la Ley de Expropiación Forzosa, el Instituto se subroga en los derechos de la Entidad desaparecida o afectada: interviene en el expediente en su nombre y hace efectivas las cantidades que el expropiante deba abonarle, que pasan a formar parte del patrimonio de la nueva Entidad.
• Art. 118Artículo 118La nueva Entidad local que haya que crear en un traslado de poblaciones se constituye en la forma prevista en el Decreto de 28 de octubre de 1955 o en las disposiciones que puedan dictarse en lo sucesivo sobre la materia. El artículo no regula el procedimiento de constitución: lo remite.

Capítulo VIDe las expropiaciones por causa de colonización y de obras públicas

Capítulo VIIDe la expropiación en materia de propiedad industrial

• Art. 121Artículo 121
• Art. 122Artículo 122
• Art. 123Artículo 123En las restantes modalidades de la propiedad industrial, el Ministerio de Industria, previo informe de sus Organismos técnicos, puede incoar el expediente de expropiación forzosa en la forma y con los requisitos de la Ley y de este Reglamento. El acuerdo que recaiga se comunica al Registro de la Propiedad Industrial, donde se practican las inscripciones oportunas.

Capítulo VIIIDe la expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado

• Art. 124Artículo 124Las expropiaciones y las requisas que llevan a cabo las autoridades militares de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire se regulan por el Reglamento especial previsto en el artículo 107 de la Ley. La remisión comprende tanto las expropiaciones como las requisas.

Capítulo IIndemnización por ocupación temporal

• Art. 125Artículo 125La Administración, y también las personas o Entidades que se hayan subrogado en sus derechos, solo pueden ocupar con carácter temporal terrenos propiedad del particular en los casos previstos en el artículo 108 de la Ley. La facultad es tasada: fuera de esos casos no cabe la ocupación temporal.
• Art. 126Artículo 126Para pedir al particular permiso para hacer estudios u operaciones facultativas de corta duración en su terreno, se indican la razón y fin de la ocupación y su duración, y se designa al Perito de la Administración. El propietario tiene cuarenta y ocho horas para conceder o denegar y, si concede, designa en la misma contestación a su Perito. Pasadas las cuarenta y ocho horas sin permiso expreso, resuelve el Gobernador civil o la autoridad competente. Si se usan los terrenos para otros fines o más tiempo, puede retirarse la autorización.
• Art. 127Artículo 127Para las ocupaciones temporales derivadas de una declaración de utilidad pública o interés social y necesarias para el fin de una expropiación: el beneficiario formula una relación concreta e individualizada de los terrenos; el Gobernador civil abre información pública de diez días; si expropia el Estado, se publica en el BOE, en el boletín provincial y en un diario de mayor circulación, y se comunica a los Ayuntamientos; cualquier persona puede alegar; y el Gobernador civil resuelve con carácter ejecutivo.
• Art. 128Artículo 128La indemnización por estas ocupaciones temporales se rige por los artículos 112 y siguientes de la Ley. Si el particular sostiene que no puede evaluarse de antemano, debe decirlo expresamente al rechazar la oferta y alegar sus razones ante el Jurado Provincial de Expropiación en el trámite del artículo 113 de la Ley. El Jurado da traslado al beneficiario y, en diez días, conteste este o no, resuelve esa cuestión previa; después se aplica el artículo 113 o el 114 de la Ley, según el caso.
• Art. 129Artículo 129Si el beneficiario considera excesiva la tasación por ocupación temporal y decide recurrir a la expropiación, debe concurrir un requisito: que la fijación del justo precio por los procedimientos de la Ley no exceda de una mitad de los daños y perjuicios causados. En ese caso, el particular afectado tiene todos los derechos que la Ley y el Reglamento reconocen al titular expropiado.
• Art. 130Artículo 130En las ocupaciones temporales del artículo 116 de la Ley, el beneficiario notifica al propietario la necesidad de la ocupación y las razones del uso de materiales y productos. El propietario tiene cinco días desde la notificación para impugnarla ante el Gobernador civil, que resuelve con carácter ejecutivo, y para acreditar los requisitos legales de la indemnización. Acreditados, el beneficiario ofrece una cantidad y el interesado tiene diez días para aceptarla o rechazarla lisa y llanamente.
• Art. 131Artículo 131Las discrepancias entre el particular y la Administración sobre las ocupaciones del artículo 118 de la Ley y sobre el aumento de los rendimientos económicos obtenidos por las obras del beneficiario las resuelve el Gobernador civil de la provincia. Su resolución es recurrible ante el Jurado Provincial de Expropiación en quince días desde la notificación.
• Art. 132Artículo 132La indemnización del artículo 119 de la Ley se evalúa por medio de Peritos designados por el beneficiario y por el particular. Si hay discrepancias entre ellos, las respectivas tasaciones se elevan al Jurado Provincial de Expropiación.