Tema 64 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 65. Policía autonómica

Corresponden a la Comunidad Autónoma: las políticas de seguridad públicas de Andalucía, en los términos del artículo 149.1.29.ª de la Constitución; la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Andaluza, bajo la directa dependencia de la Junta y sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado; y la ordenación general y la coordinación supramunicipal de las policías locales, que dependen de las autoridades municipales. Se creará una Junta de Seguridad paritaria (Gobierno y Junta de Andalucía).

Artículo 66. Protección civil y emergencias

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en protección civil, que incluye en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas sobre emergencias y seguridad civil, y la dirección y coordinación de los servicios de protección civil, incluidos los de prevención y extinción de incendios, respetando las competencias del Estado en seguridad pública. Tiene competencias de ejecución en salvamento marítimo en el litoral andaluz y participa en la ejecución en seguridad nuclear, en los términos de las leyes y de los convenios que se suscriban.

Artículo 67. Seguridad y competencias en materia penitenciaria

La Comunidad Autónoma tiene competencias de ejecución en tres materias: seguridad ciudadana y orden público, en los términos que establezca la legislación del Estado; seguridad privada, cuando así lo establezca la legislación del Estado; y la competencia ejecutiva en materia penitenciaria.

Artículo 1. Objeto

La seguridad ciudadana es requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas; su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las leyes. La ley regula actuaciones plurales y diversificadas para tutelarla mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La ley se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias autonómicas. Quedan fuera las prescripciones sobre el buen orden de los espectáculos y la protección de personas y bienes mediante acción administrativa ordinaria, aunque intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro del sistema preventivo habitual. Se aplica sin menoscabo de los regímenes de seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o de transportes, y deja a salvo la defensa nacional y los estados de alarma, excepción y sitio.

Artículo 3. Fines

Fines de la ley y de los poderes públicos: proteger el libre ejercicio de derechos y libertades; garantizar el normal funcionamiento de las instituciones; preservar la seguridad y convivencia ciudadanas; respetar leyes, paz y seguridad en el ejercicio de derechos; proteger personas y bienes, en especial menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección; uso pacífico de vías y espacios públicos; normalidad de los servicios básicos; prevenir delitos e infracciones y sancionar las de la ley; y transparencia.

Artículo 4. Principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana

Las potestades de la ley se rigen por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, con control administrativo y jurisdiccional. Los capítulos III y V se interpretan del modo más favorable a los derechos fundamentales, en especial reunión, manifestación, expresión, información, libertad sindical y huelga. La intervención exige una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso que pueda causar un perjuicio real.

Artículo 5. Autoridades y órganos competentes

El Gobierno, por medio del Ministerio del Interior, los demás órganos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dirige la política de seguridad ciudadana. En la AGE son autoridades competentes el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los directivos de Interior con esa condición, los Delegados del Gobierno, y los Subdelegados y Directores Insulares. También las autonómicas con competencias y policía propia; las autoridades locales y de Ceuta y Melilla ejercen sus facultades legales.

Artículo 6. Cooperación interadministrativa

La Administración General del Estado y las demás administraciones con competencias en seguridad ciudadana se relacionan según los principios de cooperación y lealtad institucional: se facilitan la información, conforme a la legislación vigente, y la asistencia técnica necesarias, y, cuando sea preciso, coordinan las acciones para garantizar el cumplimiento de la ley, conforme a la Ley Orgánica 2/1986 y la Ley 30/1992.

Artículo 7. Deber de colaboración

Autoridades y funcionarios deben colaborar con las autoridades del artículo 5 y auxiliarlas, y comunicar de inmediato los hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana o puedan producir una perturbación grave. Puede recabarse la ayuda de los particulares, sobre todo en grave calamidad o catástrofe, siempre sin riesgo personal para ellos y con indemnización de los daños. La seguridad privada tiene un especial deber de auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la policía administrativa, un especial deber de colaborar.

Artículo 8. Acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles

Los españoles tienen derecho a que se les expida el DNI, documento público y oficial y el único con valor suficiente por sí solo para acreditar, a todos los efectos, la identidad y los datos personales del titular. Lleva fotografía, firma y los datos que fije el reglamento, que nunca pueden ser relativos a raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual ni afiliación política o sindical. Permite la identificación y la firma electrónica a los mayores de edad con plena capacidad de obrar y a los menores emancipados.

Artículo 9. Obligaciones y derechos del titular del Documento Nacional de Identidad

El DNI es obligatorio a partir de los catorce años; es personal e intransferible y su titular debe mantenerlo en vigor, conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia. Nadie puede ser privado de él, ni siquiera temporalmente, salvo cuando por ley deba sustituirse por otro documento. Quien esté obligado a tenerlo debe exhibirlo y permitir comprobar sus medidas de seguridad cuando lo requieran la autoridad o sus agentes, y su sustracción o extravío se comunica cuanto antes a la comisaría o puesto más próximo.

Artículo 10. Competencias sobre el Documento Nacional de Identidad

El Ministerio del Interior tiene la competencia exclusiva para dirigir, organizar y gestionar todo lo relativo a la confección y expedición del DNI, conforme a esta Ley y a la legislación sobre firma electrónica. Esa competencia la ejerce la Dirección General de la Policía, que además custodia y responde de los archivos y ficheros del DNI. La expedición está sujeta al pago de una tasa.

Artículo 11. Pasaporte de ciudadanos españoles

El pasaporte es documento público, personal, individual e intransferible que, salvo prueba en contrario, acredita identidad y nacionalidad de los españoles fuera de España y, dentro, la de los no residentes. Solo se niega por condena privativa de libertad no extinguida, retirada judicial, libertad vigilada con prohibición de salir o prohibición judicial de salida o de expedición a menores o personas con capacidad modificada. Los sujetos a patria potestad o tutela necesitan consentimiento expreso. Su extravío se comunica de inmediato.

Artículo 12. Competencias sobre el pasaporte

La expedición del pasaporte corresponde, en el territorio nacional, a la Dirección General de la Policía y, en el extranjero, a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España. Está sujeta al pago de una tasa. El desarrollo de la Ley en lo referente al régimen jurídico del pasaporte corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Artículo 13. Acreditación de la identidad de ciudadanos extranjeros

Los extranjeros en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar y portar la documentación de identidad expedida por su país de origen o procedencia y la que acredite su situación regular en España. Solo pueden ser privados de su documentación de origen en investigaciones judiciales de carácter penal. Deben exhibirla y permitir comprobar sus medidas de seguridad cuando lo requieran las autoridades o sus agentes, por el tiempo imprescindible, y si no la llevan pueden demostrar su identidad por cualquier otro medio.

Artículo 14. Órdenes y prohibiciones

Las autoridades competentes, de conformidad con las leyes y reglamentos, pueden dictar órdenes y prohibiciones y disponer actuaciones policiales, siempre que sean estrictamente necesarias para asegurar la consecución de los fines de esta Ley y lo hagan mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 15. Entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solo entran y registran un domicilio en los casos que permite la Constitución y en los términos de las Leyes. Es causa legítima suficiente evitar daños inminentes y graves a personas y cosas en catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros casos semejantes de extrema y urgente necesidad. Para entrar en edificios de organismos oficiales o entidades públicas no hace falta el consentimiento de quien los tenga a su cargo. Si entran en un domicilio particular por estas causas, remiten sin dilación el acta o atestado a la autoridad judicial competente.

Artículo 16. Identificación de personas

Los agentes pueden requerir la identificación si hay indicios de participación en una infracción o si es razonablemente necesario para prevenir un delito, respetando proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Si no es posible identificar a la persona o se niega, pueden pedirle que les acompañe a dependencias policiales, solo para identificarla y nunca más de seis horas. Allí hay un libro-registro cuyos asientos se cancelan de oficio a los tres años, se remite cada mes un extracto al Ministerio Fiscal y al salir se entrega un volante.

Artículo 17. Restricción del tránsito y controles en las vías públicas

Los agentes pueden limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad cuando se altere la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, o haya indicios racionales de que vaya a alterarse, por el tiempo imprescindible, y ocupar preventivamente efectos o instrumentos para acciones ilegales. Para prevenir delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, y detener a sus autores, pueden establecerse controles cuando sea indispensable identificar personas, registrar vehículos o controlar superficialmente efectos personales.

Artículo 18. Comprobaciones y registros en lugares públicos

Los agentes de la autoridad pueden comprobar personas, bienes y vehículos para impedir que en lugares públicos se porten o usen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos de riesgo potencialmente grave, cuando haya indicios de su presencia, e intervenirlos; los ciudadanos deben colaborar y no obstaculizar. También pueden ocupar temporalmente objetos o medios de agresión, incluso armas portadas con licencia, para prevenir delitos o cuando haya peligro para personas o bienes.

Artículo 19. Disposiciones comunes a las diligencias de identificación, registro y comprobación

Las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas conforme a esta sección no están sujetas a las mismas formalidades que la detención. Si durante ellas se aprehenden armas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos de un delito o infracción administrativa, se hace constar en acta que firma el interesado; si se niega, se deja constancia expresa. El acta goza de presunción de veracidad de los hechos consignados, salvo prueba en contrario.

Artículo 20. Registros corporales externos

Cabe el registro corporal externo y superficial si hay indicios racionales de que llevará al hallazgo de objetos relevantes para la indagación y prevención. Salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes, lo practica un agente del mismo sexo y, si deja a la vista partes normalmente cubiertas, se hace en lugar reservado y con constancia escrita. Respeta la injerencia mínima y los principios del artículo 16.1, se informa de inmediato a la persona y puede hacerse contra su voluntad con la compulsión indispensable.

Artículo 21. Medidas de seguridad extraordinarias

Las autoridades competentes pueden acordar como medidas extraordinarias el cierre o desalojo de locales, la prohibición del paso, la evacuación de inmuebles o espacios públicos acotados o el depósito de explosivos, en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y por el tiempo estrictamente necesario. Si la urgencia lo exige, pueden adoptarlas los agentes, incluso con órdenes verbales. Emergencia es la situación de riesgo sobrevenida que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación rápida.

Artículo 22. Uso de videocámaras

La autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden grabar personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

Artículo 23. Reuniones y manifestaciones

Las autoridades protegen la celebración de reuniones y manifestaciones; pueden disolver reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 y disolver concentraciones de vehículos que dificulten la circulación. La intervención es gradual y proporcionada, y la disolución, el último recurso. Antes hay que avisar a los afectados, de palabra si urge; sin previo aviso solo si hay alteración con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos.

Artículo 24. Colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

En los casos a que se refiere el artículo anterior, dentro de la sección dedicada a la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben colaborar mutuamente, en los términos previstos en su Ley orgánica reguladora.

Artículo 25. Obligaciones de registro documental

Quienes ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana (hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos, compraventa de joyas y metales, preciosos o no, u obras de arte, cerrajería de seguridad, residuos metálicos, chatarra o venta de productos químicos peligrosos a particulares) quedan sujetos a registro documental e información. También los titulares de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.

Artículo 26. Establecimientos e instalaciones obligados a adoptar medidas de seguridad

Por vía reglamentaria, en desarrollo de esta Ley, de la legislación de seguridad privada, de la de infraestructuras críticas o de otra normativa sectorial, puede exigirse que establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, y las infraestructuras críticas, adopten medidas de seguridad para prevenir delitos o infracciones administrativas, o cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.

Artículo 27. Espectáculos y actividades recreativas

El Estado puede dictar normas de seguridad pública para edificios e instalaciones de espectáculos y actividades recreativas. Las autoridades pueden prohibirlos o suspenderlos si hay peligro cierto para personas y bienes o graves alteraciones de la seguridad ciudadana, ocurridas o previstas. Los delegados de la autoridad presentes pueden suspenderlos, previo aviso a los organizadores, por razones de máxima urgencia. Los espectáculos deportivos quedan siempre sujetos a la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Artículo 28. Control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos

Corresponde al Gobierno regular los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales, y de explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, y adoptar las medidas de control. La intervención corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyos servicios pueden inspeccionar en cualquier momento.

Artículo 29. Medidas de control

El Gobierno regula el control de armas, explosivos, cartuchería y pirotecnia: sujeta fábricas, talleres, depósitos, comercios y lugares de uso a catalogación, autorización, inspección y control y exige habilitación al personal; impone licencias para adquirir, tener y usar armas de fuego, restrictivas en las de defensa personal (solo estricta necesidad), valorando conducta y antecedentes; y prohíbe las especialmente peligrosas. Supervisan el sector los Ministerios de Defensa, del Interior y de Industria, Energía y Turismo.

Artículo 30. Sujetos responsables

La responsabilidad por la infracción recae directamente en su autor. Los menores de catorce años están exentos; si uno comete una infracción, la autoridad lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. Son organizadores o promotores de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones quienes suscriben la comunicación y también, aunque no la hayan presentado, quienes de hecho las presiden o dirigen o a quienes razonablemente pueda tenerse por directores por convocatorias, lemas, banderas u otros hechos.

Artículo 31. Normas concursales

Cuando un hecho encaja en dos o más preceptos: el especial se aplica con preferencia al general; el más amplio o complejo absorbe al que sanciona las infracciones consumidas en él; y, en defecto de los anteriores, el más grave excluye a los de sanción menor. Si un solo hecho constituye varias infracciones o una es medio necesario para la otra, se sanciona por la de mayor sanción. Lo que sirve para graduar la sanción o calificar la infracción no se sanciona aparte.

Artículo 32. Órganos competentes

En la Administración General del Estado sancionan: el Ministro del Interior, las infracciones muy graves en grado máximo; el Secretario de Estado de Seguridad, las muy graves en grado medio y mínimo; y los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, las graves y leves. También son competentes las autoridades autonómicas en su ámbito y los alcaldes, si la infracción se comete en espacios públicos municipales o afecta a bienes locales y tienen competencia en la materia.

Artículo 33. Graduación de las sanciones

Rige la proporcionalidad. En muy graves y graves, la multa se divide en tres tramos iguales (mínimo, medio, máximo). Cometer la infracción supone grado mínimo; grado medio si concurre al menos una circunstancia: reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en dos años, declarada por resolución firme), violencia, amenaza o intimidación, rostro cubierto o uso de menores o personas vulnerables. Grado máximo solo con especial gravedad justificada. En las leves la multa se fija directamente.

Artículo 34. Clasificación de las infracciones

Artículo 35. Infracciones muy graves

Son muy graves: reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras de servicios básicos o sus inmediaciones y la intrusión en ellas, incluido el sobrevuelo, si generan riesgo para la vida o integridad (en reuniones responden organizadores o promotores); las conductas ilícitas con armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o pirotecnia que causen perjuicios muy graves; celebrar espectáculos quebrantando su prohibición o suspensión; y proyectar haces de luz sobre pilotos o conductores.

Artículo 36. Infracciones graves

Recoge veintidós infracciones graves, entre ellas: perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos o ante las sedes del Congreso, el Senado o las asambleas autonómicas aunque no estén reunidas; desórdenes u obstaculización de la vía pública; desobediencia o resistencia a la autoridad, negativa a identificarse o datos falsos; negarse a disolver reuniones; portar o usar armas prohibidas o de modo negligente; consumir o tener drogas en lugares públicos; y carecer de los registros obligatorios. Muchas exigen que el hecho no sea delito.

Artículo 37. Infracciones leves

Recoge diecisiete infracciones leves, entre ellas: reuniones o manifestaciones que incumplan la Ley Orgánica 9/1983 (responden organizadores o promotores); faltas de respeto a agentes; proyectar luz sobre agentes; ocupar inmuebles ajenos o la vía pública, incluida la venta ambulante no autorizada; no obtener la documentación personal; perderla por tercera vez en un año; daños o deslucimiento de bienes; escalar edificios con riesgo; y beber alcohol en la vía pública perturbando gravemente la tranquilidad.

Artículo 38. Prescripción de las infracciones

Las infracciones prescriben a los seis meses (leves), al año (graves) o a los dos años (muy graves) desde su comisión; en las continuadas, desde la última infracción, y en las de efectos permanentes, desde que se eliminó la situación ilícita. Interrumpe la prescripción cualquier actuación administrativa dirigida a sancionar de la que el interesado tenga conocimiento formal; se reanuda si el procedimiento se paraliza más de un mes sin culpa del responsable. También la interrumpe un procedimiento judicial penal.

Artículo 39. Sanciones

Multas: muy graves, de 30.001 a 600.000 euros; graves, de 601 a 30.000; leves, de 100 a 600. Grados en muy graves: mínimo hasta 220.000, medio hasta 410.000 y máximo hasta 600.000; en graves: mínimo hasta 10.400, medio hasta 20.200 y máximo hasta 30.000. Accesorias: retirada de armas y licencias, comiso y suspensión de licencias o clausura de locales (de seis meses y un día a dos años en muy graves y hasta seis meses en graves; con reincidencia, hasta seis o dos años).

Artículo 40. Prescripción de las sanciones

Las sanciones prescriben a los tres años (muy graves), a los dos años (graves) y al año (leves), contados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora. Interrumpe la prescripción iniciar, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución; el plazo vuelve a correr si este se paraliza más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 41. Habilitación reglamentaria

Los reglamentos de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones y sanciones de la Ley, siempre que no creen nuevas infracciones o sanciones ni alteren su naturaleza y límites, y que sirvan para identificar mejor las conductas o determinar con más precisión las sanciones.

Artículo 42. Reparación del daño e indemnización

Si la conducta sancionada causó daños o perjuicios a la Administración, la resolución se pronuncia sobre la reposición al estado originario y, si no es posible, sobre la indemnización si el importe quedó determinado; si no, se fija en un procedimiento complementario, con posible terminación convencional, que pone fin a la vía administrativa. La responsabilidad civil es siempre solidaria entre los causantes; por los menores de dieciocho años no emancipados o personas con capacidad modificada responden solidariamente padres, tutores o guardadores.

Artículo 43. Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana

En el Ministerio del Interior se crea el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, solo para apreciar la reincidencia; las comunidades autónomas con competencias y policía propia pueden crear los suyos. Solo se anotan datos del infractor, infracción, sanciones firmes, lugar y fecha, y órgano sancionador. Se informa al sancionado, que puede pedir acceso, cancelación o rectificación. Los asientos se cancelan de oficio a los tres, dos o un año (muy graves, graves, leves) desde la firmeza de la sanción.

Artículo 44. Régimen jurídico

La potestad sancionadora en materia de protección de la seguridad ciudadana se rige por el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades que regula el propio capítulo de esta Ley.

Artículo 45. Carácter subsidiario del procedimiento administrativo sancionador respecto del penal

No se sancionan hechos ya sancionados penal o administrativamente si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si la conducta puede ser delito, el órgano administrativo pasa el tanto de culpa al juez o al Ministerio Fiscal y se abstiene hasta sentencia firme u otra resolución que ponga fin al proceso penal, o hasta que el Fiscal descarte la vía penal; mientras, se interrumpe la prescripción. Luego puede seguir, vinculado por los hechos probados. Las medidas cautelares previas pueden mantenerse mientras el juez no resuelva otra cosa.

Artículo 46. Acceso a los datos de otras administraciones públicas

Las autoridades competentes para sancionar pueden acceder, sin consentimiento previo del titular, a los datos de los infractores directamente relacionados con la investigación, con garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. Además, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, este en cuanto al Padrón Municipal, facilitan a los órganos estatales competentes el acceso a sus ficheros, sin consentimiento de los interesados.

Artículo 47. Medidas provisionales anteriores al procedimiento

Los agentes intervienen y aprehenden cautelarmente los instrumentos de la infracción y el dinero, frutos o productos obtenidos, que quedan en depósito o bajo custodia policial durante el procedimiento o hasta que se acuerde su devolución o comiso; los fungibles cuyo depósito cueste más que su valor venal se destruyen o reciben destino adecuado. Ante grave riesgo o peligro inminente, los agentes pueden adoptar antes del procedimiento las medidas del artículo 49.1, salvo la f), que la incoación debe ratificar, modificar o revocar en quince días como máximo.

Artículo 48. Actuaciones previas

Antes de incoar el procedimiento pueden hacerse actuaciones previas para ver si está justificado: precisar los hechos, identificar a los posibles responsables y las circunstancias relevantes. Se incorporan al procedimiento. Pueden practicarse sin intervención del presunto responsable si es indispensable para el buen fin de la investigación, dejando constancia escrita de las razones. No interrumpen la prescripción de las infracciones.

Artículo 49. Medidas de carácter provisional

Incoado el expediente, el órgano competente para resolver puede adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, medidas provisionales necesarias y proporcionadas, nunca sancionadoras: depósito de instrumentos, medidas de seguridad, suspensión o clausura preventiva de locales, suspensión de actividades o autorizaciones, o de la venta de entradas, entre otras. Los gastos son del causante. No pueden durar más de la mitad del plazo previsto para la sanción, salvo acuerdo motivado. Son inmediatamente ejecutivas y se extinguen con la resolución final.

Artículo 50. Caducidad del procedimiento

El procedimiento caduca al año de su incoación sin notificar la resolución, teniendo en cuenta las paralizaciones imputables al interesado o la suspensión por un procedimiento judicial penal con identidad de sujeto, hecho y fundamento. La resolución que declara la caducidad se notifica y pone fin al procedimiento, aunque puede incoarse otro mientras la infracción no haya prescrito. Los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción.

Artículo 51. Efectos de la resolución

En la Administración General del Estado, la resolución sancionadora es recurrible conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Contra la que pone fin a la vía administrativa cabe recurso contencioso-administrativo, en su caso por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 52. Valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad

En los procedimientos sancionadores de esta Ley, las denuncias, atestados o actas de los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos son base suficiente para resolver, salvo prueba en contrario. Si el denunciado niega los hechos, deben ser ratificados. Los agentes deben aportar además todos los elementos probatorios disponibles.

Artículo 53. Ejecución de la sanción

La sanción se ejecuta una vez firme en vía administrativa. La suspensión de licencias, autorizaciones o permisos empieza a cumplirse un mes después de la firmeza. Las multas no abonadas se pagan en los quince días siguientes a la firmeza; vencido el plazo, se exigen por apremio, con la providencia de apremio notificada como título ejecutivo. Para las sanciones estatales rige el Reglamento General de Recaudación. Si se acuerda devolver lo aprehendido y el titular no lo recupera en un mes desde la notificación, se destruye o recibe destino adecuado.

Artículo 54. Procedimiento abreviado

Notificada la incoación por infracción grave o leve, el interesado tiene quince días para pagar voluntariamente con reducción o para alegar y proponer pruebas. Si paga, se sigue el procedimiento abreviado; si no, el ordinario. El abreviado no se aplica a las muy graves. El pago en plazo supone reducción del 50 por ciento, renuncia a alegar (lo alegado se tiene por no presentado) y fin del procedimiento el día del pago sin resolución expresa; la sanción solo es recurrible ante el orden contencioso-administrativo.

Artículo 1

La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación. Las Comunidades Autónomas participan en él según sus Estatutos y en el marco de esta Ley; las Corporaciones Locales, según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de esta Ley. Todas las Administraciones lo ejercen a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 2

Enumera las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes del Gobierno de la Nación; b) los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas; c) los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. Cada grupo se identifica por la Administración de la que depende.

Artículo 3

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben ajustar su actuación al principio de cooperación recíproca. Su coordinación se lleva a cabo a través de los órganos que la propia Ley establece a tal efecto.

Artículo 4

Todos tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos, en los términos previstos legalmente. Quienes ejercen funciones de vigilancia, seguridad o custodia de personal, bienes o servicios, públicos o privados, tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con ellas.

Artículo 5

Seis bloques de principios: 1) adecuación al ordenamiento (respeto a la Constitución, neutralidad política e imparcialidad, integridad, jerarquía y subordinación sin que la obediencia debida ampare delitos, colaboración con la Justicia); 2) relaciones con la comunidad (trato correcto, información, congruencia, oportunidad y proporcionalidad; armas solo ante riesgo racionalmente grave); 3) trato a detenidos (identificarse al detener); 4) dedicación total, de servicio o no; 5) secreto profesional; 6) responsabilidad personal y directa.

Artículo 6

Estatuto común: promoción conforme a objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad; formación profesional y permanente, con estudios convalidables por el Ministerio de Educación y Ciencia; juramento o promesa de acatar la Constitución; remuneración justa; horario fijado reglamentariamente; puestos provistos por mérito, capacidad y antigüedad; incompatibilidad con cualquier otra actividad pública o privada, salvo las exceptuadas; prohibición de la huelga y de acciones sustitutivas; régimen disciplinario acorde con su organización jerarquizada.

Artículo 7

En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son agentes de la autoridad a todos los efectos legales. Si se comete atentado con armas de fuego, explosivos u otros medios de análoga peligrosidad que puedan poner en peligro grave su integridad física, tienen la consideración de autoridad a efectos de su protección penal. La Guardia Civil solo es fuerza armada al cumplir misiones de carácter militar.

Artículo 8

La jurisdicción ordinaria conoce de los delitos contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los cometidos por ellos en sus funciones. Si el Juez de Instrucción aprecia indicios racionales de criminalidad, remite a la Audiencia Provincial, que instruye, procesa y falla; en las faltas, instruye y falla el juez de instrucción. Se exceptúa la jurisdicción militar. Prisión en establecimientos ordinarios, separados. El expediente disciplinario puede tramitarse, pero solo se resuelve tras sentencia penal firme, cuyos hechos probados vinculan.

Artículo 37

Las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos lo prevean pueden crear Cuerpos de Policía para la vigilancia y protección del artículo 148.1.22 de la Constitución y las demás funciones de esta Ley. Las que no hagan uso de esa posibilidad pueden ejercer esas funciones conforme a los artículos 39 y 47. Las que no tengan prevista en su Estatuto la creación de policía pueden ejercerlas mediante acuerdos de cooperación específica con el Estado.

Artículo 38

Las Comunidades con policía propia ejercen tres clases de funciones. Propias: velar por sus disposiciones, vigilar y proteger sus personas, órganos y edificios, inspeccionar actividades y usar la coacción para la ejecución forzosa. En colaboración con el Estado: velar por las leyes estatales, policía judicial y vigilancia de espacios públicos y grandes concentraciones (esta, prioritaria para la policía autonómica). Simultáneas e indiferenciadas: conflictos privados, auxilio en catástrofes y protección de la naturaleza.

Artículo 39

Las Comunidades Autónomas coordinan la actuación de las Policías Locales de su territorio, conforme a esta Ley y a la de Bases de Régimen Local, mediante: normas-marco para los Reglamentos de Policías Locales; homogeneización de medios técnicos, uniformes y retribuciones; criterios de selección, formación, promoción y movilidad, con un nivel educativo nunca inferior a graduado escolar; y coordinación de la formación mediante Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica.

Artículo 40

El régimen estatutario de las policías autonómicas se determina, conforme al artículo 149.1.18 de la Constitución, por: los principios generales del título I de esta Ley, lo establecido en su capítulo, lo que dispongan los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas, y los Reglamentos específicos de cada Cuerpo.

Artículo 41

Los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma crean sus Cuerpos de Policía, previo informe del Consejo del artículo 48, y los modifican o suprimen si su Estatuto lo prevé. Son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada. Deben vestir uniforme salvo excepciones autorizadas por las Juntas de Seguridad. Pueden portar armas de fuego, pero la licencia de armas la otorga en todo caso el Gobierno de la Nación.

Artículo 42

Las policías autonómicas solo actúan en el territorio de su Comunidad, salvo en emergencias y previo requerimiento de las autoridades estatales. Cuando protegen a autoridades públicas de la Comunidad pueden salir de su territorio, previa autorización del Ministerio del Interior y, cuando proceda, comunicación al órgano de gobierno de la Comunidad, con las condiciones y requisitos que se fijen reglamentariamente.

Artículo 43

Las Autoridades de la Comunidad designan a los Mandos de su policía entre Jefes, Oficiales y Mandos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pasan a la situación reglamentaria en su Cuerpo de origen y pueden volver cuando lo soliciten. Un porcentaje de vacantes puede cubrirse por promoción interna, según fije el Consejo del artículo 48. Una vez designados y antes de su adscripción, hacen un curso homologado por el Ministerio del Interior.

Artículo 44

Las Comunidades Autónomas regulan y organizan la selección, el ingreso, la promoción y la formación de los miembros de sus Cuerpos de Policía, sin perjuicio de lo que establezcan los respectivos Estatutos de Autonomía.

Artículo 45

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas deben prestarse mutuo auxilio e información recíproca en el ejercicio de sus funciones respectivas.

Artículo 46

Si una Comunidad que puede crear policía no tiene medios suficientes para las funciones del artículo 38.1 y 2.c), puede pedir, a través de las Autoridades del Estado, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las Autoridades gubernativas estatales deciden el modo y forma, y esas fuerzas actúan bajo el mando de sus Jefes naturales. En los demás casos de actuación concurrente, dirigen la operación los Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Artículo 47

Las Comunidades del artículo 37.2 pueden pedir al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior, la adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía para las funciones del artículo 38.1. Se pacta en acuerdos administrativos de colaboración específica con estos principios: Unidades completas, no miembros sueltos; dependencia funcional de la Comunidad y orgánica del Ministerio del Interior; mando de sus Jefes naturales; posible reemplazo a iniciativa estatal, oída la Comunidad.

Artículo 48

Crea el Consejo de Política de Seguridad para coordinar las políticas de seguridad del Estado y de las Comunidades. Lo preside el Ministro del Interior y lo integran los Consejeros de Interior o Gobernación autonómicos y un número igual de representantes estatales designados por el Gobierno. Aprueba planes de coordinación, directivas y recomendaciones; informa plantillas (y puede fijar su máximo), disposiciones autonómicas y convenios. Elabora y aprueba su propio Reglamento de régimen interior.

Artículo 49

Dentro del Consejo de Política de Seguridad funciona un Comité de Expertos de ocho miembros: cuatro del Estado y cuatro de las Comunidades, estos designados anualmente por los miembros autonómicos del Consejo. Asesora técnicamente al Consejo, prepara los asuntos del Pleno y, en particular, elabora fórmulas de coordinación, prepara acuerdos de cooperación, propone programas de formación y elabora planes de actuación conjunta. Su composición y funcionamiento los fija el Reglamento de régimen interior del Consejo.

Artículo 50

En las Comunidades con policía propia puede constituirse una Junta de Seguridad, con igual número de representantes del Estado y de la Comunidad, que coordina a ambas policías en los términos reglamentarios. Es el órgano competente para resolver las incidencias de su colaboración; las Autoridades autonómicas y los Gobernadores civiles deben informarle periódicamente de las deficiencias de coordinación, auxilio e información, indicando medidas para corregirlas.

Artículo 51

Los municipios pueden crear cuerpos de policía propios conforme a esta Ley, la de Bases de Régimen Local y la legislación autonómica. Donde no hay policía municipal, sus cometidos los ejerce el personal de custodia y vigilancia (guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos). Solo actúan en su municipio, salvo emergencias y previo requerimiento; para proteger a autoridades locales pueden salir con autorización del Ministerio del Interior o de la autoridad autonómica con policía propia, si actúan íntegramente en esa Comunidad.

Artículo 52

Las Policías Locales son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura jerarquizada. Su régimen estatutario sigue los principios de los capítulos II y III del título I y la sección cuarta del capítulo IV del título II de esta Ley, adaptados a su dependencia, más las normas autonómicas, los Reglamentos de cada cuerpo y las normas municipales. Sus derechos sindicales, la ley prevista en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Se les aplica la regla del uniforme del artículo 41.3, pero la dispensa la da el Gobernador Civil.

Artículo 53

Funciones de la Policía Local: proteger a las autoridades locales y sus edificios; ordenar el tráfico e instruir atestados de accidentes en el casco urbano; policía administrativa de ordenanzas y bandos; policía judicial; auxilio en catástrofes; diligencias de prevención; vigilar espacios públicos y colaborar en manifestaciones y grandes concentraciones; cooperar en conflictos privados. Atestados y diligencias de prevención se comunican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En grandes municipios, el Pleno puede asignar funcionarios solo al tráfico.

Artículo 54

En los municipios con Cuerpo de Policía propio puede constituirse una Junta Local de Seguridad, órgano competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su territorio. Su constitución y composición se fijan reglamentariamente. La preside el Alcalde, salvo que asista a sus sesiones el Gobernador civil de la provincia, en cuyo caso la presidencia es compartida con este.

Artículo 1. Objeto y finalidad

La protección civil es un instrumento de la política de seguridad pública: el servicio público que protege a personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante emergencias y catástrofes de origen natural o humano, sea este accidental o intencionado. La ley tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de Protección Civil, para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias estatales en la materia.

Artículo 2. Definiciones

Define siete conceptos: peligro (potencial de ocasionar daño); vulnerabilidad (característica que hace a personas o bienes susceptibles de ser afectados por un peligro); amenaza (exposición a un peligro inminente o latente); riesgo (posibilidad de que una amenaza llegue a afectar); emergencia de protección civil (riesgo colectivo que exige gestión rápida, también llamada emergencia extraordinaria); catástrofe (cuya atención supera los medios de la propia comunidad); y servicios esenciales.

Artículo 3. El Sistema Nacional de Protección Civil

El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas para una respuesta coordinada y eficiente mediante cinco actuaciones: prever los riesgos, planificar medios y medidas, intervenir de forma inmediata, adoptar medidas de recuperación y coordinar, seguir y evaluar el Sistema. Se rige por los principios de colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal.

Artículo 4. Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil

La Estrategia del Sistema Nacional analiza prospectivamente riesgos y capacidades de respuesta y fija líneas estratégicas de acción. Sus líneas básicas y directrices las aprueba el Consejo Nacional de Protección Civil; puede desarrollarse con planes anuales o programas sectoriales y se revisa, al menos, cada cuatro años. La Estrategia Nacional de Protección Civil integra las actuaciones de la Administración General del Estado y la aprueba el Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior.

Artículo 5. Derecho a la protección en caso de catástrofe

Todos los residentes en España tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones en caso de catástrofe, sin más límites que las condiciones peligrosas propias de la situación y la disponibilidad de medios y recursos. La atención debe ser equivalente sea cual sea el lugar de residencia. Los servicios públicos identificarán cuanto antes a las víctimas e informarán a familiares o allegados, y se adoptarán medidas específicas para las personas con discapacidad.

Artículo 6. Derecho a la información

Todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos sobre los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos. Esta información debe darse tanto en caso de emergencia como de forma preventiva, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes.

Artículo 7. Derecho a la participación

Los ciudadanos tienen derecho a participar, directamente o a través de entidades representativas de sus intereses, en la elaboración de las normas y planes de protección civil, en los términos que fijen las leyes o reglamentos. Su participación en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través de las entidades de voluntariado, conforme a las leyes y sus normas de desarrollo.

Artículo 7 bis. Deber de colaboración

Ciudadanos y personas jurídicas deben colaborar, personal o materialmente, en la protección civil si lo requiere la autoridad. En emergencias, toda persona mayor de edad está obligada a las prestaciones personales que se le exijan, sin indemnización. Las autoridades pueden requisar bienes, ocuparlos o suspender actividades, con indemnización de los perjuicios. Las medidas duran lo estrictamente necesario. Los titulares de actividades de riesgo deben informar e instalar a su cargo sistemas de alarma, y los medios de comunicación colaboran gratis.

Artículo 7 ter. Deber de cautela y autoprotección

Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar generar riesgos y exponerse a ellos y, producida una emergencia, actuar según las indicaciones de los agentes de los servicios públicos competentes. Los titulares de centros, establecimientos y dependencias, públicos o privados, que generen riesgo de emergencia están obligados a adoptar las medidas de autoprotección previstas en la ley. Las Administraciones promoverán organizaciones de autoprotección entre empresas y entidades que generen riesgo.

Artículo 7 quáter. Voluntariado en el ámbito de la protección civil

El voluntariado de protección civil puede colaborar en la gestión de emergencias como expresión de participación ciudadana, sin perjuicio del deber general de colaboración del artículo 7 bis. Los voluntarios actúan a través de sus entidades de voluntariado y siguiendo sus directrices, sin que su colaboración entrañe en ningún caso relación de empleo con la Administración. Los poderes públicos promoverán su participación y formación, y la red de radioaficionados voluntarios podrá complementar las comunicaciones de emergencia.

Artículo 8. Definición

La anticipación es la actuación que busca determinar los riesgos en un territorio. Se basa en dos elementos: las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas. Comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas.

Artículo 9. Red Nacional de Información sobre Protección Civil

Crea la Red Nacional de Información sobre Protección Civil para anticipar riesgos y facilitar una respuesta eficaz, sin perjuicio de las competencias autonómicas. Permite recoger e intercambiar información sobre riesgos, medidas y recursos. Contiene: el Mapa Nacional de Riesgos, los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia, el registro informatizado de planes, los catálogos de recursos movilizables, el Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes y cualquier otra información necesaria. Acceso según criterios del Consejo Nacional.

Artículo 10. Política de prevención

La prevención es el conjunto de medidas y acciones para evitar o mitigar los impactos adversos de riesgos y amenazas. Antes de prestar actividades catalogadas (art. 9.2.b) hace falta un estudio técnico de efectos sobre los riesgos, que evalúa el órgano competente. Los planes deben tener programas de información, comunicación preventiva y alerta, con recepción garantizada por los colectivos vulnerables y accesibles a personas con discapacidad. Educación, con Interior y las comunidades autónomas, elabora un plan de formación obligatorio en centros no universitarios.

Artículo 11. Fondo de Prevención de Emergencias

Crea el Fondo de Prevención de Emergencias, gestionado por el Ministerio del Interior y dotado con créditos de los Presupuestos Generales del Estado. Financia, en el ámbito de la AGE, actividades preventivas: análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos; mapas de riesgos; programas de sensibilización e información preventiva; programas de educación para la prevención en centros escolares; y otras análogas. Interior puede suscribir instrumentos de colaboración con otros ministerios, Administraciones y entidades públicas o privadas, financiados total o parcialmente con el Fondo.

Artículo 12. Red de Alerta Nacional de Protección Civil

Crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil: sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes, sin perjuicio de las competencias autonómicas, para que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza. La gestiona el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. Los organismos públicos que detecten amenazas deben comunicarlas de inmediato a ese Centro. Los órganos autonómicos de coordinación de emergencias son cauce de información y de transmisión de la alerta.

Artículo 13. Norma Básica de Protección Civil

La Norma Básica de Protección Civil se aprueba por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio del Interior y previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil. Establece las directrices básicas para identificar riesgos y gestionarlos integralmente, el contenido mínimo y los criterios generales para elaborar los Planes de Protección Civil, y el desarrollo por los órganos competentes de las actividades de implantación.

Artículo 14. Planes de Protección Civil

Los Planes de Protección Civil prevén el marco orgánico-funcional, los mecanismos para movilizar recursos humanos y materiales para proteger personas y bienes en emergencias y el esquema de coordinación entre Administraciones. Son: el Plan Estatal General, los Planes Territoriales (autonómicos o locales), los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección. El Plan Estatal General y los Territoriales y Especiales de ámbito estatal o autonómico deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil para adecuarlos al Sistema Nacional.

Artículo 15. Tipos de Planes

El Plan Estatal General organiza la actuación de la AGE para apoyar a otras Administraciones y dirigir y coordinar las emergencias de interés nacional; lo aprueba el Gobierno a propuesta del Ministro del Interior. Los Territoriales cubren los riesgos de una Comunidad Autónoma o Entidad Local y los aprueba la Administración competente. Los Especiales atienden riesgos concretos (inundaciones, terremotos, incendios forestales…) y pueden ser estatales o autonómicos; los de riesgo nuclear y conflicto bélico son siempre estatales. Los de Autoprotección se refieren a centros e instalaciones.

Artículo 16. Definición

La respuesta inmediata es la actuación de los servicios públicos o privados de intervención y asistencia tras una emergencia o ante una situación que pudiera derivar en ella. Persigue evitar daños, rescatar y proteger a personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y cubrir las necesidades básicas de subsistencia. Incluye atención sanitaria, psicológica y social de urgencia, refugio, reparación inicial de daños para restablecer servicios e infraestructuras esenciales y otras acciones para iniciar la recuperación.

Artículo 17. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil

Son servicios públicos de intervención y asistencia, entre otros: los servicios técnicos de protección civil, los de extinción de incendios y salvamento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la atención sanitaria de emergencia, las Fuerzas Armadas y la UME, los órganos autonómicos de coordinación de emergencias, los servicios de rescate y los equipos de identificación de víctimas. Los órganos autonómicos pueden actuar como Centro de Coordinación Operativa según los planes. Voluntarios y entidades colaboradoras actúan subordinados a los servicios públicos.

Artículo 18. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil

El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias gestiona la Red Nacional de Información (y elabora, previo acuerdo del Consejo Nacional, un plan de interconexión) y la Red de Alerta Nacional; divulga datos y estadísticas; actúa como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés nacional, con integración operativa de los órganos autonómicos; es punto de contacto con la Unión Europea y otros países; y canaliza la información de ciudadanos y entidades. Se encuadra en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Artículo 19. Disponibilidad de los recursos del Estado

En emergencias no declaradas de interés nacional, el Estado colabora con Comunidades Autónomas y Entidades Locales facilitando recursos humanos y materiales, en los términos acordados en el Consejo Nacional de Protección Civil. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas actúan encuadrados y a las órdenes de sus mandos naturales, dirigidos por la autoridad designada en el plan aplicable. La responsabilidad por daños derivados de la intervención de medios de la AGE corresponde a la Administración que asuma la dirección de la emergencia.

Artículo 20. Fase de recuperación

La fase de recuperación agrupa las acciones y medidas de ayuda de entidades públicas y privadas para restablecer la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata. Si la magnitud exige la intervención de la AGE, se aplican las medidas del capítulo previa declaración conforme al artículo 23, y se informa de las razones, en el menor plazo posible, a la Comunidad Autónoma afectada o, en su caso, al Consejo Nacional. Las medidas son ayudas y en ningún caso tienen carácter indemnizatorio.

Artículo 21. Daños materiales

Los daños materiales deben ser ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes con cobertura de seguro, público o privado. Las ayudas son compatibles con las de otras Administraciones y con las indemnizaciones de seguros, sin que el total supere el valor del daño. Valoran los daños organismos especializados en tasación o servicios técnicos de las Administraciones. El Consorcio de Compensación de Seguros cobra la peritación según su baremo, intercambia datos con la Administración, recibe información de las aseguradoras y puede emitir informes de valoración.

Artículo 22. Daños personales

Cuando se producen daños personales se conceden ayudas económicas por dos causas: fallecimiento e incapacidad absoluta y permanente. El régimen concreto de esas ayudas se remite a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la ley.

Artículo 23. Procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se hace por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de otros ministerios concernidos, e incluye siempre la delimitación del área. Pueden solicitarla las administraciones interesadas, y el Gobierno puede pedir antes informe a las comunidades autónomas afectadas. Se valoran los daños personales o materiales de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida o la paralización de servicios públicos esenciales.

Artículo 24. Medidas aplicables

Declarada una zona afectada gravemente, en los términos que apruebe el Consejo de Ministros, caben ayudas por vivienda y enseres, compensación a Corporaciones Locales, ayudas por prestación personal o de bienes, a establecimientos, por infraestructuras municipales y por producciones agrarias, y líneas de avales y préstamos del ICO. Además, medidas fiscales (IBI exento, IAE reducido, tasas de Tráfico exentas, ayudas por daños personales exentas del IRPF) y laborales (fuerza mayor, moratoria de cotizaciones de hasta un año sin interés, devoluciones).

Artículo 25. Seguimiento y coordinación

Tras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se hace un seguimiento de las medidas del capítulo, en los términos que se determinen reglamentariamente. Para coordinar y seguir las medidas de la Administración General del Estado y, en su caso, de otras Administraciones, se constituye una Comisión de Coordinación integrada por representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local afectadas.

Artículo 26. Evaluación e inspección

La evaluación y la inspección del Sistema Nacional de Protección Civil buscan mejorar la calidad de la respuesta pública en la gestión integral de riesgos y emergencias. Se aplican a todas las actuaciones del Sistema y las realizan las Administraciones Públicas competentes. El Consejo Nacional de Protección Civil elabora directrices de evaluación de aplicación general y un Programa de Inspección, que cada Administración ejecuta en su ámbito, respetando su autoorganización y la dirección de sus servicios.

Artículo 27. Memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil

Cada año se eleva al Senado una memoria que permita valorar la eficacia del Sistema Nacional de Protección Civil. La elabora el Consejo Nacional de Protección Civil, la propone el Ministro del Interior y la eleva el Gobierno.

Artículo 28. Definición

Son emergencias de interés nacional: 1) las que requieran, para proteger personas y bienes, aplicar la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio; 2) aquellas en que haya que prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan aportar recursos a nivel supraautonómico; 3) las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección nacional.

Artículo 29. Declaración

La declaración de emergencia de interés nacional corresponde al titular del Ministerio del Interior, por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en ellas. Si la declaración es a iniciativa del Ministerio, se precisa en todo caso comunicación previa con la Comunidad o Comunidades Autónomas afectadas, por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración ni la eficacia de la respuesta.

Artículo 30. Efectos

Declarada la emergencia de interés nacional, el titular del Ministerio del Interior asume su dirección: ordena y coordina las actuaciones y gestiona todos los recursos estatales, autonómicos y locales del territorio afectado, sin perjuicio de lo previsto para los estados de alarma, excepción y sitio y en la normativa de seguridad nacional. Según la gravedad, puede requerir la colaboración de Administraciones con recursos movilizables aunque la emergencia no afecte a su territorio.

Artículo 39. Consejo Nacional de Protección Civil

El Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano de cooperación de la AGE, las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Administración Local, representada por la FEMP. Lo preside el Ministro del Interior y lo integran los ministros que determine el Gobierno, representantes autonómicos y la persona que designe la FEMP. Funciona en Pleno y en Comisión Permanente; el Pleno aprueba las líneas básicas de la Estrategia. Aprueba su reglamento interno y es Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU.

Artículo 40. Órganos territoriales de participación y coordinación en materia de protección civil

En los órganos territoriales de participación y coordinación en materia de protección civil pueden participar representantes de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo que disponga la normativa autonómica.

Artículo 41. Contribución al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea

El Ministerio del Interior es el punto de contacto español del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, en prevención, preparación y respuesta a desastres, y actúa cuando sea oportuno en coordinación con los Departamentos de la AGE afectados y las Comunidades Autónomas. Asegura la coherencia de la participación española, coopera con el Centro de Control e Información europeo y sigue siendo punto de contacto del Sistema Común de Información y Comunicación de Emergencias. El régimen de los módulos españoles se fija reglamentariamente.

Artículo 42. Cooperación Internacional

El Ministerio del Interior recaba y moviliza los recursos del Sistema Nacional para prevenir y afrontar catástrofes en terceros países en dos casos: cuando proceda por tratados internacionales y convenios bilaterales suscritos por España, o cuando lo acuerde el Gobierno a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, y de otros Departamentos cuyas competencias puedan verse afectadas.

Artículo 43. Ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración General del Estado

Los órganos competentes de la Administración General del Estado ejercen la potestad sancionadora prevista en este título cuando las conductas presuntamente constitutivas de infracción se cometen con ocasión de emergencias declaradas de interés nacional, o de la ejecución de planes de protección civil cuya dirección y gestión corresponda a la propia AGE.

Artículo 44. Sujetos responsables

Artículo 45. Infracciones

Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la ley, clasificadas en muy graves, graves y leves. Muy graves: incumplir obligaciones de los planes, órdenes en emergencias declaradas o los deberes del artículo 7 bis.7 con especial peligrosidad o trascendencia, y cometer una segunda infracción grave en un año. Graves: esos mismos incumplimientos sin especial peligrosidad o trascendencia, incumplir el 7 bis.8 con especial trascendencia y cometer una tercera infracción leve en un año. Leves: el 7 bis.8 sin especial trascendencia y cualquier otro incumplimiento.

Artículo 46. Sanciones

Fija la cuantía de las multas según la clasificación de las infracciones: las muy graves se sancionan con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 1.501 a 30.000 euros; y las leves, con multa de hasta 1.500 euros.

Artículo 47. Graduación

La aplicación de las sanciones de esta ley se hace conforme al artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 48. Competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora

Resuelven los procedimientos sancionadores: el titular de la Delegación del Gobierno, las infracciones leves; el titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, las graves; y el titular del Ministerio del Interior, las muy graves.

Artículo 49. Procedimiento sancionador

La potestad sancionadora en protección civil se rige por el título IX de la Ley 30/1992 y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades de este título. El plazo máximo para resolver es de seis meses en los procedimientos por infracciones graves y muy graves, y de tres meses en los de infracciones leves.

Artículo 50. Medidas provisionales

Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para incoarlo puede adoptar en cualquier momento medidas provisionales, proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción: depósito de instrumentos u objetos peligrosos, medidas de seguridad a cargo de los titulares, suspensión o clausura preventiva de locales y suspensión de actividades en establecimientos vulnerables sin Planes de Autoprotección. Ante amenaza inminente pueden adoptarse antes del procedimiento, y deben ratificarse, modificarse o revocarse en la incoación en quince días como máximo.

Artículo 1. Objeto

La Ley regula la gestión de emergencias en Andalucía: acciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para proteger la vida e integridad de las personas y los bienes en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, y también en situaciones no catastróficas que requieran actuaciones multisectoriales y especiales medidas de coordinación de los servicios operativos. Para ello, las Administraciones Públicas establecerán un sistema integrado de coordinación, dirección y control, basado en su colaboración y, en su caso, con entidades privadas y ciudadanía.

Artículo 2. Ámbito

La Ley se aplica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo que disponga la normativa de ámbito estatal para regular las situaciones de emergencia que sean expresamente declaradas de interés nacional.

Artículo 3. Principios de actuación

Las Administraciones Públicas competentes orientan su actividad a propiciar: a) previsión de riesgos (planificación mediante identificación y análisis); b) reducción de riesgos (prevención, medidas correctoras, inspección y sanción); c) elaboración y aprobación de planes de emergencia y protocolos operativos; d) medidas de intervención para paliar las consecuencias; e) programas de rehabilitación; f) formación e información de los ciudadanos que puedan resultar afectados, y capacitación y reciclaje de técnicos de protección civil y personal interviniente.

Artículo 4. Derechos

Las Administraciones Públicas deben orientar su actividad a garantizar la protección efectiva de la vida e integridad física de las personas y los bienes. Los ciudadanos tienen derecho a recibir información sobre los riesgos que puedan afectarles, sus consecuencias previsibles y las medidas de autoprotección y conductas a seguir, en el marco de los planes de emergencia. Los mayores de edad podrán participar en protección civil adscribiéndose a Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil u otras formas de colaboración que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 5. Deberes

En grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, los mayores de edad y las personas jurídicas deben colaborar en protección civil según las instrucciones de las autoridades. Quienes realicen actividades que puedan generar emergencias o verse afectados deben adoptar autoprotección, mantener medios, informar y someterse a inspecciones. Los medios de comunicación transmiten los avisos de las autoridades de forma prioritaria y gratuita, indicando la autoridad de procedencia. Ante emergencias del artículo 30 y para simulacros, se puede requerir colaboración ciudadana, justificada y proporcionada.

Artículo 6. Atribuciones de carácter excepcional

Activado el plan de emergencia, la autoridad competente prevista en él puede adoptar sus medidas y, en general: evacuar personas de zonas de intervención y socorro; ordenar la permanencia en domicilios y locales; limitar el acceso a zonas de operación; limitar y condicionar el uso de servicios públicos y el consumo de bienes; ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de bienes y servicios estrictamente necesarios, según las Leyes; y ordenar la omisión de acciones y prestaciones personales obligatorias, proporcionadas y que no dan lugar necesariamente a indemnización.

Artículo 7. Actuaciones básicas

Ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones básicas de protección civil de los sujetos públicos o privados abarcan cinco aspectos: previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación.

Artículo 8. Previsión

Las Administraciones Públicas competentes por razón del territorio elaboran mapas de riesgos, expresión espacial de los riesgos de cada ámbito geográfico de planificación, con los datos que faciliten personas físicas o jurídicas, públicas o privadas; las Administraciones se reservan siempre los criterios de revisión de esa información. La Consejería competente en protección civil impulsa el desarrollo y la difusión de los mapas de riesgos de Andalucía y puede requerir datos y suscribir convenios y fórmulas de colaboración.

Artículo 9. Prevención

Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, promueven la reducción de riesgos y la prevención de catástrofes y calamidades, con especial atención a la capacitación de los servicios operativos y a la formación y colaboración de la población, y velan por el cumplimiento de la normativa con potestades de inspección y sanción. Un reglamento establecerá el catálogo de actividades susceptibles de generar riesgo, y los titulares de centros, establecimientos y dependencias con esas actividades deben adoptar las medidas de seguridad reglamentarias.

Artículo 10. Planificación

Los planes de emergencia son el instrumento normativo que establece el marco orgánico y funcional y los mecanismos de actuación y coordinación ante grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Hay cuatro tipos: a) planes territoriales de emergencia; b) planes especiales y planes específicos; c) planes de emergencia interior o de autoprotección; d) planes sectoriales.

Artículo 11. Evaluación de la planificación. Simulacros

Los simulacros que impliquen la intervención de distintos servicios operativos exigen siempre la previa aprobación del Plan de Emergencia correspondiente; los ordena la autoridad prevista en ese Plan y se realizan conforme a sus disposiciones.

Artículo 12. Planes Territoriales

Los planes territoriales afrontan las emergencias generales de cada ámbito territorial. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía cubre las de la Comunidad no declaradas de interés nacional; es plan director (directrices para elaborar, aprobar y homologar los demás planes) y plan de emergencia (respuesta regional y despliegue provincial). Lo aprueba el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Los municipales los aprueba el Pleno y los supramunicipales su órgano colegiado competente; los homologa la Comisión.

Artículo 13. Planes especiales y planes específicos

Planes especiales: para riesgos que el Estado regula mediante directriz básica de planificación; los elabora la Consejería competente en protección civil (y, en su caso, la competente por la materia), los aprueba el Consejo de Gobierno y su homologación sigue la normativa estatal. Planes específicos: para riesgos de especial significación en Andalucía apreciados por el Consejo de Gobierno con una norma marco de contenido mínimo; los aprueba el órgano colegiado superior de la Administración competente por el territorio y los homologa la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Artículo 14. Planes de emergencia interior o de autoprotección

Los planes de emergencia interior o de autoprotección los elaboran los titulares o responsables de centros e instalaciones con actividades generadoras de riesgo del catálogo del artículo 9.2, o que puedan verse afectados por emergencias. Fijan la comunicación, coordinación e interfase con el plan territorial, especial o específico en que se integren. Los titulares deben tener medios humanos y materiales suficientes; adscribir medios públicos de intervención exige acuerdo previo de la Administración titular del servicio. Las autoridades de protección civil pueden inspeccionarlos.

Artículo 15. Planes sectoriales

Son planes sectoriales los instrumentos de planificación general de un sector de actividad con disposiciones que inciden en la materia de esta Ley. En lo relativo a emergencias atenderán al Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, que en cualquier caso prevalece. Los aprueba la autoridad competente por razón de la materia, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía sobre su adaptación a la Ley, a su desarrollo y, especialmente, al Plan Territorial.

Artículo 16. Intervención

Ante grave riesgo o emergencia, la autoridad prevista en el plan lo activa; si la evolución lo aconseja, se activa un plan de ámbito superior según el Plan Territorial y los respectivos planes; la desactivación sigue el procedimiento del propio plan. Las emergencias no declaradas de interés nacional pero de especial gravedad por magnitud o extensión pueden ser declaradas de interés general de Andalucía por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente. El Consejo de Gobierno fijará el contenido, efectos y medidas de esa declaración.

Artículo 17. Rehabilitación

Las Administraciones Públicas, en su ámbito, adoptan medidas para rehabilitar los servicios esenciales cuando su carencia sea por sí misma una emergencia o perturbe las operaciones, con mecanismos de coordinación interadministrativa. Puede constituirse una Comisión de Rehabilitación, que centraliza el seguimiento de la evaluación y la rehabilitación, y es preceptiva en las emergencias declaradas de interés general de Andalucía. Su composición, atribuciones y funcionamiento los fija la normativa de desarrollo, con participación de todas las Administraciones y de los sectores afectados.

Artículo 18. Relaciones entre las Administraciones Públicas

Las Administraciones en Andalucía se ajustan a este capítulo, sin perjuicio de la legislación estatal del sistema nacional de protección civil y la de régimen local. Deben colaborar mediante instrumentos que fijen de forma común y voluntaria; con planes activados, la coordinación se canaliza por el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía y los Centros de Coordinación Operativa Locales. Pueden pedirse información y deben asistirse mutuamente; la asistencia solo se niega si el ente no está facultado, carece de medios o sufriría perjuicio grave, y la negativa se comunica motivadamente.

Artículo 19. La Administración de la Junta de Andalucía

A los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía les corresponde, conforme a los artículos siguientes, dirigir, ordenar y coordinar la gestión de emergencias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, con participación de todas las Consejerías según las competencias y funciones que tengan atribuidas.

Artículo 20. El Consejo de Gobierno

Al Consejo de Gobierno le corresponden las competencias que le atribuyan esta y otras Leyes y, en especial: aprobar el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales; fijar las directrices esenciales en prevención, intervención y rehabilitación; acordar la declaración de emergencia de interés general de Andalucía; ejercer las facultades de sanción conforme a esta Ley; y las demás que le atribuya la legislación vigente.

Artículo 21. El titular de la Consejería competente en materia de protección civil

Al titular de la Consejería competente en protección civil le corresponde, entre otras: coordinar la política de protección civil; dictar disposiciones generales y ejecutar los acuerdos del Consejo de Gobierno; requerir información; promover el mapa de riesgos, el catálogo de recursos movilizables y los planes territorial, especiales y específicos; establecer servicios propios; dirigir según esos planes; proponer la declaración de emergencia de interés general; presidir la Comisión de Protección Civil de Andalucía; inspeccionar; cooperar con otras Administraciones; y sancionar.

Artículo 22. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la Provincia

La persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ejerce las funciones y atribuciones que le asignen esta Ley, los correspondientes planes de emergencia y cualquier otra normativa en materia de incendios forestales.

Artículo 23. El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía

Se crea el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en protección civil, como centro de comunicaciones y gestión para actuaciones coordinadas. Funciones: recibir informaciones predictivas y avisos; coordinar los medios de la Junta entre sí y con los de otras Administraciones y entidades; actuar como centro de coordinación operativo según el Plan Territorial; apoyar a los centros locales; y las demás que se le atribuyan. Servicio permanente, organización por Decreto y vínculo con el Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias.

Artículo 24. La Comisión de Protección Civil de Andalucía

La Comisión de Protección Civil de Andalucía es el órgano colegiado deliberante y consultivo, de homologación, coordinación y participación de las Administraciones Públicas en protección civil. La integran representantes de todas las Administraciones Públicas y funciona en Pleno y en Comisión Permanente; pueden crearse Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo para estudiar asuntos. Su composición, organización y funcionamiento se regulan por reglamento.

Artículo 25. Entidades locales de ámbito supramunicipal

Las entidades supramunicipales podrán crear y mantener servicios operativos propios de prevención e intervención, desarrollar y ejecutar las directrices de protección civil de los órganos competentes de la Junta de Andalucía y ejercer las funciones que les encomienden los municipios de su ámbito territorial, sin perjuicio de la normativa de Régimen Local.

Artículo 26. Los municipios

Los municipios tienen capacidad general de planificación y actuación: crean la estructura municipal de protección civil, elaboran y aprueban el Plan de Emergencia Municipal, mantienen el catálogo de recursos movilizables, aseguran la interfase con planes superiores, dirigen la coordinación operativa, promueven el voluntariado y hacen prevención e información. El Alcalde es la máxima autoridad de protección civil del municipio. Con más de veinte mil habitantes, servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento; donde no sea obligatorio y falte, lo garantizan las Diputaciones.

Artículo 27. Los servicios operativos

Son servicios operativos los llamados a intervenir en emergencias; actúan bajo la supervisión de sus departamentos y la superior dirección del plan de emergencia activado. Sus responsables deben informar a las autoridades de protección civil autonómicas y locales sobre medios, recursos, movilización, actuaciones y lo necesario para confeccionar, implantar, revisar y activar planes. La Junta y las entidades locales pueden concertar acuerdos o convenios con otras Administraciones y entidades para movilizar servicios operativos en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 28. El voluntariado de protección civil

La Junta de Andalucía y las entidades locales podrán articular cauces de colaboración voluntaria y altruista de los ciudadanos en protección civil, con un procedimiento de integración, para colaborar en prevención, socorro y rehabilitación. La acción voluntaria no puede reemplazar actividades desarrolladas mediante trabajo remunerado ni eximir a los poderes públicos de garantizar prestaciones o servicios ya asumidos por las Administraciones.

Artículo 29. Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil

Las entidades locales acuerdan crear la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en su territorio. La Consejería competente en protección civil regula el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de Andalucía, fija los requisitos de creación e inscripción y los criterios de homologación en formación, equipamiento, distintivos y uniformidad. En todo caso se garantizan el equipamiento, la formación y la cobertura de los riesgos derivados de sus funciones.

Artículo 30. Emergencias no catastróficas

Son emergencias no catastróficas las situaciones que, sin suponer grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, requieren para su gestión actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos.

Artículo 31. Colaboración e información

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, radicadas en Andalucía cuya actividad esté relacionada con la prevención, atención, socorro y seguridad de personas y bienes deben prestar colaboración e información a los órganos de dirección y coordinación de emergencias de la Junta de Andalucía y, en su caso, de las entidades locales.

Artículo 32. Relaciones interadministrativas

La Consejería competente en protección civil puede recabar información a las Administraciones y a los responsables de servicios operativos sobre sus recursos y actuaciones. Quienes actúan en emergencias deben colaborar a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía u otros órganos designados por la Consejería: informando de localización, personal, medios técnicos y demás aspectos de su servicio, y comunicando las emergencias que conozcan (origen, características, evolución y finalización). La Consejería promoverá convenios para programas conjuntos y protocolos de coordinación.

Artículo 33. Los protocolos de coordinación operativa

Los protocolos de coordinación operativa establecen los procedimientos de notificación de emergencias, la dirección de las operaciones, las medidas a adoptar y los criterios de movilización de medios y recursos. La Consejería competente en protección civil determina sus procedimientos de elaboración y aprobación y propone sus contenidos mínimos, en colaboración con las Administraciones y servicios interesados y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Artículo 34. Coordinación integrada de urgencias y emergencias

La Junta establecerá un sistema de acceso rápido, sencillo y eficaz a los servicios públicos de urgencias y emergencias: una coordinación integrada de las demandas que, por el teléfono único europeo 112 u otro que fije la normativa europea, permite pedir asistencia sanitaria de urgencia, extinción de incendio y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil, dependan de quien dependan. No comprende la prestación material de la asistencia. Es compatible con otros servicios de llamadas de urgencia; su ordenación y superior dirección son del Consejero competente.

Artículo 35. Organización del sistema

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en protección civil y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, aprueba las disposiciones de organización y funcionamiento del sistema, cuya elaboración corresponde a ese Consejero. La Junta gestiona el Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias en régimen de gestión directa, según reglamento. La comunicación a los servicios operativos y el protocolo de coordinación, control y seguimiento se acuerdan entre la Consejería, las demás Consejerías y los titulares de esos servicios.

Artículo 36. Los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento

Son Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento los prestados por las entidades locales, por sí solas o asociadas, en su respectivo ámbito territorial, con la finalidad de desarrollar las funciones previstas en el artículo 38 de la ley.

Artículo 37. Funciones de la Consejería competente en materia de protección civil

A la Consejería competente en protección civil le corresponde: fijar las normas marco de sus reglamentos; promover estudios técnicos de riesgos; homogeneizar medios y recursos; proponer criterios de selección, formación, promoción y movilidad; recabar y coordinar su actuación fuera de su ámbito; asesorar a sus entidades si lo piden; promover su prestación asociada; elaborar el Plan Director; crear la Unidad Canina de Rescate de Andalucía y homologar las unidades caninas de los servicios. Colabora con las Administraciones afectadas a través del Consejo Andaluz del Fuego.

Artículo 38. Funciones de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento

Estos servicios desarrollan, entre otras: la planificación y ejecución de la prevención y actuación frente a incendios y siniestros, el salvamento y la protección de bienes; medidas preventivas, inspección e informes preceptivos previos a licencias de explotación; medidas excepcionales y provisionales hasta que decida la autoridad competente, con proporcionalidad; investigación de siniestros; estudio de técnicas de protección; participación en planes de emergencia y en campañas a la ciudadanía; y las demás legales. Para las funciones a) a d) sus funcionarios son agentes de la autoridad.

Artículo 39. Escalas, grupos, subgrupos y categorías

El personal funcionario de carrera se estructura en tres escalas: superior (grupo A), con Intendente (A1) y Oficial (A2); ejecutiva (grupo B), con Inspector y Subinspector; y operativa (grupo C), con Jefe de dotación y Bombero, ambos del subgrupo C1. No puede crearse una plaza de categoría superior sin plazas en todas las inferiores. Cada Administración titular fija la plantilla y la relación de puestos de trabajo, con forma de provisión, jornada y retribuciones.

Artículo 39 bis. Funciones de las escalas y categorías profesionales

Cada escala ejerce las funciones del artículo 38 adecuadas a su titulación: la superior, sobre todo planificación, organización, dirección, coordinación, inspección y jefatura; la ejecutiva, programación de tareas, jefatura y apoyo administrativo y técnico; la operativa, prevención y operaciones ante siniestros, apoyo logístico y administrativo e informes. Si faltan escalas o categorías, las funciones las ejercen las existentes con titulación y preparación adecuadas, según el reglamento interno. Caben puestos de bomberos con capacidades sanitarias.

Artículo 40. Acceso

Las convocatorias de ingreso regulan sus condiciones con pleno respeto a igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y se aplican las normas de función pública. Se accede por turno libre, promoción interna y movilidad; el reglamento fija las condiciones de cada categoría. Para ser funcionario de carrera, tras superar las pruebas, es indispensable un curso de formación específico con aprovechamiento. Entidades locales y consorcios pueden, por acuerdo y convenio, atribuir a la Consejería la convocatoria y los procesos selectivos, que hará convocatoria unificada.

Artículo 41. Formación

La Junta de Andalucía, a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, planifica, homologa e imparte cursos para el acceso y la promoción en la carrera de los bomberos, orientados a la cualificación y la excelencia. Además, promoverá una oferta pública del título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil como título habilitante para acceder a la escala ejecutiva, según fije el desarrollo reglamentario.

Artículo 42. Segunda actividad. Ámbito y Naturaleza

Las Administraciones establecerán la segunda actividad para garantizar la aptitud psicofísica. Se pasa a ella a los 60 años en la Escala Directiva, 57 en la Ejecutiva y 55 en la Básica, por embarazo o por merma de aptitudes. Dura hasta la jubilación u otra situación distinta del servicio activo, salvo embarazo o pérdida de aptitudes cuyas causas desaparezcan. Puede limitarse cada año y por categoría el número de pases y aplazarse el pase por periodos de un año, a petición del interesado y con informe médico favorable. Pueden ser requeridos para actuaciones operativas concretas.

Artículo 43. Características

La segunda actividad se presta en otro puesto adecuado a la categoría, fijado por la Administración titular, preferentemente en prevención y extinción de incendios y salvamento y, si no es posible, en otro servicio. Rigen los mismos regímenes disciplinario y de incompatibilidades que en activo, salvo en un servicio distinto, donde rige el régimen disciplinario general. En segunda actividad no se puede participar en promoción ni movilidad en estos servicios. Las particularidades retributivas se fijan por reglamento.

Artículo 44. Segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas

Pasan a segunda actividad, sin límite de edad, quienes tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas para las funciones operativas, según dictamen de tribunal médico y sin incapacidad permanente; se inicia de oficio o a solicitud del interesado. Dictaminan los servicios médicos de la Administración titular o, si no existen, los facultativos que designe; a petición del interesado cabe un tribunal médico del sistema sanitario público andaluz. Resuelve el órgano municipal competente. Cabe reingresar si desaparecen las causas, previo dictamen del tribunal médico.

Artículo 45. Régimen disciplinario

Rige el régimen disciplinario general, con especialidades. Muy graves: maltrato grave o abuso; delitos dolosos del servicio o con graves daños; insubordinación o desobediencia; no acudir a siniestros estando de servicio; embriagarse o drogarse si repercute en el servicio o negarse a las pruebas; sustraer o alterar documentos. Graves: no dar cuenta a autoridades y mandos; consumir alcohol o drogas de servicio o negarse a las pruebas. Leves: descuido personal, no llevar uniforme e incumplir funciones básicas. Se gradúa por intencionalidad, perturbación, daños, reincidencia y trascendencia.

Artículo 46. Los bomberos voluntarios

Son bomberos voluntarios quienes, tras superar el curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, colaboran de forma voluntaria y altruista con algún servicio de prevención y extinción de incendios andaluz, siempre bajo dirección y supervisión de profesionales. No tienen los derechos de funcionarios ni de personal laboral, pero reciben equipamiento, seguro de accidentes y responsabilidad civil y defensa jurídica. Se les aplica el artículo 28, su desarrollo y, en su caso, el reglamento operativo de su Administración homologado por el Consejo Andaluz del Fuego.

Artículo 47. El Consejo Andaluz del Fuego

Se crea el Consejo Andaluz del Fuego, órgano colegiado consultivo y de participación adscrito a la Consejería competente en protección civil. Lo integran representantes de la Junta, de las entidades locales y de los sindicatos más representativos en el ámbito local andaluz. Funciones: informar preceptivamente en los supuestos del artículo 37.2, proponer criterios de coordinación, cooperación y asistencia entre servicios, proponer cambios normativos o medidas preventivas y las demás legales. Lo preside el titular de la Consejería y funciona en Pleno o en Comisión Permanente.

Artículo 48. Los agentes de emergencia de empresa

Son agentes de emergencia de empresa los trabajadores que, tras superar el curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, tienen asignadas funciones de prevención y extinción de incendios y salvamento en su centro de trabajo. Si se activa el plan de emergencia exterior, actúan según sus disposiciones, bajo la dirección y coordinación del servicio de prevención y extinción de incendios que intervenga.

Artículo 49. Responsabilidad

Pueden ser sancionadas por infracciones en materia de gestión de emergencias las personas físicas y jurídicas responsables, aun a título de simple inobservancia. Se aplican la tipificación, el procedimiento, las garantías y los criterios de este título y, en su defecto, el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 50. Infracciones

Muy graves: actos dolosos o temerarios con graves daños en emergencia; no adoptar las medidas de planes activados si causa graves daños; impedir u obstaculizar gravemente las medidas excepcionales del artículo 6; incumplir los medios de comunicación el artículo 5.3; reincidir en graves. Graves, entre otras: no comunicar previsiones, incidentes o activaciones de planes; denegar información u obstaculizar inspecciones; negarse sin causa a prestaciones personales; obstaculizar las medidas excepcionales; fallos en autoprotección; reincidir en leves. Leves: simulacros y demás incumplimientos.

Artículo 51. Sanciones

Sancionan los municipios y la Junta según su ámbito. Multas: muy graves, de 150.000,01 a 600.000 euros; graves, de 6.000,01 a 150.000; leves, de 0,01 a 6.000. Imponen sanciones, con expediente y audiencia: el Alcalde-Presidente hasta 12.000 euros (municipios de menos de 20.000 habitantes) o 60.000 (población superior); el Delegado de la Consejería, hasta 60.000; el Consejero, hasta 150.000; el Consejo de Gobierno, hasta 600.000. Sancionar nunca puede salir más rentable que cumplir. En muy graves con riesgo especial o alarma social, el Consejero puede cerrar o suspender.

Artículo 52. Medidas cautelares

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de personas o bienes, puede acordarse como medida cautelar la clausura inmediata del establecimiento, el precintado de sus instalaciones o la suspensión de la actividad, tanto en el acuerdo de iniciación como durante la instrucción. La adopta, mediante resolución motivada, la autoridad competente para incoar el procedimiento.

Artículo 1. Objeto

La ley tiene por objeto coordinar las policías locales andaluzas, sin perjuicio de que dependan de las autoridades municipales. La coordinación se hace mediante ordenación general y medidas normativas, competencias, funciones y técnicas con criterios básicos para homogeneizar organización, funcionamiento, selección, promoción, movilidad, régimen estatutario y sistemas de información, asesoramiento y colaboración recíprocas. La formación continuada y el perfeccionamiento son objetivo básico, y la coordinación respeta la autonomía local.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La ley se aplica: a) a los cuerpos de la Policía Local de los municipios andaluces y a su personal; b) al personal «vigilante municipal» en los municipios sin Cuerpo de la Policía Local; c) al personal en prácticas y al alumnado del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y de las escuelas municipales de la Policía Local, en lo que proceda; d) a las asociaciones de municipios constituidas para prestar funciones de Policía Local y a los funcionarios que realicen esos cometidos.

Artículo 3. Órganos competentes en materia de coordinación

Son tres los órganos competentes sobre las policías locales de Andalucía que enumera la ley: a) el Consejo de Gobierno; b) la Consejería con competencias sobre las policías locales, y c) la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

Artículo 4. Competencias de la Consejería

Corresponde a la Consejería con competencias sobre las policías locales, entre otras funciones: homogeneizar medios técnicos y uniformidad; desarrollar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad; coordinar, a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, la formación obligatoria de las escuelas municipales; coordinar actuaciones fuera del propio ámbito territorial; informar y asesorar a los municipios; conocer los acuerdos puntuales entre municipios, e impulsar de forma prioritaria planes contra la violencia de género.

Artículo 5. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía

La Comisión de Coordinación es un órgano consultivo adscrito a la Consejería competente, para la participación de ayuntamientos y personal de las policías locales en la coordinación. Preside la persona titular de la Consejería; vicepresidencia primera, el titular del órgano directivo central; segunda, un representante municipal. Vocales: 4 de la Junta, 6 municipales, 3 sindicales del personal municipal, 1 de jefaturas y mandos y 3 sindicales de Policía Local. Secretaría con voz y sin voto. La Presidencia nombra y cesa.

Artículo 6. Competencias y funcionamiento de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía

Corresponde a la Comisión de Coordinación: informar las normas sobre policías locales y los programas y criterios docentes básicos de los cursos de ingreso y capacitación; asesorar a la Consejería con informes técnicos; mediar y arbitrar en conflictos colectivos profesionales cuando lo pidan de común acuerdo el municipio y la junta o delegados de personal; conocer los proyectos de creación y extinción de cuerpos, y lo que le atribuyan otras normas. Se rige por esta ley, sus reglamentos, sus normas de funcionamiento, la normativa básica de órganos colegiados y la Ley 9/2007.

Artículo 7. Órganos de consulta y asesoramiento

La Consejería con competencias sobre las policías locales podrá constituir órganos asesores de carácter técnico para desarrollar sus funciones de ordenación general y coordinación. Además, el Consejo Andaluz de Concertación Local podrá formular a esa Consejería las propuestas que considere convenientes sobre las materias de la ley.

Artículo 8. Registros de policías locales y de personal vigilante municipal

Los registros de policías locales y de personal vigilante municipal de Andalucía son instrumentos de la Consejería competente para garantizar la coordinación, y en ellos se inscribe preceptivamente a todo ese personal. Un reglamento fijará la información que deben contener, desagregada por sexo, y las cautelas de confidencialidad. Las entidades locales están obligadas a comunicar los datos para mantenerlos actualizados.

Artículo 9. Naturaleza jurídica

Los cuerpos de la Policía Local son institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, bajo la superior autoridad de la persona titular de la alcaldía. Así lo establece la ley de conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica 2/1986 y el artículo 21.1.i) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 10. Creación de cuerpos de la Policía Local

En municipios de cinco mil habitantes o más existirá un cuerpo de Policía Local de, como mínimo, cinco personas funcionarias, con dependencias, medios técnicos, dotación presupuestaria y medios humanos suficientes. Los de menos de cinco mil podrán crearlo con autorización de la Consejería, previo acuerdo municipal con memoria que justifique cumplir esos requisitos en dos años. La autorización se otorga en seis meses, oída la Comisión de Coordinación; el silencio es desestimatorio.

Artículo 11. Denominación

Todos los cuerpos de la Policía Local tienen la denominación genérica de «Cuerpo de la Policía Local», y sus dependencias, la de «Jefatura de la Policía Local». Esta denominación común se entiende sin perjuicio de la organización interna que adopte cada ayuntamiento.

Artículo 12. Funciones

Los cuerpos de la Policía Local ejercen las funciones de la Ley Orgánica 2/1986 y demás normativa. Además, en su término municipal y previa delegación competencial o encomienda de gestión, hecha mediante decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente, podrán: velar por el cumplimiento de disposiciones y órdenes de la Comunidad Autónoma; vigilar y proteger sus personas, órganos, edificios y dependencias; inspeccionar actividades sometidas a su ordenación o disciplina, y usar la coacción para la ejecución forzosa de sus actos.

Artículo 13. Ámbito territorial de actuación

Los cuerpos de la Policía Local actúan en el ámbito territorial de su municipio. Pueden actuar fuera de su término municipal para cumplir decisiones del Ministerio Fiscal o de la Autoridad Judicial y en los demás supuestos legalmente previstos, siempre con el conocimiento de la alcaldía correspondiente.

Artículo 14. Actuaciones en situaciones de emergencia

Los cuerpos de la Policía Local pueden actuar fuera de su término municipal cuando los requiera la autoridad competente en las situaciones de emergencia que fije el reglamento, y siempre con la autorización de las personas titulares de las alcaldías respectivas.

Artículo 15. Convenios

Si un municipio, por insuficiencia temporal de servicios, necesita reforzar su plantilla de Policía Local, puede convenir con otros municipios andaluces que agentes suyos, individualmente especificados, actúen en su término por tiempo determinado. Los convenios se comunican a la Consejería con al menos cinco días de antelación al inicio de su ejecución. Esos servicios se prestan bajo la superior jefatura de la alcaldía del municipio donde se actúa, que designa el mando operativo.

Artículo 16. Funciones de protección de las autoridades

Cuando protejan a las autoridades de las corporaciones locales conforme a la Ley Orgánica 2/1986, y con la autorización prevista en su artículo 51.3, párrafo segundo, los integrantes de la Policía Local, previamente dispensados de la uniformidad, podrán ampliar su ámbito territorial de actuación si las autoridades protegidas salen del término municipal.

Artículo 17. Asociaciones de municipios para la prestación de servicios de policía local

Dos o más municipios andaluces limítrofes que no dispongan separadamente de recursos suficientes para prestar servicios de policía local podrán asociarse para prestarlos. Deben cumplir los requisitos legales y disponer de autorización del Ministerio del Interior. La coordinación del funcionamiento corresponde al órgano que fije el acuerdo de colaboración, sin perjuicio de que la alcaldía ejerza la jefatura de la Policía Local.

Artículo 18. Principios de actuación

En el ejercicio de sus funciones, los policías locales son agentes de la autoridad a todos los efectos legales. Actúan conforme a esta ley y demás normativa, respetando siempre los principios básicos de actuación de la Ley Orgánica 2/1986. Los ayuntamientos organizan la forma de prestación del servicio; la jefatura operativa organiza la intervención policial, y el servicio se presta obligatoriamente por un mínimo de dos personas funcionarias si la plantilla lo permite.

Artículo 19. Documento de acreditación profesional

Todo policía local tendrá un documento de acreditación profesional expedido por la alcaldía según el modelo oficial de la Consejería. Constan en él el municipio, nombre y apellidos, categoría, número de identificación como agente (asignado por la Consejería) y número del DNI. Si actúa sin uniforme o fuera de servicio, debe identificarse mostrándolo al dirigirse a un ciudadano. Un reglamento regulará la identidad digital.

Artículo 20. Armamento

Los policías locales, como miembros de un instituto armado, portan en servicio el armamento reglamentario asignado. La alcaldía puede decidir motivadamente qué servicios se prestan sin armas de fuego si no comportan riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física del agente o de terceros; pero los servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia van siempre con armas de fuego. Los ayuntamientos proponen entrenamiento periódico de tiro y disponen de lugares adecuados para custodiar el armamento.

Artículo 21. Uniformidad

La uniformidad es común para todos los policías locales de Andalucía; el uniforme lleva el escudo de la Junta, el del municipio y el número de identificación del agente. Se viste de servicio salvo dispensa prevista en la Ley Orgánica 2/1986, en cuyo caso hay que identificarse con el documento de acreditación profesional. Fuera del horario de servicio está prohibido usarlo, salvo supuestos excepcionales, y existe uniforme de gala para protocolo, representación o solemnidad.

Artículo 22. Medios técnicos

Son los ayuntamientos quienes dotan a los cuerpos de la Policía Local de medios técnicos, para uso individual o colectivo, en la forma que determine el reglamento y con características homogéneas en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 23. Grupos, subgrupos, escalas y categorías

Estructura: escala técnica (grupo A, subgrupo A1), con intendente principal e intendente; escala ejecutiva (A2), con inspector y subinspector; escala básica (C1), con oficial y policía. Las plazas de intendente principal solo se crean en capitales de provincia o municipios de más de cien mil habitantes, o excepcionalmente en municipios menores si el cuerpo tiene más de cien integrantes. No se puede crear una categoría superior sin plazas cubiertas en todas las inferiores.

Artículo 24. Criterios mínimos de proporcionalidad entre las diferentes categorías

Proporciones mínimas en plantilla (sin contar segunda actividad que trabaje fuera del área de seguridad): de seis a diez policías, al menos un oficial; con más de diez, uno por cada diez; un subinspector por cada cuatro oficiales; un inspector por cada cuatro subinspectores; un intendente por cada tres inspectores, y un intendente principal por cada tres intendentes si se cumple el artículo 23.2. El Pleno puede modificarlas motivadamente y remite el acuerdo a la Consejería para su conocimiento.

Artículo 25. Funciones por escalas

Con carácter general, y sin perjuicio de otras funciones atribuidas: a la escala técnica le corresponde la organización, dirección, coordinación y supervisión de unidades y servicios; a la ejecutiva, la responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios; a la básica, cumplir las funciones propias del servicio y realizar las planificadas por las escalas técnica y ejecutiva o, si no existen, por la jefatura del cuerpo.

Artículo 26. Jefatura del cuerpo

La alcaldía nombra a la jefatura inmediata del Cuerpo por libre designación, con respeto a mérito, capacidad, objetividad, igualdad y publicidad, entre funcionarios de carrera de la máxima categoría del cuerpo o, si lo acuerda el Ayuntamiento, de otros cuerpos andaluces de categoría igual o superior. Si queda sin cubrir, puede abrirse a otros cuerpos de seguridad con curso de adaptación. Ejerce las funciones de la escala técnica y la alcaldía puede removerla discrecionalmente.

Artículo 27. Personal funcionario de carrera

Los cuerpos de la Policía Local están integrados solamente por personal funcionario de carrera de los municipios respectivos; queda prohibida cualquier otra relación de servicios con la Administración y, en particular, las contrataciones laborales o administrativas. La condición de funcionario de carrera se adquiere tras superar el proceso selectivo, con el nombramiento por la autoridad competente y la toma de posesión.

Artículo 28. Derechos sindicales

Artículo 29. Incompatibilidades

Los integrantes de los cuerpos de la Policía Local están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que el resto del personal al servicio de las Administraciones públicas, regulado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 30. Interdicción del derecho de huelga

De conformidad con el artículo 6.8 de la Ley Orgánica 2/1986, la condición de policía local implica no poder ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas de la huelga o concertadas para alterar el normal funcionamiento de los servicios.

Artículo 31. Retribuciones

Los policías locales perciben retribuciones adecuadas a su nivel de formación, dedicación, incompatibilidad y especial riesgo, y a la especificidad de sus horarios y estructura. Las básicas se fijan conforme a la normativa básica estatal; las complementarias las fija cada ayuntamiento dentro de los límites legales, cuantificando las peculiaridades de cada categoría y la especificidad de los puestos.

Artículo 32. Premios, distinciones y condecoraciones

La Consejería con competencias sobre las policías locales podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los policías locales que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones. Requiere informe previo del municipio al que pertenezcan y se ajusta al reglamento que fije los requisitos de concesión.

Artículo 33. Prevención de riesgos laborales

Los policías locales tienen derecho a una protección eficaz en seguridad y salud; se les aplica la normativa general de prevención de riesgos laborales en las funciones sin características exclusivas de policía, seguridad y servicios operativos. El derecho incluye información y formación preventiva, propuestas y participación, vigilancia de la salud y medidas de prevención. Los ayuntamientos deben garantizar esa seguridad y salud, y las consejerías competentes podrán colaborar en formación y asesoramiento.

Artículo 34. Finalidad y naturaleza

Los municipios establecerán la segunda actividad para los policías locales con el fin de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en el servicio. Es una situación administrativa en la que se permanece hasta la jubilación u otra situación que no puede ser el servicio activo, salvo que se pasara a ella por pérdida de aptitudes psicofísicas, embarazo o riesgo durante la lactancia natural y hayan desaparecido esas causas.

Artículo 35. Características

La segunda actividad se presta en otro puesto adecuado a las condiciones psicofísicas y a la categoría, fijado motivadamente por el Ayuntamiento: preferentemente en el propio Cuerpo, si no en el área de seguridad y, en defecto de esta, en otros servicios municipales. No reduce retribuciones básicas ni complementarias, salvo las vinculadas al puesto. Mantiene los regímenes disciplinario y de incompatibilidades, salvo en servicios distintos. Impide promoción interna y movilidad, salvo embarazo y lactancia, y computa para trienios y jubilación.

Artículo 36. Causas

Se puede pasar a la situación de segunda actividad por tres causas: a) cumplir las edades fijadas para cada escala; b) disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial, y c) embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

Artículo 37. Segunda actividad por razón de edad

Se pasa a segunda actividad por edad a los sesenta años en la escala técnica, a los cincuenta y siete en la ejecutiva y a los cincuenta y cinco en la básica. El Ayuntamiento puede limitar motivadamente, por año natural y categoría, cuántos pasan, prorrogando el servicio activo de quienes excedan el cupo en orden inverso a la fecha en que cumplan la edad. Además, aplazará el pase por periodos de un año a solicitud del interesado con informe médico favorable, salvo acuerdo motivado en contra.

Artículo 38. Segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas

Pasa a segunda actividad, sin límite de edad, quien tenga disminuidas las aptitudes psicofísicas para la función policial, siempre que no suponga incapacidad permanente absoluta; el procedimiento se inicia de oficio o a solicitud. Dictaminan los servicios médicos municipales o, si no existen, personal facultativo designado por el Ayuntamiento; a petición del interesado puede constituirse un tribunal médico. Cabe reingresar si desaparecen las causas, y si el pase deriva de accidente laboral o enfermedad profesional se cobra el cien por cien.

Artículo 39. Cuadro de causas de disminución de las aptitudes psicofísicas

Corresponde al Consejo de Gobierno establecer reglamentariamente, para cada escala, el cuadro de causas de disminución de las aptitudes psicofísicas que originarán el pase a la situación de segunda actividad.

Artículo 40. Segunda actividad por embarazo o por riesgo durante lactancia natural

Las funcionarias de los cuerpos de la Policía Local podrán pasar a segunda actividad durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural, previo dictamen médico que lo acredite y según lo que fije el reglamento. En esa situación cobran el cien por cien de sus retribuciones.

Artículo 41. Requerimiento para el ejercicio de funciones policiales

La persona titular de la alcaldía podrá requerir, de forma motivada, a los policías locales en segunda actividad para que cumplan funciones policiales, cuando concurran razones excepcionales de seguridad ciudadana que determinará el reglamento.

Artículo 42. Jubilación

La jubilación de los policías locales puede ser voluntaria (a solicitud, con los requisitos de su régimen de Seguridad Social), forzosa (de oficio, al cumplir la edad del Estatuto Básico del Empleado Público o normativa específica) o por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. El jubilado conserva la condición de policía local jubilado con su categoría, puede vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, tener carné y conservar la placa modificada, pero nunca portar armas de fuego.

Artículo 43. Principios y competencias en la selección

La selección respeta mérito, capacidad, igualdad y publicidad, con libre concurrencia salvo lo previsto para promoción interna y movilidad. El Consejo de Gobierno regula los procedimientos y cursos selectivos (de ingreso para policía y de capacitación para las demás categorías); el IESPA diseña su contenido e impartición. Los ayuntamientos seleccionan y aprueban las bases, o atribuyen la convocatoria a la Consejería por acuerdo plenario y convenio. Permanencia mínima de cinco años y preaviso de seis meses; la renuncia la acuerda el titular de la alcaldía.

Artículo 44. Sistemas de acceso

Los sistemas de acceso son promoción interna, movilidad y turno libre. A policía se accede por turno libre, con la reserva para movilidad sin ascenso. A oficial, subinspector e inspector, por promoción interna con reserva para movilidad; si las plazas no se cubren, se recurre sucesivamente a movilidad y a turno libre, y si es la máxima categoría de la plantilla el Ayuntamiento elige. A intendente e intendente principal, por promoción interna, movilidad o turno libre, según decida el Ayuntamiento.

Artículo 45. Procedimientos de selección

Hay tres procedimientos selectivos: oposición, concurso-oposición y concurso. La oposición se usa para acceder a policía; el concurso-oposición, para las categorías superiores a policía; el concurso, para la movilidad a la misma categoría. Excepcionalmente, en promoción interna sin cambio de subgrupo de clasificación, el Ayuntamiento puede optar por el concurso.

Artículo 46. Titulaciones académicas

La titulación exigida para acceder a cada categoría es la de la escala en que se integra y la establecida para el subgrupo en que está clasificada la categoría a la que se aspira, según la legislación básica estatal de función pública. No fija títulos concretos: remite al subgrupo de la categoría de destino.

Artículo 47. Tribunales calificadores

Los tribunales u órganos de selección los nombra la persona titular de la alcaldía (salvo la atribución a la Consejería del artículo 43.4). Se rigen por imparcialidad, profesionalidad y presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo razones fundadas y motivadas. No pueden formar parte el personal de elección o designación política, el interino ni el eventual. Se pertenece siempre a título individual y actúan con plena independencia y discrecionalidad técnica.

Artículo 48. Medidas de fomento de la igualdad de género en los cuerpos de la Policía Local

Los ayuntamientos impulsarán las acciones positivas de la Ley 12/2007 para lograr plantillas equilibradas. Pueden prever en las bases, en caso de empate en la calificación final, la prioridad de las mujeres si su presencia en el cuerpo, escala o categoría es inferior al cuarenta por ciento al aprobarse la oferta de empleo público. La Administración autonómica podrá fijar medidas de igualdad en las normas de acceso, provisión y promoción.

Artículo 49. Requisitos

Para ingresar por turno libre se exige: nacionalidad española; dieciocho años sin llegar a la jubilación forzosa; estatura mínima reglamentaria (salvo quienes ya pertenezcan a un cuerpo de Policía Local de Andalucía); título del subgrupo; examen médico; pruebas físicas, psicotécnicas y de conocimientos; curso preceptivo; permisos de conducción y compromiso de conducir y de portar armas; no haber sido separado ni inhabilitado; sin antecedentes por delitos dolosos; y, si ya se obtuvo plaza por turno libre, cinco años de servicio en ese municipio.

Artículo 50. Personal funcionario en prácticas

El alumnado de los cursos selectivos es personal funcionario en prácticas hasta su nombramiento como funcionario de carrera o su exclusión; si ya es policía del municipio convocante sigue en servicio activo. Tiene derecho a retribuciones y formación, y obligación de seguir los cursos con total dedicación. Si sobreviene una causa de exclusión médica, puede ser sometido a pruebas y el Ayuntamiento resuelve sobre su exclusión. Si por lesiones en servicio o causa excepcional justificada no puede continuar, se incorpora al siguiente curso sin perder la condición de funcionario en prácticas.

Artículo 51. Requisitos

La promoción interna, solo dentro de un mismo cuerpo de Policía Local, exige: dos años como mínimo en la categoría inmediatamente inferior como funcionario de carrera en servicio activo o situación que dé derecho a promocionar (cuenta la segunda actividad por embarazo o riesgo durante la lactancia natural); el título del subgrupo de la plaza; no tener anotaciones firmes por faltas graves o muy graves no canceladas; y no estar en segunda actividad salvo por esas causas. Además hay que superar la selección y el curso de capacitación.

Artículo 52. Derecho y porcentaje de reserva

Los policías locales tienen derecho a la movilidad a otro cuerpo de Andalucía, en la misma o superior categoría. Se reserva a movilidad el veinte por ciento de las vacantes del año en la categoría de policía y el cuarenta por ciento en el resto (veinte para la misma categoría y veinte para la inmediatamente superior), despreciando decimales. Los ayuntamientos pueden diferir el cese si las bajas por movilidad alcanzan el veinte por ciento de la plantilla, hasta un año como máximo. Obtenida plaza por movilidad, se exige permanecer cinco años.

Artículo 53. Requisitos

Movilidad en la misma categoría: estar en esa categoría en activo o en situación habilitante; cinco años de antigüedad de carrera en la categoría (computa la segunda actividad por embarazo o lactancia); no estar en segunda actividad salvo por esas causas; cinco años de servicio en el municipio si antes se obtuvo plaza por movilidad o turno libre; título del subgrupo; permisos de conducción y compromiso de conducir. Con ascenso: estar en la categoría inmediatamente inferior, cumplir los requisitos de promoción interna, superar la selección y el curso, y los cinco años de servicio.

Artículo 54. Permutas

La alcaldía, a petición de los interesados y con informe preceptivo y no vinculante de las jefaturas, puede autorizar excepcionalmente la permuta con un policía local de otro municipio andaluz. Requisitos: carrera y activo, misma categoría y titulación; cinco años ininterrumpidos en destino y categoría y no más de cinco años de diferencia de servicios; no estar en segunda actividad por aptitudes psicofísicas ni a menos de cinco años de la edad de pase; sin expediente en trámite ni sanción. La permuta es revocable si en dos años hay jubilación o excedencia voluntaria.

Artículo 55. Comisión de servicios

Un policía local de Andalucía puede ocupar plaza en otro cuerpo en comisión de servicios con convocatoria pública, por un máximo de dos años, conforme a la normativa de función pública. El Ayuntamiento debe convocar la plaza para su provisión definitiva seis meses antes de que termine ese plazo.

Artículo 56. Centros de formación de las policías locales en Andalucía y clases de actividades formativas

Son centros de formación de policía local en Andalucía el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, las escuelas municipales de la Policía Local y las escuelas municipales acreditadas por el Instituto. Las actividades formativas se clasifican en actividades de formación (cursos selectivos de ingreso y capacitación, de actualización y de especialización) y actividades de perfeccionamiento.

Artículo 57. Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía

El IESPA, dependiente de la Consejería competente sobre policías locales, se encarga de la formación y perfeccionamiento de los policías locales y de investigar, estudiar y divulgar las materias que les afectan, sin perjuicio de las escuelas municipales. Coordina, supervisa y sigue la formación de las escuelas municipales y acreditadas, diseña el contenido de los cursos de ingreso y capacitación, supervisa la formación impartida en colaboración con otras entidades y promueve la colaboración institucional. Sus funciones se desarrollan por decreto.

Artículo 58. Escuelas municipales de la Policía Local

Los municipios pueden crear, por acuerdo del Pleno, escuelas de la Policía Local para impartir a sus plantillas cursos de ingreso, capacitación, actualización, especialización o perfeccionamiento. Para celebrar los cursos preceptivos de ingreso y capacitación, cuyo diseño corresponde siempre al IESPA, deben presentar ante este una declaración responsable de cumplir los requisitos reglamentarios.

Artículo 59. Escuelas municipales de la Policía Local acreditadas

Las escuelas municipales pueden ser acreditadas por el IESPA si reúnen las condiciones reglamentarias, siempre a solicitud del municipio y con informe previo de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales. La acreditación se otorga por Orden del titular de la Consejería competente en formación de policías locales, valorando capacidad docente, programas, profesorado, infraestructura y equipamiento. Si vence el plazo sin notificar, la solicitud se entiende desestimada. Acreditada, la escuela puede impartir a alumnado de otros municipios los cursos que le asigne el IESPA.

Artículo 60. Seguimiento y supervisión de las escuelas municipales de la Policía Local y escuelas municipales de la Policía Local acreditadas

Los ayuntamientos remiten al IESPA la certificación del acuerdo de creación o modificación de su escuela y, cada año, la memoria de actividades. Los centros de formación envían, antes de cada curso académico, el calendario de acciones o el plan de formación con fechas previstas. El IESPA puede comprobar, verificar, investigar e inspeccionar. El incumplimiento o la inexactitud, falsedad u omisión esencial en declaraciones o documentos impide continuar las actividades afectadas o, si terminaron, las deja sin eficacia.

Artículo 61. Programas y duración

Programas y duración se ajustan a los principios del artículo quinto de la LO 2/1986, son profesionales y permanentes y se fijan según el nivel académico de cada categoría. La programación se difunde con antelación, con transparencia en la baremación, igualdad en la participación y fomento de la formación telemática. Los contenidos se orientan a la prevención. Los cursos de ingreso y capacitación incluyen obligatoriamente absentismo escolar, educación vial, diversidad, igualdad de género, violencia de género y técnicas de mediación. Se promoverán cursos específicos sobre violencia de género.

Artículo 62. Colaboración con las actividades formativas del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía

Las entidades públicas o privadas pueden colaborar con el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía en la impartición de acciones formativas de interés policial, en los términos que se prevean reglamentariamente. El artículo abre la formación policial a la colaboración externa, siempre junto al Instituto y con desarrollo reglamentario.

Artículo 63. Homologación de los cursos

El IESPA puede homologar los cursos impartidos por otras escuelas de la Policía, en los términos reglamentarios. Las entidades públicas o privadas pueden pedirle la homologación de sus cursos si reúnen los requisitos reglamentarios. Solo se homologan cursos: ninguna otra actividad formativa.

Artículo 64. Valoración de actividades formativas

Pueden valorarse como mérito en las fases de concurso y concursos de méritos las actividades del IESPA, los cursos que este asigne a las escuelas acreditadas y los cursos que homologue. Las actividades de las escuelas municipales a sus propias plantillas, no homologadas ni asignadas, solo pueden valorarse en los concursos convocados por el ayuntamiento titular de la escuela. Todo, en los términos reglamentarios.

Artículo 65. Dispensa de curso

Se exime de los cursos preceptivos de ingreso o capacitación a quien ya superó el de la misma categoría a la que aspira en el IESPA, en una escuela municipal acreditada (si el curso era asignado) o en una escuela municipal cuando el curso se celebró conforme al artículo 58 y obtuvo la homologación.

Artículo 66. Carrera profesional

El Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía promoverá un plan de carrera profesional en el que los cursos que imparte se convaliden con titulaciones académicas del sistema educativo, de conformidad con la normativa de aplicación. Es un mandato de impulso, no un reconocimiento automático de equivalencias.

Artículo 67. Normativa aplicable

El régimen y procedimiento disciplinario de policías locales y vigilantes municipales es el de la LO 4/2010, del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional (por su disposición final sexta), conforme a la LO 2/1986 y adaptado a la Administración local por este capítulo, los reglamentos de cada cuerpo y las normas municipales, con los principios del título VII del TREBEP y del capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015. Supletoriamente rige el Reglamento aprobado por RD 33/1986.

Artículo 68. Ámbito de aplicación

El régimen disciplinario de la ley se aplica a policías locales y vigilantes municipales en servicio activo o segunda actividad con destino en sus cuerpos. Los que estén en otra situación responden por las faltas de esta ley que cometan en razón de su pertenencia al cuerpo, si no les alcanza otro régimen o este no tipifica la conducta. Los que estén en segunda actividad con destino en puestos ajenos a la plantilla del cuerpo se rigen por el régimen general disciplinario del funcionariado local de Andalucía.

Artículo 69. Competencia sancionadora

Corresponde al órgano competente del Ayuntamiento tanto incoar los expedientes disciplinarios como imponer las sanciones por faltas muy graves, graves y leves a los policías locales y al personal vigilante municipal. La competencia es municipal para todas las faltas, sin distinguir por su gravedad.

Artículo 70. Sanciones disciplinarias

Faltas muy graves: separación del servicio o suspensión de funciones de tres meses y un día a seis años. Faltas graves: suspensión de cinco días a tres meses. Faltas leves: suspensión de uno a cuatro días (sin pérdida de antigüedad ni inmovilización en el escalafón) o apercibimiento. En las muy graves cabe la sanción accesoria de cambio de destino dentro del cuerpo si la estructura lo permite, se motiva y el hecho afecta o puede afectar al funcionamiento de los servicios.

Artículo 71. Nombramiento de instructor y secretario

El acuerdo de inicio designa instructor (funcionario del Cuerpo de la Policía Local del municipio) y secretario (funcionario de carrera del Ayuntamiento). El instructor debe tener igual o superior categoría que el expedientado. Si no es posible, cabe nombrar a un policía de otro cuerpo de igual o superior categoría (con colaboración y autorización de otro ayuntamiento andaluz), a un funcionario del Ayuntamiento ajeno a la policía de subgrupo igual o superior, o pedir uno a la Diputación Provincial. El órgano directivo central fomentará una bolsa de instructores.

Artículo 72. Informe de la junta de personal, delegados y delegadas de personal o sección sindical

Debe pedirse informe a la junta de personal, delegados de personal o sección sindical en todos los expedientes por falta muy grave y en todos los procedimientos a policías o vigilantes representantes de los sindicatos presentes en ellas. También si la incoación se produce en el año siguiente a perder la condición de representante y, si el expedientado es candidato, durante el período electoral. El informe se incorpora al expediente y no es vinculante.

Artículo 73. Comunicaciones a la persona expedientada que no fuera hallada

Las notificaciones se practican en el domicilio del interesado según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015. Si no puede practicarse, se hace por anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 44 de esa ley). Antes, y de forma facultativa, puede publicarse anuncio en el BOJA o el boletín de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento; y cabe como notificación complementaria la orden general y el tablón de órdenes del cuerpo, que no sustituye al anuncio en el BOE.

Artículo 74. Ejecución económica de la sanción de suspensión de funciones

La ejecución económica de la suspensión de funciones es inmediata y a cargo del sancionado. Si la sanción es por falta grave, a petición del sancionado, puede fraccionarse la detracción durante los cinco meses siguientes al de imposición. La base de cálculo es la totalidad de las remuneraciones íntegras mensuales que percibía al cometer la falta, dividida por treinta.

Artículo 75. Suspensión e inejecución de la sanción

El órgano municipal competente para sancionar puede acordar, de oficio o a instancia del interesado o de la junta o delegados de personal, y si hay causa justa de la que se deriven daños de imposible o difícil reparación, suspender la ejecución de la sanción por tiempo inferior al de la prescripción o su inejecución total o parcial. Si lo pide el interesado, el plazo para acordar y notificar es de quince días, salvo otro de los reglamentos o normas municipales; sin resolución en plazo, se entiende desestimado.

Artículo 25. Cláusula general de intervención

Los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a los principios generales de la Constitución, la normativa básica estatal y la autonómica, velarán por el cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable. Para ello podrán, en el ámbito de sus competencias y con los límites de la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias necesarias.

Artículo 26. Principio de mínima intervención administrativa

Para velar por el cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable, los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía no establecerán medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos ni que exijan requisitos para ejercer una actividad, salvo que se motive la necesidad para la protección del interés general y respetando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad.

Artículo 27. Supuestos

La Junta impulsará las declaraciones responsables y las comunicaciones. La declaración responsable se exige cuando la normativa pide acreditar requisitos para reconocer o ejercer un derecho o facultad; la comunicación, cuando solo hay que poner en conocimiento datos identificativos u otros relevantes. Para una misma actividad o derecho se exige una u otra, no las dos. Pueden operar de forma preferente y alternativa a la autorización, licencia o inscripción registral, y sustituir a la aportación de documentos si la persona no se ha opuesto al acceso (art. 28 de la Ley 39/2015).

Artículo 28. Requisitos

En todo caso, y para los supuestos del artículo anterior, las declaraciones responsables y las comunicaciones se someten a tres bloques de requisitos: los de la normativa básica estatal, las previsiones del propio Decreto-ley y, además, la norma sectorial que sea de aplicación. A la declaración responsable podrán acompañarse los certificados de verificación documental emitidos por las entidades colaboradoras de certificación previstas en el Decreto-ley.

Artículo 29. Funciones de comprobación y control

En comprobación y control puede requerirse en cualquier momento la documentación necesaria. Si, tras expediente y previa audiencia, se acredita inexactitud, falsedad u omisión esencial, o la no presentación de la declaración responsable, de la documentación requerida o de la comunicación, no se puede continuar con el derecho o actividad. Se acordará restituir la situación jurídica al momento previo y la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo que, a falta de regulación expresa, no será inferior a seis meses ni superior a cinco años.

Artículo 30. Autorizaciones, licencias y registros

La Junta solo usará la autorización o licencia previa para el acceso y ejercicio de actividades económicas en condiciones de mercado cuando concurra, motivada y ponderada, alguna circunstancia: a) operadores: orden público, seguridad o salud públicas o medioambiente en el lugar concreto; b) instalaciones o infraestructuras físicas susceptibles de generar daños; en ambas, si no basta declaración responsable o comunicación; c) número limitado de operadores; d) normativa de la Unión Europea o tratados internacionales. Los trámites en registros se harán de oficio si se dispone de la información.

Artículo 31. Eficacia extraterritorial

Las autorizaciones y licencias otorgadas por cualquier otra Administración del Estado tienen eficacia en Andalucía para el acceso y ejercicio de actividades económicas en condiciones de mercado por operadores legalmente establecidos en el territorio nacional y para supuestos equivalentes: aquellos con normativa de la Unión Europea armonizada, legislación estatal común o legislaciones autonómicas sectoriales que fijen un estándar equivalente. Esa eficacia se subordina a que, antes del inicio de la actividad, el interesado realice una comunicación que identifique la autorización o licencia.

Artículo 32. Actuación y comprobación de oficio

Con carácter general, la Administración de la Junta de Andalucía comprueba o verifica de oficio y proactivamente el cumplimiento de los requisitos o condiciones para reconocer un derecho o desarrollar una actividad, y siempre que resulte posible con la intervención de las personas interesadas, con la salvedad de la normativa de la Unión Europea o básica estatal o de razones de interés general y sin perjuicio de la protección de datos. Deberá comprobar la información mediante los servicios o sistemas habilitados, salvo oposición de los interesados o que no esté disponible en ellos.

Artículo 33. Documentación en poder de la Administración

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o elaborados por cualquier otra. La Junta podrá consultarlos o recabarlos salvo oposición del interesado, que entonces indicará quién los emitió o ante quién se presentaron. No se requerirán datos o documentos no exigidos por la normativa o ya aportados a cualquier Administración. El acceso se hace preferentemente por la Plataforma de Intermediación de datos de la Junta u otros sistemas electrónicos habilitados. Se suscribirán convenios con otras Administraciones.

Artículo 34. Comprobación automatizada

La Administración autonómica, cuando ejerza competencias administrativas, podrá hacer comprobaciones o verificaciones automatizadas de la información que precise, conforme al artículo 41 de la Ley 40/2015 y a la normativa de protección de datos personales. Requiere identificar la información en el diseño y rediseño funcional de procedimientos, trámites y servicios, y se realiza sin intervención del personal que gestiona los expedientes y sin más dilaciones que las derivadas de las plataformas o sistemas, sin perjuicio de la supervisión y control por empleado público.

Artículo 35. Concepto

Los interesados pueden obtener de una entidad colaboradora de certificación un certificado que acredite la verificación de la documentación a presentar ante la Administración autonómica; válidamente emitido, produce plenos efectos. La verificación es la revisión, informe y/o validación de la documentación. No impide las potestades de la Administración, cuya verificación y comprobación hará en todo caso un funcionario público; no sustituye al visado colegial; su uso es siempre voluntario. No se aplica a las Entidades Urbanísticas Certificadoras ni a las de régimen específico.

Artículo 36. Acreditación y registro

Acredita la Consejería competente en administración pública, salvo que la normativa sectorial lo atribuya a la competente por razón de la materia; el silencio es desestimatorio. Pueden acreditarse los colegios profesionales y otras entidades con régimen específico. Los requisitos mínimos pueden demostrarse por declaración responsable; su incumplimiento sobrevenido hace perder la acreditación, previo expediente contradictorio. La inscripción en el Registro General, público y accesible, se hace de oficio y dura cinco años como máximo.

Artículo 37. Funciones

Corresponden a las entidades colaboradoras de certificación las funciones de comprobación, informe y certificación de verificación documental, con el alcance que se determine reglamentariamente, para agilizar la comprobación administrativa y garantizar la seguridad del tráfico jurídico y de las actividades económicas. Deben desarrollarlas por sí mismas o, los colegios profesionales, a través de su personal. No sustituyen las potestades de la Administración autonómica. No se aplica a las entidades sujetas a un régimen específico.

Artículo 38. Obligaciones

Además de lo que derive del reglamento, las entidades colaboradoras de certificación deben: a) crear y mantener un registro permanente e interoperable con la Administración de las certificaciones que emitan; b) mantener expedientes y documentación en formato consultable, garantizando la confidencialidad; c) mantener los requisitos y condiciones que justificaron su inscripción en el Registro; d) cumplir las condiciones de la resolución de inscripción, del Decreto-ley y de la legislación sectorial; e) emplear métodos, sistemas y medios oficialmente aprobados o acreditados.

Artículo 39. Incompatibilidades

Las entidades colaboradoras de certificación no podrán tener relación jurídica con quienes las contraten, ni con quienes participen en el diseño o ejecución de la actividad o proyecto sujeto a su consideración, que pueda producir dependencia, subordinación o conflicto de intereses que afecte a su objetividad e independencia de criterio. Existe tal dependencia, al menos, cuando concurran las causas de abstención y recusación. La incompatibilidad se exige en idéntica forma a los profesionales colegiados que pudieran actuar en funciones de certificación.

Artículo 40. Responsabilidad

Las entidades colaboradoras de certificación son responsables de los certificados que emitan y quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el propio Decreto-ley. El artículo se limita a esas dos afirmaciones: no fija plazos, cuantías ni órganos.

Artículo 41. Entidades habilitadas

La Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos y entidades de derecho público, cuando estos ejerzan potestades administrativas, podrán habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados, que siempre podrán comparecer por sí mismos. Exige la firma previa de un convenio, que determina la presunción de validez de la representación, aunque puede requerirse su acreditación. La Consejería competente en administración pública aprueba el modelo normalizado de convenio.

Artículo 84

Las Entidades locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos mediante: a) ordenanzas y bandos; b) previa licencia y otros controles preventivos (salvo lo dispuesto en la Ley 17/2009 para actividades de servicios); c) comunicación previa o declaración responsable; d) control posterior al inicio de la actividad; e) órdenes individuales de mandato o prohibición. La intervención se ajusta a igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad. Las licencias de otras Administraciones no eximen de obtener las licencias locales.

Artículo 84 bis

Por regla general, las actividades no se someten a licencia ni a control preventivo. Cabe exigirlo a actividades económicas por orden público, seguridad pública, salud pública o medio ambiente no salvaguardables con declaración responsable o comunicación, o si el número de operadores es limitado. Las instalaciones solo requieren autorización si lo establece una Ley; el riesgo se evalúa, entre otras, por potencia, aforo, ruido, aguas residuales, materiales inflamables y patrimonio histórico. Con licencias concurrentes, la Entidad Local motiva el interés general concreto.

Artículo 84 ter

Cuando una actividad no precisa autorización habilitante y previa, las Entidades locales deben establecer y planificar dos tipos de procedimientos: los de comunicación necesarios y los de verificación posterior del cumplimiento, por los interesados, de los requisitos precisos para ejercerla previstos en la legislación sectorial.

Artículo 69. Declaración responsable y comunicación

Declaración responsable es el documento en que el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos, que dispone de la documentación que lo acredita y que la mantendrá. Comunicación es el documento por el que pone en conocimiento de la Administración sus datos o cualquier dato relevante. Ambas permiten ejercer el derecho o iniciar la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación. La inexactitud, falsedad u omisión esencial impide continuar con la actividad desde que la Administración tenga constancia. Solo puede exigirse una de las dos, nunca ambas a la vez.

Artículo 5. Regímenes de autorización

La normativa no puede imponer a los prestadores un régimen de autorización para acceder a una actividad de servicios o ejercerla, salvo excepcionalmente y si concurren tres condiciones, motivadas en la ley que lo establezca: no discriminación (por nacionalidad, ubicación del establecimiento o del domicilio social), necesidad (orden público, seguridad pública, salud pública, medio ambiente, escasez de recursos naturales o impedimentos técnicos) y proporcionalidad. No cabe autorización si basta una comunicación o declaración responsable.

Artículo 6. Procedimientos de autorización

Los procedimientos y trámites para obtener autorizaciones deben ser reglados, claros e inequívocos, objetivos e imparciales, transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y conocidos con antelación. Deben respetar la Ley 30/1992 y garantizar la aplicación general del silencio administrativo positivo; el silencio negativo solo cabe como excepción prevista en una norma con rango de ley y justificada por razones imperiosas de interés general.

Artículo 7. Limitaciones temporales y territoriales

La comunicación, la declaración responsable o la autorización permiten ejercer la actividad por tiempo indefinido; solo cabe limitar la duración por renovación automática o cumplimiento continuo de requisitos, número limitado de autorizaciones o razón imperiosa de interés general. Valen en todo el territorio español. Por establecimiento físico cabe exigir autorización si puede dañar medio ambiente, entorno urbano, seguridad, salud pública y patrimonio; declaración responsable si hay requisitos justificados; y comunicación para controlar número o características de instalaciones.

Fundamento y titularidad de la potestad reglamentaria

DPEJ: potestad reglamentaria es la acción del Gobierno de dictar normas escritas subordinadas a la ley o en ámbitos sin reserva de ley (art. 97 CE); reglamento, la disposición general inferior a la ley dictada por el Gobierno u otros órganos habilitados. Para Fortes Martín permite a la Administración innovar el ordenamiento. La CE la atribuye al Gobierno como órgano colegiado; la Ley 50/1997, también al Presidente y a los ministros. Para el TC es originaria del Gobierno. Moreno Rebato: los demás órganos tienen potestad derivada.

Límites formales y materiales de la potestad reglamentaria

El reglamento tiene rango inferior a la ley y los reglamentos se jerarquizan entre sí: los decretos del Gobierno priman sobre cualquier orden ministerial. Fortes Martín, desde el art. 128.2 de la Ley 39/2015, distingue límites formales (competencia del órgano, procedimiento y publicación íntegra en el boletín) y materiales (reserva de ley y jerarquía, materia administrativa en los reglamentos independientes e irretroactividad desfavorable). El reglamento ejecutivo no puede tipificar infracciones, establecer sanciones ni tributos.

Consecuencias de la infracción de los límites: nulidad y control del reglamento

Para Fortes Martín, el reglamento ilegal es, como regla general, nulo de pleno derecho (el acto, en cambio, anulable). Vicios más graves: vulnerar la Constitución, la ley u otra norma superior; regular materias reservadas a la ley; retroactividad sancionadora desfavorable o restrictiva de derechos. La nulidad la declara la Administración autora o un tribunal; la inaplicación judicial (art. 6 LOPJ) deja el reglamento vigente. No cabe recurso administrativo, sino contencioso directo o indirecto; la anulación tiene efectos erga omnes.

Reglamento, acto administrativo general y disposición general

Para Fortes Martín, el reglamento no es un acto: tiene contenido normativo, se integra en el ordenamiento y no se agota con su cumplimiento. Se distingue de los decretos legislativos y decretos-leyes (rango de ley) y de los «reglamentos» no administrativos (Cortes, órganos constitucionales, reguladores). Los actos generales, aunque se dirijan a destinatarios indeterminados, no son reglamentos. El DPEJ: acto general es el dirigido a una pluralidad inconcreta de sujetos (p. ej., convocatorias de oposiciones). La STS de 30-7-1996 considera normas también los reglamentos ad intra.

Instrucciones, circulares y órdenes de servicio: concepto y criterio de distinción

DPEJ: la instrucción es una disposición autoorganizativa de efectos internos, sin destinatarios ajenos a la organización; la circular contiene instrucciones sobre el funcionamiento interno y ordinariamente no tiene efectos normativos (para tenerlos necesita publicación formal). STS de 30-7-1996: instrucciones y circulares no innovan el ordenamiento y obligan por la jerarquía. Fortes Martín: instrucciones y órdenes de servicio se diferencian por el carácter más general de las primeras. Moreno Rebato: no son reglamentos, sino normas internas. Régimen vigente: art. 6 de la Ley 40/2015.

Instrucciones y circulares: evolución legal y jurisprudencia

Moreno Rebato: la Ley de Procedimiento Administrativo (art. 7) veía instrucciones y circulares como jerarquía; la LRJAE (art. 27), como potestad reglamentaria. La doctrina mayoritaria les niega valor normativo, aunque Garrido Falla avisó de que pueden encubrir reglamentos. La Ley 30/1992 (art. 21) suprimió «circulares», previó su publicación en ciertos casos y su incumplimiento no invalida los actos. El TC rectificó en la STC 57/1983: la falta de publicación no afecta a su validez; pueden impugnarse si tienen efectos directos (STC 150/1994).

El órgano administrativo: concepto y naturaleza

DPEJ: órgano es cada dependencia con funciones propias en que se dividen las Administraciones. Prieto González: unidad funcional que imputa conducta a la Administración. Fortes Martín: «centro neurálgico», sujeto institucionalizado de competencias que imputa su actividad a toda la organización. Concepción objetiva (el titular cambia, el órgano permanece) y subjetiva (se explica por su titular). Tres relaciones: de imputación, orgánica (nombramiento) y de servicio. El titular no representa a la Administración: actúa por ella. Para Fortes, los órganos no tienen personalidad jurídica.

Autoorganización, unidades administrativas y creación de órganos

Cada Administración tiene potestad de autoorganización (art. 5.2 Ley 40/2015): decide sus órganos y unidades; la Audiencia Nacional (9-12-2003) lo justificó para evitar el «anquilosamiento». El órgano es la suma de unidades administrativas, que carecen de efectos jurídicos externos; son órganos las unidades con funciones con efectos frente a terceros o actuación preceptiva. DPEJ: unidad es el conjunto de puestos vinculados por funciones y jefatura común. Crear órganos no es libre (art. 103.2 CE): integración, funciones, créditos y sin duplicar otros.

Clases de órganos administrativos y órganos colegiados

Para Fortes Martín, la distinción entre órganos unipersonales y colegiados (por el número de miembros) es la más habitual; hay otras por el ámbito (centrales y periféricos) y por la función (consultivos, de control…). Prieto González: por composición, unipersonales y colegiados; por ámbito, centrales y periféricos o territoriales; por función, activos, consultivos, deliberantes y de control. DPEJ: el colegiado es plural y sus acuerdos exigen ajustarse a las normas de funcionamiento de la ley (arts. 15 a 24 de la Ley 40/2015). Miembros necesarios: presidente y secretario.

La competencia: concepto y naturaleza

DPEJ: la competencia administrativa es la facultad de actuación que corresponde exclusivamente a un órgano. Definiciones doctrinales: García Trevijano (conjunto de facultades, poderes y atribuciones de un órgano en relación con los demás), García de Enterría (la medida de la potestad de cada órgano) y González Pérez y González Navarro (facultad irrenunciable de emanar actos). Fortes Martín: vertiente dinámica y estática. Se distinguen titularidad y ejercicio. La competencia es irrenunciable (art. 8.1 Ley 40/2015), salvo delegación o avocación; la incompetencia acarrea nulidad.

Clases de competencia y criterios de delimitación

Para Fortes, la competencia se atribuye por criterios material, territorial y temporal; si la atribución es genérica, corresponde al órgano inferior competente por materia y territorio (art. 8.3 Ley 40/2015). El DPEJ define la competencia material, la territorial y la jerárquica (vertical, entre superiores e inferiores). Prieto González: entre entes, criterios material y territorial; entre órganos de un ente, jerárquico; competencia exclusiva y compartida. Invalidez: la incompetencia manifiesta por materia o territorio causa nulidad radical; la jerárquica o funcional, solo anulabilidad.

La descentralización territorial y funcional

Fortes Martín llama técnicas de traslación al «movimiento» de las competencias. La descentralización opera entre organizaciones distintas. Territorial: traslada titularidad y ejercicio de un ente territorial a otro (Estado a comunidades autónomas, o a entes locales); el descentralizador conserva poderes, incluida la recuperación. Funcional: de un ente territorial a un ente instrumental creado por él y dependiente, aunque jurídicamente autónomo, para gestionar con más flexibilidad. El DPEJ recoge ambas acepciones (CE, arts. 137 y siguientes y 103.1).

La desconcentración

Para Fortes Martín, la desconcentración es un principio organizativo y un mecanismo que traslada competencias de órganos superiores a inferiores dependientes jerárquicamente, dentro de una misma organización (art. 8.2 Ley 40/2015); se llama también descentralización burocrática. No opera entre sujetos distintos. Traslada titularidad y ejercicio; la norma que la habilita fija sus términos y los poderes que conserva el desconcentrador. El art. 103.1 CE la incluye entre los principios organizativos. Prieto González: atribución a niveles inferiores, criterio técnico de división del trabajo.

La delegación de competencias y la delegación de firma

Fortes: la delegación de competencias (art. 9 Ley 40/2015) es el supuesto más frecuente. Traslada solo el ejercicio; la titularidad sigue en el delegante. El acuerdo se publica. Puede ser intersubjetiva o interorgánica (sin necesidad de dependencia jerárquica). Las resoluciones se consideran del delegante y lo indican; no cabe delegar lo delegado (salvo autorización, según el DPEJ). No se delega la resolución de recursos por el órgano que dictó el acto. La delegación de firma (art. 12) no altera la competencia: solo se delega la firma en un inferior y, para Prieto, no necesita publicación.

La encomienda de gestión frente a la delegación y otras figuras

Fortes: la encomienda de gestión (art. 11 Ley 40/2015), el «préstamo de órganos», traslada el ejercicio de actividades materiales, técnicas o de servicio. Dentro de la misma Administración, por acuerdo publicado; con otra, por convenio publicado. No cabe para prestaciones de contratos ni a favor de sujetos privados. No cede la titularidad: el encomendante dicta los actos jurídicos y dirige y controla. Comparación: descentralización y desconcentración trasladan titularidad y ejercicio; la delegación, solo el ejercicio; firma y suplencia no alteran la competencia.

La actividad de limitación o de policía: concepto y clasificación tradicional

La clasificación tradicional se debe a Jordana de Pozas y se refleja en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955: policía (imperium o coacción), servicio público (prestaciones) y fomento (incentivos). Luciano Parejo añade la económica, la de planificación y la de prevención. Moreu Carbonell la llama «una entelequia». Para Fortes, la policía limita el ejercicio privado de derechos para articularlo con el interés general; la atribuye la ley. DPEJ: la limitación restringe derechos ya delimitados; la policía mantiene el orden mediante la prevención.

Grados de intervención y principios de la actividad de policía

Fortes Martín recoge la escala que García de Enterría y T. R. Fernández tomaron de Vignocci: prohibición absoluta; prohibición relativa con comprobación previa caso a caso; libertad condicionada a comunicación previa; libertad incondicionada con reserva de prohibición. Principios de la policía: legalidad, igualdad, proporcionalidad y favor libertatis. El art. 4.1 de la Ley 40/2015 exige proporcionalidad, la medida menos restrictiva, motivación y no discriminación. Moreu Carbonell: en la cúspide, la autorización; abajo, la declaración responsable.

Modalidades o técnicas de intervención

Fortes Martín: las técnicas de ordenación se centran en las del art. 84.1 de la Ley 7/1985 para los entes locales. Martín Valdivia reproduce sus medios tras la Directiva de servicios: ordenanzas y bandos; licencia y otros controles preventivos; comunicación previa o declaración responsable; control posterior al inicio; órdenes individuales. Principios: igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad; las licencias de otras Administraciones no eximen de las locales. Art. 84 bis (Ley 27/2013): por regla general, sin licencia, salvo razones tasadas.

La autorización administrativa: concepto y naturaleza

Para Fortes Martín, la autorización es «la técnica preventiva de intervención administrativa por excelencia»: parte de un derecho previo del solicitante y la Administración se limita a remover obstáculos a su ejercicio; su presupuesto es una prohibición relativa. DPEJ: acto que habilita el ejercicio de una actividad conforme a las leyes; las leyes 17/2009 y 25/2009 prefieren declaraciones del interesado. La Ley 17/2009 distingue autorización y régimen de autorización; Moreu Carbonell lo considera «perturbador». Martín Valdivia: las licencias urbanísticas son actos declarativos.

La Directiva de servicios y el carácter excepcional de la autorización

La Directiva 2006/123/CE (Bolkestein) quiere suprimir obstáculos a los servicios. Según Moreu Carbonell, ve la autorización como obstáculo y la limita a un «triple test» (no discriminación, razón imperiosa de interés general y que no baste una medida menos restrictiva); prohíbe requisitos (lista «negra») y somete otros a evaluación (lista «gris»). La Ley 17/2009 («paraguas») parte de la no sujeción a autorización; su art. 5 solo la admite, excepcional y motivada en ley, si hay no discriminación, necesidad y proporcionalidad. No se exige si basta una comunicación o declaración responsable.

Comunicación previa y declaración responsable frente a la autorización

La Ley 17/2009 define la declaración responsable como el documento en que el titular declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos, tiene la documentación y los mantendrá. DPEJ: la comunicación previa pone en conocimiento de la Administración los datos y requisitos para ejercer un derecho. Moreu Carbonell las llama «neopoliciales»: a diferencia de la autorización, no hay resolución ni silencio; habilitan desde su presentación, con control posterior. Origen de la comunicación previa: Italia (1990); en España, Ordenanzas de 1973 y Ley 6/1988 de montes de Cataluña.