LOPSC
Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana
Cada artículo incluye explicación, mnemotecnia y una trampa típica de examen.
Toca un artículo para leerlo con su explicación, su mnemotecnia y la trampa típica de examen. Con tu cuenta gratis estudias la norma entera en una página, marcas lo que llevas y haces tests.
Crear cuenta gratis- Art. 1ObjetoLa seguridad ciudadana es requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas; su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las leyes. La ley regula actuaciones plurales y diversificadas para tutelarla mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.
- Art. 2Ámbito de aplicaciónLa ley se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias autonómicas. Quedan fuera las prescripciones sobre el buen orden de los espectáculos y la protección de personas y bienes mediante acción administrativa ordinaria, aunque intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro del sistema preventivo habitual. Se aplica sin menoscabo de los regímenes de seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o de transportes, y deja a salvo la defensa nacional y los estados de alarma, excepción y sitio.
- Art. 3FinesFines de la ley y de los poderes públicos: proteger el libre ejercicio de derechos y libertades; garantizar el normal funcionamiento de las instituciones; preservar la seguridad y convivencia ciudadanas; respetar leyes, paz y seguridad en el ejercicio de derechos; proteger personas y bienes, en especial menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección; uso pacífico de vías y espacios públicos; normalidad de los servicios básicos; prevenir delitos e infracciones y sancionar las de la ley; y transparencia.
- Art. 4Principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadanaLas potestades de la ley se rigen por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, con control administrativo y jurisdiccional. Los capítulos III y V se interpretan del modo más favorable a los derechos fundamentales, en especial reunión, manifestación, expresión, información, libertad sindical y huelga. La intervención exige una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso que pueda causar un perjuicio real.
- Art. 5Autoridades y órganos competentesEl Gobierno, por medio del Ministerio del Interior, los demás órganos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dirige la política de seguridad ciudadana. En la AGE son autoridades competentes el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los directivos de Interior con esa condición, los Delegados del Gobierno, y los Subdelegados y Directores Insulares. También las autonómicas con competencias y policía propia; las autoridades locales y de Ceuta y Melilla ejercen sus facultades legales.
- Art. 6Cooperación interadministrativaLa Administración General del Estado y las demás administraciones con competencias en seguridad ciudadana se relacionan según los principios de cooperación y lealtad institucional: se facilitan la información, conforme a la legislación vigente, y la asistencia técnica necesarias, y, cuando sea preciso, coordinan las acciones para garantizar el cumplimiento de la ley, conforme a la Ley Orgánica 2/1986 y la Ley 30/1992.
- Art. 7Deber de colaboraciónAutoridades y funcionarios deben colaborar con las autoridades del artículo 5 y auxiliarlas, y comunicar de inmediato los hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana o puedan producir una perturbación grave. Puede recabarse la ayuda de los particulares, sobre todo en grave calamidad o catástrofe, siempre sin riesgo personal para ellos y con indemnización de los daños. La seguridad privada tiene un especial deber de auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la policía administrativa, un especial deber de colaborar.
- Art. 8Acreditación de la identidad de los ciudadanos españolesLos españoles tienen derecho a que se les expida el DNI, documento público y oficial y el único con valor suficiente por sí solo para acreditar, a todos los efectos, la identidad y los datos personales del titular. Lleva fotografía, firma y los datos que fije el reglamento, que nunca pueden ser relativos a raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual ni afiliación política o sindical. Permite la identificación y la firma electrónica a los mayores de edad con plena capacidad de obrar y a los menores emancipados.
- Art. 9Obligaciones y derechos del titular del Documento Nacional de IdentidadEl DNI es obligatorio a partir de los catorce años; es personal e intransferible y su titular debe mantenerlo en vigor, conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia. Nadie puede ser privado de él, ni siquiera temporalmente, salvo cuando por ley deba sustituirse por otro documento. Quien esté obligado a tenerlo debe exhibirlo y permitir comprobar sus medidas de seguridad cuando lo requieran la autoridad o sus agentes, y su sustracción o extravío se comunica cuanto antes a la comisaría o puesto más próximo.
- Art. 10Competencias sobre el Documento Nacional de IdentidadEl Ministerio del Interior tiene la competencia exclusiva para dirigir, organizar y gestionar todo lo relativo a la confección y expedición del DNI, conforme a esta Ley y a la legislación sobre firma electrónica. Esa competencia la ejerce la Dirección General de la Policía, que además custodia y responde de los archivos y ficheros del DNI. La expedición está sujeta al pago de una tasa.
- Art. 11Pasaporte de ciudadanos españolesEl pasaporte es documento público, personal, individual e intransferible que, salvo prueba en contrario, acredita identidad y nacionalidad de los españoles fuera de España y, dentro, la de los no residentes. Solo se niega por condena privativa de libertad no extinguida, retirada judicial, libertad vigilada con prohibición de salir o prohibición judicial de salida o de expedición a menores o personas con capacidad modificada. Los sujetos a patria potestad o tutela necesitan consentimiento expreso. Su extravío se comunica de inmediato.
- Art. 12Competencias sobre el pasaporteLa expedición del pasaporte corresponde, en el territorio nacional, a la Dirección General de la Policía y, en el extranjero, a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España. Está sujeta al pago de una tasa. El desarrollo de la Ley en lo referente al régimen jurídico del pasaporte corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
- Art. 13Acreditación de la identidad de ciudadanos extranjerosLos extranjeros en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar y portar la documentación de identidad expedida por su país de origen o procedencia y la que acredite su situación regular en España. Solo pueden ser privados de su documentación de origen en investigaciones judiciales de carácter penal. Deben exhibirla y permitir comprobar sus medidas de seguridad cuando lo requieran las autoridades o sus agentes, por el tiempo imprescindible, y si no la llevan pueden demostrar su identidad por cualquier otro medio.
- Art. 14Órdenes y prohibicionesLas autoridades competentes, de conformidad con las leyes y reglamentos, pueden dictar órdenes y prohibiciones y disponer actuaciones policiales, siempre que sean estrictamente necesarias para asegurar la consecución de los fines de esta Ley y lo hagan mediante resolución debidamente motivada.
- Art. 15Entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficialesLas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solo entran y registran un domicilio en los casos que permite la Constitución y en los términos de las Leyes. Es causa legítima suficiente evitar daños inminentes y graves a personas y cosas en catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros casos semejantes de extrema y urgente necesidad. Para entrar en edificios de organismos oficiales o entidades públicas no hace falta el consentimiento de quien los tenga a su cargo. Si entran en un domicilio particular por estas causas, remiten sin dilación el acta o atestado a la autoridad judicial competente.
- Art. 16Identificación de personasLos agentes pueden requerir la identificación si hay indicios de participación en una infracción o si es razonablemente necesario para prevenir un delito, respetando proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Si no es posible identificar a la persona o se niega, pueden pedirle que les acompañe a dependencias policiales, solo para identificarla y nunca más de seis horas. Allí hay un libro-registro cuyos asientos se cancelan de oficio a los tres años, se remite cada mes un extracto al Ministerio Fiscal y al salir se entrega un volante.
- Art. 17Restricción del tránsito y controles en las vías públicasLos agentes pueden limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad cuando se altere la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, o haya indicios racionales de que vaya a alterarse, por el tiempo imprescindible, y ocupar preventivamente efectos o instrumentos para acciones ilegales. Para prevenir delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, y detener a sus autores, pueden establecerse controles cuando sea indispensable identificar personas, registrar vehículos o controlar superficialmente efectos personales.
- Art. 18Comprobaciones y registros en lugares públicosLos agentes de la autoridad pueden comprobar personas, bienes y vehículos para impedir que en lugares públicos se porten o usen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos de riesgo potencialmente grave, cuando haya indicios de su presencia, e intervenirlos; los ciudadanos deben colaborar y no obstaculizar. También pueden ocupar temporalmente objetos o medios de agresión, incluso armas portadas con licencia, para prevenir delitos o cuando haya peligro para personas o bienes.
- Art. 19Disposiciones comunes a las diligencias de identificación, registro y comprobaciónLas diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas conforme a esta sección no están sujetas a las mismas formalidades que la detención. Si durante ellas se aprehenden armas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos de un delito o infracción administrativa, se hace constar en acta que firma el interesado; si se niega, se deja constancia expresa. El acta goza de presunción de veracidad de los hechos consignados, salvo prueba en contrario.
- Art. 20Registros corporales externosCabe el registro corporal externo y superficial si hay indicios racionales de que llevará al hallazgo de objetos relevantes para la indagación y prevención. Salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes, lo practica un agente del mismo sexo y, si deja a la vista partes normalmente cubiertas, se hace en lugar reservado y con constancia escrita. Respeta la injerencia mínima y los principios del artículo 16.1, se informa de inmediato a la persona y puede hacerse contra su voluntad con la compulsión indispensable.
- Art. 21Medidas de seguridad extraordinariasLas autoridades competentes pueden acordar como medidas extraordinarias el cierre o desalojo de locales, la prohibición del paso, la evacuación de inmuebles o espacios públicos acotados o el depósito de explosivos, en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y por el tiempo estrictamente necesario. Si la urgencia lo exige, pueden adoptarlas los agentes, incluso con órdenes verbales. Emergencia es la situación de riesgo sobrevenida que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación rápida.
- Art. 22Uso de videocámarasLa autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden grabar personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.
- Art. 23Reuniones y manifestacionesLas autoridades protegen la celebración de reuniones y manifestaciones; pueden disolver reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 y disolver concentraciones de vehículos que dificulten la circulación. La intervención es gradual y proporcionada, y la disolución, el último recurso. Antes hay que avisar a los afectados, de palabra si urge; sin previo aviso solo si hay alteración con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos.
- Art. 24Colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de SeguridadEn los casos a que se refiere el artículo anterior, dentro de la sección dedicada a la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben colaborar mutuamente, en los términos previstos en su Ley orgánica reguladora.
- Art. 25Obligaciones de registro documentalQuienes ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana (hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos, compraventa de joyas y metales, preciosos o no, u obras de arte, cerrajería de seguridad, residuos metálicos, chatarra o venta de productos químicos peligrosos a particulares) quedan sujetos a registro documental e información. También los titulares de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
- Art. 26Establecimientos e instalaciones obligados a adoptar medidas de seguridadPor vía reglamentaria, en desarrollo de esta Ley, de la legislación de seguridad privada, de la de infraestructuras críticas o de otra normativa sectorial, puede exigirse que establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, y las infraestructuras críticas, adopten medidas de seguridad para prevenir delitos o infracciones administrativas, o cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.
- Art. 27Espectáculos y actividades recreativasEl Estado puede dictar normas de seguridad pública para edificios e instalaciones de espectáculos y actividades recreativas. Las autoridades pueden prohibirlos o suspenderlos si hay peligro cierto para personas y bienes o graves alteraciones de la seguridad ciudadana, ocurridas o previstas. Los delegados de la autoridad presentes pueden suspenderlos, previo aviso a los organizadores, por razones de máxima urgencia. Los espectáculos deportivos quedan siempre sujetos a la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
- Art. 28Control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicosCorresponde al Gobierno regular los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales, y de explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, y adoptar las medidas de control. La intervención corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyos servicios pueden inspeccionar en cualquier momento.
- Art. 29Medidas de controlEl Gobierno regula el control de armas, explosivos, cartuchería y pirotecnia: sujeta fábricas, talleres, depósitos, comercios y lugares de uso a catalogación, autorización, inspección y control y exige habilitación al personal; impone licencias para adquirir, tener y usar armas de fuego, restrictivas en las de defensa personal (solo estricta necesidad), valorando conducta y antecedentes; y prohíbe las especialmente peligrosas. Supervisan el sector los Ministerios de Defensa, del Interior y de Industria, Energía y Turismo.
- Art. 30Sujetos responsablesLa responsabilidad por la infracción recae directamente en su autor. Los menores de catorce años están exentos; si uno comete una infracción, la autoridad lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. Son organizadores o promotores de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones quienes suscriben la comunicación y también, aunque no la hayan presentado, quienes de hecho las presiden o dirigen o a quienes razonablemente pueda tenerse por directores por convocatorias, lemas, banderas u otros hechos.
- Art. 31Normas concursalesCuando un hecho encaja en dos o más preceptos: el especial se aplica con preferencia al general; el más amplio o complejo absorbe al que sanciona las infracciones consumidas en él; y, en defecto de los anteriores, el más grave excluye a los de sanción menor. Si un solo hecho constituye varias infracciones o una es medio necesario para la otra, se sanciona por la de mayor sanción. Lo que sirve para graduar la sanción o calificar la infracción no se sanciona aparte.
- Art. 32Órganos competentesEn la Administración General del Estado sancionan: el Ministro del Interior, las infracciones muy graves en grado máximo; el Secretario de Estado de Seguridad, las muy graves en grado medio y mínimo; y los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, las graves y leves. También son competentes las autoridades autonómicas en su ámbito y los alcaldes, si la infracción se comete en espacios públicos municipales o afecta a bienes locales y tienen competencia en la materia.
- Art. 33Graduación de las sancionesRige la proporcionalidad. En muy graves y graves, la multa se divide en tres tramos iguales (mínimo, medio, máximo). Cometer la infracción supone grado mínimo; grado medio si concurre al menos una circunstancia: reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en dos años, declarada por resolución firme), violencia, amenaza o intimidación, rostro cubierto o uso de menores o personas vulnerables. Grado máximo solo con especial gravedad justificada. En las leves la multa se fija directamente.
- Art. 34Clasificación de las infracciones
- Art. 35Infracciones muy gravesSon muy graves: reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras de servicios básicos o sus inmediaciones y la intrusión en ellas, incluido el sobrevuelo, si generan riesgo para la vida o integridad (en reuniones responden organizadores o promotores); las conductas ilícitas con armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o pirotecnia que causen perjuicios muy graves; celebrar espectáculos quebrantando su prohibición o suspensión; y proyectar haces de luz sobre pilotos o conductores.
- Art. 36Infracciones gravesRecoge veintidós infracciones graves, entre ellas: perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos o ante las sedes del Congreso, el Senado o las asambleas autonómicas aunque no estén reunidas; desórdenes u obstaculización de la vía pública; desobediencia o resistencia a la autoridad, negativa a identificarse o datos falsos; negarse a disolver reuniones; portar o usar armas prohibidas o de modo negligente; consumir o tener drogas en lugares públicos; y carecer de los registros obligatorios. Muchas exigen que el hecho no sea delito.
- Art. 37Infracciones levesRecoge diecisiete infracciones leves, entre ellas: reuniones o manifestaciones que incumplan la Ley Orgánica 9/1983 (responden organizadores o promotores); faltas de respeto a agentes; proyectar luz sobre agentes; ocupar inmuebles ajenos o la vía pública, incluida la venta ambulante no autorizada; no obtener la documentación personal; perderla por tercera vez en un año; daños o deslucimiento de bienes; escalar edificios con riesgo; y beber alcohol en la vía pública perturbando gravemente la tranquilidad.
- Art. 38Prescripción de las infraccionesLas infracciones prescriben a los seis meses (leves), al año (graves) o a los dos años (muy graves) desde su comisión; en las continuadas, desde la última infracción, y en las de efectos permanentes, desde que se eliminó la situación ilícita. Interrumpe la prescripción cualquier actuación administrativa dirigida a sancionar de la que el interesado tenga conocimiento formal; se reanuda si el procedimiento se paraliza más de un mes sin culpa del responsable. También la interrumpe un procedimiento judicial penal.
- Art. 39SancionesMultas: muy graves, de 30.001 a 600.000 euros; graves, de 601 a 30.000; leves, de 100 a 600. Grados en muy graves: mínimo hasta 220.000, medio hasta 410.000 y máximo hasta 600.000; en graves: mínimo hasta 10.400, medio hasta 20.200 y máximo hasta 30.000. Accesorias: retirada de armas y licencias, comiso y suspensión de licencias o clausura de locales (de seis meses y un día a dos años en muy graves y hasta seis meses en graves; con reincidencia, hasta seis o dos años).
- Art. 40Prescripción de las sancionesLas sanciones prescriben a los tres años (muy graves), a los dos años (graves) y al año (leves), contados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora. Interrumpe la prescripción iniciar, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución; el plazo vuelve a correr si este se paraliza más de un mes por causa no imputable al infractor.
- Art. 41Habilitación reglamentariaLos reglamentos de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones y sanciones de la Ley, siempre que no creen nuevas infracciones o sanciones ni alteren su naturaleza y límites, y que sirvan para identificar mejor las conductas o determinar con más precisión las sanciones.
- Art. 42Reparación del daño e indemnizaciónSi la conducta sancionada causó daños o perjuicios a la Administración, la resolución se pronuncia sobre la reposición al estado originario y, si no es posible, sobre la indemnización si el importe quedó determinado; si no, se fija en un procedimiento complementario, con posible terminación convencional, que pone fin a la vía administrativa. La responsabilidad civil es siempre solidaria entre los causantes; por los menores de dieciocho años no emancipados o personas con capacidad modificada responden solidariamente padres, tutores o guardadores.
- Art. 43Registro Central de Infracciones contra la Seguridad CiudadanaEn el Ministerio del Interior se crea el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, solo para apreciar la reincidencia; las comunidades autónomas con competencias y policía propia pueden crear los suyos. Solo se anotan datos del infractor, infracción, sanciones firmes, lugar y fecha, y órgano sancionador. Se informa al sancionado, que puede pedir acceso, cancelación o rectificación. Los asientos se cancelan de oficio a los tres, dos o un año (muy graves, graves, leves) desde la firmeza de la sanción.
- Art. 44Régimen jurídicoLa potestad sancionadora en materia de protección de la seguridad ciudadana se rige por el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades que regula el propio capítulo de esta Ley.
- Art. 45Carácter subsidiario del procedimiento administrativo sancionador respecto del penalNo se sancionan hechos ya sancionados penal o administrativamente si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si la conducta puede ser delito, el órgano administrativo pasa el tanto de culpa al juez o al Ministerio Fiscal y se abstiene hasta sentencia firme u otra resolución que ponga fin al proceso penal, o hasta que el Fiscal descarte la vía penal; mientras, se interrumpe la prescripción. Luego puede seguir, vinculado por los hechos probados. Las medidas cautelares previas pueden mantenerse mientras el juez no resuelva otra cosa.
- Art. 46Acceso a los datos de otras administraciones públicasLas autoridades competentes para sancionar pueden acceder, sin consentimiento previo del titular, a los datos de los infractores directamente relacionados con la investigación, con garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. Además, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, este en cuanto al Padrón Municipal, facilitan a los órganos estatales competentes el acceso a sus ficheros, sin consentimiento de los interesados.
- Art. 47Medidas provisionales anteriores al procedimientoLos agentes intervienen y aprehenden cautelarmente los instrumentos de la infracción y el dinero, frutos o productos obtenidos, que quedan en depósito o bajo custodia policial durante el procedimiento o hasta que se acuerde su devolución o comiso; los fungibles cuyo depósito cueste más que su valor venal se destruyen o reciben destino adecuado. Ante grave riesgo o peligro inminente, los agentes pueden adoptar antes del procedimiento las medidas del artículo 49.1, salvo la f), que la incoación debe ratificar, modificar o revocar en quince días como máximo.
- Art. 48Actuaciones previasAntes de incoar el procedimiento pueden hacerse actuaciones previas para ver si está justificado: precisar los hechos, identificar a los posibles responsables y las circunstancias relevantes. Se incorporan al procedimiento. Pueden practicarse sin intervención del presunto responsable si es indispensable para el buen fin de la investigación, dejando constancia escrita de las razones. No interrumpen la prescripción de las infracciones.
- Art. 49Medidas de carácter provisionalIncoado el expediente, el órgano competente para resolver puede adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, medidas provisionales necesarias y proporcionadas, nunca sancionadoras: depósito de instrumentos, medidas de seguridad, suspensión o clausura preventiva de locales, suspensión de actividades o autorizaciones, o de la venta de entradas, entre otras. Los gastos son del causante. No pueden durar más de la mitad del plazo previsto para la sanción, salvo acuerdo motivado. Son inmediatamente ejecutivas y se extinguen con la resolución final.
- Art. 50Caducidad del procedimientoEl procedimiento caduca al año de su incoación sin notificar la resolución, teniendo en cuenta las paralizaciones imputables al interesado o la suspensión por un procedimiento judicial penal con identidad de sujeto, hecho y fundamento. La resolución que declara la caducidad se notifica y pone fin al procedimiento, aunque puede incoarse otro mientras la infracción no haya prescrito. Los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción.
- Art. 51Efectos de la resoluciónEn la Administración General del Estado, la resolución sancionadora es recurrible conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Contra la que pone fin a la vía administrativa cabe recurso contencioso-administrativo, en su caso por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Art. 52Valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridadEn los procedimientos sancionadores de esta Ley, las denuncias, atestados o actas de los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos son base suficiente para resolver, salvo prueba en contrario. Si el denunciado niega los hechos, deben ser ratificados. Los agentes deben aportar además todos los elementos probatorios disponibles.
- Art. 53Ejecución de la sanciónLa sanción se ejecuta una vez firme en vía administrativa. La suspensión de licencias, autorizaciones o permisos empieza a cumplirse un mes después de la firmeza. Las multas no abonadas se pagan en los quince días siguientes a la firmeza; vencido el plazo, se exigen por apremio, con la providencia de apremio notificada como título ejecutivo. Para las sanciones estatales rige el Reglamento General de Recaudación. Si se acuerda devolver lo aprehendido y el titular no lo recupera en un mes desde la notificación, se destruye o recibe destino adecuado.
- Art. 54Procedimiento abreviadoNotificada la incoación por infracción grave o leve, el interesado tiene quince días para pagar voluntariamente con reducción o para alegar y proponer pruebas. Si paga, se sigue el procedimiento abreviado; si no, el ordinario. El abreviado no se aplica a las muy graves. El pago en plazo supone reducción del 50 por ciento, renuncia a alegar (lo alegado se tiene por no presentado) y fin del procedimiento el día del pago sin resolución expresa; la sanción solo es recurrible ante el orden contencioso-administrativo.