LSNPC

Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil

Cada artículo incluye explicación, mnemotecnia y una trampa típica de examen.

Toca un artículo para leerlo con su explicación, su mnemotecnia y la trampa típica de examen. Con tu cuenta gratis estudias la norma entera en una página, marcas lo que llevas y haces tests.

Crear cuenta gratis

Art. 1Objeto y finalidadLa protección civil es un instrumento de la política de seguridad pública: el servicio público que protege a personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante emergencias y catástrofes de origen natural o humano, sea este accidental o intencionado. La ley tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de Protección Civil, para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias estatales en la materia.
Art. 2DefinicionesDefine siete conceptos: peligro (potencial de ocasionar daño); vulnerabilidad (característica que hace a personas o bienes susceptibles de ser afectados por un peligro); amenaza (exposición a un peligro inminente o latente); riesgo (posibilidad de que una amenaza llegue a afectar); emergencia de protección civil (riesgo colectivo que exige gestión rápida, también llamada emergencia extraordinaria); catástrofe (cuya atención supera los medios de la propia comunidad); y servicios esenciales.
Art. 3El Sistema Nacional de Protección CivilEl Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas para una respuesta coordinada y eficiente mediante cinco actuaciones: prever los riesgos, planificar medios y medidas, intervenir de forma inmediata, adoptar medidas de recuperación y coordinar, seguir y evaluar el Sistema. Se rige por los principios de colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal.
Art. 4Estrategia del Sistema Nacional de Protección CivilLa Estrategia del Sistema Nacional analiza prospectivamente riesgos y capacidades de respuesta y fija líneas estratégicas de acción. Sus líneas básicas y directrices las aprueba el Consejo Nacional de Protección Civil; puede desarrollarse con planes anuales o programas sectoriales y se revisa, al menos, cada cuatro años. La Estrategia Nacional de Protección Civil integra las actuaciones de la Administración General del Estado y la aprueba el Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior.
Art. 5Derecho a la protección en caso de catástrofeTodos los residentes en España tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones en caso de catástrofe, sin más límites que las condiciones peligrosas propias de la situación y la disponibilidad de medios y recursos. La atención debe ser equivalente sea cual sea el lugar de residencia. Los servicios públicos identificarán cuanto antes a las víctimas e informarán a familiares o allegados, y se adoptarán medidas específicas para las personas con discapacidad.
Art. 6Derecho a la informaciónTodos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos sobre los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos. Esta información debe darse tanto en caso de emergencia como de forma preventiva, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes.
Art. 7Derecho a la participaciónLos ciudadanos tienen derecho a participar, directamente o a través de entidades representativas de sus intereses, en la elaboración de las normas y planes de protección civil, en los términos que fijen las leyes o reglamentos. Su participación en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través de las entidades de voluntariado, conforme a las leyes y sus normas de desarrollo.
Art. 7 bisDeber de colaboraciónCiudadanos y personas jurídicas deben colaborar, personal o materialmente, en la protección civil si lo requiere la autoridad. En emergencias, toda persona mayor de edad está obligada a las prestaciones personales que se le exijan, sin indemnización. Las autoridades pueden requisar bienes, ocuparlos o suspender actividades, con indemnización de los perjuicios. Las medidas duran lo estrictamente necesario. Los titulares de actividades de riesgo deben informar e instalar a su cargo sistemas de alarma, y los medios de comunicación colaboran gratis.
Art. 7 terDeber de cautela y autoprotecciónLos ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar generar riesgos y exponerse a ellos y, producida una emergencia, actuar según las indicaciones de los agentes de los servicios públicos competentes. Los titulares de centros, establecimientos y dependencias, públicos o privados, que generen riesgo de emergencia están obligados a adoptar las medidas de autoprotección previstas en la ley. Las Administraciones promoverán organizaciones de autoprotección entre empresas y entidades que generen riesgo.
Art. 7 quáterVoluntariado en el ámbito de la protección civilEl voluntariado de protección civil puede colaborar en la gestión de emergencias como expresión de participación ciudadana, sin perjuicio del deber general de colaboración del artículo 7 bis. Los voluntarios actúan a través de sus entidades de voluntariado y siguiendo sus directrices, sin que su colaboración entrañe en ningún caso relación de empleo con la Administración. Los poderes públicos promoverán su participación y formación, y la red de radioaficionados voluntarios podrá complementar las comunicaciones de emergencia.
Art. 8DefiniciónLa anticipación es la actuación que busca determinar los riesgos en un territorio. Se basa en dos elementos: las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas. Comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas.
Art. 9Red Nacional de Información sobre Protección CivilCrea la Red Nacional de Información sobre Protección Civil para anticipar riesgos y facilitar una respuesta eficaz, sin perjuicio de las competencias autonómicas. Permite recoger e intercambiar información sobre riesgos, medidas y recursos. Contiene: el Mapa Nacional de Riesgos, los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia, el registro informatizado de planes, los catálogos de recursos movilizables, el Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes y cualquier otra información necesaria. Acceso según criterios del Consejo Nacional.
Art. 10Política de prevenciónLa prevención es el conjunto de medidas y acciones para evitar o mitigar los impactos adversos de riesgos y amenazas. Antes de prestar actividades catalogadas (art. 9.2.b) hace falta un estudio técnico de efectos sobre los riesgos, que evalúa el órgano competente. Los planes deben tener programas de información, comunicación preventiva y alerta, con recepción garantizada por los colectivos vulnerables y accesibles a personas con discapacidad. Educación, con Interior y las comunidades autónomas, elabora un plan de formación obligatorio en centros no universitarios.
Art. 11Fondo de Prevención de EmergenciasCrea el Fondo de Prevención de Emergencias, gestionado por el Ministerio del Interior y dotado con créditos de los Presupuestos Generales del Estado. Financia, en el ámbito de la AGE, actividades preventivas: análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos; mapas de riesgos; programas de sensibilización e información preventiva; programas de educación para la prevención en centros escolares; y otras análogas. Interior puede suscribir instrumentos de colaboración con otros ministerios, Administraciones y entidades públicas o privadas, financiados total o parcialmente con el Fondo.
Art. 12Red de Alerta Nacional de Protección CivilCrea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil: sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes, sin perjuicio de las competencias autonómicas, para que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza. La gestiona el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. Los organismos públicos que detecten amenazas deben comunicarlas de inmediato a ese Centro. Los órganos autonómicos de coordinación de emergencias son cauce de información y de transmisión de la alerta.
Art. 13Norma Básica de Protección CivilLa Norma Básica de Protección Civil se aprueba por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio del Interior y previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil. Establece las directrices básicas para identificar riesgos y gestionarlos integralmente, el contenido mínimo y los criterios generales para elaborar los Planes de Protección Civil, y el desarrollo por los órganos competentes de las actividades de implantación.
Art. 14Planes de Protección CivilLos Planes de Protección Civil prevén el marco orgánico-funcional, los mecanismos para movilizar recursos humanos y materiales para proteger personas y bienes en emergencias y el esquema de coordinación entre Administraciones. Son: el Plan Estatal General, los Planes Territoriales (autonómicos o locales), los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección. El Plan Estatal General y los Territoriales y Especiales de ámbito estatal o autonómico deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil para adecuarlos al Sistema Nacional.
Art. 15Tipos de PlanesEl Plan Estatal General organiza la actuación de la AGE para apoyar a otras Administraciones y dirigir y coordinar las emergencias de interés nacional; lo aprueba el Gobierno a propuesta del Ministro del Interior. Los Territoriales cubren los riesgos de una Comunidad Autónoma o Entidad Local y los aprueba la Administración competente. Los Especiales atienden riesgos concretos (inundaciones, terremotos, incendios forestales…) y pueden ser estatales o autonómicos; los de riesgo nuclear y conflicto bélico son siempre estatales. Los de Autoprotección se refieren a centros e instalaciones.
Art. 16DefiniciónLa respuesta inmediata es la actuación de los servicios públicos o privados de intervención y asistencia tras una emergencia o ante una situación que pudiera derivar en ella. Persigue evitar daños, rescatar y proteger a personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y cubrir las necesidades básicas de subsistencia. Incluye atención sanitaria, psicológica y social de urgencia, refugio, reparación inicial de daños para restablecer servicios e infraestructuras esenciales y otras acciones para iniciar la recuperación.
Art. 17Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civilSon servicios públicos de intervención y asistencia, entre otros: los servicios técnicos de protección civil, los de extinción de incendios y salvamento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la atención sanitaria de emergencia, las Fuerzas Armadas y la UME, los órganos autonómicos de coordinación de emergencias, los servicios de rescate y los equipos de identificación de víctimas. Los órganos autonómicos pueden actuar como Centro de Coordinación Operativa según los planes. Voluntarios y entidades colaboradoras actúan subordinados a los servicios públicos.
Art. 18El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección CivilEl Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias gestiona la Red Nacional de Información (y elabora, previo acuerdo del Consejo Nacional, un plan de interconexión) y la Red de Alerta Nacional; divulga datos y estadísticas; actúa como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés nacional, con integración operativa de los órganos autonómicos; es punto de contacto con la Unión Europea y otros países; y canaliza la información de ciudadanos y entidades. Se encuadra en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Art. 19Disponibilidad de los recursos del EstadoEn emergencias no declaradas de interés nacional, el Estado colabora con Comunidades Autónomas y Entidades Locales facilitando recursos humanos y materiales, en los términos acordados en el Consejo Nacional de Protección Civil. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas actúan encuadrados y a las órdenes de sus mandos naturales, dirigidos por la autoridad designada en el plan aplicable. La responsabilidad por daños derivados de la intervención de medios de la AGE corresponde a la Administración que asuma la dirección de la emergencia.
Art. 20Fase de recuperaciónLa fase de recuperación agrupa las acciones y medidas de ayuda de entidades públicas y privadas para restablecer la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata. Si la magnitud exige la intervención de la AGE, se aplican las medidas del capítulo previa declaración conforme al artículo 23, y se informa de las razones, en el menor plazo posible, a la Comunidad Autónoma afectada o, en su caso, al Consejo Nacional. Las medidas son ayudas y en ningún caso tienen carácter indemnizatorio.
Art. 21Daños materialesLos daños materiales deben ser ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes con cobertura de seguro, público o privado. Las ayudas son compatibles con las de otras Administraciones y con las indemnizaciones de seguros, sin que el total supere el valor del daño. Valoran los daños organismos especializados en tasación o servicios técnicos de las Administraciones. El Consorcio de Compensación de Seguros cobra la peritación según su baremo, intercambia datos con la Administración, recibe información de las aseguradoras y puede emitir informes de valoración.
Art. 22Daños personalesCuando se producen daños personales se conceden ayudas económicas por dos causas: fallecimiento e incapacidad absoluta y permanente. El régimen concreto de esas ayudas se remite a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la ley.
Art. 23Procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civilLa declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se hace por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de otros ministerios concernidos, e incluye siempre la delimitación del área. Pueden solicitarla las administraciones interesadas, y el Gobierno puede pedir antes informe a las comunidades autónomas afectadas. Se valoran los daños personales o materiales de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida o la paralización de servicios públicos esenciales.
Art. 24Medidas aplicablesDeclarada una zona afectada gravemente, en los términos que apruebe el Consejo de Ministros, caben ayudas por vivienda y enseres, compensación a Corporaciones Locales, ayudas por prestación personal o de bienes, a establecimientos, por infraestructuras municipales y por producciones agrarias, y líneas de avales y préstamos del ICO. Además, medidas fiscales (IBI exento, IAE reducido, tasas de Tráfico exentas, ayudas por daños personales exentas del IRPF) y laborales (fuerza mayor, moratoria de cotizaciones de hasta un año sin interés, devoluciones).
Art. 25Seguimiento y coordinaciónTras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se hace un seguimiento de las medidas del capítulo, en los términos que se determinen reglamentariamente. Para coordinar y seguir las medidas de la Administración General del Estado y, en su caso, de otras Administraciones, se constituye una Comisión de Coordinación integrada por representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local afectadas.
Art. 26Evaluación e inspecciónLa evaluación y la inspección del Sistema Nacional de Protección Civil buscan mejorar la calidad de la respuesta pública en la gestión integral de riesgos y emergencias. Se aplican a todas las actuaciones del Sistema y las realizan las Administraciones Públicas competentes. El Consejo Nacional de Protección Civil elabora directrices de evaluación de aplicación general y un Programa de Inspección, que cada Administración ejecuta en su ámbito, respetando su autoorganización y la dirección de sus servicios.
Art. 27Memoria anual del Sistema Nacional de Protección CivilCada año se eleva al Senado una memoria que permita valorar la eficacia del Sistema Nacional de Protección Civil. La elabora el Consejo Nacional de Protección Civil, la propone el Ministro del Interior y la eleva el Gobierno.
Art. 28DefiniciónSon emergencias de interés nacional: 1) las que requieran, para proteger personas y bienes, aplicar la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio; 2) aquellas en que haya que prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan aportar recursos a nivel supraautonómico; 3) las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección nacional.
Art. 29DeclaraciónLa declaración de emergencia de interés nacional corresponde al titular del Ministerio del Interior, por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en ellas. Si la declaración es a iniciativa del Ministerio, se precisa en todo caso comunicación previa con la Comunidad o Comunidades Autónomas afectadas, por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración ni la eficacia de la respuesta.
Art. 30EfectosDeclarada la emergencia de interés nacional, el titular del Ministerio del Interior asume su dirección: ordena y coordina las actuaciones y gestiona todos los recursos estatales, autonómicos y locales del territorio afectado, sin perjuicio de lo previsto para los estados de alarma, excepción y sitio y en la normativa de seguridad nacional. Según la gravedad, puede requerir la colaboración de Administraciones con recursos movilizables aunque la emergencia no afecte a su territorio.
Art. 39Consejo Nacional de Protección CivilEl Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano de cooperación de la AGE, las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Administración Local, representada por la FEMP. Lo preside el Ministro del Interior y lo integran los ministros que determine el Gobierno, representantes autonómicos y la persona que designe la FEMP. Funciona en Pleno y en Comisión Permanente; el Pleno aprueba las líneas básicas de la Estrategia. Aprueba su reglamento interno y es Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU.
Art. 40Órganos territoriales de participación y coordinación en materia de protección civilEn los órganos territoriales de participación y coordinación en materia de protección civil pueden participar representantes de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo que disponga la normativa autonómica.
Art. 41Contribución al Mecanismo de Protección Civil de la Unión EuropeaEl Ministerio del Interior es el punto de contacto español del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, en prevención, preparación y respuesta a desastres, y actúa cuando sea oportuno en coordinación con los Departamentos de la AGE afectados y las Comunidades Autónomas. Asegura la coherencia de la participación española, coopera con el Centro de Control e Información europeo y sigue siendo punto de contacto del Sistema Común de Información y Comunicación de Emergencias. El régimen de los módulos españoles se fija reglamentariamente.
Art. 42Cooperación InternacionalEl Ministerio del Interior recaba y moviliza los recursos del Sistema Nacional para prevenir y afrontar catástrofes en terceros países en dos casos: cuando proceda por tratados internacionales y convenios bilaterales suscritos por España, o cuando lo acuerde el Gobierno a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, y de otros Departamentos cuyas competencias puedan verse afectadas.
Art. 43Ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración General del EstadoLos órganos competentes de la Administración General del Estado ejercen la potestad sancionadora prevista en este título cuando las conductas presuntamente constitutivas de infracción se cometen con ocasión de emergencias declaradas de interés nacional, o de la ejecución de planes de protección civil cuya dirección y gestión corresponda a la propia AGE.
Art. 44Sujetos responsables
Art. 45InfraccionesSon infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la ley, clasificadas en muy graves, graves y leves. Muy graves: incumplir obligaciones de los planes, órdenes en emergencias declaradas o los deberes del artículo 7 bis.7 con especial peligrosidad o trascendencia, y cometer una segunda infracción grave en un año. Graves: esos mismos incumplimientos sin especial peligrosidad o trascendencia, incumplir el 7 bis.8 con especial trascendencia y cometer una tercera infracción leve en un año. Leves: el 7 bis.8 sin especial trascendencia y cualquier otro incumplimiento.
Art. 46SancionesFija la cuantía de las multas según la clasificación de las infracciones: las muy graves se sancionan con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 1.501 a 30.000 euros; y las leves, con multa de hasta 1.500 euros.
Art. 47GraduaciónLa aplicación de las sanciones de esta ley se hace conforme al artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sus disposiciones de desarrollo.
Art. 48Competencia para el ejercicio de la potestad sancionadoraResuelven los procedimientos sancionadores: el titular de la Delegación del Gobierno, las infracciones leves; el titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, las graves; y el titular del Ministerio del Interior, las muy graves.
Art. 49Procedimiento sancionadorLa potestad sancionadora en protección civil se rige por el título IX de la Ley 30/1992 y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades de este título. El plazo máximo para resolver es de seis meses en los procedimientos por infracciones graves y muy graves, y de tres meses en los de infracciones leves.
Art. 50Medidas provisionalesIniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para incoarlo puede adoptar en cualquier momento medidas provisionales, proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción: depósito de instrumentos u objetos peligrosos, medidas de seguridad a cargo de los titulares, suspensión o clausura preventiva de locales y suspensión de actividades en establecimientos vulnerables sin Planes de Autoprotección. Ante amenaza inminente pueden adoptarse antes del procedimiento, y deben ratificarse, modificarse o revocarse en la incoación en quince días como máximo.