Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil

Artículo 5. Derecho a la protección en caso de catástrofe

En pocas palabras

Todos los residentes en España tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones en caso de catástrofe, sin más límites que las condiciones peligrosas propias de la situación y la disponibilidad de medios y recursos. La atención debe ser equivalente sea cual sea el lugar de residencia. Los servicios públicos identificarán cuanto antes a las víctimas e informarán a familiares o allegados, y se adoptarán medidas específicas para las personas con discapacidad.

Explicación sencilla

Reconoce el derecho a ser atendido en caso de catástrofe y fija sus únicos límites. Añade tres garantías: atención equivalente con independencia del lugar de residencia, identificación rápida de las víctimas con información a sus allegados y medidas específicas para las personas con discapacidad.

Regla mnemotécnica

Solo dos límites: el peligro propio de la situación y los medios disponibles.

Trampa típica de examen

Reconocer el derecho solo a los españoles: el artículo lo atribuye a todos los residentes en el territorio español.

Texto del artículo 5 de la Ley 17/2015 (LSNPC)

1. Todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes y sin más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención. 2. Los poderes públicos velarán por que la atención de los ciudadanos en caso de catástrofe sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Constitución. 3. Los servicios públicos competentes identificarán lo más rápidamente posible a las víctimas en caso de emergencias y ofrecerán información precisa a sus familiares o personas allegadas. 4. Los poderes públicos velarán para que se adopten medidas específicas que garanticen que las personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de autoprotección y prevención, sean atendidas e informadas en casos de emergencia y participen en los planes de protección civil.

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