Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía

Artículo 46. Los bomberos voluntarios

En pocas palabras

Son bomberos voluntarios quienes, tras superar el curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, colaboran de forma voluntaria y altruista con algún servicio de prevención y extinción de incendios andaluz, siempre bajo dirección y supervisión de profesionales. No tienen los derechos de funcionarios ni de personal laboral, pero reciben equipamiento, seguro de accidentes y responsabilidad civil y defensa jurídica. Se les aplica el artículo 28, su desarrollo y, en su caso, el reglamento operativo de su Administración homologado por el Consejo Andaluz del Fuego.

Explicación sencilla

Da cobertura legal al voluntariado de bomberos: cómo se accede, bajo qué dirección actúa, qué derechos no tiene (los de empleado público) y qué garantías recibe para ejercer sus funciones.

Regla mnemotécnica

Voluntario: curso previo, siempre bajo profesionales, sin derechos de empleado público pero con equipo, seguro y defensa jurídica.

Trampa típica de examen

Pensar que los bomberos voluntarios pueden actuar por su cuenta: su colaboración se presta siempre bajo la dirección y supervisión de personal profesional.

Texto del artículo 46 de la Ley 2/2002 (LGEA)

1. Son bomberos voluntarios aquellas personas que, previa superación del correspondiente curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, prestan su colaboración de forma voluntaria y altruista con dependencia de alguno de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha colaboración se prestará siempre bajo la dirección y supervisión de personal profesional. 2. En ningún caso disfrutarán de los derechos de los funcionarios públicos o del personal laboral. Les será suministrado el equipamiento adecuado para el desempeño de sus funciones, gozando de la cobertura de un seguro de accidentes y responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones, así como de una defensa jurídica adecuada en aquellos procedimientos que pudieran plantearse como consecuencia de actuaciones derivadas del servicio. En todo caso les resulta de aplicación las disposiciones del artículo 28 de la presente Ley, su normativa de desarrollo y, en su caso, el reglamento operativo aprobado por la Administración Pública de quien dependan y homologado por el Consejo Andaluz del Fuego.

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