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Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía

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Art. 1ObjetoLa Ley regula la gestión de emergencias en Andalucía: acciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para proteger la vida e integridad de las personas y los bienes en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, y también en situaciones no catastróficas que requieran actuaciones multisectoriales y especiales medidas de coordinación de los servicios operativos. Para ello, las Administraciones Públicas establecerán un sistema integrado de coordinación, dirección y control, basado en su colaboración y, en su caso, con entidades privadas y ciudadanía.
Art. 2ÁmbitoLa Ley se aplica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo que disponga la normativa de ámbito estatal para regular las situaciones de emergencia que sean expresamente declaradas de interés nacional.
Art. 3Principios de actuaciónLas Administraciones Públicas competentes orientan su actividad a propiciar: a) previsión de riesgos (planificación mediante identificación y análisis); b) reducción de riesgos (prevención, medidas correctoras, inspección y sanción); c) elaboración y aprobación de planes de emergencia y protocolos operativos; d) medidas de intervención para paliar las consecuencias; e) programas de rehabilitación; f) formación e información de los ciudadanos que puedan resultar afectados, y capacitación y reciclaje de técnicos de protección civil y personal interviniente.
Art. 4DerechosLas Administraciones Públicas deben orientar su actividad a garantizar la protección efectiva de la vida e integridad física de las personas y los bienes. Los ciudadanos tienen derecho a recibir información sobre los riesgos que puedan afectarles, sus consecuencias previsibles y las medidas de autoprotección y conductas a seguir, en el marco de los planes de emergencia. Los mayores de edad podrán participar en protección civil adscribiéndose a Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil u otras formas de colaboración que se establezcan reglamentariamente.
Art. 5DeberesEn grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, los mayores de edad y las personas jurídicas deben colaborar en protección civil según las instrucciones de las autoridades. Quienes realicen actividades que puedan generar emergencias o verse afectados deben adoptar autoprotección, mantener medios, informar y someterse a inspecciones. Los medios de comunicación transmiten los avisos de las autoridades de forma prioritaria y gratuita, indicando la autoridad de procedencia. Ante emergencias del artículo 30 y para simulacros, se puede requerir colaboración ciudadana, justificada y proporcionada.
Art. 6Atribuciones de carácter excepcionalActivado el plan de emergencia, la autoridad competente prevista en él puede adoptar sus medidas y, en general: evacuar personas de zonas de intervención y socorro; ordenar la permanencia en domicilios y locales; limitar el acceso a zonas de operación; limitar y condicionar el uso de servicios públicos y el consumo de bienes; ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de bienes y servicios estrictamente necesarios, según las Leyes; y ordenar la omisión de acciones y prestaciones personales obligatorias, proporcionadas y que no dan lugar necesariamente a indemnización.
Art. 7Actuaciones básicasAnte situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones básicas de protección civil de los sujetos públicos o privados abarcan cinco aspectos: previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación.
Art. 8PrevisiónLas Administraciones Públicas competentes por razón del territorio elaboran mapas de riesgos, expresión espacial de los riesgos de cada ámbito geográfico de planificación, con los datos que faciliten personas físicas o jurídicas, públicas o privadas; las Administraciones se reservan siempre los criterios de revisión de esa información. La Consejería competente en protección civil impulsa el desarrollo y la difusión de los mapas de riesgos de Andalucía y puede requerir datos y suscribir convenios y fórmulas de colaboración.
Art. 9PrevenciónLas Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, promueven la reducción de riesgos y la prevención de catástrofes y calamidades, con especial atención a la capacitación de los servicios operativos y a la formación y colaboración de la población, y velan por el cumplimiento de la normativa con potestades de inspección y sanción. Un reglamento establecerá el catálogo de actividades susceptibles de generar riesgo, y los titulares de centros, establecimientos y dependencias con esas actividades deben adoptar las medidas de seguridad reglamentarias.
Art. 10PlanificaciónLos planes de emergencia son el instrumento normativo que establece el marco orgánico y funcional y los mecanismos de actuación y coordinación ante grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Hay cuatro tipos: a) planes territoriales de emergencia; b) planes especiales y planes específicos; c) planes de emergencia interior o de autoprotección; d) planes sectoriales.
Art. 11Evaluación de la planificación. SimulacrosLos simulacros que impliquen la intervención de distintos servicios operativos exigen siempre la previa aprobación del Plan de Emergencia correspondiente; los ordena la autoridad prevista en ese Plan y se realizan conforme a sus disposiciones.
Art. 12Planes TerritorialesLos planes territoriales afrontan las emergencias generales de cada ámbito territorial. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía cubre las de la Comunidad no declaradas de interés nacional; es plan director (directrices para elaborar, aprobar y homologar los demás planes) y plan de emergencia (respuesta regional y despliegue provincial). Lo aprueba el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Los municipales los aprueba el Pleno y los supramunicipales su órgano colegiado competente; los homologa la Comisión.
Art. 13Planes especiales y planes específicosPlanes especiales: para riesgos que el Estado regula mediante directriz básica de planificación; los elabora la Consejería competente en protección civil (y, en su caso, la competente por la materia), los aprueba el Consejo de Gobierno y su homologación sigue la normativa estatal. Planes específicos: para riesgos de especial significación en Andalucía apreciados por el Consejo de Gobierno con una norma marco de contenido mínimo; los aprueba el órgano colegiado superior de la Administración competente por el territorio y los homologa la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
Art. 14Planes de emergencia interior o de autoprotecciónLos planes de emergencia interior o de autoprotección los elaboran los titulares o responsables de centros e instalaciones con actividades generadoras de riesgo del catálogo del artículo 9.2, o que puedan verse afectados por emergencias. Fijan la comunicación, coordinación e interfase con el plan territorial, especial o específico en que se integren. Los titulares deben tener medios humanos y materiales suficientes; adscribir medios públicos de intervención exige acuerdo previo de la Administración titular del servicio. Las autoridades de protección civil pueden inspeccionarlos.
Art. 15Planes sectorialesSon planes sectoriales los instrumentos de planificación general de un sector de actividad con disposiciones que inciden en la materia de esta Ley. En lo relativo a emergencias atenderán al Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, que en cualquier caso prevalece. Los aprueba la autoridad competente por razón de la materia, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía sobre su adaptación a la Ley, a su desarrollo y, especialmente, al Plan Territorial.
Art. 16IntervenciónAnte grave riesgo o emergencia, la autoridad prevista en el plan lo activa; si la evolución lo aconseja, se activa un plan de ámbito superior según el Plan Territorial y los respectivos planes; la desactivación sigue el procedimiento del propio plan. Las emergencias no declaradas de interés nacional pero de especial gravedad por magnitud o extensión pueden ser declaradas de interés general de Andalucía por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente. El Consejo de Gobierno fijará el contenido, efectos y medidas de esa declaración.
Art. 17RehabilitaciónLas Administraciones Públicas, en su ámbito, adoptan medidas para rehabilitar los servicios esenciales cuando su carencia sea por sí misma una emergencia o perturbe las operaciones, con mecanismos de coordinación interadministrativa. Puede constituirse una Comisión de Rehabilitación, que centraliza el seguimiento de la evaluación y la rehabilitación, y es preceptiva en las emergencias declaradas de interés general de Andalucía. Su composición, atribuciones y funcionamiento los fija la normativa de desarrollo, con participación de todas las Administraciones y de los sectores afectados.
Art. 18Relaciones entre las Administraciones PúblicasLas Administraciones en Andalucía se ajustan a este capítulo, sin perjuicio de la legislación estatal del sistema nacional de protección civil y la de régimen local. Deben colaborar mediante instrumentos que fijen de forma común y voluntaria; con planes activados, la coordinación se canaliza por el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía y los Centros de Coordinación Operativa Locales. Pueden pedirse información y deben asistirse mutuamente; la asistencia solo se niega si el ente no está facultado, carece de medios o sufriría perjuicio grave, y la negativa se comunica motivadamente.
Art. 19La Administración de la Junta de AndalucíaA los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía les corresponde, conforme a los artículos siguientes, dirigir, ordenar y coordinar la gestión de emergencias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, con participación de todas las Consejerías según las competencias y funciones que tengan atribuidas.
Art. 20El Consejo de GobiernoAl Consejo de Gobierno le corresponden las competencias que le atribuyan esta y otras Leyes y, en especial: aprobar el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales; fijar las directrices esenciales en prevención, intervención y rehabilitación; acordar la declaración de emergencia de interés general de Andalucía; ejercer las facultades de sanción conforme a esta Ley; y las demás que le atribuya la legislación vigente.
Art. 21El titular de la Consejería competente en materia de protección civilAl titular de la Consejería competente en protección civil le corresponde, entre otras: coordinar la política de protección civil; dictar disposiciones generales y ejecutar los acuerdos del Consejo de Gobierno; requerir información; promover el mapa de riesgos, el catálogo de recursos movilizables y los planes territorial, especiales y específicos; establecer servicios propios; dirigir según esos planes; proponer la declaración de emergencia de interés general; presidir la Comisión de Protección Civil de Andalucía; inspeccionar; cooperar con otras Administraciones; y sancionar.
Art. 22La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la ProvinciaLa persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ejerce las funciones y atribuciones que le asignen esta Ley, los correspondientes planes de emergencia y cualquier otra normativa en materia de incendios forestales.
Art. 23El Centro de Coordinación de Emergencias de AndalucíaSe crea el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en protección civil, como centro de comunicaciones y gestión para actuaciones coordinadas. Funciones: recibir informaciones predictivas y avisos; coordinar los medios de la Junta entre sí y con los de otras Administraciones y entidades; actuar como centro de coordinación operativo según el Plan Territorial; apoyar a los centros locales; y las demás que se le atribuyan. Servicio permanente, organización por Decreto y vínculo con el Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias.
Art. 24La Comisión de Protección Civil de AndalucíaLa Comisión de Protección Civil de Andalucía es el órgano colegiado deliberante y consultivo, de homologación, coordinación y participación de las Administraciones Públicas en protección civil. La integran representantes de todas las Administraciones Públicas y funciona en Pleno y en Comisión Permanente; pueden crearse Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo para estudiar asuntos. Su composición, organización y funcionamiento se regulan por reglamento.
Art. 25Entidades locales de ámbito supramunicipalLas entidades supramunicipales podrán crear y mantener servicios operativos propios de prevención e intervención, desarrollar y ejecutar las directrices de protección civil de los órganos competentes de la Junta de Andalucía y ejercer las funciones que les encomienden los municipios de su ámbito territorial, sin perjuicio de la normativa de Régimen Local.
Art. 26Los municipiosLos municipios tienen capacidad general de planificación y actuación: crean la estructura municipal de protección civil, elaboran y aprueban el Plan de Emergencia Municipal, mantienen el catálogo de recursos movilizables, aseguran la interfase con planes superiores, dirigen la coordinación operativa, promueven el voluntariado y hacen prevención e información. El Alcalde es la máxima autoridad de protección civil del municipio. Con más de veinte mil habitantes, servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento; donde no sea obligatorio y falte, lo garantizan las Diputaciones.
Art. 27Los servicios operativosSon servicios operativos los llamados a intervenir en emergencias; actúan bajo la supervisión de sus departamentos y la superior dirección del plan de emergencia activado. Sus responsables deben informar a las autoridades de protección civil autonómicas y locales sobre medios, recursos, movilización, actuaciones y lo necesario para confeccionar, implantar, revisar y activar planes. La Junta y las entidades locales pueden concertar acuerdos o convenios con otras Administraciones y entidades para movilizar servicios operativos en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Art. 28El voluntariado de protección civilLa Junta de Andalucía y las entidades locales podrán articular cauces de colaboración voluntaria y altruista de los ciudadanos en protección civil, con un procedimiento de integración, para colaborar en prevención, socorro y rehabilitación. La acción voluntaria no puede reemplazar actividades desarrolladas mediante trabajo remunerado ni eximir a los poderes públicos de garantizar prestaciones o servicios ya asumidos por las Administraciones.
Art. 29Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección CivilLas entidades locales acuerdan crear la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en su territorio. La Consejería competente en protección civil regula el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de Andalucía, fija los requisitos de creación e inscripción y los criterios de homologación en formación, equipamiento, distintivos y uniformidad. En todo caso se garantizan el equipamiento, la formación y la cobertura de los riesgos derivados de sus funciones.
Art. 30Emergencias no catastróficasSon emergencias no catastróficas las situaciones que, sin suponer grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, requieren para su gestión actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos.
Art. 31Colaboración e informaciónLas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, radicadas en Andalucía cuya actividad esté relacionada con la prevención, atención, socorro y seguridad de personas y bienes deben prestar colaboración e información a los órganos de dirección y coordinación de emergencias de la Junta de Andalucía y, en su caso, de las entidades locales.
Art. 32Relaciones interadministrativasLa Consejería competente en protección civil puede recabar información a las Administraciones y a los responsables de servicios operativos sobre sus recursos y actuaciones. Quienes actúan en emergencias deben colaborar a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía u otros órganos designados por la Consejería: informando de localización, personal, medios técnicos y demás aspectos de su servicio, y comunicando las emergencias que conozcan (origen, características, evolución y finalización). La Consejería promoverá convenios para programas conjuntos y protocolos de coordinación.
Art. 33Los protocolos de coordinación operativaLos protocolos de coordinación operativa establecen los procedimientos de notificación de emergencias, la dirección de las operaciones, las medidas a adoptar y los criterios de movilización de medios y recursos. La Consejería competente en protección civil determina sus procedimientos de elaboración y aprobación y propone sus contenidos mínimos, en colaboración con las Administraciones y servicios interesados y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
Art. 34Coordinación integrada de urgencias y emergenciasLa Junta establecerá un sistema de acceso rápido, sencillo y eficaz a los servicios públicos de urgencias y emergencias: una coordinación integrada de las demandas que, por el teléfono único europeo 112 u otro que fije la normativa europea, permite pedir asistencia sanitaria de urgencia, extinción de incendio y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil, dependan de quien dependan. No comprende la prestación material de la asistencia. Es compatible con otros servicios de llamadas de urgencia; su ordenación y superior dirección son del Consejero competente.
Art. 35Organización del sistemaEl Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en protección civil y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, aprueba las disposiciones de organización y funcionamiento del sistema, cuya elaboración corresponde a ese Consejero. La Junta gestiona el Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias en régimen de gestión directa, según reglamento. La comunicación a los servicios operativos y el protocolo de coordinación, control y seguimiento se acuerdan entre la Consejería, las demás Consejerías y los titulares de esos servicios.
Art. 36Los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y SalvamentoSon Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento los prestados por las entidades locales, por sí solas o asociadas, en su respectivo ámbito territorial, con la finalidad de desarrollar las funciones previstas en el artículo 38 de la ley.
Art. 37Funciones de la Consejería competente en materia de protección civilA la Consejería competente en protección civil le corresponde: fijar las normas marco de sus reglamentos; promover estudios técnicos de riesgos; homogeneizar medios y recursos; proponer criterios de selección, formación, promoción y movilidad; recabar y coordinar su actuación fuera de su ámbito; asesorar a sus entidades si lo piden; promover su prestación asociada; elaborar el Plan Director; crear la Unidad Canina de Rescate de Andalucía y homologar las unidades caninas de los servicios. Colabora con las Administraciones afectadas a través del Consejo Andaluz del Fuego.
Art. 38Funciones de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y SalvamentoEstos servicios desarrollan, entre otras: la planificación y ejecución de la prevención y actuación frente a incendios y siniestros, el salvamento y la protección de bienes; medidas preventivas, inspección e informes preceptivos previos a licencias de explotación; medidas excepcionales y provisionales hasta que decida la autoridad competente, con proporcionalidad; investigación de siniestros; estudio de técnicas de protección; participación en planes de emergencia y en campañas a la ciudadanía; y las demás legales. Para las funciones a) a d) sus funcionarios son agentes de la autoridad.
Art. 39Escalas, grupos, subgrupos y categoríasEl personal funcionario de carrera se estructura en tres escalas: superior (grupo A), con Intendente (A1) y Oficial (A2); ejecutiva (grupo B), con Inspector y Subinspector; y operativa (grupo C), con Jefe de dotación y Bombero, ambos del subgrupo C1. No puede crearse una plaza de categoría superior sin plazas en todas las inferiores. Cada Administración titular fija la plantilla y la relación de puestos de trabajo, con forma de provisión, jornada y retribuciones.
Art. 39 bisFunciones de las escalas y categorías profesionalesCada escala ejerce las funciones del artículo 38 adecuadas a su titulación: la superior, sobre todo planificación, organización, dirección, coordinación, inspección y jefatura; la ejecutiva, programación de tareas, jefatura y apoyo administrativo y técnico; la operativa, prevención y operaciones ante siniestros, apoyo logístico y administrativo e informes. Si faltan escalas o categorías, las funciones las ejercen las existentes con titulación y preparación adecuadas, según el reglamento interno. Caben puestos de bomberos con capacidades sanitarias.
Art. 40AccesoLas convocatorias de ingreso regulan sus condiciones con pleno respeto a igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y se aplican las normas de función pública. Se accede por turno libre, promoción interna y movilidad; el reglamento fija las condiciones de cada categoría. Para ser funcionario de carrera, tras superar las pruebas, es indispensable un curso de formación específico con aprovechamiento. Entidades locales y consorcios pueden, por acuerdo y convenio, atribuir a la Consejería la convocatoria y los procesos selectivos, que hará convocatoria unificada.
Art. 41FormaciónLa Junta de Andalucía, a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, planifica, homologa e imparte cursos para el acceso y la promoción en la carrera de los bomberos, orientados a la cualificación y la excelencia. Además, promoverá una oferta pública del título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil como título habilitante para acceder a la escala ejecutiva, según fije el desarrollo reglamentario.
Art. 42Segunda actividad. Ámbito y NaturalezaLas Administraciones establecerán la segunda actividad para garantizar la aptitud psicofísica. Se pasa a ella a los 60 años en la Escala Directiva, 57 en la Ejecutiva y 55 en la Básica, por embarazo o por merma de aptitudes. Dura hasta la jubilación u otra situación distinta del servicio activo, salvo embarazo o pérdida de aptitudes cuyas causas desaparezcan. Puede limitarse cada año y por categoría el número de pases y aplazarse el pase por periodos de un año, a petición del interesado y con informe médico favorable. Pueden ser requeridos para actuaciones operativas concretas.
Art. 43CaracterísticasLa segunda actividad se presta en otro puesto adecuado a la categoría, fijado por la Administración titular, preferentemente en prevención y extinción de incendios y salvamento y, si no es posible, en otro servicio. Rigen los mismos regímenes disciplinario y de incompatibilidades que en activo, salvo en un servicio distinto, donde rige el régimen disciplinario general. En segunda actividad no se puede participar en promoción ni movilidad en estos servicios. Las particularidades retributivas se fijan por reglamento.
Art. 44Segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicasPasan a segunda actividad, sin límite de edad, quienes tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas para las funciones operativas, según dictamen de tribunal médico y sin incapacidad permanente; se inicia de oficio o a solicitud del interesado. Dictaminan los servicios médicos de la Administración titular o, si no existen, los facultativos que designe; a petición del interesado cabe un tribunal médico del sistema sanitario público andaluz. Resuelve el órgano municipal competente. Cabe reingresar si desaparecen las causas, previo dictamen del tribunal médico.
Art. 45Régimen disciplinarioRige el régimen disciplinario general, con especialidades. Muy graves: maltrato grave o abuso; delitos dolosos del servicio o con graves daños; insubordinación o desobediencia; no acudir a siniestros estando de servicio; embriagarse o drogarse si repercute en el servicio o negarse a las pruebas; sustraer o alterar documentos. Graves: no dar cuenta a autoridades y mandos; consumir alcohol o drogas de servicio o negarse a las pruebas. Leves: descuido personal, no llevar uniforme e incumplir funciones básicas. Se gradúa por intencionalidad, perturbación, daños, reincidencia y trascendencia.
Art. 46Los bomberos voluntariosSon bomberos voluntarios quienes, tras superar el curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, colaboran de forma voluntaria y altruista con algún servicio de prevención y extinción de incendios andaluz, siempre bajo dirección y supervisión de profesionales. No tienen los derechos de funcionarios ni de personal laboral, pero reciben equipamiento, seguro de accidentes y responsabilidad civil y defensa jurídica. Se les aplica el artículo 28, su desarrollo y, en su caso, el reglamento operativo de su Administración homologado por el Consejo Andaluz del Fuego.
Art. 47El Consejo Andaluz del FuegoSe crea el Consejo Andaluz del Fuego, órgano colegiado consultivo y de participación adscrito a la Consejería competente en protección civil. Lo integran representantes de la Junta, de las entidades locales y de los sindicatos más representativos en el ámbito local andaluz. Funciones: informar preceptivamente en los supuestos del artículo 37.2, proponer criterios de coordinación, cooperación y asistencia entre servicios, proponer cambios normativos o medidas preventivas y las demás legales. Lo preside el titular de la Consejería y funciona en Pleno o en Comisión Permanente.
Art. 48Los agentes de emergencia de empresaSon agentes de emergencia de empresa los trabajadores que, tras superar el curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, tienen asignadas funciones de prevención y extinción de incendios y salvamento en su centro de trabajo. Si se activa el plan de emergencia exterior, actúan según sus disposiciones, bajo la dirección y coordinación del servicio de prevención y extinción de incendios que intervenga.
Art. 49ResponsabilidadPueden ser sancionadas por infracciones en materia de gestión de emergencias las personas físicas y jurídicas responsables, aun a título de simple inobservancia. Se aplican la tipificación, el procedimiento, las garantías y los criterios de este título y, en su defecto, el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Art. 50InfraccionesMuy graves: actos dolosos o temerarios con graves daños en emergencia; no adoptar las medidas de planes activados si causa graves daños; impedir u obstaculizar gravemente las medidas excepcionales del artículo 6; incumplir los medios de comunicación el artículo 5.3; reincidir en graves. Graves, entre otras: no comunicar previsiones, incidentes o activaciones de planes; denegar información u obstaculizar inspecciones; negarse sin causa a prestaciones personales; obstaculizar las medidas excepcionales; fallos en autoprotección; reincidir en leves. Leves: simulacros y demás incumplimientos.
Art. 51SancionesSancionan los municipios y la Junta según su ámbito. Multas: muy graves, de 150.000,01 a 600.000 euros; graves, de 6.000,01 a 150.000; leves, de 0,01 a 6.000. Imponen sanciones, con expediente y audiencia: el Alcalde-Presidente hasta 12.000 euros (municipios de menos de 20.000 habitantes) o 60.000 (población superior); el Delegado de la Consejería, hasta 60.000; el Consejero, hasta 150.000; el Consejo de Gobierno, hasta 600.000. Sancionar nunca puede salir más rentable que cumplir. En muy graves con riesgo especial o alarma social, el Consejero puede cerrar o suspender.
Art. 52Medidas cautelaresExcepcionalmente, cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de personas o bienes, puede acordarse como medida cautelar la clausura inmediata del establecimiento, el precintado de sus instalaciones o la suspensión de la actividad, tanto en el acuerdo de iniciación como durante la instrucción. La adopta, mediante resolución motivada, la autoridad competente para incoar el procedimiento.