Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía

Artículo 1. Objeto

En pocas palabras

La Ley regula la gestión de emergencias en Andalucía: acciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para proteger la vida e integridad de las personas y los bienes en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, y también en situaciones no catastróficas que requieran actuaciones multisectoriales y especiales medidas de coordinación de los servicios operativos. Para ello, las Administraciones Públicas establecerán un sistema integrado de coordinación, dirección y control, basado en su colaboración y, en su caso, con entidades privadas y ciudadanía.

Explicación sencilla

Delimita qué entiende la Ley por gestión de emergencias: no solo las catástrofes, sino también las situaciones no catastróficas que exigen actuación multisectorial y coordinación especial. Y fija la herramienta: un sistema integrado de las Administraciones Públicas.

Regla mnemotécnica

Dos campos: catastrófico (grave riesgo colectivo, catástrofe, calamidad pública) y no catastrófico (multisectorial + especiales medidas de coordinación). Herramienta: sistema integrado de coordinación, dirección y control.

Trampa típica de examen

Creer que la Ley solo se aplica a catástrofes y calamidades públicas: también abarca situaciones no catastróficas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y especiales medidas de coordinación.

Texto del artículo 1 de la Ley 2/2002 (LGEA)

1. Constituye el objeto de la presente Ley la regulación de la gestión de emergencias en Andalucía, entendida como conjunto de acciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dirigidas a la protección de la vida e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como en aquellas otras situaciones no catastróficas, que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos. 2. Para llevar a cabo dichas acciones, las Administraciones Públicas establecerán un sistema integrado que dé respuesta a una efectiva coordinación, dirección y control de las actuaciones necesarias, basado en la colaboración entre las mismas y, en su caso, con entidades de carácter privado y la ciudadanía en general.

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