Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Artículo 41

Título III. De las Policías de las Comunidades Autónomas›Capítulo III. Del régimen estatutario de las Policías de las Comunidades Autónomas

En pocas palabras

Los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma crean sus Cuerpos de Policía, previo informe del Consejo del artículo 48, y los modifican o suprimen si su Estatuto lo prevé. Son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada. Deben vestir uniforme salvo excepciones autorizadas por las Juntas de Seguridad. Pueden portar armas de fuego, pero la licencia de armas la otorga en todo caso el Gobierno de la Nación.

Explicación sencilla

Define la naturaleza de las policías autonómicas (armadas, civiles y jerarquizadas) y reparte decisiones: crear el Cuerpo es de la Comunidad, con informe previo del Consejo; dispensar del uniforme, de las Juntas de Seguridad; la licencia de armas, del Gobierno de la Nación.

Regla mnemotécnica

Crea la Comunidad (con informe del Consejo); sin uniforme, lo autoriza la Junta de Seguridad; la licencia de armas, en todo caso, el Gobierno de la Nación.

Trampa típica de examen

Atribuir la licencia de armas de las policías autonómicas a la propia Comunidad Autónoma: compete, en todo caso, al Gobierno de la Nación.

Texto del artículo 41 de la Ley Orgánica 2/1986 (LOFCS)

1. Corresponde a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo, a que se refiere el artículo 48 de esta Ley, la creación de sus Cuerpos de Policía, así como su modificación y supresión en los casos en que así se prevea en los respectivos Estatutos de Autonomía. 2. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada. 3. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los citados Cuerpos deberán vestir el uniforme reglamentario, salvo los casos excepcionales que autoricen las Juntas de Seguridad. 4. Los miembros de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas estarán dotados de los medios técnicos y operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, pudiendo portar armas de fuego. El otorgamiento de la licencia de armas competerá, en todo caso, al Gobierno de la Nación.

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